Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa
Mármol de León.
Los hechos en la presente causa se
circunscriben a que en fecha 20 de julio de 1999, en horas de la noche, en el
asentamiento La Calzada de Páez, San Rafael de Canagua, Estado Barinas, en la
Finca No. 42, se presentaron varios individuos portando armas de fuego; quienes
luego de amenazar y encerrar a la mayoría de los allí presentes en una
habitación, procedieron a secuestrar al propietario de la indicada finca.
Como
partícipe de esos hechos fue acusado el ciudadano JOSE JESUS LARES; llevado a
cabo como fue el proceso especial por admisión de los hechos en contra del
mencionado ciudadano, se dictó sentencia condenatoria, y luego fue interpuesto
recurso de casación.
En
fecha 11 de octubre del año 2000, la Fiscal Tercero del Ministerio Público de
la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, interpuso recurso de casación
contra la sentencia dictada en fecha 21 de septiembre de 2000 por la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, que DECLARO INADMISIBLE LA
APELACIÓN, interpuesta en contra de la sentencia del Tribunal Primero de
Juicio de la mencionada Circunscripción Judicial que CONDENO al
ciudadano JOSE MARTÍN PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad No. 10.012.386, a cumplir la pena de SEIS AÑOS y OCHO
MESES DE PRESIDIO por la comisión del delito de SECUESTRO EN
GRADO DE COOPERACION INMEDIATA, previsto y sancionado en el artículo 462 en
concordancia con el artículo 83 ambos del Código Penal cometido en perjuicio de
GIACOMO SOFIATURO CIMINA.
Posteriormente
dentro del lapso legal el defensor del acusado, luego de la notificación,
contestó el recurso interpuesto y el expediente fue remitido a este Tribunal
Supremo.
En
fecha 10 de noviembre del año 2000 se recibió el presente expediente en la
Secretaría de la Sala de Casación Penal.
En
fecha 22 de noviembre del año 2000 se dio cuenta en Sala.
Constituida la Sala el 27 de
diciembre de 2000, le correspondió la ponencia a la Magistrada quien con tal
carácter suscribe la presente decisión.
En
fecha 2 de febrero de 2001, este Tribunal Supremo de Justicia, admitió el
recurso de casación interpuesto por el señalado defensor.
En
fecha 21 de febrero de 2001, se realizó
la audiencia oral y las partes hicieron sus alegatos.
Cumplidos
los demás trámites procedimentales, la Sala pasa a decidir.
PLANTEAMIENTO
Y RESOLUCION DEL RECURSO
La representante del Ministerio
Público, con base en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal,
fundamenta el recurso de casación que interpone, en que el Juez de la recurrida
erróneamente aplicó la atenuante contemplada en el artículo 74 ordinal 4° del
Código Penal.
La
recurrente luego de identificarse a sí misma, expone el alegato para la
fundamentación del recurso que interpone en los términos siguientes:
“...Ahora
bien, del análisis de los motivos en que puede ser fundado el recurso de
casación está en que la decisión se base en la....errónea aplicación de un
precepto legal, según lo señala el artículo 452 ejusdem y, es precisamente en
esta motivación en que se ha basado el Ministerio Público para impugnar la
sentencia dictada por esa Corte de Apelaciones que a su vez confirma la dictada
por el Tribunal del Juicio Mixto No. 1 de este Circuito Judicial Penal, por
considerar que se aplicó erróneamente la norma penal formal establecida en el
artículo 74 ordinal 4° del Código Penal, norma ésta que constituye una
atenuación de pena, que en principio prohíbe las rebajas especiales de pena y
en segundo es menester para su aplicación basarse en la certificación de
antecedentes penales provenientes de la Dirección de Prisiones del Ministerio
de Justicia, no obstante me permito traer a colación jurisprudencia de nuestro
Máximo Tribunal, con ponencia del Magistrado Luis Manuel Palís, quien en
sentencia dictada en fecha 22 de enero de 1998, ha sostenido que para que se
aplique en su límite inferior de conformidad con lo establecido en el artículo
74 ordinal 4° del Código Penal, se requiere que los acusados no registren antecedentes
penales, circunstancia esta que solamente se demuestra con la certificación
emanada de la Dirección de Prisiones del Ministerio Público, (sic) no pudiendo
ser jamás la presunción del Juez...”.
La Sala para decidir
observa:
En la labor de revisión y análisis
de las causas que esta Sala realiza ha
observado en el presente caso, que la decisión dictada por la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, declaró inadmisible
el recurso de apelación, esa declaratoria constituye un error en la
interpretación del artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto
se evidencia de dicho fallo que los Sentenciadores a-quo no sólo deciden sobre
la apelación, expresando sus fundamentos con la base de las comprobaciones de hecho
ya fijadas por la decisión apelada, sino que además establecieron sus propias
consideraciones respecto a los puntos alegados por el recurrente en su escrito,
confirmando por ende la decisión dictada por el Juez del Tribunal Primero de
Juicio del citado Circuito Judicial Penal, por lo que la Declaratoria en
cuestión ha debido ser sin lugar la apelación, y en ningún caso inadmisible.
En
el escrito de interposición la Fiscal recurrente alega que la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, al dictar su fallo
y confirmar la sentencia del Tribunal Primero del Juicio, incurrió en errónea
interpretación de norma legal expresa, debido a que, para aplicar al acusado la
atenuante de la pena contemplada en el ordinal 4° del artículo 74 del Código
Penal, se debe tener en autos la certificación emitida por la Dirección de
Prisiones del Ministerio de Justicia, de no registrar antecedentes penales.
El
artículo 74 del Código Penal en el ordinal 4° establece: “Cualquiera otra
circunstancia de igual entidad que a juicio del Tribunal aminore la gravedad
del hecho”. Esta Sala ya ha indicado
que las disposiciones legales que establecen las facultades discrecionales del
juez no están sujetas al control de la casación.
Por
otra parte el recurrente a fin de sustentar su alegato, hace referencia a una
jurisprudencia de esta Sala de Casación penal publicada en fecha 22 de enero de
1998, oportunidad para la cual aún se hallaba en vigencia el derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal. Con la entrada
en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y de acuerdo al Sistema
Acusatorio Penal allí contemplado, la señalada jurisprudencia fue cambiada por
esta Sala. Se ha sostenido desde
entonces que es obligación del representante del Ministerio Público, como
titular de la acción penal, traer al proceso la prueba de que el acusado
registra antecedentes penales en hechos punibles, con la finalidad que el juez
lo tome en consideración al momento de dictar su decisión.
Cuando
el sentenciador asume que el acusado no registra antecedentes penales, puesto
que no se trajo al proceso la prueba contraria a ello, está actuando acorde a
la Constitución y las Leyes, y su acción se halla ajustada a derecho.
En
virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que los sentenciadores
de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, no
incurrieron en el vicio alegado por la Fiscal recurrente y la sentencia dictada
por dicha Corte de Apelaciones se halla ajustada a derecho. Por lo tanto el presente recurso de casación
debe ser declarado sin lugar, de conformidad con lo pautado en el artículo 460
del Código Orgánico Procesal Penal. Así
se declara.
ADVERTENCIA AL
MINISTERIO PUBLICO
Del análisis y estudio de los autos,
que realiza esta Sala de Casación Penal, se observó en el escrito de la
apelación interpuesta ante la Corte de Apelaciones por la recurrente, Fiscal
Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado
Barinas, que utilizó como argumento para fundamentar su alegato, contra los
Sentenciadores del Tribunal a-quo, lo siguiente:
“...no
existen pruebas de que el acusado tenga buena conducta aunque se presumió,
entonces se pregunta el Ministerio Público, ¿Por qué no se presumió la
mala?...”.
El
ordinal 2° del artículo 49 del Título III “De los Derechos y Garantías” de la Constitución
de la República, vigente desde el 30 de diciembre de 1999, establece: “Toda persona se presume inocente mientras
no se pruebe lo contrario.”; así mismo el artículo 8° del Título Preliminar
“Principios y Garantías Procesales” del Código Orgánico Procesal Penal,
en plena vigencia desde el 01 de julio de 1999, indica: “Cualquiera a quien se le impute la comisión
de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le
trate como tal...”; de igual forma los ordinales 1°, 2° y 4° del artículo 11
del Título II “De los deberes y Atribuciones del Ministerio Público” de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, vigente desde el 01 de julio de 1999,
expresamente señala: “Son deberes y
atribuciones del Ministerio Público:
1. Velar por la observancia de
la Constitución, de las leyes y de las libertades fundamentales en todo el
territorio nacional. 2. Vigilar, a través de los Fiscales que
determina esta Ley, por el respeto de los derechos y garantías
constitucionales;..., 4. Ejercer la
acción penal en los términos establecidos en la Constitución, el Código
Orgánico Procesal Penal y en las leyes”.
Es
por las anteriores disposiciones transcritas, dejando por fuera los tratados y
pactos internacionales, y sobre todo los principios generales del derecho que
deben orientar toda actuación de jueces, fiscales y defensores, que esta Sala
observa que el interrogante que hace la Fiscal, en verdad constituye una
afirmación violatoria de los principios básicos que informan al sistema
jurídico.
D E C I S I O N
Por las razones antes expuestas este Tribunal Supremo de Justicia, en
Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de casación
interpuesto por la Fiscal Tercero del Ministerio Público, contra la sentencia
dictada en fecha 21 de septiembre de 2000 por la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, de conformidad con lo pautado en el
artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese,
regístrese y bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los 21 días del mes de FEBRERO del año dos mil uno. Años: 190° de la Independencia y 142° de la Federación.
Presidente de la Sala,
Rafael Pérez Perdomo
Vice-Presidente,
Alejandro Angulo Fontiveros
Magistrada Ponente,
Blanca Rosa Mármol de León
Secretaria,
Linda Monroy de Díaz
BRML/hnq
RC Exp. No. 00-1406