Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO.

 

El 10 de mayo de 2016, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia recibió, mediante oficio número 312-16, proveniente del Tribunal Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el expediente relacionado con el procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA seguido a la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, portadora de la cédula de identidad venezolana N° 9.062.136, quien se encuentra solicitada por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, mediante Notificación Roja Internacional, alfanumérico de control A-3767/4-2016, de fecha 27 de abril de 2016, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, tipificado en los artículos 12, 14 y 18, I, de la Ley N° 6.368/76 de ese Estado.

 

El 16 de mayo de 2016, se dio cuenta de la referida solicitud a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, siendo asignada la ponencia a la Magistrada ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

DE LA COMPETENCIA

 

La competencia para conocer el procedimiento de extradición activa o pasiva, se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el numeral 1, del artículo 29, que establece lo siguiente:

 

Artículo 29. Es de la competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

1.- Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley. ...”.

 

Atendiendo a lo anterior, corresponde a la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con las leyes y los tratados o convenios internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente procedimiento de extradición pasiva.

 

DE LOS HECHOS

 

En la Notificación Roja de Interpol, alfanumérico de control A-3767/4-2016, de fecha 27 de abril de 2016, aparece solicitada la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, como prófuga buscada por el Gobierno de la República Federativa de Brasil para un proceso penal. En dicha notificación se lee la exposición de los hechos siguientes:  

 

“… Fortaleza/CE (Brasil): El 08 de febrero de 2003

El día 08.02.2003, en la ciudad de Fortaleza/CE, se detuvo a la nombrada JANICE LOEWE por tráfico de drogas. Se comprobó que MORAIMA CORONEL ARMAS colaboró en contactar, organizar y fornecer los estupefacientes incautados en poder de JANICE. Se estableció, también, que MORAIMA, GEORGE (marido de MORAIMA) y JANICE viajaron en el mismo vuelo desde la ciudad de Boa Vista/RO en el vuelo RG2207 de Varig. …”. (Mayúsculas de la cita).

 

DE LAS ACTUACIONES

 

La Notificación Roja Internacional, alfanumérico de control A-3767/4-2016, de fecha 27 de abril de 2016, emitida por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, contra la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, por la comisión del delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, tipificado en los artículos 12, 14 y 18, I, de la Ley N° 6.368/76 de ese Estado. En dicha notificación se señala lo siguiente:

 

CORONEL ARMAS Moraima

N° de control: A-3767/4-2016

País solicitante: BRASIL

N° de expediente: 2016/28767

Fecha de publicación: 27 de abril de 2016

DISTRIBUCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (INTERNET INCLUSIVE) DEL EXTRACTO DE LA NOTIFICACIÓN ROJA PUBLICADO EN LA ZONA DE ACCESO PÚBLICO DEL SITIO WEB DE INTERPOL: NO

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

1.            DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Apellido: CORONEL ARMAS

Apellido escrito con los caracteres (sic) originales o en código telegráfico chino: No precisado

Apellido de origen: No precisado       

Nombre: Moraima

Nombre escrito con los caracteres (sic) originales o en código telegráfico chino: No precisado

Fecha y lugar de nacimiento: 04 de abril de 1964 – Venezuela

Sexo: Femenino

Nacionalidad: VENEZOLANA (comprobada)

Otros nombres/ otras fechas de nacimiento: No precisado

Estado Civil: No precisado

Apellido y nombre del padre: No precisado

Apellido de soltera y nombre de la madre: No precisado

Ocupación: No precisado

Idiomas que habla: Español

Lugares o países a donde pudiera desplazarse: Venezuela (Caracas)             

Datos complementarios: Dirección: Empresa PROYECTOS CENTRAL YOUNG A & amp; M, C.A. en la Calle Francisco de Miranda, 1220, Caracas

Documentos de identidad: pasaporte venezolano N° B0869058 Venezuela

Fórmula de ADN: No precisado

Descripción: No precisado

Señas particulares y peculiaridades: No precisado

2. DATOS JURÍDICOS

La exposición de los hechos y los datos jurídicos provienen de la solicitud original enviada por la OCN y no han sido modificados por la Secretaria General.       

Exposición de los hechos: Fortaleza/CE (Brasil): El 08 de febrero de 2003

El día 08.02.2003, en la ciudad de Fortaleza/CE, se detuvo a la nombrada JANICE LOEWE por tráfico de drogas. Se comprobó que MORAIMA CORONEL ARMAS colaboró en contactar, organizar y fornecer los estupefacientes incautados en poder de JANICE. Se estableció, también, que MORAIMA, GEORGE (marido de MORAIMA) y JANICE viajaron en el mismo vuelo desde la ciudad de Boa Vista/RO en el vuelo RG2207 de Varig.

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL

Calificación del delito: Tráfico Internacional de drogas

Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito: Art. 12, 14 y 18, I, de la Ley n° (sic) 6.368/76

Pena máxima aplicable: 15 años de privación de libertad

Prescripción o fecha de caducidad de la orden de detención: No precisado

 

Orden de detención o resolución judicial equivalente: 0011000008-2/2016, expedida el 13 de abril de 2016 por 10a Vara da Justica Federal de 1° Grau da 5a Região (Brasil)

Firmante: Danilo Fontenelle Sampaio

¿Dispone la Secretaría General de una copia de la orden de detención en el idioma del país solicitante?

3. MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA

LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN

El país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja da garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

DETENCIÓN PREVENTIVA

Para el país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja, esta debe considerarse como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

Avísese inmediatamente a la OCN BRASILIA BRASIL (referencia de la OCN: DOC 426066-0 del 26 de abril de 2016) y a la Secretaría General de la OIPC-INTERPOL. …”.

 

El 27 de abril de 2016, fue detenida la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de INTERPOL, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, según se lee del acta de investigación penal que a continuación se trascribe:

 

“… En esta misma fecha, siendo las 04:00 horas de la tarde, compareció ante este Despacho, la Detective Merlin GARCIA (sic), adscrita a la Brigada Contra el Tráfico y Trata de Personas de la División de Investigaciones de Interpol, de este Cuerpo de Investigaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 114, 115, 291 primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 52 numeral 4° del Servicio de Policía de Investigación, el (sic) Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, deja constancia de la siguiente diligencia policial, efectuada en esta averiguación: ´Siendo las 02:00 horas de la tarde y continuando con las pesquisas relacionadas con la notificación roja signada con el número de control A-3767/4-2016, fecha de publicación 27 de abril de 2016, a petición de las autoridades de la Ocn Interpol Brasil, por el delito de tráfico internacional de drogas. Me trasladé en compañía de los funcionarios, Inspector Jefe Pedro RUIZ e Inspector Agregado Hildemaro TIRADO, a bordo de la unidad marca Toyota, modelo Tacoma, color blanco, placas 3-0596, hacia la avenida intercomunal Guarenas-Guatire, calle Arismendi, Centro Comercial plaza (sic), estado Miranda, con la finalidad de ubicar y aprehender a la ciudadana Moraima CORONEL AARMAS (sic), fecha de nacimiento 04-04-1964, titular de la cédula de identidad V-9.062.136, sobre quien recae tal requerimiento internacional, ya que en previas pesquisas de carácter tecnológico, documental y de investigaciones de campo esta persona pudiera desplazarse por el mencionado sector. Una vez en el sitio, procedimos a implementar varios dispositivos de vigilancia estática y al cabo de varias horas logramos avistar a una persona de sexo femenino, que transitaba por una de las aceras del lugar, quien claramente reunía las características fisionómicas e individualizantes, portando como vestimenta un mono de color negro y franela de color morado, por lo que con las medidas de seguridad del caso abordamos a dicha ciudadana, a quien se le dio la voz de alto e identificarnos como funcionarios activos de este cuerpo de investigaciones, y manifestarle el motivo de nuestra presencia, amparados en el artículo 191° del Código Orgánico Procesal Penal, procedí a efectuarle la respectiva revisión corporal no localizando ninguna evidencia de interés criminalístico. luego (sic) de solicitarle su identificación, manifestó ser y llamarse MORAIMA CORONEL ARMAS, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, fecha de nacimiento 04-04-1964, de 52 años de edad, de profesión u oficio comerciante, laborando actualmente por riesgo y cuenta propia, residenciada en la Urbanización terrazas (sic) del este (sic), parcela 63-H, edificio 16, piso 2, apartamento 23, Guarenas, estado Miranda, teléfonos (…) titular de la cédula de identidad V-9.062.136, por lo que seguidamente basados en el requerimiento internacional antes mencionado, se le leen y otorgan sus derechos Constitucionales previstos en el artículo 49° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus derechos procesales previstos en todos y cada uno de los ordinales del artículo 127° del Código Orgánico Procesal Penal y trasladado (sic) en calidad de detenida a la sede de esta dependencia. Una vez en este Despacho se le informó a la superioridad de lo acontecido, quienes ordenaron que dicha ciudadana fuera puesta a la orden de la oficina (sic) de Flagrancia del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, dejando constancia de la circunstancia de modo, tiempo y lugar de la aprehensión a través de la presente acta policial. Así mismo (sic) se deja constancia que dicha persona fue verificada ante el Sistema de Investigación e Información Policial arrojando como resultado que no presenta registro ni solicitud alguna. Igualmente (sic) se le permitió comunicarse con una persona de su entera confianza de nombre…, a quien manifestó de su situación actual. Posteriormente (sic) se efectuó llamada telefónica a la abogada Genny RODRÍGUEZ (sic), Fiscal de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de notificar sobre la presente aprehensión, dándose por notificada e    indicando que realizará los trámites legales correspondientes. Se deja    constancia que a la ciudadana en cuestión le fue practicado examen médico legal para dejar constancia del estado de salud de la misma. Se consigna en la  presente acta, Derechos de imputado debidamente firmados y la notificación roja en referencia. ES TODO, TERMINÓ, SE LEYÓ Y CONFORMES FIRMAN. …”.

 

El 28 de abril de 2016, el Comisario Jefe de la División de Investigaciones de INTERPOL, Msc. Mario Enrique Pacheco Báez, solicitó a la Dirección del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el “EXÁMEN MÉDICO LEGAL a la detenida MORAIMA CORONEL ARMAS”, mediante oficio N° 9700-190-2209.

 

En esa misma fecha (28 de abril de 2016), la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS fue puesta a disposición de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, mediante oficio N° 9700-190-2210, suscrito por el ciudadano Msc. Mario Enrique Pacheco Báez, Comisario Jefe de la División de Investigaciones de INTERPOL, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

 

También en esa misma fecha (28 de abril de 2016), fue realizada la audiencia de presentación de la ciudadana solicitada MORAIMA CORONEL ARMAS, ante el Juzgado Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Cecilia Pildain García, quien ordenó remitir las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo pautado en el artículo 386 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al procedimiento de extradición, dejándose constancia en el acta de lo siguiente:

 

“… En la ciudad de Caracas en el día de hoy, jueves 28 de abril de Dos (sic) mil dieciséis (2016), siendo las cuatro (04:00) horas de la tarde, oportunidad legal fijada por este Tribunal para que tenga lugar el ACTO DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE IMPUTADO, Hace (sic) acto de presencia la ciudadana Juez ABG. CECILIA PILDAIN GARCÍA Juez (48°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con la Secretaria ABG. YELITZA APONTE ESCALONA, quien verificó la presencia de las partes, encontrándose presentes el ciudadano Fiscal del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, ABG. JOSLEN MARQUEZ, la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, Titular de la Cédula de Identidad N°: 9.062.136 asistida por la defensa privada: ABG. MARIANELA TORREALBA PEREZ. En este estado el (sic) ciudadano (sic) Juez (sic) informa a las partes que la presente audiencia no tiene carácter contradictorio, que deben obrar en base al principio de buena fe previsto en el Artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguido le fue cedida la palabra al Representante del Ministerio Público, quien seguidamente expone: ´Esta Representación Fiscal presenta en este acto a la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, Titular de la Cédula de Identidad №: 9.062.136, quien presenta notificación roja numero (sic) A-3767/4-2016, de fecha 27 de abril de 2016, procedente de Brasil, por a (sic) presunta comisión del delito de TRAFICO (sic) INTERNACIONAL DE DROGAS, razón por la cual solicito se remita la referida causa al Tribunal Supremo de Justicia a los fines se realice el tramite (sic) de Extradición correspondiente, Es todo´. Acto seguido fue impuesto el (sic) imputado (sic) por la ciudadana Juez del contenido del Artículo 49 Numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que le exime de declara (sic) en su contra, en contra de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como si quiere hacerlo, lo hará sin juramento, libre de presión y coacción, (sic) Seguidamente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 132 ejusdem, el imputado fue interrogado acerca de sus datos personales, quien manifestó ser y llamarse como queda escrito MORAIMA CORONEL ARMAS, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 9.062.136, VENEZOLANA, NATURAL DE CARACAS, FECHA DE NACIMIENTO: 04-04-1964, EDAD; 52 AÑOS, PROFESIÓN U OFICO; COMERCIANTE, GRADO DE INSTRUCCIÓN: T.S.U HIJA DE: RESIDENCIADO (sic); GUARENAS, URBANIZACIÓN TERRAZAS DEL ESTE PARCELA 63H, APARTAMENTO 2-3 TELEFONO (…) quien en consecuencia expone: no deseo declarar, me acojo al precepto constitucional, es todo’ Seguidamente se le da el derecho de palabra a la Defensora Privada, quien expuso: esta defensa vista el alerta roja que me (sic) presenta mi defendida solicita se realice lo mas (sic) rápido posible el proceso que por extradición se requiere a los fines de que se realice el tramite (sic) correspondiente es todo. ‘Oídas como han sido las exposiciones de las partes y cumplidas las formalidades de Ley, este TRIBUNAL CUADRAGESIMO (sic) OCTAVO (48°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a dictar los siguientes pronunciamientos: UNICO (sic): Vista la notificación roja que presenta la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 9.062.136, numero (sic) A-3767/4-2016, de fecha 27 de abril de 2016, procedente de Brasil, por la presunta comisión del delito de TRAFICO (sic) INTERNACIONAL DE DROGAS, es por lo que este Juzgado Acuerda la inmediata remisión del presente Cuaderno de Extradición al Tribunal Supremo de Justicia, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 386 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en los artículos 1, 2 y 15 del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España (sic), suscrito en Caracas el 4 de enero de 1990, vigente hasta la presente fecha, con aprobación legislativa de fecha 25 de abril de 1990, ratificación ejecutiva de fecha 25 de abril de 1990, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 34.476, de fecha 28 de mayo 1990, entrando en vigor en data 26 de abril del mencionado año. Líbrese Oficio de Remisión. Cúmplase. Se acuerda oficiar al órgano aprehensor de lo aquí decidido. Quedan las partes debidamente notificadas de conformidad con el artículo 159 ibídem. Se declaró concluida la audiencia siendo las cuatro y treinta (4:30) horas de la tarde. …”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas de la cita).

 

            Igualmente, en fecha 28 de abril de 2016, mediante oficio N° 308-16, el Juzgado Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas le notificó al Jefe de la División de Investigaciones de INTERPOL, que la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS se mantendría privada de libertad en ese cuerpo aprehensor, hasta tanto el Tribunal Supremo de Justicia emitiere el debido pronunciamiento en relación con el procedimiento de extradición que se le sigue a la mencionada ciudadana.

 

El 10 de mayo de 2016, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dio entrada al presente expediente, remitido por el Tribunal Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, signado con el alfanumérico 48C-19.353-16 (nomenclatura de ese Órgano Jurisdiccional), contentivo de la solicitud de extradición pasiva seguida a la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS.

 

El 17 de mayo de 2016, la Sala emitió Oficio N° 530, dirigido a la Dirección General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información sobre la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, respecto a datos filiatorios, movimientos migratorios, huellas dactilares, trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad N° 9.062.136.

 

En esa misma fecha (17 de mayo de 2016), la Sala emitió Oficio N° 531, dirigido a la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, solicitando información sobre la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, con el fin de constatar si cursa alguna investigación fiscal en contra de la mencionada ciudadana.

 

Ese mismo día (17 de mayo de 2016), la Sala emitió Oficio N° 532, dirigido a la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, requiriendo la remisión del Registro Policial que presenta la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, identificada en el expediente con cédula de identidad N° 9.062.136.

 

El 23 de mayo de 2016, la Sala emitió oficio N° 534, dirigido a la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de informarle sobre el proceso de extradición pasiva seguido a la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El 24 de mayo de 2016, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, vía correspondencia, el oficio identificado con el alfanumérico FTSJ-3-2016-0151, de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual se informó que la Dirección General de Apoyo Jurídico del Despacho de la Fiscal General de la República comisionó a la ciudadana abogada Carolina Segura Gualtero, para ejercer la representación del Ministerio Público en el procedimiento de extradición pasiva seguido contra la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS.

 

El 30 de mayo de 2016, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, vía correspondencia, el oficio identificado con el número 002626, de fecha 19 de mayo de 2016, enviado por el Director Nacional de Migración y Zonas Fronterizas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con información anexa relacionada con los movimientos migratorios que registra la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, titular de la cédula de identidad N° 9.062.136.

 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA SALA

 

El Estado venezolano, en relación con el procedimiento de extradición, sea esta activa o pasiva, verifica las condiciones de su procedencia con un alto sentido de responsabilidad. Por lo tanto, reconoce la extradición como una obligación moral, en consonancia con los principios del Derecho internacional; no obstante, de acuerdo con su autodeterminación, se reserva la más absoluta libertad para conceder o negar la solicitud de extradición, si en el caso concreto se contrarían los principios de nuestra legislación nacional, o si no se encuentra en conformidad con la razón y la justicia.

 

Para ello, la Sala se rige por el contenido del artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, del 30 de diciembre de 1999, reimpresa en la Gaceta Oficial N° 5.453, Extraordinario, del 24 de marzo de 2000; el artículo 6 del Código Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 5.763, Extraordinario, del 16 de marzo de 2005, reimpreso en Gaceta Oficial N° 5.768, Extraordinario, del 13 de abril de 2005; y los artículos 382, 386, 387 y 388 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.078, Extraordinario, del 15 junio de 2012, que establecen los principios fundamentales que tutelan el procedimiento de extradición. Los referidos artículos disponen:

 

 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

 

Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.

Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.”

 

Código Penal:

 

Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de éstos, por las leyes venezolanas.

No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua.

En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia.”

 

Código Orgánico Procesal Penal:

 

Fuentes. Artículo 382. La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título.”

Extradición Pasiva. Artículo 386. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.

 

Medida Cautelar. Artículo 387. Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.

 

Libertad del Aprehendido. Artículo 388. Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación”.

 

Debe advertir la Sala que entre la República Federativa del Brasil y la República Bolivariana de Venezuela existe un tratado bilateral de extradición, suscrito el 7 de diciembre de 1938, en la ciudad de Río de Janeiro, con aprobación legislativa por parte de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 3 de julio de 1939, ratificación ejecutiva de fecha 17 de agosto de 1939 y canje de ratificaciones del 14 de febrero de 1940, en el cual se establecen los requisitos formales que deben cumplirse para la aplicación del procedimiento de extradición pasiva entre ambas naciones.

 

Al respecto, el encabezamiento del artículo I prevé lo siguiente:

 

Articulo I

Las Altas Partes Contratantes, se obligan, en las condiciones establecidas por el presente Tratado y de acuerdo con las formalidades legales vigentes en cada uno de los dos países, a la entrega reciproca de los individuos que, procesados o condenados por las autoridades judiciales de una de ellas, se encuentren en el territorio de la otra…”.

 

En relación con los requisitos formales para la procedencia de la extradición pasiva, los artículos V y VI del tratado consagran:

 

Artículo V

La solicitud de extradición se hará por la vía diplomática o, excepcionalmente, a falta de Agentes Diplomáticos, por la vía directa, esto es, de Gobierno a Gobierno, y se acompañará con los siguientes documentos:

a. Cuando se trate de simples acusados: copia o transcripción auténtica de la orden de prisión o auto de enjuiciamiento criminal equivalente emanado del Juez competente.

b. Cuando se trata de condenados: copia o transcripción auténtica de la transferencia condenatoria.

Estas piezas deberán contener la indicación precisa del hecho incriminado, el lugar y fecha en que fue cometido y se acompañará, con copia de los textos aplicables al caso y de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena, así como también de los datos o antecedentes necesarios para comprobar la identidad del individuo reclamado.

1°. Siempre que sea posible, las piezas justificativas de la solicitud de extradición irán acompañadas de su traducción al idioma del Estado requerido.

2°. La presentación de la solicitud de extradición por la vía diplomática constituirá prueba suficiente de la autenticidad de los documentos presentados en su apoyo, los cuales serán consecuencialmente tenidos como legalizados”.

 

ARTÍCULO VI

Siempre que lo juzguen conveniente, las Partes Contratantes podrán solicitar la una de la otra, por medio de sus agentes diplomáticos, o directamente, de Gobierno a Gobierno, que se proceda a la prisión preventiva del inculpado, así como también a la aprehensión de los objetos relativos al delito.

Esta solicitud será atendida siempre que contenga la declaración de la existencia de uno de los documentos enumerados en las letras a) y b) del artículo precedente, y la indicación de que la infracción cometida autoriza la extradición, según este Tratado.

En este caso, si en el plazo máximo de sesenta días contados desde la fecha en que el Estado requerido hubiere recibido la solicitud de prisión preventiva de la persona inculpada, el Estado requirente no presentare la solicitud formal de extradición, debidamente instrumentada, el detenido será puesto en libertad, y sólo se admitirá nueva solicitud de prisión por el mismo hecho cuando se haga por medio de solicitud formal de extradición, acompañada de los documentos referidos en el artículo que antecede. …”.

 

De las normas jurídicas antes transcritas, surgen requisitos formales de procedencia claramente determinados por ambos Estados parte, por ejemplo: la solicitud de extradición expresa (formal) realizada por los respectivos agentes diplomáticos. En juicio de la Sala, tal requisito no es indispensable al inicio del procedimiento, pues el Estado requirente puede producirla después, dentro del término perentorio de sesenta (60) días continuos (luego de la notificación efectiva al país requirente) para la presentación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal.  El mismo lapso se encuentra establecido en el tratado bilateral de extradición, suscrito entre la República Federativa del Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.

 

En dicho caso, el Estado requirente deberá remitir copia autentica de la orden de prisión o auto de enjuiciamiento, o su equivalente, emanada del juez competente, debidamente fundamentada y con indicación de las pruebas en las cuales se apoya dicha decisión.

 

Tanto la orden de prisión como la sentencia condenatoria deberán contener la indicación precisa del hecho imputado o por el cual fue condenada la persona requerida, así como el lugar y fecha en que fue cometido. También, se deberá remitir copia de los textos aplicables al caso y los referentes a la prescripción de la acción penal o de la pena.

 

Igualmente, se deberán acompañar todos los datos que permitan identificar plenamente al solicitado en extradición, incluyendo la información sobre su filiación y todas aquellas señas y circunstancias particulares.

 

En el caso que lo requiera, como en el presente, toda documentación deberá estar debidamente traducida al idioma español.

 

En relación con el término perentorio al cual se ha hecho referencia, la Sala de Casación Penal ha precisado lo siguiente:

 

“…Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, inmediatamente, deberá notificar la detención de la persona solicitada al país requirente (a través de los canales diplomáticos correspondientes) y fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, a cuyos fines deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Dicho término perentorio, deberá computarse a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días continuos, tal como lo establece el artículo 396 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por ende, el referido lapso no admite prórroga de oficio.

En el supuesto de que el término perentorio fijado al país requirente (para consignar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria) se cumpla en su totalidad y el país requirente no produzca la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria ofrecida, la Sala de Casación Penal, deberá ordenar la libertad (sin restricciones) del aprehendido, así como, el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición; sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación (artículo 397 del Código Orgánico Procesal Penal).

La Sala, únicamente, podrá emitir pronunciamiento sobre la procedencia de una extradición, cuando el país requirente consigne la solicitud formal…”. (Sentencia N° 113, del 13 de abril de 2012).

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Una vez recibido el expediente en la Sala de Casación Penal, y revisadas las actuaciones detalladas con anterioridad, se verificó que no consta en autos la solicitud formal de extradición de la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, por parte del Gobierno de la República Federativa del Brasil, ni la documentación judicial que sustente dicha petición, la cual resulta necesaria para examinar los requisitos de fondo que en materia de derecho interno e internacional rigen en materia de extradición.

 

En efecto, solo consta la NOTIFICACIÓN ROJA INTERNACIONAL, del 27 de abril de 2016, alfanumérico de control A-3767/4-2016, expediente N° 2016/28767, emitida por la Oficina de INTERPOL de la República Federativa del Brasil, mediante la cual se solicita la detención de la referida ciudadana por el delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, tipificado en los artículos 12, 14 y 18, I, de la Ley N° 6.368/76 de ese Estado.

 

Sobre las Difusiones o Notificaciones Rojas Internacionales, la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal, denominada INTERPOL, en Asamblea celebrada en Hanói (Vietnam), el 31 de octubre de 2011, a través de la Resolución AG-2011-RES-07, aprobó por unanimidad de sus miembros, el “Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos”, el cual entró en vigencia el 1° de julio de 2012, y regula las normas de funcionamiento del Sistema de Información de INTERPOL en materia de tratamiento de datos. Específicamente, contiene en su Título 3, Capítulo II, todo lo concerniente a la denominación y el trámite de las notificaciones y difusiones, entre las que se encuentran las notificaciones rojas.

 

El artículo 82 de dicho reglamento establece como finalidad de las notificaciones rojas, lo siguiente:

 

“… Las notificaciones rojas se publicarán a petición de una Oficina Central Nacional o de una entidad internacional dotada de competencias en materia de investigación y enjuiciamiento penal para solicitar la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares. …”. (Subrayado de la Sala).

 

La Sala ha reiterado en sentencia N° 327, del 31 de octubre de 2014, que la Notificación Roja constituye el fundamento de la solicitud de detención con fines de extradición, en los términos siguientes:

 

“... La notificación roja consiste en una solicitud de localización de persona buscada y su detención preventiva o provisional, con la finalidad de requerir su extradición.

De lo expuesto se evidencia que, la notificación roja contiene efectivamente una solicitud de detención preventiva con el compromiso de requerir la extradición formal, una vez localizada la persona requerida. Por tratarse de un trámite relacionado con el proceso de extradición, su conocimiento corresponde a los órganos jurisdiccionales del país requerido, quienes en definitiva dictaminarán la procedencia o improcedencia de dicha medida cautelar, tal como lo establece el artículo 387 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. …”.

 

De acuerdo con lo antes expuesto, y verificada la detención con fines de extradición de la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, con base en la Notificación Roja Internacional, alfanumérico de control A-3767/4-2016, publicada el 27 de abril de 2016, estima la Sala que se debe realizar la notificación al país requirente, fijando el término perentorio de sesenta (60) días continuos para que el Gobierno de la República Federativa del Brasil presente la solicitud formal de extradición, con la documentación judicial necesaria que la soporte. Dicho lapso se computará desde que conste en el expediente la notificación hecha por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores al Gobierno del país requirente.

 

Así mismo, resulta pertinente destacar que si la persona solicitada en extradición es nacional del Estado venezolano, es necesario acompañar los elementos de prueba que permitan el juzgamiento en el caso de que el inculpado sea procesado en el territorio venezolano, siempre y cuando lo solicite el país requirente, conforme con lo establecido en el encabezado del artículo 6 del Código Penal venezolano. Del mismo modo, deberá enviarse copia de la sentencia definitivamente firme, en el caso de que el solicitado haya sido condenado por el país requirente y este solicite el cumplimiento de la pena en nuestro país. También, se deberá incluir la transcripción de las disposiciones legales aplicables al caso, así como aquellas referentes a la prescripción de la acción o de la pena.

 

Lo anterior debe ser así, por cuanto el proceso penal es de carácter y orden público, por ello, los actos y lapsos procesales se encuentran predeterminados en un cuerpo normativo, como fórmula idónea para la tramitación y solución de los conflictos penales, lo cual crea certeza y seguridad jurídica para quienes acudan a los órganos de administración de justicia, haciendo posible conocer con exactitud los actos que estos deben realizar, pues tanto el proceso como el procedimiento no pueden ser anárquicos: sin reglas, garantías, ni seguridad.

 

Sobre la base de lo desarrollado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia estima que lo ajustado a Derecho es notificar al Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta días (60) continuos que tiene, desde el día siguiente de su efectiva notificación, para presentar la solicitud formal de extradición, y la documentación judicial necesaria que la sustente, en el procedimiento de extradición seguido a la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, conforme con lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Debiendo especificarse, además, que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones de la mencionada ciudadana en atención a lo estatuido en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda notificar al Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta días (60) continuos que tiene, a partir de su efectiva notificación, para presentar la solicitud formal de extradición, y la documentación judicial necesaria que la sustente, en el procedimiento de extradición pasiva seguido a la ciudadana MORAIMA CORONEL ARMAS, portadora de la cédula de identidad venezolana N° 9.062.136, conforme con lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Debiendo especificarse, además, que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, la Sala ordenará el cese de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra la ciudadana requerida en extradición, en atención a lo consagrado en el artículo 388 eiusdem.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, al primer (1°) día del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

 

 

 

 

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                        La Magistrada Ponente,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                                       ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

El Magistrado,                                                                                                             La Magistrada,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA                           YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

EJGM

Exp. AA30-P-2016-000148.