Ponencia de la Magistrada Úrsula María Mujica Colmenarez.

 

El presente proceso penal, inició en fecha 28 de septiembre de 1993, por el auto de proceder dictado por la División de Investigación de Drogas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en virtud del acta policial suscrita por el funcionario Robinson Castillo.

El 13 de octubre de 1993, el Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, DECRETÓ LA DETENCIÓN JUDICIAL de los ciudadanos: HILDA SOLARTE DE SOLARTE, NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVAS, ROBERTO DE JESÚS AGUIRRE YARCE, LUIS ANTONIO CANCINE GONZÁLEZ, LUIS FRANCISCO GOMEZ MERCHÁN y FRANCISCO ALBERTO CÁRDENAS YARCE, con base en los siguientes hechos:

“…A criterio de este despacho se encuentra plenamente demostrado tanto el cuerpo del delito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como la culpabilidad de los ciudadanos involucrados en la presente averiguación sumaria, quienes fueron detenidos infraganti por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en momentos en que recibieron dentro de una caja de cartón casi ocho kilos de cocaína, ello se desprende del resultado de la experticia Química donde se concluye que: SIETE KILOGRAMOS CON QUINCE (15) GRAMOS, CUARENTA Y CINCO (45) GRAMOS, CUARENTA (40) GRAMOS, PUREZA: 31,43%, igualmente en el presente procedimiento fue realizado en todo momento por testigos presenciales e imparciales, quienes en sus declaraciones fueron contestes en afirmar la incautación de la presente droga, igualmente el modus operandi utilizado por los ciudadanos hoy detenidos, demuestra que cometieron un delito de magnitud grave, tipificado en nuestro ordenamiento jurídico vigente…”.

En fecha 23 de marzo de 1994, el Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, CONDENÓ a los ciudadanos: HILDA SOLARTE DE SOLARTE, NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVAS, ROBERTO DE JESÚS AGUIRRE YARCE, LUIS ANTONIO CANCINE GONZÁLEZ, LUIS FRANCISCO GÓMEZ MERCHÁN y FRANCISCO ALBERTO CÁRDENAS YARCE, a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

En fecha 11 de abril de 1994, el abogado Marcos Humberto Hernández, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel, se adhirió a la Apelación ejercida por su defendido.

En fecha 21 de junio de 1994, el Juzgado Superior Noveno en lo Penal de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró CON LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel, siendo ABSUELTO de los cargos fiscales que le fueron imputados.

En virtud de lo anterior, en fecha 29 de junio de 1994, el Juzgado Superior Noveno en lo Penal de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, concedió el beneficio de LIBERTAD PROVISIONAL BAJO FIANZA, al ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel.

Contra el fallo que absolvió al ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel, el 31 de enero de 1995, la Fiscal Primero del Ministerio Público, María Trinidad Silva de Vivela, formalizó el Recurso de Casación anunciado por la Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 21 de febrero de 1997, la extinta Corte Suprema de Justicia, declaró CON LUGAR el recurso de forma interpuesto, anuló el fallo recurrido y ordenó remitir el expediente al Tribunal de Reenvío en lo Penal, para que dicte una nueva sentencia prescindiendo de los vicios que dieron lugar a la nulidad del fallo recurrido.

El 30 de mayo de 1997, el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal Jurisdicción Nacional, con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, hizo los siguientes pronunciamientos:

“…PRIMERO: CONDENA a los procesados NELSON GUILLERMO LARES RANCEL y ROBERTO DE JESÚS AGUIRRE YARCE,,, a cumplir cada uno, la pena de  QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, en el establecimiento penitenciario que ala efecto designe el ciudadano Presidente de la República, por estar incursos en la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de la Nación Venezolana. SEGUNDO: CONDENA  a los procesados LUIS FRANCISCO GÓMEZ MERCHÁN y FRANCISCO ALBERTO CÁRDENAS YARCE…a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, cada uno más las accesorias de Ley…por estar incursos en la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 ejusdem, EN PERJUICIO DE LA Nación Venezolana.

Queda de esta forma modificado el fallo de fecha 23 de marzo de 1994, dictado por el Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas; y cumplido con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en su fallo de fecha 21 de febrero de 1997…”.

En fecha 20 de mayo de 2003, el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ORDENÓ LA RECLUSIÓN de los ciudadanos Nelson Guillermo Lares Rangel y Roberto de Jesús Aguirre Arce, ORDENÓ EMITIR ORDEN DE CAPTURA, y REVOCÓ el Beneficio de Libertad Bajo Fianza otorgado.

El 12 de junio de 2012, compareció ante el despacho del Instituto Autónomo Municipal de la Policía de San Diego, el funcionario Juan Manuel Colina López, quien manifestó haber aprehendido al ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel, por encontrarse solicitado.

En fecha 15 de junio de 2012, el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decidió ABOCARSE al conocimiento de la presente causa, y levantó acta en la cual se deja constancia que el penado, designó como abogado de confianza al ciudadano Carlos Evelio Chacón. Asimismo se levantó acta en la cual se dejó constancia que en presencia de su abogado defensor, se le impuso de la decisión dictada por este Tribunal de Ejecución en fecha 20 de mayo de 2003.

Riela en los folios 264 y 265 de la pieza N° 6 del presente expediente, auto dictado en fecha 20 de junio de 2012, mediante el cual se dictó el cómputo de la pena impuesta al ciudadano Nelson Guillermo Lares, por la comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes, en virtud de la sentencia condenatoria dictada por el extinto Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal de Jurisdicción Nacional, con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 26 de junio de 2012, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, recibió escrito suscrito por el abogado Carlos Evelio Chacón, quien actuando en su carácter de Defensor Privado, solicitó la nulidad absoluta del procedimiento de ejecución seguido en contra de su defendido, así como la reposición de la causa al estado de notificación de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío del Área Metropolitana de Caracas, la cual nunca fue notificada a su defendido.

En fecha 22 de octubre de 2012, se celebró una audiencia oral ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien realizó los siguientes pronunciamientos:

“…Primero: Anula las actuaciones realizadas en la etapa de ejecución de sentencia, referidas a Lares Rangel Nelson Guillermo; de conformidad con lo establecido en el artículo 190, 191 Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que efectivamente existe una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no habérsele impuesto de la sentencia condenatoria de fecha 30 de mayo de 1997, por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal, y en consecuencia vulnerado su derecho a recurrir de ella, como principio legítimo de derecho a la defensa que le asiste a toda persona; con excepción de la aprehensión sufrida el 12 de junio de 2012, toda vez que si bien la misma se produce como consecuencia de la orden dictada por este Juzgado en fecha 20-05-2003; es la única garantía de someter a dicho penado al proceso y a la realización de la justicia, sobre todo por tratarse de una sentencia firme (condenatoria), por uno de los delitos de lesa humanidad como es el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena impuesta fue de quince (15) años, y así se declara. Segundo: Se ordena compulsar las actuaciones a los fines de remitir copias certificadas del expediente, al Tribunal de reenvío con sede en Caracas, a los fines de que imponga a Lares Rangel Nelson Guillermo de la sentencia condenatoria dictada en su contra y se le permita ejercer su derecho a la defensa…”.

 

Contra dicha decisión, en fecha 26 de noviembre de 2012, el abogado Carlos Evelio Chacón, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel, presentó Recurso de Apelación, alegando que la recurrida ha debido otorgar la libertad a su defendido.

En fecha 29 de noviembre de 2012, el Juzgado de Primera Instancia Sexto en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acordó emplazar a la Fiscalía Décimo Tercera del ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Ejecución de Sentencia, a los fines de que proceda a dar contestación al Recurso de Apelación interpuesto, y ordenó formar un cuaderno separado de apelación.

Consta en el folio ciento veintiséis (126) de la pieza siete (7) del presente expediente, oficio de fecha 14 de diciembre de 2012, a través del cual, la Juez de Ejecución Mariela Pestana, remite al ciudadano Jefe de la Unidad de Registro y Distribución de Documentos Penales del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuaderno especial de apelación constante de cincuenta y ocho (58) folios útiles, a los fines “…de que sean remitidas a una Corte de Apelaciones de este mismo Circuito Judicial Penal, para que sea resuelto el recurso de apelación interpuesto…”.

En fecha 18 de diciembre de 2013, el ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel, designó como defensor al abogado Carlos David González Filot, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 52.055.

En fecha 13 de enero de 2014, el ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel fue impuesto de la sentencia condenatoria dictada el 30 de mayo de 1997, por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal Jurisdicción Nacional, con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. (Folios 197 y 198, pieza N° 7)

En fecha 20 de enero de 2014, el abogado Carlos David González Filot, en su carácter de defensor privado del ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel interpuso Recurso de Casación a través del cual expresó lo siguiente:

“Yo, CARLOS DAVID GONZÁLEZ FILOT, Venezolano, Mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Número V 11.557.949, de este domicilio, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el No. 52.055, procediendo en este acto con el carácter de Defensor del ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, Venezolano, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.483.348, quien fuera condenado por el Juzgado Segundo de Reenvío del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas Tribunal (sic), por el delito de TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS, en base al artículo 337 del Código de Enjuiciamiento Criminal, régimen procesal aplicable para el momento de la comisión del delito imputado a mi representado, formalmente ANUNCIO RECURSO DE CASACION CONTRA, la sentencia condenatoria de la que fue impuesto NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, en fecha 13-01-2014, para el conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Es, justicia en Caracas, a los veinte (20) de Enero de 2.014.”.

 

Contra el Recurso de Casación interpuesto por la Defensa, la representación fiscal del Ministerio Público, no presentó escrito de contestación.

Se dio cuenta en Sala del expediente, en fecha 13 de marzo de 2014, siendo asignada la ponencia a la Magistrada Úrsula María Mujica Colmenarez, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

COMPETENCIA DE LA SALA

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación, y al efecto observa:

El artículo 266 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

“(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal.  De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el artículo 29 numeral 2 de la referida ley especial, establece:

“(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (…)”.

 

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que, corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación en materia penal.

Ahora bien, en el presente caso, el abogado Carlos David González Filot, actuando como Defensor Privado del ciudadano acusado Nelson Guillermo Lares Rangel, interpuso Recurso de Casación en el proceso penal seguido en contra de su defendido, por la comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, razón por la cual, esta Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

Cumplidos como han sido los demás tramites procedimentales del caso, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 457 y 458 del Código Orgánico Procesal, pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad o no del Recurso de Casación interpuesto por la defensa privada del ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel, en los términos siguientes:

El derecho a recurrir como garantía constitucional, se encuentra establecido en los artículos 423, 424 y 426 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante los cuales el legislador determinó cuáles decisiones pueden ser objeto de recursos, el tipo de recursos y los aspectos de tiempo, forma y lugar.

 Particularmente, los artículos 451, 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal, regulan los requisitos de admisibilidad del Recurso de Casación, relativos a las decisiones recurribles, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento a seguir para su interposición.

A los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos para la admisión del Recurso de Casación, esta Sala observa en el caso que nos ocupa lo siguiente:

Respecto a la legitimidad, se constata que el presente Recurso de Casación fue interpuesto por el abogado Carlos David González Filot, en su carácter de Defensor Privado del acusado de autos, siendo una de las partes a la que la ley le reconoce expresamente ese derecho, razón por la cual está legitimado para recurrir en casación, conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal.

En cuanto a la tempestividad del Recurso de Casación, consta en los folios doscientos uno (201) y doscientos dos  (202) de la pieza siete (7) del presente expediente, un auto de fecha 6 de marzo de 2014, en el cual se deja constancia del siguiente cómputo:

“Quien suscribe OSLEYDIN COLINA, Secretaria adscrita a la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Materia de Reenvío en lo Penal, HACE CONSTAR: En fecha lunes (13) de enero de dos mil catorce (2014), esta Alzada impuso al ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL de la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal en fecha treinta (30) de mayo de 1997 mediante la cual se le CONDENÓ a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de Ley por estar incurso en la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES…Ahora bien desde el día lunes (13) de enero de dos mil catorce (2014), fecha en la cual el acusado se dio por notificado de la decisión, hasta el día veinte (20) de enero de 2014, transcurrieron íntegramente cuatro (04) días hábiles a saber: martes catorce (14), jueves  quince (15), viernes diecisiete (17) y lunes veinte (20) de enero de 2014, y vencido el lapso para la interposición del Recurso de Casación, es decir, en fecha martes once (11) de febrero de 2014, hasta el día miércoles veintiséis (26) de febrero de 2014 transcurrieron íntegramente ocho (8) días hábiles a saber: jueves trece (13), lunes diecisiete (17), martes dieciocho (18), miércoles diecinueve (19), jueves veinte (20), viernes veintiuno (21), martes veinticinco (25) y miércoles veintiséis (26) de enero de 2014. Dejándose expresa constancia que no dieron contestación al Recurso de Casación.”.

 

De lo anterior se desprende, que el presente escrito recursivo fue interpuesto dentro del lapso legal para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.   

Sin embargo es importante señalar, que aun cuando la sentencia condenatoria fue dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal Jurisdicción Nacional con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de mayo de 1997, se debe aplicar el actual régimen procesal dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Además, se observa que la decisión contra la cual se ejerció el presente Recurso de Casación, se encuentra dentro de las taxativamente establecidas por el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, se trata de una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal Jurisdicción Nacional, con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que actuó como una segunda instancia, siendo su función equiparable a la que desempeñan actualmente las Cortes de Apelaciones, razón por la cual la decisión recurrida es impugnable en casación.

No obstante, en el presente caso, la Sala observa que el abogado Carlos David González Filot, al “anunciar formalmente recurso de casación”, no cumplió con los requisitos formales expresamente pautados en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

Lo anterior, en virtud de que el artículo 454 de la ley penal adjetiva, establece que el Recurso de Casación “…Se interpondrá mediante escrito fundado…”, lo cual evidencia, que su interposición depende exclusivamente de un único acto, a través del cual se produce la presentación del escrito motivado, no existiendo lapso alguno para fundamentar el recurso a posterioridad.

En consonancia con lo anterior, la Sala, en decisión Nº 346 de fecha 25 de septiembre de 2003, se refirió a los requisitos para la interposición de los recursos de casación, en los siguientes términos:

“...no son meros formalismos que pueden ser obviados sin detrimento del fundamento mismo del recurso extraordinario...La casación, como ha sido reconocido por la doctrina universal, es un medio técnico que está sometido a determinadas condiciones de obligatorio cumplimiento...”.

 

Tal y como ha sostenido esta Sala en jurisprudencia reiterada, los requisitos que regulan la interposición de los Recursos de Casación, no deben ser considerados como meras formalidades, sino como reglas esenciales que deben ser cumplidas a cabalidad. (Sentencia N° 203, del 22 de junio de 2010, Sala de Casación Penal)

Aunado a lo anterior, considerando que el recurrente no cumplió con la técnica recursiva al no indicar los motivos por los cuales interpuso su Recurso de Casación, esta Sala estima que lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMARLO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Por último, esta Sala hace un llamado de atención a los jueces y demás órganos actuantes en el presente proceso seguido contra el acusado de autos, ello en virtud de que el ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel se encuentra detenido desde el día 12 de junio de 2012 (fecha de su aprehensión) y es el día 13 de enero de 2014, cuando fue impuesto de la decisión dictada en fecha 30 de mayo de 1997, por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal Jurisdicción Nacional, con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin contar con la posibilidad de ejercer recurso alguno contra la sentencia condenatoria dictada en su contra, transcurriendo en total un (1) año y siete (7) meses en estado de indefensión, vulnerando en consecuencia el derecho a la defensa y el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la defensa privada del ciudadano Nelson Guillermo Lares Rangel, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas     a los   17     días del mes de diciembre   de Dos Mil Catorce. Años: 204° de la Independencia y 154° de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta,

 

Deyanira Nieves Bastidas

 

 

El Magistrado Vicepresidente,           El Magistrado,

 

Héctor Coronado Flores                      Paúl José Aponte Rueda

 

La Magistrada,                                      La Magistrada  Ponente,

 

Yanina Beatriz Karabin de Díaz     Úrsula María Mujica Colmenarez

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

 

 

UMMC/hnq

 RC. Exp. N° 14-064

 

 

 

 

 

 

 

VOTO CONCURRENTE

 

Quien suscribe, Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA, Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por disentir del criterio que sostiene la mayoría de mis honorables colegas, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dejo constancia de mi VOTO CONCURRENTE con relación a la sentencia que precede, mediante la cual se DESESTIMÓ POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS DAVID GONZÁLEZ FILOT, actuando en su condición de defensor privado del ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL.

 

Fundamentando las razones de mi disidencia, así:

 

En criterio de la mayoría de mis honorables colegas, los artículos 423, 424 y 426 del Código Orgánico Procesal Penal establecen “cuáles decisiones pueden ser objeto de recursos, el tipo de recursos y los aspectos de tiempo, forma y lugar”.

 

No obstante, el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal no desarrolla cuáles decisiones pueden ser objeto de recursos como se afirma, norma que se refiere a “las decisiones judiciales” en general; es decir, que toda decisión judicial será recurrible “sólo” por los medios y en los casos establecidos. De modo que, no se determinan cuáles serán recurribles, lo que sí se precisa es que toda decisión será recurrible, pero aclara que es por los medios y en los casos establecidos, restringiendo así la impugnabilidad a medios tasados en la ley.

 

            Enfatizándose, en consecuencia, el deber de esta Sala de pronunciarse siguiendo el sentido que se desprende de la lectura del artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal: “Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”, evitando criterios distantes del cuerpo normativo.

 

Adicionalmente, en el fallo se le atribuye al artículo 424 del la ley adjetiva penal, un contenido del que carece, ya que esta norma regula la legitimación activa en concordancia con el artículo 141 del mismo código.

 

En este sentido, el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, indica:

 

“Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. Por el imputado o imputada podrá recurrir el defensor o defensora, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa”.

 

            Distinguiendo así que la norma citada no contiene pronunciamiento alguno respecto de “cuáles decisiones pueden ser objeto de recursos, el tipo de recursos y los aspectos de tiempo, forma y lugar”, como se manifestó en la sentencia de la que me aparto.

 

Por otra parte, al verificar la legitimidad, en la decisión se asegura que el defensor es parte procesal, lo cual es erróneo. El defensor es un sujeto procesal que actúa en nombre e interés ajeno, y por tanto no es parte, puesto que no es su culpabilidad o inocencia lo que se discute en el proceso, no se vio afectado por la conducta que según se alega cometió el imputado, ni tiene la potestad legal para acusar a una persona de su perpetración.  (Vid. Votos presentados a las sentencias números 90 del veinticinco -25- de marzo de 2014 y 113 del ocho -8- de  abril de 2014).

 

Además, no se constata si el defensor fue designado, si aceptó la designación y juramentó como lo exige el artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal, aspectos que corresponden ser demostrados en fase de admisión:

 

“El nombramiento del defensor o defensora no está sujeto a ninguna formalidad. Una vez designado por el imputado o imputada, por cualquier medio, el defensor o defensora deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el Juez o Jueza, haciéndose constar en acta. En esta oportunidad, el defensor o defensora deberá señalar su domicilio o residencia. El Juez o Jueza deberá tomar el juramento dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud del defensor designado o defensora designada por el imputado o imputada. El imputado o imputada no podrá nombrar más de tres defensores o defensoras, quienes ejercerán sus funciones conjunta o separadamente, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de este Código, sobre el defensor o defensora auxiliar”.

 

Siendo necesario precisar de igual forma, que la mayoría sentenciadora asegura que debe aplicarse el Código Orgánico Procesal Penal vigente para el momento de la interposición del recurso, como es el publicado en la Gaceta Oficial No. 6.078 Extraordinario del quince (15) de junio de 2012, aun cuando el proceso inició el veintiocho (28) de septiembre de 1993, sin indicar el fundamento legal de este deber, desarrollado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

 

“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.

 

Norma constitucional que debió citarse para dotar de base legal la decisión en comento.

 

Quedan expresadas en este sentido las razones de mi voto concurrente.

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

              El  Magistrado Vicepresidente,                           

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

 

El Magistrado,

 

 

                                                                                     PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

                                                                                                                             (Disidente)

 

                 

                      La Magistrada,

 

 

YANINA BEATRIZ KARABÍN de DÍAZ

                                                                              

 

                                                                                                 La  Magistrada,

                                              

 

                                             ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENÁREZ 

                       

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Exp. No. 2014-064

PJAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO SALVADO

Quien suscribe, Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, manifiesta su voto salvado respecto de la decisión que antecede, en los términos siguientes:

La decisión aprobada por la mayoría sentenciadora, al conocer del recurso de casación propuesto por el ciudadano abogado Carlos David González Filot, Defensor privado del ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, DESESTIMÓ POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Quien disiente observa que, en el presente caso, el extinto Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 30 de mayo de 1997, dictó sentencia, mediante la cual condenó al ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente a la fecha en que ocurrió el hecho), bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal. Dicha sentencia fue declarada firme por el referido Juzgado. Con la entrada en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, fueron remitidas las actuaciones al Tribunal de Primera Instancia en Función del Ejecución del referido Circuito Judicial Penal, a los fines de la ejecución de dicha sentencia condenatoria.

El 20 de mayo de 2003, el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de ejecutar la sentencia condenatoria, revocó el beneficio de libertad bajo fianza que se le había otorgado al ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL y como consecuencia de ello ordenó su reclusión, dado el incumplimiento por parte del penado de las condiciones que se fueron impuestas al concederle el beneficio de libertad.

El 12 de junio de 2012, fue detenido el ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL.

El 26 de junio de 2012, el Defensor del ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, consignó escrito ante el Juzgado de Ejecución, mediante el cual solicitó la nulidad absoluta del procedimiento de ejecución y la reposición de la causa al estado que su defendido fuera notificado de la sentencia condenatoria dictada en su contra.

El 22 de octubre de 2012, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión mediante la cual declaró la nulidad de todo lo actuado en ejecución, al considerar que el ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, no fue notificado de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío. El Defensor privado del mencionado ciudadano, apeló de dicho fallo.

El 13 de enero de 2014, el ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, fue notificado de la sentencia condenatoria dictada el 30 de mayo de 1997, por el extinto Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual condenó al ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente a la fecha en que ocurrió el hecho).

El 20 de enero de 2014, el Defensor del penado, “anunció” recurso de casación contra dicha sentencia, razón por la cual fueron remitidas las actuaciones a la Sala de Casación Penal.

La Sala, en su fallo, consideró que en el presente caso, son aplicables las disposiciones del actual Código Orgánico Procesal Penal y que el recurso de casación interpuesto por el Defensor privado del ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, reunía todos los requisitos de admisibilidad (legitimidad, tempestividad y carácter recurrible), pero que no se encontraba fundamentado, por tal razón lo desestimó.

En primer lugar, quien disiente observa que, la recurrida fue dictada el 30 de mayo de 1997, bajo la plena vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, a cuyas disposiciones había que someter el caso en controversia.

Para el momento de dictarse la sentencia condenatoria, el ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, se encontraba en libertad, bajo el régimen de libertad bajo fianza, otorgado el 29 de junio de 1994, por el extinto Tribunal Superior Noveno en lo Penal de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. De acuerdo a las disposiciones vigentes para ese momento, regía el principio de “las partes están a Derecho”, consagrado en las disposiciones contenidas en el Código de Enjuiciamiento Criminal, a saber:

“(…) Artículo 44. Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, previo aviso dado a las puertas del Tribunal y ello basta que las partes del juicio queden legalmente notificadas de las resoluciones que contengan (…)

Artículo 50. Toda sentencia definitiva en primera instancia es apelable dentro de las cinco audiencias siguientes a la notificación que se haga de ella al reo si estuviere detenido o a su defensor; y si no estuviere, a partir del día del pronunciamiento, y la apelación se oirá en ambos efectos (…)

Artículo 337. El recurso de casación deberá anunciarse dentro de las cinco audiencias siguientes a aquella en que se libró la determinación judicial a que se refiere, o se notificó al reo cuando éste estuviere detenido (…)” (Subrayado de quien suscribe).

De acuerdo a las disposiciones anteriormente transcritas, vigentes para la fecha que se dictó la sentencia condenatoria, las partes estaban a Derecho y sólo existía la obligación legal por imperativo de la ley, de notificar a los reos cuando estuvieren detenidos.

En el caso que nos ocupa, el ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, gozaba el beneficio de libertad bajo fianza, por lo que no podía, ni debía, ser notificado del fallo, era su obligación cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal al momento de haberle otorgado dicho beneficio (entre las cuales estaba presentarse ante el Tribunal), de lo cual se infiere el flagrante incumplimiento por parte del penado de las condiciones que le fueron exigidas para permanecer en libertad. De acuerdo a la legislación vigente para esa fecha, era obligación del procesado acudir a la sede del Tribunal para imponerse de las actas.

De lo anterior es evidente que, la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quedó firme en esa oportunidad, al no haberse ejercido el recurso de casación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 337 del Código de Enjuiciamiento Criminal (vigente a la fecha).

En un caso similar al que nos ocupa, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia N° 540, del 3 de mayo de 2000, estableció lo siguiente:

“(…) Consta en autos que el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de junio de 1998, entre otros pronunciamientos, CONDENÓ al ciudadano CHIBLI MAHMOUD MAHMOUD MAHMOUD, a cumplir la pena de siete años y seis meses de presidio, por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES y FALSIFICACIÓN DE MONEDA, modificando así la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal y corrigiendo las irregularidades de forma anotadas por la Sala de Casación Penal, con respecto al fallo recurrido dictado por el Juzgado Superior Penal (…)

Esta Sala estima, que conforme a las normas procesales, vigentes para ese momento, en el proceso penal las partes siempre estaban a derecho, y sólo se notificaba al procesado directamente los asuntos y sentencias que por disposición especial se determinen, tal como lo disponía el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Criminal derogado.

Conforme al artículo 44 ejusdem, el requisito de aplicación de la sentencia se cumple con el aviso que se haga a las puertas del Tribunal que pronuncia el fallo, y ello bastaba para que las partes del juicio quedaran legalmente notificadas de las resoluciones que contenía, y sólo si el reo estuviere detenido, se le notificaba en persona.

El artículo 337 del referido Código, establecía la regla general de que el recurso de casación debía ser anunciado dentro de las cinco audiencias siguientes a aquella en que se libró la decisión judicial correspondiente, pero, por excepción solamente en el caso de que el reo estuviere detenido y únicamente a su favor, dicho recurso podía anunciarse dentro de las cinco audiencias siguientes a la notificación que se hiciere del fallo.

En el caso concreto, tal como se desprende de autos, el anuncio tanto del recurso de nulidad como el de casación en contra de la sentencia de fecha 16 de junio de 1998, dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo fue vencido el lapso para intentarlo. De allí, que tal anuncio resulta ser extemporáneo, y por lo tanto, es inadmisible el recurso interpuesto por el defensor definitivo del imputado (…)”.

Igualmente, esta Sala, mediante sentencia N° 539, del 11 de agosto de 2005, estableció:

“(…) El artículo 44 del Código de Enjuiciamiento Criminal (vigente para la fecha en la que se dictó la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes del 20 de abril de 1998) establecía:

‘(...) Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, previo aviso dado a las puertas del Tribunal y ello basta para que las partes del Juicio queden legalmente notificadas de las resoluciones que contenga.

Si el reo estuviere detenido se le notificará en persona ya sí se hará constar en autos por medio de una diligencia, que firmarán el sentenciado, si sabe escribir, y el secretario del tribunal para dar fe del acto (...)’.

Por su parte, el artículo 305 eiusdem preveía:

‘(...) Dictada la sentencia y si no hubiere recurso de casación pendiente, se devolverán los autos al tribunal inferior, dejándose copia certificada de los fallos de primera y segunda en la Secretaria. La devolución se hará dentro de los tres días siguientes a la fecha de la sentencia (...)’.

Y el artículo 337 ibídem disponía lo siguiente:

‘(...) El recurso de casación deberá anunciarse dentro de las cinco audiencias siguientes a aquella en que se libró la determinación judicial a que se refiere, o se notificó al reo cuando éste estuviere detenido (...)’.

De las disposiciones transcritas se evidencia que la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el 20 de abril de 1998, estaba definitivamente firme, pues no fue ejercido en su contra recurso de casación.

Ahora bien: una vez que dicho fallo adquirió el carácter de cosa juzgada debió ejecutarse y no ordenarse la notificación de los imputados (tal como sucedió) pues ellos se encontraban a Derecho y según lo establecido en el artículo 44 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Por todo ello, la Sala considera necesario declarar la nulidad de todas las actuaciones realizadas con posterioridad a la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el 20 de abril de 1998 (…)”.

De lo anteriormente transcrito, quien suscribe considera que, la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quedó firme al no haber ejercido el recurso de casación en su oportunidad, de acuerdo a lo establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal (vigente a la fecha de la sentencia), por lo tanto dicho fallo pasó a tener autoridad de cosa juzgada, por ello el presente recurso de casación resulta inadmisible.

En segundo término, respecto a la actuación del Juzgado Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al anular los actos realizados en la etapa de ejecución de sentencia, referidos al ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, por considerar que existía violación del derecho de la defensa, al no habérsele impuesto de la sentencia condenatoria, se observa:

El referido Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución, no tiene competencia alguna para declarar la nulidad del proceso, ya que la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, ha establecido que las solicitudes de nulidad en la fase de ejecución (referidas al proceso) no proceden ante esa instancia judicial.

Igualmente, se observa que el Juez de Ejecución, no puede declarar que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Reenvío, no estaba firme, ya que dicha atribución legal le correspondía única y exclusivamente al Tribunal Superior, de acuerdo al Código de Enjuiciamiento Criminal (legislación vigente para la fecha de la sentencia). De hecho, ni siquiera bajo la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, el Juzgado de Ejecución tiene facultad o competencia alguna para dictaminar si una sentencia definitiva está firme o no. Esa atribución le corresponde al Juzgado de la causa (dependiendo del supuesto), ya sea Primera Instancia o Superior.

La actuación realizada por el Tribunal de Ejecución creó un grave desorden procesal, permitiendo reabrir un caso que había pasado a ser cosa juzgada, de acuerdo con la legislación vigente para ese momento, por lo que considera quien suscribe que el fallo dictado por el Tribunal Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de octubre de 2012, mediante el cual declaró la nulidad antes descrita, resulta viciada de nulidad absoluta. Por consiguiente en el presente falló se debió declarar la nulidad de la mencionada decisión y de todos los actos subsiguientes, así como, ordenar a dicho Tribunal, la ejecución de la sentencia firme, dictada al ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL.

Por último, esta Sala en su fallo afirma que, “(…) aún cuando la sentencia condenatoria fue dictada por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal Jurisdicción Nacional con sede en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de mayo de 1997, se debe aplicar el actual régimen procesal dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (…)”.

La anterior afirmación realizada por esta Sala, resulta incorrecta a tenor de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6078, del 15 de junio de 2012, respecto a las causas en transición, en las disposiciones finales, establece:

“(…) SEXTA: Las causas iniciadas por hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, del 1 de julio de 1999, se regirán por lo dispuesto en el Libro Final, Título I, Capítulo II, referidas al régimen procesal transitorio, contenida en el Código Orgánico Procesal Penal anterior, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5930, Extraordinario, de fecha 4 de septiembre de 2009 (…)”.

De acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5930, del 4 de septiembre de 2009, respecto al Régimen Procesal Transitorio, establecía:

“(…) Artículo 524. El recurso de casación se regirá por las reglas siguientes:

1. En los procesos en que no se haya formalizado el recurso, las causales de casación y decisiones recurribles serán las enunciadas en los artículos 330, 331 y 333 del Código de Enjuiciamiento Criminal, respectivamente (…)”.

De las disposiciones transcritas, resulta evidente que todas las causas iniciadas por hechos cometidos con anterioridad al Código Orgánico Procesal Penal, a los fines del recurso de casación, deben ser tramitadas según las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso en particular, la recurrida fue publicada en fecha 30 de mayo de 1997, encontrándose vigente el Código de Enjuiciamiento Criminal, por lo tanto el recurso de casación contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Reenvío, debía ser anunciado conforme a lo establecido en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, por tal razón la afirmación realizada por esta Sala en la decisión de la cual discrepo, resulta incorrecta.

Con el presente fallo, no sólo se viola el orden legal establecido, dado que se está revisando una sentencia que se encontraba definitivamente firme, con autoridad de cosa juzgada. Además, se está modificando el criterio reiterado que ha venido sosteniendo la Sala de Casación Penal al respecto, sin justificación alguna que fundamente dicha modificación, con la grave consecuencia que implicaría la revisión o reapertura de todos los casos y procesos que se encuentren en autoridad de cosa juzgada.

Por todo lo expuesto, en el presente caso debía declararse la Nulidad de la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de octubre de 2012 y de todos los actos subsiguientes, dado que la sentencia del Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual condenó al ciudadano NELSON GUILLERMO LARES RANGEL, a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente a la fecha en que ocurrió el hecho), quedó firme bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, debiéndose remitir la causa al Juzgado de Ejecución y ordenar al referido Tribunal que ejecutara dicha sentencia.

 

Queda así expresado el criterio de la Magistrada que rinde este voto salvado.

Fecha ut supra

La Magistrada Presidenta

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Disidente

El Magistrado Vicepresidente

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

 

Los Magistrados

 

 

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ

 

 

La Secretaria

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

DNB.

EXP. AA30-P-2014-000064

 

 

 

La Magistrada Doctora ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ no firmó los votos por motivo justificado.