SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE:
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 31 de octubre de 2000, la abogada
Carmen Aguiar Chinchilla, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 74.312,
actuando en su propio nombre, fundamentando su petición en el numeral 6 del artículo
266 de la vigente Constitución, solicitó ante esta Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia la interpretación del contenido y alcance del
precepto consagrado en el artículo 174 eiusdem, en el sentido de
determinar “cuál es la intención del legislador al señalar Primera Autoridad
del Municipio”, en razón de que “Al atribuirle al Alcalde la cualidad de
Primera Autoridad del Municipio, éste, el Alcalde, pasará a cumplir las
funciones que durante muchos años a(sic) ejecutado la figura del Prefecto o
simplemente la intensión (sic) del legislador fue darle tal cualidad y
continuar los Prefectos (sic)”.
En la misma oportunidad se dio cuenta de ello a la Sala y se
designó ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente
fallo.
Analizado el contenido de la solicitud formulada, se pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
COMPETENCIA DE LA SALA
En sentencia del 22 de septiembre de 2000, caso Servio Tulio León Briceño, esta Sala señaló:
“A esta
Sala corresponde con carácter exclusivo la interpretación máxima y última de la
Constitución, y debido a tal exclusividad, lo natural es que sea ella quien
conozca de los recursos de interpretación de la Constitución, como bien
lo dice la Exposición de Motivos de la vigente Carta Fundamental, no siendo concebible que otra Sala
diferente a la Constitucional, como lo sería la Sala Político Administrativa,
pueda interpretar como producto de una acción autónoma de interpretación
constitucional, el contenido y alcance de las normas constitucionales, con su
corolario: el carácter vinculante de la interpretación.
Así como
existe un recurso de interpretación de la ley, debe existir también un recurso
de interpretación de la Constitución, como parte de la democracia
participativa, destinado a mantener la supremacía y efectividad de las normas y
principios constitucionales (artículo 335 de la vigente Constitución), por
impulso de los ciudadanos. El proceso democrático tiene que ser abierto y
permitir la interacción de los ciudadanos y el Estado, siendo este “recurso”
una fuente para las sentencias interpretativas, que dada la letra del artículo
335 eiusdem, tienen valor erga omnes.
El que entre las atribuciones de
Tribunales o Salas Constitucionales de otros países no exista un recurso autónomo
de interpretación constitucional, y que las “sentence interpretative di
riggeto” en Italia, genere problemas, no es un obstáculo para que esta
Sala, dentro del concepto ampliado de recurso de interpretación de la ley, se
aboque a interpretar la Constitución, mediante actos jurisdiccionales
provenientes del ejercicio del recurso de interpretación constitucional, y como
resultado natural de la función interpretativa que el artículo 335 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye a la Sala
Constitucional.
Viene a convertirse la Sala en una fuente para precaver conflictos
innecesarios o juicios inútiles, al conocerse previamente cuál es el sentido y
alcance de los principios y normas constitucionales necesarios para el
desarrollo del Estado y sus poderes, y de los derechos humanos de los
ciudadanos.
Establecido lo anterior, la
interpretación del contenido y alcance de las propias normas y principios
constitucionales es posible, tal como lo expresa el artículo 335 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el
artículo 336 eiusdem, y por ello, el recurso de interpretación puede
estar dirigido, al menos ante esta Sala, a la interpretación constitucional, a
pesar que el recurso de interpretación al ser considerado tanto en la propia
Constitución (artículo 266 numeral 6), como en la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia (numeral 24 del
artículo 42) se refieren al contenido y alcance de los textos legales, en los
términos contemplados en la ley.
Surge así, una distinción que nace del propio texto constitucional y
de la intención del constituyente comprendida en la Exposición de Motivos, cual
es que existe un recurso de interpretación atinente al contenido y alcance
de las normas constitucionales, y otro relativo al contenido y alcance de
los textos legales. El primero de estos recursos corresponde conocerlos a
esta Sala, mientras que el segundo, fundado en la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia, a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo
de Justicia”. (Subrayado de la Sala).
Siendo ello así, atendiendo al criterio parcialmente transcrito “ut supra”, esta Sala considera que es competente para conocer del presente recurso de interpretación, y así se declara.
DEL RECURSO DE
INTERPRETACIÓN INTERPUESTO
Corresponde ahora a esta Sala pronunciarse acerca del recurso ejercido, a cuyo fin observa:
En la misma sentencia citada “ut supra”, esta Sala señaló:
“Dentro de
esta especial estructura de lo ventilable en la ‘jurisdicción constitucional’,
¿es posible que una persona solicite del Tribunal competente para ello la
interpretación de la Constitución?.
... Lo que la Constitución
contempla es una acción para que se interprete la ley, acción que el numeral 6
del artículo 266 de la vigente Constitución llama recurso de interpretación
sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos
contemplados en la ley, lo que podría ser interpretado en el sentido que el
“recurso” se refiere a lo legal y no a lo constitucional.
... Por ello, para incoar acciones de otro tipo como la de colisión
de leyes, a fin que se declare cuál debe prevalecer, a juicio de la Sala es
necesario que exista un interés jurídico personal y directo en el accionante
diverso al que se exige para proponer la acción de inconstitucionalidad, y es
ese interés particular necesario para incoar una acción de interpretación de
ley, el que también se requiere para el ejercicio del recurso de interpretación
de la Constitución, ya que se trata de acciones declarativas de mera certeza,
que tienen en común que no anulan, y que buscan un efecto semejante. En estos
casos coincide el interés particular con el interés constitucional.
... No existe un
reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico de un accionar específico
para la interpretación constitucional, mas sí para la interpretación legal en
los casos determinados por la ley, y por ello partiendo de la premisa de que el
interés jurídico para incoarla sería de igual naturaleza que el requerido para
intentar la acción de interpretación
legal, debe concluirse que quien tenga interés procesal para incoar
una, puede interponer la otra. En consecuencia se está ante una acción con
legitimación restringida, aunque los efectos del fallo sean generales.
Estructuralmente, tal acción no sería diferente a la de
interpretación de ley, contemplada no sólo en la vigente Constitución, sino en
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (numeral 24 del artículo 42),
aunque ésta última no resulte exacta a la prevenida en el Texto Constitucional.
En este sentido, esta Sala hace suyos los comentarios del Profesor
Arcadio Delgado Rosales de la Universidad del Zulia (obra inédita que conoce la
Sala), quien expresa:
‘El Artículo 266, Numeral 6 de la nueva Carta, establece que es
competencia del Tribunal Supremo de Justicia ‘conocer de los recursos de
interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los
términos contemplados en la ley’.
Este reconocimiento general a nivel constitucional del recurso de
interpretación, no es sólo una repetición de la previsión contemplada en el
Artículo 42, Ordinal 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Como observamos anteriormente, la posibilidad de conocer de este recurso estaba
asignada exclusivamente a la Sala Político-Administrativa y en los casos
previstos en la ley. Ahora se extiende su conocimiento a cualquiera de las
Salas del Tribunal, ‘conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley’
(Artículo 266, último aparte). Pero lo más importante, es que el recurso no se
limita a los casos previstos en la ley, sino que el mismo se conocerá, ‘en
los términos contemplados en la ley’.
En opinión de la Sala, esta redacción implica la competencia en
materia de interpretación de textos legales, con carácter general, sin
restricción a los casos expresamente autorizados por el Legislador, sino en las
condiciones, circunstancias y requisitos formales y de fondo que determine la
ley que regulará la actividad del máximo Tribunal de Justicia.
En ausencia de dicha ley, el Tribunal Supremo de Justicia podrá
establecer requisitos y/o restricciones para el ejercicio del mismo, mientras
la Asamblea Nacional dicte la Ley Orgánica que regule esta atribución, y
así se declara.
Establecido
lo anterior, considera la Sala que cualquiera con interés jurídico actual puede
solicitar la interpretación de la ley conforme a las previsiones legales, y
también la interpretación de la Constitución, para así obtener una sentencia de
mera certeza sobre el alcance y contenido de las normas constitucionales;
acción que sería de igual naturaleza que la de interpretación de la ley.
Pero como no se trata de una
acción popular, como no lo es tampoco la de interpretación de ley, quien
intente el “recurso” de interpretación constitucional sea como persona pública
o privada, debe invocar un interés jurídico actual, legítimo, fundado en una
situación jurídica concreta y
específica en que se encuentra, y que requiere necesariamente de la
interpretación de normas constitucionales aplicables a la situación, a fin de
que cese la incertidumbre que impide el desarrollo y efectos de dicha situación
jurídica. En fin, es necesario que
exista un interés legitimo, que se manifiesta por no poder disfrutar
correctamente la situación jurídica en que se encuentra, debido a la
incertidumbre, a la duda generalizada.
Pero
con el recurso de interpretación no se trata de dirimir controversias de
ninguna clase, aunque dentro de la sociedad pueden haber personas que no
comparten la necesidad de interpretación conectada con la situación particular
y que pueden oponerse a ella, o que quieren coadyuvar con la correcta
interpretación. Se trata exclusivamente de esclarecer o complementar la función
del Estado y de sus distintos poderes, a fin que la función pública se lleve a cabo
adaptada a la Constitución; así como delimitar en relación con la situación en
que se encuentra el accionante, los derechos humanos a que tiene derecho, como
una tuición preventiva, ajena al amparo,
ya que puede tener lugar sin que medie amenaza alguna.
El recurso de interpretación de las
normas y principios constitucionales, no se encuentra regulado en forma
especial ni en la vigente Constitución ni en la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia, por lo que en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, deberá ser definido su procedimiento. Sin embargo, considera la
Sala que dentro de la facultad interpretativa con carácter vinculante, que le
otorga el artículo 335 de la vigente Constitución, y por las razones antes
expuestas, puede asumir la interpretación, no solo en los procesos contenciosos
que decida, sino también mediante este especial ‘Recurso de Interpretación’.
El criterio no es sólo jurídicamente
válido, sino además necesario. Debe tomarse en cuenta que la Constitución de
1961 fue aprobada por el Congreso de la República (Poder Constituido), el cual
no desapareció después de su sanción y era posible que se realizara una
interpretación auténtica del texto fundamental por parte de su creador.
En el caso de la Constitución de 1999, ésta fue aprobada por el Poder Constituyente, cuyo órgano cesó en sus funciones al cumplir su cometido. Esta interpretación auténtica no es, pues, posible y sabemos que la “Exposición de Motivos” no aclara la mayoría de sus novedosos preceptos. En consecuencia, se hace imprescindible que la Sala Constitucional asuma plenamente esta competencia para asegurar la “uniforme interpretación y aplicación” de la Constitución, particularmente en estos inicios del nuevo régimen político en los cuales no existe una legislación conforme con el texto fundamental”.
En el presente caso la accionante ejerce el recurso en su propio nombre, sin expresar que se encuentre en una especial situación jurídica concreta que requiera de la interpretación de normas constitucionales aplicables a dicha situación, como lo exigiría, de conformidad con el criterio de esta Sala antes transcrito, el interés legítimo actual necesario para incoar el recurso de interpretación de normas constitucionales.
En la misma sentencia ya citada, esta Sala estableció:
“Caracteres de la Acción
de Interpretación
Pero
el recurso de interpretación constitucional, que puede ser ejercido por
cualquier ciudadano debido a que todas las personas están interesados en el
orden constitucional (artículo 7 de la vigente Constitución), va a producir un
acto jurisdiccional, que obedece a un interés jurídico propio del accionante, y
ello conduce a que la interpretación solicitada, la cual obra en beneficio de
la propia Constitución, se refiera a
contradicciones, vacíos o ambigüedades que surjan del texto constitucional que
se enlacen a una situación concreta.
Se trata de resolver, cuál es el
alcance de una norma constitucional o de los principios que lo informan, cuando
los mismos no surgen claros del propio texto de la Carta Fundamental; o de
explicar el contenido de una norma contradictoria, oscura o ambigua; o del
reconocimiento, alcance y contenido, de principios constitucionales.
Ahora bien, el que esta Sala, como
parte de las funciones que le corresponden y de la interpretación de la ley, de
la cual forma parte la Constitución, pueda abocarse a conocer una petición en
el sentido solicitado por el accionante, no significa que cualquier clase de
pedimento puede originar la interpretación, ya que de ser así, se procuraría
opinión de la Sala ante cualquier juicio en curso o por empezar, para tratar de
vincular el resultado de dichos juicios, con la opinión que expresa la Sala,
eliminando el derecho que tienen los jueces del país y las otras Salas de este
Tribunal de aplicar la Constitución y de asegurar su integridad (artículo 334
de la vigente Constitución), así como ejercer el acto de juzgamiento, conforme
a sus criterios; lográndose así que se adelante opinión sobre causas que no han
comenzado, y donde tales opiniones previas tienden a desnaturalizar el
juzgamiento.
La interpretación vinculante que
hace esta Sala, y que justifica la acción autónoma de interpretación
constitucional, se refiere a los siguientes casos:
1.
Al entendimiento de las normas constitucionales, cuando se alega que chocan con
los principios constitucionales.
Debe recordar esta Sala, siguiendo
al profesor Eduardo García de Enterría (La Constitución como norma jurídica),
que la Constitución responde a valores sociales que el constituyente los consideró
primordiales y básicos para toda la vida colectiva, y que las normas
constitucionales deben adaptarse a ellos por ser la base del ordenamiento.
Se trata de valores que no son
programáticos, que tienen valor normativo y aplicación, y que presiden la
interpretación y aplicación de las leyes.
Ante la posibilidad de que normas
constitucionales colidan con esos valores, “normas constitucionales
inconstitucionales”, como nos lo recuerda García de Enterría (ob. Cit. P.99), y
ante la imposibilidad de demandar la nulidad por inconstitucionalidad del
propio texto fundamental, la única vía para controlar estas anomalías es acudir
a la interpretación constitucional, a la confrontación del texto con los
principios que gobiernan la Constitución, de manera que el contenido y alcance
de los principios constitucionales se haga vinculante, y evite los efectos
indeseables de la anomalía.
Tal interpretación, que puede ser
urgente y necesaria, por lo que no es posible la espera de alguna acción para
que la Sala se pronuncie, sólo puede pertenecer a esta Sala, máxima y última
intérprete de la Constitución.
Luego, cuando normas
constitucionales chocan con los principios y valores jerárquicamente
superiores, es la interpretación, mediante la acción para ello, la vía principal
para resolver la contradicción.
2.
Igual necesidad de interpretación existe, cuando la Constitución se remite
como principios que la rigen, a doctrinas en general, sin precisar en qué
consisten, o cuál sector de ellas es aplicable; o cuando ella se refiere a
derechos humanos que no aparecen en la Carta Fundamental; o a tratados
internacionales protectores de derechos humanos, que no se han convertido en
leyes nacionales, y cuyo texto, sentido y vigencia, requieren de aclaratoria.
3.
Pero muchas veces, dos o más normas constitucionales, pueden chocar entre sí,
absoluta o aparentemente, haciéndose necesario que tal situación
endoconstitucional sea aclarada.
Siendo esta Sala la que puede con
carácter vinculante, establecer la existencia de la contradicción y el criterio
sobre cuál debe prevalecer o complementarse entre sí, no parece que pueda
negarse a la ciudadanía el acudir ante ella, sin necesidad de juicio en curso,
donde se han de aplicar las normas encontradas, a fin que de una vez –en aras a
la seguridad jurídica- se resuelva la antinomia. Esta situación se agrava,
desde el momento que el artículo 23 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, expresa que los tratados, pactos y convenios
relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno.
Muchas veces estos tratados, pactos y convenios tienen normas que
pudieran en apariencia contradecir normas constitucionales, lo que hace
necesario dilucidar cuáles entre esas normas de igual rango, es la que priva.
4. Pero entre los
Tratados y Convenios Internacionales, hay algunos que se remiten a organismos
multiestatales que producen normas aplicables en los Estados suscritores,
surgiendo discusiones si ellas se convierten en fuente del derecho interno a
pesar de no ser promulgadas por la Asamblea Nacional, o no haberlo sido por el
antiguo Congreso de la República. En lo que respecta a la constitucionalidad de
tales normas surge una discusión casuística, que debe ser aclarada por algún
organismo, siendo esta Sala la máxima autoridad para reconocer su vigencia en
el Derecho Interno.
5. También se hace
necesaria la interpretación a un nivel general, para establecer los mecanismos
procesales que permitan el cumplimiento de las decisiones de los órganos
internacionales previstos en el artículo 31 de la vigente Constitución,
mientras se promulgan las leyes relativas al amparo internacional de los
derechos humanos.
6. El régimen
legal transitorio, por otra parte, ha dejado al descubierto jurídico algunas
áreas, donde parecen sobreponerse normas del régimen legal transitorio a la
Constitución, o donde ni el uno o el otro sistema constitucional tienen respuestas, creándose así “huecos legales” a
nivel constitucional, debido a que ninguna norma luce aplicable a la situación,
o que ella se hace dudosa ante dos normas que parcialmente se aplican.
Esta situación, que no puede ser resuelta mediante las acciones
ordinarias de inconstitucionalidad, sólo lo puede ser mediante interpretaciones
que impidan el solapamiento indebido de una norma con otra, o que llenen el
vacío dejado por normas que no lo resuelvan. Estos vacíos pesan sobre las
instituciones y por ende sobre la marcha del Estado.
Ya esta Sala, en el fallo del 28 de marzo de 2000 (expediente 737)
ha resaltado en forma tangencial tal situación.
Para resolverla, es impretermitible dar curso a la acción de
interpretación por parte de esta Sala.
7. Ha sido
criterio de esta Sala, que las normas constitucionales, en lo posible, tienen
plena aplicación desde que se publicó la Constitución, en todo cuanto no choque
con el régimen transitorio.
Muchas de estas normas están en espera de su implementación legal
producto de la actividad legislativa que las desarrollará.
El contenido y alcance de esas normas vigentes, pero aún sin
desarrollo legislativo, no puede estar a la espera de acciones de amparo, de
inconstitucionalidad o de la facultad revisora, porque de ser así, en la
práctica tales derechos quedarían en suspenso indefinido.
Como paliativo ante esa situación, las personas pueden pedir a esta
Sala que señale el alcance de la normativa, conforme a la vigente Constitución,
lo que hizo la Sala, sin que mediase petición al respecto, en la sentencia del
1 de febrero de 2000, cuando indicó el desenvolvimiento del proceso de amparo,
adaptando la ley especial a la Constitución vigente.
Además, de no ser objeto de interpretación, en la actualidad tales
normas se harían nugatorias, ya que sus posibles ambigüedades y obscuridades,
no podrían ser solucionadas, o lo serían en forma caótica, mientras no se
dicten las leyes que las desarrollen.
8.
También pueden existir normas constitucionales cuyo contenido ambiguo las
haga inoperantes, y ante tal situación, a fin que puedan aplicarse, hay que interpretarlas
en sentido congruente con la Constitución y sus principios, lo que es tarea de
esta Sala.
9.
Dada la especial situación existente en el país, producto de la labor
constituyente fundada en bases prestablecidas (bases comiciales), también puede
ser fuente de discusiones las contradicciones entre el texto constitucional y
las facultades del constituyente; y si esto fuere planteado, es la
interpretación de esta Sala, la que declarará la congruencia o no del texto con
las facultades del constituyente.
En consecuencia, la Sala puede
declarar inadmisible un recurso de interpretación que no persigue los fines
antes mencionados, o que se refiera al supuesto de colisión de leyes con la
Constitución, ya que ello origina otra clase de recurso. Igualmente podrá
declarar inadmisible el recurso cuando no constate interés jurídico actual en
el actor.
Advierte esta Sala, que la petición de interpretación puede resultar
inadmisible, si ella no expresa con precisión en qué consiste la oscuridad,
ambigüedad o contradicción entre las normas del texto constitucional, o en una
de ellas en particular; o sobre la naturaleza y alcance de los principios
aplicables; o sobre las situaciones contradictorias o ambiguas surgidas entre
la Constitución y las normas del régimen transitorio o del régimen
constituyente. Igualmente, será inadmisible el recurso, cuando en sentencias de
esta Sala anteriores a su interposición, se haya resuelto el punto, sin que sea
necesario modificarlo; o cuando a juicio de la Sala, lo que se plantea no
persigue sino la solución de un conflicto concreto entre particulares o entre
éstos y órganos públicos, o entre estos últimos; o una escondida forma
destinada a lograr una opinión previa sobre la inconstitucionalidad de una ley.
No existe en la legislación vigente un sistema mediante el cual los
jueces puedan consultar con la Sala Constitucional la constitucionalidad de las
normas a aplicar; y ello es así, porque -en principio- el mantener la
supremacía constitucional es tarea de
todos los jueces, lo que realizan mediante el control difuso de la
Constitución. Pero, lo conveniente es que las normas y principios de la Carta
Fundamental que requieren de interpretación, la reciban, a fin de su más
certera aplicación, sobre todo por no ser la Constitución un cuerpo estático,
anclado en el tiempo, sin adaptarse al cambio natural que sufren los principios
que la informan.
Ante la necesidad de una Constitución viva, lo natural es que ella
esté activa, sin necesidad de esperar que el azar, producto de juicios en curso,
traiga a la Sala el problema a resolver. Es esta otra causa de justificación
para la existencia del recurso autónomo de interpretación constitucional.
Dadas las consideraciones que se han
expuesto en este fallo, esta Sala estima que no existe razón lógica ni
teleológica para que la interpretación de la Constitución no se pueda realizar,
aun cuando ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, establecen un procedimiento para ventilar el recurso de
interpretación, y por ello, tratándose de un asunto de mero derecho, que no
requiere de instrucción de hechos, no considera necesario la Sala aplicarle el
artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, remitiéndose a
uno de los procedimientos existentes en dicha ley, para ventilar las diversas
demandas que ella contiene.
Por lo tanto, presentando el recurso, en el cual se indica su objeto, con indicación de las normas y principios sobre los que se pide la interpretación sobre su contenido y alcance; la Sala lo admitirá o no, y en caso que lo admita, en aras a la participación de la sociedad, si lo creyere necesario emplazará por Edicto a cualquier interesado que quiera coadyuvar en el sentido que ha de darse a la interpretación, para lo cual se señalará un lapso de preclusión para que los interesados concurran y expongan por escrito (dada la condición de mero derecho), lo que creyeren conveniente. Igualmente y a los mismos fines se hará saber de la admisión del recurso, mediante notificación, a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, quedando a criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sala el término señalado para observar, así como la necesidad de llamar a los interesados, ya que la urgencia de la interpretación puede conllevar a que sólo sean los señalados miembros del Poder Moral, los convocados.” (Subrayado de la Sala).
En el presente caso, la accionante ha solicitado la interpretación del artículo 174 de la vigente Constitución, en el sentido de aclarar si al indicar dicha norma que el gobierno y administración del Municipio corresponde al Alcalde, quien será, además, la primera autoridad civil del Municipio, está o no, suprimiendo la figura del Prefecto o está sustituyendo al Alcalde en las funciones que ejercía el Prefecto, lo cual no se subsume en ninguno de los supuestos de admisibilidad del recurso de interpretación establecidos en la sentencia parcialmente transcrita “supra”.
Siendo ello así, es decir, no apareciendo de autos el interés legítimo actual de la actora para incoar el presente recurso de interpretación ni pudiendo subsumirse, en manera alguna, la solicitud de la accionante en ninguno de los supuestos de interpretación a que se refiere la sentencia antes parcialmente transcrita, esta Sala considera que el presente recurso de interpretación es inadmisible, y así lo declara.
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de interpretación, del contenido y alcance del precepto consagrado en el artículo 174 de la Constitución con relación a la figura del Prefecto y a las funciones que éste desempeña, interpuesto por la abogada Carmen Aguiar Chinchilla.
Publíquese
y regístrese. Archívese el expediente.
Dada,
firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, a los 03 días del mes de SEPTIEMBRE de 2001. Años: 191° de la Independencia
y 142° de la Federación.
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El Vicepresidente-Ponente, Jesús
Eduardo Cabrera Romero
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Los Magistrados, |
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Antonio José
García García
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Pedro Rafael
Rondón Haaz
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Pedro Bracho
Grand
Suplente |
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El
Secretario, José Leonardo
Requena Cabello
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Exp. N°: 00-2908
J.E.C.R/