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Ponencia de
El 28 de julio de
2008, el ciudadano abogado Ricardo Ramones Noriega, inscrito en el Instituto de
Previsión Social del Abogado con el Nº 83.414, defensor del ciudadano ERNESTO ANTONIO MENÉNDEZ COBIS,
venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº 9.738.399,
presentó ante
El 29 de julio de
2008, se dio cuenta en
COMPETENCIA DE
De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 48 de
De igual forma,
la regulación legal de la referida figura jurídica, se encuentra establecida en
el artículo 18, apartes décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero de
Esta
atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave o de
escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente
la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la
institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal
tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados
hubieren ejercido.
La sentencia sobre el avocamiento la dictará
En el presente
caso, se solicita a
FUNDAMENTOS DE
El peticionario
del avocamiento, comienza por señalar los requisitos de admisibilidad y
procedencia de su solicitud, en los términos siguientes: “… A) Requisitos de forma:
PRIMERO:… En efecto la causa
cursa actualmente por ante el Juzgado Noveno de Juicio del Circuito Judicial
Penal del estado Zulia, signada con el número 9M-221-07.
SEGUNDO:… En el caso que hoy
nos ocupa, se trata de un proceso de índole penal, seguido contra mi
representado por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales
previsto y sancionado en el artículo 4 de
TERCERO:… esta defensa
técnica ha ejercido los recursos ordinarios y extraordinarios en aras de
restituir las violaciones de derechos y garantías en perjuicio de mi
representado, todo lo cual evidenciará esta Sala una vez requiera el expediente
al referido órgano jurisdiccional de primera instancia, así como de las
acciones de amparo ejercidas, la primera en fecha 15 de enero por ante
En este sentido y para dejar
suficientemente esclarecido este punto, bien vale la pena señalar todas y cada
una de las reclamaciones que oportunamente fueron realizadas sin éxito alguno,
la primera se da en la propia Audiencia de Presentación de Imputados, en la cual
alegamos la violación del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en
tanto y en cuanto,
De igual forma, señalamos en
el referido acto, la inexistencia de elementos de convicción, como por ejemplo,
bienes o dinero en poder de mi defendido, aunado a la falta de determinación de
El mismo destino sufrieron
dichos planteamientos y reclamaciones, cuando oportunamente se realizaron en
fecha 13 de octubre de 2006 ante
Luego de esto, como única vía
jurídica disponible, interpusimos en fecha 15 de febrero de 2007 ante
Otras reclamaciones que
oportunamente fueron realizadas sin éxito, fueron las realizadas en
Ante tal situación e
interpretando in estrictum lo establecido por
Ejercida la acción de amparo,
correspondió su conocimiento a
Asimismo, se ejerció por ante
el Juzgado Noveno de Juicio, en fecha diez (10) de marzo de dos mil ocho
(2008), formal solicitud de nulidad por ausencia del acto formal de imputación,
a lo que
B) Requisitos de fondo:
PRIMERO:… el presente caso
constituye, a mi entender, el cúmulo de las más escandalosas violaciones al
ordenamiento jurídico, las cuales explicaré (…)
SEGUNDO:… En cuanto a este
requisito, esta defensa técnica ha ejercido los recursos ordinarios y
extraordinarios en aras de restituir las violaciones de derechos y garantías en
perjuicio de mi representado, los cuales no han originado ninguna solución…”.
Luego, en un segundo capítulo titulado “LOS HECHOS CONSTITUTIVOS
DE GRAVES VIOLACIONES DEL DEBIDO PROCESO”, expuso:
“… DE
Ciudadanos Magistrados, es el caso que el 4 de octubre de
Una vez dentro de la referida sede policial, mi representado
fue verificado en el Sistema Integrado de Información Policial SIIPOL, el cual
arrojó como resultado que no se encontraba requerido por ningún Tribunal de
Posteriormente el día 06 de octubre de 2006, el referido
despacho fiscal dejó a mi defendido a la orden del Juzgado Décimo de Control de
este Circuito Judicial Penal, presentando cargos por el delito de LEGITIMACIÓN
DE CAPITALES de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de
En efecto si el Ministerio Público pretende como en efecto ha
pretendido enjuiciar a mi defendido por un delito diferente al cual fue
aprehendido, debió proceder a citarlo previamente en compañía de su abogado
defensor e IMPUTARLO FORMALMENTE por la presunta comisión del delito de
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, pues la audiencia de presentación, celebrada de
conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal
Penal, es sólo y exclusivamente para decidir acerca del mantenimiento de la
medida de privación preventiva de la libertad, de su sustitución por una menos gravosa
o de su revocatoria, y tomando en cuenta que la detención de mi defendido se
hizo por la presunta comisión del delito de ‘ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA VENDER
Sin embargo en
En tal sentido, las normas adjetivas que informan al proceso
delimitan cada una de las funciones de los sujetos procesales en materia penal,
ya sean jueces, fiscales, abogados defensores, etc., de allí que el principio
de legalidad se erige como una obligación para los representantes de los
Poderes Públicos, por lo que someter a un juicio a una persona sin habérsele
informado tal y como exige la ley en fase preparatoria del delito por el cual
se le investigaba constituye una flagrante violación a la garantía del debido
proceso establecida en el artículo 49 de
DE
Aunado a las denuncias que anteriormente se expusieron,
subsidiariamente procede la defensa a denunciar otro hecho violatorio de la
garantía del Debido Proceso, en efecto, en fecha dieciséis (16) de julio de dos
mil ocho (2008),
Ahora bien, la referida decisión judicial se origina por
requerimiento que hiciere el Ministerio Público, de conformidad con lo
establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, contentiva
de la solicitud de prórroga de
En efecto el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal
otorga la posibilidad al Ministerio Público de solicitar prórroga de la
detención preventiva, cuando ésta está próxima a exceder el lapso de dos años (…)
En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 244 del
Código Orgánico Procesal Penal concede al Ministerio Público la posibilidad de
solicitar al órgano jurisdiccional la prórroga de la detención preventiva, no
es menos cierto que tal solicitud debe ser fundamentada en una causa grave, tal
y como lo exige la norma (…)
Ciudadanos Magistrados, del escrito contentivo de la
solicitud de prórroga no se evidencia ninguna motivación por parte del
Ministerio Público, referida a causas graves que justifiquen el otorgamiento de
la prórroga, ni siquiera en
Analizando lo anteriormente expresado, considera la defensa
que
De tal manera que en todo momento el Juzgador debe tomar en
cuenta el principio de proporcionalidad al momento, tanto de imponer la medida
de coerción personal, como al momento de prorrogarla por más del límite máximo
que establece la ley adjetiva, esto es, más de dos (2) años, principio que
evitará que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada,
principio de proporcionalidad que fue ignorado por completo por
Para concluir es preciso resaltar, que en fecha veintiuno
(21) de junio de dos mil siete (2007), esta defensa formalizó ante esta Sala
del Tribunal Supremo de Justicia solicitud de AVOCAMIENTO, la cual fue
declarada INADMISIBLE según decisión de fecha dos (2) de agosto del año dos mil
siete (2007) en ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte, por considerar
que la referida solicitud no se ajustaba a los requisitos de admisibilidad de
la institución del avocamiento, sin embargo la presente solicitud se basa en
denuncias diferentes a las esgrimidas en esa ocasión, por lo que no puede
oponerse a la presente la cosa juzgada…”.
En el tercer capítulo, identificado como “PETITORIO”, el accionante concluye solicitando que:
“… PRIMERO: Tenga a bien Admitir la presente solicitud
de Avocamiento, requiriendo el expediente originalmente signado con el Nº
9M-221-07, que cursa actualmente en el Tribunal Noveno (9º) de Primera
Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
SEGUNDO: Tenga a bien Ordenar
TERCERO: Tenga a bien Adoptar cualquier medida legal que
estime idónea para restablecer el orden jurídico infringido, así como declare
cualquier otra violación al orden público constitucional que pueda apreciar en
el presente caso.
CUARTO: Tenga a bien Decretar la nulidad absoluta de todos
los actos desarrollados por el Ministerio Público, y por los Órganos
Jurisdiccionales de Instancia y Alzada, es decir, sea decretada
FUNDAMENTOS PARA DECIDIR
El avocamiento es
una institución jurídica que le confiere a cada una de las Salas del Tribunal
Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, la facultad
para conocer, de oficio o a instancia de parte, cualquier causa en el estado y
grado en que se encuentre, en los tribunales de instancia. La figura analizada
está regulada en el artículo 18, apartes décimo, undécimo, decimosegundo y
decimotercero, de
La Sala de
Casación Penal, respecto a la referida disposición legal, ha establecido: “Del artículo recién copiado se observa que la figura del
avocamiento es absolutamente excepcional, pues la intervención de la máxima
instancia judicial penal se aparta del ámbito de la casación para ordenar el
proceso penal seguido ante los tribunales de instancia. Por tanto,
Al respecto,
En el presente
caso, se advierte que el defensor del ciudadano ERNESTO ANTONIO MENÉNDEZ COBIS, alegó presuntas infracciones
ocurridas en el proceso seguido a su representado, tales como, que su defendido
no fue imputado formalmente de los hechos investigados por el representante del
Ministerio Público, así como, que la concesión de prórroga de la medida de
detención preventiva decretada al referido ciudadano, resultó inmotivada y
desproporcionada.
En primer lugar,
respecto al alegato de ausencia de imputación formal por el representante del
Ministerio Público,
De todo lo
expuesto se evidencia, que el alegato de ausencia de imputación formal, se
encuentra pendiente por decidir por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en
Función de Juicio de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (tribunal
ante el cual se encuentra actualmente la causa) en virtud de la solicitud de
nulidad absoluta presentada por el hoy solicitante en avocamiento. Aunado a lo
anterior cabe agregar que, una vez dictada tal resolución, contra ella la
defensa también tendría a su disposición los recursos legales pertinentes de
impugnación, siempre que dicha decisión le sea desfavorable.
En segundo
término, respecto al alegato de que la concesión de prórroga de la medida de
detención preventiva decretada al ciudadano ERNESTO ANTONIO MENÉNDEZ COBIS, resultó inmotivada y
desproporcionada,
A pesar que de las
actuaciones presentadas no consta que los interesados hayan ejercido los
mecanismos de impugnación pertinente contra dicho fallo, se observa que el
artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, al consagrar el principio de
proporcionalidad de las medidas de coerción personal, regula un mecanismo para prolongar
dicha medida fuera del límite máximo establecido de dos años, por lo que se
trata de un pronunciamiento relativo al mantenimiento de la medida de privación
judicial preventiva de libertad. Concatenado con lo anterior,
De lo anterior se
desprende que las partes podrán solicitar al juez que esté conociendo de la
causa, en cualquier etapa del proceso, la revisión de la referida medida
privativa de libertad, las veces que lo consideren pertinente.
En el desarrollo
de los procesos penales pueden presentarse graves violaciones, pero no por ello
las partes deben recurrir directamente a la vía del avocamiento, desvirtuando
el orden legal establecido para la resolución de conflictos de esta naturaleza,
omitiendo las formas sustanciales del proceso. Así se desprende, de lo
dispuesto en el artículo 18, aparte decimosegundo de
En razón de lo
anteriormente expuesto,
En consecuencia,
DECISIÓN
Por las razones
precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de
Se ordena remitir
copia certificada de la decisión al Tribunal que conoce de la causa.
Publíquese,
regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los dos
(2) días del mes de Diciembre de 2008. Años 198º de
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
Ponente
El Magistrado Vicepresidente,
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
Los
Magistrados,
BLANCA
ROSA MÁRMOL DE LEÓN
HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES
MIRIAM MORANDY MIJARES
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DNB/eams
AVO08-306