Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

Dio origen al presente juicio el hecho ocurrido el 5 de diciembre de 1999, en el sector El Limón, vía principal, entre la segunda y tercera vereda, Colonia Mendoza, Cúa, Estado Miranda, cuando el ciudadano RICHARD RÓBINSON CHAPELLÍN CORDERO, acompañado de varios ciudadanos que venían de una fiesta, son detenidos por una comisión de la Policía del Estado Miranda, conformada por los funcionarios JESÚS ARRIETA MARTÍNEZ, ÉDGAR ROJAS, JOSÉ CORDERO y JORGE RAMOS, estos proceden a requisar a todos los presentes y es cuando el funcionario JOSÉ CORDERO le indicó al ciudadano RICHARD RÓBINSON CHAPELLÍN que abordara la unidad policial y este se niega pues mantenía enemistad con el mencionado funcionario policial, es en ese momento cuando los agentes policiales realizaron varios disparos al aire y les indican a todos los presentes que corran, en ese momento el funcionario JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ le efectuó un disparo en la región toráxico a la víctima que le produjo la muerte. Posteriormente, los referidos funcionarios recogieron el cuerpo de la víctima, abordaron la unidad  y huyeron del lugar.  En vista  a la incomparecencia de los sospechosos a las citaciones realizadas por el Ministerio Público les fue ordenada la aprehensión por un juzgado de control y fue aprehendido únicamente el ciudadano JESÚS ENRIQUE ARRIETA.

 

El ciudadano abogado JOSÉ ANTONIO MENESES, Fiscal Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda el 3 de marzo de 2005 presentó acusación contra del ciudadano JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ, venezolano,  mayor  de  edad  e  identificado  con  la  cédula  de   identidad  V- 13.087.432, por considerarlo autor del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, tipificado en el ordinal 1° del artículo 408 del Código Penal y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 282 “eiusdem” en perjuicio del ciudadano RICHARD ROBINSON CHAPELLÍN CORDERO.

 

            El Juzgado Tercero de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Valles del Tuy, a cargo de la ciudadana juez abogada FLOR COLMENARES, el 5 de mayo de 2005, condenó al ciudadano acusado JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ, venezolano,  mayor  de  edad  e  identificado  con  la  cédula  de   identidad   V- 13.087.432, a cumplir la pena de TRECE AÑOS DE PRESIDIO por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA, tipificado en el ordinal 1° del artículo 408 del Código Penal (reformado) y en conexión con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal,  además de las accesorias correspondientes.

 

En efecto, los hechos establecidos por el juzgado de control fueron los siguientes:

 

 “…En fecha 05 (sic)-12-1999, siendo aproximadamente las 11:50 horas de la mañana, el ciudadano RICHARD CHAPELLIN CORDERO, venía en compañía de unos amigos de celebración por el sector El Limón, vía Principal entre la Segunda y Tercera vereda, Colonia Mendoza, Cúa, Estado Miranda, (sic) quien les da la voz de alto y proceden a requisarlos a todos, no incautándole nada ilícito, siendo que uno de los funcionarios policiales identificado como JOSE GREGORIO CORDERON (sic), le indica al ciudadano RICHARD CHAPELLIN CORDERO, que se montara en la unidad, propinándole un puntapié, por lo que el ciudadano RICHARD CHAPELLIN le manifiesta que no se va (sic) subir por el  temor que le infundía este funcionario que constantemente le acosaba, razón por lo que el funcionario se enfurece y le indica que si no se monta le daría un tiro, este funcionario le dice a los compañeros de la victima (sic) que se fuera (sic) corriendo y efectúa unos disparos al aire, y es cuando RICHARD CHAPELLIN CORDERO también corre, y el otro de los funcionarios, identificado como JESUS ENRIQUE ARRIETA MARTINEZ, le efectúa a la victima (sic) varios disparos  sin causa de justificación alguna, logrando impactar uno de los proyectiles a nivel del pulmón izquierdo, ocasionándole una herida mortal. Estando ya herida la victima (sic), ésta trata de huir de su agresor quien lo persigue, logra alcanzarlo y lo golpea sabiendo que ya estaba herido, intentando aún la victima (sic) llegar hasta la casa de su tío de nombre ANDRES CORDERO, tocando la ventana tratando de pedir auxilio, saliendo su tío quien se asoma por la ventana y logra ver a una persona que esta tirada en el piso, no reconociendo al momento que se trataba de su sobrino RICHARD CHAPELLIN CORDERO, así mismo logra ver a un funcionario identificado como JESUS  ENRIQUE  ARRIETA MARTINEZ, cuando le solicita ayuda a otro funcionario a quien llama por su apellido ‘CORDERO’, para que le fuera a ayudar con el sujeto que estaba tirado en el piso, razón por la que de inmediato el ciudadano ANDRES CORDERO, sale de su casa a ver que pasaba y ve que el funcionario JESUS ENRIQUE ARRIETA MARTINEZ se dirigía a la vía principal, y al notar la presencia del ciudadano ANDRES CORDERO se regresa al sitio donde estaba el joven tirado en el piso, y es cuando el ciudadano ANDRES CORDERO se percata que la persona que estaba en el piso era su sobrino RICHARD CHAPELLIN CORDERO, optando el funcionario JESUS ENRIQUE ARRIETA MARTINEZ por tomar a la victima (sic) que se encontraba herida mortalmente, por los pie (sic), y lo arrastra aproximadamente unos 20 a 30 metros, y seguidamente lo suelta y se va corriendo llamando a gritos al otro funcionario policial identificado como ´Cordero’ . (…) Posteriormente, una vez realizada la autopsia de ley, se determinó que la muerte del ciudadano RICHARD CHAPELLIN CORDERO, se produce a causa de una HEMORRAGIA INTERNA SHOCK HIPOVOLEMICO, RUPTURA DE AORTA TORACICA (sic) Y PULMON IZQUIERDO Y HERIDA POR ARMA DE FUEGO AL TORAX (…) las pesquisas llevaron a concluir que tal enfrentamiento nunca se produjo, lo cual arrojó indicios de estar frente a la comisión de un delito de homicidio por parte de los prenombrados funcionarios…”. 

 

Contra dicho fallo interpuso recurso de apelación el ciudadano abogado WILIAM RUBIO, en su condición de defensor del ciudadano acusado JESÚS ENRIQUE ARRIETA, con apoyo en el numeral 4 del artículo  452 del Código Orgánico Procesal Penal denunció que a su entender el tribunal de control permitió que la voluntad de las partes se impusiese sobre el  debido proceso, pues a su criterio la admisión de los hechos acogida por el acusado está afectada de nulidad.

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, a cargo de los ciudadanos jueces abogados MARINA OJEDA BRICEÑO, LUIS ARMANDO GUEVARA (ponente) y CELESTINA MENDEZ, el 21 de diciembre de 2005 declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del ciudadano acusado y  confirmó la decisión del tribunal de control.

 

 

Contra este fallo interpuso recurso de casación el ciudadano abogado WILIAM RUBIO, Defensor del ciudadano acusado JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ.

 

El 23 de mayo de 2006 se remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y se recibió el 8 de junio de 2006.

 

El 14 de junio de 2006 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

            Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a dictar sentencia en los términos siguientes.

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

Con fundamento en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal, la Defensa ejerció recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

 

La Defensa con apoyo en el artículo 460 del citado Código Orgánico  Procesal Penal denunció  infracción de ley por ERRÓNEA INTERPRETACIÓN del contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto adujo:

 

“… Por cuanto interpreta erróneamente el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana al indicar una especie de graduación de garantías en donde se encuentran las mínimas requeridas para la autenticidad del juicio es decir las que excluyen el formalismo inútil y las que no  lo son (…) Partiendo de allí desarrolla cada derecho en especial pero no los limita uno con otros ni tampoco los jerarquiza. La propia norma nos indica cuando nace esa tutela es decir, la garantía constitucional del debido proceso que no es otro que en TODO ESTADO Y GRADO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL PROCESO. Es por ello la inviolabilidad del derecho a la defensa y la asistencia jurídica desde el inicio. Así mismo la norma desarrolla los demás derechos inherentes a la defensa como el ser NOTIFICADO DE LOS CARGOS POR LOS CUALES SE LES INVESTIGA O DE ACCEDER A LAS PRUEBAS entre otros (…) En consecuencia el procedimiento por admisión de los hechos si bien requiere el consentimiento del imputado y su aceptación de los hechos. No es menos cierto que debe preceder una investigación y la misma debe realizarse con apego a las garantías constitucionales del investigado…”.

 

 Además señaló que: 

 

“…En el caso que nos ocupa mi defendido en la audiencia de juicio niega toda responsabilidad su defensa invoca las violaciones de garantías constitucionales y en esa misma audiencia se acoge al procedimiento por admisión de los hechos. Es esto o no contradictorio a que nos lleva tal situación dudosa, será a la aplicación del INDUBIO PRO REO o a la firme convicción de que el tribunal debió primero depurar el proceso pronunciándose  sobre las infracciones denunciadas y en todo caso tal como sostiene la doctrina  de la sala procurar subsanar la irregularidad  pero no con sacrificio de las  garantías del investigado y después de oír su acogida o no a la admisión de los hechos…”. 

 

La Sala, para decidir, observa:

 

El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que el recurso de casación se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios.

 

En el caso “sub júdice”, la Defensa no cumplió con lo dispuesto en el citado artículo 462, pues señaló en forma  confusa  lo que a su juicio es una  errónea interpretación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Por otra parte, el recurrente impugnó mediante el recurso de casación las decisiones dictadas tanto por el tribunal de control como por la corte de apelaciones, no obstante, que por mandato expreso del artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal sólo serán impugnables en casación las sentencias dictadas por las cortes de apelaciones.

 

Al efecto, la Sala Penal en sentencia N° 127 del 3 de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE (caso: Manuel Alberto Carbonell Otalvario) estableció el carácter especialísimo del recurso de casación, a saber:

 

“…El procedimiento del recurso de casación tiene un carácter especialísimo, lo que hace mas (sic) restrictivo la obligatoriedad del (sic) algunos requisitos en acciones de esta naturaleza, por lo tanto, sólo podrá fundarse en violaciones de ley contra sentencia de cortes de apelaciones y mediante indicación en forma precisa y separada de cada motivo, de sus argumentos de hecho y de derecho y expresando la solución que se pretende.

 

Se advierte que el acusador privado objeta el análisis efectuado por el Juez de Juicio en su sentencia, lo que no es impugnable mediante el recurso de casación. Al mismo tiempo, le  atribuye a la alzada la falta de aplicación de las disposiciones, no adoptadas por ella y a las que no está obligada ni le corresponde emplear, ya que la calificación de los sujetos procesales le compete a la primera instancia, lo que significa que si no fue aplicado, mal pudo ser infringido por la  recurrida.

 

Cabe destacar, que la Corte de Apelaciones una vez que admite el recurso, revisa exclusivamente las presuntas violaciones denunciadas en él, y no debe extralimitarse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, a menos que existan infracciones evidentes en la sentencia recurrida que violenten el debido proceso y el derecho a la defensa. Por consiguiente, esta Sala observa, que el recurrente no puede por vía del recurso de casación, pedir que se analicen las incidencias propias del juicio oral, impidiéndosele atacar conjuntamente las sentencias  dictadas  por  la  Corte de Apelaciones y por el Juzgado de juicio, ya que la procedencia de este recurso, es sólo contra fallos dictados por la Cortes de Apelaciones, lo que demuestra una confusión en torno al correcto planteamiento de está impugnación…”.

 

Por lo expuesto, la Sala considera procedente desestimar, por manifiestamente infundado, el recurso de casación propuesto por la defensa, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

 

No obstante la decisión anterior el Tribunal Supremo de Justicia, en orden a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha revisado el expediente para saber si se vulneraron los derechos del ciudadano acusado JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ o si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio en su provecho y en aras de la Justicia y ha encontrado lo siguiente:

 

En efecto, consta en el expediente (folios 180, 189, 192, 201 y 208 de la primera pieza) boletas de citación suscritas por el Ministerio Público y libradas a los ciudadanos investigados, a fin que comparezcan a la sede de la fiscalía y en calidad de imputados. Por otro lado,  ante la imposibilidad de hacer comparecer a los funcionarios investigados, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra ellos y la misma fue acordada por el juzgado de control (folio 246 de la pieza 1) y sólo se logró la captura del ciudadano JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ. Así mismo la Sala Penal observa que la recurrida sí revisó el fallo del juzgado de juicio y sí dio respuesta a la apelación interpuesta por la Defensa.

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda en su fallo indicó lo siguiente:

 

“…Ahora bien, esta instancia Superior constata igualmente que no procede la nulidad de las actuaciones  solicitadas por el recurrente, en virtud de que no se evidencia el que se haya violentado el Debido Proceso en el presente caso, pues se aprecia que el imputado ha ejercido su derecho a la defensa, estando representado en todo momento procesal por un defensor; dándose cabal cumplimiento a lo establecido en nuestra normativa constitucional y adjetiva penal, en lo relacionado a la intervención, asistencia y representación del imputado (…)  Por tanto, la admisión de los hechos realizada por el acusado en el caso en estudio, se evidencia  de las actas procesales que fue una declaración hecha sin juramento, sin apremio, libremente en que el procesado de autos, estando debidamente asistido de abogado, y en pleno  conocimiento de sus derechos; manifestó su voluntad …”. (Resaltado de la Sala).

 

 

Por otro lado, al folio 288 de la pieza 1 del expediente se observa la audiencia oral a la que hace referencia el artículo 373  del Código Orgánico Procesal Penal  y en donde el ciudadano JESÚS ENRIQUE ARRIETA, después de ser aprehendido, nombró a su defensor privado y durante el transcurso de la misma fue impuesto de los hechos investigados y pudo controvertir los mismo tal como se evidencia del acta levantada por el juzgado de control.

 

Empero, el 16 de abril de 2005 entró en vigencia el nuevo Código Penal y según ordena el artículo 24 de la Constitución, “… ninguna disposición tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena…”.

 

Además en relación con el principio de irretroactividad de la ley, la Sala Constitucional en sentencia N° 1807, de fecha 3 de julio de 2003, con ponencia del Magistrado Doctor JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, indicó:

 

“Del principio de legalidad deriva el carácter irretroactivo de la ley y, como excepción su retroactividad es admitida sólo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al acusado”.

 

El Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Valles del Tuy, impuso al ciudadano acusado JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ la pena de TRECE AÑOS DE PRESIDIO por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA, tipificado en el artículo 408 del Código Penal (reformado). 

 

El artículo 406 del Código Penal  (vigente) en su  ordinal 1° estipula:

 

“… 1. Quince años a veinte años de prisión a quien cométale homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el Título VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449,450,451,453,456 y 458 de este Código…”.

 

 

Por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA, en perjuicio del ciudadano RICHARD ROBINSON CHAPELLÍN CORDERO la pena que se debió  imponer era la de TRECE AÑOS DE PRISIÓN, la cual resulta más favorable y en virtud de las penas accesorias que derivan de su aplicación, previstas en el texto sustantivo penal.

 

Por otra parte, la Sala Penal constató que en el presente caso era procedente la rebaja especial de pena (hasta un tercio) que determinó el tribunal de función de control en el fallo condenatorio dictado con ocasión al procedimiento especial por admisión de los hechos, dada la particularidad en el presente caso, de la aplicación ultraactiva del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.208, de fecha 23 de enero de 1998, el cual estaba vigente para el momento en que ocurrieron los hechos objeto del proceso.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

 

1) DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Defensa del ciudadano acusado JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ, contra la sentencia del 21 de diciembre de 2005 dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

 

2) RECTIFICA LA PENA y CONDENA al ciudadano JESÚS ENRIQUE ARRIETA MARTÍNEZ a cumplir la pena de TRECE AÑOS DE PRISIÓN por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA, tipificado en el artículo 406 (ordinal 1°) del Código Penal, más las penas accesorias previstas en el artículo 16 eiusdem. 

 

          Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los SIETE         días del mes de  AGOSTO  de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

 

            Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

 

El Magistrado Vicepresidente,

 

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

 

La Magistrada,

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

La Magistrada,

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

La Magistrada,

 

 

MIRIAM MORANDY MIJARES 

                                                                                                         Ponente

 

 

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Exp. 06-272

MMM.