Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

En fecha 27 de junio de 2012, los ciudadanos abogados Enis María Tarrifa Pradilla y Gherardine Andrade de Campos, actuando con el carácter de Fiscales Principal y Auxiliar de la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia con competencia en materia de Corrupción, presentaron acusación en contra de los ciudadanos ALBA COROMOTO BARRIENTOS VICUÑA y JULIO CÉSAR MARRERO HERNÁNDEZ, por los delitos de CORRUPCIÓN PROPIA AGRAVADA y OBSTACULIZACIÓN A LA JUSTICIA, tipificados en el numeral 2 del artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cualidad de coautores, de conformidad con el artículo 83 del Código Penal, y contra la ciudadana DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA, por la comisión de los delitos de TRÁFICO DE INFLUENCIAS y OBSTACULIZACIÓN DE LA JUSTICIA, tipificados en los artículos 71 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, con base a los hechos siguientes:

“(…) En fecha 18 de enero de 2012, fue iniciada la presente causa al recibir comunicación N° DCC-20-30967 de fecha 18ENE2012 (sic) emanada de la Dirección Contra la Corrupción, mediante la cual comisiona a este Despacho Fiscal, para intervenir en la investigación que adelanta la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, signada bajo el N° 24-F25-0010-2010, relacionada con presuntas irregularidades atribuidas a funcionarios adscritos a la Policía del Municipio Maracaibo (POLIMARACAIBO), con ocasión a la libertad otorgada al ciudadano JOVINIANO SÁNCHEZ SOLÍS, el cual estaba detenido en la sede del citado cuerpo policial y se encontraba a la disposición de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del estado Zulia, en virtud de haber sido aprehendido en flagrancia por agresiones cometidas en perjuicio de la ciudadana NANCY DEL VALLE CARRERO.

Aunado a ello, estas Representaciones Fiscales analizan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos explanados en la denuncia de fecha 29ENER2010 (sic) formulada por la ciudadana NANCY DEL VALLE CARRERO, quien manifiesta que el día 29-01-2010, como a las 02:15 horas de la tarde, se encontraba en la sede de la policía de Maracaibo, ubicada en la circunvalación N° 1 en el área del estacionamiento, al momento de encontrarse hablando con su novio de nombre AUGUSTO SÁNCHEZ, se presentó su hermano JOVINIANO SÁNCHEZ, quien es de tez morena clara, de contextura fuerte, de unos treinta y nueve (39) años de edad, de 1.79 metros de altura, vistiendo una franela de color gris con azul y un blue jeans, y empieza a insultarla dirigiéndole improperios; dándole golpes en la cabeza, es cuando al poco tiempo llegaron unos funcionarios de POLIMARACAIBO quienes procedieron a detenerlo. En virtud de la detención del ciudadano JOVINIANO SÁNCHEZ, al estar en presencia de un delito flagrante y al percatarse del hecho, el funcionario ROMER ROMERO, placa 0097, procede a restringir al ciudadano, trasladándolo a la sede del Instituto de Policía de Maracaibo por encontrarse incurso en el delito de Violencia de Género, al momento que culmina las actuaciones policiales, es notificado el FISCAL DE GUARDIA. Posteriormente, siendo aproximadamente las cuatro horas de la tarde, se presentó en la oficina de la ciudadana PATRICIA ACEDO, la asesora jurídica de la Policía Municipal de Maracaibo, hoy imputada ALBA BARRIENTOS para interceder para que le otorgaran la libertad al ciudadano JOVINIANO SÁNCHEZ, quien es el cónyuge de la ciudadana hoy imputada DAYANA PERDOMO SIERRA, quien se desempeña como secretaria del Juzgado Contencioso Administrativo donde cursan causas de la Alcaldía de Maracaibo y ante la negativa la ciudadana ALBA BARRIENTOS solicitó hablar con el detenido, por lo que se le concedió. Posteriormente como a los diez minutos la ciudadana PATRICIA ACEDO, recibe llamada telefónica de su supervisor inmediato COMISARIO MIGUEL LUZARDO, informándole en un tono molesto que debía darle la libertad al detenido, a las nueve 09:00 de la noche, porque había recibido orden del Director General JULIO MARRERO, que procediera a darle la libertad al detenido, comentándole que eso no se podía hacer, ya se había recibido la denuncia y se había notificado al Fiscal de guardia; seguidamente, siendo las siete 7:00 pm de la noche, aproximadamente cuando la Inspectora PATRICIA ACEDO se dispone a entregar la guardia a la Sub Inspectora MARIELA FERRER, le informa de todo lo sucedido. Posteriormente, siendo entre las ocho (8:00) y ocho y treinta (8:30) horas de la noche, la oficial Jefe MARIELA FERRER, recibe llamada telefónica del Sub Comisario MIGUEL LUZARDO, quien le ordenaba dar la libertad al ciudadano JOVINIANO SÁNCHEZ, manifestándole que no estaba de acuerdo, respondiéndole éste que lo había llamado el Comisario JULIO MARRERO, quien era DIRECTOR DE LA POLICÍA DE MARACAIBO, girándole esas instrucciones, a lo que la ciudadana Mariela Ferrer le manifestó que lo dejaría todo plasmado en el libro de novedades de la jefatura del comando y el libro de novedades de recepción de detenidos, tomando un taco de papel donde plasmó la novedad y se la entregó al oficio DARWIN CALLES, quien era el oficial de servicio (…).”

En esa misma fecha y en el referido escrito acusatorio, los representantes Fiscales solicitaron el SOBRESEIMIENTO de la investigación seguida en contra de la ciudadana MARIELA JOSÉ FERRER GÓMEZ, por la presunta comisión de los delitos de CORRUPCIÓN PROPIA AGRAVADA y OBSTACULIZACIÓN DE JUSTICIA, tipificados en el numeral 2 del artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en los términos siguientes:

“(…) una vez analizadas todas y cada una de las actuaciones que conforman la presente causa entre ellas las entrevistas y concatenadas estas con el trozo de papel suscrito por la funcionaria aunado al Acta de Inspección levantada por las Fiscales Terceras del Ministerio Público, se puede observar que la ciudadana MARIELA FERRER GÓMEZ, se opuso a la orden impartida por su superior jerárquico en cuanto a que le diera la libertad al ciudadano detenido de nombre JOVINIANO SÁNCHEZ, manifestando que eso no era así, que no estaba de acuerdo, lo cual dejó plasmado en el libro de novedades del comando y en el libro de recepción de detenidos, dirigiéndose hacia el oficial que se encontraba en la recepción, encargado de la jefatura del comando, indicándole que debía escribir en el libro que al ciudadano JOVINIANO SÁNCHEZ se le daría la libertad, por orden del Comisario EDDY RAMÍREZ, tomando un trozo de papel en el cual escribió, dicho taco de papel fue reconocido por la mencionada ciudadana quien en sus declaraciones manifiesta que es su letra y que ella lo escribió.

De manera, que los hechos denunciados y a tenor de las diligencias practicadas por el Ministerio Público en la fase de investigación, esta representación Fiscal solicita el SOBRESEIMIENTO ordinal 1, SEGUNDO SUPUESTO, EL HECHO OBJETO DEL PROCESO NO PUEDE ATRIBUÍRSELE A LA IMPUTADA, ya que estamos en presencia de la inexistencia de los elementos constitutivos de un hecho punible en materia Contra la Corrupción, con relación a la ciudadana MARIELA JOSÉ FERRER GÓMEZ, antes identificada.

En este sentido, es menester resaltar que: ‘El sobreseimiento es uno de los actos que el Ministerio Público puede asumir con pretensión una vez finalizada la llamada fase preparatoria de investigación, y por tratarse de uno de los actos conclusivos a esta fase, como tal, está controlado por los órganos jurisdiccionales, consciente que todo lo solicitado es fundamentado para que sea admitido y ajustado a derecho’, con el compendio de normas adjetivas y sustantivas entre ellas se pudo determinar que no es procedente el correspondiente ejercicio de la acción penal, por parte de esta Vindicta Pública y haciendo uso de las atribuciones que nos confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 285 numeral 6, artículo 37 numeral 15, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 111 numeral 7mo, considera pertinente la procedencia del SOBRESEIMIENTO en conformidad con lo previsto en el artículo 318 ordinal 1° primer supuesto el hecho objeto del proceso no puede atribuírsele a la imputada, del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia pone fin al presente procedimiento penal con relación a la ciudadana MARIELA JOSÉ FERRER GÓMEZ (…)”. (Resaltado del original).

El 14 de agosto de 2012, el Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, celebró la Audiencia Preliminar y mediante decisión N° 1011-12, de esta misma fecha, declaró lo siguiente:

“(…) PRIMERO: ADMITE PARCIALMENTE LA ACUSACIÓN, presentada por la FISCALÍA VIGÉSIMA SEXTA (26°) DEL MINISTERIO PÚBLICO, de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en contra de los ciudadanos acusados: 1.- ALBA COROMOTO BARRIENTOS VICUÑA, de nacionalidad venezolana, natural de Dabajuro estado Falcón, de 57 años de edad, fecha de nacimiento 21-09-1954, de profesión u oficio Abogada, de estado civil viuda, titular de la cédula de identidad V-4.748.597, hija de Mery de Barrientos y José Barrientos (d), residenciada en la urbanización Coromoto, avenida 40, calle 165, Nro. 165-112; municipio San Francisco estado Zulia, teléfono: 0414-613.5742; 2.- JULIO CÉSAR MARRERO HERNÁNDEZ, de nacionalidad venezolano, natural de Caracas Distrito Capital, de 48 años de edad, fecha de nacimiento 15-02-1964, de profesión u oficio Abogado y funcionario público, de estado civil casado, titular de la cédula de identidad V-6.105.245, hijo de Asención Florencia Hernández y Pedro Rafael Marrero (d), residenciado en la urbanización Villa Baralt, Terraza 34, casa Nro. 476, parroquia San Francisco Eugenio Bustamante, Maracaibo estado Zulia, Teléfono: 0414-643.1055, y 3.- DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA, de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo estado Zulia, de 30 de años de edad, fecha de nacimiento 31-01-1982, de profesión u oficio Abogada, de estado civil casada, titular de la cédula de identidad V-15.562.855, hija de Margarita Gregoria Sierra Montero y Freddy Delfín Perdomo, residenciada en San Jacinto, Sector 7, calle 2, Nro. 31, Maracaibo estado Zulia, Teléfono: 0424-611.2229, por los delitos de: para los ciudadanos ALBA COROMOTO BARRIENTOS VICUÑA y JULIO CÉSAR MARRERO HERNÁNDEZ, la presunta comisión de los delitos de CORRUPCIÓN PROPIA AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 62 numeral 2 de la Ley Contra la Corrupción y OBSTACULIZACIÓN DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como COAUTORES, conforme al artículo 83 del Código Penal y para DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA, la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIA, previsto y sancionado en el artículo 71 de la Ley Contra la Corrupción como AUTORA y el delito de OBSTACULIZACIÓN DE JUSTICIA, previsto y sancionado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como COAUTORA. Por cuanto en relación a la precitada imputada, después de una revisión exhaustiva a las actas que componen la presente causa, no se evidencian elementos de convicción contundentes tanto de hecho como de derecho que hagan pensar a este Juzgador que la referida imputada haya cometido los tipos penales incriminados por el Ministerio Público, ya que efectivamente el escrito acusatorio fiscal, sólo hace mención a que la referida ciudadana labora como secretaria en el Tribunal Contencioso Administrativo, en consecuencia de conformidad con el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, desestima los tipos penales de TRÁFICO DE INFLUENCIA, previsto y sancionado en el artículo 71 de la Ley Contra la Corrupción y el delito de OBSTACULIZACIÓN DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación a la imputada DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA.

SEGUNDO: ADMITE TOTALMENTE LOS MEDIOS DE PRUEBAS ofrecidos por la FISCALÍA VIGÉSIMA SEXTA (26°) DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POR LA DEFENSA PRIVADA, los cuales se dan por reproducidos, a los fines de que sean debatidos en el juicio oral y público (…)

TERCERO: Se DECLARA SIN LUGAR, los alegatos planteados por las defensas privadas en relación a la NULIDAD ABSOLUTA de la acusación fiscal, de conformidad con los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, igualmente se DECLARAN SIN LUGAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS, por los elementos de hecho y de derecho expuestos anteriormente por este Juzgador.

CUARTO: En relación a la imputada DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA, plenamente identificada en actas, después de una revisión exhaustiva a las actas que componen la presente causa, y toda vez que no se evidencian elementos de convicción contundentes tanto de hecho como de derecho que hagan pensar a este Juzgador que la referida imputada haya cometido los tipos penales incriminados por el Ministerio Público, ya que efectivamente el escrito acusatorio fiscal, sólo hace mención a que la referida ciudadana labora como secretaria en el Tribunal Contencioso Administrativo, en consecuencia de conformidad con el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, desestima los tipos penales de TRÁFICO DE INFLUENCIA, previsto y sancionado en el artículo 71 de la Ley Contra la Corrupción y el delito de OBSTACULIZACIÓN DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (…)

QUINTO: ORDENA EL AUTO DE APERTURA A JUICIO en contra de los acusados 1.- ALBA COROMOTO BARRIENTOS VICUÑA; Y 2.- JULIO CÉSAR MARRERO HERNÁNDEZ, por la presunta comisión de los delitos de CORRUPCIÓN PROPIA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 62 numeral 2 de la Ley Contra la Corrupción y OBSTACULIZACIÓN DE LA JUSTICIA, previsto y sancionado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como COAUTORES, conforme al artículo 83 del Código Penal (…)”. (Resaltado del original).

El 22 de agosto de 2012, las ciudadanas abogadas Nerva Ramírez y María Eugenia Hernández Guerra, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 26.449 y 46.543, respectivamente, actuando en su carácter de defensoras privadas de los ciudadanos ALBA COROMOTO BARRIENTOS VICUÑA y JULIO CÉSAR MARRERO HERNÁNDEZ, interpusieron recurso de apelación en contra de la decisión N° 1011-12 de fecha 14 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

En esta misma fecha, la ciudadana abogada Yannis Carolina Domínguez, en su carácter de Fiscal Auxiliar Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia en materia Contra la Corrupción, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión N° 1011-12 de fecha 14 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

En fecha 18 de octubre de 2012, la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, integrada por las ciudadanas juezas abogadas Elida Elena Ortiz; Silvia Carroz de Pulgar y Alba Rebeca Hidalgo Huguet (Ponente), dictó decisión mediante la cual declaró:

“(…) PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las profesionales del derecho NERVA RAMÍREZ y MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ GUERRA, actuando en su condición de defensoras privadas de los ciudadanos ALBA COROMOTO BARRIENTOS VICUÑA, titular de la cédula de identidad N° 4.748.597 y JULIO CÉSAR MARRERO HERNÁNDEZ, portador de la cédula de identidad N° 6.105.245; SEGUNDO: SE ANULA la decisión N° 1011-12, dictada en fecha catorce (14) de agosto de 2012, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, así como la acusación fiscal, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: SE RETROTRAE el proceso remitiendo copia certificada del presente fallo al Ministerio Público, a los fines que se pronuncie respecto a la solicitud de práctica de diligencias efectuadas por los imputados conforme lo preceptúa la ley penal adjetiva, para luego presentar su acto conclusivo (…)”.

En fecha 9 de noviembre de 2012, los ciudadanos abogados Idemaro González Sulbarán y Joviniano Sánchez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 40.634 y 128.079, respectivamente, en su carácter de defensores privados de la ciudadana DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA, interpusieron recurso de casación contra la decisión dictada por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en fecha 18 de octubre de 2012.

En fecha 3 de diciembre de 2012, la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, remitió las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

El 12 de diciembre de 2012, se recibió el expediente en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se dio cuenta de ello, y se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, y encontrándose la Sala de Casación Penal, en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del presente recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar sentencia, en los siguientes términos:

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

El artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, regula el principio de impugnabilidad objetiva, de la manera siguiente:

Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.”

En virtud de ello, la Sala de Casación Penal procede a examinar, en primer término, si la decisión impugnada, es recurrible en casación, y a tal efecto observa:

El artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, señala los fallos impugnables mediante el recurso de casación y al respecto dispone lo siguiente:

El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.”

Según la disposición legal antes transcrita, el recurso sólo podrá ser propuesto contra: las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia que condene a penas superiores a esos límites; también, serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación.

En el presente caso, la sentencia dictada por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en fecha 18 de octubre de 2012, no es alguna de las señaladas en el citado artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que la decisión declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por las defensoras privadas de los ciudadanos ALBA COROMOTO BARRIENTOS VICUÑA y JULIO CÉSAR MARRERO HERNÁNDEZ, anuló el fallo recurrido y ordenó retrotraer el proceso a los fines que el Ministerio Público se pronuncie respecto a la solicitud de práctica de las diligencias efectuadas por los imputados, para luego presentar su acto conclusivo.  Tal decisión no está sujeta a la censura de casación, ya que no le pone fin al proceso ni hace imposible su continuación.

En consecuencia, esta Sala de Casación Penal, considera que lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por los defensores privados de la ciudadana DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. 

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR INADMISIBLE, el recurso de casación propuesto por los ciudadanos abogados Idemaro González Sulbarán y Joviniano Sánchez, actuando en su condición de defensores privados de la ciudadana DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2013. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

La Magistrada Presidenta

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente

 

El Magistrado Vicepresidente

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

Los Magistrados

 

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

DNB/

EXP. N° 2012-408