|
De conformidad con lo establecido en los artículos 5, numeral 48, y 18,
apartes décimo, undécimo, duodécimo y décimo tercero de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, en
Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la solicitud de avocamiento
presentada por el
abogado RAFAEL ÁNGEL TERÁN BARROETA, inscrito en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo el N° 36.725, en su carácter de abogado defensor del
ciudadano OTTO ADOLF GEBAUER MORALES,
venezolano, Capitán del Ejercito en situación de retiro, con cédula de
identidad N° 6.631.989, a quien se le sigue juicio por ante el Tribunal Militar
Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas, por
los delitos de Insubordinación y
Privación Ilegítima de Libertad, previstos en los artículos 512, ordinal 2°
y 513 del Código Orgánico de Justicia Militar
y 181 del Código Penal.
En fecha 21 de octubre
de 2005, se dio cuenta en Sala de Casación Penal del recibo de la presente
solicitud y se designó Ponente al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO
FLORES, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El artículo 5 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia señala las atribuciones que corresponden o
competen a este máximo Tribunal y concretamente el numeral 48, prevé la
competencia para conocer de oficio, o a instancia de parte, de alguna causa que
se encuentre cursando ante cualquier tribunal de instancia para resolver si se
avoca al conocimiento del mismo si lo estima pertinente. Y, en virtud de ser de
naturaleza penal la causa sobre la cual recae la presente solicitud de
avocamiento, corresponde a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de
Justicia pronunciarse sobre la misma, de conformidad con la parte infine
del primer aparte del artículo 5 de la referida Ley.
El solicitante del avocamiento plantea lo siguiente:
1.- En fecha 16 de
septiembre de 2002, el entonces Ministro de la Defensa ciudadano General de
Brigada (Ej) JOSÉ LUIS PRIETO, dictó orden de apertura de una averiguación
penal militar contra el Capitán OTTO ADOLF GEBAUER MORALES, sin señalar el
delito por el cual sería investigado, vulnerándosele así sus derechos
constitucionales.
2.- En fecha 24 de
septiembre de 2002, el mismo Ministro de la Defensa mediante Resolución N°
DG-18102, ordenó la apertura de un Consejo de Investigación contra el nombrado
Capitán, de conformidad con los artículos 62, 280, 281 y 287 de la Ley Orgánica
de las Fuerzas Armadas Nacionales, 3 y 6
del Reglamento de los Consejos de Investigación y 434 del Código de
Procedimiento Civil.
3.- En fecha 11 de
diciembre de 2002, el Consejo de Investigaciones, sancionó al Capitán OTTO ADOLF GEBAUER MORALES, con la
medida disciplinaria de pase a retiro, por cuanto “…los días 11 y 12 de abril
al asumir una actitud déspota y grosera hacía la figura del Presidente de la
República y no prestar las debidas atenciones y consideraciones previstas en
las normas que rigen la Institución castrense, lesionando así la disciplina
militar…”.
4.- Por los mismos
hechos, según el solicitante, la misma autoridad que ordenó el Consejo de
Investigaciones (Ministro de la Defensa), ordenó la apertura de un juicio
militar contra el Capitán OTTO ADOLF GEBAUER MORALES (Resolución N° DS-2002/04
de fecha 16-12-02), quien fue recluido en fecha 11 de noviembre de 2004, en el
Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques, Estado
Miranda.
5.- El Consejo de
Investigaciones, en criterio del solicitante, de conformidad con el artículo
280 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (vigente para la
fecha), tenía la facultad de determinar si los hechos considerados como
infracciones ameritaban una sanción disciplinaria o por el contrario ameritaban
el sometimiento a un juicio militar. Y al establecer, en el caso del Capitán
OTTO ADOLF GEBAUER MORALES, que los hechos investigados debían ser sancionados
con medida disciplinaria, según el solicitante, renunció expresamente a someter
a un juicio militar a su representado. Por lo que, en consecuencia, éste “no
puede recibir una doble sanción por los mismos hechos en un proceso incoado por
la misma autoridad sancionatoria: El
Ministro de la Defensa”. Tal circunstancia constituye, en criterio del
recurrente, una grave violación al precepto contenido en el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6.- En fecha 16 de marzo
de 2005, el Tribunal Militar Primero de Juicio
del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas, recibió la
causa contra el ciudadano OTTO ADOLF GEBAUER MORALES y luego de transcurrir
treinta y tres días hábiles sin que dicho Juzgado fijara la audiencia oral y
pública, la defensa interpuso recurso de amparo por ante la Corte Marcial,
recurso que por haber sido declarado inadmisible está en consulta ante la Sala
Constitucional.
A decir del solicitante,
la omisión del Tribunal Militar Primero de Juicio de ordenar la celebración del
juicio oral y público, aunado a la falta de constitución de dicho Juzgado por
la inhibición de dos de los jueces (declaradas con lugar), vulnera ostensiblemente el ordenamiento
jurídico y perjudica la imagen del poder
judicial.
Finalmente, solicita la
defensa del ciudadano OTTO ADOLF GEBAUER MORALES, que: “…declare con lugar la
solicitud de avocamiento, ordene la libertad inmediata de mi representado,
aplique los correctivos constitucionales que haya que aplicar y de ser el caso
ordene ser juzgado en libertad, ordenando a la jurisdicción militar que se
constituya el nuevo tribunal para ser juzgado en Caracas, pues mi defendido no
tiene medios económicos para trasladarse en compañía de su defensa para otra
ciudad del país. Todo ello en cumplimiento a la Constitución a los tratados
internacionales y a expresa jurisprudencia de esta Sala que resolvió un caso
análogo (Sent. N° 558 del 27-09-05)”.
La Sala, para decidir, observa:
El avocamiento es una
institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo
de Justicia, en todas sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado
de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo
trámite esté conociendo a cualquier tribunal, independiente de su jerarquía y
especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el
conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Esta excepcionalidad no puede convertirse en la regla y
pretenderse el avocamiento de este máximo Tribunal ante cualquier violación del
ordenamiento jurídico que pueda ser reparada mediante el planteamiento de una
incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente. Tal excepción
al procedimiento ordinario, que ocupe a este alto Tribunal en materia de
instancia, debe ser por lo demás ejercido prudencialmente en los casos extremos
y siempre que se den los requisitos concurrentes a que hace referencia la ley.
En tal sentido, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, undécimo aparte, el avocamiento procede sólo en caso grave o de
escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique,
ostensiblemente, la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la
institucionalidad democrática venezolana y se hayan desatendido o mal tramitado
los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren
ejercido. Tales requisitos, según la referida Ley, deben ser concurrentes.
En la presente causa, el
solicitante alega la violación de principios y garantías constitucionales por
la omisión del Tribunal Militar Primero de Juicio de fijar la fecha para la
celebración del juicio oral y público en el caso de su defendido, ciudadano
OTTO ADOLF GEBAUER MORALES, aunado a la falta de constitución de dicho Juzgado
por la inhibición de dos de los jueces que lo integran.
La
Sala observa que la defensa del ciudadano OTTO ADOLF GEBAUER MORALES, ante la
alegada omisión del Juzgado Militar, interpuso acción de amparo, la cual no ha
sido decidida en su totalidad, pues se encuentra actualmente ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para su resolución como
Tribunal de alzada constitucional.
En el desarrollo de los
procesos penales pueden presentarse graves violaciones, pero no por ello las
partes deben recurrir directamente a la vía del avocamiento, desvirtuando el
orden legal establecido para la resolución de conflictos de esta naturaleza,
omitiendo las formas sustanciales del proceso. Así se desprende de lo dispuesto
en el artículo 18, aparte decimosegundo, de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, que establece: “La
Sala requerida examinará las condiciones concurrentes de procedencia del
avocamiento, en cuanto que … así como las irregularidades que se alegan hayan
sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los
recursos …”.
En razón de lo
anteriormente expuesto, la Sala observa que no están demostradas, como
condiciones concurrentes, las escandalosas infracciones al ordenamiento
jurídico que violen el debido proceso y que pongan en peligro la imagen del
Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática
venezolana. Ello en virtud de que la figura jurídica del avocamiento, procede
cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la
situación jurídica infringida, por lo que las partes deben agotar y ejercer
todos los recursos procesales existentes, situación que no ha ocurrido en el
presente caso, pues la acción de amparo constitucional incoada por el
solicitante contra la omisión que alega como violatoria de los derechos de su
representado, que es exactamente la misma que le sirve de fundamento para la
solicitud de avocamiento, todavía no ha sido resuelta en segunda instancia por
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se encuentra
tramitándola para su resolución, conforme al procedimiento legal establecido
para ello, tal como lo manifiesta el propio solicitante en su escrito.
De entrarse a conocer la
solicitud de avocamiento, se podrían presentar pronunciamientos contradictorios,
entre el fallo que conociera el fondo de las alegaciones del avocamiento y la
decisión que tiene que tomar la Sala Constitucional respecto a la acción de
amparo constitucional incoada; o por el contrario, se puede dar la situación de
que la decisión que se pudiera adoptar en el proceso de avocamiento, hiciera
nugatoria la sentencia que tiene que dictar la Sala Constitucional sobre las
acción de amparo constitucional. Todo ello va en detrimento del orden procesal
establecido en la Ley y atenta contra el principio legal y constitucional del
debido proceso.
Por otra parte, es de
observar que la causa seguida al acusado no se encuentra paralizada, pues según
Oficio N° 26-06, de fecha 23 de enero de 2006, dirigido por el Presidente del
Tribunal Militar Primero de Juicio al Presidente de esta Sala de Casación
Penal, luego de la inhibición de dos de los jueces titulares del Juzgado que
conoce de dicha causa, fueron nombrados los suplentes respectivos,
constituyéndose nuevamente el tribunal que ha de realizar el juicio oral contra
el nombrado acusado.
En consecuencia, la Sala
observa que en este caso no se dan las circunstancias y supuestos excepcionales
que justifiquen un avocamiento, por lo que declara inadmisible la presente
solicitud interpuesta por la defensa del ciudadano OTTO ADOLF GEBAUER MORALES. Así se decide.
Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, declara inadmisible la solicitud de avocamiento
presentada por el
abogado RAFAEL ÁNGEL TERÁN BARROETA, en su carácter de defensor del ciudadano OTTO ADOLF GEBAUER MORALES.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los siete
( 07 ) días del mes de febrero de 2006.
Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
El
Magistrado Presidente de la Sala,
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
El Magistrado
Vicepresidente,
Ponente
Las Magistradas,
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
MIRIAM MORANDY MIJARES
La Secretaria de la Sala,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
HMCF/mj
Exp. N° 2005-0465