Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

El 25 de julio de 2016, el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en materia de Delitos Contra la Mujer, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia mediante la cual CONDENÓ al ciudadano ANTONIO RAFAEL CALVO MATOS, titular de la cédula de identidad N° 14.275.209, a cumplir la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN ORAL, previsto y sancionado en el artículo 260, en relación con el artículo 259, primer aparte, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concurso real con el delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de una adolescente de diecisiete (17) años de edad para el momento de los hechos (identidad omitida de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la Ley especial de protección).

 

El mencionado Juzgado de Juicio estableció como hechos los siguientes:

 

“... Así, tenemos que el hecho objeto del enjuiciamiento del acusado quedó comprobado en el contradictorio, tal como quedaron fijados en el auto de apertura a juicio, sobre los hechos objeto del presente juicio, representado por las circunstancias de tiempo, modo y lugar los cuales quedaron debidamente comprobados con la totalidad de los medios de prueba de forma concatenada que se señalan a continuación como los suscitados en fecha 17-06-2015 con la denuncia de la adolescente quien expuso que en fecha 17-06-2015 a las 02:00 p.m. aproximadamente estando en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda cuando se encontraba con su novio de nombre y se le acercó el acusado de autos CALVO ANTONIO MATOS, manifestándole que en virtud de que se encontraban realizando actos obscenos, debían acompañarlo, siendo que en el camino le refirió al ciudadano que debían darle 25 mil bolívares para no llevárselos presos, refiriéndole a la víctima y al ciudadano Brandon que de caso contario los reportaría con la femenina y con los otros oficiales para llevárselos detenidos, a lo que el ciudadano Brandon le contesto que solo tenía disponible la cantidad de mil bolívares (Bs 1.000,oo), señalándole el acusado CALVO ANTONIO MATOS, que debía buscarlo y dejar a su novia con él, para asegurarle que vendría, por lo que mientras el ciudadano … (novio de la víctima) emprende la búsqueda del dinero, el acusado empieza a caminar junto a la víctima, señalándole que era bonita empezándola a tocar, a lo que la víctima se rehúsa y el acusado le refiere que para salir de ese problema debía realizarle el sexo oral, a lo que la conduce hacia un cuarto cerca de unas matas de bambú y la obliga arrodillarse sacando su pene, coaccionándola a metérselo en su boca, hasta masturbarlo, a lo que la víctima lloraba de forma permanente, hasta que el acusado lograra eyacular agrediéndola físicamente cuando este le jalaba el cabello, requiriéndole luego de tal acto sexual el poco dinero que poseía la víctima, siéndole entregado la cantidad de doscientos bolívares Bs. 200. A lo que luego de tal acto sexual es que acude a formular la denuncia, haciendo un retrato hablado del acusado y refiriéndole todo lo ocurrido al ciudadano Brandon y a su hermana … narrando el ciudadano … que cuando se dirigía a entregar el dinero es llamado por su padre, quien le refiere que su novia había sido abusada sexualmente de un ciudadano de Inparques y por lo tanto no entregara la cantidad solicitada. Siendo contundente la víctima tanto en la denuncia inicial, como en la declaración bajo la modalidad de prueba anticipada, que reconocería a tal sujeto, por cuanto era una cara que nunca olvidaría, siendo categórica en referir que tenía ganas de llorar y no aguantaba lo que había sucedido, es allí que interpone la denuncia y es posteriormente a los días que se dirige al Parque con su hermana … a realizar actividades deportivas y es visto el ciudadano CALVO MATOS, a lo que proceden a llamar inmediatamente al funcionario investigador Leiva Javier junto con el investigador Oswaldo Sojo, quienes aprehenden al ciudadano y es reconocido plenamente por la víctima y luego conduce la víctima al ciudadano Leiva Javier, al sitio del suceso, procediendo este a ser uno de los funcionarios que practicaron la aprehensión y el funcionario que practicó la inspección técnica número 0709 y la fijación fotográfica del lugar del suceso, tal como lo expresó verbalmente el funcionario investigador a lo que se le añade la lectura integra de la inspección conforme al artículo 322 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, dando las características precisas del sitio del suceso ubicado en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, de naturaleza abierto, con gran aglomeración de estacas de origen natural conocida comúnmente como bambú, acreditación especifica que valora esta juzgadora que deviene como consecuencia directa del señalamiento preciso de la víctima a lo que se le suma el reconocimiento en rueda de individuos del ciudadano Antonio Rafael Calvo Matos, leído íntegramente conforme al artículo 322 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, como la persona que abusó sexualmente de su persona y les solicitó cantidades de dinero, tal como quedó plasmado en el acto de reconocimiento en rueda de individuos realizado por el Juzgado Primero de Control, Audiencias y Medidas, valorándola plenamente mediante la incorporación por su lectura del acta de reconocimiento en rueda de individuos conforme al artículo 322 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado a la validez, congruencia y certeza del testimonio de la víctima explicado por las profesionales Yenobis Mundaray y Nacy (sic) Yanet González, psicóloga y trabajadora social, respectivamente pruebas que demostró mediante la explicación del peritaje psicológico el peritaje social que ciertamente la víctima mediante una entrevista clínica y baterías aplicadas fue objeto de abuso sexual, teniendo su discurso validez y consistencia con respecto a la situación de violencia sufrida que generó un diagnóstico de REACCIÓN DE ESTRESS POSTRAUMÁTICO, que se verifica como un trastorno de gravedad importante que aparece como respuesta a una experiencia traumática devastadora, presentando una serie de indicadores emocionales consistentes y visibles en las víctimas de delitos de carácter sexual, siendo estas experticias, tanto la experticia social de fecha 10 de julio de 2015, como la experticia psicológica de fecha 20 de julio de 2015, de certeza por cuanto permitió establecer la veracidad del verbatum de la adolescente en lo concerniente al abuso sexual sufrido, y la repercusión que trajo en su esfera emocional, a lo que adicionalmente quedó comprobado el delito de Extorsión, por cuanto quedó comprobado que el ciudadano acusado mediante el engaño y la amenaza de graves daños a su persona, causó un perjuicio en el patrimonio de la víctima al darle los doscientos bolívares que únicamente poseía, a lo que se le sumó que un tercero (novio de la víctima), ciudadano Brandon Barandica, se retirara del lugar en búsqueda de la cantidad de mil bolívares, disminuyendo su patrimonio, quedando así, plenamente comprobados los hechos fijados en el auto de apertura a juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 110 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, siendo que los hechos arriba delimitados constituyeron la comisión de los delitos de Abuso sexual con penetración oral y el tipo penal de extorsión. …”. (Negrillas de la cita, corchetes de la Sala).

 

El 28 de julio de 2016, la abogada Jéssica María Volweider Romero, en su condición de Defensora Pública Octava (8°), con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, interpuso Recurso de Apelación contra la referida decisión. (Folio 281, pieza N°2). Dicho recurso fue contestado el 2 de agosto de 2016, por la abogada María Carolina Cedeño Gabante, en su condición de Fiscal provisoria adscrita a la Fiscalía Centésima Novena (109°) del Ministerio Público de la mencionada circunscripción judicial. (Folio 298, pieza N° 2).

 

El 23 de agosto de 2016, la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ADMITIÓ el recurso de apelación interpuesto por la defensa, siendo celebrada la correspondiente audiencia en fecha 22 de septiembre de 2016 (Folios 2 y 25, pieza N° 3).

 

El 10 de octubre de 2016, el Tribunal de Alzada mencionado dictó decisión mediante la cual declaró SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la defensa pública. (Folio 45, pieza 3).

 

El 11 de noviembre de 2016, la abogada Yulisneida Ramírez, Defensora Pública Auxiliar Octava (8°), con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, interpuso Recurso de Casación. (Folios 63 al 78, pieza N° 3).

 

El 21 de noviembre de 2016, la representación del Ministerio Público, a cargo de la abogada María Carolina Cedeño Gabante, Fiscal Provisoria adscrita a la Fiscalía Centésima Novena (109°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentó escrito contentivo de la contestación al Recurso de Casación interpuesto por la defensa. (Folio 180, pieza N°3).

 

Remitidas las actuaciones por el Tribunal de Alzada al Tribunal Supremo de Justicia, se le dio entrada a esta Sala el 13 de enero de 2017, y el 16 el mismo mes y año, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se le asignó la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y, en tal sentido, observa:

 

A primo tempore, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V “De la Organización del Poder Público Nacional”, Capítulo III “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, Sección Segunda “Del Tribunal Supremo de Justicia”, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:

 

Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

8. Conocer del recurso de casación…”.

 

Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referido a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título II “De las Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia”, Capítulo I “De las competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia”, artículo 29, numeral 2, establece:

 

Competencias de la Sala Penal.

Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal…”.

 

De acuerdo con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala declara su competencia para conocer del presente asunto.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El Recurso de Casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exigen para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento.

 

De tal forma, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título I “Disposiciones Generales”, del Código Orgánico Procesal Penal, consagra en sus artículos 423 y 424, el marco general normativo que efectivamente regula la interposición de todo recurso.

 

En este propósito, el artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.

 

Por su parte, el artículo 424, eiusdem, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo.

 

Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título IV “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del aludido Texto Adjetivo Penal, instituye en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que ha de seguirse para su interposición, de la siguiente forma:

 

Artículo 451. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

Artículo 452. El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.

Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.”.

Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”.

 

En este contexto, se concluye que el recurso de casación solo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, con verificación de cada una de las exigencias previamente señaladas.

 

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

 

Visto lo anterior, la Sala pasa a verificar los requisitos de admisibilidad del presente recurso, los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos conllevaría a declarar inadmisible el recurso interpuesto.

 

En cuanto a la legitimidad, se observa que el 2 de noviembre de 2015, el acusado RAFAEL ANTONIO CALVO MATOS solicitó la designación de Defensor Público por carecer de recursos económicos, revocando a sus anteriores defensores privados; asimismo, al folio 91 de la Pieza 2 del expediente, cursa el acta en la que consta la designación, aceptación y juramentación de la abogada Jéssica Volweider, Defensora Pública Provisoria Octava (8°), con competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, para ejercer la defensa ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en materia de Delitos contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando conjuntamente con la abogada Yulisneida Ramírez (defensor auxiliar), lo cual se evidencia al folio 101 de la pieza 2 del expediente, por lo que esta última posee cualidad para recurrir en casación, conforme con lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, y en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.

 

Con respecto a la tempestividad del recurso, consta al folio 195 de la Pieza 3 del expediente, el cómputo suscrito por la abogada Andrea M. Acosta R., Secretaria de la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual dejó constancia de los días de despacho que transcurrieron en ese órgano judicial, desde el día 18 de octubre de 2016, exclusive, fecha en que se dio por notificada la defensa y el acusado, hasta el día 11 de noviembre de 2016 inclusive,  fecha en que se interpuso el recurso de casación, indicando lo siguiente:

 

“… Quien suscribe Andrea M, Acosta R, Secretaria adscrita a la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, hace constar: En fecha martes 18 de octubre de 2016, fecha en la cual fue impuesto el imputado de auto y notificada la defensa, de la decisión dictada el día 10 de octubre de 2016, por esta Alzada, hasta el día viernes 11 de noviembre de 2016, fecha de la interposición del recurso de casación, transcurrieron íntegramente 15 días hábiles a saber: miércoles 19 de octubre, viernes 21 de octubre, lunes 24 de octubre, martes 25 de octubre, miércoles 26 de octubre, jueves 27 de octubre, viernes 28 de octubre, lunes 31 de octubre, martes 01 de noviembre, miércoles 02 de noviembre, lunes 07 de noviembre, martes 08 de noviembre, miércoles 09 de noviembre, jueves 10 de noviembre y viernes 11 de noviembre de 2016, y vencido los 15 días para interponer dicho recurso, vale decir, el día viernes 11 de noviembre de 2016, se dejaron transcurrir íntegramente 8 días hábiles para la contestación, a saber: lunes 14 de noviembre, martes 15 de noviembre, miércoles 16 de noviembre, viernes 18 de noviembre, lunes 21 de noviembre, martes 22 de noviembre, miércoles 23 de noviembre y jueves 24 de noviembre de 2016. Se deja constancia que la representación fiscal dio contestación al recurso en cuestión en fecha 21 de noviembre de 2016. ...”. (Subrayado de la Sala).

 

De allí que, el lapso de quince días para interponer el Recurso de Casación comenzó a transcurrir a partir del 19 de octubre de 2016, inclusive, finalizando el 11 de noviembre de 2016, inclusive, siendo en esta última fecha interpuesto el presente recurso, por lo tanto fue presentado dentro del lapso legal previsto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En atención a la recurribilidad de la decisión impugnada, la Sala verifica que se ejerció Recurso de Casación contra la decisión dictada el 10 de octubre de 2016, por la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de la defensa y confirmó la sentencia dictada, el 25 de julio de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio, con Competencia en Materia de Delitos Contra la Mujer, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual CONDENÓ al ciudadano ANTONIO RAFAEL CALVO MATOS, titular de la cédula de identidad N° 14.275.209, a cumplir la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN ORAL, previsto y sancionado en el artículo 260, en relación con el artículo 259, primer aparte, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concurso real con el delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de una adolescente.

 

De lo anteriormente señalado, se observa que el presente recurso fue interpuesto contra una sentencia dictada por una Corte de Apelaciones; que el Ministerio Público o el acusador particular o privado, solicitaron la aplicación de pena privativa de libertad que en su límite máximo excede de cuatro años; y que la decisión impugnada no ordenó la realización de un nuevo juicio, por el contrario pone fin al mismo e impide su continuación, por lo que la decisión es recurrible en casación de acuerdo con el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

 

Una vez comprobados los requisitos de admisibilidad del presente Recurso de Casación, la Sala pasa a revisar la fundamentación del mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 457 y 458, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. En ese contexto, se observa que la abogada recurrente estructuró su recurso en una denuncia y un petitorio, del tenor siguiente:

 

“… RECURSO DE CASACIÓN DENUNCIA

Con apoyo en los artículos 157 y 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la violación de la ley, por la infracción de los artículos 157 y 346, numeral cuarto eiusdem, por considerar que la decisión dictada por la Corte de Apelaciones el 10 de octubre de 2016 es inmotivada, ya que no se estableció de manera precisa, cónsona y articulada cuales fueron los argumentos estimados para declarar que la sentencia del Tribunal de Juicio dictada el 20 de julio de 2016, publicada en texto íntegro el 25 de julio de 2016, la cual fue objetada por la defensa y cuyas objeciones no fueron tomadas en cuenta ni analizadas por el tribunal Ad quem, el cual sólo se limitó a realizar una multiplicidad de transcripciones propias de la sentencia del A quo, y no estableció de manera exacta y puntual cuales fueron los motivos por los cuales consideró que la sentencia del A quo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 346 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, y en qué forma cumplió con el debido proceso y con el deber de motivar su fallo, lo cual quebrantó irreversiblemente los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atinente al error judicial, violándose en consecuencia el debido proceso penal…”

 

 

Cita textualmente el contenido de su recurso de apelación y alega lo siguiente:

 

“… La referida denuncia, que constituyó el motivo de apelación del fallo por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 20 de julio de 2016, ... fue resuelto por la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, en los términos que se transcribirán sucesivamente, a fin de evidenciar el vicio delatado en el presunto (sic) fundamento, en su “CAPÍTULO IV CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR”, donde los juzgadores superiores señalaron lo que de seguida se extrae:.”

 

Continúa la defensa con la transcripción de la sentencia recurrida y aduce:

 

“De acuerdo a las transcripciones arriba citadas, puede esta Defensa considerar que la Corte de Apelaciones, transcribe uno a uno los párrafos de la sentencia del A quo, y al finalizar indica de manera muy simple que si está revestida de motivación, incurriendo en un error, ya que si bien es sabido no tiene la facultad de entrar a conocer los hechos y realizar un examen valorativo de pruebas, si está en el deber de verificar y analizar con argumentos propios el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 346 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, y no solo eso, está en el deber de analizar y articular los requisitos propios atinente a las garantías constitucionales, tales como el Derecho a la Defensa, Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva, situación que no se desprendió de su pronunciamiento.

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, la Corte de Apelación se encuentra en la obligación de pronunciarse motivadamente en relación con las denuncias formuladas por la recurrente y así las cosas se hace importante traer a colación lo que ha sentado esa Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia respecto al vicio de inmotivación lo ha tratado en muchas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en Sala Penal, como en Sala Constitucional, siendo considerado un vicio de orden público y que la consecuencia que arropa es la violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva de rango constitucional, como lo estableció en sentencia Número 443 del 11 de agosto de 2009, la Sala Constitucional, siendo su carácter vinculante para todos los jueces del país donde se estableció entre otras cosas, que aun cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, por tocar el orden público, y así lo recogió en la sentencia Número 891 del 13 de mayo de 2004, emanada de la Sala Constitucional.

 

En cuanto al deber de motivación de las sentencias, como una exigencia implícita dentro de las previsiones del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo tiene establecido con criterio de carácter vinculante como ya lo hemos dicho y esta Sala de Casación Penal en Sentencia Número 443 del 11 de agosto de 2009, sentó:

 

(...) Este principio en torno al deber de motivar las decisiones, no sólo ha sido ordenado por el Legislador sino que es doctrina vinculante, tanto de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como de la Sala Penal: ‘...Es criterio vinculante de esta Sala que, aun cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, requerimiento éste que atañe al orden público...’ (Sentencia № 891 del 13 de mayo de 2004. Ponente: Magistrado Doctor Pedro Rafael Rondón Haaz).

‘...Ahora bien, esta Sala ha sostenido que el texto fundamental de la República, prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia, dentro de las cuales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 constitucional. Dicha garantía, se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho y su contenido se forma con base en dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes..’. Sentencia 1963 del 16 de octubre de 2001, caso: Luisa Elena Belisario Osorio. Ponencia del Magistrado José Delgado Ocando).

En este orden de ideas, el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal manda que las decisiones de los tribunales deban emitirse mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación’ (...).

 

Aplicando lo establecido en la sentencia antes citada, es necesario indicar que toda sentencia como acto jurisdiccional que pone fin al proceso, requiere: 1) Que sea motivada y 2) Que sea congruente; lo que supone que todos los argumentos expuestos por las partes, deben ser fundadamente resueltos, en atención al derecho a ser oído y resueltos motivadamente, en garantía o resguardo del derecho de defensa y al debido proceso, por consiguiente el incumplimiento de cualesquiera de estos dos requisitos seria violatorio del derecho a la defensa y es por lo que esta defensa indica que la Corte de Apelaciones incurrió en inmotivación de su sentencia, dado a que omitió las circunstancias denunciadas por la defensa en su apelación y no expresó de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adoptó el fallo, incurriendo en infracciones a los artículos 26 y 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 157, 346, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal

 

En tal sentido la Sala de Casación Penal, siguiendo el mismo criterio, en decisión N° 38 del 15 de febrero de 2011, estableció:

 

(...) Como es sabido, la motivación de las resoluciones judiciales cumple una doble función. Por una parte, permite conocer los argumentos que justifican el fallo y, por otra, facilita el control de la correcta aplicación del derecho. De ahí que, la finalidad o la esencia de la motivación no se reduce a una mera o simple declaración de conocimiento sino que ha de ser la conclusión de una argumentación que ajustada al tema decidendum, permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al dispositivo del fallo, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario..)’.

 

Asimismo indicó en decisión №. 127, de fecha 5 de abril de 2011, lo siguiente:

(...) la motivación de las decisiones judiciales, en especial de las sentencias, debe ser además de expresa, clara, legítima y lógica; completa, en el sentido que debe comprender todas las cuestiones de la causa, abrazar las situaciones de hecho y de derecho, valorando completa y exhaustivamente los argumentos de impugnación, para así llegar a una conclusión, que ofrezca certeza y seguridad jurídica a las partes, sobre cuáles han sido los motivos de orden táctico y legal que en su respectivo momento, determinaron a la Alzada, para conformar o eventualmente anular la decisión del Tribunal de Instancia…”.

 

Prosigue citando sentencias de esta Sala relativas a la motivación y afirma lo siguiente:

 

“… En este mismo orden de ideas, nos encontramos con el hecho de que NO SE EXPLICA porque el ciudadano Antonio Rafael Calvo Matos, es considerado autor de los delitos de Abuso Sexual a Adolescente Con Penetración Oral, previsto y sancionado en el artículo 260 en relación con el Artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente; y Extorsión, tipificado en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, si no se explicó en qué consistió su autoría, y jamás se motivó su grado de participación, se observa que la misma pareciese totalmente caprichosa, pues no se evidencia en parte alguna que en el fallo de la Primera Instancia se haya realizado la decantación de la pruebas y la motivación de la sentencia.

Y sobre estos particulares la Corte de Apelaciones sólo expresa:

‘(...) Finalmente, esta Alzada verifica que la juez de juicio, realizó la valoración de manera lógica y congruente, la versión de la víctima, testigo y demás pruebas que fueron controvertidas en el debate, por lo que motivó su fallo de manera razonada, discriminó el contenido de cada prueba que se trajo a colación al contradictorio, cotejó cada una de ellas e hizo un análisis comparativo de las mismos, respecto a las circunstancias expuestas por la víctima, que llevó al convencimiento pleno de la responsabilidad del ciudadano Antonio Calvo Matos, como autor responsable, verificando que existe ciertamente por parte del tribunal de instancia motivación en el fallo, luego de haber resumido, analizado, comparado y valorado el acervo probatorio, que puso en manifiesto en el juicio oral y privado, lo que le permitió a la jueza reconstruir las circunstancias del hecho y determinar la conducta típica del hoy sentenciado del hecho y determinar la conducta en los tipos del hoy sentenciado, subsumiendo así su conducta en los tipos penales por el cual fue acusado y sancionado, estimando esta Corte de Apelaciones que el Tribunal de Juicio cumplió con los requisitos legales para emitir sentencia condenatoria; por lo cual, considera que lo procedente y ajustado en Derecho es desecharla denuncia de la recurrente. Y Así se decide. (...)’

 

Sobre la motivación en cuanto a los argumentos de las partes cuando estos sean relevantes para las resultas del proceso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1120 de fecha 10 de julio 2008, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, sostuvo lo siguiente:

 

'(...) uno de los requisitos que debe cumplir la motivación de toda decisión judicial, es la RACIONALIDAD, la cual implica que la sentencia debe exteriorizar un proceso de justificación de la decisión adoptada que posibilite el control externo de sus fundamentos, y además, que para tal justificación se utilicen argumentos racionales, es decir, argumentos válidos y legítimos, ya que deben articularse con base en los principios y normas del ordenamiento jurídico vigente, y en los conocimientos desarrollados por la comunidad científica (...) Así, en el proceso de justificación, el órgano jurisdiccional está en la obligación de tomar en consideración los alegatos esgrimidos por las partes que componen la relación jurídico-procesal, así como también debe examinar y valorar el respaldo probatorio aportado por aquéllas para sustentar sus alegaciones, ello para ámbar al convencimiento de la veracidad o no de tales alegatos (...) debe esta Sala reiterar que toda decisión judicial debe atenerse a lo alegado y probado en autos, por cuanto es de la motivación que se desprende de un determinado fallo, que se puede verificar si se apreciaron o no los argumentos de hecho y de derecho alegados por las partes, va que si bien es cierto que la procedencia de una pretensión no requiere el análisis exhaustivo de cada alegato, debe destacarse que si éstos son relevantes para las resultas del proceso, debe procederse a su apreciación, en aras de la congruencia de la decisión de que se trate (sentencia n° 1.516/2006, del 8 de agosto, de esta Sala Constitucional) (...) los fallos judiciales resuelvan todos los puntos formulados en la causa, siempre y cuando los mismos resulten necesarios e indispensables para las resultas del proceso (...)’

 

En síntesis, considera esta representación de la Defensa Pública que la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, no verificó la certidumbre de la denuncia expresada por la defensa en el escrito de apelación, por no haber examinado el fallo recurrido en los puntos específicos sobre los cuales se refirió la violación al debido proceso, y sólo se limita a hacer transcripciones del texto de la sentencia del A quo, así como citas de jurisprudencias dictadas por la Sala de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia referidas a la motivación y a la obligatoriedad de ella en todos los fallos que son pronunciados por los distintos órganos jurisdiccionales; pero cuando se refiere al fallo recurrido, al momento de examinar si el mismo se encontraba motivado o no solo se limita a transcribir una y otra vez el mismo, para finalmente concluir que si está motivado, pero sin proceder a su lectura y análisis, y si fuese el caso a desmentir de manera precisa y concreta lo denunciado por la defensa.

De modo pues, que a nuestro criterio consideramos que ese máximo Tribunal de Justicia en su Sala de Casación Penal, no debe, bajo ningún concepto, convalidar y legitimar el contenido del fallo recurrido en este punto que estoy impugnando, más por el contrario se debe establecer un criterio vinculante en el sentido que la Corte de Apelaciones, cuando conozca en apelación de cualquier caso, tanto en la Fase Intermedia como en la de Juicio, deben necesariamente indicar de manera precisa y focalizada, donde se encuentra en el fallo recurrido el argumento que desmiente lo esbozado por la defensa, pues en caso contrario persistiría el motivo de la denuncia, señalando una vez más que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones una y otra vez señala que la decisión del A quo si está motivada, pero sin indicar de manera precisa donde, cómo y cuando.

 

De allí entonces, que con la denuncia de violación del artículo 346 numeral cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual quebrantó irreversiblemente el artículo 49, numeral 8 de la Constitución Nacional, por considerar que el Tribunal A quo, no dio por desmentida las denuncias elevadas en recurso de apelación ante ella, de manera precisa y cónsona, sino de manera general y vaga, y por ende no realizó la exposición concisa de los fundamentos en los cuales apoyó su decisión, siendo su fallo inmotivado, pretendemos que los honorables magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, declare en primer término ADMISIBLE la presente denuncia de fondo, y en segundo lugar declaren PROCEDENTE la misma en derecho, por inmotivada, y ANULE la sentencia hoy impugnada a través de este Recurso Extraordinario de Casación.

 

La violación del artículo 346 numeral cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual quebrantó irreversiblemente los artículos 26 [y] 49, numerales 1 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como antes se explicó ampliamente en el texto de la presente denuncia de fondo, tiene cabida legal en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

CAPITULO V PETITORIO

 

Por todas las consideraciones de derecho antes planteadas solicito a la honorable Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, sea admitido el presente Recurso de Casación interpuesto contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, en fecha diez (10) de octubre de 2016, y como consecuencia de ello sea declarado con lugar el recurso de casación, conllevando a declarar la nulidad de la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y ordene la realización de un nuevo juicio, todo ello de conformidad con el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. ...”.

 

La Sala para decidir observa:

 

La Defensa Pública planteó como única denuncia la falta de motivación de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, refiriendo “la violación de la ley, por la infracción del artículo (sic) 157 y 346, numeral cuarto eiusdem, por considerar que la decisión dictada por la Corte de Apelaciones ... es inmotivada, ya que no estableció de manera precisa, cónsona y articulada cuales fueron los argumentos estimados para declarar que la sentencia del Tribunal de Juicio ... cumple los requisitos establecidos en el artículo 346 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, y en qué forma cumplió con el debido proceso y con el deber de motivar el fallo...”.

 

A la luz de lo planteado, advierte la Sala que el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, con respecto a la fundamentación de las denuncias, establece lo siguiente:

 

Artículo 454... Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.” (Resaltado de la Sala).

 

Constatando la Sala que, a lo largo de todo el escrito recursivo, la Defensa Pública no mencionó por cuál de los motivos debería proceder su denuncia, esto es, si es por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación, lo cual es necesario a los fines de delimitar el alcance de la denuncia y el contenido de la resolución que deba dictar la Sala.

 

Por otra parte, observa la Sala, que la defensa comienza transcribiendo el contenido del recurso de apelación propuesto ante la Corte de Apelaciones, aduciendo que ello sirve para verificar las denuncias formuladas que no obtuvieron respuesta por parte de la Alzada, no obstante, se limita a transcribir y a afirmar que la Corte de Apelaciones no dio respuesta a las denuncias, pero no explica a qué se refieren dichas denuncias, pretendiendo por una parte que la Sala las extraiga, lo que constituiría una subrogación de la Sala en el deber del recurrente de fundamentar su denuncia, y por otro lado, menciona que se trata de varias denuncias, haciendo más impreciso e indefinido su planteamiento.

 

Asimismo, examina la Sala que la recurrente pretende que sean resueltas las mismas denuncias del recurso de apelación, lo cual no es el objeto del recurso de casación, sino las relacionadas con la decisión del Tribunal de Alzada.

 

Igualmente, verifica la Sala que la recurrente defensora hace alusión a que el tribunal de juicio “NO SE EXPLICA porque (sic) el ciudadano Antonio Rafael Calvo Matos, es considerado autor de los delitos de Abuso Sexual a Adolescente Con Penetración Oral, ... y Extorsión, ...si no se explicó en qué consistió su autoría, y jamás se motivó su grado de participación”, aduciendo que la alzada consideró que si se encontraba motivada, lo que demuestra que la defensa no acepta la resolución de la Alzada demostrando solo su inconformidad con el fallo, lo cual no constituye un motivo para la admisión del recurso de casación.

 

Sobre la improcedencia de los motivos sustentados en la inconformidad o desacuerdo del recurrente con la resolución del Tribunal de Alzada, esta Sala reitera el criterio establecido en la sentencia N° 551, del 12 de diciembre de 2006, que determinó lo siguiente:

 

“… Los impugnantes lo que plantean en su denuncia es el descontento con la recurrida, que declaró sin lugar la apelación confirmando el fallo condenatorio dictado por el juzgado de Juicio y pretenden que esta Sala conozca a través del recurso de casación de los mismos vicios por ellos denunciados ante esa instancia judicial. ...”.

 

 

En conclusión, la denuncia no cumple con la debida fundamentación, al adolecer de fallas que impiden a la Sala establecer el marco a resolver. Por tanto lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación propuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por todo lo antes expuesto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la abogada Yulisneida Ramírez, Defensora Pública Auxiliar Octava (8°), con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer, del Área Metropolitana de Caracas, en la causa seguida contra el ciudadano ANTONIO RAFAEL CALVO MATOS, titular de la cédula de identidad N° 14.275.209, de conformidad con lo previsto en los artículos 454 y 457, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                       La Magistrada Ponente,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                                         ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

El Magistrado,                                                                                                            La Magistrada,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA                           YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

EJGM/

Exp. AA30-P-2017-000018.