Magistrado Ponente Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

Los hechos investigados por el Ministerio Público, que dieron origen a la presente causa, fueron los siguientes:

 

“… Ernesto Menéndez por la comisión del delito de legitimación de capitales (…) en perjuicio del orden socioeconómico (…) fecha 04 (sic) de octubre del 2006 (…) fue interceptado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (…) una solicitud de la DEA (sic) en la que se evidencia que estaba solicitado por tráfico de heroína (…) Tribunal de New York, aparte de lo que existe en la investigación Fiscal (…) se estableció que poseía bienes muebles e inmuebles…”.    

 

El 6 de octubre de 2006, se realizó la audiencia de presentación, ante el Tribunal Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decretándose medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra del ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis, lo que fue apelado por la defensa.

 

El 3 de noviembre de 2006, la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la medida de coerción referida.

 

El 21 de diciembre de 2006, se celebró la audiencia preliminar, ante el Tribunal Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control, que declaró: “… admite totalmente la acusación (…) del Ministerio Público en contra del ciudadano Ernesto Menéndez Cobis (…) por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales (…) así mismo se admiten totalmente las pruebas ofrecidas (…) este Tribunal considera pertinente mantener la medida de privación impuesta, ya que no han variado los elementos de convicción que motivaron la privación de libertad (…) ordena el auto de apertura a juicio.

 

Contra la referida decisión la defensa ejerció una acción de amparo constitucional, que fue declarada inadmisible, por la Sala   Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 16 de enero de 2007.

 

El 22 de febrero de 2007, los defensores privados del ciudadano acusado Ernesto Antonio Menéndez Cobis, interpusieron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una acción de amparo.

 

El 27 de junio de 2007 (sentencia Nº 1346), con ponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, la Sala Constitucional, se pronunció en los términos siguientes:

 

“… esta Sala observa que la acción se interpuso (…) contra la acusación propuesta por la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público (…) la cual fue admitida por el Juzgado Décimo de Control (…) y contra la decisión que profirió dicho Juzgado, el 21 de diciembre de 2006, mediante la cual admitió un medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público, en el proceso penal incoado contra el ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis, por la comisión del delito de legitimación de capitales. (…) En efecto, denunció la parte actora (…) que el Ministerio Público no determinó cuáles son los hechos por los cuales se pretende llevar a juicio (…) por lo que concluyeron que (…) se imposibilitaba el ejercicio del derecho a la defensa, al no estar precisados los hechos constitutivos del delito (…) por otro lado (…) denunciaron que el Tribunal Décimo de Control (…) admitió, indebidamente, un medio de prueba (…) comunicación Nº 9700-094-1112 (…) que contiene una información procedente de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

(…) ahora bien, esta Sala observa (…) que de los autos del expediente se constata (…) que el Juzgado Décimo de Control del Circuito Judicial del Estado Zulia declaró (…) sin lugar la excepción (…) en la cual los defensores del quejoso precisaron que de la acusación fiscal no se desprendía en forma diáfana, clara y concisa los hechos que se le atribuían al imputado y que carecía de una relación detallada de los elementos de convicción (…) esta excepción se corresponde con lo señalado en la acción de amparo (…) y la misma puede ser opuesta, por haberse declarado sin lugar en la audiencia preliminar, en la fase de juicio nuevamente (…) por lo que se precisa que (…) la presente acción de amparo deviene inadmisible (…) toda vez que a través (sic) de la nueva interposición de la excepción puede obtener lo que aquí se pretende. Así se declara.

(…) respecto de la denuncia referida a la admisión (…) de la comunicación Nº 9700-094-1112, del 18 de diciembre de 2006, suscrita por la comisario María Isabel Jiménez, Directora de la Policial Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la cual a juicio de la parte actora, no podía incorporarse al proceso penal (…) la simple admisión de ese medio probatorio no le causa un gravamen al quejoso, ya que éste puede rebatir dicha prueba, incluso su admisión en la fase de juicio del proceso (…) cabe destacar (…) no le causa un gravamen al imputado, toda vez que éste debe esperar que ese medio probatorio sea tomado en cuenta por el Juez de Juicio en el momento de dictar sentencia definitiva. Sólo cuando ese medio de prueba es valorado (…) en perjuicio del acusado, entonces el afectado puede intentar el recurso de apelación contra esa decisión (…) por lo tanto acudir a la vía del amparo en forma anticipada, sin agotar el medio judicial de la apelación (…) la presente acción deviene inadmisible igualmente.       

(…) En el presente caso, se denunciaron además de la actuación del Ministerio Público, la decisión que adoptó el Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por lo que (…) en existencia del fuero de atracción que se produjo en el caso de autos, esta Sala precisa que la acción de amparo incoada por los apoderados judiciales del ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis, se debe entender como una acción de amparo contra decisión judicial (…) y no como un amparo sobrevenido, como erradamente lo alegó en el escrito que fundamentó la apelación.

En virtud del anterior fundamento, esta Sala declara sin lugar la apelación (…) y confirma (…) la decisión dictada, el 16 de enero de 2007, por la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional propuesta contra la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público (…) y el Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del mismo Estado…”. (Subrayado de la Sala de Casación Penal). 

 

El 21 de junio de 2007, ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fue presentada una solicitud de avocamiento propuesta por los ciudadanos abogados Ricardo Ramones Noriega y Carlos Ramones Noriega, con motivo de la causa penal Nº 9M-221-07, que cursa ante el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en contra del ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis, con cédula de identidad Nº 9.738.399, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, tipificado en el artículo 4 (numeral 1º) de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

 

De esta solicitud se dio cuenta en la Sala de Casación Penal, el 22 de junio de 2007 y se designó ponente al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

COMPETENCIA DE LA SALA PENAL

 

            De conformidad con lo establecido en los artículos 5    (numeral 48) y 18 (apartes noveno, décimo, decimoprimero y decimosegundo) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y con la sentencia dictada el 24 de abril de 2002 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde a la Sala de Casación Penal, pronunciarse acerca de la solicitud de avocamiento propuesta por los ciudadanos abogados Ricardo Ramones Noriega y Carlos Ramones Noriega, defensores privados del ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis.

 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

Los solicitantes, requieren de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que se avoque al conocimiento de la presente causa, por considerar que: “… se han violado de forma reiterada y grosera los derechos y garantías constitucionales de  representado (sic), Ernesto Menéndez Cobis (…) y se ha vulnerado gravemente el ordenamiento jurídico venezolano afectando la imagen del Poder Judicial, ya que se han desatendido o tramitado inadecuadamente los recursos ejercidos por esta defensa…”. 

 

Para fundamentar el escrito de solicitud de avocamiento, los ciudadanos abogados Ricardo Ramones Noriega y Carlos Ramones Noriega, defensores privados, alegaron lo siguiente:

 

“… es el caso que el 4 de octubre de 2006, nuestro representado ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis, se disponía desde la ciudad de Maracaibo abordar un avión con destino a la ciudad de Caracas, cuando (…) varios sujetos portando armas de fuego, lo interceptaron dentro de las instalaciones del aeropuerto (…) serían funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sin orden judicial y sin haberlo sorprendido en la comisión flagrante de un delito (…) lo trasladaron de esta forma, a la sede principal del CICPC (sic), en Maracaibo Estado Zulia (…) nuestro representado fue verificado en el Sistema Integrado de Información Policial, el cual arrojó como resultado que no se encontraba requerido por ningún Tribunal de la República (…) pero no obstante, procedieron a verificar a través del sistema de la Policía Internacional INTERPOL, lo cual dio como resultado, que el ciudadano Ernesto Menéndez, se encontraba presuntamente requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, información ésta, que fue presentada por el Ministerio Público e incorporada por el Tribunal en el acta de presentación (…) todo lo cual bastó, para que los funcionarios (…) practicar formalmente la detención preventiva y lo pusieran a la orden del Ministerio Público.

El referido despacho fiscal, dejó a nuestro defendido a la orden del Juzgado Décimo de Control (…) presentando cargos por el delito de Legitimación de Capitales (…) presentándose como elemento de convicción una investigación seguida desde el año 2005 en contra de un ciudadano de nombre Hugo Matos (…) no obstante esto, el Tribunal Décimo de Control, declaró que la detención realizada por lo funcionarios del CICPC (sic), fue completamente legal, es decir, tanto las circunstancias que generaron la aprehensión de nuestro representado, sin orden judicial alguna, como los escasos elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, le bastaron a la ciudadana Juez de Control para decretar la privación judicial preventiva de libertad (…) es preciso destacar que el legislador patrio al referirse a la orden judicial como presupuesto de detención personal, lo hace con respecto a que la misma, debe ser emitida por un Tribunal Competente de la República Bolivariana de Venezuela y en ningún caso se refiere, a solicitudes emanadas por autoridades judiciales o administrativas de Estados Extranjeros (…) es inaceptable que una copia de un supuesto documento extranjero, bajada por la WEB (sic), haya generado como consecuencia la prisión preventiva de un ciudadano Venezolano.

(…) en el presente caso, la aprehensión se originó por encontrarse nuestro patrocinado flagrantemente en la comisión de un delito (…) considera esta defensa que, el razonamiento realizado por la referida Juez de Control, carece de toda lógica y consistencia, toda vez que la recurrida señala, la existencia de la flagrancia, por cuanto nuestro defendido presuntamente está solicitado por la DEA (sic) (…) señala como fundamento de la flagrancia, un documento que presuntamente es dirigido a la INTERPOL, Caracas, Venezuela, para la búsqueda de nuestro representado (…) no podemos obviar que por la misma naturaleza del delito por el cual fue presentado nuestro defendido, es poco probable, por no decir imposible que la aprehensión se de en estado flagrante (…) es evidente que nuestro defendido no fue aprehendido flagrantemente en la comisión de delito alguno, por lo que no cabe duda, que la aprehensión realizada en contra de éste se hizo, y judicialmente se confirmó, en franca violación a los preceptos constitucionales (…) en consecuencia consideramos, se debe declarar (…) la nulidad absoluta de la misma, acarreando como efecto forzoso, la nulidad absoluta de todos los actas (sic) subsiguientes.

(…) esta representación confía en que las denuncias anteriormente expuestas basten para ordenar el proceso y en consecuencia revocar la privación judicial preventiva de libertad (…) sin embargo consideramos como obligación hacer del conocimiento (…) la violación del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal (…) el Ministerio Público intentó llenar este requisito, para lo cual presentó como elemento de convicción para demostrar su imputación, investigación seguida en contra del ciudadano Hugo Matos, en la cual nuestro defendido rindió declaración como testigo (…) presentaron como elemento de convicción acta policial suscrita por el Capitán Rafael Dávila Hernández (…) en la cual refiere que, en fecha 20 de septiembre de 2005, recibió llamada telefónica (…) le referían que el ciudadano Ernesto Menéndez, era uno de los jefes del tráfico de drogas (…) estos elementos (…) sirvieron según criterio del Tribunal Décimo de Control (…) como fundamento para decretar (…) medida de privación judicial preventiva de libertad, por el delito de legitimación de capitales (…) Ahora bien, en lo absoluto los documentos presentados como elementos de convicción evidencian (…) que nuestro defendido pudiera ser responsable de la comisión del delito imputado (…) de las actas policiales presentadas a la Juez de Control, fundamento de la medida solicitada por el Ministerio Público, no se evidencia (…) la comisión de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, porque no hay elementos que hagan presumir la existencia de un delito (…) consideran quienes suscriben, que el cúmulo de violaciones antes descritas, hacen concluir que la aprehensión de la cual fue objeto nuestro representado se hizo en franca violación a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional (…) es necesario y procedente en derecho decretar libertad plena de nuestro representado y en consecuencia anular la detención (…) practicada el 04 (sic) de octubre de 2006.

 (…) la falta de precisión del tiempo en que presuntamente se cometió el delito, toda vez que en ninguna parte de la acusación realizada (…) se señala cuando se cometió la supuesta legitimación de capitales, todo lo cual violenta de gran manera el derecho a la defensa de nuestro representado (…) el Ministerio Público no determina cuáles son los hechos por los cuales pretende llevar a juicio a nuestro representado, lo cual imposibilita (…) la celebración de un juicio, al no tener claros cuales son los hechos (…) e imposibilita más aun la garantía de la defensa al no tener precisos los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

(…) Otro aspecto que violenta el debido proceso (…) es el hecho que la Juez de Control haya admitido una prueba ilícita (…) en efecto el Ministerio Público ofreció como prueba documental, la comunicación  (…) de fecha 18-10-06, suscrita por la comisario María Isabel Jiménez, Directora de la Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penal y Criminalísticas, con información (…) procedente de la embajada de los Estados Unidos de Norte América que da cuenta de la situación judicial que reporta el imputado (…) en la audiencia preliminar la defensa (…) hizo formal oposición a la admisión de esa prueba, puesto que la misma pretendía validar en Venezuela un procedimiento judicial sustanciado en el extranjero (…) oposición que fue declarada sin lugar (…) la Juez Décimo de Control (…) le dio sin justificación jurídica alguna, valor a un documento extranjero (…) en consecuencia (…) no dudamos al afirmar que la admisión de la prueba anteriormente referida, constituye una flagrante violación (…) a la garantía constitucional del debido proceso y (…) al derecho constitucional a la defensa.

(…) es por lo que resulta evidente que en la señalada causa se verificaron y verifican violaciones graves al ordenamiento jurídico que perjudican ostensiblemente la imagen del poder judicial (…) en tal sentido solicitamos (…) tenga a bien admitir la presente solicitud de avocamiento (…) ordenar la suspensión de la causa y la prohibición de realizar cualquier actuación (…) decretar la nulidad absoluta de todos los actos desarrollados por el Ministerio Público y los Órganos Jurisdiccionales de instancia y de alzada (…) en consecuencia decrete la libertad plena e inmediata…”.       

 

FUNDAMENTO PARA DECIDIR

 

El avocamiento, es una figura jurídica establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que le confiere a las Salas del Máximo Tribunal del país, la facultad para conocer bien sea de oficio o a petición de parte, cualquier causa en el estado y grado en que se encuentre, en los  tribunales de instancia.

 

Sobre esta institución legal, la Sala Penal ha fijado criterio en cuanto a las condiciones concurrentes que delimitan el ámbito de aplicación del avocamiento; al establecer que éste, sólo será procedente en un caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, o cuando no se hayan atendido o fueren mal tramitados lo recursos ordinarios y extraordinarios que buscan restituir la situación jurídica infringida, ejercidos por los interesados.

 

En la presente solicitud de avocamiento se observa, que los defensores pretenden que se decrete: “… la nulidad absoluta de todos los actos desarrollados por el Ministerio Público y los Órganos Jurisdiccionales de instancia (sic) y de alzada (…) en consecuencia decrete la libertad plena e inmediata…”. Por cuanto alegaron, la ilegitimidad de la medida judicial privativa de libertad, al considerar que son escasos los elementos de convicción (en relación con el delito de legitimación de capitales)  aportados por el Ministerio Público, para acordar la referida medida, aunado a que no se cumple con los requisitos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, violándose flagrantemente el derecho a la libertad del ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis.

 

La Sala Penal advierte, que el procedimiento de avocamiento tiene un carácter extraordinario y no debe ser considerado como un remedio jurídico protector, de todo ciudadano que considere que sus derechos han sido lesionados, ya que la ley establece un orden procesal que sólo podría subvertirse, a través de esta figura jurídica de protección procesal, cuando se han agotado todas las vías jurisdiccionales posibles y que se esté en presencia de violaciones graves y flagrantes del ordenamiento jurídico.

 

Es por ello, que en el caso de autos, si bien es cierto, que los defensores ejercieron el recurso de apelación contra el fallo dictado el 6 de octubre de 2006, por el Tribunal Décimo de Control, que acordó la medida de privación judicial preventiva de libertad, el cual fue debidamente tramitado por la Corte de Apelaciones, no es menos cierto, que de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, las partes podrán solicitarle al juez de instancia, en la fase subsiguiente; vale decir, fase de juicio, la revisión de la referida medida privativa de libertad.

 

Por lo tanto, no pueden pretender los solicitantes utilizar el avocamiento, para expresar su descontento con un fallo que les adversa (en este caso la sentencia dictada por la alzada, el 3 de noviembre de 2006, que declaró sin lugar la apelación), sin  agotar todos los medios procesales idóneos que les ofrece el Código adjetivo (revisión de la medida), para salvaguardar los derechos de la partes, ya que como se ha expresado anteriormente, se deben cumplir con todos los requisitos para que proceda esta solicitud.

 

Por otra parte, los peticionantes argumentaron, que el Ministerio Público no determinó (en su acusación fiscal) de manera clara y precisa los hechos atribuidos al imputado y los elementos de convicción que le sirvieron de sustento a su acto conclusivo. De igual forma, señalaron que el Tribunal de Control, admitió una prueba ilícita, ofrecida por la vindicta pública, lo que constituye presuntamente graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa del acusado.

 

Ahora bien, con respecto, a los supuestos vicios de la acusación fiscal, se indica, que los defensores pueden oponer ante el Tribunal competente (en este caso el Tribunal de Juicio) la excepción establecida en el literal i del numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, que además es el medio de impugnación idóneo para resolver tal incidencia.

 

Así mismo, en relación con la admisión de la prueba ilícita (según los solicitantes) ofrecida por el Ministerio Público, la Sala señala, sin prejuzgar sobre la licitud o ilicitud de la prueba (comunicación Nº 9700-094-1112, del 18 de diciembre de 2006, suscrita por la comisario María Isabel Jiménez, Directora de la Policial Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), que el hecho de que la misma haya sido admitida por el Tribunal de Control (actuando dentro de sus obligaciones dadas por la ley), no afecta el derecho del imputado ni le causa un gravamen irreparable, ya que la referida prueba todavía no ha sido evacuada y por ende no se han materializado los efectos de la misma como producto de su valoración en el juicio al momento de dictar sentencia; además, en la fase de juicio, la defensa dentro del contradictorio, cuenta con medios para rebatirla, desvirtuarla y demostrar la supuesta ilicitud de ese medio probatorio.

 

Por todo esto, la Sala Penal concluye, que al no haberse agotado todos los medios judiciales idóneos y eficaces, capaces de restablecer la situación jurídica infringida, no es posible admitir la presente solicitud, ya que se debe respetar el orden secuencial y legal, para que el proceso siga su curso natural. Siendo esto así, los solicitantes no pueden pretender que a través de la figura extraordinaria del avocamiento, la Sala Penal sustituya la función de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias, que le corresponda resolver, de acuerdo con su competencia.

 

En relación con este punto, la Sala de Casación Penal,  ha establecido en reiteradas oportunidades lo siguiente:

    

“…la Sala que esté conociendo del avocamiento, exigirá que la materia sea de su competencia y que las irregularidades que se alegan, hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia mediante los recursos pertinentes practicados por las partes, aunado a los anteriores requisitos el solicitante debe presentar la acción acompañada con los  documentos  indispensables para verificar su admisibilidad o no…” (Sentencia Nº 062 del 5 de abril de 2005).

 

 En consecuencia, las condiciones válidas y concurrentes requeridas por la ley para la admisión del avocamiento, no están cumplidas, siendo ineludible para la Sala de Casación Penal  declarar inadmisible la solicitud propuesta, por los abogados defensores del ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis. Así se decide.

 

DECISIÓN

   

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible la solicitud de avocamiento propuesta, por los ciudadanos abogados Ricardo Ramones Noriega y Carlos Ramones Noriega, defensores privados del ciudadano Ernesto Antonio Menéndez Cobis.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencia del Tribunal Supremo   de  Justicia,  en  Sala de Casación Penal,  en Caracas, a

los dos (2) días del mes de agosto del año 2007. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

 

 

      La Magistrada Presidenta,

 

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

El Magistrado Vicepresidente,

 

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

                       Ponente

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN

 

 

 

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

 

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Exp. 2007-0285

ERAA.