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Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
En fecha 24 de octubre de 2019, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, publicó el texto íntegro de la sentencia dictada en audiencia de fecha 10 de octubre de 2019, mediante la cual dictaminó lo siguiente: “… PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Fiscal 23 del Ministerio Público ABG. BEATRIZ ORELLANA, en cuanto a aperturar un procedimiento a las testigos Elvia Delco y María Márquez, por considerarlo extemporáneo. SEGUNDO: DICTA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA de conformidad con lo establecido en el artículo 300. 2. del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo … ejusdem, en concatenación con el artículo 65 del Código Penal, al ciudadano ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ (…), titular de la cédula de identidad número V- 9.864.484, por considerar que el mismo actuó en legítima defensa, para resguardar su integridad ... En consecuencia, se le concede la Libertad desde la sala de audiencia. De seguidas la Fiscal 23 del Ministerio Público ABG. BEATRIZ ORELLANA, solicita el derecho de palabra y una vez concedido manifestó: ´en vista de la dispositiva que acaba de… Tribunal, esta representación fiscal ejerce el recurso de apelación de conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es el efecto suspensivo, es todo´. Seguidamente la Defensa solicita el derecho de palabra … manifiesta: ´en virtud de la incidencia que acaba de presentar la representación del Ministerio Público considera la defensa que todos pudimos apreciar lo que paso … salas de Audiencias, que fue determinante la no participación de mi defendido … la defensa que este violenta lo contenido en el artículo 44 numeral 1, referido a la libertad individual, considera la defensa que es inoficioso que el Ministerio Público … solicitud formal, cuando puede hacerlo por la vía ordinaria, es todo¨. …”. (sic).
En fecha 30 de septiembre de 2021, se dio entrada y cuenta del expediente a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal y, previa distribución, conforme al artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, fue asignada la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y, en tal sentido, observa:
A primo tempore, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V “De la Organización del Poder Público Nacional”, Capítulo III “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, Sección Segunda “Del Tribunal Supremo de Justicia”, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:
“Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
…
8. Conocer del recurso de casación. …”.
Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referido a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título II “De las Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia”, Capítulo I “De las competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia”, artículo 29, numeral 2, establece:
“Competencias de la Sala Penal.
Artículo 29. Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal. …”.
De acuerdo con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente asunto.
DE LOS HECHOS
Los hechos acreditados por el Ministerio Público, que constan en el escrito acusatorio, son los siguientes:
“… Se encuentra acreditado en autos que en horas de la madrugada del día 08-10-2016, el ciudadano RAÚL ANDRES PÁEZ GOMEZ (funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Guárico) aparentemente sostuvo un enfrentamiento con los ciudadanos LEWIS FERNANDO VILLAFRANCA GÓMEZ (OCCISO), titular de la cédula de identidad N° V- 14.742.445 y JOSÉ GREGORIO BARCELO FERNÁNDEZ (OCCISO), titular de la cédula de identidad N° V- 20.884.420, para el momento en que estos se desplazaban a bordo de un vehículo moto, específicamente en la urbanización Antonio Miguel Martínez, prolongación de la avenida Bolívar de esta ciudad de San Juan de los Morros, adyacente a Seguros Horizonte, donde el mencionado funcionario haciendo uso de su arma de reglamento les ocasiona la muerte a ambos ciudadanos, causándole múltiples heridas en diversas partes del cuerpo.
Seguidamente, se desprende de las actas de investigación realizadas por parte de funcionarios adscritos al eje de investigaciones de homicidio, base San Juan de los Morros, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Guárico, que el ciudadano RAUL ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ se encontraba accidentado a bordo de su vehículo automotor en la dirección antes mencionada, cuando presuntamente es interceptado por los hoy occisos y aparentemente trataron de despojarlo de sus pertenencias, situación que presuntamente hace necesario el uso del arma de reglamento del hoy acusado, con la finalidad de defenderse de tal agresión.
No obstante, del desarrollo de la investigación culminada y en base al resultado de las experticias realizadas tanto en el lugar de los hechos como a las evidencias recabadas y que actualmente cursan en autos, se determinó que en el momento en que el ciudadano acusado RAÚL ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ, le produce las heridas mortales a los hoy occiso no existió una situación de peligro inminente o actual que motivara una acción para impedir o repeler alguna eventual agresión en su contra, toda vez que se ha evidenciado que en todo caso, sin en algún momento de tal encuentro hubieren representado algún peligro, las víctimas se encontraban completamente sometidas, tan es así que el hoy occiso LEWIS FERNANDO VILLAFRANCA GÓMEZ presente cuatro heridas producidas por arma de fuego en zonas vitales efectuadas a una distancia denominada A PRÓXIMO CONTACTO, a menos de 15 centímetros, otra herida a menos de 30 centímetros, e incluso recibe una herida hallándose en posición de cúbito dorsal, es decir, acostado boca arriba, la cual se efectúa A CONTACTO, aún más cerca, y por otro lado, el hoy occiso BARCELO FERNANDEZ JOSÉ GREGORIO, incluso recibe una herida por arma de fuego encontrándose en posición de cúbito ventral, es decir, acostado boca abajo.
De esta manera, se evidencia que no concurre en el presente caso una ninguna causa de justificación eximente de responsabilidad penal, que impida que ambos homicidios sean reprochables penalmente al ciudadano RÁUL ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ, tampoco se evidencia exceso en la defensa, ni alteración o perturbación mental por embriaguez, asimismo, se determinó que el sitio del suceso fue modificado y alterado, todo ello conforme a la evidencias de carácter científico, de certeza, que revelan circunstancias totalmente contrarias a la versión aportadas a los funcionarios actuantes que cursan en autos. …”. (Sic).
DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO
En fecha 8 de octubre de 2016, consta en acta de investigación penal, suscrita por funcionarios adscritos a la Delegación Estadal de Guárico, Eje de Investigaciones contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde dejan constancia de lo siguiente:
“… se recibe llamada telefónica del parte del Inspector Jefe: RAÚL ANDRES PÁEZ GOMEZ …informando que para el momento que se trasladaba en su vehículo automotor … con destino hacia su residencia el mencionado vehículo comenzó a presentar desperfecto mecánico por lo que se detiene, cuando de pronto dos … sujetos desconocidos, a bordo de un vehículo, clase moto … portando armas de fuego y bajo amenazas de muerte lo despojaron de sus pertenencias, originándose un intercambio de disparos dejándolos heridos en el sitio …”. (Folio 2 al 5, pieza “1-5”).
En fecha 16 de octubre de 2016, comparece ante la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, la ciudadana VILLAFRANCA GÓMEZ URIMARE SAARAK quien es hermana del occiso Lewis Fernando Villafranca a presentar denuncia. (Folio 97 al 100, pieza “1-5”).
En fecha 26 de junio de 2017, la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, solicitaron ORDEN DE APREHENSIÓN contra el ciudadano RAÚL ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO cometido con ALEVOSÍA, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1 del Código Penal en perjuicio de los ciudadanos Lewis Fernando Villafranca Gómez y José Gregorio Barceló Fernández (ambos occisos) y USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, tipificado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano. (Folios 147 al 174, pieza “1-5”).
En fecha 27 de junio de 2017, previa distribución de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, acordó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. (Folios 178 al 200, pieza “1-5”).
En fecha 17 de agosto de 2017, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, realizó el acto de la audiencia de aprehensión, decretando la medida judicial privativa de libertad que pesa contra el ciudadano RAÚL ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ, de conformidad con lo previsto en los artículos 236 ordinales 1, 2 y 3, 237 ordinales 2, 3 y 5 ambos del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentada en fecha 22 de agosto de 2017. (Folios 213 al 238, pieza “1-5”).
En fecha 1 de octubre de 2017, la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, presentó escrito acusatorio contra el ciudadano RAÚL ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO cometido con ALEVOSÍA, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1 del Código Penal en perjuicio de los ciudadanos Lewis Fernando Villafranca Gómez y José Gregorio Barceló Fernández (ambos occisos) y USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, tipificado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del Estado venezolano. (Folios 69 al 113, pieza “2-5”).
En fecha 10 de octubre de 2017, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciónes de Control del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, dictó auto conforme lo preceptuado en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, fijando el acto de la audiencia preliminar para el 8 de noviembre de 2017, celebrada en la data indicada, dictando el correspondiente auto de apertura a juicio en fecha 24 de noviembre de 2017. (Folios 200 al 203 y folios 215 al 226, pieza “2-5”).
En fecha 30 de noviembre de 2017, fueron remitidas las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) adscrita al referido Circuito Judicial Penal, recayendo las mismas en el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciónes de Juicio, quien dictó auto fijando para el 8 de marzo de 2018, el acto del juicio oral y público, siendo diferido, el cual se realizó el 10 de agosto de 2018 y culminó el 10 de octubre de 2019, dictando el dispositivo del fallo en los términos siguientes:
“… PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Fiscal 23 del Ministerio Público ABG. BEATRIZ ORELLANA, en cuanto a aperturar un procedimiento a las testigos Elvia Delco y María Márquez, por considerarlo extemporáneo. SEGUNDO: DICTA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA de conformidad con lo establecido en el artículo 300. 2. del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo … ejusdem, en concatenación con el artículo 65 del Código Penal, al ciudadano ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ (…), titular de la cédula de identidad número V- 9.864.484, por considerar que el mismo actuó en legítima defensa, para resguardar su integridad ... En consecuencia, se le concede la Libertad desde la sala de audiencia. De seguidas la Fiscal 23 del Ministerio Público ABG. BEATRIZ ORELLANA, solicita el derecho de palabra y una vez concedido manifestó: ´en vista de la dispositiva que acaba de … Tribunal, esta representación fiscal ejerce el recurso de apelación de conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es el efecto suspensivo, es todo´. Seguidamente la Defensa solicita el derecho de palabra … manifiesta: ´en virtud de la incidencia que acaba de presentar la representación del Ministerio Público considera la defensa que todos pudimos apreciar lo que paso … salas de Audiencias, que fue determinante la no participación de mi defendido … la defensa que este violenta lo contenido en el artículo 44 numeral 1, referido a la libertad individual, considera la defensa que es inoficioso que el Ministerio Público … solicitud formal, cuando puede hacerlo por la vía ordinaria, es todo¨. …”. (sic). (Folios 239, Folios 34 al 185, pieza “3-5” y folios 116 al 120, pieza “4-5”).
En fecha 24 de octubre de 2019, el Tribunal Segundo de Juicio de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, publicó el texto integro de la sentencia. (Folios, 121 al 183, pieza “4-5”).
Con ocasión al efecto suspensivo, planteado por el Ministerio, en fecha 7 de noviembre de 2019, el mismo interpuso Recurso de Apelación contra la decisión dictada en audiencia de fecha 10 de octubre de 2019 y fundamentada en fecha 24 de octubre de 2019 por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico. (Folios 188 al 235, pieza “4-5”.)
En fecha 14 de noviembre de 2019, la abogada Esmeralda Ramírez, Defensa Pública Penal N° 8 del estado Guárico, dio contestación al recurso. (Folios 239 al 246, pieza “4-5”.)
En fecha 21 de enero de 2020, previa distribución de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), adscrita al Circuito Judicial Penal del estado Guárico, conoció del referido recurso la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal antes mencionado, fijando para el 4 de febrero de 2020, el acto de la audiencia oral, conforme el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo celebrada en igual data. (Folios 5, 23 al 25 pieza “5-5”).
En fecha 19 de junio de 2020, el Tribunal Colegiado constituido por los Jueces Carla Beatriz Alicia Zamora, Sinayini Esmeralda Rodríguez Sterling y Detman Eduardo Mirabal Arismendi (Ponente), dictaron decisión al fondo sobre el Recurso de Apelación de autos, declarando SIN LUGAR el recurso y CONFIRMANDO la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia. (Folios 139 al 148, pieza “5-5”)
De la decisión dictada por la Alzada, se libraron las respectivas notificaciones, y en consecuencia:
En fecha 30 de junio de 2020, se dio por notificado la Fiscalía 23° del Ministerio Público. (Folio 159, pieza “5-5”)
En fecha 1° de julio de 2020, se dio por notificado la Defensa Pública Penal Octava del Estado Guárico. (Folio 160, pieza “5-5”).
En fecha 3 de julio de 2020, se dieron por notificadas la ciudadanas Villafranca Urimare, hermana de quien en vida respondiera al nombre de Lewis Villafranca (Occiso); y Emilia Vivas, esposa de quien en vida respondiera al nombre de José Gregorio Barceló (Occiso). (Folio 161 y 162, pieza “5-5”).
En fecha 6 de noviembre de 2020, la abogada Beatriz Orellana, en su condición de Fiscal Vigésima Tercera del Ministerio Público con Competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral y Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, interpuso Recurso de Casación contra la sentencia, dictada en fecha 19 de junio de 2020, por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal. (Folios 182 al 202, pieza “5-5”).
En fecha 14 de diciembre de 2020 la abogada Esmeralda Ramírez, Defensora Pública Penal N° 8 del estado Guárico, dio contestación al recurso de casación. (Folios 213 al 215, pieza “5-5”.)
En fecha 30 de septiembre de 2021, fue recibido ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, el expediente con CINCO (5) PIEZAS: 1ª con 329, 2ª con 263, 3ª con 211, 4ª. Con 251 y 5ª con 220 folios útiles, dándosele el alfanúmerico N° AA30-P-2021-000147, asignándosele entrada en esa misma fecha.
DEL RECURSO DE CASACIÓN
El Recurso de Casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exigen para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento.
De tal forma, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título I “Disposiciones Generales”, del Código Orgánico Procesal Penal, consagra en sus artículos 423 y 424, el marco general normativo que efectivamente regula la interposición de todo recurso.
Con este propósito, el artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal, prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.
Por su parte, el artículo 424, eiusdem, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo.
Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título IV “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del aludido Texto Adjetivo Penal, instituye en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que ha de seguirse para su interposición, de la siguiente forma:
“Artículo 451. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.
Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.”.
“Artículo 452. El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.
Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.”.
“Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.”.
En este contexto, se concluye que el recurso de casación solo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.
DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN
Visto lo anterior, la Sala pasa a verificar los requisitos de admisibilidad del presente recurso, los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos conllevaría a declararlo inadmisible, observándose lo siguiente:
En cuanto a la legitimación, se evidencia que el recurso fue ejercido por la abogada Beatriz Rossana Orellana La Rosa, en su condición de Fiscal Provisoria Vigésima Tercera del Ministerio Público con Competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, quien está facultada para ejercer la acción penal en representación del Estado, así como para incoar el recurso que corresponda contra las decisiones que se emitan en los procesos en los que participe, según lo estipulado en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuyo numeral 14 se establece que corresponde al Ministerio Público “[e]jercer los recursos contra las decisiones que recaigan en las causas en que intervenga”, estando debidamente legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal.
En relación con la tempestividad, inserta al folio 216 de la pieza “5-5, la abogada Michael Rodríguez, Secretaria adscrita a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, en fecha 26 de mayo de 2021, realizó computo, en el cual dejó constancia de lo siguiente:
“… HACE CONSTAR:
- Fecha de la Audiencia Oral y Pública 04 de febrero de 2020.
- Fecha de publicación del texto íntegro de la sentencia el 19 de junio de 2020 (publicado fuera de lapso).
- Última resulta de la boleta de notificación libradas a las partes, el 03 de julio de 2020, agregada a los autos 19 de octubre de 2020.
- Fecha de interposición del recurso de casación el 06 de noviembre de 2020.
- Fecha de la resulta de la boleta de emplazamiento dirigida a la abogada Esmeralda Ramírez, el día 26 de noviembre de 2020, siendo agregada a los autos en fecha 09 de diciembre de 2020.
- Tiempo útil para recurrir conforme al artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal. Desde el día hábil siguiente a la práctica de la última notificación de las partes, la cual fue agregada a los autos en fecha 19 de octubre de 2020 (exclusive), hasta el 09 de diciembre de 2020 (inclusive), transcurrieron 15 días de despacho, contados así: 21 y 23 de octubre 2020; 2, 04, 05, 16, 19, 20 y 30, de noviembre de 2020 y 01, 02, 03, 04, 07 y 09 de Diciembre de 2020.
- Días laborables sin despacho. 20, 22 de octubre de 2020, 03, 06, 17, 18 de noviembre de 2020 y 08 y 10 de diciembre de 2020. …” (Sic).
Consta efectivamente que, en fecha 19 de junio de 2020, fue dictada la decisión, por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación bajo la modalidad de efecto suspensivo, ejercido por el Ministerio Público, y siendo que la última notificación fue realizada en fecha 3 de julio de 2020 -notificación de las víctimas- (folios 161 y 162, pieza 5-5, el lapso para la interposición del recurso inició en fecha 21 de octubre de 2020, evidenciándose entonces que el Recurso de Casación fue presentado en fecha 6 de noviembre de 2020, es decir, dentro del lapso de ley, siendo tempestivo.
Finalmente, en lo concerniente a la recurribilidad del fallo, se observa que el recurso fue ejercido contra la decisión publicada en fecha 19 de junio de 2020, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación bajo la modalidad de efecto suspensivo, planteado contra la sentencia dictada en fecha 24 de octubre de 2019, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, quien publicó el texto íntegro de la decisión dictada en audiencia de fecha 10 de octubre de 2019, donde dictaminó lo siguiente: “… PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Fiscal 23 del Ministerio Público ABG. BEATRIZ ORELLANA, en cuanto a aperturar un procedimiento a las testigos Elvia Delco y María Márquez, por considerarlo extemporáneo. SEGUNDO: DICTA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA de conformidad con lo establecido en el artículo 300. 2 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo … ejusdem, en concatenación con el artículo 65 del Código Penal, al ciudadano ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ (…), titular de la cédula de identidad número V- 9.864.484, por considerar que el mismo actuó en legítima defensa, para resguardar su integridad ... En consecuencia, se le concede la Libertad desde la sala de audiencia. De seguidas la Fiscal 23 del Ministerio Público ABG. BEATRIZ ORELLANA, solicita el derecho de palabra y una vez concedido manifestó: ´en vista de la dispositiva que acaba de … Tribunal, esta representación fiscal ejerce el recurso de apelación de conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es el efecto suspensivo, es todo´.
De lo anteriormente señalado, se da cumplimiento a lo establecido en el primer aparte del artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal el cual señala: “… Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación. …”, en el presente caso se constató que es una sentencia de sobreseimiento definitiva dictada con ocasión a la celebración de un juicio oral y público.
DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
Comprobados como han sido los requisitos de admisibilidad del presente Recurso de Casación, la Sala de conformidad con los artículos 457 y 458 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a verificar la fundamentación del Recurso de Casación, y en tal sentido, se observa que, la recurrente planteó ÚNICA DENUNCIA, en los términos siguientes:
“… CAPÍTULO V
DE LAS DENUNCIAS
En el presente Recurso Extraordinario de Casación, de conformidad a lo establecido en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, se denuncia la VIOLACION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN de los artículos 157, en concordancia con lo establecido en el artículo 157, en concordancia con lo establecido en el artículo 448 en su segundo aparte y 432 Ejusdem. “Por no haber dado la alzada respuesta a las pretensiones del recurso de apelación”, vulnerando de esta manera lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estimando que la sentencia recurrida presenta el vicio de inmotivación por no expresar de forma clara, precisa y determinada los fundamentos de hecho y de derecho que tomó en consideración para declarar SIN LUGAR el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el Ministerio Público.
Por esta razón, la pretensión se fundamenta en el vicio de falta motivación de la Sentencia en cuanto a la resolución de la pretensión, explanada de Apelación de Sentencia Definitiva, consistente en Primera denuncia: Ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia; Segunda denuncia: Violación o errónea aplicación de una norma jurídica
…
Lo anterior evidencia, que efectivamente las Corte de Apelaciones, como Tribunales Colegiados de Segunda Instancia en el sistema penal acusatorio venezolano, no están exentos de la obligación de motivar sus decisiones que versen sobre el fondo de la pretensión. Al contrario, están compelidos concretamente conforme al artículo 448 segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, a resolver la pretensión bajo los parámetros de la motivación racional.
…
En el presente asunto, a juicio del recurrente, la causa o motivo del porque la Decisión N° 021 de fecha 19 de julio de Junio de 2020, emanada de la Corte de Apelaciones del Estado Guárico está carente de motivación racional (Infringiendo la Ley por falta de aplicación del encabezado del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 448 segundo aparte ejusdem, asimismo el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se patentiza cuando se evidencia del contenido del fallo, que no expresó los fundamentos de hecho y de derecho, que llevó al ad quem a declarar sin lugar las dos denuncias contenidas en el Recurso de Apelación de Sentencia Definitiva, que fue sometido a su conocimiento, relacionadas a la Ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia y Violación o errónea aplicación de una norma jurídica, aunado que omitió circunstancias denunciadas por la parte apelante, solo efectuó una transcripción de la doctrina, de la jurisprudencia y legislación en cuanto al debido proceso, tutela judicial efectiva y la legítima defensa; se limitó a realizar una transcripción de la decisión A-quo repitiendo la misma argumentación, como se advierte en este escrito, sin cumplir con la exigencia fundamental de la motivación, y de estricto cumplimiento según las normativas antes señaladas, careciendo de la expresión de los motivos por los cuales se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Representante Fiscal, emitiendo una sentencia de manera infundada, por tanto, no aplicó el contenido del artículo 157 del C.O.P.P.(sic)
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial penal del Estado Guárico, NO MOTIVÓ EL FALLO, pues de haberlo hecho, ha de haber tenido que establecer y dar por resuelto el medio de impugnación ejercido contra una decisión inmotivada y contraria a la lógica y a la verdad, a la cual forzosamente la alzada tuvo que ratificarla con una especie de transcripción íntegra basada en las consideraciones para decidir del Tribunal A-quo-
…
Así pues, la sentencia recurrida en la presente, denota falta de motivación, por no dar respuesta a los alegatos planteados por la recurrente, sino limitarse a esbozar extractos de la sentencia de primera instancia y en base a ello, rechazar la denuncia planteada, siendo el caso que la Corte de Apelaciones, debió controlar el razonamiento lógico empleado por la Juez de Primera Instancia al momento de valorar el acervo probatorio, lo que no significa en lo absoluto, realizar un nuevo juicio de fondo, sino fiscalizar ese aspecto racional exigido por el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe prevalecer al momento de realizar la valoración de la prueba. …”. (Sic).
“… El siguiente punto, es en cuanto a la SEGUNDA DENUNCIA que se planteó en el Recurso de Apelación de la Sentencia Definitiva, relativa a que la Corte de Apelaciones debió resolver de manera motivada la misma, fundamentada ésta en lo dispuesto en el artículo 444 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, por la violación o errónea aplicación de una norma jurídica, la cual se fundamentó en que la juez de Primera Instancia, realizó una errónea aplicación de lo expresado por el legislador en su artículo 65 numeral 3 del Código Penal.
Con respecto a esta denuncia, se exigía de la Corte de Apelaciones, revisar los presupuestos de que el acusado RAÚL ANDRÉS PÁEZ GÓMEZ no se encontraba amparado por una causa de justificación como sería la legítima defensa, en virtud de la falta del requisito establecido en el ordinal 3 del artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que es necesario la concurrencia de todos los requisitos establecidos en la ley a los efectos de la procedencia de esta causa de inculpabilidad.
…
La simple mención de extractos de la Sentencia del Tribunal de primera instancia, además de ser anti-técnico, se presenta como una evidente vulneración a la exigibilidad de motivación de los fallos judiciales, si este tipo de actuaciones de los Tribunales de segunda instancia se hacen consuetudinarias, se debería entonces estudiar la posibilidad de acudir directamente a Casación penal (cuestión de lege ferenda), como ocurre en legislaciones foráneas (vgr. España), ya que no tendría razón de existir las Cortes de Apelaciones. Por supuesto, que esta no sería la solución más eficaz, sino lo contrario, haría mucho más trabado por el cúmulo de causas el trabajo casacional, y es por ello, que deben los Jueces de Segunda Instancia resolver las pretensiones que se le plantean, pero resolverlas motivada y racionalmente. …”. (Sic). (Folios 182 al 202, Piezas “5-5”).
La Sala para decidir observa:
La denunciante expresa la violación de la ley, por falta de aplicación “…de los artículos 157, en concordancia con lo establecido en el artículo 448 en su segundo aparte y 432 Ejusdem. “Por no haber dado la alzada respuesta a las pretensiones del recurso de apelación”, vulnerando de esta manera lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estimando que la sentencia recurrida presenta el vicio de inmotivación por no expresar de forma clara, precisa y determinada los fundamentos de hecho y de derecho que tomó en consideración para declarar SIN LUGAR el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el Ministerio Público. …”
En este sentido, la Sala ha señalado de manera uniforme, que cuando se denuncia en casación la falta de aplicación de un precepto legal, no basta con enunciar tal vicio, debe establecerse de manera contundente qué parte del precepto no fue aplicado, así como, los fundamentos lógicos en virtud de los cuales se estima que era la disposición legal que correspondía aplicar a la controversia, contrastando tal circunstancia con los preceptos legales efectivamente aplicados en el fallo recurrido, situación que no sucedió en el presente caso.
Asimismo, observa esta Sala, que la recurrente desatendió los requisitos legales exigidos en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal para la fundamentación de la pretensión casacional, pues se arguye solo de forma genérica que la recurrida adolece del vicio de inmotivación, porque presuntamente el fallo proferido presenta defectos sustanciales en el razonamiento judicial, los cuales fueron resueltos de forma parcial, emitiéndose un pronunciamiento escaso sobre la pretensión omisiva de los pronunciamientos.
En soporte a lo anteriormente expuesto, esta Sala constató que la recurrente no presentó de manera clara y precisa, cuál es el punto o los puntos sometidos a estudio, análisis y consideración de la Corte de Apelaciones mediante el recurso de apelación, dejando en duda a que de lo planteado no se le dio una respuesta motivada.
De igual manera es importante señalar que, no es suficiente con manifestar el desacuerdo con la sentencia recurrida, por el contrario, es necesario fundamentar de manera clara y precisa, expresando además, de qué modo se impugna la decisión, tal como lo dispone el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber:
“Interposición
Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”. (Resaltado de la Sala).
De la norma antes transcrita, se desprende que el recurso de casación depende exclusivamente de un solo y único acto que consiste en la interposición de un escrito fundado, con expresión en forma concisa y clara de los preceptos legales que se consideran vulnerados, además de la indicación, por separado, de cada uno de los motivos que lo hacen procedente.
Por consiguiente, ha sido criterio de esta Sala de Casación Penal que, no basta con citar la disposición legal que se considera infringida, debe especificarse en qué términos fue violentada, en qué consistió su quebrantamiento, cómo la sentencia de la Corte de Apelaciones incurrió en el error señalado de manera diáfana, a los fines que no quede dudas sobre la infracción y pueda la Sala pronunciarse conforme a derecho.
Igualmente, la Sala ha exhortado de manera reiterada que, existen una serie de formalidades para la correcta elaboración de un escrito recursivo de casación, que se encuentran establecidas en los artículos 451 y 454 ambos de nuestro texto adjetivo penal, de acuerdo a los cuales el recurso de casación será interpuesto contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre la apelación, por lo que dicho recurso no puede emplearse para simplemente expresar descontento con el fallo que le ha sido adverso al recurrente, como si se tratara de una tercera instancia.
Por lo tanto, la argumentación planteada por la recurrente, además de no cumplir con una correcta técnica recursiva, no explica cómo los jueces de alzada dejaron de ofrecer la explicación lógica y racional que les condujo a la resolución del asunto que fue sometido a su conocimiento, e incluso, no expresa cuál es la transcendencia del supuesto vicio, por lo que no se evidencia el acatamiento de la técnica de formalización que debe tener el recurso de casación, ya que solo se limita en expresar que el Tribunal Colegiado con “… la sentencia recurrida en la presente, denota falta de motivación, por no dar respuesta a los alegatos planteados por la recurrente, sino limitarse a esbozar extractos de la sentencia de primera instancia y en base a ello, rechazar la denuncia planteada, siendo el caso que la Corte de Apelaciones, debió controlar el razonamiento lógico empleado por la Juez de Primera Instancia al momento de valorar el acervo probatorio, lo que no significa en lo absoluto, realizar un nuevo juicio de fondo, sino fiscalizar ese aspecto racional exigido por el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe prevalecer al momento de realizar la valoración de la prueba …”.
En sintonía con lo anterior, la Sala ha advertido con anterioridad y lo ratifica en ésta, que el artículo 22 del Código Orgánico Procesal no puede ser infringido por la recurrida, en razón de que no son estos órganos jurisdiccionales los que realizan el juicio oral, ni la instancia ante la cual se promueven y analizan pruebas, a menos que dichos elementos probatorios sean promovidos en el recurso de apelación, tal como lo establece el artículo 448 eiusdem.
La Sala de Casación Penal, en fecha 26 de marzo de 2015, bajo
sentencia numero 151, sobre este punto estableció que:
“… las Cortes de Apelaciones en ninguna circunstancia pueden analizar,
comparar ni valorar pruebas, pues la determinación precisa y circunstanciada de
los hechos que se estiman acreditados para la configuración de los delitos
analizados, corresponde a los Juzgados de Juicio en virtud del Principio de
Inmediación, y por ello, las mismas (Cortes de Apelaciones) estarán sujetas a los
hechos ya establecidos. …”.
Siendo así, las exigencias para la argumentación de las denuncias, se deben principalmente a que esta Sala ha dicho de manera constante que, la penuria de motivación en las sentencias emanadas de las Cortes de Apelaciones, se presenta cuando existe una omisión sobre los argumentos explanados en el recurso de apelación, y no cuando sí existen los fundamentos de la resolución de la denuncia, pero estos no son suficientes para el impugnante, razón por la cual se exige con rigurosidad, que los recurrentes argumenten con precisión el recurso de casación, conforme a las disposiciones de los artículos 452 y 454 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, para superar el juicio de la admisibilidad.
En lo concerniente al vicio de inmotivación, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 204 del 16 de octubre de 2019, ratificó el siguiente criterio:
“…cuando se denuncia, el vicio de inmotivación debe el recurrente indicar cómo los juzgadores incumplieron con su deber de ofrecer a las partes su solución racional, clara y entendible, sobre el punto controvertido y, el razonamiento sobre el cual descansa su decisión…”.
De igual forma, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 271, del 5 de octubre de 2018, expresó:
“…Cabe advertir que el vicio relativo a la inmotivación de un fallo no puede servir para que la Sala de Casación Penal admita cualquier planteamiento no fundado o referido de manera escueta, por lo que siempre que se denuncie el mismo, el recurrente deberá exponer los elementos que darían pie para que se considere fundada dicha queja, elementos que sirvan de base para que la Sala de Casación Penal pueda estimar necesario revisar el fallo recurrido…”.
Adicional a lo antes expuesto, la Sala observa que la denunciante expresa “…El siguiente punto, es en cuanto a la SEGUNDA DENUNCIA que se planteó en el Recurso de Apelación de la Sentencia Definitiva, relativa a que la Corte de Apelaciones debió resolver de manera motivada la misma, fundamentada ésta en lo dispuesto en el artículo 444 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, por la violación o errónea aplicación de una norma jurídica, la cual se fundamentó en que la juez de Primera Instancia, realizó una errónea aplicación de lo expresado por el legislador en su artículo 65 numeral 3 del Código Penal. …”
De lo anterior, se evidencia que la peticionante no dio estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal y tales exigencias procesales no pueden suponer una formalidad que pueda ser relajada por las partes o inobservada por la Sala de Casación Penal, por el contrario, su cumplimiento ha sido motivo constante de exigencia por parte de la Sala, como en efecto se observa en la decisión N° 84, del 3 de marzo de 2011, que estableció:
“…cuando se recurre en casación, deben los recurrentes para la cabal fundamentación del recurso, cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 462 [hoy artículo 454] del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, se debe interponer en escrito fundado, dentro del cual se indicará concisa y claramente la norma que se considere violada, cómo se impugna la decisión e indicar el motivo de procedencia de la denuncia (falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación) y fundarlos separadamente si son varias las denuncias de ley con sus respectivos motivos de procedencia. …”.
Requisitos que, a su vez, estatuye el artículo 452 de la citada norma procesal penal, de la siguiente forma:
“El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación…”.
En consonancia con lo antes expuesto, la Sala pudo constatar, en primer lugar, que los alegatos esgrimidos por la recurrente están estrictamente dirigidos a cuestionar el fallo dictado por el Juez de Instancia y, en segundo lugar, que los motivos de procedencia fueron alegados de manera conjunta, no pudiendo este órgano jurisdiccional suplir la actuación propia de la impugnante, quien está obligada a exponer de manera clara y específica cuál es su pretensión e indicar el fin que persigue con su alegato y la influencia de la infracción en el dispositivo de la sentencia recurrida, la cual debe ser siempre una dictada por una Corte de Apelaciones, a la luz del mandato expreso determinado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.
Aunado a ello, al no especificar la recurrente cuál fue el vicio en el que incurrió la Corte de Apelaciones, es decir, bien la “falta de aplicación” o la “indebida aplicación”, constituye esto una deficiencia de técnica recursiva. En este contexto, la Sala en sentencia N° 469, de fecha 5 de diciembre de 2012, señaló lo que sigue:
“…la Sala reitera que cuando se interpone el recurso de casación, este debe estar dirigido a los vicios propios del fallo emitido por las Cortes de Apelaciones, que son las decisiones recurribles mediante el recurso de casación, según lo dispuesto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, quien recurre, además de expresar su descontento con el fallo que le es desfavorable (elemento subjetivo) está en el deber de explanar las razones de Derecho (elemento objetivo) que demuestren que la decisión que se recurre presentó un vicio cuya relevancia amerita su nulidad…”.
En consecuencia, al no poder denunciarse en casación penal el vicio de inmotivación en forma genérica y por lo tanto, la identificada carencia sobre la estructura de la pretensión casacional no puede suplirla la Sala, lo que hace forzoso DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el Recurso de Casación planteado, por no cumplir con las exigencias pautadas en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, con relación a los artículos 451 y 457, eiusdem. Así se decide.
DECISIÓN
Por lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el Recurso de Casación presentado por la abogada Beatriz Orellana, en su condición de Fiscal Vigésima Tercera del Ministerio Público con Competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral y Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, contra la sentencia dictada en fecha 19 de junio de 2020, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, por no cumplir con los requerimientos señalados en los artículos 451, 454 y 457 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022). Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO FRANCIA COELLO GONZÁLEZ
(Ponente)
El Magistrado, La Magistrada,
JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
EJMG/
Exp. AA30-P-2021-000147