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Magistrado Ponente Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
I
El 11 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy Carmona, Zair Mundarain, José Rivero Y Daniel Medina, Fiscales Quincuagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, Quincuagésima Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, Cuadragésimo Octavo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, Quincuagésimo Quinto del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, ante el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 108, numerales 12 y 16), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), y del Código Penal (artículo 6) consignaron un escrito solicitando, se iniciara el procedimiento por extradición, al ciudadano Pablo Botella Carretero, titular de la cédula de identidad E-84.382.842, a quien se le sigue investigación penal, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación de Recursos de una Institución Financiera, previsto en el artículo 432 del Decreto con Rango de Ley y Valor de la Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, y por el delito de Asociación para Delinquir, tipificado en el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Los representantes fiscales señalaron:
“ … solicitamos muy respetuosamente a ese Juzgado INICIE DE MANERA INMEDIATA, el procedimiento de extradición activa a fin de trasladar y poner a la orden de la Justicia Venezolana al ciudadano PABLO BOTELLA CARRETERO, venezolano, titular de la cédula de identidad número E.- 84.382.842, de nacionalidad Española, natural de Madrid, España, de treinta y ocho (38) años de edad, de profesión u oficio administrador comercial, actualmente residenciado en territorio del Reino de España, quien se encuentra requerido por el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, según orden de aprehensión librada en fecha veintisiete (27) de noviembre del 2009…”.
En razón de la solicitud anterior, el 14 de mayo de 2010, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, resolvió lo siguiente:
“…Mediante escrito presentado por los Abogados ANA ISABEL HERNANDEZ, ALICIA MONROY CARMONA; ZAIR MUNDARAIN, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA en su carácter de Fiscales 48°, 50°, 53°, 56° y 73°, los primeros a Nivel Nacional con Competencia Plena y el último a Nivel Nacional en Materia Contra la Corrupción y Competencia en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, solicitaron a este Juzgado iniciar de manera inmediata EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN con el propósito de trasladar y colocar a la orden de la administración de justicia venezolana, al ciudadano PABLO BOTELLA CARRETERO, de nacionalidad Española, nacido en Madrid, el 22 de julio de 1971, titular de la cédula de identidad No. E-84.382.842, y actualmente residenciado en la ciudad de Madrid – España; de conformidad con la norma contenida en el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en los artículos 1, 2.1, 2.4, 15 del Tratado de Extradición entre la República d Venezuela y el Reino de España, suscrito en Caracas el 04 de enero de 1989, publicado en Gaceta Oficial número 34.476, de fecha 28 de mayo de 1990, en vigor desde el 30 de septiembre de 1990.
(omissis)
Los representantes de la vindicta pública señalan que en el presente caso, existe un Tratado de Extradición que permite sustentar dicho pedimento; que sobre el ciudadano PABLO BOTELLA CARRETERO, pesa orden de aprehensión dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 27 de noviembre de 2009, por la presunta comisión de hechos punibles en detrimento del patrimonio de entidades bancarias, sin que haya sido posible su localización, a pesar de las múltiples diligencias adelantadas por las agencias de seguridad del estado para lograr su captura.
(omissis)
Surge entonces que el legislador previó que todo aquél que cometa un hecho delictuoso dentro del territorio de la República, deberá responder penalmente por éste (sin más excepciones que aquellas que la misma ley estableció y sin distinguir si se encuentra o no en el país).
(omissis)
En el caso sub-iudice, se encuentra acreditada, la presunta comisión de dos hechos punibles, cometidos en el territorio venezolano y en perjuicio de la entidad financiera, perseguibles de oficio cuya acción penal se encuentra plenamente vigente, por lo que no existe obstáculo para su enjuiciamiento en Venezuela; como son los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FONDOS O VALORES, APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS AHORRISTAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, respectivamente, cuya fecha de supuesta perpetración data del año 2009 y tiene prevista, el primero de ellos, pena que oscila entre ocho (8) y diez (10) años de prisión.
Igualmente, surgen acreditado los fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano PABLO BOTELLA CARRETERO, es autor o partícipe de estos hecho con apariencia delictuosa; tal y como se afirmó en la resolución dictada por este Juzgado de Control en fecha 27 de noviembre de 2009, mediante el cual se decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del precitado ciudadano.
Ahora bien, se evidencia que la norma citada del artículo del Tratado de Extradición, exige la existencia de una persecución penal para proceder a entregar a la justicia, al solicitado en extradición, lo cual está en armonía con la disposición contenida en el artículo 392 de nuestro código de procedimientos penales. Demanda sólo que haya sido acordada medida de privación judicial preventiva de libertad. Y es cónsona con la garantía de la prohibición de juicio en ausencia, la cual forma parte del debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del cual toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías.
Finalmente, se debe resaltar que los representantes del Ministerio Público, tuvieron conocimiento de la existencia por incoación del expediente gubernativo de extradición pasiva sobre la extradición del ciudadano PABLO BOTELLA CARRETERO, a través de la NOTA VERBAL Nº Exp: 121938, REF.: 437, emanada del Reino de España en fecha 11 de enero de 2010, siendo este el medio oficial de comunicación entre ambos países.
Por cuanto ha quedado demostrado fehacientemente con los razonamientos que preceden, que están satisfechas de manera concurrente las exigencias (…) este Juzgado de Control debe DECLARAR CON LUGAR la solicitud incoada por los ciudadanos (…) y en consecuencia ACUERDA INICIAR EL TRÁMITE para LA EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano PABLO BOTELLA CARRETERO, antes identificado, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FONDOS O VALORES, APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS AHORRISTAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en el artículo 432 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada…”.
II
Cursan en el expediente las actuaciones siguientes:
El 27 de noviembre de 2009, los ciudadanos Daniel Medina y Ana Ysabel Hernández, Fiscal Septuagésimo Tercero del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, y Fiscal Quincuagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, respectivamente, solicitaron al Juzgado Undécimo Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que dictara la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y su correspondiente orden de aprehensión, en contra del ciudadano Pablo Botella Carretero y otros.
En virtud de la solicitud anterior, en esa misma fecha, el Juzgado Undécimo Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decidió lo siguiente:
“… Por cuanto ha quedado demostrado fehacientemente con los razonamientos que proceden, que están satisfechas de manera concurrente las exigencias del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, queda autorizado en consecuencia, este Juzgado de Control para LIBRAR ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de los ciudadanos LUIS GUSTAVO RICHARD KOWALSKI, PABLO BOTELLA, CARLOS PONCE FUENTES, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE VALORES DE INVERSIONISTAS, APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS AHORRISTAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en el artículo 431 y 432 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y en el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; declarándose en consecuencia, CON LUGAR la petición elevada a este Juzgado de Control por los Abogados DANIEL MEDINA y ANA YSABEL HERNÁNDEZ, Fiscales Septuagésimo Tercero (73°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y Quincuagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena,respectivamente,Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE …”.
El 25 de mayo de 2010, en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se recibió copia certificada de las actuaciones relacionadas con la presente solicitud de extradición, mediante el oficio Nº 0580-10 del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En esa misma fecha, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 30 de junio de 2010, mediante oficio Nº 497, la Sala le solicitó a la ciudadana Fiscal General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, el informe fiscal correspondiente, según el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 13 de agosto de 2010, mediante oficio N° DFGR-VF-DGAJ-CAI-5-1392-2010 035363, la ciudadana Fiscal General de la República, consignó el informe fiscal correspondiente, mediante el cual expuso: “… En consecuencia, a criterio de este Despacho, la Solicitud de Extradición se encuentra ajustada a derecho, debiendo ser declarada procedente, a fin de que el referido ciudadano sea trasladado del Reino de España a Territorio Nacional, para ser sometido a nuestra jurisdicción…”.
III
La Sala de Casación Penal pasa a decidir, de acuerdo con el artículo 29 (numeral 1) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal.
La presente solicitud de extradición se analiza, con apoyo en el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Código Penal, Ley de Mercado de Capitales, el Tratado de Extradición que está vigente entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En efecto, el Código Orgánico Procesal Penal (Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.930, del 4 de septiembre de 2009), contempla lo siguiente:
“Artículo 391. La extradición se rige por las normas de este Título, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.
“Artículo 392. Extradición activa. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control, inicie el procedimiento de la extradición activa.
A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y, en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional.
En caso de fuga del acusado sometido o la acusada sometida a juicio oral y público, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia, le corresponderá al Juez o Jueza de Juicio. Si el fugado o fugada fuere quien esté o está cumpliendo condena el trámite le corresponderá al Juez o Jueza de Ejecución”.
La Sala de Casación Penal, observa de las actas procesales, que la solicitud del Ministerio Público para la medida de privación judicial preventiva de libertad, fue realizada por los delitos de Apropiación Fondos o Valores, tipificado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Apropiación de Recursos de los Ahorristas, establecido en el artículo 139 de la Ley de Mercado de Capitales y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Ahora bien, necesario es aclarar que para el momento de ocurrencia de los hechos, el artículo 139 de la Ley de Mercado de Capitales establecía, lo siguiente: “…Quienes actuando como corredores públicos de valores o en nombre de estos, se apropien en su beneficio o en nombre de otro de los fondos o valores recibidos de sus dientes, aplicándolos a los fines distintos a los contraídos por estos, serán castigados con prisión de uno (1) a cinco (5) años y su enjuiciamiento será de oficio..”.
En base al contenido de la norma antes transcrita y los hechos investigados por el Fiscal, el representante del Ministerio Público encuadró los mismos, entre otros delitos, en la presunta comisión del delito de Apropiación de Recursos de los Ahorristas, indicado en el artículo 139 de la Ley de Mercado de Capitales.
No obstante lo anterior, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por un evidente error involuntario, indicó que el delito de Apropiación de Recursos de los Ahorristas, estaba contenido en el artículo 431 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el cual correspondía para el tipo penal de Aprobación Indebida de Créditos, y no en el artículo 139 de la Ley de Mercado de Capitales, como lo solicitó el Ministerio Público.
Visto lo anterior, corresponde en consecuencia el pronunciamiento sobre la solicitud de extradición, conforme a la exposición y motivación de la privación judicial preventiva de libertad, subsanando el error material en que incurrió el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en consecuencia dicho pronunciamiento se hará en relación con los delitos de Apropiación Fondos o Valores, tipificado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Apropiación de Recursos de los Ahorristas, establecido en el artículo 139 de la Ley de Mercado de Capitales y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, vigentes para el momento de ocurrencia de los hechos.
Ahora bien, entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela rige el Tratado de Extradición, suscrito en Caracas el 4 de enero de 1989 y ratificado por el Ejecutivo Nacional el 25 de abril de 1990, (publicado en Gaceta Oficial N° 34.476, del 28 de mayo de 1990), en el cual se señala lo siguiente:
ARTÍCULO 1
“ Las partes contratantes se obligan según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, a la entrega recíproca de las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente que consista en pena privativa de libertad.
ARTÍCULO 2
1. Darán lugar a la extradición de los hechos sancionados según las leyes de ambas Partes con una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito.
(…)
3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen en algunos de ellos, los requisitos de los párrafos 1 y 2, la parte requerida podrá conceder también la extradición de éstos últimos.
4. La extradición procede respecto a los autores cómplices y encubridores, cualquiera que sea el grado de ejecución del delito.”.
ARTÍCULO 3
También darán lugar a Extradición, conforme al presente tratado, los delitos incluidos en Tratados Multilaterales en los que ambos países sean parte.
ARTÍCULO 4
“1. En materia de delitos fiscales, contra la Hacienda Pública, de contrabando y relativos al control de cambio, la extradición se concederá, con arreglos a las disposiciones de este tratado, si los hechos reúnen los requisitos del artículo 2.
2. La extradición no podrá denegarse por el motivo de que la legislación de la Parte requerida no imponga el mismo tipo de impuestos o de tasas o no contenga el mismo tipo de reglamentación de estas materias que la legislación de la Parte requirente”.
ARTÍCULO 5
“Para que proceda la extradición es necesario que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del estado requirente o que, cometido fuera de dicho territorio, tenga el estado requirente jurisdicción para conocer de ese delito…”.
La Sala observa que, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, la solicitud de Extradición procederá, si el requerimiento esta fundamentado, sobre la presunta ocurrencia de delitos que se encuentren tipificados y regulados en Instrumentos Multilaterales, de los cuales ambos Estados sean Partes, principio este conocido como la doble incriminación.
Ahora bien, por cuanto los delitos referidos en la presente solicitud de extradición, se encuentran contenidos en el Tratado de Extradicción entre la República de Venezuela (Gaceta Oficial N° 34.476 de fecha 28 de mayo de 1990) y el Reino de España y en el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con Aprobación Legislativa publicada en la Gaceta Oficial N° 37.357, de fecha 4 de enero de 2.002, del cual tanto Venezuela como el Gobierno del Reino de España son Partes, se evidencia la existencia de este requisito de procedencia de la extradición.
En este contexto, la Sala de Casación Penal revisó, que no concurre la prescripción de la acción penal en la causa seguida contra el ciudadano Pablo Botella Carretero, en virtud, que se trata de hechos cuya ocurrencia data recientemente, específicamente en el año 2009.
Tal situación se evidencia, por cuanto se observa que los representantes del Ministerio Público, en la oportunidad de solicitar la orden de aprehensión del ciudadano Pablo Botella Carretero, señalaron: “…El Ministerio Público adelanta investigación relacionada con presuntas irregularidades que han motivado el procedimiento de intervención efectuado el día jueves 19 de noviembre de 2009, por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, luego de la imposición de Medidas Administrativas a las instituciones financieras Bolívar Banco, Banco Universal, Confederado Banco Comercial, Banco Provivienda Banco Universal y Banco Canarias Banco Universal, en fecha 23 de septiembre del año 2008, ratificadas y ampliadas a su vez en data 13 de noviembre de 2009, para el conocimiento de las cuales nos encontramos debidamente comisionados desde fecha 16 de noviembre de 2009, según comunicación Nro. DDC-6-29410, emanada de la Dirección Contra la Corrupción del Despacho de la Fiscalía General de la República.
En fecha 03 de agosto de 2009, se suscribió un documento privado entre el Banco Provivienda, Banco Universal, C:A. (Banpro) y el Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal C.A, para que aquel adquiriera (opción a compra) …. Operación a ser realizada a través de Oferta Pública de Acciones y Otros Derechos en la Comisión Nacional de Valores.
De todo lo anterior se evidencia que, no sólo la Operación de Compra del Banco Canarias de Venezuela se realizó por un monto muy superior a su valor real, el cual se vio casi quintuplicado, sino que, para el pago del monto convenido presuntamente se utilizaron Recursos del Banco, propios de sus actividades de captación e intermediación, y por lo tanto, correspondiente a los cuentahabientes….”. (Sic).
Señala igualmente, la Fiscal General de la República, en su escrito de Opinión Fiscal, a los fines del procedimiento de extradición que: “ …Como lo indicáramos en el capítulo correspondiente a los hechos que le son atribuidos al ciudadano PABLO BOTELLA CARRETERO, se tiene que es en fecha 19 de septiembre de 2.009, cuando el referido ciudadano entra a laborar en la Sociedad Mercantil U21 Casa de Bolsa, específicamente en su Presidencia, fecha a partir de la cual comienzan a desarrollarse las conductas ilícitas que, en nuestra legislación, se tipifican como APROPIACION DE FONDOS O VALORES, previsto y sancionado en el artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales; APROPIACION DE RECURSOS DE LOS AHORRISTAS, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto con Rango y Valor de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Institucionales Financieras y, ASOCIACION PARA DELINQUIR, tipificado y castigado en el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y tenemos que las conductas delictivas desplegadas por el imputado, cesaron con ocasión al allanamiento practicado mediante orden judicial en fecha 25 de noviembre de 2009...”. (Sic). (Resaltado y mayúsculas del escrito).
Ahora bien, uno de los delitos por los cuales fue decretada la privación judicial preventiva de libertad, y se solicita la extradición del ciudadano Pablo Botella Carretero, es el delito de Apropiación de los Recursos de los ahorristas, establecido en el artículo 139 de la Ley de Mercado de Capitales (vigente para el momento de los hechos), ahora artículo 119 de la misma Ley. Dicha disposición legal estipula lo siguiente:
“… Artículo 119: Quienes actuando como corredores públicos de valores o en nombre de estos, se apropien en su beneficio o en nombre de otro de los fondos o valores recibidos de sus dientes, aplicándolos a los fines distintos a los contraídos por estos, serán castigados con prisión de uno (1) a cinco (5) años y su enjuiciamiento será de oficio..”.
Igualmente se solicita la extradición, por el delito de “Delito de Distracción de Recursos”, tipificado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (vigente para el momento de los hechos, actualmente el artículo 379 de la misma Ley. Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.947, del 23 de diciembre de 2009). Dicha disposición legal estipula lo siguiente:
“…Artículo 379: Los miembros de la junta administradora, directores, administradores, funcionarios o empleados de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero, los recursos del banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio, cuyo depósito, recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de ocho (8) a diez (10) años)…”.
Y Finalmente, se solicita la extradición del ciudadano, Pablo Botella Carrero, por el delito de Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (Gaceta Oficial N° 38.281, del 27 de septiembre de 2005, reimpresa por error material en Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario del 26/10/2005), que establece lo siguiente:
"…Articulo 6: Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o mas de los delitos previstos en esta Ley, será castigado por el sólo hecho de la asociación con pena de cuatro a seis años de prisión…".
Aunado a los anterior, en los artículos 2 y 16 del mismo cuerpo normativo, se señala lo sucesivo:
“… Artículo 2: A los efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Delincuencia Organizada: La acción u omisión de tres o mas personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros (…).
2. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito (…)”.
“…Artículo 16: Se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con la legislación de la materia, además de los delitos tipificados en esta Ley, los siguientes:
(…)
4. Los delitos bancarios o financieros…”.
En base a las normas antes transcritas, se evidencia que para el delito de Apropiación de Recursos de los Ahorristas, previsto en el artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales, se establece una sanción de 1 a 5 años de prisión, por lo que se tiene que el término medio de la pena, corresponde a 3 años de prisión, pena cuyo término medio, de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 del Código Penal, es de 3 años de prisión.
Al respecto, establece el numeral 5 del artículo 108 del Código Penal, que la acción penal prescribe “… por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos…”, por lo que la prescripción prevista para este delito es de 3 años, por lo que ocurridos los hechos en data reciente (año 2009), no ha transcurrido el lapso de prescripción previsto en la ley para este delito.
En cuanto al delito de Apropiación o Distracción de Recursos Financieros, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto con Rango y Valor de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Institucionales Financieras, se observa que la pena establecida para el delito es de 8 a 10 años de prisión, pena cuyo término medio, de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 del Código Penal, es de 9 años de prisión.
Al respecto, establece el numeral 2 del artículo 108 del Código Penal, que la acción penal prescribe “… por diez años, si el delito mereciere pena de prisión mayor de siete años sin exceder de diez…”, por lo que la prescripción prevista para este delito es de 10 años, y habiendo ocurrido los hechos en el año 2009, necesario concluir que la acción penal en cuanto a este delito no se encuentra prescrita.
En relación con, el delito de Asociación para Delinquir, para el cual establece el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, una pena de 4 a 6 años de prisión, y su limite medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Penal Venezolano, esto es cinco 5 años de prisión.
De igual forma, establece el numeral 3 del artículo 108 del Código Penal, que la acción penal prescribe “… por siete años, si el delito mereciere pena de prisión de siete años o menos…”, por lo que la prescripción prevista para este delito es de 7 años, y habiendo ocurrido los hechos en el año 2009, es evidente que este tiempo hasta la presente fecha no ha transcurrido, por lo que igualmente es forzoso concluir que la acción penal, en cuanto a este delito, tampoco se encuentra prescrita.
En consecuencia, no ha operado la prescripción ordinaria y menos aún la extraordinaria, dado que los hechos presuntamente ocurridos que dieron origen a la presente causa, son de reciente data.
De igual forma, de la normativa supra transcrita, se evidencia que para los delitos por los cuales está siendo requerido el ciudadano Pablo Botella Carretero, no está prevista sanción de pena de muerte, ni perpetua, ni que por su naturaleza jurídica puedan ser considerados como delitos políticos o conexos con éstos.
Aunado a lo anterior, se evidencia, que tal y como lo establece el artículo 1 del Tratado Bilateral de Extradición vigente entre Venezuela y el Gobierno del Reino de España, prevé que, sólo darán lugar a la Extradición, la solicitud de extradición del ciudadano Pablo Botella Carretero, se fundamenta sobre la presunta comisión de hechos punibles, cuyas penas máximas son mayores a los 2 años de prisión.
De igual forma, la procedencia de la presente extradición está fundamentada en las razones siguientes:
1.- La calificación de los delitos de APROPIACIÓN DE VALORES DE INVERSIONISTAS, APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS AHORRISTAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en el artículo 432 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras , artículo 139 de la Ley de Mercado de Capitales, y en el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (vigentes para el momento de ocurrencia de los hechos) por los cuales se acordó la medida de privación judicial preventiva de libertad, así como por los que se solicita la extradición del ciudadano Pablo Botella Carretero, se corresponden con los supuestos contenidos en el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela.
2.- La noticia de que el solicitado en extradición se encuentra en un país extranjero; lo que se evidencia de la Nota Verbal N° Exp. 121938, emanada del Gobierno del Reino de España en fecha 10 de mayo de 2010, mediante la cual remiten copia del escrito del Juzgado Central de Instrucción n° 2 de la Audiencia Nacional de fecha 23 de abril de 2010, que fue incoado en ese País, el expediente gubernativo de extradición pasiva de PABLO BOTELLA CARRETERO, cursante al folio 179 de la Pieza N° 1 de la causa.
3.- Que está vigente una privación judicial preventiva de libertad dictada el 27 de noviembre de 2009, por el Juzgado Undécimo Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que es del tenor siguiente:
“… Por cuanto ha quedado demostrado fehacientemente con los razonamientos que proceden, que están satisfechas de manera concurrente las exigencias del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, queda autorizado en consecuencia, este Juzgado de Control para LIBRAR ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de los ciudadanos LUIS GUSTAVO RICHARD KOWALSKI, PABLO BOTELLA, CARLOS PONCE FUENTES, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE VALORES DE INVERSIONISTAS, APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS AHORRISTAS Y ASOACIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en el artículo 431 y 432 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y en el artículo 6 en relación con el numeral 4 del artículo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; declarándose en consecuencia, CON LUGAR la petición elevada a este Juzgado de Control por los Abogados DANIEL MEDINA y ANA YSABEL HERNÁNDEZ, Fiscales Septuagésimo Tercero (73°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y Quincuagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, respectivamente, Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE …”.
4.- Que la privación judicial preventiva de libertad dictada el 27 de noviembre de 2009, por el Juzgado Undécimo Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, está fundamentada sobre un significativo número de elementos de convicción, tal y como se evidencia en dicha decisión judicial cursante a los folios 105 al 171, ambos inclusive de la Pieza N° 1 de la presente causa, señalándose los siguientes:
“… 1.- Comunicación del 4 de febrero de 2009, suscrito por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO, en su carácter de Apoderado de la Empresa Mercantil GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV, mediante la cual se informa a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que el ciudadano Ricardo Fernández, en representación de la empresa Galopy Corporatión Internacional Nv suscribió en fecha 20 de noviembre de 2008, con la sociedad AIL, tres (3) contratos de copmpra ventra para la adquisición de las entidades Bolívar Banco C.A., Banco Confederado, S.A., y Banco Provincial C.A., Banco Universal BanPro, en las proporciones accionarias y por el precio que se indica a continuación (…)
2.- Comunicación en la que se refleja quienes son los accionistas de Bolivar Banco, C.A.; siendo estos (…)
3.- Comunicación en la que se refleja quienes son los accionistas del Banco Provivienda, C.A., Banco Universal (BanPro), siendo estos (…)
4.- Comunicación en la que se refleja quienes son los accionistas del Banco Confederado, S.A.; siendo estos (…)
5.- Pagaré por (…) emitido por el Banco Occidental de Descuento, a favor de la empresa CORPORACIÓN AGROPECUARIA INTEGRADA CAICA, C.A, representada por su presidente RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO, de fecha 2 de marzo de 2009.
6.- Pagaré por (…) emitido por el Banco Occidental de Descuento, a favor de la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONÚTICOS C.A, representada por su presidente RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO, de fecha 2 de marzo de 2009.
7.- Pagaré por (…) emitido por el Banco Occidental de Descuento, a favor de la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONÚTICOS C.A, representada por su presidente RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO, de fecha 4 de marzo de 2009.
8.- Pagaré por (…) emitido por el Banco Occidental de Descuento, a favor de la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PROAREPA C.A, representada por su presidente RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO, de fecha 2 de marzo de 2009.
9.- Pagaré por (…) emitido por el Banco Occidental de Descuento, a favor de la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PROAREPA C.A, representada por su presidente RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO, de fecha 4 de marzo de 2009.
10.- Pagaré por (…) emitido por el Banco Occidental de Descuento, a favor de la empresa PRODUCTOS Y FINANCIAMIENTOS AGRÍCOLAS PROFINCA C.A, representada por su presidente RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO, de fecha 2 de marzo de 2009.
11.- Pagaré por (…) emitido por el Banco Occidental de Descuento, a favor de la empresa PRODUCTOS Y FINANCIAMIENTOS AGRÍCOLAS PROFINCA C.A, representada por su presidente RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO, de fecha 4 de marzo de 2009.
12.- Comunicación de fecha 27 de febrero de 2009, suscrita por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, en su carácter de Apoderado de la empresa mercantil GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV, dirigida al Banco CONFEDERADO, C.A.
13.- Comunicación de fecha 14 de enero de 2009, suscrita por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, con el carácter de Apoderado de la empresa mercantil GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV, dirigida al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante la cual detalla la fusión de los bancos CONFEDERADO Y BANCO PROVIVIENDA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANPRO).
14.- Comunicación de fecha 11 de marzo de 2009, suscrita por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, con el carácter de Apoderado de la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV, dirigida al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante la cual ratifica su propósito de fusionar el banco CONFEDERADO C.A,. con el Banco PROVIVIENDA C.A., Banco Universal, conservando como denominación resultante de la fusión la de BANCOO PROVIVIENDA, C.A. BANCO UNIVERSAL.
15.- Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2008 (…) de la empresa mercantil GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV y FILIAL.
16.- Estatutos Sociales de la empresa mercantil GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV (…).
17.- Poder General otorgado al ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, por parte de la empresa mercantil GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV (…) en Curazao.
18.- Poder General otorgado al ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO Y FELIPE FERNÁNDEZ BARRUECO, por parte de la empresa mercantil GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV (…) en Curazao.
19.- Contrato de Compra-Venta (…) suscrito entre GALOPY CORPORATIÓN INTERNACIONAL NV (…) y AIL INVESTMENT LTD (…) propietaria del 100% del capital accionario de INVERSORA PREVICRÉDITO, C.A. quien es a su vez propietaria del 99,54% del capital accionario del Banco CONFEDERADO, Banco Comercial (…)
20.- Comunicación (…) suscrita por el ciudadano JULIO CÉSAR PÉREZ en su carácter de Intendente de Inspección de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dirigida a la Junta Directiva del Banco CONFEDERADO, S.A. mediante la cual les indica entre otras cosas (…) que el monto indicado por concepto de nota estructurada no se corresponde con la desincorporación efectuada (…)
21.- Comunicación (…) suscrita por JACQUELINE DA COSTA, Gerente de la Inspectoria de Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…) mediante la cual informa la situación de la cancelación de los financiamientos otorgados a diversas empresas del grupo ‘Ricardo Fernández’ (…)
22.- Comunicación (…) suscrita por la ciudadana JACQUELINE DA COSTA, Gerente Inspección de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…) mediante la cual informa la situación sobre las operaciones de venta y cobro de las Notas Estructuradas denominadas Six-Year Venezuelan Bolívar Note, durante el período comprendido entre los meses de abril y mayo del presente año.
23.- Comunicación (…) suscrita por la ciudadana AMALITZA FRÍAS CEBERG, Gerente General de Consultoría Jurídica de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…) mediante la cual hace consideraciones a la documentación presentada por la empresa Galopy Corporatión Internacional N.y., entre ellas: “(...) Se evidencia la cualidad del ciudadano Ricardo Fernández Barrueco como apoderado de la empresa Galopy Corporatión internacional, N.y. pero no se evidencia el carácter de accionista de la sociedad mercantil Galopy; de los Estatutos Sociales de la empresa mercantil Galopy se desprende que esa sociedad mercantil está poseída a su vez por otra persona jurídica denominada TRUFINA MANAGEMENT, N.y., en este sentido no se detallan los accionistas de esa sociedad mercantil, igualmente no fue aportado el documento constitutivo de Trufita Management N.y...” por lo que concluye: “(..) es importante acotar que al no estar determinada con previsión la identidad de las personas naturales propietarias finales de los accionistas de Galopy Corporatión Internacional, N.y. no es posible establecer las inhabilitaciones establecidas en el artículo 12 del Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras para los accionistas principales, entendidos estos como aquellos que posean directa o Indirectamente, una participación accionaria igual o superior al diez por ciento del capital social o del poder de voto de la Asamblea de Accionista del Banco.
24. Comunicación (…) suscrita por las ciudadanas JACQUELINE DA COSTA, Gerente de Inspección y Gerente General de Inspección de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…) mediante la cual informa sobre las consideraciones realizadas respecto a la empresa Galopy Corporatión Internacional y el ciudadano Ricardo Fernández.
25.- Comunicación (…) suscrita por la ciudadana JACQUELINE DA COSTA, Gerente de Inspección de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…) mediante la cual informa la situación sobre las cancelaciones de los financiamientos otorgados a diversas empresas del grupo “Ricardo Fernández”, durante el mes de abril y mayo del presente año.
26. Comunicación (…) suscrita por las ciudadanas JACQUEL)NE DA COSTA, Gerente de Inspección y SOLMARI GAMEZ, Gerente General de Inspección de a Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…) mediante la cual emite su opinión en relación con la autorización formulada por el Banco Confederado, S.A., para la adquisición indirecta por parte de la sociedad mercantil Galopy Corporatión Internacional, N.y. de quinientas ocho millones, ciento quince mil ochocientas treinta y un acciones, representativas del 99,54% del capital social del citado Banco, a través del traspaso de las acciones equivalente al ciento por ciento (100%) del capital social de sociedad mercantil AIL INVESMENT LIMITED, empresa que a su vez posee la totalidad de las acciones representativas del capital social de Inversora Previcrédito, C.A. principal accionista de la mencionada Institución Financiera.
27. Escrito suscrito por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO, en su condición de Apoderado de GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y., de fecha 13 de julio de 2009, dirigido a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante la cual solicita autorización para la adquisición y traspaso del cien por ciento (100%) del capital social. de la Sociedad Inversora Previcrédito, C.A. que a su vez es la propietaria deI. 99,54% deI capital social del Banco Confederado, Banco Comercial.
28. Comunicación de fecha 07 de julio de 2009, suscrita por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMÁCHO, en su carácter de Apoderado de la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y. dirigida al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante la cual solicita se deje sin efecto las comunicaciones consignadas relacionadas con solicitudes de autorizaciones de traspaso de acciones de las instituciones financieras Banco Confederado, Bolívar Banco, y Banco Provivienda (Banpro).
29.
Contrato de fecha 20 de noviembre de 2008, suscrito entre GALOPY CORPORATIÓN
N.y. representada por el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ B. en su carácter de
Apoderado General, y ML INVESTMENT LTD, representada por el ciudadano GONZÁLO
VÁSQUEZ PÉREZ, con el carácter de Director propietaria del 96% del capital
social de Bolívar Banco, C.A. y deI 79, de Banco ProvMenda C.A. Banco Universal
(BAN PRO), y también propietaria del IOQ% del capital social de INVERSORA
PREVICRÉDITO quien es a su vez propietaria del 99,54% del capital accionario
del Banco CONFEDERADO Banco Comercial, autenticado posteriormente ante la Notaría
Pública Séptima del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 02 de julio
de 2009, anotado bajo el N° 13, Tomo 75 de los Libros de Autenticaciones
llevados por esa Notaría.
30. Balance al 30 de junio de 2008, del ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO.
31.
Comunicación (…) suscrita por el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ (…) mediante la
cual solicita se realice transferencia entre las cuentas bancarias que tienen
las empresas PROFINCA, C.A. y GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.V.
32. Comunicación de fecha 03 de marzo de 2009, suscrita por el ciudadano
RICARDO FERNÁNDEZ, en representación de la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA
PROAREPA, C.A. dirigida al Banco Nacional de Crédito, mediante la cual solicita
la transferencia de dinero de la cuenta que tiene esta empresa en esa
institución a la cuenta que tiene GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y.
33. Comunicación (…) suscrita por el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ, en representación de la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PRONUTRICOS, C.A. (…) mediante la cual solicita la transferencia de dinero de la cuenta que tiene esta empresa en esa institución a la cuenta que tiene GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.V.
34. Comunicación (…) suscrita por el
ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ, en representación de la empresa CORPORACIÓN
AGRíCOLA, C.A. dirigida al Banco Occidental de Descuento, mediante la cual
solicita la transferencia de dinero de la cuenta que tiene esta empresa en esa
institución a la cuenta que tiene
GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y.
35. Comunicación (…) suscrita por el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ, en representación de la empresa FEXTUN FABRICA DE EXQUISITESES DE ATÚN, C.A. (…) mediante la cual solicita la transferencia de dinero de la cuenta que tiene esta empresa en esa institución a la cuenta que tiene GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y.
36. Comunicación (…) suscrita por el
ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ (…) mediante la cual solicita la transferencia de
fondos, que tiene la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y., en esa
institución a la cuenta que tiene la misma empresa en el Banco Occidental de
Descuento.
37. Pagaré de fecha 02 de marzo de 2009, por la cantidad de bolívares fuertes
Sesenta y Dos Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil, mediante el cual la
empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.V., representada por el ciudadano
JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar
esa cantidad a la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA, C.A. en un
lapso de 360 días.
38. Pagaré (…) por la cantidad de
bolívares fuertes Treinta Millones, mediante el cual la empresa GALOPY
CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO
CAMACHO UZCATEGUI, apoderado’ de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad
a la empresa
PRODUCTOS Y FINANCIAMIENTOS AGRÍCOLA PROFINCA, C.A en un lapso de360 días.
39. Pagaré (…) mediante el cual la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa ALMACENES Y TRANSPORTES CEREALEROS, C.A. en un lapso de 360 días.
40. Pagaré (…) mediante el cual la empresa ‘ GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.V., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONUTRICOS, C.A. en un lapso de 360 días.
41. Pagaré (…) mediante el cual la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.Y., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa FEXTUN FABRICA DE EXQUISITESES DE ATÚN, C.A. en un lapso de 360 días.
42. Pagaré (…) mediante el cual la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.Y., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONUTRICOS, C.A. en un lapso de 360 días.
43. Pagaré (…) mediante el cual la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MÁIZERA PROAREPA, C.A. en un lapso de 360 días.
44. Pagaré (…) mediante el cual la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.V., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONUTRICOS, C.A. en un lapso de 360 días.
45. Pagaré (....) mediante el cual la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.V., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa FEXTUN FABRICA DE EXQUISITESES DE ATUN C A en un lapso de 360 dias.
46. Pagaré (…) mediante el cual la
empresa GALOPY
CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.V, representada por
ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa,
debe pagar esa cantidad a la empresa
SAGESMAR GESTORA DE SEGURIDAD MARÍTIMA, S.A. en un lapso de 360 días.
47. Pagaré (…) mediante el cual la
empresa GALOPY
CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y.,. representada por el
ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO ÚZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa,
debe pagar esa cantidad a la empresa
FINANCIADORA DEL TRABAJO, C.A. en un lapso de 360 días.
48. Pagaré (…) mediante el cual la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa UNIÓN CHELSEA INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATIÓN DE VENEZUELA, C.A. en un lapso de 360 días.
49. Pagaré (…) mediante el cual la empresa GALOPY CORPORATIÓN INTERNATIONAL, N.y., representada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, apoderado de la mencionada empresa, debe pagar esa cantidad a la empresa UNIÓN CHELSEA INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATIÓN DE VENEZUELA, C.A. en un lapso de 360 días.
50. Acta de Asamblea Extraordinaria, de fecha 06 de junio de 2008 de la empresa mercantil PRODUCTOS Y FINANCIAMIENTOS AGRÍCOLAS PROFINCA, C.A., en la cual se verifica que los accionistas de esta empresa son los ciudadanos RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO, y FELIPE FERNÁNDEZ BARRUECO.
51. Comunicación (…) suscrito por el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dirigido a José Antonio López Pemalete, Presidente de la Junta Directiva del Banco Provivienda, Banco Universal, C.A., mediante, el cual le informa sobre las observaciones realizada a la documentación relacionada con el traspaso de Mil Trescientas Veinticinco Millones Ochenta y Siete Mil Seiscientas Setenta y Tres acciones, representativas del 99,86% del capital social del Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A. a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
52. Comunicación (…) suscrito por el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dirigido a Alvaro Gorrín Ramos, Presidente de la Junta Directiva del Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A., mediante el cual le informa sobre las observaciones realizada a la documentación relacionada con el traspaso de Mil Trescientas Veinticinco Millones Ochenta y Siete Mil Seiscientas Setenta y Tres acciones, representativas deI 99,86% del capital social del Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A. a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
53. Escrito de fecha 07 de octubre de 2009, suscrito por los ciudadanos JOSÉ CAMACHO y ÁLVARO GORRÍN, con el carácter de apoderado y Presidente de Banco Provivienda, C.A, Banco Universal (BANPRO), dingido al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante el cual participan la compra de 1.325.087.673 acciones comunes nominativas del Banco Canarias de Venezuela, las cuales representan el 99,86050% de la totalidad de su capital Contrato de Opción de Compra autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del estado Miranda, bajo el N° 05 del Tomo 282, mediante el cual se opciona al Banco Provivienda, C.A. Banco Universal (BANPRO), representada por JOSE GREGORIO CAMACHO UZCATEGUI, 1 .325.087.673, acciones comunes nominativas, que representan el 99,86050% d la totalidad del capital social del Banco Canarias de Venezuela.
54. Certificación de fecha 30 de septiembre de 2009, suscrita por el ciudadano VÍCTOR JULIO FLORES ROJAS, Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., mediante la cual se certifica que se negocio un total de 1325.087.673, acciones de la sociedad mercantil Banco Canarias, Banco Universal, C.A. por un monto de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SEIS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS BOLÍVARES FUERTES, lo que representa el 99,86050% del capital social de la compañía.
55. Acta de entrevista de fecha 25 de noviembre de 2009, rendida ante el Ministerio Público por la ciudadana ANA ARACELIS MARTINEZ YEGRES, cédula de identidad número V.-6.925.241, quien se desempeña como Gerente de Valores y Custodia de U21 Casa de Bolsa.
56.- Entrevista rendida ante el Ministerio Público por la ciudadana BEISY COROMOTO PALACIOS ROJAS, titular de la cédula de identidad V.- 11.690.078, quien se desempeñaba como Gerente de Operaciones de U21, Casa de Bolsa.
57. Acta de entrevista rendida por la
ciudadana TERESA JEREZ.
HERRERA, cédula de identidad número v.-5.577.837, quien ocupa el cargo de
Vicepresidente de Operaciones de U21, Casa de Bolsa.
58. Entrevista rendida en fecha 26 de noviembre de 2009 por el ciudadano CRISTHIAN LUIS GARCÍA PACHECO, vicepresidente de Negocios de U21, identificado con la cédula de identidad número V.-10.693.686.
59. Entrevista rendida por la ciudadana
RODRÍGUEZ DE LÓPEZ
ELIZABETH, Vicepresidente de Asuntos Legales de U21, Casa de
Bolsa, cédula de identidad número V.-5.890.313.
60. Expediente contentivo de evidencias recabadas en el procedimiento de allanamiento llevado a cabo en fecha 26 de noviembre de 2009, por estos representantes fiscales en compañía de la DISIP….”. (Sic). (Resaltados y mayúsculas de la decisión).
Visto lo anterior, la Sala constató conforme a los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para la procedencia de la extradición del ciudadano Pablo Botella Carretero, que el delito se cometió en el territorio del Estado que lo requería (República Bolivariana de Venezuela) y que le son aplicables sus leyes penales; que el hecho causante de la extradición tiene carácter delictuoso en la legislación de la República Bolivariana de Venezuela y en la del estado requerido (Reino de España) ; que la pena asignada al hecho imputado, no es menor de dos años de privación de libertad; que existe una detención preventiva del imputado; que no se trata de uno de los delitos políticos y conexos con ellos y, finalmente que no está prescrita la acción penal para perseguir esos delitos, por lo que no existe ningún obstáculo legal, para continuar con su enjuiciamiento en territorio venezolano.
En derivación, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la base de lo antes expuesto, concluye que concurren los requisitos para solicitar la extradición del ciudadano Pablo Botella Carrero, quien tiene pendiente una causa ante los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta comisión de los delitos referidos.
De lo expuesto, resulta necesaria la comparecencia del solicitado en extradición, para que se someta a la jurisdicción de los tribunales ordinarios venezolanos.
Al respecto, la Sala ratifica el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado como garantía que se desprende del análisis del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1 y 125 (numeral 12) del Código Orgánico Procesal Penal, garantía está a favor del imputado, cuya finalidad reside en evitar que se juzgue a un ciudadano sin escucharlo y sin su presencia ante sus jueces naturales.
Por consiguiente, la Sala de Casación Penal declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano Pablo Botella Carrero, al Gobierno del Reino de España. Así se decide.
IV
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que es procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano PABLO BOTELLA CARRETERO, español y titular de la cédula de identidad E-84.382.842, al Reino de España.
En consecuencia, se ordena remitir al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, una copia certificada de esta decisión.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.
El Magistrado Presidente,
ELADIO APONTE APONTE
Ponente
La Magistrada Vicepresidenta,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
Los Magistrados,
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
HÉCTOR CORONADO FLORES
MIRIAM MORANDY MIJARES
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Exp. N° 2010-159
ERAA/
La Magistrada Doctora Mirian Morandy Mijares no firmó por ausencia justificada.
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
VOTO SALVADO
Yo, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión, con base en las siguientes razones:
La sentencia aprobada por la mayoría de esta Sala, decidió declarar procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano Pablo Botella Carretero, por considerar que en el presente caso “… el delito se cometió en el territorio del estado que lo requería … y que le son aplicables sus leyes penales…”.
Ahora bien, una vez revisadas las actas cursantes en el expediente, a mi juicio considero, que de la decisión dictada por el Juzgado Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 27 de Noviembre de 2009 no se desprenden fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano Pablo Botella haya sido autor o partícipe en la comisión de los delitos de Apropiación de Valores de Inversionistas, Apropiación de Recursos Financieros de los Ahorristas y Asociación para Delinquir, razón por la cual no se debió ordenar la aprehensión del mencionado ciudadano.
Para que proceda la extradición es necesario que se acompañen los elementos que demuestren la comisión del delito, los cuales sirvan de base para decretar la detención del extraditable, de conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
En efecto, lo único que se evidencia en el expediente son señalamientos de comunicaciones, pagarés, balances generales, estatutos sociales, poderes, contratos, actas de entrevistas ( sin hacer referencia a su contenido) y de unas supuestas evidencias recabadas en un procedimiento de allanamiento llevado a cabo en fecha 26 de noviembre de 2009 por la Representación Fiscal en compañía de la antigua Disip, sin indicar a que se refiere, siendo que ninguna de ellos guardan relación con el ciudadano Pablo Botella Carretero.
Por ello considero, que para declarar la procedencia de una solicitud de extradición, es necesario acompañarla de otros elementos probatorios, que conlleven a demostrar los hechos del delito por el cual se requiera la entrega y la participación del requerido, y estos elementos evidentemente no cursan en las actas del presente caso.
Quedan de esta manera plasmadas las razones de mi desacuerdo en la presente decisión. Fecha ut supra.
El Magistrado Presidente,
Eladio Aponte Aponte
La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada Disidente,
Deyanira Nieves Bastidas Blanca Rosa Mármol de León
El Magistrado, La Magistrada,
Héctor Coronado Flores Miriam Morandy Mijares
La Secretaria,
Gladys Hernández González
BRMdeL/hnq.
VS. Exp. N° 10-0159 (EAA)
La Magistrada Doctora Mirian Morandy Mijares no firmó por ausencia justificada.
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ