MAGISTRADO PONENTE DOCTOR  HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta Sala de Casación Penal pronunciarse acerca de la solicitud de RADICACIÓN del juicio seguido ante el Tribunal Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Puerto Cabello, del Estado Carabobo, contra los ciudadanos LUIS HORACIO QUERALES SOTO y FIDIAL HERNÁN VALDESPINO, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad N° 9.609.128 y 10.250.093 respectivamente, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 408 ordinal 1°, del Código Penal.

 

Tal solicitud fue interpuesta por el representante de Ministerio Público, NOEL PANTOJA Fiscal a Nivel Nacional con Competencia Plena y en Materia de Salvaguarda del Patrimonio.

 

El 21 de junio de 2006, se dio cuenta en Sala de la solicitud propuesta y se designó ponente al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe.

 

El solicitante planteó la radicación en los términos siguientes:

Petitorio:

             “…en la causa existido el escándalo y alarma al conocer los habitantes del Estado Carabobo, Puerto Cabello, que el Homicidio recaía sobre una persona joven, miembro de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, públicamente conocido en la comunidad, el cual fuera asesinado en circunstancias violentas, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigación, denominada entonces Policía Técnica Judicial, (PTJ).

            En tal sentido es menester significar, que la presente causa desde sus inicios se encuentra afectada. Es decir, la población de la región de Puerto Cabello (Estado Carabobo) en donde ocurrieron los hechos (Homicidio). Ha sido perturbada constantemente por la actividad periodística, que han influido en el proceso, por considerar que sus notas de prensa con relación a los hechos ocurridos.

            Y toda vez que, por una parte, se trata de un delito grave, como lo es el Homicidio, cuya perpetración ha causado escándalo público, por las circunstancias en que ocurrieron, Y si bien es cierto, que no es el escándalo en sí, lo que constituya la solicitud de radicación, no es menos cierto, que la sensación causada por el hecho, produce una inquietud, dirigida a la recta apreciación de los hechos y la justicia del supeditado fallo.

(…)

            Que sea considerado orto circuito penal, el cual, sea legalmente competente y donde se pueda formar un Juzgada imparcial. Donde no se vean afectados por la alarma, sensación o escándalo público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de tantas veces mencionado Código Orgánico Procesal Penal. ”

 

Para avalar sus alegatos el solicitante acompañó copias de las siguientes reseñas de prensa: 1) Diario Últimas Noticias, de fecha 19 de octubre de 1999, donde su titular señala lo siguiente: “Desaparecido testigo clave en crimen de Teniente de Fragata, acusados tres funcionarios de la PTJ” y en su texto señala entre otras cosas “El Teniente fue acribillado a las puertas de una tasca en Puerto Cabello, denunció su esposa en visita a Últimas Noticias…”. 2) Diario El Nuevo País, cuando titula en fecha 19 de octubre de 1999, “Familiares de teniente asesinado por PTJ en puerto Cabello temen que quede impune”. 3) Diario El Carabobeño, de fecha 16 de octubre de 1999, que señala entre otros “En Rancho Grande, Puerto Cabello, Ultimado Teniente de Fragata por Funcionario de PTJ”. 4) Diario El Periodiquito, de fecha 19 de septiembre de 2000, al señalar “Viuda de oficial de la armada denuncia retardo procesal en juicio contra un PTJ, Lentitud total”. 5) Diario el Carabobeño, de fecha 12 de septiembre de 2000, “Existe retardo procesal en homicidio del Tte. de fragata” y también se señala: …Hasta la fecha de hoy (11 de septiembre) no he obtenido de parte del organismo público ningún pronunciamiento al respecto, y mucho menos, sobre la autoría del homicidio…”

 

            La Sala, para decidir, observa:

 

            El artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

 

“En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud”.

 

Según la transcrita disposición la radicación de un juicio consiste en quitar el conocimiento del mismo al tribunal que le corresponde, de acuerdo con el principio del “forum delicti comissi”, estipulado en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal, para atribuirlo a otro tribunal de igual categoría pero de otro circuito judicial penal. Conforme a dicha norma, la radicación de un juicio procede: a) En caso de delitos graves cuya perpetración haya causado alarma, sensación o escándalo público o, b) Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal. (resaltado de la Sala)

 

Alega la defensa como fundamento de su solicitud la gravedad del delito (Homicidio Calificado) y la Sensación o por el escándalo público que generó la publicidad que se ha dado  a dicha causa por la victima, quien ha aparecido en diversos medios de comunicación local, lo que podría incidir sobre la imparcialidad de los órganos de administración de justicia.

 

El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 63, establece los supuestos que hacen procedente la radicación de un juicio. Una de éstas condiciones, previstas por el Legislador, es que el delito objeto del juicio cuya radicación se solicita sea grave y que además su perpetración haya causado alarma, sensación o escándalo público.

 

Respecto a la gravedad del delito es importante señalar que muchos doctrinarios han relacionado el carácter grave de los delitos con las penas más severas. No obstante, ha sido jurisprudencia reiterada, el criterio sostenido por la hoy extinta Corte Suprema de Justicia,  en cuanto a que la expresión “delitos graves” debe ser interpretada  de una manera más lata y general y no tan restringida. Esto es, que la gravedad del delito  va a depender del perjuicio o daño  ocasionado a la colectividad o al individuo “(…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad (…)” (GF Nro. 55, p. 75).  

 

De manera que, aceptar la interpretación restringida de la expresión “delitos graves”, hace nugatoria la procedencia del instituto procesal de la radicación, en aquellos juicios seguidos por delitos con un quantum no elevado de pena,  atentando flagrantemente contra  los fines de la radicación (excluir influencias extrañas a la verdad procesal y a la recta aplicación de la Ley en los juicios penales)  y contra el deber del Estado de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (Artículo 26 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). 

 

 Por consiguiente, las adversas repercusiones del delito son  lo que, en definitiva, incide “(…) en la buena marcha de la administración de   justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia (…)”  y lo que  explica y justifica la radicación de un juicio (GF Nro. 55, p. 75).  

 

         Con relación a la paralización indefinida de la causa, seis años pasaron para que el 23 de mayo de 2006, el Ministerio Público culminara el proceso de investigación y formal acusación en contra de los ciudadanos LUIS HORACIO QUERALES SOTO y FIDIAL HERNÁN VALDESPINO, por la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado en contra del hoy occiso Eduardo José Amicci Domínguez y solicitara la representación Fiscal para esa misma fecha Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, la cual fue acordada por el Tribunal Primero en funciones de Control el día 18 de octubre de 2006.

 

         Según actuaciones recibidas en esta Sala en fecha 25 de octubre de 2006, suscritos por el Juez Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, folios 37 al 97, se evidencia que luego de los diferimientos de la celebración de la Audiencia Preliminar en fechas 19 de junio de 2006, por incomparecencia de la representación Fiscal, de la víctima y uno de los defensores, la misma fue diferida para el 17 de julio de 2006, acto que no se pudo llevar a cabo por incomparecencia del Ministerio Público y la defensa, por lo cual la audiencia fue diferida nuevamente para el día 07 de agosto de 2006, donde nuevamente no comparecieron la víctima ni el Ministerio Público, por lo cual el juez titular de la causa acordó diferir el acto de Audiencia Preliminar para el 29 de septiembre de 2006, donde en esta oportunidad se difiere la audiencia para el 18 de octubre de 2006, por motivos imputables al Tribunal.

 

         Posteriormente en fecha 03 de noviembre de 2006, fue interpuesta recusación en contra del ciudadano Juez Primero en Funciones de Control del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, motivo por el cual desde el día 07 de noviembre, asumió el conocimiento de la causa la abogada Ana María del Glaccio Celli, Juez titular del Juzgado Segundo en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal. Luego para el día 04 de diciembre de 2006 se fijó la Audiencia Preliminar, posteriormente diferida la misma para el día 20 de diciembre de 2006, por incompareciencia del Ministerio Público, de la victima y de la defensa de uno de los imputados ciudadano Luís Horacio Querales.

 

Dada la naturaleza de las imputaciones, aunado a las circunstancias, que el presente proceso presenta un retardo procesal por seis años; por el incumplimiento de la medida cautelar sustitutiva de libertad de los acusados LUIS HORACIO QUERALES SOTO y FIDIAL HERNÁN ARTEAGA VALDESPINO, sumado a ello las amenazas recibidas por la hoy victima y viuda PATRICIA FABIANA GIOFFRE DE AMICI, quien actualmente goza de una medida de protección otorgada por el órgano jurisdiccional, forzosamente conllevan a esta Sala a concluir que se encuentran dadas las circunstancias que hacen procedente la radicación del presente juicio.

 

De lo anterior se desprende,  este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, considera necesario y conveniente para una sana y cabal administración de justicia, que los encargados de administrarla estén fuera del área

 

de influencia inmediata de los movimientos de opinión y de presión, a los cuales están sometidos en un momento determinado; por lo cual se declara procedente la radicación del presente juicio a un Circuito Judicial Penal distinto. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara procedente la radicación propuesta por el representante de Ministerio Público, NOEL PANTOJA Fiscal Décimo Primero Nivel Nacional con Competencia Plena y en Materia de Salvaguarda del Patrimonio, en acto seguido contra los ciudadanos LUIS HORACIO QUERALES SOTO y FIDIAL HERNÁN ARTEAGA VALDESPINO y radica la causa en el Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy.

 

Publíquese, regístrese, remítase el expediente y ofíciese lo conducente.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas,  a  los     veinte     (   20   ) días del mes de    diciembre      del año 2006. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

 

 

 

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

Eladio Ramón Aponte Aponte

 

 

 

 

       El Magistrado Vicepresidente,                                      La Magistrada,

 

 

        Héctor Coronado Flores                              Blanca Rosa Mármol de León 

  Ponente

 

 

      La Magistrada,                                                        La Magistrada,

 

 

       Deyanira Nieves Bastidas                                    Miriam Morandy Mijares

 

 

 

La Secretaria,

 

 

Gladys Hernández González

 

 

 

HMCF/ lh

Exp. Nº 2006-0302

 

 

 

 

 

VOTO SALVADO

 

            Yo, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión, con base en las consideraciones siguientes:

 

            La sentencia aprobada por la mayoría de esta Sala,  declaró procedente la radicación propuesta por el Ministerio Público por considerar que “...el presente proceso presenta un retardo procesal por seis años...”.  En el fundamento de dicha decisión, la  Sala hace un recuento procesal en el cual se constata que el Ministerio Público culminó el proceso de investigación y formal acusación en seis años, y que la Audiencia Preliminar no se ha llevado a cabo por los diferentes diferimientos que se han producido por la falta de comparecencia de las partes, entre ellas, la de la Representación del Ministerio Público.

 

            Discrepo de lo asentado por la Sala por cuanto considero, que siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal, quien luego se constituye en el juicio como garante de los derechos y garantías del debido proceso, resulta contradictorio para quien suscribe, declarar la procedencia de la radicación, cuando del propio fallo de la Sala se evidencia que uno de los causantes de los reiterados diferimientos  sucedidos en el presente proceso, y que indudablemente han contribuido a la paralización del mismo, es precisamente el propio solicitante, es decir, el Fiscal del Ministerio Público.

 

            De modo que, mal puede la Sala radicar el proceso a otra entidad estadal por considerarla “...conveniente para una sana y cabal administración de justicia...”, cuando una de las causas del retardo procesal establecido le es  atribuible a la propia actividad del Ministerio Público.

 

Quedan en estos términos expresadas las razones de mi desacuerdo con la decisión antes referida.  Fecha ut supra.

 

El Presidente de la Sala,

 

Eladio Aponte Aponte

 

El Vicepresidente,                           La Magistrada Disidente,

 

Héctor Coronado Flores                 Blanca Rosa Mármol de León

 

 

La Magistrada,                                              La Magistrada,

 

Deyanira Nieves Bastidas                Miriam Morandy Mijares

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

BRMdL/rder.

VS EXP. No. 06-0302