Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

 

            El presente juicio se inició el 2 de septiembre de 2000 en virtud de la denuncia interpuesta por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN CURVELO FLORES, en su condición de representante legal de la adolescente de 12 años de edad (cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) en contra del ciudadano JUAN BAUTISTA CARREÑO, por cuanto en varias oportunidades había violado a su hija y según el resultado del reconocimiento médico legal suscrito por el médico forense ALÍ TORO adscrito a la Medicatura Forense de Guarenas del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, la adolescente presentó desfloración antigua y prominencia uterina.

 

El Juzgado Primero Unipersonal en función de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda extensión Barlovento, el 11 de octubre de 2002 condenó al ciudadano JUAN BAUTISTA CARREÑO, a cumplir la pena de ONCE AÑOS y TRES MESES DE PRESIDIO, por la comisión del delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en los ordinales 1° y 4° del artículo 375 del Código penal (antes de su reforma parcial) en relación con el artículo 99 “eiusdem”. En el fallo publicado el 25 de octubre de 2002, indicó:

 

           “…efectivamente el ciudadano JUAN BAUTISTA CARREÑO, luego de vivir en matrimonio con la ciudadana MIRIAM CDEÑO (sic) SALAZAR por espacio de Doce (12) años, se separó de la misma y se fue a vivir para la población de Guatire (…) conoció a la ciudadana María Curvelo (…) vivieron en concubinato en la vivienda de María Curvelo, entre ellos estaban (adolescente cuya identidad se omite), quien para ese momento contaba con la edad de dos (2) años (…) después que la niña cumple ocho (8) años, el acusado bajo amenaza (…) la violó en la cama de la ciudadana María Curvelo, madre de la víctima. Tal hecho se repitió en varias oportunidades (…) sin que la niña pudiera decirle nada a su madre por las constantes amenazas de muerte (…) Ocurrían estos hechos cuando la madre se retiraba a trabajar en horas temprana de la mañana la dejaba confiada de que su pareja quería como a una hija a (…)  y en algunas ocasiones se quedaba el acusado en la casa, en otras oportunidades se regresaba el acusado a la casa (…) y procedía de inmediato a someterla y violarla. Es cuando la niña cumple doce años, cuando le relata a la madre lo que le ocurría desde que tenía ocho (8) años, edad esta que demuestra que la joven (…) no estaba en capacidad de resistir los bajos instintos delictivos de su padrastro. En tal sentido, se le practicó experticia de reconocimiento médico legal y evaluación psiquiátrica…”.

 

 

            Contra dicho fallo interpusieron recurso de apelación el abogado defensor FRANK E. VECCHIONACCE I., conforme a lo dispuesto en los artículos 452 y 453 del Código Orgánico Procesal Penal y en su escrito señaló lo siguiente:

 

           “… fue en pleno desarrollo del juicio oral y público cuando el Ministerio Público incorporó físicamente el dictamen escrito contentivo del reconocimiento médico legal (…) La defensa advirtió al tribunal sobre este desequilibrio al conceder al Ministerio Público la presentación de un medio de prueba desconocido (…) para que ese dictamen pueda ser utilizado en el juicio oral, debe previamente haber sido presentado al proceso en momentos o fases anteriores a la audiencia (…) el dictamen psiquiátrico elaborado por el Dr. OSIEL DAVID JIMÉNEZ fue presentado por el Ministerio Público en el juicio oral (…) la aceptación por el lado del tribunal de los dos dictámenes hasta ahora no incorporados a los autos por los medios naturales del proceso, constituye un proceder procesalmente ilícito (…) El Tribunal sentenciador apreció como fundamento sólido de la culpabilidad (…)  declaraciones de personas que aportaron un conocimiento referencial (…) apreció indebidamente las declaraciones (…) violación de las reglas de la sana crítica (…) apreció en contra del acusado su propia declaración rendida en el juicio oral (…) el médico psiquiatra no dijo la verdad (…) Se trata de una motivación defectuosa (…) adolece de contradicción en su exposición o motivación…”.

 

 

La Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, constituida por los ciudadanos jueces MARÍA DEL PILAR OSORIO, OLINTO ANTONIO RAMÍREZ ESCALANTE (Ponente) y ZULAY GÓMEZ, el 18 de enero de 2005 declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el fallo dictado por el tribunal en función de juicio.

 

            El 5 de abril de 2005 la Defensa del acusado interpuso recurso de casación contra el fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, conforme a lo previsto en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El 25 de julio de 2005 se remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

 

El 27 de julio de 2005 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN.

 

El 2 de marzo de 2006, la Sala DECLARÓ ADMISIBLES la primera, sexta, octava, décima segunda, décima tercera y décima séptima denuncias del recurso de casación interpuesto por la Defensa del acusado y DESESTIMÓ POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS la segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena, décima, décima primera, décima cuarta, décima quinta y décima sexta denuncias del recurso.

                 

El 4 de abril de 2006, se celebró la correspondiente audiencia pública y las partes expresaron sus alegatos.

 

El 24 de mayo de 2006 se dio cuenta en Sala del expediente y se reasignó la ponencia a la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

            Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

 

RECURSO DE CASACIÓN

PRIMERA, DÉCIMA TERCERA y DÉCIMA SÉPTIMA DENUNCIAS

 

            La Defensa en el recurso de casación planteó tres denuncias, en las cuales adujo la violación y falta de aplicación del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la inmotivación del fallo dictado por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Al respecto indicó:

 

“…La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones (…) omitió motivar su afirmación (…) en el sentido de que la afirmación hecha por el Tribunal a-quo sobre los testigos de la defensa, ciudadanos JUAN CARLOS CARREÑO y NELSON CARREÑO, había carecido de motivación (…) por no haber examinado ni motivado (…) el Capítulo DÉCIMO de nuestro escrito de apelación (…) la Corte acoge la tesis de primera instancia arguyendo por su lado (…) que los dos testigos referenciales (MARÍA DEL CARMEN CURVELO FLORES y ALÍ ALBERTO TORO) eran fiables y creíbles (…) Los motivos para la fiabilidad y la credibilidad de esos dos testigos referenciales se quedaron en las interioridades de la Corte…”.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

El recurrente, en las denuncias propuestas atribuyó a la recurrida la inmotivación de la sentencia, en razón de ello, la Sala pasa a resolver de manera conjunta la primera, décima tercera y décima séptima denuncias.

 

La Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, al resolver el recurso de apelación propuesto por la Defensa del acusado, señaló lo siguiente:

 

“…Se lee de la decisión apelada: Por otro lado, los testigos de la defensa no aportaron con sus dichos, elementos a su favor referidos al hecho objeto del proceso, como lo es la conducta antijurídica del acusado (…) El ciudadano CAMEROTA TUCCIONARDI GIUSEPPE, quien es el pastor de la Iglesia Evangélica donde asistía el señor CARREÑO con la familia CURVELO (…) nunca tubo (sic) conocimiento que el acusado tuviera problemas con la señora Curvelo y con sus hijos (…) Es obvio, como iba a tener conocimiento de los maltratos, si el hecho más grave y era callado por la propia víctima hacia su madre, por temor y por las amenazas de que era objeto. Con las mismas iniciativas Las declaraciones de JUAN CARLOS CARREÑO, hijo del acusado y NELSON CARREÑO, sobrino del acusado, fueron tendientes a establecer de que la víctima tenía una conducta irregular para su edad (…) El A-quo dio explicación fundada del por qué desechó las declaraciones de JUAN CARLOS CARREÑO y NELSON CARREÑO, no hay entonces vicio de inmotivación en la recurrida (…) explicó fundadamente los motivos que lo llevaron a no apreciar lo que fuera declarado en el debate oral y público por los ciudadanos CAMEROTA TUCCIONARDI GIUSEPPE, JUAN CARLOS CARREÑO, NELSON CARREÑO, JULIA BLANCO DÍAZ, MIRIAN CEDEÑO SALAZAR y PETRA MERCEDES ARENAS DE VIERA y actuó de igual forma cuando dijo por qué si lo hizo con el testimonio de la madre de la víctima y del médico psiquiatra que la evaluó (…) Para apreciarlas señaló que era por las circunstancias propias del hecho, una niña violada desde los 8 años hasta los 12 años, cuando su madre se iba a trabajar; para no apreciarla dijo que era en razón de los vínculos familiares que existían entre los testigos y el acusado y por razones de religión (…) de manera fundada, lógica, expresa en la recurrida claramente las razones por las cuales apreció las declaraciones de quienes intervinieron en el debate como testigos (…) la fiabilidad y credibilidad que le dio a sus testimonios, se configuró en virtud del hecho de que fueron contestes en todos los aspectos de sus dichos y de allí concluyó que los mismos eran contundentes para condenar (…) la aspiración de La defensa de que tal sentimiento pueda determinar la exclusión de su apreciación por parte del Juez de Juicio, es absurda, dado que el odio y el rencor de la víctima hacia el acusado, a parte de no ser criticable, es propio de la naturaleza del ser humano que se ha visto sometido a un delito y más cuando es del tipo de violación; y segundo, porque la afirmación de que el experto mintió, es personalísima del Recurrente y por ende no demostrable objetivamente en autos…”.

 

 

De la transcripción anterior así como del texto íntegro del fallo, se observa que la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, sí dio respuesta al pedimento de la Defensa, por cuanto se pronunció respecto a las denuncias propuestas y los alegatos esgrimidos en el recurso de apelación. Adicionalmente, verificó que el tribunal en función de juicio en la sentencia de condena, de manera lógica, coherente y racional, realizó un análisis de las pruebas controvertidas en el juicio y expresó el razonamiento por el cual determinó los hechos constitutivos del delito, así como la conducta delictiva del acusado.

 

La Sala Penal ha establecido con reiteración que la motivación debe entenderse como la exposición que el juzgado ofrece a las partes como solución a la controversia y la legalidad de la sentencia condenatoria debe resultar del examen metódico y exhaustivo de los elementos probatorios.

 

En tal sentido, corresponde al Juez de Juicio valorar el mérito probatorio del testimonio de acuerdo a las condiciones objetivas y subjetivas de percepción del testigo, a fin de otorgarle credibilidad y eficacia probatoria; y a la Corte de Apelaciones, el examen del razonamiento utilizado por el sentenciador, con fundamento en los principios generales de la sana crítica, es decir, si la motivación del fallo se ajusta a los criterios de la lógica y de la experiencia. 

 

En el presente caso, tales circunstancias fueron verificadas por el Tribunal a-quem al revisar la sentencia recurrida. En consecuencia lo procedente y ajustado a Derecho es declarar sin lugar la primera, décima tercera y décima séptima denuncias propuestas por la Defensa en el recurso de casación. Así se decide.

 

SEXTA DENUNCIA

 

            El recurrente denunció la indebida aplicación del artículo 239 del Código Orgánico Procesal  y señaló lo siguiente:

 

“… El dictamen escrito contentivo del reconocimiento físico en la ciudadana (…) no constó nunca materialmente en el expediente (…) así como el dictamen psiquiátrico (…) fue entregado al Tribunal por la ciudadana Fiscal (…) El segundo párrafo del Art. 239 del Código Orgánico Procesal Penal no solamente dispone que el dictamen pericial debe constar por escrito, como dice la Corte, sino que “se presentará por escrito”…”.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

El artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal prevé:

 

“…El dictamen pericial deberá contener, de manera clara y precisa, el motivo por el cual se practica, la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o del modo en que se halle, la relación detallada de los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto del peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte.

El dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado, sin perjuicio del informe oral en la audiencia”.

 

La Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en la sentencia indicó:

 

“… En cuanto al examen Psiquiátrico de la menor victima (sic) y del ultrasonido a la misma (…) fueron aportadas por la fiscalía (…) la prueba (…) fue debidamente admitida en la oportunidad de celebrarse en esta causa la Audiencia Preliminar, por lo que no hay dudas de que su incorporación en el debate estuvo ajustada a Derecho (…) El Recurrente tuvo la posibilidad de ejercer el contradictorio sobre ella…”.  

 

De lo anterior, se observa que la Corte de Apelaciones al resolver el recurso de apelación propuesto por la Defensa verificó que la experticia psiquiátrica aludida por el recurrente fue admitida por el Tribunal de Control en la oportunidad de efectuarse la audiencia preliminar y si bien es cierto, tal dictamen pericial fue consignado a las actuaciones al momento de producirse el juicio, no así puede afirmarse que las partes desconocían el resultado de la referida experticia con la que el Ministerio Público sustentó la acusación, toda vez que se realizó en fecha 21 de septiembre de 2000 y estaba inserta en el expediente contentivo de las diligencias de investigación que proseguía el Ministerio Público, las cuales podían ser examinadas por la Defensa conforme lo establece el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. Aunado a ello, la experticia estuvo a disposición del Tribunal en función de Control y de las partes durante la fase intermedia, como se evidencia en el acta levantada con ocasión a la audiencia preliminar. (pieza 1, folio 40 y su vto.)

 

La Sala Penal en sentencia N° 608, de fecha 20 de octubre de 2005,  destacó:

 

“…el órgano jurisdiccional durante la fase intermedia sólo puede ejercer el control judicial sobre los medios probatorios verificando cada una de las probanzas señaladas por las partes, lo cual necesariamente supone que consten por escrito (como en el caso de las experticias) porque de ellas depende el análisis para la admisión o no de la acusación, la resolución sobre los planteamientos de todos los intervinientes en el proceso, así como la pertinencia y necesidad de cada uno de los órganos de  prueba…”.

 

            El examen médico psiquiátrico de la víctima adolescente se realizó durante la fase de investigación y su resultado fue acreditado por escrito antes de la celebración de la audiencia preliminar, lo que garantizó el derecho fundamental a la Defensa y al debido proceso.  En consecuencia, lo procedente y ajustado a Derecho es declarar sin lugar la denuncia. Así se decide.       

 

 

OCTAVA DENUNCIA

 

            La Defensa en el recurso de casación adujo la violación por indebida aplicación del artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal y la violación del derecho a la Defensa. En dicho escrito refirió:

 

“…Dijo la Corte de Apelaciones (…) el informe médico, de conformidad con el artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye una prueba anticipada, por cuanto por su naturaleza y característica debe ser considerado como un acto definitivo (…) ningún gravamen pudo causársele al acusado con su incorporación en el juicio oral y público (…) No se trata de un problema de interpretación (…) sino de una tergiversación de la institución (…) La violación del Art. 37 (sic) trae aparejada la violación del derecho a la defensa (sic)…”.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

            El recurrente, al impugnar la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada señaló la violación del derecho a la Defensa en virtud de la apreciación en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del reconocimiento médico legal, suscrito por el médico ALÍ ALBERTO TORO, adscrito a la Medicatura Forense de Guarenas del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, como prueba anticipada.

 

            Del análisis de las actuaciones se evidencia que el informe médico referido por la Defensa en el recurso, fue incorporado en el debate oral conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 339 y 242 del Código Orgánico Procesal Penal cuya valoración determinó el tribunal en función de juicio por la deposición del experto forense durante el desarrollo del debate.

 

            En tal sentido, la Corte de Apelaciones al resolver el recurso de apelación no refiere que el reconocimiento médico legal practicado a la víctima adolescente se haya efectuado durante el proceso penal conforme a las reglas de prueba anticipada, por el contrario, consideró racional la motivación de la sentencia e indicó que el informe médico es un acto definitivo, lo que debe entenderse como una prueba preconstituida que las partes tuvieron oportunidad de controvertir durante el juicio.

 

En consecuencia, lo procedente y ajustado a Derecho es declarar sin lugar la denuncia. Así se decide.          

                                                                                    

DÉCIMA SEGUNDA DENUNCIA

 

            El impugnante denunció la violación por falta de aplicación de los artículos 237, 238 y 239 del Código Orgánico Procesal Penal y en su escrito señaló:

 

“…relativos a la cualidad de expertos que tienen las personas que, conforme a las disposiciones legales, citadas, son designadas como tales (…) los dos médicos (…) no son testigos y no pueden ser referenciales de nada. Son simplemente expertos. Se violaron los artículos citados porque de haberlos tenido en cuenta la Corte, no les habría conferido la cualidad de testigos a quienes son expertos, ni, tanto menos, como testigos, los hubiera considerado referenciales…”.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

            La Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en su pronunciamiento indicó lo siguiente:

 

“… el testimonio es la declaración de una persona física recibida en el curso del proceso penal acerca de lo que pueda conocer, por la percepción de sus sentidos sobre los hechos que se están discutiendo, y el aporte de los expertos a través de sus declaraciones permite la comprensión y análisis de las pruebas efectuadas, permitiendo a las partes, a través del desarrollo del contradictorio, que obtengan del experto la certeza sobre la prueba que fue realizada (…) El Médico Forense ALI ALBERTO TORO, quien practicó el Reconocimiento Médico Legal practicado a la victima (sic), se refirió a su informe pericial (…) por último se valora para comprobar la materialidad del hecho objeto del proceso y la responsabilidad penal del acusado, la declaración rendida por el Médico Psiquiatra OSIEL DAVID JIMÉDEZ (sic) GONZALEZ (sic), quien evaluó a la adolescente (…) concluyendo que la niña no fingió cuando fue evaluada (…) el A-quo de manera fundada, lógica, expresa en la recurrida claramente las razones por las cuales apreció las declaraciones de quienes intervinieron en el debate como testigos, que ya se sabe fueron referenciales por las circunstancias en las que se produjeron los hechos que le fueron atribuidos al acusado. De las declaraciones de (…)  y MARIA DEL CARMEN CURVELO FLORES, dijo debía confrontarlas con el resto de las pruebas incorporadas en el debate e incluso con la del propio acusado (…) lo que en efecto hizo…”.

 

El término de “testigo” puede ser atribuido a cualquier persona que “da testimonio de algo”, “presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo” (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001) sin embargo, el juzgador en la motivación de su razonamiento debe objetivamente diferenciar las declaraciones de los peritos con la de testigos para otorgarle eficacia probatoria.

 

Para GUASP, la declaración del testigo es simplemente reconstructiva y representativa, siendo la del perito fundamentalmente conceptual y deductiva “sin que esto signifique desconocer que en muchos casos ejerce una importante función perceptiva y declarativa, para la verificación de los hechos”. (Derecho procesal civil, ed. 1962, pág. 251-253). 

 

            La Sala Penal observa que la Corte de Apelaciones al revisar la sentencia condenatoria dictada por el tribunal en función de juicio, no desconoció la cualidad de expertos de los ciudadanos ALÍ ALBERTO TORO y OSIEL DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ cuyas declaraciones fueron valoradas por el juzgador con fundamento en los dictámenes periciales que fueron ratificados e incorporados debidamente al proceso.

 

En consecuencia, lo procedente y ajustado a Derecho es declarar sin lugar la denuncia. Así se decide.   

 

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la primera, sexta, octava, décima segunda, décima tercera y décima séptima denuncias del recurso de casación interpuesto por la Defensa del acusado, en contra de la decisión dictada el 18 de enero de 2005 por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los  DOS días del mes de AGOSTO de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147º de la Federación.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

 

El Magistrado Vicepresidente,

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

 

 

La Magistrada,

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

La Magistrada,

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

La Magistrada,

 

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

                                                                                                                      Ponente

 

 

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Exp N° 05-336

MMM/

VOTO SALVADO

 

         Yo, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión, con base en las siguientes razones:

 

         La sentencia aprobada por la Sala al resolver la primera denuncia contenida en el recurso de casación, interpuesto por la defensa del acusado por el vicio de inmotivación  la declaró sin lugar, al considerar que la Corte de Apelaciones sí dio respuesta a las denuncias contenidas en el recurso de apelación y verificó que el Tribunal en Función de Juicio en la sentencia de condena, de manera lógica, coherente y racional realizó un análisis de pruebas controvertidas en el juicio.

 

       En la primera denuncia el recurrente  señaló la infracción del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, e indicó que la Corte de Apelaciones incurrió en el vicio de inmotivación, al no expresar las razones por las cuales  consideró que el Juzgador de Juicio desechó motivadamente las declaraciones de los testigos de la defensa, ciudadanos Juan Bautista Carreño y Nelson Carreño, limitándose  tan solo a señalar que “El-Aquo dio (sic) explicación fundada del por qué desechó las declaraciones de JUAN CARLOS CARREÑO y NELSON CARREÑO (sic) no hay entonces (sic) vicio de inmotivación en la recurrida”(sic)…”.

 

       Ahora bien, de los autos se desprende que la Corte de Apelaciones al resolver  la denuncia identificada en el escrito de apelación como DECIMA TERCERA, expresó:

 

“De conformidad con el numeral 2° del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, el abogado FRANK VECHIONACCE denunció el vicio de falta de motivación en la sentencia recurrida, por no haber el A-quo apreciado las declaraciones de los ciudadanos JUAN CARLOS CARREÑO y NELSON CARREÑO.

Se lee de la decisión apelada: Por otro lado, los testigos de la defensa no aportaron con sus dichos, elementos a su favor referidos al hecho objeto del proceso, como lo es la conducta antijurídica del acusado, señalado como la persona que la violó en forma continuada a la adolescente (…), algunos expresaron la conducta pacífica del acusado y otros, sus familiares, esposa, hijo, sobrino, trataron de descalificar la conducta de la víctima.  El ciudadano CAMEROTA TUCCIONARDI GIUSEPPE, quien es el pastor de la Iglesia Evangélica donde asistía el señor CARREÑO con la familia CURVELO, es decir, con la madre de la víctima y sus hijos, entre ellos, la víctima (…), manifestó que Carreño es un hombre maravilloso, observó que tenían una relación armoniosa, su función como pastor es conciliatoria, nunca tuvo conocimiento que el acusado tuviera problemas con la señora Curvelo y con sus hijos, su consejo era que se divorciaran para luego casarse ante la ley.  Nunca se enteró de maltratos, nunca se lo confesaron.  Es obvio, como iba a tener conocimiento de los maltratos, si el hecho más grave (sic) y era callado por la propia víctima hacia su madre (sic), por temor y por las amenazas de que era objeto.  Con las mismas iniciativas.  Las declaraciones de JUAN CARLOS CARREÑO, hijo del acusado y NELSON CARREÑO, sobrino del acusado, fueron tendientes a establecer de que la víctima tenía una conducta irregular para su edad, en cuanto a que se daba besos con ellos y se acostaban en la misma cama, pero nunca tuvieron relaciones sexuales, esto ocurría cuando iban a la parcela donde vivía la víctima, esto ocurría cuando la niña tenía aproximadamente 11 años.  El testimonio de JULIA BLANCO DIAZ, quien tenía una parcela cerca de la casa de la pareja CARREÑO CURVELO, manifestó que nunca conoció una queja de la conducta de JUAN BAUTISTA CARREÑO, lo conoce desde hace ocho (8) años, informó la testigo a la audiencia del juicio de que un ciudadano de nombre PEDRO LIRA, quien era cristiano se quedaba en la casa de María Curvelo y (…) se quedaba en la casa de PEDRO LIRA, quien tenía un rancho cerca del lugar, sin embargo un (sic) puede dar fe de que el acusado y María Curvelo se separaron por CONCIENCIA RELIGIOSA porque ambos (sic) casados con personas distintas, y según su religión era pecado permanecer unidos.  Tal declaración no desvirtúa en lo absoluto el hecho que probó el Ministerio Público.  Por otro lado, la declaración de la esposa del acusado, ciudadana MIRIAM CEDEÑO SALAZAR, fue ceñida a como fue la relación como pareja y como padre con el acusado, no cree capaz al acusado de haber cometido el delito, sin embargo contestó a preguntas hechas por el Tribunal, que vivió 12 años con el acusado, se separaron, pasaron 13 años de separados y cuando lo volvió a ver estaba detenido, expresó que MUCHAS COSAS PUEDEN OCURRIR DURANTE ESOS TRECE (13) AÑOS.  Y por último, el testimonio de la ciudadana PETRA MERCEDES ARENAS DE VIERA, se refirió al trato cordial de JUAN BAUTISTA CARREÑO, es evangélica, igual que el acusado, cumplía con los principios religiosos, no tenía mucho tiempo en la iglesia.

El A-quo dio explicación fundada del por qué desechó las declaraciones de JUAN CARLOS CARREÑO y NELSON CARREÑO, no hay entonces vicio de inmotivación en la recurrida.

Por las razones expuestas se DESESTIMA esta denuncia.  ASI SE DECIDE...”.

 

 

       De la transcripción anterior se evidencia, que la recurrida se limitó a transcribir parte de la sentencia dictada por el tribunal de juicio, en relación con las declaraciones de los testigos de la defensa, concluyendo luego de ello “El A-quo dio explicación del por qué desechó las declaraciones de JUAN CARLOS CARREÑO y NELSON CARREÑO, no hay entonces vicio de inmotivación en la recurrida”.

       Al respecto ratifico lo que ha dicho la Sala, que cuando las Cortes de Apelaciones expresen que el fallo dictado por el Tribunal de Juicio se encuentra motivado, deben señalar con razonamiento propio el por qué lo consideran así y no limitarse a transcribir el fallo apelado.

         Y por cuanto considero que ha debido declararse con lugar la primera denuncia del recurso de casación, ya que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones no se  encuentra debidamente motivada es por lo que salvo mi voto en la presente decisión.  Fecha ut supra.

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Aponte Aponte

 

El Magistrado Vicepresidente,                        La Magistrada Ponente,

 

Héctor Coronado Flores                                  Blanca Rosa Mármol de León

 

La Magistrada,                                                  La Magistrada,

 

Deyanira Nieves Bastidas                               Miriam Morandy Mijares

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

BRMdeL/hnq.

RC. Exp. N° 05-0336 (MMM)