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El 30 de enero de 2002, el abogado Sebastiano Valvo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 14.965, con el carácter de apoderado judicial de Transporte Nirgua Metropolitano C.A., constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada, según consta de documento inscrito en el Registro de Comercio que llevó el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 29 de abril de 1964, bajo el N° 70, transformada luego en compañía anónima, según consta de documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la mencionada Circunscripción Judicial, el 21 de octubre de 1997, bajo el No. 40, Tomo 104-A, interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 1° de octubre de 2001.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo, a los fines del pronunciamiento sobre la presente acción de amparo.
Por
decisión del 15 de mayo de 2002, se admitió la acción intentada, y efectuadas
las notificaciones ordenadas en dicho fallo, tuvo lugar la audiencia
constitucional, a la cual comparecieron el representante judicial de la parte
actora y la representación del Ministerio Público, dejándose constancia de la
inasistencia del juez agraviante; en tal oportunidad, se declaró con lugar la
acción de amparo. Seguidamente,
procede la Sala a publicar el texto íntegro del fallo, previas las siguientes
consideraciones:
I
De la Acción de Amparo
I. Narró, el
identificado abogado, como antecedentes del caso, los siguientes:
Que los ciudadanos Teodoro Brito, Ana Sixta de Brito
y Antonio José Flores demandaron a su mandante por indemnización de daños y
perjuicios derivados de accidente de tránsito, ante el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo, el cual decidió con lugar las cuestiones previas
contenidas en los numerales 3, 6, y 8 del artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil, por decisión del 15 de marzo de 2001, produciéndose la extinción del
proceso y dio origen al recurso de apelación, intentado por la parte actora en
aquel juicio, del cual conoció el mencionado Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito,
del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, accionado a
través del presente amparo.
Explicó el aludido apoderado que
dicho Juzgado Superior, por auto del 20 de junio de 2001, fijó un lapso de
treinta (30) días calendarios consecutivos, a partir de ese mismo día, para
dictar sentencia. Luego, de acuerdo con providencia dictada el 20 de julio de
2001, dicho Juzgado difirió el acto para dictar dicha sentencia por treinta
(30) días calendarios consecutivos, contados desde esa oportunidad.
Afirmó que, estando la causa en
estado de sentencia, el indicado órgano judicial dictó auto a través del cual
declaró la paralización del proceso, debido a la verificación de una huelga de
trabajadores tribunalicios. No obstante, la
suspensión de la causa y luego de transcurridos los treinta (30) días
calendarios consecutivos relativos a la prórroga del lapso para sentenciar, sin
que se practicara notificación alguna, se publicó la sentencia que decidió la
apelación ejercida por los actores, declarándola con lugar y revocando la
decisión dictada por el juez de instancia; fallo que según el mismo señaló se
profería dentro del lapso correspondiente, “partiéndose de la premisa de que
este lapso había quedado extendido por mandato legal en un número de días igual
a los días que duró la referida huelga tribunalicia, de acuerdo con el auto de
fecha 14.08.01”.
Asimismo, indicó que, por diligencia
del 24 de octubre de 2001, los actores solicitaron se declarara definitivamente
firme la sentencia y se procediera a remitir el expediente al tribunal de la
causa, lo cual se ordenó por auto del 31 de octubre de 2001. Posteriormente,
por diligencia del 18 de diciembre de 2001, aquellos solicitaron de ese
tribunal que se nombrara un experto contable para que determinara el quantum
de la condenatoria de la presente causa, a través de experticia
complementaria del fallo.
II. Prosiguió
el apoderado de la compañía accionante del amparo explicando en su narración,
en que consisten las violaciones constitucionales que denunció; así, sostuvo
que, la decisión presuntamente lesiva lesiona el derecho al debido proceso y
juzgamiento, consagrado en el artículo 49 de la Constitución, a su patrocinada.
Tal
alegato lo fundamentó, en primer lugar, en el hecho de que la sentencia se
pronunció sobre la cuestión de fondo, a pesar de que sólo conocía de la
declaratoria con lugar de las cuestiones previas opuestas, con la consecuente
extinción del proceso, lo que originó una extralimitación de su competencia,
incurriendo en usurpación de funciones y en violación del derecho que tiene su
patrocinada de ser juzgada por sus jueces naturales, al haberse excedido en el
tema de la apelación, cuando decidió desechar el poder otorgado por su mandante
a la abogada Astrid Espitia, así como las actuaciones realizadas por ésta y su
sustituto, por considerar que éste había sido otorgado en forma irregular.
Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, el fallo lesivo estableció que la
demandada nunca había comparecido a juicio, a pesar de haber sido regularmente
citada, “y en razón de ello, decidió que la misma había incurrido en
confesión ficta”.
Indicó
que, la recurrida había declarado, además, parcialmente con lugar la acción
incoada contra su representada. En este sentido, estimó que el juez debió
limitarse a revocar la decisión y reponer la causa para que el a quo
dictara sentencia conociendo del asunto de fondo, respetando el derecho que le
asiste a aquella de obtener decisión de fondo en cada una de las instancias de
conocimiento, derecho que no podría afectarse aun cuando en materia de tránsito
terrestre se disponga que todos los aspectos de la causa (preliminares y de
fondo) deben ser decididos en la sentencia definitiva.
Asimismo,
y como segunda argumentación, adujo que la sentencia cuestionada fue proferida
en una causa que se paralizó en estado de sentencia, sin que antes se hubiese
notificado a las partes la reanudación del proceso. Así, -explicó- desde el
momento en que el órgano agraviante decide paralizar la causa por la huelga
tribunalicia, “que inició el 31.07.01, y terminó el 10.08.01, el Juzgado
Superior no ha podido actuar en el proceso, tal y como lo hizo el día 01.10.01,
cuando se publica la sentencia lesiva, y el día 31.10.01, cuando se acuerda
remitir el expediente al Tribunal de la Primera Instancia, pues, durante el
juicio de apelación, la estadía a derecho de las partes cesó en el mismo
momento en que fue dictado dicho auto.” En efecto, -aseguró-, si la
suspensión decidida por el Juez Superior, “no aparece fundada en un motivo legal,
sino en una circunstancia casuística, como lo es la referida huelga
tribunalicia, desde luego que este Juzgador no ha podido regular la
continuación de la causa, de conformidad con el mecanismo de detención y
reanudación automática, reservado exclusivamente para las causas en estado de
suspenso por algún motivo legal.” En consecuencia, no podía dictarse sentencia en una causa
paralizada sin que antes se hubiese notificado a las partes de su reanudación.
Como
tercera cuestión afirmó que el expediente, en el cual se dictó la actuación
considerada lesiva, fue remitido al a quo sin que se hubiese dejado
transcurrir íntegramente el lapso para el anuncio del recurso de casación. En
cuanto a este alegato, señaló que “si en el caso la única prórroga válida del
lapso para sentenciar, es el diferimiento por treinta días calendario
consecutivos contados a partir de la fecha 20.07.01, al haberse publicado la sentencia lesiva en fecha 01.10.01,
evidentemente que la misma resulta extemporánea” por lo que resultaba
necesaria la notificación de las partes.
III. Por
último, peticionó el apoderado judicial de la compañía presuntamente agraviada,
a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, y para
restituir a su patrocinada en el goce y disfrute de los derechos conculcados,
que se anulase la sentencia lesiva, así como todo acto consecuencial o conexo
con dicha sentencia y que se ordene al Juzgado Superior Segundo en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo, dictar nueva sentencia sin incurrir en las
violaciones enunciadas.
Igualmente, solicitó medida cautelar
consistente en la suspensión de los efectos de la sentencia dictada, el 1° de
octubre de 2001, por el referido Juzgado Superior, por los perjuicios que su
ejecución le produciría al patrimonio de su representada.
II
De la Actuación Judicial Supuestamente Lesiva
El presunto acto lesivo, objeto de la presente acción de amparo, está contenido en una sentencia del mencionado Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 1° de octubre de 2001, que declaró con lugar la apelación ejercida por la parte accionante contra la decisión del 15 de marzo de 2001, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
En
este sentido, se observa que la decisión se refirió, como capítulo previo, a la impugnación del poder; así,
luego de declarar lo temporáneo de tal alegato, indicó:
“La disposición prevista en el artículo 155 del Código de
Procedimiento Civil consagra en esencia un régimen de mayores facilidades para
las partes y para los funcionarios, eliminando la trascripción de las normas
estatutarias de apoderamiento contenidas en los documentos presentados para
demostrar la facultad de obrar por otro y sustituyéndola simplemente por la
sola mención de ‘los documentos, gacetas, libros o registros que le han sido
exhibidos, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás actos que
concurran a identificarlo, sin adelantar ninguna apreciación o interpretación
jurídica de los mismos’...(...)...”.
La finalidad de la constancia que debe dejar el funcionario
que autorice el acto de otorgamiento del poder, es la de posibilitar al
interesado la verificación y revisión mediante el examen respectivo, de los
documentos que acreditan la representación del poderdante o del sustituyente,
en sus casos.
Amén de la constancia que debe hacer el funcionario que
otorga el mandato poder es indispensable, en criterio de quien decide que en el
texto del poder se mencionen los instrumentos que acreditan la cualidad de
representación del otorgante para que de esta manera se permita el examen de
los documentos enunciados en el poder, pudiendo efectuarlo el interesado bien,
ante las oficinas donde se encuentren los originales o copias certificadas de
los mismos, o bien solicitando la exhibición de acuerdo a la regla del artículo
156 del Código de Procedimiento Civil.
El dispositivo legal del artículo 156 eiusdem no desarrolla
un medio de impugnación, descansando esa norma en el derecho a la defensa de
las partes, estableciendo el legislador un procedimiento donde la parte
interesada pueda acceder a la prueba del carácter que dice tener el poderdante,
ello para constatar si el poder es ineficaz, por no existir la relación de
representación entre la parte y el poderdante.
Este examen de los instrumentos exhibidos tiene un carácter
de instructorio, y es previo a la objeción del poder, lo cual al solicitarse la
exhibición, la parte no estaría convalidando el poder por falta de impugnación,
si no que tendría que esperar el acto de exhibición y después de analizados los
instrumentos puestos a su vista, verificar las circunstancias que le permitan
impugnar el mandato consignado.
En el caso de autos se verifica el poder consignado por la
abogada Astrid Espitia Guzmán, la obligación del otorgante de exhibir los
documentos que acreditan su representación y facultad para realizar tal
actividad en nombre de la sociedad mercantil, y ponerlo a la vista del notario
Público incumpliendo de esta manera con un registro esencial exigido en el
artículo 155 del Código de Procedimiento Civil ”.
Seguidamente
y con apoyo en doctrina sentada por la Sala de Casación Civil, decidió que “el incumplimiento de las formalidades
señaladas en el mandato consignado a los autos por la abogada Astrid Guzmán, lo
hacen incurrir en un vicio que afecta de validez el poder, careciendo la
abogada que aduce representar a la demanda de representación legítima así como
también carece de efecto y validez la sustitución de poder efectuada en la
persona del abogado Arnaldo Moreno León, al ser realizada por una persona que
no tenía facultad para ello...”.
Por
otra parte, y como consecuencia del anterior fallo, declaró confesa a la parte
demandada, por lo que “en
relación con las pretensiones del actor”, condenó a la demandada al pago de distintas
indemnizaciones, descritas en la sentencia anexa en copia certificada en el
presente expediente, derivadas de daños materiales, por lesiones corporales,
daño emergente y daños morales sufridos por los demandantes o sus causantes.
Finalmente,
la sentencia declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada
contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2001 por el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción
Judicial; revocó dicha decisión y declaró parcialmente con lugar la demanda intentada
en el juicio por indemnización de daños morales y daño emergente, en el cual la
accionante de la presente acción de amparo es demandada, condenándola, en
consecuencia, al pago de cantidades de dinero.
III
Analizados
los argumentos expuestos y revisadas las actas procesales que conforman el
presente expediente, esta Sala observa que, invocada como fue la transgresión
del debido proceso de la compañía agraviada, contemplado en el artículo 49 de
la Constitución, debe verificarse si efectivamente se produjo tal lesión que
haga procedente la protección constitucional peticionada.
Al
respecto, se observa que el apoderado judicial de la parte demandante alega que
el Juez Superior Segundo en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo cuando emitió el fallo
cuestionado, se pronunció sobre el asunto de mérito, cuando debió limitarse a
decidir acerca de la apelación ejercida contra la declaratoria con lugar de las
cuestiones previas contenidas en los ordinales 3°, 6° y 8° del artículo 346 del
Código de Procedimiento Civil opuestas por esa parte, las cuales habían sido
declaradas con lugar por el juez de la causa, con cuya actuación se extralimitó
en su competencia, incurriendo en usurpación de funciones y transgrediendo el
derecho de su mandante a ser juzgada por el juez natural.
Esta
Sala observa, en virtud del alegato expuesto que, revisado el fallo impugnado,
se evidencia que el Juez Superior contra quien se ejerce la presente acción,
actuando como alzada del juzgado de la causa contra el cual se había ejercido
el recurso de apelación, procedió a pronunciarse en capítulo previo sobre la
impugnación del poder realizada por la parte actora en el mismo juicio en el
que se decidiera con lugar las aludidas cuestiones previas lesiva,
considerando, a tal efecto que, habiéndose efectuado tal defensa el a quo no
había emitido pronunciamiento al respecto, por lo que consideró que el mismo
debía producirse.
En
este sentido, procedió a analizar el alegato formulado y expresó un juicio de
valoración y juzgamiento en relación con el mismo, concluyendo en la
procedencia de la impugnación, al considerar que, en el otorgamiento del
instrumento poder se había obviado formalidades establecidas en el Código de Procedimiento
Civil, lo que, naturalmente, trajo como consecuencia la nulidad de las
actuaciones ejecutadas por los supuestos apoderados haciendo que operara la
confesión ficta del demandado, actual accionante en amparo.
Observa
esta al respecto que, el conocimiento de la alzada estaba determinado por el
asunto que era objeto de la apelación ejercida y que, si bien había sido
impugnado el poder con que actuó la representación de la demandada, lo que no
fue decidido por el juez de la causa, cuando el Juzgado Superior advirtió tal
omisión en que había incurrido el a quo, debió ordenar la reposición de
la causa y abstenerse de decidir sobre esa impugnación como lo hizo, pues lo
sometido a su revisión se limitaba al juzgamiento de las cuestiones previas
opuestas y decididas en la primera instancia; de allí que, al emitir opinión
sobre la aludida impugnación, excedió su competencia y subvirtió el debido
proceso, toda vez que desconoció el principio de la doble instancia que debía
regir en el proceso de cuya revisión conocía, como órgano superior jerárquico,
actuación que comporta una violación al debido proceso, previsto en el artículo
49 de la Constitución.
En este contexto, la Sala estima
necesario hacer las siguientes consideraciones:
El derecho al debido proceso se consagra
como un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías
indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela
judicial efectiva. En este sentido, la Sala, mediante decisión del 15 de marzo
de 2000, (caso: Enrique Méndez Labrador), señaló la necesidad de que cualquiera sea
la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos,
las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que
asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela
judicial efectiva. En consecuencia, teniendo presente que las normas de
procedimiento son una expresión de los valores constitucionales, la acción de
amparo contra resoluciones, sentencias, actos u omisiones de los Tribunales de
la República, está dirigida a proteger el derecho a un debido proceso que
garantice una tutela judicial efectiva. Así las cosas, el justiciable, salvo
las excepciones previa y expresamente establecidas en la ley, tiene derecho a
que en dos instancias de conocimiento se produzca un pronunciamiento acerca de
una defensa o alegato opuesto, como lo era, en este caso, la impugnación
efectuada al poder, lo que al haber sido decidido por quien debía y si por el
Superior de manera sorpresiva, no le permitió a la parte contra quien obró tal
pronunciamiento formular su defensa, en tanto que constituyó un exceso para el
juzgador quien tenía delimitado el objeto de la apelación exclusivamente a la
cuestión decidida por la instancia.
Por
tanto, esta Sala considera que, en el caso sub iudice, tal como lo
adujeron los accionantes, se verificó la violación del debido proceso, toda vez
que el Juez de alzada subvirtió con su actuación el orden procesal
preestablecido. De allí que tal decisión, efectuada en transgresión a las
atribuciones conferidas a dicho Juzgado como superior jerárquico del tribunal
de la causa, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituye una
actuación no ajustada a derecho que lesiona los derechos constitucionales
invocados, por lo que resulta forzoso declarar con lugar la presente acción de
amparo. Así se declara.
Como
consecuencia de lo anterior, esta Sala Constitucional declara la nulidad de la
decisión dictada por el Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 1° de octubre
de 2001, ordenándose reponer la causa al estado que se dicte sentencia
atendiendo a la doctrina contenida en este fallo.
Vista
la anterior declaratoria, en virtud de la reposición decretada, esta Sala
considera innecesario emitir alguna decisión acerca de las demás infracciones
por resultar inoficioso un pronunciamiento al respecto.
IV
Decisión
En
fuerza de los anteriores razonamientos este Tribunal Supremo de Justicia, en
Sala Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente acción de amparo
interpuesta por el abogado Sebastiano Valvo, en su carácter de apoderado
judicial de Transporte Nirgua
Metropolitano C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado
Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo, el 1° de octubre de 2001.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo
ordenado.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de SEPTIEMBRE
de dos mil dos (2002). Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO
CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO J.
GARCÍA GARCÍA PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
El Secretario,