SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

Mediante escrito presentado en esta Sala el 16 de enero de 2001, el ciudadano JOSÉ ANTONIO MUDARRA RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.693.108, actuando con el carácter de Presidente del Consejo Legislativo del Estado Sucre, asistido por los abogados Tulio Alberto Álvarez, Marlene Yndriago Díaz y Luis Ramón Salazar García, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.003, 30.389 y 43.762, respectivamente, ejerció acción de amparo constitucional, contra los ciudadanos José Miguel Hernández, Luis Antonio Reyes y Francisco Hernández, quienes integran la Directiva del Consejo Legislativo Regional del Estado Sucre, por la violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 49 y 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En esa misma ocasión se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuado el estudio del expediente, esta Sala pasa a pronunciarse en relación a la presente acción de amparo, previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

El accionante, con fundamento en el criterio del hecho notorio comunicacional sostenido por esta Sala en sentencia Nº 98/2000 (caso Oscar Silva Hernández), refirió como hechos relevantes de la acción de amparo interpuesta reseñados en la prensa del Estado Sucre, que en sesión del 29 de diciembre de 2000, el Consejo Legislativo del Estado Sucre aprobó, por unanimidad, que la instalación de las sesiones correspondientes al período 2001-2002, se celebraría el 9 de enero de 2001.

Señaló que el 9 de enero de 2001 tuvo lugar la sesión de instalación del Consejo Legislativo del Estado Sucre, oportunidad en la que se eligió la nueva Directiva, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: el legislador José Miguel Hernández; Primer Vicepresidente: el legislador Francisco Hernández; Segundo Vicepresidente: el legislador Luis Antonio Reyes; Secretario de Cámara: Miguel Carrera; y Subsecretario de Cámara: Enyerber Muzo.

En tal sentido, adujo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 8, parágrafo único, y 9 del Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo, la referida reunión debió instalarse bajo su dirección, como último Presidente del referido Consejo Legislativo, y con la presencia de las dos terceras partes de los legisladores, dado que el Consejo Legislativo del Estado Sucre está integrado por nueve legisladores.

Continuó expresando que la referida Directiva fue elegida en forma ilegal e inconstitucional, con la presencia de sólo cinco (5) de los nueve (9) legisladores que conforman el Consejo Legislativo del Estado Sucre.

Por otra parte, alegó la violación del debido proceso, toda vez que el mencionado Reglamento “obliga al diferimiento de la designación de la Directiva pasados cinco (5) días consecutivos del momento originario de instalación...”.

Asimismo, alegó que la situación descrita ha generado una crisis institucional y un estado de incertidumbre y zozobra en el seno del referido Consejo Legislativo y en la comunidad del Estado Sucre.

II

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso, y al respecto observa que en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), esta Sala Constitucional estableció que le corresponde el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo constitucionales incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo cual asegura que el control de la violación constitucional a un derecho o garantía por parte de los hechos, actos u omisiones de tales autoridades “sean decididos con mayor certeza dado su posible incidencia en el acontecer político del Estado”.

En tal sentido, precisa esta Sala observar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 eiusdem, el fuero especial allí previsto debe reunir dos requisitos intrínsecos, cuales son la jerarquía constitucional y el carácter nacional, es decir, que la actividad de la autoridad derive de un mandato expreso de la Constitución y que su competencia sea ejercida en todo el territorio de la República, afectando así múltiples factores políticos, sociales y económicos de la Nación. Por consiguiente, el referido fuero especial no puede ser extendido a todo tipo de autoridad del Poder Público que no se encuentre dentro del supuesto contenido en la norma mencionada.

Ahora bien, en el caso bajo examen, advierte esta Sala que la acción fue interpuesta en contra del acto de instalación del Consejo Legislativo Regional del Estado Sucre, celebrado el 9 de enero de 2001, en virtud de lo cual resulta evidente que, siguiendo los criterios de competencia antes referidos, el conocimiento de tal acción no corresponde a esta Sala Constitucional, pues el acto que se estima lesivo no emana de alguna de las autoridades a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

A mayor abundamiento se observa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 336, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a esta Sala declarar la nulidad total o parcial de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ella.

Sin embargo, es necesario advertir que, el caso de autos versa sobre una acción de amparo autónomo interpuesta contra un acto emanado del Consejo Legislativo Regional del Estado Sucre, el cual no tiene carácter normativo, ni tampoco fue dictado en ejecución directa del Texto Fundamental, en razón de que la elección e instalación de la nueva directiva del mencionado Consejo Legislativo Regional se realiza ejecución de las disposiciones previstas en el Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Sucre Nº 570 Extraordinario, del 20 de diciembre de 2000. Asimismo, en el caso del Consejo Legislativo Regional del Estado Sucre, su competencia no abarca todo el territorio de la República, pues sus potestades están circunscritas a los límites del Estado Sucre, de lo que se desprende que el Consejo Legislativo Regional aludido, escapa del enunciado del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual esta Sala, con base en los razonamientos expuestos, se declara incompetente para conocer de la acción interpuesta. Así se decide.

Visto lo anterior, observa esta Sala que, el deslinde competencial para el conocimiento de las acciones de amparo constitucional debe ser hecho con fundamento en el criterio de afinidad entre la materia natural del juez y los derechos o garantías denunciados como infringidos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y en atención al criterio sostenido en sentencia N° 1555/2000 (caso Yoslena Chanchamire Bastardo), considera esta Sala que la acción de amparo ejercida contra un acto de naturaleza administrativa emanado de un órgano legislativo regional, debe tramitarse ante la jurisdicción contencioso administrativa de la región respectiva.

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala declara competente para conocer del presente caso al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, con sede en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, por lo que ordena remitirle el expediente a los fines de que sea éste el que emita pronunciamiento acerca de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano JOSÉ ANTONIO MUDARRA RODRÍGUEZ. Así se declara.

III

DECISIÓN

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSÉ ANTONIO MUDARRA RODRÍGUEZ, antes identificado, asistido por los abogados Tulio Alberto Alvarez, Marlene Yndriago Díaz y Luis Ramón Salazar García, contra el Consejo Legislativo Regional del Estado Sucre.

SEGUNDO: COMPETENTE al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, con sede en la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui, para conocer de la referida acción y, en consecuencia, ORDENA la remisión del expediente al mismo, a fin de que emita pronunciamiento sobre el amparo constitucional interpuesto.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 28 días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente,

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vice-Presidente,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Magistrados,

JOSÉ M. DELGADO OCANDO ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

Ponente

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. 01-0069.

AGG/alm