Ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Vistos.
El Tribunal Mixto de
Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado
Barinas, a cargo de la juez abogada IRIS PEÑA DE ANDUEZA, en sentencia dictada
el 15 de noviembre de 1999, dictó los siguientes pronunciamientos:
1) CONDENÓ a los
ciudadanos imputados GERALDO ENRIQUE NAVAS ARAUJO, venezolano, mayor de edad y
portador de la cédula de identidad V12.836819 y JOSÉ GREGORIO BIANCO
HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad V-
12.555.068, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS Y OCHO MESES DE PRESIDIO y las
accesorias de ley correspondientes por los delitos de SECUESTRO y
AGAVILLAMIENTO, previstos respectivamente en los artículos 462 y 287 del Código
Penal.
2) CONDENÓ a los
ciudadanos acusados ALEXIS SANTOS PARRA FERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad y
portador de la cédula de identidad V‑ 4.258.178 y YAJAIRA. COROMOTO
COLINA AGUILAR, venezolana, mayor de edad y portadora de la cédula de identidad
V‑12.201.466, a cumplir la pena de CINCO AÑOS Y OCHO MESES DE PRESIDIO y
las accesorias de ley correspondientes por los delitos de SECUESTRO EN GRADO DE
COMPLICIDAD previsto en el artículo 462 del Código Penal (en relación con el
ordinal 2º del articulo 84 "eiusdem") y AGAVILLAMIENTO previsto en el
articulo 287 del mencionado Código.
Contra la mencionada
decisión anunciaron recurso de apelación los abogados JOSÉ FERNANDO MACABEO y
CARMEN MARTÍNEZ, en su carácter de Defensores del ciudadano acusado JOSÉ
GREGORIO BIANCO HERNÁNDEZ. Y también las abogadas IRAIDA GUILLÉN CANTAFIO y
MERIS MARTÍNEZ, en su carácter de representantes del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
La Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a cargo de los
jueces abogados JORGE BAUDILIO ORTEGA, EUSTOQUIO CAMACHO y RENÉ RAMÍREZ
CONTRERAS, en sentencia dictada el lº de febrero del año 2000, DECLARÓ SIN
LUGAR la apelación interpuesta.
Contra la decisión
dictada en segunda instancia interpusieron recurso de casación las
representantes del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado
Barinas.
La Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas recibió el escrito
interpuesto por las recurrentes.
La Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas emplazó a los
abogados JOSÉ RAMÓN QUINTERO ARIAS, HÉCTOR JOSÉ MORENO y VIRGINIA REYES REYES,
en su carácter de Defensores del ciudadano acusado ALEXIS SANTOS PARRA
FERNÁNDEZ; a los abogados JOSÉ FERNANDO MACABEO y CARMEN MARTÍNEZ, en su
carácter de Defensores del ciudadano acusado JOSÉ GREGORIO BIANCO HERNÁNDEZ; y
a la abogada CARMEN LUCÍA RUMBOS, en su carácter de Defensora de los ciudadanos
acusados YAJAIRA COROMOTO COLINA AGUILAR y GERALDO ENRIQUE NAVAS ARAUJO y según
lo ordenado por el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, para que
dieran tal contestación al escrito consignado por las recurrentes. Tal
contestación se produjo y la Sala de Casación Penal verifica que los alegatos
expresados e n los escritos de impugnación se refieren al contenido y
fundamento de la denuncia de infracción de ley que señalaron las representantes
del Ministerio Público.
La Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas remitió el
expediente al Tribunal Supremo de Justicia.
La Sala de Casación
Penal del Tribunal Supremo de Justicia se constituyó el 10 de enero del año
2000 y al Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS se le designó ponente
el 5 de abril del año 2000 y así suscribe la presente decisión.
El 31 de octubre del
año 2000 la Sala de Casación Penal admitió el recurso y el 15 de noviembre del
año 2000 se celebró la audiencia oral y pública con la asistencia de las
partes.
La Sala de Casación
Penal pasa a decidir y al efecto observa lo siguiente:
RECURSO DE CASACIÓN
Las recurrentes, sobre
la base del articulo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciaron la
violación del ordinal 4º del articulo 74 del Código Penal, por errónea
aplicación y señalaron: "...En el
caso particular, el Ministerio Público, bajo nuestra representación luego de un
exhaustivo análisis considera que la aplicación de las normas que atenúan la pena deben ser
aplicadas bajo el estudio de las circunstancias que rodean el caso específico,
no pueden ser aplicadas sin freno a todos los casos ya que existen algunos no
merecedoras de tales circunstancias, y contrariamente habría que aplicar las
agravantes y es por ello que el legislador venezolano, ha establecido unas y
otras...”.
El Tribunal Cuarto
Mixto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del
Estado Barinas, estableció los siguientes hechos:
“...
El día 24 de junio de 1999, siendo, aproximadamente, las cuatro, de la tarde el
ciudadano R.AÚL MANUEL COELLO BLONVAL se ausenta de la finca denominada
"La Burusa", ubicada en el Municipio Barinas de este Estado y la cual
es de su propiedad y al salir a la carretera vía San Silvestre, la cual conduce
a la Calzada Páez, es interceptado por los hoy encausados GERALDO ENRIQUE NAVAS
y JOSÉ GREGORIO BIANCO, quienes lo someten y lo entregan a terceras personas
aun no identificadas; posteriormente, incineran la camioneta, marca Jeep,
modelo Cherokee, de color verde, la cual era conducida por el ciudadano VÍCTOR
GUERRERO quien la habla alquilado días antes del hecho al ciudadano ANTONIO
MANRIQUE utilizando para ello un cheque emitido contra el Banco Mercantil N'
1185‑000372 propiedad de la ciudadana NANCY MARGOT PEREZ, el cual fue
suministrado por el hoy acusado ALEXIS SANTOS PARRA FERNÁNDEZ, quien al momento
de su detención le fue decomisada un arma de fuego (pistola) que portaba en su
poder. El mismo día 24.06.99, siendo aproximadamente las 9 de la noche, en el
Puente de San Silvestre la hoy acusada YAJAIRA COROMOTO COLINA facilita el
transporte hasta Barinas a JOSÉ GREGORI0 BIANCO, siéndole decomisada a ella al
momento de su detención una agenda personal, de color verde, dos tonos, donde
había anotado la descripción de la finca "La Burusa”, cantidad de
hectáreas y número aproximado de ganado, de igual manera ha quedado plenamente
demostrado que las personas hoy acusadas por este hecho se comunicaban entre si
a través de teléfonos celulares días antes y después del secuestro
incrementándose las llamadas los días 24 y 25 de junio de 1999, siéndoles
decomisados dichos teléfonos al momento de practicar su detención. La victima
RAÚL MANUEL COELL.0, aún permanece en poder de sus captores, quienes exigen a
sus familias altas sumas de dinero para su liberación...”.
Tales hechos fueron
calificados por el Tribunal Cuarto Mixto del Circuito Judicial Penal del Estado
Barinas, como secuestro y agavillamiento previstos en los artículos 462 y 287
del Código Penal.
En la oportunidad de
conocer el recurso de apelación, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas acogió los hechos y la
calificación dada a los mismos por la juzgadora de primera instancia.
A juicio de la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, las circunstancias de hecho
que dieron origen al presente juicio constituyen los delitos de secuestro y
agavillamiento previstos respectivamente en los artículos 462 y 287 del Código
Penal.
La Sala de Casación
Penal, en relación con el alegato expuesto por las representantes del
Ministerio Público, observa lo siguiente:
Las circunstancias atenuantes basadas en el
ordinal 4º del artículo 74 del Código Penal (denunciado como infringido) son en
principio de libre apreciación por los jueces de instancia y no deberían ser
censurables en casación. Sin embargo, esa discrecionalidad conferida a los
jueces para la aplicación de la referida atenuante genérica, debe responder,
como lo expresa el articulo 23 del Código de Procedimiento Civil, a lo que, sea
más equitativo o racional, en obsequio de la imparcialidad y de la justicia.
Por su parte; el
articulo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
consagra la justicia como un valor superior del ordenamiento jurídico.
En el caso concreto,
estima la Sala de Casación Penal que no es procedente aplicar discrecionalmente
la rebaja de pena consagrada en el ordinal 4º del articulo 74 del Código Penal,
ya que los imputados (por lo que resulta de las actas) no han tenido una
conducta que les haga merecedores de tal beneficio y han causado el máximo daño
que el delito de secuestro causa al bien jurídico protegido. Y más aún cuando
se observa que la víctima no ha sido reintegrada por sus captores a su vida
normal.
En virtud de lo
expuesto la Sala declara con lugar la infracción, por indebida aplicación, del
ordinal 4º del articulo 74 del Código Penal.
Con fundamento en lo
anteriormente expuesto y de acuerdo con el articulo 460 del Código Orgánico
Procesal Penal, se pasa. a rectificar la pena que han de cumplir los encausados
GERALDO ENRIQUE NAVAS ARAUJO, JOSE GREGORIO BIANCO HERNANDEZ, ALEXIS SANTOS PARRA FERNÁNDEZ y YAJAIRA COROMOTO
COLINA AGUILAR.
Con respecto a los
ciudadanos imputados GERALDO ENRIQUE NAVAS ARAUJO y JOSÉ GREGORIO BIANC0
HERNÁNDEZ, se observa:
El delito de secuestro
está tipificado en el articulo 462 del Código Penal y tiene prevista la pena de
presidio de diez a veinte años, esto es, quince años de presidio de acuerdo con
el término medio y a tenor,del encabezamiento del articulo 37 del citado Código.
El delito de agavillamiento está
consagrado en el articulo 287 del Código Penal y tiene prevista la pena de
prisión de dos a cinco años, es decir, tres años y seis meses de prisión sobre
la base del articulo 37 "ejusdem". La pena de prisión se convierte en
presidio sobre la base del articulo 87 del citado Código y resulta en un ano y
nueve meses de presidio.
En la presente causa
concurren los delitos de secuestro y de agavillamiento. Por ello se aplica (de
acuerdo con el articulo 86 del Código Penal la pena) correspondiente al delito
más grave, que es la. de secuestro (quince años de presidio), con el aumento de
las dos terceras partes de la pena establecida para el delito de agavillamiento
(un año y nueve meses de presidio). Las dos terceras partes para el delito de
agavillamiento resulta en un año y dos meses de presidio.
De lo expuesto se
concluye en que los ciudadanos imputados GERALDO ENRIQUE NAVAS ARAUJO y JOSÉ
GREGORIO BIANCO HERNÁNDEZ, deben cumplir la pena de DIECISÉIS ‑ AÑOS Y
DOS MESES DE PRESIDIO por los delitos de secuestro y agavillamiento,
así como las accesorias de ley correspondientes.
En relación con los
ciudadanos imputados, ALEXIS SANTOS PARRA FERNÁNDEZ y YAJAIRA COROMOTO COLINA
AGUILAR, se establece lo siguiente:
El delito de secuestro
contemplado en el articulo 462 del Código Penal, tiene prevista la pena de
presidio de diez a veinte años, o sea, quince años de presidio de acuerdo con
el término medio y a tenor del encabezamiento del articulo 37 del citado
Código. Como. concurre a favor de los encausados la rebaja prevista en el
ordinal 2º del artículo 84 "ejusdem", la pena aplicable se rebaja a
la mitad, lo cual resulta en siete años y seis meses de presidio.
El delito de
agavillamiento está consagrado en el articulo 287, del Código Penal y tiene
prevista la pena de prisión. de dos a cinco años, esto es decir, tres años y
seis meses de prisión según el articulo, 37 "ejusdem". Esta pena se
convierte en presidio de acuerdo con el articulo 87 del Código Penal y resulta
en un año y nueve meses de presidio.
Concurren los delitos
de secuestro en grado de complicidad y de agavillamiento. Por ello y con
fundamento en el articulo 86 del Código Penal, se aplica la pena
correspondiente al delito más grave, que es la de secuestro en grado de
complicidad (siete años y seis meses de presidio) con el aumento de las dos
terceras partes de la pena establecida para el delito de agavillamiento (un año
y nueve meses de presidio). Las dos terceras partes para el delito de
ágavillamiento resultan en un año y dos meses de presidio.
De lo anteriormente
expuesto resulta que los ciudadanos encausados, ALEXIS SANTOS PARRA FERNÁNDEZ y
YAJAIRA COROMOTO COLINA AGUILAR, deben cumplir la pena de OCHO AÑOS Y OCHO
MESES DE PRESIDIO cada uno.
La anterior determinación
acarrea únicamente la nulidad de la parte dispositiva del fallo dictado el lº
de febrero del año 2000 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
DECISIÓN
Por las razones
anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley, declara CON LUGAR el recurso de
casación interpuesto por las Fiscales del Ministerio Público de la Circunscripción
Judicial del Estado Barinas y. en consecuencia hay lo siguiente:
1) CONDENA a los
ciudadanos imputados, GERALDO ENRIQUE NAVAS ARAUJO, venezolano, mayor de edad y
portador de la cédula de identidad V-12.836.819 y JOSÉ GREGORIO BIANCO
HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad V-
12.555.068, a cumplir la pena de DIECISEIS AÑOS Y DOS MESES DE PRESIDIO, que
terminarán de cumplir en el establecimiento carcelario que les designe el
Ejecutivo Nacional; a la inhabilitación política durante el tiempo de la
condena, una vez terminada ésta, por los delitos de SECUESTRO y AGAVILLAMIENTO
previstos respectivamente en los artículos 462 y 287 del Código Penal.
2) CONDENA a los
ciudadanos acusados, ALEXIS SANTOS PARRA FERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad y
portador de la cédula de identidad V- 4.258.178 y YAJAIRA COROMOTO COLINA
AGUILAR, venezolana, mayor de edad y portadora de la cédula de identidad V‑12.201.466,
a cumplir la pena de OCHO AÑOS Y OCHO MESES DE PRESIDIO por los delitos de
SECUESTRO EN GRADO. DE COMPLICIDAD (previsto en el articulo 461 del Código
Penal en relación con el ordinal 2º del articulo 84 "ejusdem") y
AGAVILLAMIENTO, previsto en el artículo 287 del citado Código Penal.
Publíquese, regístrese
y bájese el expediente.