MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

En fecha 7 de diciembre de 2016, el abogado Gustavo E. Contreras Ch., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 56.393, actuando en nombre y representación del ciudadano: YOSMAN ALFONSO PEÑA ALBORNOZ, quien según se indica en los autos, es titular de la Cédula de Identidad V-25.151.681; consignó ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO con relación a la causa penal signada con el alfanumérico LP01-P-2.015-008456; seguida contra su defendido, en el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Función de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, por el delito tipificado y sancionado como HURTO SIMPLE en el  artículo 451 del Código Penal.

 

El 8 de diciembre de 2016, se dio cuenta en Sala de la referida solicitud y el 12 del  mismo mes y año fue asignada la ponencia correspondiente a la Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

Como sustento de lo solicitado, en el escrito respectivo, quien se dirige a la Sala expresa textualmente, lo siguiente:

 

"... Capítulo I

 

DE LOS HECHOS A CONSIDERAR

 

1.- Mi representado se encuentra actualmente en libertad, en tanto y cuanto ciertamente se le otorgó una Medida Cautelar Menos Gravosa, ya que el delito por el cual se le juzga es un delito que no amerita pena privativa de libertad y, que adicional a ello, llegado el caso, mi representado puede perfectamente acogerse a una fórmula alternativa a la prosecución del proceso; como sería, si a ver vamos, un "Acuerdo Reparatorio" y gestionarse, como consecuencia de ello, la implementación de una "Suspensión Condicional del Proceso" que a todo evento le beneficiaría por diversas razones elementales desde la óptica procesal-penal.

2.- Ciertamente y de forma casual para el momento de realizarse una de las Audiencias Preliminares convocada para el CINCO ( 05 ) de Agosto del presente año en el Circuito Judicial Penal de la Entidad mencionada; se realizó una "Jornada de fumigación"; lo que significó que el Circuito en mención no abrió sus puertas tanto al público como para los Abogados, procesados, Fiscales, entre otras personas y lógicamente no se pudieron llevar a cabo las Audiencias o Actos previstos en esa fecha. En ese sentido, tal situación fue pública e inequívoca y por tanto la Audiencia Preliminar citada; no fue posible realizarla o materializarla. Máxime, aún así a mi cliente no lo habían citado como manda la Ley; ya que si revisamos el reverso de la Boleta nos percatamos que el Alguacil señala que tocó la puerta de la vivienda en varias ocasiones y no obtuvo respuesta alguna al respecto, vale decir; no pudo citar a mi representado ni de manera personal ni por intermedio de algún FAMILIAR, mas no de "amigos (as)" lógicamente.

3.- Por otro lado, el Fiscal Iván Suárez (Cuando este ciudadano fue Alguacil en el mismo Circuito en referencia, hubo algunas desavenencias por motivos de reclamos propios del Trabajo en el ejercicio de la profesión sobre aspectos de entradas a las Salas de los Tribunales o sobre preguntas a manera de información laboral o profesional o sencillamente nos caemos mal, asimismo, siendo ahora Fiscal --- Claro, tiene Poder Institucional y Ministerial --- (sic) emitió conceptos en la Audiencia de fecha VEINTIUNO (21) de Junio del presente año, en presencia de la Secretaria del Tribunal mencionado, la Juez, el Alguacil y la víctima; en el sentido "que conmigo no se puede hablar" por él haber alegado que la víctima había asistido a todas las audiencias — Cosa que era totalmente falsa, sólo que buscaba el convencimiento de la Jueza para que decidiera sobre la ORDEN DE APREHENSIÓN QUE ESTABA SOLICITANDO EN ESTA AUDIENCIA o fecha — y que estaba perdiendo el tiempo por la actitud mía y por culpa del procesado en marras, saliendo de la Sala con la víctima; a lo que le repliqué y le reclamé, una vez revisado el Expediente, que eso no era sí, que no dijera mentiras en cuanto a que la víctima era primera vez que asistía. La Jueza, por supuesto, llamó la atención en vista del incidente e hizo caso omiso a la solicitud de la Orden de Aprehensión solicitada; porque el Fiscal estaba sumamente interesado en que se ordenara dicha Orden como tal ese mismo día de forma muy insidiosa y persistente. El Fiscal, a propósito, refiere el Folio 70 y señala que él ---  Mi representado --- (sic)  fue debidamente citado. Cosa que no es cierta, ya que si leemos el reverso de la boleta de citación de fecha DIECISIETE (17) de Mayo de 2.017; nos damos cuenta que la boleta en cuestión se le entregó a un ciudadano de nombre Daniel González, quien resultó ser supuestamente el padrastro del enjuiciado, mas NO ES EL PROCESADO PROPIAMENTE DICHO, que sería en todo caso lo normal, lo justo y lo legal. Máxime, no se le toman otros datos como sería su número de Cédula, su número de teléfono, por ejemplo, o no se le pregunta que si el procesado todavía vive en esa residencia, o si hay la seguridad de que se entregue la misma, etc. Y si revisamos los reversos de las otras boletas nos cercioramos que las mismas fueron sucesivamente recibidas por terceras personas (Amigos (as) ) (sic) que no son el procesado en sí o no son sencillamente sus familiares. Vale decir; mi representado NO FUE CITADO LEGALMENTE HABLANDO si hacemos los estudios y las consideraciones pertinentes; por lo menos en cuanto a las Boletas se refiere. A más abundancia, el citado Fiscal en fecha OCHO (08) de Noviembre del presente año, vociferó que yo era un grosero --- Me lo dijo la mamá del imputado --- (sic) en presencia de la Secretaria del Tribunal, del Alguacil y de la madre de mi representado, quien se acercó al Tribunal a llevar una constancia médica de mi representado en compañía de otro Abogado que le asistía, a quienes a propósito se les mandó a salir de la Sala tanto de parte de la Secretaria como del Fiscal sin estar presente la Jueza a quien no se le informó tal incidente; lo que evidentemente nos induce a pensar que no hay imparcialidad alguna para ejercer las funciones como funcionarios públicos a excepción del Alguacil que fue muy prudente. De cierto modo, pareciera ser que estos funcionarios (Secretaria y Alguacil), al saber que yo llevo el caso; se han confabulado en una actitud deshonesta y premeditada, y principalmente el Fiscal en comento; al haber procedido de ese modo. Luego, en esta última fecha citada el Fiscal citado continúa con el mismo "Modus operandi" en señalar que mi cliente ha sido citado legalmente; lo que no es cierto, ya que si revisamos el Expediente nos cercioramos que NO HAY NINGUNA BOLETA AL RESPECTO, es decir; no consta prueba alguna que nos describa y nos de fe que el imputado de Autos haya sido citado para esta última Audiencia.

4.- La Jueza de la Causa descrita, curiosamente, no estimó prudente verificar los resultados anotados sobre los reversos de las Boletas de citación, que a propósito no fueron realizados sobre la persona o la humanidad de mi representado, sino de terceras personas (amigos o amigas, entre ellos), y en el peor de los casos; en fecha 08-11-2.016 la ciudadana Jueza no verificó si en efecto mi cliente había citado o no a dicha Audiencia o, en su defecto no se dio cuenta que la Secretaria en cuestión afirmaba en el Acta de Audiencia Preliminar que la boleta no constaba en las actuaciones para el momento de la realización del Acto en sí, y sin lugar a dudas; la Jueza no cuido el detalle "probatorio" de hacer constar las inasistencias a las presentaciones derivadas de la medida cautelar al no solicitar un Informe pormenorizado de las presentaciones acordadas cada TREINTA (30) días a mi patrocinado en la Coordinación de Alguacilazgo, que es la Oficina a quien le compete estadísticamente llevar tal obligación, por medio del sistema empleado, en especial del Libro respectivo, sino que SIMPLEMENTE se limitó a decir: "... así como también ha incumplido con su obligación de presentarse cada 30 (Sic) días (Sic) ante la sede del tribunal (Sic), ..." Todo ello evidencia, pareciera, que si bien es cierto que el Fiscal tiene el derecho y también la obligación de hacer la solicitud sobre la Orden de Aprehensión; no es menos cierto que la Jueza tiene o tenía la obligación de verificar y sucesivamente certificar tales argumentos a través de los mecanismos existentes (Boletas de citación, Libro de presentaciones, etc.); para que, a todo evento, NO HAYA LUGAR A DUDAS.

5.- Haciendo hincapié en el Acta de Audiencia Preliminar de fecha OCHO (08) del Mes próximo pasado y Año; comprobamos que para el momento de la realización del Acto como tal no constaba, como se dijo, agregada la boleta atinente, según lo expresado por la Secretaria del Tribunal. De modo que, cómo es que el Fiscal que debe actuar de buena fe en principio; utilice como argumento para solicitar la orden de aprehensión una boleta de citación que no se encontraba agregada a las actuaciones de la Causa y que realmente NO EXISTE sustancial y materialmente hablando. En ese orden de ideas, cabe la siguiente pregunta: ¿Por qué se dejó pasar ese detalle, creando en consecuencia un desorden procesal y judicial propiamente? Y también se hace en los términos siguientes: ¿Dónde estaba esa boleta para el momento de la celebración del Acto en cuestión, si la misma Secretaria y la Jueza afirman que dicha BOLETA NO CONSTA EN LAS ACTUACIONES, cuando suscriben el Acta? Esto, por supuesto, deja entrever el DESORDEN PROCESAL de quienes por un lado administran justicia y por otro lado coadyuvan a ello; creando al parecer sin derecho a reclamo de los justiciables; situaciones jurídicas de minusvalía, incongruentes y desproporciónales.

En todo caso, mi representado no ha faltado a las Audiencias como tal, sólo que no ha sido citado de manera formal y acertada; creando con ello, pues, un estado de indefensión en su situación jurídico-procesal penal --- Se acentúa --- (sic).

Al decir verdad, tales situaciones fácticas y jurídicas relatadas, Ciudadanos Miembros de la Sala; han creado ese estado de indefensión referido en contra de mi defendido y en donde entre otras cosas se ha afectado el debido proceso, la defensa "fn situ", la tutela judicial efectiva, así como principios fundamentales relativos a la libertad; llámese el derecho a la libertad en sí, la afirmación de ella y el estado de la misma, así como el principio de la proporcionalidad con relación a la aplicación de la justicia. Y como consecuencia de esas actuaciones desmerecidas; ciertamente se han infringido también los Artículos 163 (Encabezamiento), 168,170 y 172 (Norma excepcional) Adjetivos Penales.

Capítulo II

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

A.- De los hechos o antecedentes explanados con anterioridad;

B.- En la Doctrina asentada por la Sala respecto de los requisitos de forma y de fondo que deben cumplirse para que proceda el avocamiento (Sentencia Nro. 017 del 24-01-2.011) y; C- En lo preceptuado en los Artículo 31.1, 106 al 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

(…Omissis…)

 

DE LA MEDIDA CAUTELAR A SOLICITAR

Siendo como se ha explanado suficientemente sobre el desorden procesal, las incongruencias planteadas y los abusos cometidos; lo que en todo caso atenta contra el Ordenamiento Jurídico venezolano y crea una serie de violaciones; es por lo que le solicito se sirva dictar una medida cautelar de SUSPENSIÓN DEL PROCESO y ordene, a su vez, la paralización de la orden de aprehensión emanada del Tribunal natural de la Causa y ordene, en lo sucesivo, sacar o excluir del Sistema de Información Policial la solicitud de Orden de Aprehensión dictada por el Tribunal de la Causa (Tribunal ya indicado); ya que hasta que no se realice propiamente la audiencia relativa a la orden como tal, que sería la ocasión para solicitar la nulidad de la misma por los vicios denunciados, mi representado estaría en minusvalía jurídicamente hablando y expuesto a que sea detenido de cualquier forma, en cualquier momento y en cualquier lugar; afectando, como se ha dicho antes, su libertad en principio y su integridad física en segundo lugar, por las situaciones físicas de infraestructura, de hacinamiento y de inseguridad física que significan los Centros de Reclusión del País, amén de las actitudes o actuaciones de algunos funcionarios policiales o de seguridad; quienes socaban las bases de la institucionalidad con sus "acciones muchas veces negativas" al saber que alguien está solicitado. En ese orden de ideas, se le crearía a mi defendido una situación engorrosa y comprometedora en la cual o sobre la cual podría verse afectada su condición actual. Y por consiguiente; la presente solicitud quedaría ilusa de momento y con consecuencias irreversiblemente consumadas como se dijo y se concluye.

 

Capítulo IV

 PETITORIO

Por los hechos, el análisis y las consideraciones expuestas; pido a esta Honorable Sala de Casación Penal, que se avoque al conocimiento de la Causa Nro. LP01-P-2.015-8456 seguida a mi defendido, la cual conoce el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 03 del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida.

En razón de lo anterior, solicito muy respetuosamente la admisión de la solicitud de Avocamiento planteado y la declaratoria con lugar del mismo; a los fines legales consiguientes y con todos sus pronunciamientos a que haya lugar. Solicito, asimismo, sean acordadas igualmente las medidas cautelares solicitadas y, dirimir y determinar la providencia sobre la posibilidad cierta que sea otro Tribunal el que conozca de la presente Causa y no el Tribunal antes señalado. También, solicito se sirva revisar cabalmente la legalidad de los hechos narrados y se declare la nulidad de todo lo actuado por ante el Tribunal señalado y se ordenen las aperturas de las investigaciones a que haya lugar, procediendo a restituir los derechos y garantías infringidas que se han violado al ciudadano YOSMAN ALFONSO PEÑA ALBORNOZ, ya identificado….”

 

 

COMPETENCIA DE LA SALA

 

El numeral 1 del artículo 31, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, relativo a las competencias comunes de las Salas, otorga a cada una de estas, la facultad de solicitar y avocarse al conocimiento de una causa.

 

Al respecto, dispone dicha norma:

 

Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1.- Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley (…)”.

 

Adicional a lo anterior, el artículo 106 de la referida Ley, en cuanto a la competencia, dispone lo siguiente:

“…Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal (…)”.

 

Se desprende de los fundamentos expuestos en la solicitud previamente transcrita, que el avocamiento solicitado se relaciona con un procedimiento judicial penal signado con alfanumérico LP01-P-2.015-008456, por el delito tipificado y sancionado como HURTO SIMPLE en el artículo 451 del Código Penal, que según indica el solicitante, es seguido en el  “…Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control. Nro. 03 del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Mérida…” (Sic), en contra del ciudadano: YOSMAN ALFONSO PEÑA ALBORNOZ, quien como se indica en el expediente, es titular de la Cédula de Identidad V-25.151.681.

 

Por dicha razón, esta Sala de Casación Penal, es competente para conocer y decidir sobre dicho asunto. Así se declara.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que faculta a todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, para solicitar a cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad; en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, un determinado expediente, con el fin de resolver si asume directamente el conocimiento del caso que cursa en el mismo, o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

De acuerdo con las formas y condiciones concurrentes legalmente establecidas para regular su admisibilidad, el avocamiento solo es admisible, en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del poder judicial, la paz pública, la institucionalidad democrática venezolana, o cuando las irregularidades que se aleguen, hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios.

 

En este orden de ideas, los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la procedencia, el procedimiento y la sentencia en materia de avocamiento, disponen lo siguiente:

 

 “…Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido…”.”

 

Como lo dispone la normativa transcrita, el ejercicio de la institución jurídica de la cual se trata, debe ser, en principio, prudente, lo cual supone que su solicitud se produzca “…sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática…”.

 

Adicional a lo anterior, las condiciones de admisibilidad del avocamiento exigen, que “…el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre…”, y que las irregularidades que se aleguen como fundamento de la solicitud que se eleva ante la Sala, “…hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios…”.

 

Ahora bien, aplicando al caso de especie las normas transcritas una vez revisado exhaustivamente el escrito respectivo, inserto entre los folios 1 y 8  de los autos, constata la Sala, que con el fin de apoyar lo solicitado, en dicho documento se alega textualmente, que en la causa distinguida con alfanumérico LP01-P-2.015-008456; seguida en contra el ciudadano YOSMAN ALFONSO PEÑA ALBORNOZ en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, por el delito denominado como HURTO SIMPLE, tipificado y sancionado según lo dispuesto en el  artículo  451 del Código Penal; existe  “…un desorden procesal que viola (…) el orden jurídico preestablecido y atenta, (…) contra la imagen de la administración de justicia o del Poder Judicial propiamente; porque deja en entredicho los Actos (sic) judiciales realizados (…) y crea irreversiblemente, de momento, ese estado de indefensión que explícitamente lleva traducido la violación de derechos y garantías elementales y atentan contra un proceso transparente, objetivo e imparcial…”.

 

Enumerando los hechos en los cuales fundamenta su solicitud, quien suscribe afirma ante esta Sala, lo que a continuación se cita:

 

1.- Que su representado, a quien le fue otorgada una medida cautelar menos gravosa, por tratarse de “…un delito que no amerita pena privativa de libertad…”, podría “…perfectamente acogerse a una fórmula alternativa a la prosecución del proceso; como sería, si a ver vamos, un "Acuerdo Reparatorio" y gestionarse, como consecuencia de ello, la implementación de una "Suspensión Condicional del Proceso" que a todo evento le beneficiaría por diversas razones elementales desde la óptica procesal-penal…”.

 

2.- Que “…de manera casual…”, en fecha  “…CINCO ( 05 ) de Agosto del presente año en el Circuito Judicial Penal de la Entidad mencionada; se realizó una "Jornada de fumigación"; lo que significó que el Circuito en mención no abrió sus puertas tanto al público como para los Abogados, procesados, Fiscales, entre otras personas y lógicamente no se pudieron llevar a cabo las Audiencias o Actos previstos en esa fecha…”, razón por la cual de manera “…pública e inequívoca…” no se pudo llevar a cabo la “…Audiencia Preliminar citada…”, destacando que para dicha audiencia, su representado no fue citado “…como manda la Ley…”.

 

3.- Que entre su persona y  “…el Fiscal Iván Suárez (Cuando (sic) este ciudadano fue Alguacil en el mismo Circuito (sic) en referencia, hubo algunas desavenencias por motivos de reclamos propios del Trabajo en el ejercicio de la profesión sobre aspectos de entradas a las Salas de los Tribunales o sobre preguntas a manera de información laboral o profesional…”. Señala textualmente el indicado abogado defensor como argumento de su petición de avocamiento por parte de esta Sala, que su persona y el referido funcionario adscrito al Ministerio Público, “…sencillamente nos caemos mal…”, por lo cual considera que “…el Fiscal estaba sumamente interesado en que se ordenara (sic) dicha Orden (sic) como tal ese mismo día de forma muy insidiosa y persistente….”.

 

4.- Que “…La Jueza de la Causa descrita, curiosamente, no estimó prudente verificar los resultados anotados sobre los reversos de las Boletas de citación…”, “…no verificó si en efecto mi cliente había citado o no a dicha Audiencia…” y  “…no cuido el detalle "probatorio" de hacer constar las inasistencias a las presentaciones derivadas de la medida cautelar al no solicitar un Informe pormenorizado de las presentaciones acordadas cada TREINTA (30) días a mi patrocinado en la Coordinación de Alguacilazgo…”. Para el solicitante del avocamiento, la juez “…SIMPLEMENTE se limitó a decir: "... así como también ha incumplido con su obligación de presentarse cada 30 (Sic) días (Sic) ante la sede del tribunal (Sic),...", cuando “…tenía la obligación de verificar y sucesivamente certificar tales argumentos a través de los mecanismos existentes (Boletas de citación, Libro de presentaciones, etc.); para que, a todo evento, NO HAYA LUGAR A DUDAS…”.

 

5.- Que  debiendo actuar de buena fe, el Fiscal del Ministerio Público utilizó “…como argumento para solicitar la orden de aprehensión una boleta de citación que no se encontraba agregada a las actuaciones de la Causa (sic) y que realmente NO EXISTE sustancial y materialmente hablando….”. Lo que en su criterio “…por supuesto, deja entrever el DESORDEN PROCESAL de quienes por un lado administran justicia y por otro lado coadyuvan a ello; creando al parecer sin derecho a reclamo de los justiciables; situaciones jurídicas de minusvalía, incongruentes y desproporciónales…”.

 

Con los argumentos descritos, el solicitante asegura que su representado “…no ha faltado a las Audiencias como tal, sólo que no ha sido citado de manera formal y acertada; creando con ello, pues, un estado de indefensión en su situación jurídico-procesal penal…”, razón por la cual eleva su petición de avocamiento, expresando:: “…Ciudadanos Miembros de la Sala; han creado ese estado de indefensión referido en contra de mi defendido y en donde entre otras cosas se ha afectado el debido proceso, la defensa "In situ", la tutela judicial efectiva, así como principios fundamentales relativos a la libertad; llámese el derecho a la libertad en sí, la afirmación de ella y el estado de la misma, así como el principio de la proporcionalidad con relación a la aplicación de la justicia…”.

 

Ahora bien, a criterio de la Sala, los supuestos narrados no llenan los extremos contemplados en la normativa que regula las condiciones de admisibilidad del avocamiento.

 

No se desprende de lo descrito, que por los hechos explanados por el solicitante, esta Sala de Casación Penal necesariamente deba requerir al juzgado ante el cual cursan; aquellas actuaciones sobre las cuales versa lo pedido.

 

No es posible verificar en las actuaciones consignadas, si tal como se  acusa, en efecto “…se ha afectado el debido proceso, la defensa "In situ", la tutela judicial efectiva, así como principios fundamentales relativos a la libertad; llámese el derecho a la libertad en sí, la afirmación de ella y el estado de la misma, así como el principio de la proporcionalidad con relación a la aplicación de la justicia…”, sobre lo cual esta Sala de Casación Penal, ha establecido, entre otras, en su sentencia Nº 062 de fecha 5 de abril de 2005,  lo siguiente:

 

“…la Sala que esté conociendo del avocamiento, exigirá que la materia sea de su competencia y que las irregularidades que se alegan, hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia mediante los recursos pertinentes practicados por las partes, aunado a los anteriores requisitos el solicitante debe presentar la acción acompañada con los documentos indispensables para verificar su admisibilidad o no…”.  (Destacados de la presente decisión).

 

Sumado a lo anterior, debe precisarse en el presente fallo, que como lo disponen las normas relativas a los requisitos concurrentes exigidos para la admisibilidad del avocamiento, las irregularidades que se aleguen, deben haber sido “…oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios…”, circunstancia esta de imposible verificación en los autos respectivos, por cuanto, examinada como ha sido la solicitud que corresponde, advierte la Sala, que la misma no fue acompañada con la documentación que permita establecer las actuaciones judiciales que como afirma el solicitante; lesionaron principios y derechos constitucionales o legales.

 

Conforme con los citados criterios, es una carga del solicitante del avocamiento acompañar el escrito que contiene la solicitud, con las actuaciones que permitan a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. No se cumple en el presente caso. Se trata de una deficiencia que este Tribunal Supremo de Justicia no puede subsanar, en razón de la cual, la solicitud de avocamiento examinada resulta inadmisible, como será declarado en la dispositiva del presente fallo.

 

Adicional a lo previamente señalado, en el capítulo III del escrito bajo examen, encuentra la Sala, una solicitud de “…medida cautelar…”.

 

En dicho sentido, el defensor privado que acude ante este Supremo Tribunal, pide en nombre de su representado, “…se sirva dictar una medida cautelar de SUSPENSIÓN DEL PROCESO y ordene, a su vez, la paralización de la orden de aprehensión emanada del Tribunal natural de la Causa y ordene, en lo sucesivo, sacar o excluir del Sistema de Información Policial la solicitud de Orden de Aprehensión dictada por el Tribunal de la Causa (Tribunal ya indicado); ya que hasta que no se realice propiamente la audiencia relativa a la orden como tal, que sería la ocasión para solicitar la nulidad de la misma por los vicios denunciados, mi representado estaría en minusvalía jurídicamente hablando y expuesto a que sea detenido de cualquier forma, en cualquier momento y en cualquier lugar; afectando, como se ha dicho antes, su libertad en principio y su integridad física…”.

 

Se trata, la petición expuesta, de una de aquellas para las cuales existe legalmente establecido un proceso. Contempla la norma adjetiva penal vigente en la República Bolivariana de Venezuela, el procedimiento que debe seguirse para solicitar una medida cautelar menos gravosa que la privación de libertad.

 

En virtud de la excepcionalidad que lo caracteriza, el avocamiento no es el medio idóneo para plantear las pretensiones descritas. Debiendo advertir la Sala al profesional del derecho que suscribe la presente solicitud, a través del presente llamado de atención, que señalamientos como los que expone para sustentar lo solicitado, denotan el más absoluto desconocimiento sobre la materia de avocamiento, lo cual resulta inconcebible desde todo punto de vista.

 

Como se sostuvo en la referida sentencia de esta Sala, “…la figura del avocamiento no constituye la vía para que el Tribunal Supremo de Justicia como más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, conozca de procesos en los que se dicten resoluciones que no sean de la aceptación de quien recurre, mucho menos, si tales situaciones pueden ser impugnadas a través de los recursos ordinarios que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Es por ello que las partes están obligadas a agotar todos los recursos procesales existentes en nuestro ordenamiento jurídico a los fines de poder acudir ante esta Sala de Casación Penal por la vía del avocamiento, por cuanto se trata de una institución que por mandato legal debe ser ejercida con mucho comedimiento y moderación, cuyo empleo sólo debe proceder en los casos de violaciones trascendentes o graves al ordenamiento jurídico venezolano…”.

 

Debe agregarse a lo anterior, a propósito de los señalamientos relativos a la supuesta demora en la celebración de la audiencia preliminar en el caso específico, que como lo disponen tanto las normas aplicables al caso, como la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Penal, corresponde a las partes la obligación de agotar todos los recursos procesales existentes en el ordenamiento jurídico penal venezolano antes de activar una institución de carácter excepcional como lo es el avocamiento.  Lo cual no consta ante esta Sala.

 

Conforme con lo descrito, el caso examinado no se corresponde con los supuestos que deben quedar demostrados según lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que la Sala de Casación Penal, necesaria y excepcionalmente requiera al Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, la causa distinguida con alfanumérico LP01-P-2.015-008456, sobre la cual versa la solicitud de avocamiento.

 

De allí que, por no reunir los requisitos indispensables para su admisión, debe declararse INADMISIBLE la solicitud de avocamiento interpuesta por el abogado Gustavo E. Contreras Ch., en su carácter de defensor privado del ciudadano: YOSMAN ALFONSO PEÑA ALBORNOZ. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento  interpuesta por el abogado Gustavo E. Contreras Ch., en su carácter de defensor privado del ciudadano: YOSMAN ALFONSO PEÑA ALBORNOZ, con relación a la causa penal signada con el alfanumérico LP01-P-2.015-008456, que cursa en el Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, por el delito denominado como HURTO SIMPLE, tipificado y sancionado según lo dispuesto en el  artículo  451 del Código Penal.

 

Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los  veinte    (   20    ) días del mes de febrero   de 2017. Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

La Magistrada,

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

El Magistrado,

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

 

 

La Magistrada, ponente

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

YBKD/ta

Exp. Nº 2016-410