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Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.
LOS HECHOS
El Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Sucre (Sede Cumaná) a cargo del Juez Presidente Abogado Juan Chirino Colina, y los escabinos Gladis Cabello y Maricruz Cañizalez, dictó sentencia en fecha 7 de diciembre de 2004, en la que estableció los siguientes hechos:
“…FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
Una vez establecido en el capítulo anterior, mediante el análisis probatorio,
cuales fueron los hechos que resultaron acreditados en el debate, donde quedó
demostrado sin lugar a dudas que Luis Enrique Bastardo fue la Persona que mediante la manipulación de ideas y supersticiones, creó en la persona de Edwin
Francois Sotillo, la idea de suicidarse y el día 02 de julio de 1993, se
trasladó con él a comprar una cuerda y en compañía de Naileth Mata, se
dirigieron a el sector la poza Negra de Río Brito en la carretera
Cumaná-Cumanacoa, donde lo ayudó a materializar su idea, colgándose de una rama
de mango, con el resto de cuerda que quedó del nudo hecho al colgar a Naileth
Mata de otra Rama del mismo árbol, facilitando Luis Enrique Bastardo el
cuchillo para realizar el corte de la cuerda. Igualmente en cuanto a la muerte
de Naileth Mata, se demostró que Luis Enrique Bastardo cooperó en la ejecución
de la misma, siendo la persona que la condujo hasta el lugar del hecho, quien
tenía además un cuchillo y un arma de fuego- por lo menos enterrada en el
lugar- fue quien participó en la compra de la cuerda con la que fue colgada y
además trató de desvincularse del hecho, entregando la cadena y pulsera de esta
a otras personas, corresponde ahora subsumir esos hechos en las normas
jurídicas aplicables
…omissis…
La participación en el delito se materializa cuando en la realización de un
hecho punible intervienen otra u otras personas además del autor, en calidad de
instigador o cooperador inmediato o cómplice. El grado de participación, se
determina según las condiciones objetivas del resultado material del delito y
la necesidad de la participación de otra u otras personas, para la
materialización del resultado dañoso del delito.
…omisiss..
A la luz de estas afirmaciones doctrinales, resulta evidente que la conducta
desarrollada por el acusado Luis Enrique Bastardo con relación a los hechos que
desencadenaron el homicidio de la ciudadana Naileth Mata, no se demostró en la
audiencia que él haya sido el autor, pero sí resultó suficientemente acreditado
que fue el cooperador inmediato, por ser la persona que desarrolló una conducta
determinante para que se produjera el resultado querido por él, cuyas pruebas
ya fueron suficientemente analizadas en el capítulo anterior. Al ser la persona
que generó la idea de ir al lugar de los hechos, quien en compañía de otro
compró la cuerda con la que resultó colgada la víctima, quien tenía el cuchillo
con el que se cortó la punta de cuerda sobrante y por último quien tenía un
arma de fuego en el lugar de los hechos, se demuestra que su participación era
determinante para la producción del resultado, por lo que si se quita de la
relación de causalidad su intervención, el resultado no se hubiera producido,
de allí que su conducta es perfectamente subsumible en el artículo 407 del
Código Penal, en concordancia con el encabezamiento del artículo 83 de ese
mismo Código y así se decide. En cuanto al delito de inducción al suicidio, tal
como ya fue analizado, es un tipo penal que requiere de condiciones y características
muy particulares en la víctima y en el autor, las cuales fueron evidenciadas en
el juicio, en lo que respecta al acusado y a la víctima Edwin Francois Sotillo,
más aun cuando se estableció entre estos una relación reforzada por
supersticiones y ritos religiosos que hacían que Luis Enrique Bastardo tuviera
una gran influencia personal y Psicológica sobre su víctima, a quien le vendía
sus ideas y procuraba su manipulación para alcanzar sus fines o metas
personales, de carácter económico e incluso sexuales, como se evidenció en las
audiencias, con el propio reconocimiento del acusado, de ser homosexual,
corroborado por las declaraciones de los testigos José Silverio Bastardo,
Octavio Tenías y el examen médico forense efectuado por Antulio Díaz y
Arquímedes Fuentes. Por esto, la conducta típica desarrollada por el acusado,
fue el generar la idea de la muerte en su víctima y procurar luego que ésta, en
un acto voluntario atentara contra su propia vida, basado en las creencias que
él le inculcaba y reforzaba, es así como al tomarse la determinación, colabora
en la consecución del fin, estando presente en el lugar y facilitando el hecho
mediante su ayuda. Por todo esto la conducta de Luis Enrique Bastardo es
subsumible en el supuesto de hecho del artículo 414 del Código Penal y así se
decide.”
Por estos hechos, el mencionado tribunal realizó los siguientes pronunciamientos: DECLARÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida al acusado LUIS ENRIQUE BASTARDO, venezolano, de 29 años de edad, nacido el 26 de diciembre de 1974, hijo de Luis Argenis Gutiérrez y María Magdalena Bastardo, residenciado en la Urbanización Brasil, sector 02, vereda 21, casa N°. 11, Cumaná Estado Sucre y portador de la Cédula de Identidad N°. 11.832.747 por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO en perjuicio del ciudadano Jesús Lezama, previsto y sancionado en el artículo 455 ordinal 1° del Código Penal, en virtud que operó la prescripción de la acción penal. Así mismo DECLARÓ CULPABLE al acusado LUIS ENRIQUE BASTARDO, por la comisión del delito de INDUCCIÓN Y AYUDA AL SUICIDIO previsto y sancionado en el artículo 414 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso EDWIN FRANCOIS SOTILLO GONZÁLEZ, y lo DECLARÓ CULPABLE por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, previsto y sancionado en el artículo 407 en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, en perjuicio de la hoy occisa NAILETH DEL CARMEN MATA, por ello lo CONDENÓ a cumplir la pena de DIECISEIS AÑOS y OCHO MESES DE PRESIDIO más las accesorias de ley, asimismo aplicó el artículo 86 del Código Penal y la atenuante prevista en el ordinal 1° del artículo 74 eiusdem.
En fecha 21 de diciembre de 2004, el abogado José Rafael Cabrera, inscrito en el I.P.S.A. con el número 103.188, en representación de la defensa del ciudadano LUIS ENRIQUE BASTARDO, interpuso Recurso de Apelación.
En fecha 17 de diciembre de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Sucre declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa.
En fecha 6 de febrero de 2009, la ciudadana Abogada Yaritmy Rosaura Núñez Barrios, inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 107.233 aceptó el cargo de abogado defensor del acusado de autos, y prestó el juramento de ley ante la Corte de Apelaciones. En fecha 9 de febrero de 2009 interpuso Recurso de Casación, en tiempo hábil.
En fecha 7 de Julio de 2010, se dio entrada y cuenta del expediente por ante esta Sala, siéndole asignada la ponencia a la magistrada quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
En fecha 20 de Octubre de 2010 la Sala ADMITIÓ el Recurso de Casación, interpuesto por la Defensa del ciudadano LUIS ENRIQUE BASTARDO, en contra de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Sucre de fecha 17 de diciembre de 2008, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en la presente causa.
En fecha 23 de noviembre de 2010 fue celebrada la correspondiente audiencia.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales, la Sala pasa a decidir:
PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN
DOS DENUNCIAS
Primera: La Defensa denunció la errónea aplicación de los artículos 407 y 83 del Código Penal, para lo cual adujo:
“…Ciudadanos Magistrados, resulta evidente que la Corte de Apelaciones, se limitó a darle validez a lo sostenido en el fallo, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio constituido como Tribunal Mixto con Escabinos, desestimado los alegatos de la apelación ejercida por mi defendido.
Tenemos así, que la Corte de Apelaciones, desechó el valioso argumento de que en el texto de la sentencia confirmatoria dictada por la Corte de Apelaciones, del hecho indiscutible estableció quien fue el autor material del homicidio de NAILETH DEL CARMEN MATA, homicidio por el cual se le condena en la recurrida a mi defendido por haber sido el cooperador inmediato.
También desechó que era necesario, la plena prueba de la existencia e identificación del autor material del homicida –en mi criterio presunto- para poder aplicar en derecho el argumentado en la apelación ejercida por la defensa del hoy condenado LUIS ENRIQUE BASTARDO, contra la sentencia de la instancia, cuando se indicó que el homicidio tipificado en el artículo 407 del Código Penal vigente, ocurre cuando se produce la muerte de una persona causada por otra –autor material- como resultado de su acción; y que la cooperación inmediata en este tipo de delito, la cometen quienes sin ser causantes del hecho productor de la muerte, concurren al resultado del mismo con el ejecutor, bajo acciones coordinadas distintas, pero que sirven para la ejecución del hecho….
….Magistrados, el párrafo anterior de la sentencia de la instancia corrobora en forma clara que en el juicio no se demostró que EDWIN FRANCOIS SOTILLO y LUIS ENRIQUE BASTARDO, hayan participado en el homicidio de NAILETH MATA, ya que la misma sentencia sólo estableció que estaba demostrado en el juicio, que los dos primeros nombrados, estuvieron en el escenario donde aparecieron los cadáveres de EDWIN FRANCOIS SOTILLO y NAILETH MATA, el día dos (2) de julio de 1993.
En efecto, en el fallo, se dieron por demostrado y establecidos de que los únicos que se dirigieron al Sector Poza Negra del río Brito, fueron LUIS ENRIQUE BASTARDO; EDWIN FRANCOIS SOTILLO y NAILETH MATA, según declaraciones de testigos CARMEN OMAIRA OTERO, ALBERTO GONZÁLEZ y FÉLIX ALBERTO RODRÍGUEZ….
Sobre lo antes expuesto, cabe preguntarse, ¿Cómo pudo intervenir un tercero distinto a los ciudadanos FRANCOIS SOTILLO y LUIS ENRIQUE BASTARDO, en el homicidio de la ciudadana NAILETH MATA, cuando los únicos que pasaron y fueron vistos por los testigos al lugar determinado en Río Brito, fueron los tres jóvenes antes mencionados?.
Indudablemente, sí lo que ocurrió con respecto a NAILETH MATA fue un homicidio -cuestión que niega la defensa-, el autor material del mismo debió haber sido LUIS ENRIQUE BASTARDO o FRANCOIS SOTILLO GONZÁLEZ, puesto que los únicos que pasaron el día de los hechos por la bodega en la cual fueron vistos por los testigos hacia la Poza Negra en Río Brito, fueron las tres (3) personas antes indicadas.
Resulta a todas luces contradictorio y carente de lógica, que si como dice la sentencia en el debate no se acreditó quien o quienes ejecutaron los actos materiales que condujeron al colgamiento de NAILETH MATA, en contra de su voluntad, pueda luego decirse en el mismo fallo que no hay dudas de la participación del acusado en calidad de cooperador inmediato…
…En honor a la verdad, si mi defendido facilitó el cuchillo para cortar la cuerda después del colgamiento de NAILETH MATA, tal hecho no puede ser tomado jamás ni nunca como facilitador de dicho colgamiento…”.
Segunda: La Defensa denunció la errónea interpretación del artículo 162 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la facultad que tiene el Juez Presidente del tribunal con escabinos, sobre la calificación del delito y la imposición de la pena correspondiente, que ello no le corresponde a los escabinos y que de la sentencia condenatoria se deduce que los escabinos “invadieron la competencia del Juez presidente” en cuanto a dichas facultades.
RESOLUCIÓN
SEGUNDA DENUNCIA:
La Defensa adujo en la segunda denuncia del Recurso de Casación la errónea interpretación del artículo 162 del Código Orgánico Procesal Penal, que la Corte de Apelaciones incurrió en dicho vicio por confundir “la deliberación” con la “calificación e imposición de la pena”, que la calificación del delito e imposición de la pena son labores privativas del Juez Presidente, que el Juez Presidente del tribunal con escabinos “permitió que los dos otros (sic) integrantes del mismo invadieran su competencia en cuanto a la calificación del delito y la imposición de la pena”, que la Corte de Apelaciones debió declarar con lugar dicha denuncia en apelación y ordenar la celebración de nuevo juicio.
Al respecto la Sala observa:
La recurrida al resolver la denuncia sobre la errónea interpretación del artículo 162 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciado en apelación por una supuesta “invasión de competencia” por parte de los escabinos en cuanto a la determinación de la calificación jurídica de los delitos y la imposición de la pena correspondiente, estableció lo siguiente:
“…RESOLUCIÓN A LA SEGUNDA DENUNCIA
Como segundo vicio alegado el recurrente nos habla de Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causan indefensión, por cuanto se produjeron 2 omisiones, en el sentido de que se quebrantó el artículo 162, segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que en caso de culpabilidad, corresponderá al Juez Presidente, además de la calificación del delito, la imposición de la pena correspondiente, y que en el presente caso tanto el Juez Presidente como los Escabinos en la sentencia calificaron los delitos donde se condenó al acusado, es decir, que el Juez permitió que los otros dos integrantes del Tribunal Mixto invadieran su competencia en cuanto a la calificación del delito y la imposición de la pena y que esto se desprende de la lectura de la sentencia.
En atención a este vicio alegado por el recurrente, considera esta Corte, que el artículo 162 del Código Orgánico Procesal Penal es suficientemente claro cuando señala que los escabinos constituyen el Tribunal con el Juez Profesional y deliberarán con él en todo lo referente a la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, y en caso de culpabilidad, corresponderá al Juez Presidente además de la calificación del delito, la imposición de la pena correspondiente, por otra parte el artículo 362 del Código Orgánico Procesal Penal señala que los jueces en conjunto, cuando se trate de un tribunal mixto, se deberán pronunciar sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, por lo que mal podría retirarse solamente a deliberar el juez profesional sin la presencia de los escabinos ya que la votación puede ser unánime, por mayoría de los dos escabinos contra el juez profesional.
Quienes aquí decidimos observamos que el desarrollo del debate culminó el día 16 de noviembre de 2004, y de allí solo se desprende que el Tribunal se retiró a deliberar, regresando al cabo de tres horas, para publicar la dispositiva de la decisión, así las cosas corresponde comprender de acuerdo a la lógica que cuando se hace mención de que el Tribunal se retiró a deliberar, se refiere al Tribunal Mixto en su conjunto, sin embargo de acuerdo a la actual Administración de Justicia Venezolana en la cual se prevé la inclusión de la ciudadanía en la misma, como Precepto Constitucional, el Código Orgánico Procesal Penal, prevé que todo ciudadano tiene el derecho de participar como escabino en el ejercicio de la administración de la justicia penal, pero también establece prohibiciones de desempeñar el cargo de escabinos a aquellas personas con título de abogados y profesores universitarios de disciplinas jurídicas, por ello es sabia la norma cuando refiere que sólo podrán deliberar en cuanto a la culpabilidad e inculpabilidad el acusado, porque la aplicación de la pena y la calificación jurídica corresponde al Juez Presidente, quien en este caso es el Juez Profesional, por lo tanto aun cuando no se haga en la sentencia expresa mención de que el Juez Profesional fue quien hizo el análisis para el cálculo de la pena, esto se deduce del contenido de la misma, el cual resulta para esta Alzada clara y entendible en su conjunto de que sólo pudo ser aplicada por un profesional del derecho, amén de que no hace mención la norma que para aplicar la misma los escabinos deban retirarse del lugar de la deliberación mucho menos está presente al momento de aplicarla y publicarla por cuanto la misma forma parte de la sentencia. Por lo tanto lo procedente es declarar SIN LUGAR esta denuncia. Y ASÍ SE DECIDE…”.
El artículo 162 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:
“Art. 162 Atribuciones. Los escabinos o escabinas constituyen el tribunal con el Juez o Jueza profesional y deliberarán con él o ella en todo lo referente a la culpabilidad o inculpabilidad del acusado o acusada.
En caso de culpabilidad, corresponderá al Juez presidente o Jueza presidenta, además de la calificación del delito, la imposición de la pena correspondiente.”
Asimismo, el artículo 362 del Código Orgánico Procesal Penal establece sobre las normas de deliberación y votación de la sentencia, lo siguiente:
“Los jueces o juezas, en conjunto, cuando se trate de un tribunal mixto, se pronunciarán sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado o acusada. En caso de culpabilidad la decisión sobre la calificación jurídica y la sanción penal o la medida de seguridad correspondiente, será responsabilidad única del Juez presidente o Jueza presidenta. En el caso del tribunal mixto los jueces o juezas podrán salvar su voto; si el voto salvado es de un escabino o escabina el Juez Presidente o Jueza Presidenta lo asistirá”
Ahora bien, de la transcripción efectuada de las normas referidas, observa la Sala que la Corte de Apelaciones resolvió la denuncia interpuesta en el Recurso de Apelación sobre el supuesto quebrantamiento u omisión de formas sustanciales que causan indefensión, respecto del artículo 162 del Código Orgánico Procesal Penal. En dicha resolución la Corte de Apelaciones expresó que la decisión condenatoria cumplió con todos los requisitos para su elaboración, que los integrantes del entonces tribunal mixto, Juez Presidente y los dos escabinos, una vez finalizado el debate y las conclusiones de las partes, se retiraron a deliberar, y que en atención a lo dispuesto en el artículo 362 eiusdem, pronunciaron el veredicto obtenido; asimismo explicó la recurrida, que el hecho de haberse retirado los tres integrantes del tribunal mixto a deliberar sólo implica que los escabinos participaron en la decisión en cuanto al establecimiento de la culpabilidad en los hechos, y que al estar presentes los escabinos cuando el juez presidente realiza la calificación jurídica del delito e impone la pena no significa que hayan participado en ello los escabinos.
En el mismo orden de ideas, estableció la recurrida, que el artículo 162 del Código Orgánico Procesal Penal incluyó la participación ciudadana en la administración de justicia, pero que así mismo se establece prohibición de desempeñar el cargo de escabino a aquellas personas con título de abogado, pues la calificación jurídica del delito y la pena corresponde aplicarlas al Juez Presidente del Tribunal Mixto; además agregó la recurrida, que dicha norma no prevé que los escabinos “deban retirarse” del lugar de deliberación a esos fines, todo lo cual estima la Sala se encuentra dentro de una correcta interpretación de la norma referida.
En efecto, la calificación jurídica de los hechos establecidos y la imposición de la pena en caso de culpabilidad corresponden sólo al Juez Presidente del Tribunal Mixto, y la presencia de los escabinos en ese momento no supone una interferencia o invasión de competencia a dicha labor del juez presidente.
Así mismo, resulta evidente que al momento de la constitución del tribunal con escabinos, se deben alegar las razones por las cuales procederían causales de recusación, inhibición o excusa por parte de los jueces, y una de ellas sería que los escabinos infrinjieran las prohibiciones previstas en los artículos 149 y 152 de la ley penal adjetiva, entre ellas, que no pueden desempeñar dicho cargo, los abogados, los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o funcionarios de diversos organismos públicos, y ello es así precisamente para evitar que el conocimiento jurídico que pueda tener el escabino influya o interfiera en la labor del Juez Presidente del Tribunal Mixto.
Distinto sería el caso, por ejemplo, de que sea denunciado que uno o ambos escabinos sean quienes sin la presencia del Juez presidente, deliberen y dicten la sentencia aplicando la calificación del delito y la pena, en ese caso, sí correspondería aducir la violación de dicha norma prevista en el artículo 162 referido.
Por ello, no asiste la razón al recurrente, en consecuencia la Sala declara SIN LUGAR la segunda denuncia del Recurso de Casación. Así se decide.
RESOLUCIÓN PRIMERA DENUNCIA:
En relación con la primera denuncia referida a la errónea aplicación de los artículos 407 y 83 del Código Penal, adujo el recurrente que la Corte de Apelaciones al convalidar la decisión del tribunal de instancia, interpretó erróneamente que su defendido fue cooperador inmediato en la muerte de Naileth Mata, por el sólo hecho de haber facilitado un cuchillo con el que fue cortada la cuerda donde pendía el cadáver de ésta, que no puede atribuirse tal calificación de participación a su defendido sin haber sido acreditado quien o quienes ejecutaron los actos materiales que condujeron al colgamiento de Naileth Mata, que si de acuerdo a la declaración de testigos, sólo fueron vistos llegar al lugar el acusado, Francois Sotillo y Naileth Mata, el autor del supuesto homicidio de Naileth sería el acusado o el hoy occiso Francois Sotillo, no obstante aduce la defensa, que hay duda respecto de quien o quienes fueron los autores y por ello debe haberla también para la participación como cooperador inmediato de su representado.
A los fines de decidir la Sala observa el contenido de la resolución efectuada por la Corte de Apelaciones del estado Sucre, la cual es del tenor siguiente:
“….RESOLUCIÓN A LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN DE LA LEY POR ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA.
En relación a la denuncia por Violación de la Ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, donde señala que en la sentencia hubo violación por errónea aplicación de dos normas jurídicas la de los artículos 407 y 83 del Código Penal vigente, es decir, homicidio intencional en grado de cooperación, el recurrente manifiesta que la cooperación inmediata la cometen aquellas personas que sin ser causantes de los hechos concurran al resultado junto con los ejecutores en el mismo lugar y que el Tribunal Mixto incurrió en errónea aplicación de las dos normas jurídicas señaladas.
Asimismo sigue argumentando que para que ocurra el homicidio simple con la cooperación inmediata de otro sujeto tiene que haber naturalmente un sujeto o persona física perfectamente determinado y que el Tribunal en ninguna parte de la sentencia señala quien es el sujeto o persona física determinada que provocó la muerte de la ciudadana NAILETH DEL CARMEN MATA.
Esta Corte de Apelaciones da su conformidad a la sentencia aludida ya decidida en la primera denuncia del recurrente, por cuanto consideramos quienes aquí decidimos que el Tribunal A quo de acuerdo a la valoración de las pruebas apreciadas durante el desarrollo del debate y analizadas de acuerdo a la sana crítica como soporte al principio de inmediación del cual estuvo investido el Sentenciador A quo, mal puede considerar que en la sentencia se aplicaron erróneamente los artículos 407 en concordancia con el artículo 83 ambos del Código Penal, por cuanto quedó plenamente decidido que estuvo conforme a derecho la apreciación del Juez en determinar la Conducta del acusado dentro del delito de Homicidio Simple en Grado de Cooperación.
Pues el Tribunal estableció como hecho que se cometieron los delitos HOMICIDIO EN GRADO DE COOPERACIÓN INMEDIATA E INDUCCIÓN AL SUICIDIO apoyándose para ello en las distintas pruebas incorporadas al juicio. Asimismo en el desarrollo del fallo, la Juez A quo cita, analiza y valora las deposiciones rendidas por los testigos en cuanto a lo ocurrente del hecho, lo que indudablemente condujo a efectuar un razonamiento lógico, objetivo y minucioso de elementos, argumentos, factores y otros aspectos percibidos durante el desarrollo del juicio, y que en forma pormenorizada se detallaron a lo largo del fallo, en cuanto a que el hecho se cometió y que LUIS ENRIQUE BASTARDO, tuvo participación en el mismo, pues en el caso de NAILETH MATA, tuvo cooperación en su homicidio.
Así lo adujo el Tribunal A quo, en sus fundamentos de hecho y de derecho al establecer que:
La participación requiere un acto de voluntad previo al hecho, una determinación de intervención en la actividad donde se ha representado el partícipe un resultado querido, es decir, se trata de una conducta dolosa, determinante para la producción del resultado. Por esto, cuando la participación se efectúa con posterioridad a la realización del hecho, no se trata de una forma de participación, sino de un delito autónomo, que es el encubrimiento, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal. Nuñez, citado por Arteaga Sánchez, señala que:
‘la participación implica que debe darse una
coincidencia interna de voluntades, hacia el hecho común, lo que no
necesariamente supone un pacto expreso entre los que intervienen en el hecho,
siendo suficiente la conciencia de colaborar para la realización de un hecho
común”
Estas afirmaciones, permiten concluir, que la participación en un hecho
punible, está referida a los elementos objetivos del hecho, es decir, a la
materialización del resultado y la demostración de aquellos hechos relacionados
o colaterales con el mismo, que evidencian la conducta llevada a cabo por el
partícipe, de allí que la demostración de la forma de participación, es
independiente de la identificación y determinación de la culpabilidad de la
otra u otras personas que hayan intervenido en el hecho. Es decir, la
participación criminal, debe desprenderse de las circunstancias de los hechos y
no de la identificación y culpabilidad del autor material directo, esto con
fundamento al principio de la individualidad de la culpabilidad, porque la
coincidencia de voluntades o culpabilidad entre el autor y el partícipe, no
quiere decir que esta última sea colectiva o que se comunique, sino que cada
quien responde por el grado de participación que tuvo en la comisión del hecho,
es decir la responsabilidad es individual.
Una de las formas de participación criminal, prevista en el artículo 83 del código penal, es la cooperación inmediata, que es la intervención en la comisión del hecho punible, a través de la realización de actos esenciales e inmediatos, que aunque no son hechos típicos, característicos del hecho punible, determinan la ejecución de éste y la producción del resultado criminal. Al respecto, Arteaga Sánchez ha sostenido lo siguiente.
‘los cooperadores inmediatos, así, no realizan
los actos típicos esenciales constitutivos del hecho, pero prestan su
cooperación en forma que podemos calificar de esencial e inmediata en la
ejecución del delito, de manera tal que podemos apreciar que su comportamiento
como partícipe se compenetra o se vincula en forma muy estrecha con la conducta
del ejecutor, lo que nos lleva a considerar en la realidad de los casos, que
aunque no realicen los actos típicos, en virtud de tal identificación y
compenetración con la acción de los autores, deben ser sancionados con la misma
pena correspondiente a estos’
A la luz de estas afirmaciones doctrinales, resulta evidente que la conducta
desarrollada por el acusado Luis Enrique Bastardo con relación a los hechos que
desencadenaron el homicidio de la ciudadana Naileth Mata, no se demostró en la
audiencia que él haya sido el autor, pero sí resultó suficientemente acreditado
que fue el cooperador inmediato, por ser la persona que desarrolló una conducta
determinante para que se produjera el resultado querido por él, cuyas pruebas
ya fueron suficientemente analizadas en el capítulo anterior. Al ser la persona
que generó la idea de ir al lugar de los hechos, quien en compañía de otro
compró la cuerda con la que resultó colgada la víctima, quien tenía el cuchillo
con el que se cortó la punta de cuerda sobrante y por último quien tenía un
arma de fuego en el lugar de los hechos, se demuestra que su participación era
determinante para la producción del resultado, por lo que si se quita de la
relación de causalidad su intervención, el resultado no se hubiera producido,
de allí que su conducta es perfectamente subsumible en el artículo 407 del
Código Penal, en concordancia con el encabezamiento del artículo 83 de ese
mismo Código y así se decide.
Así las cosas apreciadas como han sido las razones de hecho y de derecho que tuvo el Tribunal para condenar al Acusado por los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO COOPERADOR INMEDIATO, previsto en el artículo 407, en concordancia con el encabezamiento del artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de NAILETH DEL CARMEN MATA, e INDUCCIÓN AL SUICIDIO previsto y sancionado en el artículo 414 del Código Penal en perjuicio de FRANCOIS SOTILLO GONZÁLEZ, lo procedente en el caso de marras es declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado LUIS ENRIQUE BASTARDO. ASÍ SE DECIDE…”.
De la anterior transcripción observa la Sala, que la Corte de Apelaciones consideró ajustada a Derecho la decisión emanada del Tribunal Primero de Juicio constituido con Escabinos, que condenó al acusado de autos por los delitos de Cooperador Inmediato en Homicidio Simple, en perjuicio de Naileth Mata y por Inducción o Ayuda al Suicidio en perjuicio de Edwin Francois Sotillo González, delitos previstos respectivamente en los artículos 407 en relación con el artículo 83 y 414, todos del Código Penal.
La recurrida consideró que la decisión del Tribunal “A quo” aplicó correctamente las normas referidas respecto del Homicidio cometido en perjuicio de Naileth Mata, por cuanto determinó que LUIS ENRIQUE BASTARDO fue el cooperador inmediato en el hecho, por todos los indicios que demostraron que estuvo en el lugar y momento de los hechos, dado que fue visto por dos testigos cuando llegó con las dos víctimas, luego lo vieron regresar del río a él solo, que poseía un arma blanca y que en el lugar de los hechos no se encontró el objeto filoso con el que se realizó el corte de la cuerda de la que pendían los cuerpos de las víctimas, amén de las circunstancias previas al hecho, donde se determinó que él poseía una agenda donde tenía un plan de que resultaran ahorcados Naileth Mata y Edwin Francois Sotillo, que fue a comprar en compañía de Edwin Sotillo la referida cuerda utilizada y que él fue la última persona vista en compañía de las dos víctimas.
Ahora bien, de los hechos establecidos por el Tribunal de Primera Instancia, confirmados por la Corte de Apelaciones, se observa que la calificación de la participación del acusado no coincide con los hechos establecidos, pues quedó demostrado que el acusado fue la única persona vista en compañía de las dos víctimas, que fueron vistos dirigirse al Sector la Poza Negra de Río Brito y no se observa del contenido de la motivación de la sentencia la presencia de otras personas, distintas a las mencionadas, al respecto estableció el Tribunal de Juicio con las declaraciones de Carmen Omaira Otero, Alberto González y Félix Alberto Rodríguez, lo siguiente: “ La declaración de la ciudadana Carmen Omaira Otero, cuando dijo que ese día pasaron los tres jóvenes como al mediodía, para el río, que ella los vio porque siempre se paraban a comprar en la bodega que queda en la entrada para ir al Río Brito, la cual es de su propiedad y ella atendía. La declaración de Alberto González, quien dijo que ese día vio pasar a los tres muchachos rumbo al Río como al mediodía, cuando él se encontraba en la bodega que tiene en la entrada hacia Rio Brito. Y la declaración de Félix Alberto Rodríguez, quien dijo que ese día vio que pasaron hacia el río tres personas, que él los vio porque estaba en la bodega y hay que pasar por allí para ir a Río Brito,” asimismo estableció el Tribunal de Juicio, que dichos testigos afirmaron que “ vieron a Luis Bastardo en la Parada frente a la Bodega en la Carretera Cumaná Cumanacoa, cuando regresó solo desde el río Brito y que ya era avanzada la tarde. Con la declaración de la testigo Carmen Omaira Otero, quien dijo que se notaba nervioso y se sentó sobre una piedra a esperar carro esa tarde cuando regresó solo…” (Folios 225 y 238, Pieza 9).
Así pues, determinó la instancia: “resulta evidente que la conducta desarrollada por el acusado Luis Enrique Bastardo con relación a los hechos que desencadenaron el homicidio de la ciudadana Naileth Mata, no se demostró en la audiencia que él haya sido el autor, pero sí resultó suficientemente acreditado que fue el cooperador inmediato, por ser la persona que desarrolló una conducta determinante para que se produjera el resultado querido por él … Al ser la persona que generó la idea de ir al lugar de los hechos, quien en compañía de otro compró la cuerda con la que resultó colgada la víctima, quien tenía el cuchillo con el que se cortó la punta de cuerda sobrante y por último quien tenía un arma de fuego en el lugar de los hechos, se demuestra que su participación era determinante para la producción del resultado, por lo que si se quita de la relación de causalidad su intervención, el resultado no se hubiera producido, de allí que su conducta es perfectamente subsumible en el artículo 407 del Código Penal, en concordancia con el encabezamiento del artículo 83 de ese mismo Código y así se decide. En cuanto al delito de inducción al suicidio, tal como ya fue analizado, es un tipo penal que requiere de condiciones y características muy particulares en la víctima y en el autor, las cuales fueron evidenciadas en el juicio, en lo que respecta al acusado y a la víctima Edwin Francois Sotillo, más aun cuando se estableció entre estos una relación reforzada por supersticiones y ritos religiosos que hacían que Luis Enrique Bastardo tuviera una gran influencia personal y Psicológica sobre su víctima, a quien le vendía sus ideas y procuraba su manipulación para alcanzar sus fines o metas personales, de carácter económico e incluso sexuales, como se evidenció en las audiencias, con el propio reconocimiento del acusado, de ser homosexual, corroborado por las declaraciones de los testigos José Silverio Bastardo, Octavio Tenías y el examen médico forense efectuado por Antulio Díaz y Arquímedes Fuentes. Por esto, la conducta típica desarrollada por el acusado, fue el generar la idea de la muerte en su víctima y procurar luego que ésta, en un acto voluntario atentara contra su propia vida, basado en las creencias que él le inculcaba y reforzaba, es así como al tomarse la determinación, colabora en la consecución del fin, estando presente en el lugar y facilitando el hecho mediante su ayuda. Por todo esto la conducta de Luis Enrique Bastardo es subsumible en el supuesto de hecho del artículo 414 del Código Penal.”
Así pues, de los hechos determinados por el Tribunal de Primera Instancia se deben subsumir los mismos en el delito de Homicidio Intencional en perjuicio de Naileth Mata, en calidad de Autor del acusado Luis Enrique Bastardo, y en calidad de Autor por el delito de Inducción o Ayuda al Suicidio de Edwin Francois Sotillo, pero de acuerdo al artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la prohibición legal de Reformar en Perjuicio del Acusado la Sentencia impugnada; esta Sala se encuentra impedida de cambiar la Calificación Jurídica realizada en virtud de que la representación del Ministerio Público no recurrió del fallo dictado por la Corte de Apelaciones, no obstante que la calificación como autor considerada por esta Sala no agrava la pena aplicada.
En tal virtud, en cuanto a la errónea aplicación de la calificación como Cooperador Inmediato de LUIS ENRIQUE BASTARDO, observa la Sala que ésta, como forma de participación distinta a la autoría o coautoría, se rige por el principio de accesoriedad limitada al aspecto objetivo del delito, donde sólo se exige el acceso al hecho objetivamente considerado ilícito, sin apreciación subjetiva de la culpabilidad del autor o coautores del hecho.
Al respecto, en la doctrina argentina sobre la participación, Guillermo J. Fierro, cita las máximas logradas por Sebastián Soler sobre este tema: “…dice Soler:1°) La participación es accesoria de un hecho principal; pero nadie es culpable por la culpa del otro en el hecho sino por la propia. Consecuencia: la participación comunicable es la objetivamente y subjetivamente perfecta: objetivamente, en el sentido, a lo menos, de cooperación; subjetivamente, a lo menos, en el sentido de asentimiento (Conocimiento). 2°) La participación es accesoria, pero de un hecho y no de la culpa del otro. Consecuencia: a nadie aprovecha la inculpabilidad, sino al que jurídicamente le corresponde. Así como nadie carga con la culpa ajena, nadie se beneficia de la inocencia ajena: cada cual paga su culpa…” (Guillermo J. Fierro, “Teoría de la Participación Criminal”. Ediar. Argentina. págs 332 y 333)
Así pues, si bien cabe aplicar en abstracto la figura de la participación como Cooperador Inmediato en un hecho, aun cuando no se hallen identificados los autores o coautores, por cuanto la participación es accesoria respecto del hecho y no de los agentes principales del delito, no obstante en este caso concreto, no corresponde la aplicación como cooperador inmediato, pues fue establecida la autoría del Homicidio de Naileth Mata, por parte del acusado Luis Bastardo, quien previo al hecho se determinó que tenía el plan de que resultaran ahorcados ambos jóvenes, y que para el momento de los hechos fue la única persona vista en compañía de las víctimas, amén de poseer rasgos de la personalidad y posición de liderazgo en el grupo, que hacen concluir que poseía el dominio del hecho para obtener el resultado por él planificado.
Sobre la autoría se ha dicho en doctrina sobre la Teoría del dominio del hecho, mayoritariamente aceptada, que “en los delitos dolosos es autor quien domina finalmente la ejecución del hecho, del mismo modo que ve lo decisivo de la acción en el control final del hecho.” (Santiago Mir Puig, Derecho Penal Parte General.5ta Edición, Pág.365)
Por ello, determinado como fue por el Tribunal de la causa el delito de Homicidio Intencional, previsto en el artículo 407 en relación con el artículo 83 del Código Penal, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Naileth Mata, considera la Sala que la participación no fue en calidad de Cooperador sino de Autor en Homicidio Intencional, dado que él tuvo el dominio del hecho en la acción desplegada para que se produjera el resultado de la muerte por ahorcamiento de la referida víctima, pero, como ya se refirió anteriormente, de acuerdo al artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la prohibición legal de Reformar en Perjuicio del Acusado la Sentencia impugnada, esta Sala se encuentra impedida de cambiar la Calificación Jurídica realizada por cuanto la representación del Ministerio Público no recurrió del fallo dictado por la Corte de Apelaciones, aunque la calificación como autor considerada por esta Sala no agravaría la pena aplicada. Así se decide.
Por ello la Sala declara SIN LUGAR la primera denuncia del Recurso de Casación interpuesto por la representación de la Defensa del ciudadano LUIS ENRIQUE BASTARDO. Así se decide.
En otro orden de ideas observó la Sala de la revisión del expediente que en el presente caso Luis Enrique Bastardo fue acusado también por la comisión del delito de Inducción o Ayuda al Suicidio, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Edwin Francois Sotillo González, delito previsto y sancionado en el artículo 414 del Código Penal.
Dicho delito fue cometido en fecha 2 de junio de 1993, siendo el caso que hasta la fecha no existe sentencia definitivamente firme respecto de ese delito, por ello corresponde verificar si la acción penal para perseguirlo se encuentra vigente o por el contrario se extinguió el lapso para ello.
Así pues, de acuerdo al artículo 109 del Código Penal, el delito en cuestión prevé penalidad de siete a diez años, siendo la normalmente aplicable el término medio de la sumatoria de ambos límites, conforme lo establece el artículo 37 ibidem, cuyo resultado es de ocho años y seis meses de prisión.
El artículo 108 en su ordinal 2°, prevé que la acción penal prescribe por diez años para los delitos que merecen pena de prisión mayor de siete años sin exceder de diez.
En el presente caso, no operó la prescripción ordinaria de la acción penal para el delito de Inducción o Ayuda al Suicidio, debido a la interrupción producida por las siguientes actuaciones:
1.- En fecha 19 de Julio de 1993 fue dictada la Detención Judicial del ciudadano Luis Enrique Bastardo por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, por los delitos de Inducción o Ayuda al suicidio y Hurto Calificado. (Folio 62, Pieza 2)
2.-En fecha 23 de Agosto de 1993 el referido Juzgado libró Boleta de Traslado a fin de que el ciudadano Luis Enrique Bastardo rindiera declaración indagatoria. (Folio 129, Pieza 2)
3.- En fecha 10 de Enero de 1995 fue realizada la Audiencia Pública del Reo. (Folio 14, Pieza 4)
4.- En fecha 14 de Agosto de 1996 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal del estado Sucre dictó Sentencia Condenatoria por los delitos de Inducción o Ayuda al suicidio y Hurto con Abuso de Confianza. (Folio 224, Pieza 4)
5.- En fecha 12 de Agosto de 2002 fue presentada Acusación por la Fiscalía Quinta para el Régimen procesal Transitorio por los delitos de Inducción o Ayuda al Suicidio y Hurto Calificado. (Folios 62 al 127, Pieza 5)
6.- En fecha 9 de diciembre de 2003 el Tribunal Primero de Juicio del estado Sucre Revocó el Beneficio de Libertad bajo Fianza del ciudadano Luis Enrique Bastardo y dictó Medida Privativa de Libertad. (Folio 360, Pieza 7)
7.- En fecha 7 de Diciembre de 2004 el mencionado Tribunal dictó Sentencia Condenatoria por los delitos de Homicidio en perjuicio de Naileth Mata, Inducción o ayuda al Suicidio de Francois Sotillo y decretó el sobreseimiento de la Causa por el delito de Hurto Calificado en perjuicio de Jesús Lezama. (Folio 273, Pieza 9)
Del anterior recuento se observa que los actos referidos dirigidos en contra del acusado, impidieron que se produjera la prescripción ordinaria, ya que no transcurrió el tiempo necesario (10 años) entre las interrupciones producidas, por ello, corresponde verificar si la totalidad del lapso transcurrido desde la comisión del hecho, hasta la presente fecha, da lugar o no a la denominada prescripción judicial o extraordinaria de la acción, que para el delito de Inducción o Ayuda al Suicidio es de un lapso de 15 años.
El lapso para la prescripción judicial del delito “in comento” es de 15 años, que resulta de los diez años previstos para la prescripción ordinaria más la mitad, de cinco años, tal como lo dispone el artículo 110 del Código Penal.
Así pues en el presente caso, desde el 2 de junio de 1993, fecha del suceso, hasta la presente fecha ha transcurrido un lapso de Diecisiete Años y cuatro meses para la persecución del delito de Inducción o Ayuda al Suicidio, lapso que excede ampliamente el previsto para declarar el Sobreseimiento de la causa por la Prescripción Judicial de la Acción Penal del mencionado delito, de conformidad con los artículos 108.2 y 110 del Código Penal y 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal, por extinción de la Acción Penal.
Así mismo observa la Sala, que en el presente caso la prescripción es aplicable por cuanto operó sin culpa del reo, toda vez que no existen actos que hayan paralizado el proceso que sean atribuibles al acusado. Así se decide.
Por ello, procede hacer la reducción correspondiente en el cálculo de la pena aplicada en la sentencia condenatoria, por lo cual, sólo corresponde la pena aplicada por el Tribunal de Primera Instancia, como Cooperador Inmediato en Homicidio Intencional, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 “eiusdem”, con pena de doce a dieciocho años de prisión.
El término medio de la sumatoria de ambos límites, de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 ibidem es de quince años.
El acusado para el momento de los hechos tenía dieciocho años y no tenía antecedentes penales, por lo que corresponde aplicar la atenuante prevista en el artículo 74.1 del Código Penal, por lo cual se reduce la pena a 12 años de prisión, a los fines de no perjudicar al acusado por cuanto fue esa la pena aplicada por el Tribunal de Primera Instancia respecto de dicho delito, siendo en definitiva la pena a cumplir de 12 AÑOS DE PRISIÓN. Así se decide.
DECISIÓN
Por lo antes expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Casación interpuesto por la abogada Yaritmy Rosaura Núñez Barrios, inscrita en el I.P.S.A bajo el número 107.233.
SEGUNDO: Declara el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida al acusado por la comisión del delito de INDUCCION O AYUDA AL SUICIDIO, previsto y sancionado en el artículo 414 del Código Penal por haberse extinguido la Acción Penal por prescripción, de conformidad con lo previsto en los artículos 108.2 y 110 del Código Penal y 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal.
TERCERO: MODIFICA la pena, siendo en definitiva la pena a aplicar de DOCE AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley previstas en el artículo 16 del Código Penal y al pago de las costas procesales, de conformidad con el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los 06 días del mes de diciembre de dos mil diez. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
Eladio Aponte Aponte
La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada Ponente,
Deyanira Nieves Bastidas Blanca Rosa Mármol de León
El Magistrado, La Magistrada,
Héctor Coronado Flores Miriam Morandy Mijares
La Secretaria,
Gladys Hernández González
BRMdeL/hnq.
RC. Exp. N° 10-0203
No firmó la Magistrada Doctora Miriam Morandy Mijares por ausencia justificada.
La Secretaria,
Gladys Hernández González