Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

El Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, constituido en Tribunal Mixto, mediante sentencia dictada el 23 de julio de 2012, estableció como hechos acreditados los siguientes:

“(…) 1.- Que en fecha 16 de enero de 2011, siendo aproximadamente las 04:50 horas de la mañana, los ciudadanos Molina Martínez Juan Carlos y Estaba Lara Félix Ramón, por el sector Santa Cruz, requirieron el auxilio policial a una comisión de la Policía del estado Delta Amacuro. 2.- Que en fecha 16 de enero de 2011, los ciudadanos Molina Martínez Juan Carlos y Estaba Lara Félix Ramón, fueron despojados de su dinero, de manera violenta por dos personas, una de las cuales estaba manifiestamente armada con un arma blanca, comúnmente conocida como cuchillo, siendo estos ciudadanos despojados de dinero en efectivo en un total de 1580 bolívares. 3.- Que producto de esta acción al requerir el apoyo o auxilio policial, iniciaron los ciudadanos víctimas un recorrido minucioso, en compañía de la policía, por las adyacencias del sector, en la unidad vehicular de la policía; y por el sector 02 de marzo, las víctimas visualizaron y señalaron a dos sujetos como los autores del hecho. 4.- Que este señalamiento de las víctimas motivó la detención policial de los hoy acusados. 5.- Que las personas detenidas fueron las mismas que momentos antes, ese día 16 de enero de 2011, despojaron a las víctimas de su dinero, pues, una de estas víctimas reconoció, en el sitio de la detención, a los sujetos aprehendidos como las mismas personas que momentos antes los habían despojado, mediante el empleo de la violencia y con el uso de un arma blanca de su dinero (…)”.

Por esos hechos, el mencionado Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio (por unanimidad de sus miembros) CONDENÓ a los ciudadanos RONNIER ALBERTO MENDOZA ZAMBRANO y VALERY JOSÉ ZAMBRANO MARTÍNEZ, venezolanos, portadores de las cédulas de identidad Nros. 17.055.877 y 12.546.440, respectivamente, a cumplir la pena de TRECE (13) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Molina Martínez Juan Carlos y Estaba Lara Félix Ramón.

Contra dicho fallo, interpuso recurso de apelación, la ciudadana abogada Gloria Virginia Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 38.217, Defensora Privada de los ciudadanos acusados RONNIER ALBERTO MENDOZA ZAMBRANO y VALERY JOSÉ ZAMBRANO MARTÍNEZ.

El 10 de octubre de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, integrada por los ciudadanos jueces Alejandro José Perillo Silva (Ponente), Domingo Durán Moreno y Adda Yumaira Espinoza, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, confirmando, en consecuencia, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia.

Contra la anterior decisión, interpuso recurso de casación la ciudadana abogada Gloria Virginia Hernández, Defensora Privada de los ciudadanos acusados RONNIER ALBERTO MENDOZA ZAMBRANO y VALERY JOSÉ ZAMBRANO MARTÍNEZ.

Vencido el lapso establecido en el artículo 464 (vigente para el momento de la interposición del recurso de casación, hoy artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal) sin que las otras partes dieran contestación al mismo, la referida Corte de Apelaciones, remitió las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.

El 19 de diciembre de 2012, ingresó el expediente, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, y encontrándose la Sala de Casación Penal en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del presente recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar sentencia, en los términos siguientes:

 

RECURSO DE CASACIÓN

ÚNICA DENUNCIA

            La recurrente denunció la violación de los artículos 22, 364 numeral 4 y 441 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento en que se interpuso el presente recurso, hoy artículos 22, 346 numeral 4 y 432 respectivamente) por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro.

            La recurrente comenzó por transcribir parte de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, así como, jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia referida a la sana crítica y a las máximas de experiencia.

            Luego, para fundamentar su denuncia, la defensora privada señaló lo siguiente:

“(…) Así pues, tenemos que la recurrida, aún cuando no le es permitido pronunciarse como Juez de Primera Instancia en Función de Juicio, con base a las máximas de experiencia, sana crítica, reglas de la lógica y conocimientos científicos por haber sido éste el que presenció el acto del juicio oral y público, no es menos cierto el hecho que sí le correspondía conocer la correcta aplicación de la Ley por parte del a-quo, y así tenemos que existiendo duda razonable sobre la participación y culpabilidad de mis defendidos en los hechos que el Ministerio Público dio por acreditados y que el Juez de Primera Instancia, a su entender, dio por comprobados emergiendo en consecuencia una sentencia condenatoria, la recurrida fue vaga, casi inocua al desestimar las razones de derecho que fundamentaron el recurso de apelación por esta defensa contra la sentencia promulgada por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio.

Debe existir una coherencia entre lo ocurrido, lo denunciado y lo comprobado para así contextualizarlo como conducta antijurídica, lo que no ocurre en el presente caso, puesto que durante el Acto del Juicio Oral y Público se comprobó que el Juez condenó a mis defendidos tomando como único elemento el dicho del funcionario aprehensor, quien, además, actuó en virtud del dicho de las víctimas, las cuales, durante el juicio, uno indicó que para el momento de los hechos se encontraba lo suficientemente ebrio como para recordar el rostro de las personas que lo despojaron del dinero que portaba, mientras que el otro se limitó a exponer que no podía asegurar que las personas detenidas fueran las mismas que lo despojaron del dinero que portaba, y entonces, la recurrida convalidó una historia ficticia y/o utópica emergida de la mente del Juez de Primera Instancia (…)”.

            La recurrente transcribió el análisis realizado por el abogado Jorge Alejandro Cárdenas Mora, Juez de Primera Instancia en Función de Juicio, respecto a los testimonios de los ciudadanos Félix Ramón Estaba Lara y Juan Carlos Molina Martínez, víctimas en la presente causa; y continuó señalando:

“(…) Es necesario destacar que en el caso de marras, el Juez de Primera Instancia en Función de Juicio, se apartó del dicho de las víctimas. El Tribunal dio por probada la responsabilidad penal de los acusados de autos con el testimonio del funcionario policial Francisco José Valero, sabiendo el ciudadano Juez que dicho testimonio es contradictorio con el de cada una de las víctimas. El funcionario aprehensor es un testigo referencial porque nada vio y tuvo conocimiento de los supuestos hechos porque así lo describieron las supuestas víctimas, lo cual debió ser valorado por el Juez de Primera Instancia en Función de Juicio como un simple indicio  y no como plena prueba (…)

Amén de lo anterior, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro es inmotivada, por cuanto en la misma no hubo el resumen, análisis y comprobación de todos y cada uno de los aspectos que fueron denunciados con la interposición del Recurso de Apelación ejercido por esta Defensa Privada (…)

En tal sentido, la sentencia de la Corte de Apelaciones incurre en el mismo vicio, porque si hubiera realizado tal actividad esencial, la sentencia dictada por el Tribunal de juicio debió ser anulada por haberse incumplido tal obligación.

Existiendo tantas contradicciones y dudas sobre los hechos y la presunta conducta antijurídica desplegada por mis defendidos, nacen incertidumbres e inseguridad en cuanto a si los hechos descritos son o no ciertos, o en su defecto, cuál fue la conducta antijurídica que ejecutó cada uno de los acusados para señalarlos como culpables del delito de ROBO AGRAVADO, operando en consecuencia, el principio universalmente aceptado de IN DUBIO PRO REO, al encontrarse mis defendidos resguardados bajo el principio de presunción de inocencia desde el mismo inicio de la investigación (…)”.

            Para concluir su señalamiento, la abogada defensora transcribió el contenido del artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, y realizó una apreciación respecto a lo que la doctrina ha establecido como la presunción de inocencia, demandando en consecuencia, la admisión del presente recurso de Casación.

            La Sala de Casación Penal, para decidir, observa:

            La accionante en su recurso de casación, denunció la falta de aplicación de los artículos 22, 364 numeral 4 y 441, todos del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento en que se interpuso el presente recurso, hoy artículos 22, 346 numeral 4 y 432, respectivamente) por considerar que en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro: “(…) no hubo el resumen, análisis y comprobación de todos y cada uno de los aspectos que fueron denunciados con la interposición del recurso de apelación (…)”.

Esta Sala ha advertido con anterioridad y lo ratifica en ésta, que el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento en que se interpuso el presente recurso) no puede ser infringido por la recurrida por falta de aplicación, en razón de que no son estos órganos jurisdiccionales los que realizan el juicio oral, ni la instancia ante la cual se promueven y analizan pruebas, a menos que dichos elementos probatorios sean promovidos en el recurso de apelación, tal como lo establece el artículo 448 eiusdem.

La Sala de Casación Penal respecto a este punto ha establecido que:

“(…) las Cortes de Apelaciones en ninguna circunstancia pueden analizar, comparar ni valorar pruebas, pues la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que se estiman acreditados para la configuración de los delitos analizados, corresponde a los Juzgados de Juicio en virtud del Principio de Inmediación, y por ello, las mismas (Cortes de Apelaciones) estarán sujetas a los hechos ya establecidos (…)” (Sentencia Nro. 29, del 14 de febrero de 2007).

Por otra parte, la Sala de Casación Penal ha establecido que:

“(…) los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación, procurar que se analicen incidencias propias de primera instancia, impidiéndole atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones y por el Tribunal de Juicio, ya que la procedencia de este recurso es extraordinario y sólo dimana contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, tal como lo establece el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal (…)” (Sentencia N° 83, del 3 de marzo de 2011).

Asimismo, la recurrente denunció la falta de aplicación del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para el momento de la interposición del presente recurso de casación (hoy artículo 346), toda vez que considera que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones carece de la debida fundamentación. Es importante señalar que la denunciante no explicó a esta Sala en qué consistió, según su criterio, esa carencia de lógica en la sentencia recurrida, limitándose simplemente a exponer que “(…) no hubo el resumen, análisis y comprobación de todos y cada uno de los aspectos que fueron denunciados con la interposición del Recurso de Apelación (…)”, lo que constituye una falta de técnica recursiva, que no puede ser suplida por esta Sala.

De igual forma, la accionante en casación señaló la violación, por falta de aplicación, del artículo 441 (hoy artículo 432) del Código Orgánico Procesal Penal. Al respecto se observa que, en primer término dicha disposición adjetiva está referida a la competencia asignada (de manera general) a los órganos jurisdiccionales para conocer de los recursos, y en segundo lugar, la recurrente no señaló de manera alguna, cómo fue presuntamente quebrantada dicha norma en el caso que nos ocupa, no pudiendo desprenderse de su fundamentación, en qué términos plantea la impugnación de la decisión recurrida, ni los motivos que la hacen procedente, a lo cual estaba obligada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sobre la referida norma legal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido de manera reiterada que, en ella se determinan los límites para conocer de los recursos. Así, en sentencia Nro. 427, del 12 de abril de 2012, la referida Sala, decidió:

“(…) al juez de alzada sólo le está dado decidir sobre lo impugnado por la parte recurrente, y resolver conforme al principio tantum appelatum quantum devolutum, que regula el límite de la apelación, e implica que el alcance del conocimiento de la causa, queda circunscrito a la materia denunciada por la parte recurrente, toda vez que el efecto devolutivo de la apelación no se produce sino en la medida de ésta, a menos que en el proceso de ese conocimiento se advirtieran vicios de orden público o que violenten derechos y garantías constitucionales (…)”.

A pesar de ello, la recurrente no se refiere a ninguno de los aspectos antes señalados, no pudiendo la Sala de Casación Penal, deducir de qué manera considera infringida la citada disposición legal.

Cabe agregar que, el artículo 454 del referido código adjetivo, dispone que el recurso de casación deberá presentarse mediante escrito fundado, en el cual se indicarán los preceptos legales que se consideren violados, expresando el modo en el cual se impugna la decisión y cuál es el motivo que lo hace procedente. También dispone que si son varios los motivos, se habrán de fundar por separado, es decir, que el recurrente debe especificar de qué modo la sentencia de la Corte de Apelaciones incurrió directamente en alguno o varios de los motivos previstos en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, y expresar por separado cada uno de ellos; aspectos que fueron totalmente omitidos en la interposición del recurso de casación, ya que la recurrente no indicó de qué manera fueron violentados los artículos denunciados en la sentencia impugnada, limitándose a señalar simplemente que hubo falta de aplicación, sin especificar en qué consistió dicho vicio, así como, cuál fue la relevancia de su denuncia y su influencia en el dispositivo del fallo, no bastando, para una correcta fundamentación de su denuncia, afirmar que la Corte de Apelaciones incurrió en el mismo vicio que Primera Instancia.

Se evidencia de la denuncia presentada por la recurrente que, en definitiva lo que ataca es la decisión del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio, pues manifiesta su inconformidad respecto a la sentencia condenatoria impuesta a sus defendidos y lo que para ella fue una decisión compuesta de contradicciones y dudas, sobre los hechos y las pruebas debatidas en el juicio oral y público, sin exponer de manera motivada los vicios que presuntamente fueron cometidos por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, que es el objeto del recurso de casación, conforme a lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

En último término se observa que, la recurrente también citó el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, sin aclarar si estaba denunciando su infracción. A pesar de ello, esta Sala, sobre dicho particular observa que:

“(…) el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, contiene un principio rector del proceso penal; el cual no puede ser denunciado en forma aislada, en razón de que esta norma sólo contiene formulaciones abstractas y generales que la ley señala para el recto cumplimiento de su función decisoria (…)” (Sentencia Nro.196, del 13 de junio de 2012).

En consecuencia, la Sala de Casación Penal conforme a lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada Gloria Virginia Hernández, Defensora Privada de los ciudadanos acusados RONNIER ALBERTO MENDOZA ZAMBRANO y VALERY JOSÉ ZAMBRANO MARTÍNEZ. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada Gloria Virginia Hernández, Defensora Privada de los ciudadanos acusados RONNIER ALBERTO MENDOZA ZAMBRANO y VALERY JOSÉ ZAMBRANO MARTÍNEZ.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2013. Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente

 

El Magistrado Vicepresidente

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

Los Magistrados

 

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

VOTO SALVADO

 

Yo, Úrsula María Mujica Colmenarez,  Cuarta Magistrada Suplente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión, con fundamento en lo siguiente:

 

La mayoría de la Sala DESESTIMÓ POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el Recurso de Casación, presentado por la defensa de los ciudadanos RONNIER ALBERTO MENDOZA ZAMBRANO y VALERY JOSÉ ZAMBRANO MARTÍNEZ, considerando que:

“Se evidencia de la denuncia presentada por la recurrente que, en definitiva lo que ataca es la decisión del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio, pues manifiesta su inconformidad respecto a la sentencia condenatoria impuesta a sus defendidos y lo que para ella fue una decisión compuesta de contradicciones y dudas sobre los hechos y las pruebas debatidas en el juicio oral y público, sin exponer de manera motivada los vicios que presuntamente fueron cometidos por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro…” (Subrayado de la disidente).

 

Del escrito contentivo del Recurso de Casación presentado por la Defensa, se desprende lo siguiente:

 

“Así pues, tenemos que la recurrida, aun cuando no le es permitido pronunciarse sobre cómo el Juez de Primera Instancia en Función de Juicio, con base a las máximas de experiencia, sana crítica, reglas de la lógica y conocimientos científicos por haber sido éste el que presenció el Acto del Juico Oral y Público, no es menos cierto  el hecho que sí le correspondía conocer la correcta aplicación de la Ley por parte del a-quo…” (Subrayado de la disidente).

 

Luego, para fundamentar tal alegato señaló lo siguiente:

 

“Debe existir una coherencia entre lo ocurrido, lo denunciado y lo comprobado para así contextualizarlo como conducta antijurídica, lo que ocurre en el presente caso, puesto que durante el Acto del Juicio Oral y Público se comprobó que el Juez condenó a mis defendidos tomando como único elemento el dicho del funcionario aprehensor… y entonces, la recurrida convalidó una historia ficticia y/o utópica emergida de la mente del Juez de Primera Instancia.

(Omissis)

…El funcionario aprehensor es un testigo referencial porque nada vio y tuvo conocimiento de los supuestos hechos porque así lo describieron las supuestas víctimas…

Amén de lo anterior, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro es inmotivada, por cuanto en la misma no hubo el resumen análisis y comprobación de todos y cada uno de los aspectos que fueron denunciados con la interposición del Recurso de Apelación ejercido por la Defensa Privada, que indicaban transparentemente que el Tribunal de Juicio no motivó el presunto análisis realizado, además de no realizar la apreciación global de las mismas…”(Subrayado de la disidente).

 

Disiento de la fundamentación dada por la Sala, por dos razones; en primer lugar, aseveró que el impugnante en la denuncia del Recurso de Casación, atacó la sentencia dictada por el “a quo” y no el fallo dictado por la Corte de Apelaciones, lo que a mi criterio es errado, pues de la lectura del contenido del precitado recurso, se observa claramente que es dirigido contra la sentencia de la alzada, tan es así que señaló, que si bien es cierto no es dable a la recurrida pronunciarse sobre el cómo el Juez de Juicio aplicó el método de la sana Crítica,  no es menos cierto que “sí le correspondía conocer la correcta aplicación de la Ley por parte del a-quo…”.

 

                En segundo lugar, considero que la recurrente, sí expuso de manera motivada los vicios que fueron cometidos por la Corte de Apelaciones, pues señaló que incurrió en el vicio de falta de motivación, al no revisar sobre la correcta aplicación la ley por parte del “a quo”, asimismo expresó que su defendido fue condenado “…tomando como único elemento el dicho del funcionario aprehensor…”.

 

Cabe destacar, en cuanto al último punto cuestionado por la recurrente, específicamente, que su defendido fue condenado con el sólo dicho del funcionario aprehensor, que al respecto esta Sala ha establecido claramente, en jurisprudencia reiterada, que “…el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad…”. Criterio este que ha sido sustentado, entre otras, en las sentencias No. 3 de fecha 19 de enero de 2000, No. 225 de fecha 23 de junio de 2004, No. 345 de fecha 28 de septiembre de 2004 y No. 167 de fecha 21 de mayo de 2012), siendo menester revisar lo denunciado.

 

Por las razones antes expuestas considero, que la Sala ha debido ADMITIR el presente Recurso de Casación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal vigente y convocar a la correspondiente audiencia oral, de conformidad con lo previsto en el artículo 458 eiusdem.

Queda en estos términos salvado mi voto en la presente decisión. Fecha ut supra.

La Magistrada Presidenta,

 

Deyanira Nieves Bastidas

 

El Magistrado Vicepresidente,        El Magistrado,

 

Héctor Manuel Coronado Flores       Paúl José Aponte Rueda

 

La Magistrada                                        La Magistrada Disidente,

 

Yanina Beatriz Karabín de Díaz         Úrsula María Mujica Colmenarez

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

 

 

Exp. Nro. RC12-0413