Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, extensión Barquisimeto, mediante sentencia dictada el 20 de diciembre de 2011, estableció como hechos acreditados los siguientes:

“(…) en fecha 13/05/2011 los funcionarios SM/2da. Ángel Colmenares Camacaro, Sgto./2do. Arlys Torres Yaguas, Sgto./2do. Miguel Ilarque y Sgto./2do. Francisco Castillo, adscritos a la Segunda Compañía del Destacamento de Comandos Rurales Nº 49 del Destacamento Nº 47, Comando Regional Nº 4 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con sede provisional en la zona industrial de El Tocuyo, parroquia Bolívar, municipio Morán del estado Lara, siendo aproximadamente las 08:00 p.m. salen en comisión cumpliendo órdenes verbales del Capitán Eduardo José Molina Molina, Comandante de la Segunda Compañía del citado Destacamento Rural, cuando a las 10:30 p.m. aproximadamente se desplazaban por la Urbanización Santa Eduviges, parte alta específicamente la (sic) dirección al gimnasio cubierto, vía caserío Santa Rita de El Tocuyo, cuando avistan a dos ciudadanos a bordo de una moto, quienes al observar la comisión tomaron una actitud sospechosa y nerviosa, motivo por el cual se les dio voz de alto previa identificación como funcionarios de la Guardia Nacional, quienes hicieron caso omiso a la orden impartida y emprenden huida generándose una persecución, sin embargo, el ciudadano que viajaba como copiloto sale expelido del vehículo y por ende logran darle captura en el sitio, procediendo el mismo a identificarse como funcionario activo de la Guardia Bolivariana (sic) con el propósito de no ser objeto de la revisión corporal, enseñando su carnet de identificación militar y una boleta de permiso vacacional, desde el 04/05/11 hasta el 04/06/11 en la cual se denota que está adscrito a la Primera Compañía del Destacamento de Seguridad Urbana Miranda (DESUR- MIRANDA) del Comando Regional Nº 5 del estado Miranda. Seguidamente, los efectivos actuantes le indican que sería objeto de inspección corporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual se realizó sin presencia de testigos por no contar con la presencia de persona alguna que prestase la colaboración, logrando incautarse en el interior del bolsillo del lado derecho del pantalón que vestía, un envoltorio de material plástico color negro de regular tamaño, contentivo en su interior de 80 envoltorios elaborados en material de papel aluminio de color marrón, contentivo en su interior de restos vegetales presuntamente de la droga conocida como Marihuana, con un peso neto aproximado de ciento veinte gramos (120 grs.), procediéndose en el acto a realizar la detención del ciudadano identificado como Carlos Javier Orellana García (…)”.

Por esos hechos, el mencionado Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio CONDENÓ al ciudadano CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-17.873.656, a cumplir la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN, tipificado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

El 3 de abril de 2012, el ciudadano Abogado Eddie Clemente Tisoy, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 133.370, Defensor Privado del ciudadano acusado CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA, ejerció recurso de apelación, contra la sentencia anteriormente aludida.

El 13 de julio de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, integrada por los ciudadanos jueces Yanina Beatriz Karabín Marín, José Rafael Guillén Colmenares (ponente) y Fray Gilberto Abad Véliz, ADMITIÓ el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

El 31 de julio de 2012, la aludida Corte de Apelaciones, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia.

El 30 de octubre de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, impuso al ciudadano CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA, de la sentencia dictada por esa Corte, el 31 de julio de 2012.

El 9 de noviembre de 2012, la ciudadana Abogada Rocío del Valle Valbuena, Defensora Pública Sexta Penal de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en su carácter de Defensora del ciudadano CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA, interpuso recurso de casación contra el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, el 31 de julio de 2012.

Vencido el lapso establecido en el artículo 464 (vigente para el momento de la interposición del recurso de casación, hoy artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal) sin que la otra parte diera contestación al mismo, la referida Corte de Apelaciones, remitió las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.

El 22 de enero de 2013, ingresó el expediente, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente a la Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ.

El 31 de enero de 2013, conforme a lo establecido en el artículo 103 único aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se reasignó la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, y encontrándose la Sala en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del presente recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar sentencia, en los términos siguientes:

RECURSO DE CASACIÓN

ÚNICA DENUNCIA

            La recurrente denunció la violación de la Ley por falta de aplicación del artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, argumentando que:

“(…) En el presente caso observamos que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, al decidir sobre el recurso interpuesto por la Defensa Privada del ciudadano CARLOS ORELLANA, el cual según consta en la decisión recurrida su razón de ser fue la siguiente: ‘Se recurre de la sentencia emitida por el Juzgado de Juicio N° 2 de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 22-11-2011, por presentar inmotivación de la misma, falta de correlación y apreciación de las deposiciones evacuadas en las distintas sesiones que se desarrollaron en el presente juicio oral y público’ (…)

Es el caso que la Corte de Apelaciones sólo se limita a responder y decidir sobre la inmotivación denunciada, dejando un vacío inmenso al no pronunciarse sobre lo peticionado en relación a la apreciación de las pruebas que es un vicio gravísimo en el que incurrió la Juez de Juicio N° 2, en tal sentido vemos que no hubo un balance ni igualdad en la apreciación de las pruebas, cuando declararon en el juicio oral y público cinco funcionarios que establecen una versión que fue explanada al inicio del procedimiento en la correspondiente acta policial y defendida en el debate pero que en contraposición y en atención al principio de contradicción debemos observar que acudieron al debate seis de parte de los testigos de la Defensa, que fueron igualmente contestes, lógicos y convincentes que establecieron otros hechos que ponen en tela de juicio el dicho de los funcionarios y fortalecen el Principio de Presunción de Inocencia que ampara a mi representado que por primera vez se ve incurso en proceso de esta naturaleza. Así las cosas la Juez de Juicio no observa las demás pruebas con las que contaba que son las Científicas, vale decir, la Experticia de Barrido a una prenda de vestir (pantalón) en la cual supuestamente fue hallada la droga que dio como resultado NEGATIVO, así como el Raspado de Dedos que igualmente resultó NEGATIVO lo que fortifica la inocencia de mi representado pues deja sentado científicamente que el acusado no tuvo contacto con la sustancia supuestamente hallada en su poder, pero que la Juez insólitamente interpreta sus resultados en contra del justiciable. De ello no responde la Corte de Apelaciones pues se limita a dar respuesta a la ‘falta de motivación’ alegada por la defensa.

Es evidente que hubo un desbalance en la apreciación de la pruebas y lo más grave y violatorio al Derecho a la Defensa que asistía a mi representado es que la Corte condescendió que la Juez de Juicio apreciara las pruebas conforme a un sistema autocrático y con un criterio no autorizado por nuestro ordenamiento penal adjetivo, vale decir ‘ilegal’ pues se limita a desechar los testimonios ofrecidos por la defensa todos bajo un mismo motivo (…)

Observamos entonces que la Corte de Apelaciones nada expresa al respecto de esta forma ilegal de apreciar las pruebas por parte de la Juez de Juicio que no entra a valorar los testigos de la defensa y los desecha de plano sólo porque son amigos y familiares del acusado, es decir, no observa si entraron en contradicciones, en aseveraciones ilógicas o increíbles o si fueron o no contestes en sus deposiciones sino que los rechaza de plano con un criterio ilegal e ilógico, máxime cuando los hechos aseverados por los testigos y acusado se tratan de una irrupción de los funcionarios policiales en la casa del investigado, entonces nos preguntamos ¿Quién si no vecinos, familiares o amigos pueden ser testigos o espectadores en un suceso ocurrido en una vivienda?. Esencialmente cuando muchos de ellos se encontraban en la vivienda o a escasos metros de la misma, en razón de la cualidad que tenían, es decir los familiares dentro de la vivienda y los vecinos fuera pero con la cercanía suficiente para apreciar los hechos.

No explica la Juez de Primera Instancia y mucho menos la Corte de Apelaciones como queda el principio de contradicción y el sistema de valoración de pruebas aceptado y validado por nuestro ordenamiento penal adjetivo. Esta Defensa sabe que la Corte de Apelaciones no puede analizar ni comparar las pruebas pero es indispensable para una sana administración de justicia que analice y supervise el sistema de valoración de las pruebas utilizado por la Juez de Juicio.

En relación a la declaración de familiares o allegados del acusado ese Máximo Tribunal ya se ha pronunciado al respecto, traigo a colación la Sentencia N° 563 de la Sala de Casación Penal, expediente N° C08-253 de fecha 23/10/2008. Cuyo extracto principal expresa lo siguiente: ‘(…) no existe impedimento a familiares o allegados para declarar a favor o en contra del acusado, y por otra parte habría que observar si se trata de testigos presenciales, como parece ser el presente caso, y si sus dichos concuerdan entre si llegan o no a convencer efectivamente al Juez sobre la verdad de los hechos.’

Es clara la Sala al establecer que no existe obstáculo alguno para que familiares y /o allegados ofrezcan su declaración en un debate oral y público, lo que hace que la decisión aquí recurrida sea violatoria de los derechos del débil jurídico que en el presente caso es mi representado, pues fue el único fundamento que sirvió para condenar a mi defendido por el delito de Distribución de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a ocho años de Prisión, situación que debe ser restituida por esta máxima instancia que es la pretensión de esta parte.

El Derecho a la Defensa presupone la garantía de que a todo ciudadano especialmente a un imputado o acusado se le respetará los Principios de Presunción de Inocencia, Debido Proceso, Igualdad y Contradicción, hago este señalamiento porque la Corte de Apelaciones en su sentencia, al momento de iniciar sus consideraciones, lo hace con un esbozo de lo que significa el problema de la Droga, sus implicaciones en la juventud, el notorio crecimiento del negocio de la droga, su incidencia en la sociedad y expresa realidades profundas y trágicas que esta defensa no desconoce. Lo que critica esta parte es el escenario y oportunidad en que la Corte de Apelaciones hace tales aseveraciones, expresando indirectamente una culpabilidad antes de apreciar los hechos y el derecho poniendo en evidencia que antes de analizar el caso ya se encontraba predispuesto a confirmar la culpabilidad de mi representado.

Ciudadanos Magistrados de nuestro Máximo Tribunal, queda claro que la Corte violó el Derecho a la Defensa, consagrado en el artículo 49 ord. 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollado en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal (…)

Mi representado no fue tratado con igualdad pues su verdad y las pruebas con las que pretendía defenderla fueron desechadas sin argumento legal, de forma írrita, pues sólo fueron apreciados y valorados los elementos probatorios que presentó el Ministerio Público que servían para inculparlo (declaraciones de cinco funcionarios actuantes, ciudadanos de esta nación con la misma credibilidad que los seis testigos presentados por la defensa) no tomando en cuenta elementos científicos como la Experticia de Barrido del Pantalón y el Raspado de Dedos que dieron resultados Negativos y que debieron valorarse debidamente a favor del justiciable (…)”. (Destacado del original).

            La Sala, para decidir, observa:

            La recurrente en su recurso de casación, denunció violación de ley por falta de aplicación del artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara: “(…) sólo se limita a responder y decidir sobre la Inmotivación denunciada, dejando un vacío inmenso al no pronunciarse sobre lo peticionado en relación a la apreciación de las pruebas (…)”.

De la lectura de la denuncia se evidencia que la defensa del ciudadano CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA, atribuye a la recurrida la violación de normas constitucionales que consagran el derecho al debido proceso (artículo 49.1), así como de normas legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 12), que establecen principios y garantías procesales, pero omite señalar de qué manera la Corte de Apelaciones incurrió en el vicio denunciado, limitándose a indicar que incurrió en falta de aplicación de dichas normas, sin otros argumentos que justifiquen o motiven su pretensión.

Señala también la defensa en su escrito recursivo que:

“(…) es un vicio gravísimo en el que incurrió la Juez de Juicio N° 2, en tal sentido vemos que no hubo un balance ni igualdad en la apreciación de las pruebas, cuando declararon en el juicio oral y público cinco funcionarios que establecen una versión que fue explanada al inicio del procedimiento en la correspondiente acta policial y defendida en el debate pero que en contraposición y en atención al principio de contradicción debemos observar que acudieron al debate seis de parte de los testigos de la Defensa (…)”.

Respecto a este punto es necesario destacar que la Sala de Casación Penal, ha establecido que:

“(…) los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación, procurar que se analicen incidencias propias de primera instancia, impidiéndole atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones y por el Tribunal de Juicio, ya que la procedencia de este recurso es extraordinario y sólo dimana contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, tal como lo establece el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”. (Sentencia N° 83, del 3 de marzo de 2011).

Se evidencia que, en definitiva, la recurrente lo que ataca es la decisión del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio, pues manifiesta su inconformidad respecto al análisis y apreciación de las pruebas por parte del juez de juicio y por ende su inconformidad por la sentencia condenatoria impuesta a su defendido y lo que para ella fue una decisión compuesta de contradicciones y dudas sobre los hechos y las pruebas debatidas en el juicio oral y público, sin exponer de manera motivada los vicios que presuntamente fueron cometidos por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, que es el objeto del recurso de casación, conforme a lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal conforme a lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada Rocío del Valle Valbuena, Defensora Pública Sexta Penal de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en su carácter de Defensora del ciudadano CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada Rocío del Valle Valbuena, Defensora Pública Sexta Penal de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en su carácter de Defensora del ciudadano CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los diez (10) días del mes de abril de 2013. Años 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente

 

El Magistrado Vicepresidente

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

Los Magistrados

 

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ

 

ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

VOTO SALVADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, yo ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión fundado en los siguientes términos:

La mayoría de los Magistrados que integran esta Sala de Casación Penal, DESESTIMARON POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la abogada Rocío del Valle Valbuena, Defensora Pública Sexta Penal de la Circunscripción Judicial del estado Lara, a favor del ciudadano CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA, por considerar que:

“…la recurrente lo que ataca es la decisión del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio, pues manifiesta su inconformidad respecto al análisis y apreciación de las pruebas por parte del juez de juicio y por ende su inconformidad por la sentencia condenatoria impuesta a su defendido y lo que para ella fue una decisión compuesta de contradicciones y dudas sobre los hechos y las pruebas debatidas en el juicio oral y público, sin exponer de manera motivada los vicios que presuntamente fueron cometidos por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, que es el objeto del recurso de casación, conforme a lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

Ahora bien, no estoy de acuerdo con la presente decisión, por cuanto del Recurso de Casación interpuesto por la Defensa Pública, se desprende que lo alegado por ésta, es que la Corte de Apelaciones no se pronunció en cuanto “…a la apreciación de las pruebas que es un vicio gravísimo en el que incurrió la Juez de Juicio N° 2…”, por considerar que no hubo “…un balance ni igualdad en la apreciación de las pruebas, cuando declararon en el juicio oral y público cinco funcionarios que establecen una versión…en contraposición…de los testigos de la Defensa…que establecieron otros hechos que ponen en tela de juicio el dicho de los funcionarios y fortalecen el Principio de Presunción de Inocencia…”.

De lo antes dicho, se observa que el Recurso de Casación interpuesto por la defensa, expresamente manifestó su inconformidad respecto a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, razón por la cual, mal puede esta Sala desestimar por manifiestamente infundado  dicho recurso, cuando éste cumple con las exigencias de los artículo 451, 452 y 454, todos del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud de lo antes explicado, y considerando lo señalado por la recurrente en su escrito recursivo, de ser cierta la denuncia planteada, estaríamos frente a una clara violación del debido proceso por parte del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, la cual fue convalidada por la Corte de Apelaciones, del referido Circuito Judicial, ya que la defensa alegó, que su defendido CARLOS JAVIER ORELLANA GARCÍA fue condenado por la comisión del delito de  TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN, tipificado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, a cumplir la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN,  únicamente con las declaraciones de los cinco funcionarios policiales que practicaron la inspección a su persona y posterior aprehensión, no siendo éstas, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala (sentencia N° 277 de fecha 14 de julio de 2010, ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, cuya máxima dice: “…el dicho de los funcionarios sólo constituye un indicio de culpabilidad contra aquel…resultar (sic) insuficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado”), pruebas suficientes para condenar al acusado, puesto que es necesaria la presencia y la declaración de testigos para establecer la culpabilidad y desvirtuar el principio de presunción de inocencia, razón por la cual la Sala ha debido ADMITIR el Recurso de Casación interpuesto por la Defensora Pública Sexta de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a favor del acusado de autos, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 ordinal 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relacionados con la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, en concordancia con el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

Quedan así expresadas las razones por las cuales salvo mi voto en la presente decisión. Fecha up supra.

 

La Magistrada Presidenta,

 

Deyanira Nieves Bastidas

 

El Magistrado Vicepresidente,        La Magistrada Disidente,

 

Héctor Coronado Flores                 Úrsula María Mújica Colmenarez

 

 

El Magistrado,                                 La Magistrada, 

 

Paúl José Aponte Rueda              Yanina Beatriz Karabín de Díaz  

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

La Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, no firmó la sentencia ni el voto por motivo justificado.

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

DNB/

Exp. Nro. RC13-033