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Ponencia de la
Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
El Tribunal de Primera
Instancia Cuarto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado
Sucre, el 27 de octubre de 2005 DECLINÓ
LA COMPETENCIA en el Tribunal Supremo de Justicia, para conocer sobre “La
Petición Constitucional”, planteada por el ciudadano JOSÉ FRANCISCO PIÑANGO PIÑANGO, titular de la cédula de identidad
N° V-2.065.489., Sargento Ayudante (Ej) en situación de Reserva.
El 28 de octubre de 2005,
el mencionado Juzgado de Control remitió el presente asunto mediante oficio Nº
4C-7186-05 al Tribunal Supremo de Justicia.
El 15 de noviembre de
2005, se recibió los autos en esta Sala de Casación Penal, se dio cuenta de
ello y el 22 de noviembre de 2005 se designó ponente a la Magistrada
Doctora Deyanira Nieves Bastidas, quien con tal carácter suscribe la presente
decisión.
La Sala,
a los fines de resolver la declinatoria de competencia planteada, pasa a
realizar las siguientes consideraciones:
El 20 de octubre de 2005,
el ciudadano José Francisco Piñango Piñango presentó escrito con fundamento en
los artículos 26 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, ante el referido Juzgado Cuarto de Control, en el cual alegó que: “…Es un hecho público y notorio por estar
satisfechas las exigencias constitucionales para la aprobación de las leyes,
haberse hecho la debida publicación y con ello notificárselo a todo el
conglomerado social venezolano, que la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica
del Poder Electoral y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fuera
del lapso constitucionalmente ordenado, contaminando con ello a ambas leyes del
vicio de extemporaneidad que las hace incompatibles con la disposición
transitoria cuarta de nuestra norma suprema y carentes de carácter
constitucional para lograr los fines que se persiguen con ambas…(Omissis)…
Que la Asamblea Nacional, como el órgano rector del Poder Público
Legislativo, abandonó indebidamente su obligación de sujetarse a nuestra
constitución para cumplir la función de aprobar la LOPE y la LOTSJ en el lapso
constitucionalmente previsto en la disposición cuarta de nuestra norma suprema
utilizando este hecho inconstitucional como un medio distinto al previsto en
ella para revocarla. Por ello y en uso del derecho que me reconoce el precepto
constitucional N° 26 que me permite acceder ante cualquier órgano de
administración de justicia en defensa de mis derechos e intereses y siendo mi
deber inducirle a usted a trabajar conjuntamente con el suscrito para restablecer
la plena vigencia y asegurar la integridad de nuestra constitución eliminando
de esta manera el riesgo de revocatoria que se encuentra amenazada por la
incompatibilidad existente entre las cuestionadas leyes y las disposiciones 7,
187 ordinal 1 y la transitoria cuarta de nuestra suprema ley, ante su
competente autoridad accedo y en ejercicio del derecho que me concede la
disposición N° 51 le dirijo las siguientes peticiones…(Omissis)…
Que en razón de la gravedad del caso, demostrada con claros indicios
probatorios al alcance de todo conglomerado social venezolano, y que la segunda
parte de la referida disposición N° 334 ese tribunal está facultado para que
actuando en cualquier causa, aún de oficio, decida lo conducente, declare
admitida esta acción por el procedimiento de petición constitucional y en ese
mismo acto ese digno tribunal declare que procede actuar de oficio en causa
constitucional sumaria, breve, oral y pública…(Omissis)…
Que ese digno tribunal declare de oficio actuando en causa constitucional
sumaria, breve, oral y pública, que en razón de que la Asamblea Nacional
decretó en los volúmenes N° 37.573 y 37.942 de la Gaceta Oficial las leyes
orgánicas del Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia y en las
disposiciones finales de ambas leyes se deja clara y textualmente establecida
la fecha de su aprobación, las o la cual es totalmente INCOMPATIBLE con el
lapso ordenado en la disposición transitoria cuarta de nuestra máxima ley para
cumplir esta función, se DECLARE A LA ASAMBLEA NACIONAL Y POR ENDE A TODOS LOS
DIPUTADOS Y DIPUTADAS PRINCIPALES, CONFESOS DE LA COMISIÓN DEL HECHO
INCONSTITUCIONAL, DE NO SUJECIÓN A SU DEBER DEL (sic) LEGISLAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER ELECTORAL Y EL TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA EN EL LAPSO PREVISTO EN LA REFERIDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
CUARTA Y ASÍ SE DECIDA. Que en razón de que el hecho inconstitucional descrito
en el punto IX cuya comisión esta (sic)
CONFESA tanto la Asamblea Nacional como sus miembros principales y suplentes
contaminaron ambas leyes con el vicio de extemporaneidad y con ello las hizo
incompatible (sic) con nuestra
constitución, ese digno tribunal actuando de oficio en causa constitucional
sumaria, breve, oral y pública, declare QUE TANTO LA ASAMBLEA NACIONAL COMO
TODOS SUS INTEGRANTES SON RESPONSABLES DE LA UTILIZACIÓN DE ESTE VICIO, COMO
CUALQUIER OTRO MEDIO DISTINTO AL PREVISTO EN NUESTRA NORMA SUPREMA PARA SU
DEROGACIÓN.
Que ese digno tribunal actuando de oficio en causa constitucional
sumaria, breve, oral y pública declare; que existen suficientes indicios
probatorios morales y físicos para afirmar que esta (sic) en curso un claro caso de incompatibilidad entre nuestra norma suprema
y las leyes aquí cuestionadas y por lo tanto se ordena mediante sentencia firme
que la Asamblea Nacional debe sujetarse a la aplicación de las disposiciones
constitucionales para cumplir la función de aprobar las leyes…”.
Y el
27 de octubre de 2005, el
Tribunal de Primera Instancia Cuarto en Función de Control del Circuito
Judicial Penal del Estado Sucre, DECLINÓ
el conocimiento de la “petición
constitucional” presentada por el ciudadano José Francisco Piñango Piñango,
en el Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos: “…Debe este Tribunal puntualizar
primeramente que, ciertamente al exponente le asiste su derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia, de formular peticiones y de obtener
oportuna respuesta, pero ello ha de estar armonizado con las restantes
disposiciones que rigen las situaciones jurídicas a ser ventiladas y el proceso
en cada caso en particular, es así que la propia disposición por él invocada,
artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establece que todos los jueces o juezas de la República están obligados a
asegurar la integridad de la Constitución, pero claramente dispone que ello es
en el ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en ella, es así pues
que, el escrito presentado por ante este Tribunal por el ciudadano JOSÉ
FRANCISCO PIÑANGO PIÑANGO, plantea la incompatibilidad entre la Ley Orgánica
del Poder Electoral y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de la presunta
comisión de un hecho punible por parte de los diputados y diputadas de la
Asamblea Nacional, planeamientos (sic)
éstos que a tenor de lo dispuesto en las normas antes citadas, escapa de la
competencia de este Tribunal de Control, por lo que no le compete a este
Despacho Judicial entrar a conocer la presente solicitud, siendo criterio de
quien como Juez suscribe, que el Tribunal competente para conocer de la misma
es el Tribunal Supremo de Justicia, y así se decide…”.
La Sala para decidir, observa:
Con base al
principio iura novit curia (Sentencia
N° 7, del 01/02/00, de la Sala Constitucional, caso: José Amado Mejía
Betancourt) y a pesar de lo impreciso e indeterminado de la
supuesta “petición constitucional”, presentada
por el ciudadano José Francisco Piñango Piñango, del contenido del escrito se
puede deducir que el solicitante en definitiva, impugna la publicación de las
Leyes Orgánicas del Poder Electoral y la del Tribunal Supremo de Justicia, al
considerarlas inconstitucionales por colidir con nuestra Carta Magna.
Es decir, pretende el
peticionario, la revisión de la constitucionalidad de las leyes orgánicas antes
señaladas, así como su impugnación por colisión con el texto fundamental,
siendo el único procedimiento compatible con tal petición, el recurso de
inconstitucionalidad de leyes, denominado, control concentrado de la
constitucionalidad, establecido en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
Ahora bien, respecto a la
competencia constitucional y legal atribuida a los órganos jurisdiccionales
para el conocimiento de dicho recurso, el artículo 336 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, dispone que: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia: 1.- Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y
demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta
Constitución…”.
De igual forma, el
artículo 5° numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
establece que: “Es de la competencia del
Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:… Sala
Constitucional… 6.- Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales
y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio
del control concentrado de la constitucionalidad”.
De lo expuesto se
evidencia, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no
tiene asignada competencia funcional alguna para conocer de la petición
realizada por el ciudadano José Francisco Piñango Piñango. Por el contrario, la
competencia para conocer de la impugnación por inconstitucionalidad de leyes
orgánicas, está constitucional y legalmente atribuía a la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia.
En consecuencia, esta
Sala de Casación Penal, se DECLARA
INCOMPETENTE para conocer sobre la “petición
constitucional” presentada por el ciudadano José Francisco Piñango Piñango
y DECLINA su conocimiento en la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser el órgano jurisdiccional
facultado para ello. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, declara su INCOMPETENCIA para conocer de la “petición constitucional” presentada por
el ciudadano José
Francisco Piñango Piñango y DECLINA SU CONOCIMIENTO EN LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
DE JUSTICIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 336 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 5°, numerales 6 y 18 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En consecuencia, se ORDENA,
remitir el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia;
así como remitir copia certificada de la presente decisión al Tribunal de
Primera Instancia Cuarto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del
Estado Sucre, con sede en Cumaná.
Publíquese, regístrese y
bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en
el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Penal en Caracas, a los SIETE (7) días del mes de FEBRERO del año 2006. Años
195º de la Independencia y 146º de la Federación.
El Magistrado Presidente,
ELADIO APONTE APONTE
El Magistrado Vice-Presidente,
HÉCTOR
CORONADO FLORES
Las Magistradas,
MIRIAM MORANDY MIJARES
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
Ponente
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DNB/eams
EXP. CC05-518