Magistrado Ponente Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

Con fecha veintinueve (29) de agosto de 2013, fue recibido ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, RECURSO DE CASACIÓN suscrito y presentado por la abogada JESSIKA HORTENSIA GRANADO GONZÁLEZ, Defensora Pública Sexta adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Monagas, actuando en representación de los ciudadanos PEDRO JOSÉ ROMERO PEÑA y BRIAN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ, cédulas de identidad 20022699 y 24215608, respectivamente.

 

Actuación dirigida contra decisión dictada el siete (7) de mayo de 2013 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, integrada por MARÍA YSABEL ROJAS GRAU (presidenta-ponente), ANA CARMEN NATERA y LILIAM VIRGINIA LARA, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensora privada abogada MARÍA ALEJANDRA GUCCIONE, contra el fallo proferido el veinte (20) de agosto de 2012 por el Juzgado Cuarto de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que condenó a los ciudadanos PEDRO JOSÉ ROMERO PEÑA y BRIAN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ a cumplir la pena de ocho (8) años de prisión, en virtud de la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, desarrollado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano.

 

Recurso al cual se le dio entrada el veintinueve (29) de agosto de 2013, asignándosele el número de causa AA30-P-2013-000307, y el diez (10) de septiembre de 2013 como ponente a la Magistrada ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ.

 

Siendo reasignada la ponencia el nueve (9) de julio de 2014 al Magistrado Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA, de conformidad con el único aparte del artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En virtud de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre el presente recurso de casación, se resuelve en los términos siguientes:

 

I

 DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

Consta en las actas de la causa en estudio, que la abogada JESSIKA HORTENSIA GRANADO GONZÁLEZ, Defensora Pública Sexta adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Monagas, a través del recurso de casación recibido el veintinueve (29) de agosto de 2013 ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, solicitó fuese declarado con lugar y anulada la sentencia de alzada aquí impugnada.

 

En la única denuncia del presente recurso, se observa que con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, la defensora pública alegó “la violación de la ley por la errónea aplicación de los artículos 22, 157 y 346, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, expresando que:

 

“la denuncia en la que [se] basó la abogada MARÍA GUCCIONE quien era para ese momento la defensa privada, consistió en que la juzgadora en la dispositiva de la sentencia condenatoria, resultó ser contradictoria y aplicó erróneamente la valoración de la prueba tanto de manera objetiva como de manera subjetiva…la Corte de Apelaciones [del Circuito Judicial Penal] del Estado Monagas, se limitó única y exclusivamente a transcribir los alegatos del juez aquo, sin analizar, para así exponer las razones de hecho y de derecho, que consideró procedente para declarar sin lugar el recurso de apelación, lo que evidencia la falta de motivación y la violación de lo contenido en el artículo 346 [numeral] 4 sin tomar en consideración que el tribunal cuarto de juicio, no tomó en cuenta al momento de valorar las pruebas el mérito de las mismas, sin aplicar las reglas de la lógica, la sana crítica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia…no fundamentó la decisión mediante la cual condena a los defendidos…el tribunal de primera instancia consideró suficiente para desvirtuar el principio de la presunción de inocencia…[valorar] un procedimiento practicado de manera ilegal a espalda de lo establecido en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal y dio pleno valor probatorio a lo manifestado por los funcionarios policiales que a todas luces fueron contradictorios y que adicional a ello esa probanza fue adminiculada con una declaración de una testigo que manifiesta que no vio…el hallazgo de la sustancia ilícita (droga)…no…[pudiendo] demostrarse con esa falta de certeza que esa droga le fue incautada a los defendidos…entiende esta defensa que si existen contradicciones es porque los hechos no están claros, no existe certeza…no debe existir dudas al respecto para condenar a un acusado, por lo que se hace necesaria la certeza de la culpabilidad, sin ningún tipo de duda racional, obtenida en la valoración de la prueba con todas las garantías y conforme a la sana crítica. Sin embargo, esta falta de certeza es avalada por la Corte de Apelaciones…al manifestar en su sentencia, que estas contradicciones no influyen en la apreciación general del juez…es descabellado pensar que si los funcionarios aprehensores se contradicen en sus dichos, siendo los únicos presentes para el momento de la realización del procedimiento, la juez pretenda dejar de lado tal situación, justificando que las contradicciones no son fundamentales, dándole pleno valor probatorio y así fundamenta su sentencia condenatoria, ratificada por la Corte de Apelaciones…es impresionante ver cómo es que los miembros de la Corte de Apelaciones [del  Circuito Judicial Penal] del Estado Monagas en una notable violación del derecho, como en el presente caso, donde se evidencia que existen situaciones fácticas que fueron atacas por vía de la apelación de sentencia…se limita, sin analizar y sin motivación alguna a transcribir lo expuesto por la juez a quo y luego expone que ‘como puede observarse del texto antes transcrito ha quedado claro con las pruebas que fueron evacuadas en sala de juicio, cual fue la conducta delictiva de los acusados…razones estas que permiten a esta alzada verificar que para la a quo si le quedó demostrado que la droga incautada si pertenecía a los jóvenes’…de la meridiana lectura de la sentencia hoy recurrida por vía de casación se puede observar que efectivamente la Corte de Apelaciones…al dictaminar la decisión correspondiente…no se limitó a valorar las reglas de lo establecido en el artículo 22 de la ley adjetiva penal…sino, que por el contrario emitió opinión de valor de los medios que fueron evacuados en la sala de audiencias durante el debate de juicio…en tal sentido considera la defensa que la Corte de Apelaciones al momento de resolver el recurso de apelación, debió verificar los alegatos fundados en errores de derechos…cometidos en la sentencia emanada de primera instancia, sin proceder de ninguna manera, [a] analizar, comparar ni valorar pruebas objetos del debate, pues la determinación y análisis de los hechos que se estimen acreditados, le corresponden al juez de juicio”. (Sic).

 

II

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal conozca los recursos de casación que se ejerzan contra las decisiones de las cortes de apelaciones o cortes superiores, se encuentra establecida en el artículo 29, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone: 

 

“Es   de   la  competencia  de  la  Sala  Penal   del   Tribunal   Supremo  de  Justicia:…2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal”.

 

En consecuencia, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por la abogada JESSIKA HORTENSIA GRANADO GONZÁLEZ, Defensora Pública Sexta adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Monagas, actuando en representación de los ciudadanos PEDRO JOSÉ ROMERO PEÑA y BRIAN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ. Así se declara.

 

III

DE LOS HECHOS

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que fueron establecidas por el Juzgado Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, en sentencia del veinte (20) de agosto de 2012 (inserta de los folios ciento dieciocho -118- al ciento treinta y cinco   -135- de la pieza No. 2 del expediente), son:

 

“en fecha 03 de marzo de 2012…los funcionarios EDUARDO PÉREZ, EULISES LÓPEZ y JOSÉ MORÁN, adscritos al departamento de inteligencia gubernamental de la Dirección General de la Policía del Estado Monagas, se encontraban de servicio…y recibieron una llamada telefónica de parte de un ciudadano que no quiso identificarse por temor a represalias, manifestando que en la calle las Cayenas de la urbanización Arnoldo Gabaldón de Santa Bárbara, específicamente en una vivienda de color azul con puertas y ventanas de color blanco, estaban dos ciudadanos vendiendo drogas, describiendo las características de los ciudadanos…que como punto de referencia la vivienda quedaba al frente de una escuela y una cancha deportiva, por lo que los funcionarios se constituyen en comisión trasladándose al lugar y logrando ubicar la dirección exacta, y le solicitaron la colaboración a una ciudadana para que fungiera como testigo…ingresaron a la vivienda y en el interior se encontraban dos ciudadanos sentados cada uno en una silla y con las mismas características aportadas por el ciudadano que realizó la llamada, comunicándoles los funcionarios el motivo de la presencia de la comisión y al realizar la inspección de la casa, colectaron de un mueble un (01) bolso tipo koala, de color negro, marca puma, que contenía 41 envoltorios de la droga denominada marihuana, no localizándose ninguna otra evidencia, siendo identificados los ciudadanos como BRIAN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ y PEDRO JOSÉ ROMERO PEÑA, resultando ser lo incautado 232 gramos con 100 miligramos de MARIHUANA”. (Sic).

 

IV

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El recurso de casación goza de una condición especial, que obedece a su naturaleza procesal, constituyendo un medio de impugnación contra decisiones emitidas por las cortes de apelaciones, instancia superior ordinaria en el marco del proceso penal vigente en la República Bolivariana de Venezuela.

 

Contemplando el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, los requisitos de modo, forma y tiempo en que debe ser presentado el recurso de casación, señalando que se realizará mediante un escrito fundado, ante la corte de apelaciones y dentro de un plazo de quince (15) días después de publicada la sentencia, a excepción que el acusado se encuentre privado de libertad, caso en el cual comenzará a correr a partir de la notificación personal, previo traslado.

 

De igual forma, el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal establece a la legitimación como requisito de admisibilidad de todo recurso, donde se incluye al de casación.  Por ende, sólo podrán recurrir contra las decisiones judiciales las partes a quienes la ley le reconozca expresamente este derecho.

 

En el presente caso, en lo referido a la legitimación activa para recurrir, el recurso de casación fue propuesto por la abogada JESSIKA HORTENSIA GRANADO GONZÁLEZ, Defensora Pública Sexta adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Monagas, facultada según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.

 

Ahora bien, en relación al supuesto de la temporalidad, el recurso de casación fue interpuesto el seis (6) de junio de 2013. Tiempo hábil sobre la base del cómputo efectuado por la abogada YANIXA CARVAJAL MARTÍNEZ, secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas (cursante en los folios doscientos trece -213- y doscientos catorce -214- de la pieza de recurso de apelación del expediente), de acuerdo con el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Y en lo concerniente al último de los requisitos, el pronunciamiento impugnado fue dictado el siete (7) de mayo de 2013 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada MARÍA ALEJANDRA GUCCIONE, defensora privada (para ese momento) de los ciudadanos PEDRO JOSÉ ROMERO PEÑA y BRIAN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ, tratándose de aquéllas decisiones recurribles en casación, según lo establecido en el artículo 451 de la ley adjetiva penal.

 

En este orden, revisados como han sido los requisitos de admisibilidad, esta Sala de Casación Penal, pasa a verificar la fundamentación de la única denuncia expuesta en el presente recurso de casación.

 

Observándose en principio que la defensora pública alegó la errónea aplicación de los artículos 22, 157 y 346 (numeral 4) del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ello sin determinar de manera clara y precisa la aplicación que debía darse a cada una de las citadas disposiciones legales, es decir, no refiere concretamente de qué forma la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, vulneró los derechos y garantías constitucionales y legales, denunciados como infringidos.

 

En tal sentido, es criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, que cuando se denuncia la errónea aplicación de una disposición legal, debe expresarse claramente cuál fue la aplicación dada a la misma, por qué fue erróneamente aplicada, cómo ha debido ser la aplicación de la norma que se considera fue vulnerada, y finalmente la relevancia o influencia que tuvo en el fallo recurrido. Elementos estos que no son verificables en el argumento recursivo antes referido.

 

Además de esto, se indica que el razonamiento de la presenta denuncia es discordante y confuso en sus planteamientos, ya que por una parte le atribuye el vicio de falta de motivación a la sentencia de alzada, afirmando que: “se limitó única y exclusivamente a transcribir los alegatos del juez aquo, sin analizar, para así exponer las razones de hecho y de derecho, que consideró procedente para declarar sin lugar el recurso de apelación”, para luego acotar que: “la Corte de Apelaciones…al dictaminar la decisión correspondiente…emitió opinión de valor de los medios que fueron evacuados en la sala…de juicio”, constatándose la falta de claridad y ambigüedad en sus alegatos, por cuanto existe ausencia de motivación o por el contrario la recurrida emitió juicio de valor sobre elementos probatorios, lo cual tiene vedado de acuerdo al principio de inmediación, pero ambos vicios no pueden coexistir con respecto a un mismo punto, en razón de ser excluyentes entre sí.

 

Enfatizándose, que este tipo de divergencias no permiten tener un conocimiento concreto sobre cuál es realmente el supuesto vicio denunciado, y la forma en que incidió en el fallo recurrido, lo cual dificulta su entendimiento y resolución, poniendo en evidencia que más allá de los alegatos aquí expuestos, lo que priva para la impugnante es la inconformidad con una decisión que es contraria a los intereses de sus defendidos, es decir, con la sentencia condenatoria dictada el veinte (20) de agosto de 2012 por el Juzgado Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, lo que indudablemente no es factible a través del recurso de casación.

 

Por otra parte, examinado el fundamento de la denuncia, se desprende que la formalizante a pesar de acudir a esta Sala para recurrir de la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, no establece de manera clara y directa vicios propios que demuestren su incidencia en las resultas del caso, limitándose única y exclusivamente a objetar el análisis de los medios probatorios que realizó el juzgado de juicio en el fallo condenatorio, encontrándose impedida de hacer de acuerdo a lo previsto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Y así, lo anterior se verifica del argumento recursivo expuesto por la defensora pública, al señalar:

 

la sentencia condenatoria, resultó ser contradictoria y aplicó erróneamente la valoración de la prueba…el tribunal de primera instancia consideró suficiente para desvirtuar el principio de la presunción de inocencia…[valorar] un procedimiento practicado de manera ilegal a espalda de lo establecido en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal y dio pleno valor probatorio a lo manifestado por los funcionarios policiales que [a] todas luces fueron contradictorios y que adicional a ello esa probanza fue adminiculada con una declaración de una testigo que manifiesta que no vio…el hallazgo de la sustancia ilícita (droga)”. (Sic).

 

En efecto, es innegable que el propósito real de la recurrente es atacar la valoración de las pruebas, particularmente tanto las declaraciones de los funcionarios policiales actuantes como la testigo, alegando además irregularidades en el procedimiento de allanamiento, elementos de fondo que son propios de ser discutidos en la fase de juicio (como en efecto se hizo), no siendo posible ser considerados a través del recurso de casación, por no constituir esta etapa del proceso una tercera instancia que puede conocer de todas las incidencias y decisiones que el recurrente desee, por considerarlas contrarias a los intereses de su defendido.

 

Debiendo precisarse, que el recurso de casación es para examinar la sentencia de la última instancia, y a tales efectos para verificar la existencia de errores de derecho cometidos por la alzada, salvo en los casos de violaciones de orden público, que ameriten su actuación. Por consiguiente, quien acude a esta vía, no puede pretender que se analicen incidencias propias del juicio (que buscan demostrar o no la responsabilidad penal de los acusados en los hechos objeto del proceso), impidiéndose impugnar conjuntamente los fallos dictados por la alzada y por el tribunal de juicio, ya que la procedencia de este recurso sólo es válida jurídicamente contra los fallos de las cortes de apelaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Por ende, se ratifica el criterio que los impugnantes no pueden procurar por medio del recurso de casación le sean revisados los fallos que no le son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, siendo necesario cumplir con los requisitos que le establece la ley.

 

En mérito de todo lo previamente desarrollado, se concluye que lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la única denuncia del recurso de casación, conforme a lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación propuesto por la abogada JESSIKA HORTENSIA GRANADO GONZÁLEZ, Defensora Pública Sexta adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Monagas, actuando en representación de los ciudadanos PEDRO JOSÉ ROMERO PEÑA y BRIAN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ, contra decisión dictada el siete (7) de mayo de 2013 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Monagas.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los dos (2) días del mes de diciembre del 2014. Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

                  

    El Magistrado Vicepresidente,

 

 

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

 
                                                                                                      El Magistrado,

 

 

 

                                                                                  PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

                                                                                                         (Ponente)

                       

 

                     La Magistrada,

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABÍN de DÍAZ                                                        

                                                                                              La Magistrada,

 

 

 

                                                                      ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ                                                                                                       

 

 

La Secretaria (E),

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

Exp. No. 2013-000307

PJAR

 

El Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, no firmó por motivo justificado

 

 

La Secretaria (E),

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

VOTO CONCURRENTE

 

De conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien suscribe Úrsula María Mujica Colmenarez, Magistrada de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, concurro en la presente decisión, con base en las siguientes razones:

La mayoría de esta Sala DESESTIMÓ POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública Sexta adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Monagas, actuando en representación de los ciudadanos PEDRO JOSÉ ROMERO PEÑA y BRIAN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ, señalando entre otras cosas lo siguiente: 

 

“…En tal sentido, es criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, que cuando se denuncia la errónea aplicación de una disposición legal, debe expresarse claramente cuál fue la aplicación dada a la misma, por qué fue erróneamente aplicada, cómo ha debido ser la aplicación de la norma que se considera fue vulnerada y finalmente la relevancia o influencia que tuvo en el fallo recurrido. Elementos estos que no son verificables en el argumento recursivo antes referido.

Además de esto, se indica que el razonamiento de la presente denuncia es discordante y confuso en sus planteamientos, ya que por una parte le atribuye el vicio de falta de motivación a la sentencia de alzada, afirmando que: ´se limitó única y exclusivamente a transcribir los alegatos del juez aquo, sin analizar, para así exponer las razones de hecho y derecho, que consideró procedente para declarar sin lugar el recurso de apelación´ para luego acotar que: ´la Corte de Apelaciones…al dictaminar la decisión correspondiente…emitió opinión de valor de los medios que fueron evacuados en la sala…de juicio´, constatándose la falta de claridad y ambigüedad en sus alegatos, por cuanto existe ausencia de motivación o por el contrario la recurrida emitió juicio de valor sobre elementos probatorios, lo cual tiene vedado de acuerdo al principio de inmediación, pero ambos vicios no pueden coexistir con respecto a un mismo punto, en razón de ser excluyentes entre sí.

(…)

Por otra parte, examinando el fundamento de la denuncia, se desprende que la formalizante a pesar de acudir a esta Sala para recurrir de la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, no establece de manera clara y directa vicios propios que demuestren su incidencia en las resultas del caso, limitándose única y exclusivamente a objetar el análisis de los medios probatorios que realizó el juzgado de juicio en el fallo condenatorio, encontrándose impedida de hacer de acuerdo a lo previsto en el artículo 415 del Código Orgánico Procesal Penal.

(…)

En efecto, es innegable que el propósito real de la recurrente es atacar la valoración de las pruebas, particularmente tanto las declaración de los funcionarios policiales actuantes como la testigo, alegando además irregularidades en el procedimiento de allanamiento, elementos de fondo que son propios de ser discutidos en la fase de juicio (como efecto se hizo), no siendo posible ser considerados a través del recurso de casación, por no constituir esta  etapa del proceso una tercera instancia que puede conocer de todas las incidencias y decisiones que el recurrente desee, por considerarlas contrarias a los intereses de sus defendido…”. 

 

Si bien en el caso de marras, era procedente la desestimación de la denuncia planteada por el recurrente, en razón a la falta de técnica recursiva, es necesario en el presente caso, realizar las siguientes consideraciones:

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la motivación de las decisiones judiciales, señaló lo siguiente:

 

“…Ahora bien, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en el proceso, el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión.

Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser exhaustiva, pero sí tiene que ser razonable; y, en segundo término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce ´un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido´ (Sent. del Tribunal Constitucional Español N° 172/1994);…”. Sentencia N° 4594, de fecha 13 de diciembre de 2005, Exp. 04-1643, ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón.

 

De igual forma, Humberto Cuenca, ha expresado lo siguiente:

“…la sentencia es un juicio lógico y en el fondo, es también una orden del Estado para resolver un conflicto. Pero ésta no es una orden ejecutiva escueta y sumaria, sino una orden motivada. De las tres partes indispensables de la sentencia, narrativa, motiva y dispositiva, la segunda es la más útil a la ciencia del derecho y ella constituye el núcleo más importante para la formación de la jurisprudencia. Mientras en la primera el juez se comporta como un historiador del proceso y en la última como un agente del Estado, en la parte motiva es un catedrático que dicta lecciones de derecho, un funcionario docente. Esta es la diferencia fundamental entre el agente ejecutivo y el juez, pues mientras aquél dicta la orden secamente y procede a cumplirla, el juez debe persuadir, convencer por medio de una serie organizada de razonamientos. De manera que no sólo la falta absoluta o insuficiencia de motivos deben hacer anulable la decisión, sino también los razonamientos erróneos, vagos o inciertos, incoherentes e ilógicos…Si bien el dispositivo del fallo interesa fundamentalmente a las partes…la parte motiva de la sentencia interesa a la colectividad y al Estado porque es la expresión razonada del derecho. Sin olvidar sus propósitos iníciales, como órgano unificador de la jurisprudencia e integrador de la ley…”. Cuenca, H. (1980). Curso de Casación Civil. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Página 138.

 Efectivamente, toda resolución judicial requiere una motivación razonable lógicamente, en la que se evidencie cuales fueron las razones de hecho y derecho que sustentan el dispositivo del fallo, ya que de lo contrario, no se podría verificar la correcta aplicación del derecho.

La motivación se presenta como requisito esencial de todo dictamen judicial, en razón a la garantía constitucional de la “tutela Judicial efectiva”, establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como ya lo ha expresado esta Sala de Casación Penal, en la siguiente decisión:

“…En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Penal de manera reiterada ha sostenido que toda sentencia, debe estar suficientemente motivada, requisito esencial que atiende a la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho que tienen todas las personas, a obtener por parte de los Tribunales de la República, una decisión lógica, coherente, que no sea contradictoria ni errática en los planteamientos expuestos al momento de la valoración y que exprese un oportuno pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones de las partes…”. (Sentencia N° 240, de fecha 22 de julio de 2014, Exp. C13-383, ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas).

En el orden de las ideas anteriores, cabe acotar que el Código Orgánico Procesal Penal, desarrolla el principio constitucional, antes mencionado, al expresar en su artículo 157 que “…Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad…”; derivando así, en un deber ineludible que tiene todo juez al momento de dictar sentencia.

En el caso del recurso de casación, el cual funge como mecanismo extraordinario de revisión de sentencia, que tiene como finalidad, debatir la legalidad de la sentencia recurrida, controlar la logicidad del razonamiento y toda exclusión de arbitrariedad, tanto de instancia como los producidos por las Cortes de Apelaciones, es necesario que se interponga mediante un escrito razonado, en el cual se demuestre lógica y jurídicamente los errores cometidos en la decisión impugnada.

En efecto, el recurso de casación no debe elaborarse sobre la base de alegaciones libres, sino que su contenido debe ajustarse a las directrices establecidas en la ley penal, así el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que la denuncia interpuesta por el recurrente, deberá ser mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios.

En consonancia con lo antes expuestos, cabe acotar que el artículo 454 eiusdem, al momento de establecer que el impugnante deberá señalar cuales son “…los preceptos legales que se consideren violados…”, también dispone que dicha denuncia debe realizarse a través de un escrito fundando, para lo cual resulta indispensable, elaborar sus argumentos teniendo en cuenta los principios de “de debida fundamentación y demostración”, así como el “de transcendencia del error”, establecidos en los artículos 454 y 435; respectivamente, por lo tanto es imperativo que los alegatos expuestos por el recurrente, se realicen acorde a lo estipulado en la ley, la doctrina y en la jurisprudencia.

Los principios antes referidos, también aplican en el caso de la admisión o desestimación del recurso de casación. Por lo tanto, es necesaria una motivación razonable y congruente con las pretensiones expuestas por el impugnante, pues de lo contrario se incurriría en algunas de las patologías de la motivación, las cuales se manifiestan a causa de una motivación genérica e imprecisa, que difiere de lo expuesto por quienes recurren.

Significa entonces, que al momento de resolver un escrito de casación, ya sea para admitirlo o desestimarlo, se debe elaborar un razonamiento coherente a las pretensiones expuestas por quienes recurren, en el caso de una desestimación por manifiestamente infundado, además de expresar las razones que dieron lugar a la improcedencia del recurso, es deber del tribunal, en virtud de ofrecer una respuesta idónea, señalar la forma correcta de interponer la denuncia.    

En el caso objeto de análisis, en el escrito recursivo se denunció la  violación de la ley, por la errónea aplicación de los artículos 22, 157 y 346 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La recurrente inicia su escrito enumerando, a lo que a su juicio, serían una serie de errores de juzgamiento o “errores in iudicando”, en los que incurriría la sentencia emitida por el Juez de Primera Instancia, pues de acuerdo a lo señalado en el presente escrito recursivo, al momento de emitir su fallo, el sentenciador de juicio habría incurrido en un error de hecho a través de un falso juicio de raciocino; los cuales, de acuerdo a lo expuesto por la impugnante, fueron denunciados ante la Alzada.

Seguidamente, expresa que dichas denuncias no fueron tomadas en cuenta por la Corte de Apelaciones, sino que la Corte de Apelaciones se “…limitó única y exclusivamente a transcribir los alegatos del Juez aquo, sin analizar, para así exponer las razones de hecho y de derechos, que consideró procedente para declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación, lo que evidencia la falta de motivación…”.

 

Dado los anteriores planteamientos, es importante señalar, en primer lugar, que en relación a los errores de juzgamientos denunciados, en este caso en específico, errores de hecho, los mismos ocurren cuando se expresa un falso juicio en torno a la prueba, Moreno Rivera, en su obra “la Casación Penal”, en relación a lo antes señalado, expresó lo siguiente:

 

“…el error in iudicando es de hecho ´cuando expresa un falso juicio en torno de la prueba´, error conocido al interior de nuestra práctica como violación indirecta de la ley sustancial…”.  Moreno, L. (2013). La Casación Penal. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, primera edición. Página 118.

 

Ciertamente la ley penal aplicable puede infringirse en forma directa o indirecta. El primer supuesto surge cuando el sentenciador ha establecido los hechos correctamente, pero yerra en la aplicación del Derecho Penal sustantivo, mientras que el segundo supuesto, emerge de un error de juzgamiento, porque media una violación procesal en el establecimiento de los hechos.

De igual forma, Moreno Rivera, en la obra antes mencionada, desarrolla esta idea planteando lo siguiente:

 

“…La ley penal aplicable puede infringirse en forma directa o indirecta. El primer supuesto se da cuando el fallador de instancia ha subsumido incorrectamente bajo una determinada ley penal un hecho correctamente determinado. El segundo supuesto, la violación indirecta, por el contrario, ´se da cuando la subsunción de la ley en sí misma correcta, pero los hechos han sido incorrectamente establecidos. En este último supuesto, por lo general, se trata de la infracción de los preceptos constitucionales que excluyen la arbitrariedad y establecen principios según los cuales no es posible valorar ciertas pruebas o exigen que el Tribunal se ajuste a criterios racionales en la determinación de los hechos…”. Moreno, L. (2013). La Casación Penal. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, primera edición. Página 126.

 

Las reglas de apreciación de la prueba son ineludibles para la correcta fijación de los hechos, al punto que sin las mismas, no tendría sentido el proceso penal, ya que el juez, si bien en el fuero interno, es libre de formarse una opinión propia sobre los hechos debatidos, tomando como referencia las pruebas que considere pertinente, está en la obligación, en el fuero externo, de emitir   una sentencia que pueda convencer a las partes de que su decisión está ajustada a Derecho, para lo cual depende indudablemente de las reglas de la valoración de la prueba, de no ser así, se estaría en la presencia de un defecto de procedimiento que repercutiría en la infracción de garantías constitucionales, lo cual hace que las mismas sean denunciables en Casación, a través del artículo 452, primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

 

“…Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate…”. (Negrillas de la Sala).

 

Tal como ya se ha indicado, el impugnante planteó una serie de errores de hecho, en los que habría incurrido el juzgador de juicio (falso juicio de raciocino), al señalar: “…que el Tribunal Cuarto de Juicio no tomó en cuenta al momento de valorar las pruebas, el mérito de las mismas, sin aplicar las reglas de la lógica, la sana crítica, los conocimientos científicos  y las máximas de experiencia…”.

Sin embargo, la forma en que la impugnante presenta su denuncia, hace que la misma sea imprecisa, por cuanto señala errores de juzgamiento, sin especificar en qué forma el juez de primera instancia violentó las reglas de la lógica, de la experiencia o los conocimientos científicos, así como también solamente se limitó a expresar que el fallo emitido por el Juez de Segunda Instancia, habría incurrida en inmotivación, por omisión incongruente, pero  sin aclarar en qué forma dejó de aplicar el control de logicidad, verificabilidad y de multi-coherencia a la sentencia apelada.

La casación exige una motivación lógica, congruente, apegada a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, de manera que ambos razonamientos: a) juicio de hecho, b) juicio de derecho puedan razonablemente ser enjuiciados en casación, y si no satisfacen el test de logicidad, razonabilidad, multi-coherencia, como modalidades del control casacional, deben ser nulificados por imperio del principio de prohibición de arbitrariedad, debido a que la tutela judicial efectiva, diseñada en el artículo 26 Constitucional, no es nominal por lo que su concreción procesal debe ser real y concreta, en los casos sometidos a consideración de la Sala Penal.

 

En segundo lugar, en relación a los artículos 157 y 346 ordinal 4° del Código Orgánico Procesa Penal, estos se refieren a la obligación de motivar las decisiones emanadas de los tribunales de la República, en tal sentido, las mismas pueden ser denunciadas ya sea por inobservancia o errónea aplicación.

Era necesario indicar, que al plantear la violación de los referidos artículos, el recurrente está en la obligación discriminar si la denuncia es por falta absoluta de motivación o por defecto intrínseco de la motivación, bien por contradicción o ilogicidad y/o apoyada en prueba ilícita, esto debido a que cada caso tiene formulaciones distintas para ser planteadas. En efecto, cuando los recurrentes pretendan denunciar la falta absoluta de motivación o la inmotivación por error de juzgamiento (pruebas), deben plantearlo conforme al único aparte del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

“…Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate…”.

 

Sin embargo, cuando la falta de motivación recaiga sobre juicios de derecho, los recurrentes deben fundar sus denuncias conforme al artículo 452 eiusdem, bien por falta de aplicación, inobservancia o errónea interpretación, como violación directa de ley sustantiva.

En el caso que nos ocupa, la recurrente, al igual que cuando planteó los errores de juzgamiento, no especifica si la denuncia se realiza por falta absoluta de motivación o por defecto intrínseco de la motivación, nuevamente tal imprecisión, trae como consecuencia que el presente recurso carezca de la debida técnica recursiva, impidiendo que esta Sala pueda precisar cuál sería la pretensión de la recurrente, así como concretar en qué consiste su denuncia, ya que se limitó en señalar:

 

“…Ciudadanos Magistrados, acaso que el Recurso de Apelación se interpone porque la Juez aquo sentenció a Ocho (8) años de prisión a dos jóvenes de 19 y 19 años de edad, aun teniendo dudas respecto de la Culpabilidad de los mismos; o acaso es porque realizó una interpretación errada de la apreciación de las pruebas lo que conllevó a una sentencia Condenatoria viciada, violándose garantías constitucionales de los justiciables, ya que si en el sistema de Justicia y los Jueces garantes de los derechos Constitucionales, pretenden tomar decisión fundadas en dudas razonables y sin certeza, y siendo que los Tribunal (sic) de alzadas avalen este tipo de violaciones de derechos, pues estaríamos en presencia de una Total anarquía y dejaríamos a un lado la correcta aplicación del Derecho, que soslaya desde todo punto de vista la naturaleza del Juez Garantista del Derecho y la Justicia en nombre del Estado Venezolano.…”.

 

En otro orden de ideas, en el presente Recurso de Casación, se plantea que la Alzada, estaría incurriendo en una supuesta violación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que de acuerdo a lo expuesto por la recurrente, la Alzada habría valorado las pruebas presentadas en el juicio oral, pero al fundamentar su denuncia, la impugnante solamente se limita a trascribir un fragmento de la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia, el cual es el siguiente:

“…que ciertamente esta testigo no estuvo al inicio, lo cual del dicho de los testigos, pero no obstante ello, la juez de juicio valora el dicho de esta, por cuanto quedó demostrado que ella, llegó en el momento de la ejecución del procedimiento, es decir (sic) cuanto recién habían entrado a la residencia y se encontraban todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo apreciadas por esta, de forma semejante a lo manifestado por los demás, incluyendo la droga decomisada, por lo que resulta ajustado a derecho en razón al razonamiento expuesto por la jurisdicente y apoyado con la valoración del resto de las pruebas, por lo que debemos desestimar este aspecto recursivo…”.

Asimismo, la recurrente concluye señalando:

“En tal sentido considera la defensa que la Corte de Apelaciones al momento de resolver el recurso de apelación, debió verificar los alegatos fundados en errores de Derecho denunciados por la recurrente cometidos en la sentencia emanada de primera instancia, sin proceder, de ninguna manera, analizar, comparar no valorar pruebas objeto del debate, pues la determinación y análisis de los hechos que se estimen acreditados, le corresponde al juez de juicio…”.

 

En razón a lo antes transcrito, esta Sala observa que lo pretendido por la recurrente es demostrar su descontento con el fallo, el cual no le resulta favorable.

Además, de carecer el presente Recurso de Casación de la debida técnica recursiva, que permita concretar cuáles son los errores denunciados, la recurrente no señala la trascendencia del error en el dispositivo del fallo.

En relación a la significación e influencia que pueda tener un error, esta Sala ha establecido en sentencia N° 459, Exp. C09-293 de fecha 24 de Septiembre de 2009, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas, lo siguiente:

“…En último término, cabe resaltar que el recurrente tampoco expresó de qué manera los vicios denunciados influyen decisivamente en el dispositivo del fallo, es decir, no acreditó si dichos vicios pueden ser capaces de modificar el resultado del proceso. La Sala, en relación a la significación e influencia que pueda tener un vicio, ha dispuesto que: “… debe expresar, para la cabal fundamentación de la denuncia, la significación e influencia de la falta que se le atribuye al fallo, pues, debe recordarse no es dable censurar en casación vicios que no tengan repercusión en el resultado del proceso…” (Sentencia Nº 177, 2 de mayo de 2006)…”.

 

Asimismo, en sentencia N° 211, Exp. C11-426, de fecha 6 de junio de 2013, con ponencia de la Magistrada antes nombrada, se indicó lo siguiente:

“…manifiesta su inconformidad con el fallo de alzada, no expresa de manera clara cómo la Corte de Apelaciones incurrió en el presunto vicio denunciado, así como, tampoco señaló la relevancia de dicho vicio y su posible influencia en el dispositivo del fallo, circunstancias de necesario cumplimiento a los fines de poder conocer el recurso planteado...”.

 

En consonancia con lo anterior, resulta preciso advertir sobres los peligros de la aplicación de UNA CASACIÓN PRETORIANA SOBRE LOS HECHOS la cual se manifiesta caprichosamente, donde la Sala en unos casos diga ´´SÍ´´ y en otros diga ´´NO´´ sin ninguna motivación (ver decisión N° 452 del  10 de diciembre de 2013 donde presenté voto concurrente)  lo cual constituye una violación al principio de igualdad ante la Ley, con lo cual se pone en bancarrota la UNIFORMIDAD DE LA JURISPRUDENCIA como uno de los fines de la casación penal. A tal efecto,  Jacobo López Barja de Quiroga (1999) enseña que:

“…la seguridad jurídica exige una cierta estabilidad que se conforma mediante la uniformidad  de la jurisprudencia. Precisamente esta exigencia constituye una, entre otras, de las razones que ampara la existencia de un Tribunal Supremo. (…) Una jurisprudencia carente en absoluto de uniformidad o una jurisprudencia inalterable y no evolutiva, con claras manifestaciones de inseguridad jurídica y, por tanto, contrarias al Estado de Derecho.  Es evidente que no se está afirmando que la jurisprudencia deba ser invariable, sino todo lo contrario. La jurisprudencia es, y debe ser, mudable, pero las variaciones jurisprudenciales han de ajustarse a las exigencias de la seguridad jurídica, de lo que se deriva tanto la necesidad de una cierta estabilidad con exclusión de continuos caminos de dirección como el que los cambios que se produzcan vayan a acompañados de la ineludible motivación que explique racionalmente las razones del abandono de la solución jurisprudencial que con anterioridad se venían manteniendo…”. (López J. (1999) Instituciones de derecho procesal penal. Madrid: Ediciones Akal, S.A. Página 33.)

 

En efecto, una motivación razonada y lógica, adaptada a los cambios constitucionales, genera una expectativa plausible de Derecho, en razón a que la situación jurídica sometida a consideración de los jueces, será  revisada no a través de criterios jurisprudenciales anacrónicos, los cuales no están en sintonía con la dialéctica del mutatis mutandi de la sociedad, sino a través de un argumentación acorde con el desarrollo legislativo actual, en aras de garantizar una tutela judicial efectiva, fortaleciendo así la confianza en el sistema de justicia.

       Quedan así expresadas las razones por las cuales salvo mi voto en la presente decisión. Fecha ut supra.

 

La Magistrada Presidenta,

 

Deyanira Nieves Bastidas             

 

El Magistrado Vicepresidente,        

             El Magistrado,

 

Héctor Coronado Flores                        

  Paúl José Aponte Rueda               

 

 

La Magistrada,                                       

   La Magistrada Disidente,  

 

Yanina Beatriz Karabín de Díaz   

 Úrsula María Mujica Colmenarez

 

La Secretaria,

 

Ana Yakeline Concepción de García

 

 

UMMC/ejc

RC. Exp. N° 13-307

-                     Los Magistrados Doctores Héctor Manuel Coronado Flores y Paúl José Aponte Rueda no firmaron por motivo justificado.

 

 

La Secretaria,

 

Ana Yakeline Concepción de García