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SALA
CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta
en autos que, el 04 de junio de 2007, el ciudadano JOSÉ ESTEBAN PUERTA PARRA, titular de la cédula de identidad n.° 2.542.547,
presentó, ante el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal de
Consta,
igualmente, que, mediante auto de 05 de junio de 2007, el Juez Cuarto de Juicio
del Circuito Judicial Penal del Estado Lara declinó, en esta Sala
Constitucional, la competencia material para la decisión en la presente causa.
A
través de auto de 21 junio de 2007, esta Sala dio cuenta del presente
expediente y fue designado Ponente el Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LOS ANTECEDENTES DE
De la
única fuente disponible: el escrito de demanda de amparo, para el conocimiento
de los antecedentes relativos a la causa dentro de la cual se habrían producido
los agravios que denunció la parte actora, toda la información pertinente que
pudo extraerse fue la de que, dentro de dicho proceso, estaría en estado de
pendencia la decisión sobre la apelación que, según alegó dicho accionante,
habría sido interpuesta en la referida causa, al parecer, contra la sentencia
absolutoria que habría expedido el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial
Penal del Estado Lara.
II
DE
1.
Alegó:
1.1
Que,
respecto del fallo sobre el antes señalado recurso, “existe un prolongado retardo procesal pendiente en instancia superior
desde antes del 23 de junio del año 2006 hasta hoy sin haberse decidido el caso
en segunda instancia con lo que se está atentando al derecho civil consagrado
en el artículo 49, numeral 8 de
1.2
Que
“la descripción de los hechos y demás
circunstancias que motivan esta solicitud están más detallados e inteligibles
en el expediente que se sigue en el Tribunal Primero de Juicio, signado con el
N° KP01-P-2004-1380 que junto con el expediente R-2006-0464 están ubicados en
el despacho de
1.3
Que,
entre el 12 de mayo de 2006 y el 30 de mayo de 2007, realizó una serie de
diligencias, ante el Tribunal de Juicio y el Ministerio Público, con el
propósito, entre otros, de que se diera celeridad procesal a la decisión sobre
la apelación en cuestión;
1.4
Que
“este recurso y así lo hago constar
tendrá efecto ratificatorio permanente y estará exento de subsanaciones
consiguientes que puedan impedir su fluidez eficiente para una justicia
expedita, además de no permitir colusiones ilegales ni tampoco interrupciones
en los lapsos que motiven otro retrazo (sic) o retardo injusto en la búsqueda
de justicia que estoy solicitando”;
2.
Concretó,
en los siguientes términos, su pretensión de tutela:
Ante la violación continuada y
depresora hasta este momento es que pido se restablezca de inmediato mi derecho
a pronunciarse sentencia definitiva en segunda instancia, que no dudo, vistas
las evidencias tan claras y suficientes en el expediente, ésta será
condenatoria para que quede así restablecida también una justicia ecuánime que
necesitamos todos los habitantes de Venezuela que así lo solicitan
cotidianamente en todos los tribunales de
III
DE
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de
IV
DE
1.1
Luego del análisis de la solicitud de amparo que fue
interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los
requisitos que exige el artículo 18 de
1.2
En cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo sub
examine a la luz de las exigencias que preestableció el artículo 6 de
1.3
El
demandante sólo consignó el escrito mediante el cual formalizó su demanda de amparo.
A pesar de que el hecho que denunció, como causa del agravio constitucional, fue
de naturaleza omisiva o negativa y, consiguientemente, no es, per se, demostrable, de acuerdo con los
principios generales del Derecho, lo cierto es que, en los casos de demandas de
amparo contra omisiones judiciales, es carga del accionante la consignación,
aunque sea en copia simple, de las actas procesales correspondientes, de las
cuales pueda el juzgador extraer principios de convicción indispensables para
la conclusión sobre la existencia de alguno de los hechos o circunstancias que,
de acuerdo con el artículo 6 de
2.
En
armonía con el razonamiento que precede, concluye
Ahora bien, se
observa, del expediente continente de la demanda de amparo, que el accionante
se limitó a la consignación de su escrito de solicitud de amparo, sin el
acompañamiento de copia simple o certificada del fallo que dictó
En tales supuestos
(falta de consignación de copias, aun simples, del acto u actos procesales
objeto de impugnación), esta Sala ha sostenido criterios contradictorios, pues,
por un lado, ha señalado, con fundamento en el artículo 19 (luego 17) de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el principio pro
actionae, la obligación, del juzgador que conozca la causa, de
requerimiento de los recaudos necesarios para un pronunciamiento sobre la
admisibilidad de la pretensión (vide, entre otras, ss S.C. n° 1721/01; 266/03;
36/04 y 295/04); y, en otros casos, ha decidido su inadmisión por el incumplimiento,
de parte del querellante, de la carga procesal del acompañamiento, al menos, de
copias simples del acto u actos cuya impugnación pretende con el amparo (vide,
entre otras, ss S.C. n° 1720/01; 1911/01 y 968/03), contradicción que se
solucionó mediante decisión n° 778/04, del 03 de mayo, donde se asumió con
carácter definitivo el siguiente criterio jurisprudencial:
“...Se evidencia de
autos que, el accionante, en el momento en el cual interpuso la acción de
amparo constitucional, únicamente consignó el escrito libelar, sin aportar
copia simple o certificada de la decisión que accionó ni ninguna otra prueba
que considerara pertinente”.
Esta Sala señaló, en
la sentencia del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejía), lo siguiente:
“...Cuando
el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y
por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la
causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al
juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal,
de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos
manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos
contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la
acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia
certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo
429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse
copia auténtica de la sentencia” (subrayado de la Sala).
Como toda carga
procesal, su incumplimiento acarrea una situación desfavorable para aquél sobre
quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de
inadmisibilidad de la acción. Igualmente debe señalar esta Sala, que al no
haber consignado ningún tipo de copia de la sentencia accionada, la Corte de
Apelaciones carecía de pruebas e indicios suficientes que dieran fe de la
existencia de dicha decisión, por lo que resultaría inútil admitir una acción
contra un fallo, cuya existencia se encuentra en duda, y que de existir
desconoce su contenido.
En ese sentido
considera la Sala que la acción de amparo ha debido ser declarada inadmisible
por la razón antes apuntada y no improcedente in limine litis como lo
declaró erróneamente el a quo en el dispositivo del fallo consultado,
por lo cual se modifica la decisión sometida a consulta. Así se decide...” (s.
S.C. n° 778/04, del 03.05. Subrayado del fallo).
Como se observa, el
último criterio de esta Sala Constitucional, para el supuesto de que el
querellante no acompañe, ni aun copia simple, del acto u actos cuya impugnación
pretenda, en la oportunidad en que proponga su demanda, consiste en la
declaración de inadmisión de la pretensión de tutela constitucional, a menos
que alegue y pruebe la imposibilidad para la obtención de las mismas, máxime
cuando dichas copias constituyen la prueba fundamental del supuesto agravio y,
en conformidad con la sentencia n° 7/00, 1° de febrero (Caso: José Amado
Mejías), no puede producirse en una oportunidad distinta, pues, es en esa
única oportunidad preclusiva, cuando deben promoverse y presentarse todas las
pruebas en que se fundamente la pretensión.
En atención a todo lo anterior, y por cuanto el demandante de amparo no
acompañó, al menos copia simple, del acto procesal cuya impugnación pretende,
es por lo que esta Sala Constitucional declara la inadmisión de la pretensión
de tutela constitucional, y así se decide.
3.
Con arreglo a las precedentes consideraciones, esta Sala
concluye que debe declararse la inadmisibilidad de la pretensión de amparo que
se valora en la presente causa y así, en efecto, se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones
que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional,
administrando justicia en nombre de
Publíquese,
regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el
Salón de Despacho de
LUISA
ESTELLA MORALES LAMUÑO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Francisco
Antonio Carrasquero López
MARCOS
TULIO DUGARTE PADRÓN
…/
…
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 07-0889
Quien suscribe, Magistrada
Carmen Zuleta de Merchán, disiente de la mayoría sentenciadora del fallo que
antecede, por declarar inadmisible la acción de amparo constitucional
interpuesta por el ciudadano Jesús Esteban Puerta Parra, contra la conducta
omisiva que imputó a
No comparte quien suscribe, la
conclusión a la que arriba la mayoría sentenciadora al expresar en la
sentencia, lo siguiente:
“…la falta de
consignación de los antes señalados recaudos procesales, por parte del
demandante de amparo, debe producir el mismo efecto jurídico de inadmisibilidad
con el que esta Sala ha sancionado la omisión o falta de consignación de
copias, aún simples, del acto u acto (sic) decisorios objeto de impugnación…”
En la sentencia dictada por
Preocupa a quien suscribe, que
en la sentencia disentida a pesar de haberse reconocido que el accionante
denunció un hecho de naturaleza negativa, como lo constituye la falta de
pronunciamiento jurisdiccional, se le haya exigido demostrar mediante las “actas procesales correspondientes”, la
existencia del acto lesivo, haciéndose una inadecuada analogía con el criterio
sustentado por
Antes por el contrario, sí
existían dudas sobre la procedencia de la acción de amparo, antes de la
admisión para la celebración de la audiencia constitucional, aplicando el
principio pro actione -defendido
constantemente por esta Sala Constitucional-, era menester solicitar
información al órgano presuntamente agraviante, sobre si había o no dictado el
pronunciamiento requerido; mas aún, si se quería que el accionante demostrara
haber hecho la solicitud o pedimentos ante el órgano jurisdiccional, debía
dársele al supuesto agraviado la posibilidad de hacerlo durante la referida
audiencia, ello mediante la admisión y posterior sustanciación de la acción de
amparo, tal como lo hizo esta Sala mediante sentencia N° 1054 del 1 de junio de
2007, en un caso análogo al presente.
En el capítulo sobre la
admisibilidad de la acción, se indica en la sentencia que se procederá a un
análisis sobre las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 de
Para quien disiente, la
exigencia que al momento de pronunciarse sobre la admisión, efectúa la mayoría
sentenciadora al accionante, en cuanto al deber de consignar las actas
procesales correspondientes, que permitan determinar la omisión de
pronunciamiento, es una condición para el ejercicio de la acción que no se
encuentra establecida en el ordenamiento jurídico; y dista de la tutela
judicial efectiva consagrada en los artículo 26 y 257 de
Ejemplo de ese no
condicionamiento a la hora de accionar por omisión de pronunciamiento se puede
apreciar en la sentencia N° 1172 del 12 de junio de 2006, (Caso: Lilia Ramírez Rivero) dictada por esta
Sala Constitucional, en la cual se expresó:
“La acción de amparo constitucional
contra omisión de pronunciamiento, será proponible siempre que el órgano
jurisdiccional no dicte algún tipo de providencia al que está llamado por ley,
dentro de un lapso determinado igualmente por ley, y esa omisión le afecte un
derecho constitucional. Desde ese mismo momento, el justiciable tiene el
derecho de exigir a través de esa especial vía constitucional, que el órgano en
mora dicte la decisión respectiva ante la violación del derecho constitucional
denunciado.
Ahora bien, siendo que lo denunciado a
través de un amparo de ese tipo, es la omisión de dictar un pronunciamiento
dentro del lapso legal estipulado, el restablecimiento de esa situación
jurídica se alcanzaría, en principio, una vez que el supuesto agraviante emita
un pronunciamiento.
En tal sentido, pretender que el
pronunciamiento sea exactamente el esperado por el accionante, excede los
límites de la referida acción, la cual nace con la finalidad de que un órgano
jerárquicamente superior al señalado como agraviante, le ordene a este, que
emita un pronunciamiento a los fines de hacer cesar la lesión.
Sin embargo, la naturaleza del fallo que
se dicte, ha de ser la que corresponda al momento procesal en el que se
encontraba la causa cuando ocurrió la dilación. En ese orden de ideas, si en un
proceso determinado, en el que se hayan desarrollado de manera normal todas las
etapas del iter procesal correspondiente, hasta alcanzar el estado de sentencia
sobre el fondo de lo debatido, se produjere una dilación indebida que provoque
la interposición de un amparo por omisión de pronunciamiento, el
restablecimiento se alcanzará sólo con una decisión de esa naturaleza”.
Con el presente voto salvado
no se está desconociendo de manera alguna los criterios que deben emplearse
para determinar si el retraso en emitir un pronunciamiento, constituye o no una
violación constitucional, ya que este es, básicamente, el tema a decidir en el
amparo por omisión.
Así las cosas, esta Sala ha
debido admitir la presente acción de amparo constitucional y ordenar la
sustanciación respectiva, para darle la oportunidad al supuesto agraviado de
demostrar ante esta Sala Constitucional que sus afirmaciones son ciertas, y que
está en el derecho de exigir del supuesto agraviante, el deber de emitir un
pronunciamiento.
Queda así expresado el voto
Salvado de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El
Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los
Magistrados,
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Disidente
ARCADIO
DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
V.S.
Exp.- 07-0889
CZdeM/