Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

El veinticuatro (24) de febrero de 2016, se dio entrada en esta Sala de Casación Penal al oficio identificado con el núm. 1867, de fecha veintidós (22) de febrero de 2016, suscrito por ANTONIO JOSÉ CORDERO RODRÍGUEZ, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual remitió original de la nota verbal identificada con el nro. 23, de fecha doce (12) de febrero de 2016, procedente de la Embajada del Reino de España acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, por conducto del cual adjuntó la documentación judicial que sustenta la solicitud de extradición del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, quien aparece identificado en el expediente con la cédula de identidad E-81.996.153, por la presunta comisión de los delitos de “ASESINATO, ASESINATO FRUSTRADO, ROBO, ROBO DE VEHÍCULO CON INTIMIDACIÓN A PERSONAS, DETENCIÓN ILEGAL Y TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS”.

 

El veintinueve (29) de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala del expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente  y le correspondió al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

           

Siendo la oportunidad legal, esta Sala de Casación Penal pasa a decidir sobre la procedencia de la solicitud  de extradición, propuesta por el Reino de España, del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES.

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

De la revisión  del asunto penal se evidencia:

 

1) Nota verbal identificada con el nro. 23, de fecha doce (12) de febrero de 2016, procedente de la Embajada del Reino de España acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta la documentación judicial que sustenta el proceso de extradición del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES.

 

   2) Sentencia apostillada, de fecha veintidós (22) de diciembre de 2013, emanada del Juzgado Central de Instrucción nro. 001 de Madrid, mediante la cual, se autoriza la extradición del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, a los fines de ser enjuiciado por la Audiencia Nacional.

 

3) Auto apostillado, de fecha veintitrés (23) de diciembre de 2015, emanado del Juzgado Central de Instrucción N° 001 de Madrid, a través del cual se acuerda proponer al Gobierno español le interese la extradición del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES.

 

4) Oficio nro. 355, de fecha dieciséis (16) de marzo de 2016, suscrito por la Doctora ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA, Secretaria de la Sala de Casación Penal, dirigido a la Doctora MERCEDES PRIETO SERRA, Directora General de Apoyo Jurídico del Ministerio Público, a través del cual se solicita información sobre la aprehensión del ciudadano requerido.

 

5) En fecha siete (7) de junio de 2016, con ocasión a la comunicación nro. 355 expedida por la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, se recibió vía correspondencia el oficio nro. VF-DEAJ-CAI-12-1241-2016-027818, de fecha siete (7) de junio de 2016, suscrito por la Doctora MERCEDES PRIETO SERRA, Directora  General de Apoyo Jurídico del Ministerio Público, mediante el cual hace del conocimiento de la Sala de Casación Penal, de acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Delitos comunes, Fiscalías Superiores de todos los estados del país, Dirección Técnico Científica y de Investigaciones, respecto del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES que: “obtuvo respuesta negativa, ya que no presenta causa alguna por ante las Fiscalías del país, ni registro policial alguno; en consecuencia no se encuentra detenido en Venezuela”.

 

6) Oficio nro. 7730 suscrito por el ciudadano ANTONIO JOSÉ CORDERO RODRÍGUEZ, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares, remitiendo original de la Nota Verbal nro. 153, de fecha trece (13) de agosto de 2016, proveniente de la Embajada del Reino de España acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se adjunta documentación complementaria emanada del Juzgado Central de Instrucción nro. 001 de Madrid, relacionadas con el proceso de extradición seguido al ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES.

 

7) Oficio nro. 1007, de fecha dieciséis (16) de agosto de 2016, suscrito por la Doctora ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA, Secretaria de la Sala de Casación Penal, dirigido a la Doctora GENNY RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, mediante el cual se solicita que se realicen los trámites pertinentes con el objeto de determinar si, a la presente fecha, cursa ante las autoridades policiales competentes, orden de aprehensión o captura vigente contra el ciudadano requerido, o si el mismo se encuentra detenido.

 

8) Con ocasión a la comunicación número nro. 1007, fechada dieciséis (16) de agosto de 2016, expedida por la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, se recibió vía correspondencia el oficio nro. VF-DEAJ-CAI-12-1241-2016-027818, de fecha doce (12) de septiembre de 2016, suscrito por la Doctora GENNY RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, mediante el cual hace del conocimiento de la Sala de Casación Penal, respecto del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES que: “ no se encuentra detenido en Venezuela, pues no cursa en su contra ningún registro policial, investigación penal o causa alguna por ante las distintas Representaciones Fiscales del Ministerio Público”.

 

9) Oficio nro. 203, de fecha catorce (14) de marzo de 2017, suscrito por la Doctora ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA, Secretaria de la Sala de Casación Penal, dirigido a la Doctora ANA YSABEL HERNÁNDEZ, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, mediante el cual solicitó, cumpliendo instrucciones del Magistrado Presidente de la Sala de Casación Penal, Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, informara a esta Sala, si el ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, se encuentra aprehendido en territorio venezolano y, en caso afirmativo, indicar el lugar de reclusión.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

 La competencia para conocer los procedimientos de extradición está regulada en el numeral 4 del artículo 156 de la Constitución, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, y supletoriamente en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 6 del Código Penal.

 

Por tanto, debe verificarse la existencia de un tratado internacional bilateral suscrito, ratificado y vigente entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, o en su defecto, la existencia de un tratado multilateral sobre la materia, en cuya ausencia, se recurrirá a la normativa interna, destacando que siempre se aplicará con primacía la Constitución Nacional.

 

En este sentido, la Sala observa la vigencia de un Tratado de Extradición celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.476 del 28 de mayo de 1990, cuyo artículo 1 prevé:

 

Las partes contratantes se obligan según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes a la entrega recíproca de las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente, que consista en privación de libertad”.

 

Los Estados parte, de forma soberana, pactaron que los procedimientos relativos a la  extradición, que se suscitaren entre ellos, se tramitarán según las reglas y condiciones establecidas en el tratado válidamente suscrito, ratificado y vigente entre ambos; de modo que estas serán las normas jurídicas a las que se debe acudir para resolver el caso de autos, y no a otras, salvo que hubiere algún vacío jurídico.

 

Partiendo de tal premisa, el artículo 24 del referido tratado, que es ley especial en el presente caso, prevé lo siguiente:

 

“… En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada. 2. La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de alguna de las resoluciones previstas en el párrafo 2 del artículo 15 y hará constar la intención de cursar seguidamente una solicitud de extradición. Mencionará, asimismo, el delito por el cual se solicitará, el tiempo y lugar de la comisión de éste y, en la medida de lo posible, la identificación de la persona reclamada. 3 La solicitud de detención preventiva se remitirá en forma postal, telegráfica o cualquier otra que deje constancia escrita, por vía del artículo 15 o por cualquier otra vía permitida por la legislación de la Parte requerida. 4. La Parte requerida informará a la Parte requirente de las resoluciones adoptadas y, especialmente con carácter urgente, de la fecha de la detención, a partir de la cual se contará el plazo para presentar la solicitud de extradición, que será de cuarenta días. 5. La Parte requerida podrá decretar la libertad del reclamado si, en el plazo indicado, no se hubiese recibido la solicitud de extradición. 6. Si la persona reclamada fuere puesta en libertad por cumplimiento del plazo previsto en el párrafo 4 de este artículo, la Parte requirente no podrá solicitar nuevamente su detención sin presentar la solicitud formal de extradición. 7. Cuando el procedimiento de extradición se inicie sin previa petición urgente de detención, ésta se ajustará a lo dispuesto en la ley de la Parte requerida…”.

 

Como puede advertirse, en la norma transcrita, del mismo modo que ocurre en el resto del tratado, no se determina la autoridad competente para tramitar el procedimiento jurisdiccional de extradición y por ello, debe acudirse al resto de la normativa patria para determinar la competencia.

 

Así, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé:

 

Artículo 29:Son competencias de la  Sala  Penal  del Tribunal Supremo de Justicia: 1.- Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley”.

 

 De esta norma se advierte que la Sala  de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, es competente para decidir sobre las solicitudes de extradición planteadas por otros Estados a la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, esta Sala de Casación Penal declara su competencia para conocer del procedimiento de extradición del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES. Así se establece.

 

III

DE LOS HECHOS

 

Según consta en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción N° 001 de Madrid, los hechos por los cuales es requerido el ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, son los siguientes:

 

El 1 de noviembre de 1980 JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES y otro procesado, miembros de la banda terrorista ‘Comandos Autónomos Anticapitalistas’ cuando iban a ser identificados por dos guardias civiles en las cercanías de la Ermita de Izaskun, en Tolosa (Guipúzcoa), dispararon contra los guardias, dando muerte de forma inmediata al Guardia Civil Aurelio Prieto Prieto (…) e hiriendo de gravedad al Guardia Civil Eduardo Izquierdo Marfil (…) quedándole secuelas por las que tuvo que ser dado de baja en el Cuerpo de la Guardia. Se dictó y ratificó la Prisión Provisional comunicada y sin fianza…”.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En el caso que nos ocupa, la Sala de Casación Penal, pasa a decidir sobre la solicitud con fines de extradición del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, quien aparece identificado en el expediente con la cédula de identidad E-81.996153, por la presunta comisión de los delitos de “ASESINATO, ASESINATO FRUSTRADO, ROBO, ROBO DE VEHÍCULO CON INTIMIDACIÓN A PERSONAS Y DETENCIÓN ILEGAL, TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS”.

 

Entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, rige el Tratado de Extradición, suscrito en Caracas, el 4 de enero de 1989 y ratificado por el Ejecutivo Nacional el 25 de mayo de 1990 (publicado en Gaceta Oficial Nº 34.476, del 28 de mayo de 1990), en el cual las partes contratantes convinieron lo siguiente:

 

 “…Artículo 1

Las Partes Contratantes se obligan, según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, a la entrega recíproca que las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente, que consista en privación de libertad.

Artículo 2

1.- Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá, además, que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta cumplir, no sea inferior a seis meses (…)

Artículo 3

También darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en Tratados multilaterales en los que ambos países sean Parte (…)

Artículo 6

1. No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político, en la comisión de un delito, no lo calificará como un delito de tal carácter (…)

Artículo 8

1. Cuando el reclamado fuere nacional de la parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley. La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiere sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquella.

2. Si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional, por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquel. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15.

Se informara a la parte requirente del resultado que hubiere obtenido su solicitud (…)

Artículo 15

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y será transmitida por la vía diplomática. Cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra la designación de una autoridad central competente para recibir y transmitir solicitudes de extradición.

2. A toda solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) En el caso de que el reclamado ya hubiese sido condenado, copia o trascripción de la sentencia debidamente certificada, así como certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, con indicación del tiempo de la pena o medida de seguridad que faltare por cumplir y, en su caso, las seguridades a que se refiere el artículo 12 (…)

c) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y sus huellas dactilares;

d) Copia o trascripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, de los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena o medida de seguridad…”.

 

Respecto al procedimiento de extradición pasiva, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia núm. 113, de fecha 13 de abril de 2012, estableció los requisitos para su procedencia, señalando lo siguiente:  

 

De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en nuestro país, la extradición (en su modalidad pasiva) puede ser tramitada por un gobierno extranjero ante la República Bolivariana de Venezuela, básicamente, por dos vías; en primer lugar, solicitando, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona requerida, con el compromiso de producir posteriormente, la solicitud formal de extradición, y en segundo término, presentando directamente la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria (…).

En el segundo supuesto, de solicitud formal de extradición, el gobierno extranjero, al tener conocimiento que una persona requerida por los órganos jurisdiccionales de su país (por medida cautelar de privación de libertad o sentencia condenatoria), se encuentra en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, deberá dirigirse al Poder Ejecutivo de nuestro país (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores), y consignar la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria, conforme a lo dispuesto en los tratados, convenios, acuerdos internacionales que regulan la materia, prescripciones del Derecho Internacional o principio de reciprocidad, dependiendo del caso.

Una vez presentada la solicitud formal de extradición y la documentación necesaria, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, remitirá dichas actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal (artículo 395 del Código Orgánico Procesal Penal).

Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, debe verificar que la persona requerida en extradición esté localizada.

En caso de que se desconozca la ubicación de la persona requerida y ante la imposibilidad de determinar si la persona solicitada en extradición se encuentra en territorio venezolano, tal como lo exige el artículo 395 del Código Orgánico Procesal Penal, así como, que esté presente para la realización de la audiencia pública a que se refiere el artículo 399 eiusdem, la Sala, debe declararse impedida de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición y ordenar el archivo del expediente. No obstante lo anterior, podría plantearse la reapertura del procedimiento de extradición pasiva, en caso de que sea ubicada la persona requerida en extradición y se cumplan las exigencias concurrentes previstas en el artículo 395 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

En caso de que se conozca la ubicación precisa de la persona solicitada, la Sala de Casación Penal, deberá convocar a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la persona requerida. A dicha audiencia concurrirán el Fiscal del Ministerio Público designado, la persona requerida en extradición, su Defensor y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos (artículo 399 del Código Orgánico Procesal Penal)”.

 

De acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el sistema penal venezolano, a los fines de la extradición, resulta ineludible la aprehensión de la persona solicitada con el objeto de celebrar la audiencia, prevista en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, independientemente de lo que con posterioridad pueda decidirse respecto a la procedencia o no de la correspondiente solicitud de extradición pasiva, una vez verificados los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico.

 

Ahora bien, recibido el expediente en esta Sala de Casación Penal, y revisadas las actuaciones, se verificó que mediante oficios números 355 del dieciséis (16) de marzo de 2016 y 1007 del dieciséis (16) de agosto de 2016, enviados a la Dirección de Apoyo Jurídico y a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, se solicitó información respecto de si el ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, se encontraba detenido y, en caso afirmativo, se indicara el lugar de reclusión.

 

En este sentido, el siete (7) de junio de 2016, se recibió oficio identificado con el número VF-DEAJ-CAI-12-1241-2016-027818, emanado de la Dirección General de Apoyo Jurídico del Ministerio Público y el veintiuno (21) de septiembre de 2016, oficio DFGR-DAI-1-1223-2016-051071, emanado de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, informando que el ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, no se encontraba detenido en Venezuela y no cursaba en su contra investigación penal alguna por ante las distintas representaciones fiscales del Ministerio Público.   

 

Colorario de lo anterior, tal situación impide que la Sala de Casación Penal, pueda convocar la audiencia  que dispone el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, como requisito exigido en el proceso de extradición.

 

Razón por el cual, esta Sala de Casación Penal determina que en caso de constatarse con posterioridad a la presente decisión, la aprehensión de referido ciudadano, se procederá al cumplimiento de las exigencias que pauta el Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto al procedimiento de extradición pasiva.  Así se decide.

 

No obstante lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 387 del Código Adjetivo Penal, se insta al Ministerio Público, para que continúe con los trámites legales requeridos para la búsqueda, y, si fuere el caso, eventual aprehensión del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, a los fines conducentes. Así se acuerda.   

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, ORDENA oficiar al Ministerio Público, para que dé las instrucciones  a fin de continuar con la búsqueda y eventual localización del ciudadano JESÚS RICARDO URTEAGA REPULLES, quien aparece identificado en el expediente con la cédula de identidad E-81.996.153, requerido por las autoridades del Reino de España a propósito de  su eventual juzgamiento por la presunta comisión de los delitos de “ASESINATO, ASESINATO FRUSTRADO, ROBO, ROBO DE VEHÍCULO CON INTIMIDACIÓN A PERSONAS, DETENCIÓN ILEGAL Y TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS”; ello con el objeto de proseguir con el procedimiento establecido en los artículos 387 y 390 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano.

 

 Se acuerda el ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, contentivo de la presente solicitud de detención con fines de extradición.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese de esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se ORDENA expedir copia certificada de la misma y remitirla al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Igualmente, notifíquese de la presente decisión al Ministerio Público.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veinte y ocho (28) días del mes de abril de 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

El Magistrado  Presidente,

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

Ponente

 La  Magistrada  Vicepresidenta,

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La  Magistrada,

 

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

                                            

                  El  Magistrado,

 

 

 

 

JUAN  LUIS IBARRA  VERENZUELA

                                                         

La  Magistrada,

 

 

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

                                                      

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

Exp. Nro. 1998-128

MJMP