Exp. 08-0794
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte
Padrón
Mediante escrito presentado el 19 de junio de 2008 ante
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados Antonio
Canova González y Luis Alfonso Herrera Orellana, inscritos en el Instituto de
Previsión Social del Abogado bajo los números 45.088 y 97.685, respectivamente,
en representación de UNISALUD-UNIDAD
ADMINISTRADORA DE SALUD C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 6 de
octubre de 2003, bajo el Nº 37, Tomo 140-A-Pro, presentaron, de conformidad con
lo establecido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, solicitud de revisión de
la sentencia Nº 139 del 24 de marzo de 2008, dictada por la Sala de Casación Civil de
este Máximo Tribunal, que declaró con lugar el recurso de casación anunciado y
formalizado por Aseguradora Nacional Unida Uniseguros C.A., inscrita ante el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo bajo el No. 69, Tomo 133-A Pro,
el 1º de diciembre de 1993, contra el fallo dictado el 2 de noviembre de 2006,
por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas; anuló la
sentencia recurrida y ordenó al Juez Superior que resultara competente dictara
nueva decisión, con ocasión del juicio que por infracción de marca intentó la
precitada sociedad mercantil contra la hoy solicitante.
El 20 de junio de 2008, se dio cuenta en Sala del
presente expediente y se designó ponente a Magistrado Marcos Tulio Dugarte
Padrón, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Señaló la representación de la
solicitante, como fundamento de la presente revisión, los siguientes argumentos
de hecho y de derecho:
Que el 31 de octubre de 1997, Aseguradora Nacional Unida
Uniseguros C.A, registró en el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial,
bajo el Nº S-006786, la marca y denominación comercial “UNISALUD”.
Que
por tal motivo, el 20 de junio de 2004, la representación de la
precitada sociedad mercantil interpuso ante el Juzgado Primero de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda por
infracción de marca contra Unisalud-Unidad Administradora de Salud C.A., “…en razón de un supuesto riesgo de confusión”.
Que el 27 de marzo de 2006, el Juzgado Primero de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia
definitiva mediante la cual declaró sin lugar la demanda interpuesta y condenó
en costas a la parte actora.
Que “La desestimación
de la demanda, básicamente, se fundó en dos razones: la sujeción de las marcas
y de las denominaciones sociales a regímenes jurídicos distintos (aquéllas, al
derecho Marcario, éstas, al Derecho de Sociedades) y el diferente objeto o
finalidad perseguidos por unas y otras, lo que impide que se puedan comparar
unas con otras, y la imposiblidad, en el caso concreto, de riesgo de confusión
o ‘confundibilidad’ entre la marca UNISALUD y la denominación social
UNISALUD-UNIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD C.A., en atención a las pruebas
promovidas por las partes durante el proceso”.
Que el 28 de abril de 2006, la parte demandante apeló de
la anterior decisión, por lo que se remitieron las actuaciones al Juzgado
Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Que el 21 de noviembre de 2006, el referido tribunal
dictó sentencia en la cual declaró “SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 28 de abril de 2006 (…) SIN LUGAR la demanda que por infracción
de Marca incoara la sociedad mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNIDAD UNISEGUROS,
S.A. contra la sociedad mercantil UNISALUD-UNIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD, C.A.
(…) Queda así confirmada la sentencia apelada aunque con distinta motivación”
(Resaltado de la parte solicitante).
Que el tribunal de alzada fundamentó su decisión “en premisas muy similares a las empleadas
por el Juzgado de Primera Instancia, variando únicamente lo que concierne a la
profundidad con la que entró en el análisis del riesgo de confusión entre la
marca UNISALUD, registrada por la demandante, y la denominación social
UNISALUD-UNIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD C.A.”.
Refirió, que “es
incontrovertible el hecho de que los jueces de instancia, a pesar de no haber
hecho una interpretación extensiva de los términos ‘signos’ y de la expresión
‘signo distintivo idéntico o semejante’ que emplean los artículos 134, 136, literales
a y b, y 155 de la Decisión
486, sí compararon la marca
UNISALUD y la denominación social UNISALUD-UNIDAD
ADMINISTRADORA DE SALUD C.A., asumiendo incluso que esta última podría
considerarse un nombre comercial” (Resaltado de la parte solicitante).
Que “tal
comparación no la hicieron en abstracto sino sobre la base del cúmulo de
pruebas aportados por las partes durante el proceso, a fin de evaluar el riesgo
de confusión posible entre ellas, y que luego de esa evaluación concluyeron, categóricamente
como jueces del mérito de la causa, que
no existía -no existe- ese riesgo de confusión en este caso, por
resultar perfectamente distinguibles la marca de la denominación social” (Resaltado
de la parte solicitante).
Agregó,
que contra la decisión dictada el 21 de noviembre de 2006, por el Juzgado
Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la representación
de Aseguradora Nacional Unida Uniseguros C.A, anunció y formalizó recurso de
casación ante la Sala
de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia.
Que dicha compañía “formuló
hasta once (11) denuncias en contra de la sentencia, que incluyeron denuncias
de forma (vicios de actividad) de fondo (vicios de errónea interpretación del
Derecho) y sobre los hechos (vicios en la valoración de las pruebas), todas las
cuales, salvo una de las denuncias por infracción de ley, fueron explícitamente
rechazadas por la Sala
de Casación Civil”.
Que la denuncia por infracción de ley acogida por la
referida Sala se dirigió “a la supuesta
errónea interpretación por parte de la Alzada de los artículos 134, 136, literales a y
b, y 155 de la Decisión
486”.
Que en la decisión objeto de revisión, la Sala de Casación Civil “no hizo más que acoger, sin que con
anterioridad ella hubiera aplicado tal criterio en otro caso similar (…), una interpretación extensiva del término
‘signos’ y de la expresión ‘signo distintivo idéntico o semejante’ que emplean
los artículos 134, 136 literales a y b, y 155 de la Decisión 486 en algunos de sus literales, lo
suficientemente amplia como para incluir dentro de la categoría ‘signos distintivos’
de uso comercial, susceptibles de ser comparados con las marcas registradas a
fin de evaluar el ‘riesgo de confusión existente entre uno y otra, a la
denominación o razón social (que no el nombre comercial) de las sociedades
mercantiles”.
Que la interpretación realizada en dicho fallo respecto a
las disposiciones normativas antes mencionadas, “lejos de servir de fundamento a una decisión contraria al interés
procesal de UNISALUD-UNIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD C.A., al anular una
decisión que le había sido favorable, comporta un criterio que, en primer
lugar, se aparta de la interpretación que, conforme a esta Sala Constitucional,
los tribunales deben hacer del artículo 153 de la Constitución (sic), al interpretar y aplicar disposiciones del
Derecho Comunitario Andino, al menos mientras en el país se sigan aplicando sus
principios y reglas”.
Que en el presente caso, se obvió la interpretación de
esta Sala Constitucional respecto al contenido y alcance del artículo 153 de la Constitución
de la República
Bolivariana de Venezuela, establecida en la sentencia Nº 1.142
del 15 de mayo de 2003 (dictada con anterioridad a la decisión objeto de
revisión), en la cual -a su decir- se determinó la manera en que el Derecho
Comunitario Andino ingresa al derecho interno venezolano.
Que tal desconocimiento implicó que la Sala de Casación Civil al
dictar su sentencia no hiciera alusión a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina,
“acerca del supuesto excepcional en que
cabe comparar, a efectos de establecer si existe riesgo de ‘confusión’ o no,
entre una ‘marca’ y una ‘razón o denominación social’, con lo cual obvió un
criterio jurisprudencial del referido Tribunal Comunitario, vinculante para los
tribunales venezolanos según esta Sala Constitucional”.
Que igualmente, el criterio adoptado en el fallo objeto
de revisión ocasiona “en la práctica
graves alteraciones y perjuicios a las empresas cuya razón o denominación
social, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, pueda ‘confundirse’ con
marcas registradas ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI) debido al uso de las primeras como razón comercial, dando lugar ello a
innumerables demandas y de prohibiciones de funcionamiento”.
Que se hace necesario un pronunciamiento por parte de
esta Sala “en cuanto al modo en que el
Estado venezolano, de mantenerse el novísimo criterio de la Sala de Casación Civil,
deberá ajustar su Derecho interno y su Administración Pública (por ejemplo, a
efectos de interconectar el SAPI con los Registros Mercantiles de todo el
territorio nacional, vínculo que no existe en la actualidad) a la regla de
Derecho creada por la Sala Civil (sic), lo cual hizo de modo irregular al no
considerar que aquélla es tan sólo una excepción creada por el Tribunal de la Comunidad Andina
en su decisión ‘Interpretación Prejudicial No. 45-IP-98’, del 31 de mayo de 2000,
recaída en el caso Impresora Colombiana S.A., y nunca un régimen de aplicación
general u ordinaria”.
Agregó, que todos los jueces y juezas de la República, en los
casos que deban aplicar la normativa de Derecho Comunitario Andino para
resolver las controversias que se sujeten a su competencia, deben observar lo
establecido por ese ordenamiento jurídico supranacional, por mandato del
artículo 153 de la
Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, “que contiene reglas precisas sobre el modo
en que ese ordenamiento debe aplicarse en Venezuela”.
Que la anterior norma constitucional
ha sido objeto de interpretación por esta Sala en la antes mencionada decisión
Nº 1.142 del 15 de mayo de 2003, caso:
Freddy J. Belisario y Fanny Brito de Belisario, ratificada en sentencia Nº
2.167 del 14 de septiembre de 2004, caso: Cámara
de Laboratorios Venezolanos y otros.
Que en dicho fallo se afirmó “que tanto el Acuerdo de Integración Subregional Andino o Acuerdo de
Cartagena (…) como las normas aprobadas por la Comisión que crea el artículo 6 del referido
Acuerdo, las cuales se expresan a través de Decisiones, son parte integrante
del ordenamiento legal vigente
en Venezuela, y de aplicación
preferente a la legislación interna, de modo que prevalece sobre ésta
en caso de colisión” (Resaltado de la parte solicitante).
Que asimismo, se señaló que el ordenamiento comunitario
andino es de aplicación directa por parte de las autoridades administrativas y
judiciales venezolanas, “por no haber el
constituyente de 1999 condicionado la incorporación de las normas que integran
ese ordenamiento supranacional al cumplimiento de un trámite administrativo o
legislativo interno, o atribuido al legislador nacional la competencia para
regular dicha incorporación”.
Que “aunque la Sala Constitucional (…)
expresamente no se refirió a la interpretación (…) del ordenamiento jurídico
comunitario andino, contenida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es razonable afirmar que ésta igualmente resulta de aplicación inmediata en el
Derecho Interno y preferente a cualquier otra interpretación que sobre el
Derecho Comunitario Andino haya podido efectuar alguna instancia del Poder
Público venezolano, si existe colisión entre lo sostenido por ésta y lo sostenido por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina”.
Que una interpretación distinta, “conduciría al absurdo de considerar, en contra por lo demás de los
principios del Derecho Internacional Público (…), que los órganos y entes del
Estado venezolano están sujetos a las disposiciones normativas que integran el
Derecho Comunitario Andino, pero no lo están a la doctrina judicial que el
órgano especializado en ese Derecho (el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)
efectúa del mismo”.
Que la Sala
de Casación Civil, además de haber desconocido lo establecido en el artículo
153 del texto fundamental y la interpretación que del mismo realizó la Sala Constitucional, “interpretó y aplicó, del modo en que ella lo
estimó más apropiado”, el contenido de los artículos 134, 136 literales a y
b y 155 de la Decisión
486, que regulan el denominado “riesgo de
confusión” entre las marcas comerciales y los demás signos de uso
comercial, “sin considerar tampoco que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
había fijado una interpretación judicial acerca de esa materia (que resulta
contradicha en ese fallo de manera frontal)”.
Indicó que en una primera sentencia, dictada bajo la
vigencia de la derogada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, recaída en la
interpretación prejudicial Nº 45-IP-98 del 31 de mayo de 2000, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina
se pronunció respecto al tema del “riesgo
de confusión o confundibilidad entre
marcas comerciales y otros signos de uso comercial”.
Que posteriormente, “en
sentencia de enero de 2008, dictada en el Proceso 0006-IP-2008, caso:
‘Megacaucho’’, dicho Tribunal ‘efectuó
una interpretación directa del artículo 136 de la Decisión 486 (…) y
sobre el modo en que esta disposición regula el tema del ‘riesgo de confusión’
(…) en armonía con lo señalado en su decisión de mayo de 2000”.
Que de acuerdo con el contenido de ambas decisiones “es claro que para dicha instancia
supranacional, de acuerdo con los artículos 134, 136, literales a y b, y 155 de
la Decisión
486 y los hechos de cada caso, es
posible y hasta común que haya confusión o al menos riesgo de confusión
por similitud ortográfica, fonética o ideológica entre la ‘marca comercial’ y
la ‘razón o nombre comercial’, por cuanto ambos elementos son usados por los
comerciantes y las empresas como signos distintivos frente a los consumidores”
(Resaltado de la parte solicitante).
Que “en cambio,
para el mismo Tribunal de Justicia, esa confusión o el riesgo de que la misma
se produzca, es eventual o incluso
excepcional cuando se plantea entre una ‘marca comercial’ y una
‘denominación o razón social’ de una sociedad mercantil” (Resaltado de la
parte solicitante).
Que “en realidad, nunca habría, de acuerdo con
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
posibilidad o riesgo de confusión entre una marca comercial y la razón social
de una compañía (es decir,
entre un signo distintivo y uno de identidad), ya que sólo cuando esta última
se usa como razón comercial, esto es, como un signo distintivo más de la
compañía y no como un mero signo de identidad, es que cabría esa confusión o
riesgo de confusión” (Resaltado de la parte solicitante).
Luego de hacer referencia la distinción entre los
términos “marca”, “razón comercial” y “denominación o razón social”, señaló que
la Sala de
Casación Civil desaplicó “los criterios
que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina estableció en
las sentencias antes citadas (…) y debido a esa decisión no reparó en las
necesarias diferencias que, según la reiterada jurisprudencia andina, deben
hacerse entre los conceptos de ‘marca comercial’, de ‘razón comercial’ y de
‘razón social’, a efectos de evaluar en cada caso concreto la posible confusión
o riesgo de confusión, por identidad o por similitud, entre esos signos
distintivos y de identificación de las compañías”.
Que el fallo a revisar adoptó una interpretación
extensiva de los términos “signos” y
de la expresión “signo distintivo
idéntico o semejante”, que emplean los artículos 134, 136, literales a y b,
y 155 de la Decisión
486 “absolutamente divorciada de la
distinción que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
entre los conceptos de ‘marca comercial, de ‘razón comercial’ y de ‘razón
social’, y estableció, no como un supuesto excepcional o eventual, sino como regla general, la
posibilidad de confusión o de riesgo de confusión entre las marcas comerciales
y la razón o denominación social de las compañías, así como la obligación de
los jueces de comparar en todos los casos de juicios como el incoado por
ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS C.A. contra UNISALUD-UNIDAD
ADMINISTRADORA DE SALUD C.A., al margen de la actividad probatoria que quien alegue
la supuesta confusión despliegue en dicho sentido”.
Que “en vez de
establecer, de acuerdo con la
doctrina judicial vinculante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
que el análisis de la confusión o
riesgo de confusión entre marcas comerciales y denominaciones sociales no
procede sino excepcionalmente, sólo en aquellos casos en los que se alegue y
quede demostrado que la denominación social se usa, al mismo tiempo como razón
comercial y, por tanto, como un signo distintivo y no sólo como un signo de
identidad de la empresa, la Sala
de Casación Civil, en cambio, estableció que ese análisis procederá siempre y
en todo caso, sin que sea relevante el que la razón o denominación social que
se señala como susceptible de ser confundida con una marca comercial, esté
siendo o no usada al mismo tiempo como razón comercial, esto
es, como signo distintivo”
(Resaltado de la parte solicitante).
Que en consecuencia, “la Sala de Casación Civil suprimió la
diferencia entre signos distintivos y signos de identidad, y el hecho de que éstos están sujetos a
regímenes jurídicos distintos (el Derecho Marcario, de un lado, y el Derecho de
Sociedades, de otro), obviando así,
completamente, la interpretación que sobre el tema debió hacer conforme al
artículo 153 de la
Constitución”.
Adujo, que “la
consecuencia directa del nuevo criterio de la Sala de Casación Civil (…) será que los
particulares que empleen una razón o denominación social debidamente inscrita
ante un Registro mercantil, pero que de cualquier modo pueda ser susceptible de
confusión con una marca registrada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial
(SAPI), podrán ser condenados por los tribunales venezolanos a dejar de usar
esa denominación o razón social”.
Que “Para evitar
ese riesgo, que ahora será directo y ordinario (y no excepcional, como ha
previsto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino
(sic)), en primer lugar, tendría que
reorganizarse la actual Administración Pública en materia de tutela judicial de
la Propiedad Industrial
y en cuanto a la
Dirección de Registros del Ministerio del Interior y
Justicia, para lograr la interconexión entre el SAPI y los Registros
Mercantiles, de modo que estos últimos eliminen o reduzcan al máximo los
eventuales casos de ‘confusión’ entre las marcas y la razón o denominación
social de las compañías que pretendan ser inscritas en ellos para usarse al
mismo tiempo como razón comercial, antes de que se concrete dicha inscripción”.
Que adicionalmente “tendría
que establecer mediante ley que la vía judicial a seguir, para todos los casos
en que los Registros Mercantiles hayan inscrito una denominación social a ser
usada también como razón comercial, no podría ser ya la demanda por infracción
de marca, sino el recurso contencioso-administrativo de anulación en contra del
acto por el cual se registró la razón o denominación social que se confunde o
podría llegar a confundirse con la marca ya registrada ante el SAPI debido a su
uso como razón comercial”.
Que ninguna de las medidas señaladas anteriormente, han
sido adoptadas por el Estado venezolano, “obviamente
porque hasta ahora ese riesgo de confusión no era ordinario, como lo ha
planteado la Sala
de Casación Civil, sino en todo caso excepcional y extraordinario”.
Que “los escenarios
descritos, producto de la falta de observancia de la Sala de Casación Civil de la
jurisprudencia de esta Sala Constitucional, además de absurdos e
inconvenientes, resultan inconstitucionales, pues generarán tanto inseguridad
jurídica (…) como responsabilidad patrimonial del Estado”.
Que tal situación, “le
confiere al caso una relevancia general que justifica un pronunciamiento del
máximo y último intérprete de la Constitución, en cuanto al modo en que el Estado
venezolano deberá ajustar, si es que se mantiene el criterio de la Sala de Casación Civil, su
Derecho interno a las prescripciones (creadas por dicha Sala de Casación Civil)
de la Decisión
486, por ejemplo, cómo es que se interconectará el SAPI con los Registros
mercantiles de todo el territorio nacional”.
Por las consideraciones expuestas, solicitó se declarara
ha lugar la presente revisión, se anulara la sentencia de la Sala de Casación Civil del 24
de marzo de 2008, se declarara la incompatibilidad del criterio establecido por
dicha sala “con el actual Derecho Interno
venezolano (…) no siendo necesario ordenar que se dicte una nueva sentencia en
el presente caso, toda vez que, (…) los Tribunales de Instancia sí efectuaron a
fondo, en atención a las pruebas que cursan en autos, el análisis del riesgo de
confusión que se denunció existía entre la marca comercial UNISALUD y la
denominación social UNISALUD-UNIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD”.
II
De la Competencia
Debe esta Sala determinar su
competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto
observa que conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional
tiene atribuida la facultad de “revisar las sentencias definitivamente
firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o
normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los
términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
También observa la
Sala que el artículo 5.4 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:
“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia
como más alto Tribunal de la República:
...omissis...
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las
Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos
fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados,
Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que
haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o
prevaricación;…
...omissis...”.
Por su
parte, en el fallo N° 93/2001 del 6 de febrero (caso: Corpoturismo), doctrina aplicable en atención a la letra b) de la Disposición
Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala determinó su facultad extraordinaria,
excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones
judiciales:
“1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo
constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal
Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control
expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de
la República
o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan
sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o
juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna
interpretación de la
Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta
Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de
constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias
definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este
Tribunal o por los demás tribunales o juzgados
del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en
cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado
por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay
también un errado control constitucional”.
Ahora bien, visto que en el caso de
autos se solicitó la revisión de una sentencia emanada de la Sala de Casación Civil de
este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar el recurso de casación
anunciado y formalizado por Aseguradora Nacional Unida Uniseguros C.A., contra
el fallo dictado el 2 de noviembre de 2006, por el Juzgado Superior Primero en
lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas; anuló la
sentencia recurrida y ordenó al Juez Superior que resultara competente dictara
nueva decisión, esta Sala se considera competente para conocerla, y así lo
declara.
III
DE LA SENTENCIA
CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
El
fallo cuya revisión se pretende, dictado el 24 de marzo de 2008 por la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia, declaró con lugar el recurso de casación
anunciado y formalizado por Aseguradora Nacional Unida Uniseguros C.A., contra
el fallo dictado el 2 de noviembre de 2006, por el Juzgado Superior Primero en
lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas; anuló la
sentencia recurrida y ordenó al Juez Superior que resultara competente dictara
nueva decisión. Para ello tuvo como fundamento lo siguiente:
“…quienes ejercen el recurso de
casación objeto del presente análisis, son precisamente, los representantes
judiciales de la parte actora ASEGURADORA NACIONAL UNIDA, UNISEGUROS S.A. (sic).
Estos formalizantes,
presentan ante esta Sala, como fundamento de la delación aquí atendida, que el
sentenciador de la alzada incurrió en una supuesta incongruencia negativa, por
haber silenciado lo relativo al rechazo que sobre la estimación de la demanda,
hiciera la parte demandada en su contestación, aspecto que, según criterio de
quienes denuncian, debió ser atendido por el ad quem, para dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 38 del Código Civil, el cual dispone que al ser
rechazada la estimación de la demanda, el juez decidirá sobre ello ‘…en
capítulo previo a la definitiva…’.
Ahora bien, debe
destacarse que en una contienda judicial, una vez estimado por la parte actora
el monto de la demanda, a quien correspondería impugnar dicho monto, por no
estar de acuerdo con el mismo, sería a la parte demandada, quien podría no
estar de acuerdo con la cantidad establecida a tales fines. Siendo así,
cualquier aspecto que se relacione con dicha impugnación, sería del interés de
quien interpone dicho alegato. En el caso examinado, habiendo sido rechazada la
estimación de la demanda por considerar que el monto establecido no tiene
asidero alguno, quien tiene real interés en la resolución de ello, es
precisamente la parte demandada, no la demandante.
Así, si fuere el caso
que dicho alegato resulta omitido por parte del sentenciador, aquel quien tenga
interés, debe exponer tal circunstancia en la primera oportunidad que le sea
posible.
Siendo así, corresponde
a esta Sala destacar, previo examen de los actos respectivos que, si bien es
cierto que en el sub iudice, la parte
demandada en su escrito de contestación a la demanda, impugnó la estimación de
la misma, por considerar que el monto de un mil trescientos cincuenta millones
de bolívares (Bs.1.350.000,00), pretendido por la parte demandante no tenía, ‘…asidero
alguno…’; no es menos cierto que, pese a que el juzgador de la primera
instancia no se pronunció en relación a dicho rechazo, tal como debió hacerlo,
nada señaló al respecto la parte demandada en la oportunidad correspondiente.
Por el contrario, en
este mismo sentido la Sala
constató que, pese a que la demandante apeló de la sentencia dictada por la
primera instancia, en la cual nada se dijo respecto al desacuerdo de la
demandada respecto al monto en el cual fue estimada la demanda; nada dijo
tampoco quien presentara dicho rechazo, al presentar sus informes ante la
alzada.
En atención a todo lo
anterior, la Sala considera oportuno hacer referencia al criterio sostenido por
este Supremo Tribunal en la sentencia Nº 399, dictada en fecha 3 de diciembre
de 2001 en el caso Hotel Chirimar S.R.L., contra la sociedad mercantil
Banco Consolidado C.A. y los ciudadanos Antonio Sa De Oliveira Gomes, Nahilet
Silva De Castro, Haydee Hernández Arcay y Elkin De Jesús Montoya Correa, expediente Nº 00920; el cual estableció lo siguiente:
(omissis)
(…)Pues bien, aplicando el citado criterio al caso bajo examen, la Sala constata que aún cuando
en ninguna de las instancias fue atendido el alegato de rechazo que respecto a
la estimación de la demanda expuso la parte demandada en la oportunidad de dar
contestación a la demanda incoada en su contra, tal circunstancia en nada
perjudica a la parte actora, quien pretende hacerla valer mediante el ejercicio
del recurso de casación objeto del presente análisis, para lograr la
declaratoria de nulidad de la sentencia dictada por el juzgador de la alzada,
acusándola de incongruente en razón de haber omitido pronunciarse respecto al
referido rechazo a la estimación de la demanda, asunto que de ser como lo
afirma, lejos de perjudicarle, le beneficia.
Por los motivos
expuestos, la presente denuncia se declara improcedente. Así se decide.
II
(…)En la transcripción
de la presente denuncia resulta fácilmente apreciable, que el formalizante,
como si se tratara de un defecto de actividad, acusa la infracción de los
artículos 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil, pretendiendo que sea
casada la recurrida por haber incurrido en el vicio de inmotivación.
En razón de la forma en
la cual ha sido planteada la denuncia, la Sala estima oportuno citar la sentencia Nº 62, de
fecha 5 de abril de 2001, dictada en el expediente Nº 99-889, en el caso
Eudocia Rojas contra la sociedad de mercantil Pacca Cumanacoa, en la
cual, respecto a la denuncia del artículo 509 del Código de Procedimiento
Civil, se dejó establecido lo siguiente:
(omissis)
Al
aplicar el criterio establecido en la citada sentencia, la Sala necesariamente debe
desechar la presente denuncia relativa a la supuesta infracción de los
artículos 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil, pues la forma en la cual
ha sido planteada, tal como se desprende de la transcripción de la misma,
contraría el criterio pacífica y reiteradamente sostenido por este Supremo
Tribunal, en relación a dichas normas, en virtud del cual, por constituir reglas de valoración de la prueba de testigo,
y, de establecimiento de los hechos, respectivamente, su eventual violación,
debe denunciarse al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil. Así se decide.
III, IV, V y VI
La Sala constata que en las
subsiguientes denuncias el formalizante delata la supuesta inmotivación de la
recurrida, con fundamento en la infracción del artículo 509 del Código
reprocedimiento (sic) Civil, que como ya se dijo en la denuncia
que antecede, por tratarse de una norma relativa al establecimiento de los
hechos, debe ser denunciada bajo el amparo del ordinal 2° del artículo 313 del
mencionado código adjetivo.
Ahora
bien, visto que las mismas han sido explanadas utilizando los mismos
fundamentos, la Sala
a los efectos de dejar establecido el aludido error, además de considerar
necesaria la transcripción de cada una de dichas denuncias, procede a
agruparlas a los efectos de su resolución.
(…)
La
lectura de las denuncias transcritas permite a la Sala constatar que en ellas
el formalizante incurre en el mismo error de denunciar la supuesta infracción
del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, sustentado en el ordinal 1°
del artículo 313 de dicho Código, como si se tratara de una infracción de forma
y no de fondo.
Por
esta razón, para evitar repeticiones inútiles, se hacen válidos los argumentos
explanados en la denuncia enumerada como ‘II’, para desechar aquellas que la
preceden, enumeradas ‘III’, ‘IV’, ‘V’ y
‘VI’. Así se decide.
Ahora
bien, complementado los señalamientos anteriores debe destacarse que, ante la
insistencia del formalizante de pretender afirmar el quebrantamiento del
artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, precepto legal útil para
denunciar un eventual silencio de pruebas; es necesario destacar que si la
disconformidad del recurrente atañe a la forma en la cual el juzgador de la
instancia superior valoró el material probatorio presentado por las partes,
dicha denuncia debió ser planteada mediante razones que se correspondieran con
dicho vicio cumpliendo la técnica exigida por esta Sala a los fines de
denunciar el error en la valoración de la prueba.
Ello
en razón de que el mismo ocurre en el razonamiento realizado por el juez en la
premisa menor del silogismo, y como tal es atinente al proceso lógico que
permite valorar los hechos establecidos por el juzgador.
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY
Radica la presente
delación en acusar a la recurrida:
1) Por la errónea
interpretación de los artículos 134, 136, literales a y b; artículo 155 de la
Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dictada por la
Comisión de la Comunidad Andina; y el artículo 72 de la Ley de Propiedad
Industrial;
2) Por la falta de
aplicación de los artículos 156, 157 y 158 de la mencionada decisión y el 27 de
la antes aludida ley; y,
3) Por la falta de
aplicación de los artículos 98, 117 y 153 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
En cuanto al primero
de los puntos, relativo a la denunciada errónea interpretación de los artículos
134, 136 literales a y b; 155 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre
Propiedad Industrial y del artículo 72 de la Ley de Propiedad Industrial, el
formalizante, luego de transcribirlos, refiere que en ellos (artículos 134 y
135 de la Decisión) quedan definidos, tanto la marca, como el signo, con sus
respectivas distinciones.
Ahora bien, en sus
señalamientos, quien formaliza explana toda una serie de consideraciones
respecto a los mencionados artículos, mediante las cuales hace del conocimiento
de la Sala que
de acuerdo con las normas que rigen ‘…el derecho marcario vigente…’, tanto la
marca como el nombre comercial se encuentran regulados por la Decisión a la cual se viene
haciendo referencia: la Nº
486, dictada por la Comisión
de la Comunidad
Andina.
Refiere además, que
en virtud de lo dispuesto en los artículos 98 y 153 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, dicha decisión ha sido
incorporada al ordenamiento interno de Venezuela, y en virtud de su aplicación,
debe evaluarse ‘…si el uso cualquiera de las categorías de signos afecta
derechos de terceros…’, por presentarse confusión e inducir a error a los
consumidores, en razón de sus semejanzas. En base a ello, citando el artículo
155 de la aludida decisión 486, quien recurre destaca el derecho que confiere
el registro de una marca, al titular de la misma, para impedir a cualquier
tercero que realice sin su consentimiento, actos que pudieran causar confusión
o riesgo de asociación con el titular del registro.
Así, según criterio
del formalizante, cuando el ad quem al dictar la recurrida consideró, que tanto
la marca como el nombre comercial se encuentran diferenciados en la decisión de
la comunidad andina, y en la ley de propiedad industrial; interpretó en forma
errónea las normas denunciadas como infringidas, dejando de aplicar al mismo
tiempo el artículo 27 de la mencionada ley en el cual se considera al nombre
comercial como un tipo de marca.
El fundamento
expresado permite al recurrente afirmar, que el vocablo UNISALUD, utilizado
como marca y como nombre comercial, da lugar al denominado ‘…riesgo de
confusión…’ por parte de los usuarios. Mucho más, cuando ambos sirven para
explotar ‘…servicios y actividades afines, similares e interrelacionadas…’, lo
que no fue apreciado por el juzgador en la sentencia de la alzada.
Para decidir, se
observa:
Analizadas las
consideraciones de quien formaliza, a los fines de resolver sobre las mismas,
corresponde a la Sala
comenzar por referir en la ‘Sección Quinta’ de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, en la cual se establecen
las bases para las relaciones internacionales del país; el artículo 153 de
dicho texto Constitucional, cuyo texto expresa:
(omissis)
Tomando en cuenta dicha
norma, debe destacarse, que en razón de los procesos de integración y unión de
los países latinoamericanos y del Caribe, Venezuela ha suscrito tratados
internacionales como el acuerdo (sic)
de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, cuyo origen se remonta al
año 1.969, y en virtud del cual inició sus funciones la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), organización subregional con personalidad jurídica
internacional, conformada por Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela,
entre cuyas finalidades se encuentra alcanzar la integración física y
fronteriza en materia de transporte, infraestructura, desarrollo fronterizo y
telecomunicaciones, integración cultural y colectiva.
En la Comunidad Andina
de Naciones fue dictada la decisión 486, para regular materia relativa al
Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la cual, por ser Venezuela uno de los
paises (sic) firmantes del aludido Acuerdo, es de obligatoria aplicación en
caso de asuntos de igual naturaleza que del sub iudice, relativa a la propiedad
industrial.
En el artículo 134 de
la mencionada decisión, queda contemplado lo que constituye una marca,
definiendola (sic) como: ‘…cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado…’.
Señala además dicho
artículo, que ‘…podrán registrarse como marca los signos susceptibles de
representación gráfica…’, y contempla
una lista de signos que pueden constituir marca, tales son: ‘...a) las palabras
o combinación de palabras; b) las imágenes, figura, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos
y olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma o
una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o
envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores…’
El artículo 136, cuya
errónea interpretación también ha sido denunciada, contempla que ‘…no podrán
registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente
un derecho de tercero…’, y establece los casos en los cuales un determinado
signo pudiera afectar derechos de terceros, en particular cuando:
‘…a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o de
ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusión o asociación;
c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación;
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de
confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el País Miembro en el extranjero;
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de
personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial,
tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo,
imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del público del público (sic) como una persona distinta del solicitante,
salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido,
el de quienes fueran declarados sus herederos;
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de éste;
g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas
o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos,
o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la
solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso; y,
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario…’.
Se desprende del
citado artículo, y así lo señaló el formalizante, uno de los casos en los
cuales, el uso de un signo o marca en el comercio, pudiera afectar derechos de
terceros, como lo es el caso de la identidad o semejanza del signo que se
pretenda registrar, con una marca registrada con anterioridad, que sirva para
identificar servicios o productos parecidos, cuya similitud pueda generar
confusión.
En este sentido,
siendo obligatoria la aplicación de la decisión 486, dictada por la Comunidad
Andina, debe tomarse en cuenta la semejanza o identidad de una marca registrada
con cualquier otro signo cuyo registro se pretenda con posterioridad; a los
fines de descartar la confusión que pudiera producirse en relación con los
usuarios de los productos o servicios identificados con dicho signo o
marca.
El artículo 72 de la Ley de Propiedad Industrial
dispone:
(omissis)
El artículo 27 de la
mencionada ley señala:
(omissis)
(…)
A criterio de esta
Sala, el fundamento principal de la presente denuncia radica en afirmar que el
sentenciador de la alzada al interpretar erróneamente lo estipulado en la Decisión 486 relativa al Régimen
Común Sobre Propiedad Industrial de la
Comisión de la Comunidad Andina; no tomó en cuenta el denominado
‘…riesgo de confusión…’ que de acuerdo con dicha decisión, surge en virtud de
las semejanzas de ciertos signos utilizados en el comercio, para identificar
productos o servicios.
En este sentido se
observa, lo establecido en el artículo 155 de la decisión en referencia,
relativo al derecho que tiene el titular de una marca registrada, para impedir
a cualquier tercero el uso en el comercio, de un signo idéntico o similar a
dicha marca. Mucho más cuando se pretende con dicho signo identificar productos
o servicios idénticos.
Ello, por cuanto en
razón de aquella similitud, debe presumirse que exista riesgo de confusión
respecto a los usuarios de los productos o servicios de los cuales se trate.
Así lo establece el
aludido artículo:
(omissis)
Al revisar la
recurrida, la Sala
encuentra que el ad quem consideró sin lugar la demanda por infracción de marca
incoada, alegando que ‘UNISALUD (parte demandante) ha sido registrada como
marca (clase 36), ‘…para distinguir servicios en los ramos de Seguros de
personas y seguros en general; y la parte demandada solicitó el registro del
nombre comercial UNISALUD, para identificar actos de comercio relacionados con
servicios generales de salud, hospitalización, consultas médicas,
administración de clínicas y hospitales, planes de salud, venta, distribución,
importación y explotación de equipos médicos…’
Lo que le permitió
concluir ‘…que en el primer caso, se refiere al registro de la marca UNISALUD,
por la parte demandante, y ésta se trata de la protección del signo distintivo
de la marca’.
Y en el segundo caso,
se refiere al registro del nombre comercial UNISALUD ‘Unidad Administradora de
Salud, C.A., por parte de la demandada, en la cual se usa para distinguir una
empresa, explotación o establecimiento Mercantil…’ Y que además, por
encontrarse diferenciados el nombre comercial y la marca, tanto por la doctrina
sostenida por la Comunidad
Andina de Naciones, como en la Ley de Propiedad Industrial, no puede
considerarse configurada usurpación o infracción de marca alguna por parte de
la empresa demandada.
Ahora bien, a
criterio de la Sala,
aún siendo el caso que el signo ‘UNISALUD’, haya sido registrado para
distinguir figuras jurídicas distintas, del texto del artículo 155 de la Decisión 486, (cuya errónea
interpretación ha sido denunciada); se desprende que el riesgo de confusión
pudiera producirse por ‘…usar en el comercio un signo idéntico o similar a la
marca respecto de cualquiera productos o servicios…’, lo que está en el derecho
de impedir aquel titular de la marca, que hubiere prevenido en el registro.
Siendo que la doctrina explica que ‘...errónea
interpretación consiste en la equivocación (desviación) en que incurre el Juez
al indicar el sentido de la Ley,
es decir, sobre su contenido....’ (Román J. Duque Corredor. Obra citada. Pág.
343), la Sala
estima erróneamente interpretados los artículos 134, 136 literales a) y b), y
el artículo 155 de la decisión 486 referente al Régimen común sobre Propiedad
Industrial de la Comisión
de la Comunidad
Andina, puesto que, el juzgador desvió su verdadero
contenido, ignorando el denominado ‘…riesgo de confusión…’ que el vocablo
UNISALUD, pudiera generar en los usuarios de los servicios y productos
ofrecidos tanto por la demandante como por la demandada en el ramo de salud,
razón suficiente para que la Sala
declare procedente la presente denuncia. Así se decide.
Respecto a la denunciada falta de
aplicación de los artículos 156, 157 y 158 de la Decisión 486 referente al
Régimen Común de Propiedad Industrial, nada señaló con precisión el
formalizante, por ello, encontrándose impedida la Sala para deducir la forma en
la cual los mismos supuestamente resultaron infringidos, se desecha lo señalado
en relación a los mismos.
Respecto a la violación de los
artículos 98, 117 y 153 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, cuya falta de aplicación denunció el formalizante; debe señalarse
que se trata de normas de rango constitucional, cuya violación, si fuere el
caso, debe ser conocida por la Sala la Constitucional de este Supremo Tribunal.
No siendo esta la Sala competente para pronunciarse respecto a dichas normas,
lo referido en cuanto a los mismos debe ser desechado. Así se establece.
Por las razones expuestas, la
presente denuncia debe ser declarada procedente. Así queda establecido.
CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS
I
El formalizante pretende, mediante
una denuncia de casación sobre los hechos, el descenso de la Sala para el estudio de las
actas del expediente, sin cumplir con la técnica exigida para ello.
Al respecto, esta
Sala en sentencia Nº 201, de fecha 14 de junio del 2000, expediente Nº 99-419,
caso Talleres
Vita Cars C.A., contra el ente social Inmobiliaria Cruz; reiteró:
(omissis)
En el presente caso, evidentemente no se
cumple con la señalada técnica, pues pese a todo lo expuesto por el
formalizante, no señaló con precisión, en cual de los supuestos establecidos en
el artículo 320 incurrió el ad quem. Solo acusa como infringida dicha
disposición legal, sin indicar con la exactitud requerida y necesaria, en qué
forma se cometió el o los vicios denunciados.
De modo que, encontrándose la Sala impedida para suplir tal
deficiencia, tampoco podrá conocer sobre el fondo de lo denunciado. Así se
decide.
II
(…) Pese a que la presente denuncia ha sido
fundamentada en supuestos errores ‘…en el establecimiento y valoración de los
hechos y las pruebas…’, del texto de lo denunciado, se desprenden argumentos
que pudieran corresponderse con una denuncia por silencio de pruebas, pues el
formalizante, acusa que ‘…la recurrida obvia el análisis y juzgamiento de las
pruebas incorporadas al proceso…’, dejando de ‘…apreciar y juzgar…’ ciertas
pruebas, sin embargo, al afirmarse que el juzgador supuestamente no analizó ni
valoró ciertos documentos promovidos como prueba en el juicio, resultan del
todo confusos los argumentos presentados, lo que denota la falta de precisión
respecto al vicio pretendido, impidiendo que la Sala conozca lo denunciado debido a las
imprecisiones señaladas. Así se decide.
III
(…)La
lectura de la denuncia transcrita permite a la Sala detectar las deficiencias técnicas en las
cuales incurrió el formalizante en el planteamiento de la misma.
En
este sentido se detecta, al igual que en la delación anterior, que se acusa a
la recurrida por el vicio denominado por el recurrente como ‘falta de
establecimiento de los hechos y de las pruebas…’, cuando dicho vicio no se
encuentra establecido ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, siendo
denunciables en sede casacional, en el caso en que se configuraran los
supuestos para ello, el error en el establecimiento de los hechos o en la
valoración de las pruebas, con lo cual no cumple de ninguna manera, lo señalado
por el formalizante.
Adicionalmente,
los escuetos fundamentos que en esta oportunidad fueron utilizados para
conformar la presente denuncia, confunden a la Sala impidiéndole precisar si lo
que se pretende denunciar es realmente un silencio de pruebas. No obstante, al
mismo tiempo que pareciera pretender afirmar que una de las pruebas fue
silenciada, transcribe en su denuncia lo que el ad quem señaló respecto a la
misma, por lo cual lo pretendido resulta improcedente, pues sus fundamentos
para denunciar su disconformidad con la valoración de dicha prueba, si ese
fuera el caso, debieron ser otros, distintos a los comprendidos en la denuncia
aquí examinada.
Las razones dadas,
permiten a la Sala desechar esta denuncia. Así se decide.
IV
Para
hacer conocer su disconformidad con lo decidido por el ad quem, el formalizante
pese al extenso texto de su denuncia insiste en presentar argumentos imprecisos
que impiden a la Sala conocer realmente el vicio denunciado.
Por
una parte se enuncia la falta de establecimiento en los hechos y en las
pruebas, siendo que ello no existe como vicio denunciable en casación; por la
otra, cuando refiere que el juzgador no razonó para explicar ‘…por que (sic) el
rechazo de una prueba influye sobre el dispositivo del fallo…’ y sostener que
no fueron expresadas ‘…las razones de hecho y de derecho por las cuales desecha
la prueba…’, confunde a la Sala,
impidiéndole detectar el vicio delatado, por lo cual, el planteamiento
presentado, debe ser desechado. Así se establece.
DECISIÓN
En mérito de
las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por
la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado
Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 21 de noviembre de 2006.
En consecuencia se
declara LA NULIDAD de la
sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte
nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.-
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada”.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Delimitada
como fue la competencia para conocer de la presente revisión, se pasa a decidir
y para ello se observa que, esta Sala dejó sentado desde la aludida sentencia
dictada el 6 de febrero de 2001 (caso: Corporación Turismo de Venezuela CORPOTURISMO),
que la facultad de revisión consagrada en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, que puede ser ejercida
por la Sala de
manera discrecional, no debe ser entendida como una nueva instancia, puesto que
su procedencia está limitada a los casos de sentencias definitivamente firmes,
esto es, decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial.
Igualmente, esta Sala expresó en
sentencia del 2 de marzo de 2000 (Caso:
Francia Josefina Rondón Astor) que en materia de revisión, ella posee
facultad discrecional, y tal potestad puede ser ejercida sin motivación
alguna “cuando en su criterio, constate
que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la
interpretación de normas y principios constitucionales, ni constituya una
deliberada violación de preceptos de ese mismo rango”.
Ahora bien, en el caso bajo examen, la actuación judicial
sometida a la revisión de esta Sala es el fallo emitido por la Sala de Casación Civil de
este Tribunal Supremo de Justicia el 24 de marzo de 2008, que declaró con lugar
el recurso de casación anunciado y formalizado por Aseguradora Nacional Unida
Uniseguros C.A., contra el fallo dictado el 2 de noviembre de 2006, por el
Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas; anuló la
sentencia recurrida y ordenó al Juez Superior que resultara competente dictara
nueva decisión, con ocasión del juicio que por infracción de marca intentó la
precitada sociedad mercantil contra la hoy solicitante.
Al respecto, la representación de la solicitante alegó la
violación de la doctrina vinculante emanada de esta Sala Constitucional
respecto al contenido y alcance del artículo 153 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela,
establecida en sentencia Nº 1.142 del 15 de mayo de 2003, relativa a la
aplicación del Derecho Comunitario en el ordenamiento interno venezolano.
Asimismo, denunció el desconocimiento por parte de la Sala de Casación Civil, de la
jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
concretamente “en su decisión
‘Interpretación Prejudicial No. 45-IP-98’, del 31 de mayo de 2000, recaída en el caso
Impresora Colombiana S.A.”, por cuanto dicha Sala adoptó una interpretación
extensiva de los términos “signos” y
de la expresión “signo distintivo
idéntico o semejante”, que emplean los artículos 134, 136, literales a y b,
y 155 de la Decisión
486, y estableció como regla general,
la posibilidad de “confusión o de riesgo de confusión” entre las marcas comerciales y la razón o denominación
social de las compañías, interpretación que a su juicio está “absolutamente divorciada de la distinción
que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
entre los conceptos de ‘marca comercial, de ‘razón comercial’ y de ‘razón
social’”, y del carácter excepcional que ha establecido la referida doctrina
judicial.
Ahora
bien, es preciso reiterar que para proceder a la revisión de una sentencia,
valga decir, para que esta Sala Constitucional haga uso de la facultad que le
confieren los artículos 336 ordinal 10 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela y el artículo 5, numerales
4 y 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es menester no
sólo el carácter definitivo de la sentencia, sino que, la misma incurra en
alguno de los supuestos que esta Sala ha ido elaborando y desarrollando, sobre
la base de los preceptos antes citados (Vid. 1103/2007, caso: Tommaso Puglisi Platana).
Así,
la Sala ha
sostenido que dicha facultad puede sólo ser ejercida de manera
extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional. Asimismo, ha dejado
reconocido que tales caracteres se imponen a los fines de salvaguardar la
garantía de la cosa juzgada judicial, cuya inmutabilidad es característica de
la sentencia judicial. De tal manera que, para que prospere una solicitud de este tipo es indispensable que
el fallo cuya revisión se solicita haya realizado un errado control de
la constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional; o bien
haya incurrido en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución,
o sencillamente, haya obviado por completo la interpretación de la norma
constitucional o haya violado de manera grotesca los derechos constitucionales.
Ahora bien, en el presente caso la decisión cuya doctrina
vinculante denunció como infringida la parte solicitante, fue dictada con
ocasión de un recurso “de nulidad”
interpuesto ante la
Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de
Justicia, contra la norma contenida en
el artículo 70 del derogado Decreto con Fuerza y Rango de Ley que establece el
Impuesto al Valor Agregado, por ser dicha disposición “ilegal y por colidir”
con las normas contenidas en el artículo 9, literal “d”, de la Decisión N°
314 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, sobre “Libertad de Acceso a las Cargas
Transportadas por Vía Marítima y Políticas para el Desarrollo de la Marina Mercante
del Grupo Andino”, y con los artículos 2 y 152 de la Ley
de Reforma Parcial de la Ley
de Navegación, publicada en Gaceta Oficial N° 5.263, Extraordinario, del 17 de
septiembre de 1998. En dicho fallo, la Sala -en la oportunidad de
pronunciarse respecto a su competencia-, señaló lo siguiente:
“(…)
la vía de impugnación prevista en el referido artículo 336, numeral 3,
del Texto Constitucional se refiere a los recursos de nulidad que toda persona
que habite o resida en el territorio de la República puede interponer contra cualquier acto
dictado por el Ejecutivo Nacional con rango de ley, como son los Decretos con
Rango y Fuerza de Ley dictados por el Presidente de la República en
ejercicio de la potestad que le atribuye el actual artículo 236, numeral 8, de
la vigente Constitución, previa autorización de la Asamblea Nacional
mediante la respectiva ley habilitante, cuando dicho acto colide o infringe el
contenido de alguna disposición prevista en la Norma Fundamental
o en los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, que de
acuerdo al artículo 23 tienen rango constitucional, es decir, que el objeto de
dicho recurso de nulidad es declarar la conformidad o no del acto impugnado con
las normas constitucionales que se indican como vulneradas, pero en modo alguno
declarar la ilegalidad o contradicción del acto impugnado con otros actos o
normas dictadas en ejecución directa e inmediata de la Constitución
de la República.
Ciertamente,
en nuestro ordenamiento constitucional, no está contemplada una vía
jurisdiccional para declarar la nulidad por ‘ilegalidad’ de una norma contenida en un acto de rango
legal, como son los Decretos con Rango y Fuerza de Ley dictados por el
Presidente de la
República en ejercicio de la atribución que le confiere el
artículo 236, numeral 8, de la Carta Fundamental, cuando aquella colide o está
en contradicción con otras normas contenidas en actos de rango legal, como son
las Leyes emanadas del Órgano Legislativo Nacional, en este caso, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Navegación de 1998,
vigente en cuanto a la norma que se denuncia vulnerada, y las Normas que se
adopten y aprueben en el marco de los Acuerdos de Integración Económica
Subregional, como es la
Decisión n° 314 dictada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre la ‘Libertad
de Acceso a las Cargas Transportadas por Vía Marítima y Políticas para el
Desarrollo de la
Marina Mercante del Grupo Andino’, y publicada en Gaceta
Oficial de dicha Comisión n° 99, Año IX, del 28 de enero de 1992, de acuerdo
con la letra del artículo 153 de la Constitución de 1999. En efecto, la referida
disposición constitucional establece lo siguiente:
‘Artículo 153. La República
promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de
avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los
intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la
región. La República
podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos
para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar
de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines,
la República
podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el
ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de
integración. Dentro de las políticas de integración y unión con
Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con
Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina.
Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán
consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación
directa y preferente a la legislación interna’ (Subrayado de la Sala)’.
Considera esta Sala
Constitucional, que la redacción del párrafo subrayado de la citada norma
constitucional constituye un cambio notable de importantes implicaciones en el
proceso de recepción y aplicación inmediata del derecho de la integración
económica latinoamericana, con respecto al contenido del artículo 108 de la Constitución
de 1961 (cuyo texto era: ‘La República favorecerá la integración económica
latinoamericana. A este fin se procurará coordinar recursos y esfuerzos para
fomentar el desarrollo económico y aumentar el bienestar y seguridad comunes’),
ya que en la actual norma constitucional sobre la materia se establece no
solamente que la
República, a través de los órganos competentes del Poder
Ejecutivo Nacional, puede suscribir válidamente tratados internacionales que
impliquen la atribución a organizaciones supranacionales, como es la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, de las competencias (legislativas, jurisdiccionales, etc) que sean
necesarias para llevar a cabo los procesos de integración económica en
Latinoamérica y el Caribe, sino también que las normas que se adopten en el
marco de los acuerdos de integración son parte integrante del ordenamiento
legal vigente de Venezuela, y de aplicación directa y preferente respecto a la
legislación interna, sin que el constituyente de 1999 haya condicionado la
incorporación de dichas normas al cumplimiento de un trámite administrativo o
legislativo interno, o atribuido al legislador nacional la competencia para
regular dicha incorporación.
Ahora bien, dentro de las ‘normas
que se adopten en el marco de los acuerdos de integración’ a que se refiere la
disposición constitucional en examen, se hallan, en el caso del Acuerdo de
Integración Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena aprobado mediante Ley
dictada por el Congreso de la República, publicada en Gaceta Oficial n° 1.620,
Extraordinario, del 1.11.73, no sólo las normas contenidas en el Tratado mismo
y en las sucesivas modificaciones a éste que hayan sido debidamente
incorporadas al derecho interno mediante la respectiva Ley Aprobatoria de la
nueva regulación subregional, sino también las Normas aprobadas por la Comisión que crea el artículo 6
del referido Acuerdo, con base en la competencia atribuida a dicho órgano
supranacional por el artículo 7, literal ‘b’, del también llamado Pacto Andino,
las cuales se expresan a través de Decisiones, como es, precisamente, la Decisión n° 314,
sobre ‘Libertad de Acceso a las Cargas Transportadas por Vía Marítima y
Políticas para el Desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino’, por cuanto las
disposiciones en ellas contenidas completan el contenido del Acuerdo mismo, en
tanto directrices ‘indispensables para hacer posible los planes de desarrollo y
la armonización de las políticas económicas de los Países Miembros’ (artículo
7, literal ‘b’), tienen rango de ley en el derecho interno de Venezuela y su
vigencia se inicia, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos
2 y 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia Andino, aprobado mediante
Ley publicada en Gaceta Oficial n°3.216, Extraordinario, del 07.07.83, a partir
de la fecha de publicación de las mismas en la Gaceta Oficial de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.
En tal sentido, es necesario
señalar que con tal previsión, el constituyente de 1999 estableció en el
artículo 153 de la Carta
Magna un régimen constitucional específico, aplicable al
denominado por la doctrina comparada derecho comunitario derivado (Cfr. Isaac
Guy, Manual de Derecho Comunitario General, Barcelona, Ariel, Traducción de
German-Luis Ramos Ruano, 5ta edición, 2000, pp. 185 y ss; Javier Pérez Royo,
Las Fuentes del Derecho, Madrid, Tecnos, 4ta reimpresión, 2001, pp. 158-161),
constituido por todas las normas y decisiones emanadas de los órganos
internacionales que desarrollen Convenciones o Tratados previamente aprobados y
ratificados por el Estado venezolano, dirigidos en este supuesto a facilitar el
proceso de integración económica de la Nación en el ámbito de Latinoamérica y El Caribe,
que difiere del régimen constitucional ordinario previsto en el artículo 154
del mismo Texto Constitucional, por cuanto éste último (aprobación previa de
Tratados por parte de la
Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente
de la República)
resulta aplicable, en el caso del derecho de la integración económica,
únicamente al llamado derecho comunitario originario que nace de los Pactos,
Tratados o Acuerdos Internacionales en los que el Estado venezolano adquiere
nuevas obligaciones internacionales, o incorpora a su derecho interno
principios no recogidos expresamente por la Constitución,
o que impliquen la realización de actos que excedan las competencias ordinarias
que la ley o la
Constitución atribuyan al Ejecutivo Nacional” (Sentencia Nº 1.1142 del 15 de mayo de
2003, caso: Freddy J. Belisario Brito y Fanny Brito de Belisario).
Ahora bien, la
doctrina asentada en el fallo antes mencionado no resulta aplicable a la
situación concreta denunciada en el presente caso, por cuanto fue dictada en un
contexto distinto y únicamente hizo referencia a las normas contenidas en el
Acuerdo de Cartagena, las sucesivas modificaciones a éste que hayan sido
debidamente incorporadas al derecho interno mediante la respectiva Ley
Aprobatoria de la nueva regulación subregional, y las Normas aprobadas por la Comisión que crea
el artículo 6 del referido Acuerdo. De lo anterior se evidencia que la solicitante
pretende sustentar una eventual aplicación y vinculación de las decisiones de
esta Sala, con relación a la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina,
a los fines de resolver cuestiones de mérito que fueron valoradas en las
distintas instancias del proceso, a saber, la posibilidad de “confusión
o de riesgo de confusión” entre una marca
comercial y la razón o denominación social de una compañía, lo cual motivó
el juicio por infracción de marca intentado por Aseguradora Nacional Unida
Uniseguros C.A. contra Unisalud-Unidad Administradora de Salud C.A..
Adicionalmente, esta Sala debe reiterar lo establecido en
su decisión Nº 1942 de 15 de julio de 2003, respecto a que “… por encima del
Tribunal Supremo de Justicia y a los efectos del artículo 7 constitucional, no
existe órgano jurisdiccional alguno, a menos que la Constitución o
la ley así lo señale, y que aun en este último supuesto, la decisión que se
contradiga con las normas constitucionales venezolanas, carece de aplicación en
el país”.
Así,
en los términos expuestos en el citado fallo la Sala dejó sentado que “…Mientras existan estados soberanos, sujetos a Constituciones que les
crean el marco jurídico dentro de sus límites territoriales y donde los órganos
de administración de justicia ejercen la función jurisdiccional dentro de ese
Estado, las sentencias de la justicia supranacional o transnacional para ser
ejecutadas dentro del Estado, tendrán que adaptarse a su Constitución.
Pretender en el país lo contrario sería que Venezuela renunciara a la soberanía”.
En
este sentido, visto el contenido del fallo objeto de la presente
solicitud y en aplicación de los criterios supra
descritos, estima la Sala
que en el caso de autos no se dan los supuestos necesarios para que proceda la
revisión solicitada, puesto que no considera que existan “errores grotescos” de interpretación de norma constitucional
alguna ni se evidencia que con el mismo se desconozca algún criterio
interpretativo de normas constitucionales, que haya sido asentado por esta Sala
Constitucional.
Así las
cosas, en el caso sub
iudice la solicitante persigue la revisión de la sentencia del 24 de
marzo de 2008, dictada por la
Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, con argumentos que evidencian
que se pretende el ejercicio de este medio de protección constitucional,
como una nueva oportunidad de alegación y defensa de sus intereses, como si la
revisión permitiese la posibilidad de otra instancia en un proceso que ha sido
resuelto por un pronunciamiento definitivamente firme, y en el cual la referida
Sala realizó un análisis de los argumentos expuestos por la recurrente en
cuanto a la posibilidad de “confusión o de riesgo de confusión” entre las
marcas comerciales y la razón o
denominación social de las partes involucradas en el juicio por infracción de
marca que dio origen a la presente solicitud.
En
consecuencia, la Sala
estima que las cuestiones planteadas por la solicitante en nada contribuirían a
la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, de
tal manera que, esta Sala Constitucional, aún cuando posee la facultad de
revisión extraordinaria que le otorga directamente el Texto Fundamental para
revisar las decisiones dictadas por las distintas Salas de este Supremo
Tribunal y los demás Tribunales de la República, en el presente caso, decide no hacer
uso de tal potestad, por lo que debe declarar no ha lugar a la presente
solicitud de revisión. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República Bolivariana
de Venezuela por autoridad de la ley, declara que NO HA LUGAR la
solicitud de revisión presentada por los abogados Antonio Canova González y
Luis Alfonso Herrera Orellana, en representación de UNISALUD-UNIDAD ADMINISTRADORA DE SALUD C.A., de la sentencia Nº
139 del 24 de marzo de 2008, dictada por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el
Salón de Sesiones de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, a los 31 días del mes de octubre de dos mil ocho. Años: 198º de
la Independencia
y 149º de la
Federación.
La Presidenta
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los
Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL
RONDÓN HAAZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
PONENTE
ARCADIO DELGADO ROSALES
El
Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp.
08-0794
MTDP/
