MAGISTRADO PONENTE ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Vistos.
Dio origen al presente juicio el hecho ocurrido el 7
de diciembre de 1996, en la población de Cantaura, Estado Anzoátegui, cuando
unos funcionarios de la Policía Metropolitana tuvieron un enfrentamiento armado
con varios sujetos desconocidos y resultó muerto el ciudadano REINALDO RAMÓN
SILVA, como consecuencia de las heridas por arma de fuego.
La Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial
del Estado Anzoátegui, a cargo de la juez abogada MARÍA ELENA JONES OLIVÉ, el 8
de febrero del año 2000, condenó al ciudadano imputado JOSÉ ENRIQUE ARCILA
AMATIMA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad V.-
11.415.169, a cumplir la pena de DOCE
AÑOS DE PRESIDIO, más las accesorias correspondientes, por la
comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto
en el artículo 407 del Código Penal, en
concordancia con el ordinal 4° del
artículo 74 “eiusdem”.
Dentro
del lapso legal establecido en el artículo 455 del Código Orgánico Procesal
Penal interpuso recurso de casación el abogado ARTURO JOSÉ GONZÁLEZ, Defensor
Definitivo del ciudadano imputado JOSÉ ENRIQUE ARCILA AMATIMA.
La
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial
del Estado Anzoátegui, dando cumplimiento a lo pautado en el artículo 457
"eiusdem", acordó emplazar al abogado GILBERTO ANTONIO DÍAZ, Fiscal
Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de ese Estado, sin
que tal contestación se produjere.
El 29
de junio del año 2000 se recibió el expediente en el Tribunal Supremo de
Justicia y el 4 de julio del año 2000 se designó ponente al Magistrado Doctor
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Cumplidos
como han sido los trámites procedimentales, esta Sala de Casación Penal pasa a dictar
sentencia.
DEL RECURSO DE CASACIÓN
Sobre la base de lo
dispuesto en el ordinal 10° del artículo 331 del Código de Enjuiciamiento
Criminal, el recurrente denuncia que el Tribunal “a quo” no tomó en
consideración las siguientes pruebas:
1) El resultado de la muestra de rastreo de ATD practicado al occiso, ya que se envió la muestra pero jamás solicitaron su resultado. Según el criterio del defensor recurrente, con el resultado de esta prueba se podía establecer si realmente el hoy occiso disparó contra los funcionarios policiales.
2) El
estudio Planimétrico y el examen de Balística, determinan que las balas
impactadas en el cuerpo del hoy occiso pertenecen a dos armas diferentes: una
de ellas un revólver 38 que fue
accionado a más de dos metros de distancia y la otra bala pertenece a un fal,
accionado a 50 centímetros de distancia, siendo ésta la que causó la muerte.
Por
otra parte señaló que el testimonio del funcionario JOSÉ RAMÓN SANDOVAL (quien
portaba el fal) fue “dañino, interesado, falso de toda falsedad, deduciendo a
equívoco que trata a como de (SIC)
lugar de incriminar a JOSÉ ARCILA su Compañero”; y que ese funcionario
“jamás declaró en la P.T.J. a pesar de haber sido citado al igual que los demás
funcionarios”, y compareció a los
cuarenta y cuatro días a declarar en los tribunales.
Por
último denuncia que el tribunal “a quo” no debió valorar, como lo hizo, la
declaración de la señorita TIBISAY BARRETO FIGUERA, la cual alega que el agente
JOSÉ ENRIQUE ARCILA AMATIMA disparó dos veces contra la humanidad del hoy
occiso, puesto que dicha declaración se desvirtúa con el estudio de planimetría
y el examen de balística, al concluir en que las heridas fueron realizadas por dos armas diferentes.
La
Sala advierte:
Una
vez analizado el recurso de casación presentado por el Defensor recurrente,
esta Sala nota que se encuentra manifiestamente infundado porque para
fundamentarlo se apoyó en disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal
derogado y denunció como infringidas igualmente disposiciones del referido
código adjetivo, las cuales ya no estaban en vigencia para la fecha en que fue
dictada la sentencia del tribunal colegiado y que por lo tanto no pudieron ser
en ningún momento infringidas: en este caso no era aplicable el Régimen Procesal
Transitorio establecido en el artículo 509 del Código Orgánico Procesal Penal.
El recurrente debió fundamentar el recurso de casación según lo establecido en
el Código Orgánico Procesal Penal.
En
atención a lo expuesto, lo procedente es declarar desestimado por
manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por el Defensor
Definitivo del ciudadano imputado, según lo establecido en el artículo 458 del
Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
Este Tribunal
Supremo de Justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la
Constitución, ha revisado el fallo impugnado para saber si se vulneraron los
derechos del imputado o si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de
oficio en provecho del reo y en aras de la justicia: considera que el presente
fallo no está ajustado a Derecho y así lo hace constar, puesto que el imputado actuó bajo el temor de ser agredido
de una forma que no se ha podido comprobar plenamente, por lo que tal temor pudo
ser infundado pero sí existió y comprimió el espíritu del agente policial,
quien por tanto actuó en una situación de defensa putativa, esto es, cuando sin
una suficiente razón se teme una agresión que no existe o no es tanta. Por
consiguiente el Juez de la sentencia recurrida infringió el numeral 3 del
ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal Venezolano, por falta de
aplicación, según las previsiones del artículo 452 del Código Orgánico Procesal
Penal. Por consiguiente, en seguida se corrige el vicio encontrado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal.
Esta
Sala de Casación Penal observa que los funcionarios policiales son contestes en
sus declaraciones cuando afirman que el día en que ocurrieron los hechos se
encontraban realizando labores de prevención y resguardo del orden público, ya
que había un evento (“amanecer gaitero”) en la avenida Bolívar de Cantaura y
que por la calle Freites (en horas de la madrugada) se les acercó un ciudadano
de nombre GEOVANNY AGUILERA para denunciar que cinco sujetos lo habían
despojado de una cadena de oro y dinero en efectivo y que habían huído por la
calle Venezuela.
Ante
esa denuncia los funcionarios policiales salieron a la captura de los
antisociales y cuando vieron a un grupo sospechoso de personas le dieron la voz
de alto, pero salieron corriendo y algunos se metieron en el patio de una casa:
fue en ese momento cuando los policías escucharon que les disparaban y ante el
temor de resultar heridos (los funcionarios policiales) hicieron varios
disparos y resultó herido el ciudadano REINALDO RAMÓN SILVA, quien falleció
posteriormente y después fue reconocido por el ciudadano GEOVANNY AGUILERA como
una de las personas que lo habían despojado del dinero y de una cadena de oro.
Es
criterio de esta Sala de Casación Penal que
el funcionario policial ciudadano JOSÉ ENRIQUE ARCILA AMATIMA, el día en
que ocurrieron los hechos, actuó en estado de incertidumbre y temor, ya que
ante la denuncia de que unos criminales asaltaron y robaron a un ciudadano,
decidieron ir a capturarlos y en el momento de la persecución escucharon los
disparos, lo cual hízolos reaccionar del modo descripto con anterioridad.
El
numeral 3 del ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal Venezolano expresa:
“Se
equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de
incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa”.
Esta Sala de Casación Penal opina que el ciudadano imputado JOSÉ ENRIQUE ARCILA AMATINA obró en estado de defensa putativa al sentir incertidumbre y temor de ser asesinado, durante la persecución que hacían para capturar a unos antisociales que habían ejecutado un robo, por lo que disparó y se produjo tal resultado. Siendo la defensa putativa una causa de justificación que excluye la responsabilidad penal del hecho, lo procedente es declarar que la conducta desplegada por el ciudadano imputado JOSÉ ENRIQUE ARCILA AMATINA no es punible, y que lo ajustado a Derecho es absolver al imputado JOSÉ ENRIQUE ARCILA AMATINA de los cargos que le formulara la Fiscal Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Así se decide.
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Defensor Definitivo del ciudadano imputado JOSÉ ENRIQUE ARCILA AMATINA contra la sentencia dictada el 8 de febrero del año 2000 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui; 2) Declara de oficio CON LUGAR la infracción del numeral 3 del ordinal 3º del artículo 65 del Código Penal y en consecuencia ABSUELVE al ciudadano imputado JOSÉ ENRIQUE ARCILA AMATINA de los cargos que le formulara la Fiscal Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
Queda así corregida y modificada la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. En consecuencia remítase el expediente a un Tribunal de Ejecución de esa Circunscripción Judicial a los fines consiguientes.
Publíquese,
regístrese y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón
de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Penal, en Caracas,
a los veintiún (21) días
del mes de diciembre del año dos mil.
Años 191° de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente De La
Sala,
JORGE ROSELL
SENHENN
El
Vicepresidente,
RAFAEL PÉREZ PERDOMO
El Magistrado,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
Ponente
La Secretaria,
LINDA
MONROY DE DÍAZ
Exp. No: 00-955
AAF/lp
VOTO SALVADO
Jorge L. Rosell Senhenn, Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salva el voto en la presente decisión por las razones siguientes:
El ciudadano funcionario policial JOSE ENRIQUE ARCILA fue condenado por la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui por el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, con base en pruebas que fueron valoradas debidamente por Primera Instancia como se deduce del fallo de la alzada. Ahora bien, la Sala Penal anula dicha sentencia precisando lo siguiente:
"Es criterio de esta Sala de Casación Penal que el funcionario policial ciudadano JOSE ENRIQUE ARCILA AMATIMA, el día en que ocurrieron los hechos, actuó en estado de incertidumbre y temor, ya que ante la denuncia de que unos criminales asaltaron y robaron a un ciudadano, decidieron ir a capturarlos y en el momento de la persecución escucharon los disparos, lo cual hízolos reaccionar del modo descripto (sic) con anterioridad...".
Fundamentándose en la anterior afirmación y contrariando inclusive declaraciones de otro funcionario policial de la cual se deduce que no hubo enfrentamiento de parte de la víctima con la comisión que integraban, la Sala llega a la inmotivada conclusión de que debe aplicarse el numeral 3° del artículo 65 del Código Penal, que consagra la legítima defensa putativa:
"Se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa".
El uso de este tipo de institución que legitima la acción homicida que quedó demostrada tanto para primera instancia como para la alzada, es un expediente peligroso, sobre todo cuando se trata de exculpar la función policial, en una época en la cual pareciera que la cúpula policial ha puesto en marcha una "política criminal " de exterminio. El Tribunal Supremo debe estar atento a estas actitudes, y si en verdad se presentan estas situaciones de excepción, debe ser corroborada y explicada satisfactoriamente en una sentencia que llene los mínimos requisitos de fundamentación, lo cual no sucede con la presente, como antes se explicó.
Es por lo antes explicado que quien suscribe salva el voto en la presente decisión, al considerar que quedó desvirtuada la excepción de hecho alegada por el imputado. Fecha ut supra.
El Presidente de la Sala,
Jorge L. Rosell Senhenn
Disidente
El Vicepresidente,
Rafael Pérez Perdomo
Magistrado,
Alejandro Angulo Fontiveros
La Secretaria,
Linda Monroy de Díaz
JLRS/cc.
Exp. N° 00-0955 (AAF)