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Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY
MIJARES.
De conformidad con la disposición contenida
en el numeral 40 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse en relación con
la solicitud de RADICACIÓN, que con fundamento en los artículos 26 y 285
(numerales 2 y 6) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en concordancia con el artículo 34 (ordinal 1) de la Ley Orgánica del
Ministerio Público y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, fue
formulada por el ciudadano abogado JULIO CÉSAR CASTILLO BETANCOURT, actuando
como Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del
Estado Apure, en la causa seguida contra los ciudadanos acusados LORENZO
ABELARDO ÁLVAREZ BRAIDI, venezolano, titular de la cédula de identidad
V-8.192.776; DÁMASO ALIRÁN CASTILLO BLANCO, venezolano e identificado con la
cédula de identidad V-12.582.424; CASTOR ALEXIS BOLÍVAR SUÁREZ, venezolano e
identificado con la cédula de identidad V-12.582.424 y GILMER JOSÉ GALEANO
MONTOYA, venezolano, titular de la
cédula de identidad V- 8.161.570, en la causa que cursa a la espera del juicio
oral y público, por ante el Juzgado Segundo en Funciones de Juicio del Circuito
Judicial Penal del Estado Apure, por la presunta comisión del delito de
SECUESTRO EN GRADO DE COMPLICIDAD NECESARIA, sancionado en el artículo 462 del
Código Penal (hoy artículo 460, Ley de Reforma Parcial 2005) en concordancia
con lo establecido en el artículo 84 “eiusdem” en contra del ciudadano MIGUEL
ÁNGEL RAMOS LUNA.
El 5 de diciembre de 2006 se dio cuenta en
Sala del recibo de la solicitud de radicación y según lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le correspondió
la ponencia a la Magistrada MIRIAM MORANDY MIJARES, quien con tal carácter
suscribe la presente decisión.
El Ministerio Público planteó
en su escrito, lo siguiente:
“...luego de realizarse la correspondiente
Investigación de los Hechos en el presente caso, y en virtud de la comisión
mencionada, de observar que se presento (sic) en fecha 13 de febrero de
2005, FORMAL ACUSACIÓN, contra los referidos ciudadanos, a los que se le
imputo (sic) el delito de SECUESTRO EN GRADO DE CÓMPLICES NECESARIO, previsto
y sancionado en el Artículo 462 del Código Penal Venezolano, en concordancia
con lo pautado en el Artículo 84 parte In Fine Ejusdem (...) en el transcurrir
de la investigación, en la etapa intermedia y en la de juicio y luego de
haberse presentado el escrito acusatorio en la mencionada causa, que los
distintos medios de comunicación entre ellos la prensa Regional del Estado
Apure, iniciaran una campaña publicitaria y de información, llevando a la
población Apureña, opiniones que van desde el secuestro del ciudadano MIGUEL
ANGEL RAMOS LUNA, donde presuntamente participaran los mencionados
ciudadanos identificados en el presente escrito y miembros de la familia
Herrera, de renombre en la población de
San Juan de Payara, Municipio PEDRO CAMEJO del Estado Apure, hasta adelantar y
crear hechos que en el medio reporteril consideraban ciertos, siendo ello del
conocimiento de toda la población Apureña, afectando gravemente las distintas
etapas del proceso (...) pudiendo agregar que el acusado GILMER JOSÉ GALEANO
MONTOYA, solicitó una medida de protección la cual fue acordada por el
Tribunal de Control, en virtud de manifestar que su vida e integridad personal,
tanto de él como de sus familiares corría peligro, al ser objeto de amenazas en
el Estado Apure, por parte del resto de los acusados, toda vez que el mismo se
acogió al beneficio procesal establecido en el Artículo 39 del Código Orgánico
Procesal Penal, al colaborar eficazmente con la investigación...manifestando
que había sido amenazado de muerte (...) por otra parte es de resaltar que
siempre estuvo presente y aún lo está, la representación del núcleo
familiar...al realizar gestiones ante los distintos órganos del Estado, en
búsqueda de una respuesta a todas las inquietudes que se les han presentado con
ocasión de los hechos ocurridos, con la agravante de haber manifestado su
descontento con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas... evidenciándose tal
descontento en diversas notas periodísticas (...) por su parte los abogados de
los acusados han mantenido durante el
proceso conductas irregulares...tal es el caso recién de la Querella
Penal incoada en contra del Fiscal Noveno de esta Circunscripción Judicial que
era el Fiscal que inicialmente llevo adelante las investigaciones... afirman de
que el mismo incurrió con ocasión a la Investigación en los delitos de Abuso
Genérico de Funciones, lesiones Graves, instigación a delinquir y
Agavillamiento, para luego proceder los abogados...a recusar injustificadamente
al fiscal de la causa...”.
En el capítulo denominado “MOTIVOS DE LA SOLICITUD”, el Fiscal del
Ministerio Público expuso, en relación con los requisitos que exige el artículo
63 del Código Orgánico Procesal Penal y en torno la gravedad del delito y la
alarma, sensación o escándalo público, lo que se pasa a transcribir:
“...en
la causa objeto de estudio a (sic) existido el escándalo y alarma al conocer los
habitantes del Estado Apure y muy especialmente los del Municipio Pedro Camejo,
que el secuestro recaía sobre una persona públicamente conocida en la región
por su condición económica y más aun (sic) en la población ganadera
quien fue plagiado de manera misteriosa y que hasta hoy se desconoce su
paradero. En tal sentido es menester significar que la presente causa desde sus
inicios se encuentra afectada, es decir, la población de la región llanera en
donde ocurrieron los hechos (SECUESTRO), ha sido perturbada por la actividad
periodística con la contribución de los familiares que claman que el caso sea
resuelto de una vez por todas revelándose informaciones valiosas que han
influido en el proceso, por considerar que sus notas de prensa no han estado
acordes con los hechos ocurridos. Creando así, una matriz de opinión que
afectaría las resultas imparciales del Juicio. Y toda vez que, por última
parte, se trata de un delito grave, como lo es el Secuestro, cuya perpetración
ha causado escándalo público...”.
Para concluir, en el capítulo denominado “PETITORIO”, solicita sea
admitida la radicación de la causa, que se le sigue a los acusados, a los fines
de que otro tribunal distinto a donde se cometieron los hechos, conozca del
mismo, con el objetivo de que se excluyan influencias extrañas derivadas de la
matriz de opinión generada y ajenas a la verdad procesal. Anexa copia de
diferentes notas informativas relacionados con el caso y que se especifican a
continuación:
-
Folio 18, copia del artículo
intitulado “Acosan a hermana de Miguel Ramos”, del Diario Visón Apureña,
de fecha 10 de octubre de 2006.
-
Folio 19, copia del artículo
intitulado “Apure continúa con alto índice de secuestro”. (Sin
especificación del medio impreso), de fecha 21 al 27 de enero de 2005, página
4.
-
Folio 20, copia del artículo
intitulado “Miguel Ramos sigue secuestrado” del diario NOTILLANOS,
sección de Sucesos del 15 al 21 (mes y año ilegibles).
-
Folio 21, copia del artículo intitulado “Asesinado
joven por sujetos desconocidos” del Diario Visión Apureña, de fecha 22 de
octubre de 2004.
-
Folio 22, copia del artículo
intitulado “Hermana de ganadero secuestrado denuncia que presunto implicado
goza de exageradas comodidades” en la Sección de Información (medio de
prensa y fecha ilegibles). Página 4.
-
Folio 23, copia del artículo
intitulado “CICPC Apure intensifican (sic) las pesquisas para dar con
el paradero del Señor Ramos” del Diario Visión Apureña”. (Fecha ilegible).
-
Folio 24, copia del artículo titulado
“Sigue la búsqueda del ganadero Miguel Ramos”, Diario Visión Apureña.
(Fecha ilegible).
-
Folio 26, copia del artículo titulado
“Los cuatro criminales saltan de entre los matorrales”, (sin
especificación del medio impreso), de fecha 06 de febrero de 2005.
-
Folio 27, copia del artículo titulado “Ganadero no
aparece a pesar de que el caso está resuelto”, (ilegible el medio impreso y
la fecha de publicación del artículo).
-
Folio 28, copia del artículo titulado
“Reconocen a raptores de ganaderos en Apure”, (sin especificación del
medio impreso y de la fecha de publicación del artículo).
La
Sala, para decidir, observa:
El numeral 40 del artículo 5 de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le otorga a la Sala de Casación
Penal la competencia para conocer de la presente solicitud y al respecto
dispone:
“...conocer de las
solicitudes de radicación de juicio y de conmutación de las penas...”.
El artículo 63 del Código Orgánico
Procesal Penal establece:
“RADICACIÓN. En los casos de delitos
graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando
por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes
y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de
presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a
solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado que el
juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción
Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días
siguientes al recibo de la solicitud”.
Del
artículo transcrito “supra”, se desprende que la Sala Penal podrá radicar un
juicio a una Circunscripción Judicial diferente, siempre que se dé alguna de
las circunstancias señaladas por el legislador: a) que se trate de delitos
graves cuya perpetración haya causado alarma sensación o escándalo público y b)
que la causa se hubiese paralizado indefinidamente, después que el Ministerio
Público presentó acusación, ya sea por recusaciones, inhibiciones o excusa de
los jueces titulares, suplentes y conjueces respectivos.
La procedencia de la radicación de
un juicio hace posible apartarse del principio general de la competencia
territorial, establecido en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal,
que manda lo siguiente:
“COMPETENCIA TERRITORIAL. La
competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el
delito o falta se haya consumado...”.
La Sala de Casación Penal ha
expresado en reiterada jurisprudencia y que ahora ratifica, que para que sea
procedente la radicación de un juicio debe darse por lo menos uno de los
supuestos establecidos en el mencionado artículo 63. Así mismo, ha dicho la
doctrina de esta Sala que lo que persigue proteger esta institución es “...la
psiquis de cada operador de justicia al momento de emitir su decisión, pues la
interferencia o manipulación que pueda emitirse a través de los medios de
comunicación, necesariamente influye en el sujeto que tiene la función de
sentenciar, mediante la existencia de factores externos (publicidad malsana del
caso), incidiendo en su imparcialidad y formándose una opinión que desfavorece
la transparencia y objetividad con que debe emitir su decisión...”.
(Sentencia N° 267 del 3 de agosto de 2004, ponencia de la Magistrada BLANCA
ROSA MÁRMOL DE LEÓN).
Del
análisis del expediente contentivo de la solicitud de radicación, la Sala
constató la comisión de un delito de tales características criminosas que
atenta contra los derechos humanos (secuestro), en perjuicio del ciudadano
MIGUEL ÁNGEL RAMOS LUNA, acaecido el 31 de julio de 2004, cuya perpetración ha
provocado alarma, sensación o escándalo público en la población de San Fernando
de Apure. Estado de inquietud que se verifica en los diversos artículos
publicados en la prensa local enunciados precedentemente, y que han creado una
matriz noticiosa que puede influir en la objetividad de los juzgadores, a
quienes corresponda el conocimiento de la causa.
Como
corolario de lo anterior, considera la Sala que lo expuesto por el solicitante
puede constituir elementos suficientes para incidir en la objetividad de los
juzgadores, cumpliéndose con el primero de los supuestos establecidos en el
artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, y en aras de garantizar la
tutela judicial efectiva, que establece el artículo 26 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, considera esta Sala Penal que lo procedente
y ajustado a Derecho es declarar CON LUGAR la solicitud de radicación de la
causa propuesta por el ciudadano abogado JULIO CÉSAR CASTILLO BETANCOURT,
Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado
Apure. Así se decide.
Por las razones anteriormente expuestas, la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la
solicitud de radicación del juicio propuesta por el ciudadano abogado JULIO
CÉSAR CASTILLO BETANCOURT, Fiscal Segundo del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Estado Apure y radica la presente causa en el
Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión San Juan de los Morros.
Se ordena la remisión inmediata del expediente al señalado Circuito Judicial
Penal, a los fines legales consiguientes.
Remítase
copia certificada de esta decisión al Juez de Juicio.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal
Supremo de Justicia, en Sala
de Casación Penal,
en Caracas, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil
seis. Años 196° de la Independencia y 147º de la Federación.
El
Magistrado Presidente,
ELADIO
RAMÓN APONTE APONTE
El Magistrado Vicepresidente,
HÉCTOR CORONADO FLORES
La
Magistrada,
BLANCA
ROSA MÁRMOL DE LEÓN
La Magistrada,
DEYANIRA
NIEVES BASTIDAS
La
Magistrada,
MIRIAM MORANDY
MIJARES
Ponente
La Secretaria,