Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 9 de mayo de 2017, en la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se dio entrada al expediente signado con el alfanumérico GP01-R-2014-000097 (de la nomenclatura de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo), contentivo del proceso penal seguido contra el ciudadano JOSÉ FRANCISCO VILLEGAS GUAIRA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 17.513.601, por la comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en el artículo 43, tercer aparte, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El expediente en mención fue remitido a esta Sala de Casación Penal en razón del recurso de casación ejercido, el 4 de abril de 2017, por la abogada Jessica Zullymel Gesime Oviedo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 172.625, en su carácter de defensora privada del ciudadano José Francisco Villegas Guaira, contra la sentencia dictada, el 13 de abril de 2016, por la referida Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada, para ese momento, del aludido acusado contra el fallo publicado, el 10 de febrero de 2014, por la Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio el Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, que lo condenó a cumplir la pena de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión, por la comisión del delito antes indicado.

El 10 de mayo de 2017, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de haberse recibido el expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

I

ANTECEDENTES DEL CASO

El 19 de julio de 2011, la Fiscal Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, acusó formalmente, entre otros, al ciudadano José Francisco Villegas Guaira, por la presunta comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en los artículos 43, tercer aparte, en relación con el 15, numeral 6, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El 7 de octubre de 2011, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo se llevó a cabo el acto de la audiencia preliminar, oportunidad en la cual dicho juzgado declaró con lugar la excepción contenida en el artículo 28, literal “i”, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal opuesta por la defensa del imputado y, en consecuencia, decretó la nulidad de la acusación presentada por la representación fiscal y repuso la causa al estado de que el Ministerio Público diera respuesta a la solicitud realizada por la defensa relacionada con “(…) la declaración de testigos y experticias a los teléfonos que promovió la defensa (…)”. Asimismo, acordó mantener la privación judicial preventiva de libertad del imputado José Francisco Villegas Guaira.

El 20 de octubre de 2011, la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, presentó nueva acusación, entre otros, contra el ciudadano José Francisco Villegas Guaira, por la presunta comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en los artículos 43, tercer aparte, en relación con los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El 8 de diciembre de 2011, ante el Juzgado Primero de Primero Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo se llevó a cabo el acto de la audiencia preliminar, oportunidad en la cual dicho juzgado dictó, entre otros pronunciamientos, los siguientes: a) admitió totalmente la acusación interpuesta, entre otros, contra el ciudadano José Francisco Villegas Guaira, por la presunta comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en los artículos 43, tercer aparte, en relación con los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; b) admitió los medios de prueba ofrecidos por la representación fiscal y por la defensa privada; c) acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesaba sobre el referido ciudadano; y, d) ordenó la apertura del juicio oral y público.

El 10 de mayo de 2012, el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, dio inicio al juicio oral y privado, siendo el mismo interrumpido el 16 de noviembre de 2012, por cuanto no se hizo efectivo el traslado del imputado.

El 30 de noviembre de 2012, se dio inicio nuevamente al juicio oral y privado, el cual se interrumpió el 17 de diciembre de 2012, en virtud del reposo médico concedido a la Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, siendo asumida la suplencia por el abogado Aelohim Jesús Herrera Alvarado, quien procedió a inhibirse, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 7, del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, por tal razón ordenó la remisión de las actuaciones a la Presidencia del referido Circuito Judicial Penal para la designación de un Juez Accidental que conociera del presente proceso penal.

El 29 de enero de 2013, la abogada Rosana Borges Cortez, Jueza Accidental 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, se abocó al conocimiento de la presente causa, en consecuencia convocó a la apertura del juicio oral y privado.

El 5 de febrero de 2013, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, declaró con lugar la inhibición planteada por el abogado Aelohim Jesús Herrera Alvarado, Juez suplente del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

El 8 de febrero de 2013, la aludida Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, dio inicio al juicio oral y privado, concluyendo el mismo, el 10 de diciembre de 2013, oportunidad en la cual dictó el dispositivo del fallo en los términos siguientes:

“(…) PRIMERO: (…) se estableció la real ocurrencia de los hechos denunciados por el Ministerio Público que califican en el supuesto del tipo penal de VIOLENCIA SEXUAL, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con los artículo (sic) 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, (…) se declara CULPABLES a los ciudadanos JOSÉ FRANCISCO VILLEGAS GUAIRA (…) por la comisión del delito de VIOLENCIA SEXUAL (…) en consecuencia se condena al ciudadano JOSÉ FRANCISCO VILLEGAS GUAIRA, a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN (…) SEGUNDO: Se les IMPONE, igualmente (…) la pena accesoria prevista en el artículo 67 de la Ley especial (…) TERCERO: Se eximen [a] los acusados de autos del pago de las costas procesales en atención a lo preceptuado en los artículos 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CUARTO: Conforme a lo establecido en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal se acuerda mantener la Medida Judicial Privativa de Libertad a los acusados de autos (…)” [Resaltado, mayúsculas y subrayados del acta del debate].

El 10 de febrero de 2014, la Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, publicó el texto íntegro de la sentencia cuyo dispositivo había pronunciado al cierre del debate del juicio oral y privado.

El 14 de agosto de 2014, el abogado Ely Rafael Tovar Torres, para ese entonces defensor privado del ciudadano José Francisco Villegas Guaira, interpuso recurso de apelación contra la aludida sentencia, el cual no fue contestado por el representante del Ministerio Público.

El 18 de noviembre de 2014, el acusado José Francisco Villegas Guaira, se dio por notificado de la sentencia condenatoria dictada en su contra, el 10 de febrero de 2014, por la Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

El 22 de enero de 2016, ante la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, se llevó a cabo la audiencia oral establecida en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal.

El 13 de abril de 2016, la referida Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo dictó decisión mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa privada del ciudadano José Francisco Villegas Guaira y, en consecuencia, confirmó la sentencia dictada por la Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, que lo condenó a cumplir la pena de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión, por la comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en el artículo 43, tercer aparte, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El 26 de abril de 2016, el Fiscal Vigésimo Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo y la defensa privada del ciudadano José Francisco Villegas Guaira, se dieron por notificados de la anterior sentencia.

El 22 de febrero de 2017, el acusado José Francisco Villegas Guaira compareció previo traslado del Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo, ante la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, dándose por notificado de la sentencia. De igual modo, en dicha oportunidad, asoció a su defensa al abogado José Enrique Esvell Rojas, quien aceptó el cargo y prestó el debido juramento de ley.

El 8 de marzo de 2017, los abogados Ely Rafael Tovar Torres y José Enrique Esvell Rojas renunciaron a la defensa del ciudadano José Francisco Villegas Guaira.

El 22 de marzo de 2017, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo recibió escrito firmado por el ciudadano José Francisco Villegas Guaira, refrendado por un funcionario del Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, donde permanece recluido, mediante el cual designó como su defensora de confianza a la abogada Jessica Zullymel Gesime Oviedo, quien en esa misma fecha aceptó el cargo y prestó el juramento de ley.

El 4 de abril de 2017, la defensora privada del ciudadano José Francisco Villegas Guaira ejerció recurso de casación contra la sentencia dictada del 13 de abril de 2016, de la señalada Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, el cual no fue contestado por la representación del Ministerio Público.

El 18 de abril de 2017, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, remitió las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

II

DE LOS HECHOS

De acuerdo con lo contenido en las actuaciones que conforman el presente expediente, específicamente, en la sentencia condenatoria publicada, el 10 de febrero de 2014, por la Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, los hechos establecidos por el Ministerio Público en su acusación fueron los siguientes:

“(…) en fecha 03 de junio del 2011, siendo aproximadamente las 07:30 horas de la noche, momentos cuando el Sargento Segundo (PC) Oswaldo García, placa 1494, acompañado por el Agente (PC) Erick Abreu SIP y el Cabo/1ro (PC) Gustavo García, placa 2515, adscritos a la Estación Policial Guigue del Estado Carabobo, se encontraban en labores de patrullaje, cuando recibieron una llamada radiofónica de la Estación Policial Guigue, donde les indicaban que se llegaran al comando, al llegar los funcionarios se entrevistaron con las ciudadanas de nombre Yeris Del Valle Olmedo Heredia y Deila Noemí Nieves Parra, quienes informaron que sus hijas (…) se encontraban desaparecidas y cuando llamaron por teléfono les dijeron que se encontraban en un rancho en el sector la invasión cerca de la urbanización la Bolivariana y supuestamente las habían violado, por lo que inmediatamente los funcionarios se dirigieron con las ciudadanas antes indicadas a la dirección antes mencionada, al llegar a dicho sector, se percataron que al frente de una casa tipo rancho había una gran cantidad de personas, por lo que los funcionarios procedieron a detenerse y descender la unidad, las personas que se encontraban en el sitio, indicaron que había dos niñas dentro y una estaba desnuda y la taparon con una sabana, motivo por el cual los funcionarios ingresaron al rancho con las ciudadanas, y efectivamente habían dos adolescentes una sentada vestida con uniforme escolar de liceo y otra sentada y tapada con una sabana de color verde y vino tinto, las adolescentes manifestaron que los ciudadanos José Francisco Villegas y José Pacheco les había hecho eso, al darle una bebida, en el lugar colectaron un frasco de plástico de color blanco con tapa azul con una sustancia liquida de color naranja, seguidamente trasladaron a las adolescentes al Hospital Carlos Sanda de Guigue, posteriormente según lo informado por las adolescentes, las progenitoras de las mismas le indicaron a los oficiales que sabían donde vivían los ciudadanos, por lo que los mismos se trasladaron al Barrio el Rosario II, calle Marino Sur cruce con San José de la Parroquia Guigue, al llegar tocaron las puertas del inmueble donde salió un ciudadano y le indicaron el motivo de la presencia policial, identificándose el mismo como José Francisco Villegas Guaira (…) trasladando al ciudadano a la Estación Policial Guigue, al llegar había un ciudadano a quienes las ciudadanas progenitoras de las adolescente, señalaron como el otro ciudadano que había actuado en perjuicio de las adolescentes (…) trasladando a los presuntos agresores hasta los calabozos donde quedaron identificado como: 1.- José Francisco Villegas Guaira, (…) [y] José Alfredo Garboza Pacheco, (…) posteriormente siendo las 05:45 horas de la mañana del día sábado 04 de Junio, dieron de alta a las adolescentes y sus progenitoras hicieron entrega de las ropas que poseían las adolescentes para el momento de los hechos (…) Según el resultado de la investigación se pudo constatar que los hechos por los cuales fueron detenidos los ciudadanos JOSÉ FRANCISCO VILLEGAS Y JOSÉ ALFREDO GARBOZA PACHECO, ocurrieron el 03 de Junio de 2011, siendo aproximadamente las 03:40 horas de la tarde, luego de que la adolescente (…) salió de su liceo, se dirigió al centro de la Parroquia Guigue y cuando iba por la avenida Bolívar se encontró con la adolescente (…) quien es su amiga, ambas estaban viendo unos Cd’s, momentos más tarde llegó el ciudadano José Pacheco, apodado ‘El Cabezón’ en una moto, donde el mismo le dijo a la adolescente (…) que si quería dar unas vueltas por el centro con él en la moto, por lo que la adolescente (…) le dijo que si confiando en que el ciudadano José Pacheco vive cerca de su casa, siendo así que invitó a la adolescente (…) para que la acompañara, las adolescentes se montaron en la moto y al cabo de unos minutos le dijeron al ciudadano José Pacheco que para donde las llevaba ya que se suponía que las vueltas solo iban a ser por el centro, por lo que el ciudadano José les manifestó que si querían bajarse de la moto se tenían que lanzar, entonces las llevó a una invasión que está cerca de la Urbanización la Bolivariana, donde paró la moto y abrió la puerta de un rancho, diciéndoles a las adolescente que no se asustaran y éstas confiaron en el ciudadano en mención porque el mismo vive a unas cuadras de la casa de la adolescente (…) cuando entraron al rancho, las adolescentes le pidieron agua al ciudadano José Pacheco, éste les dio un vaso con jugo de tang y poco después las adolescente comenzaron a sentirse mareadas, en ese preciso momento llegó al lugar un ciudadano de nombre José Francisco Villegas (apodado ‘El Che’), la adolescente (…) en vista del estado en que se encontraba decidió recostarse en uno de los cuartos, motivado a eso la adolescente (…) intentaba animar a (…) para que se fueran del lugar, pero ésta se desmayó y el ciudadano José Francisco Villegas aprovechó para tocarle todo el cuerpo a (…), mientras que el ciudadano José Pacheco abusaba de la adolescente (…), aprovechándose que las adolescente estaban desmayadas, poco después la adolescente (…) recobró el conocimiento, pudo ver a su amiga (…) desnuda y a los ciudadanos José Francisco Villegas y José Pacheco también desnudos, éstos al ver que (…) los había visto, se vistieron rápidamente y se marcharon del lugar poco después que la adolescente (…) se levantó pudo notar que en las afueras del rancho se encontraban una gran cantidad de personas, donde posteriormente llegaron sus progenituras (sic) junto con los funcionarios de la Estación Policía (sic) Guigue, quienes procedieron a auxiliarlas y las adolescentes manifestaron lo sucedido, donde los funcionarios en compañía de sus progenitoras de (sic) trasladaron rápidamente a la residencia de los ciudadanos donde pudieron detener al ciudadano José Francisco Villegas Guaira y posteriormente al ciudadano José Alfredo Garboza Pacheco, quedando identificados como los ciudadanos que abusaron sexualmente de las adolescentes (…)”.

Dichos hechos fueron reconocidos por la referida Jueza de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, en los términos siguientes:

“(…) 1) Sobre la ausencia de incredibilidad subjetiva, se sostuvo durante todo el juicio que los acusados y las víctimas o sus familiares, eran vecinos desde hace muchos años, no indicando las víctimas en su deposición que existiera problema alguno con los acusados o sus familias, asimismo, ninguno de los testigos que comparecieron al juicio, indicó que existiera alguna disputa o diferencia entre ellos como para que pudiera presumir esta Juzgadora que la denuncia se basó en alguna retaliación para perjudicar a los acusados, motivo por el cual se afirma con total convicción que existe en la declaración de las víctimas ausencia de incredibilidad subjetiva.

2) En relación a la verosimilitud en el dicho, esta Juzgadora ha realizado al momento de valorar las declaraciones de las víctimas la debida comparación con todos y cada uno de los órganos de prueba a los que se les ha otorgado valor probatorio, constatando que los hechos pueden ser verificados por otros elementos distintos a sus testimonios, así como lo expresado por ellas y sus comportamientos gestuales como se indicara ut supra, y corroborado además por la experticia y declaración de la experta Médica Forense, indicando que la víctima (…) en el examen físico se observó ‘… un aumento de volumen a nivel de cuero cabelludo en la zona de la cabeza, con respecto al examen ginecológica la paciente en posición ginecológica se evidencia un desgarro antiguo ya cicatrizado, no indicándose en la experticia en cual, y un desgarro reciente completo en hora 03 sangrante, en la evaluación ano rectal laceración reciente en el borde superior del esfínter anal.., y en relación a (…) en el examen físico se apreció excoriación y contusión en cara posterior de hombro derecho y codo derecho, contusión equimótica en región frontal derecha, durante el examen ginecológico se evidenció eritema y laceración en el introito vaginal, horquilla vulvar sangrante, con sangrado activo y ano rectal sin lesiones traumáticas...’, de igual forma del testimonio de la Psicóloga manifestó que de los test aplicados a la adolescente (…) se evidenció ‘un severo estado depresivo como consecuencia de una situación postraumática, un evento de maltrato hacia su sexualidad, un abuso sexual, tenía autoestima baja y miedo, inseguridad e inestabilidad, a nivel físico la adolescente presentó trastornos de alimentación y sueño como consecuencia del evento acontecido, a nivel conductual hay sentimientos de miedo, rechazo a la figura masculina como consecuencia de las agresiones vividas, a nivel físico también se presentaron pesadillas que son consecuencia de un situación postraumática, se evidenció un trastorno del pensamiento, lo que le va a causar dificultad de atención y concentración, también se va a presentar un sentimiento de retrospección, recuerdo traumático de lo acontecido, donde ella va a recordar el mal momento vivido, a nivel de su sexualidad hay un trauma como consecuencia de abuso hacia su sexualidad, todas estas manifestaciones psicológicas señaladas le traen a la adolescente, consecuencias psicológicas a corto y a largo plazo.’ Y en relación a la adolescente (…) los test arrojaron como resultado ‘síndrome depresivo, sentimientos de tristeza, miedo e inseguridad, miedo a la figura masculina como consecuencia del trauma vivido, igualmente presentó necesidad de ayuda y protección por la parte de la figura materna, a nivel físico presento trastornos del sueño y de la alimentación, perdida de sueño, insomnio, pesadillas y estados de desgano, como consecuencia de una situación postraumática, a nivel cognitivo se presenta un trastorno del pensamiento, que va a traer consecuencias nivel de concentración que pueda afectar su rendimiento académico, a nivel social o conductual hay un sentimiento de introspección, que es rechazo hacia un medio ambiente a interactuar en el medio ambiente y miedo a compartir con sus iguales, miedo a la figura masculina, ella presentó también sensibilidad a las críticas del medio ambiente, agresividad en su sexualidad, esto trae como consecuencia dificultad para establecer relaciones sexuales a futuro, esto como consecuencia de situación postraumática’, elementos todos que corroboran los hechos y los validan.

En virtud de lo señalado se puede concluir de manera indubitable que los testimonios de las víctimas están rodeado de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, encontrándose en consecuencia dotada de aptitud probatoria, por lo que tiene verosimilitud.

3) Sobre el último de los requisitos, se pudo verificar con la evacuación de las pruebas a las cuales el Tribunal otorgó valor probatorio, en especial por la declaración de las víctimas y por sus conductas al momento de ser abordadas en la sala de audiencias, siendo reiterado el señalamiento que las personas que cometieron los hechos son los acusados JOSÉ FRANCISCO VILLEGAS GUAIRA y JOSÉ ALFREDO GARBOZA PACHECO, y no otra persona, lo cual ha afirmado a través del tiempo, en reiteradas ocasiones, ante diversas personas y especialistas, sin ambigüedades, ni contradicciones, con lo cual se puede concluir que la declaración de las víctimas en el presente proceso cumple con el requisito de persistencia en la incriminación, por lo que al cumplir con este tercer y último requisito se puede concluir de una manera absolutamente indubitable, que el dicho de las víctimas aportado en las condiciones expresadas cumple de manera satisfactoria con los requisitos para ser estimada como actividad mínima probatoria, lo cual se ve reforzado además por la existencia en la presente causa de otras pruebas que refuerzan el dicho de las mismas, con lo cual se vio totalmente desvirtuada la presunción de inocencia de los acusados de autos (…)”.

III

COMPETENCIA DE LA SALA

Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y, al efecto, observa:

El artículo 266, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

“(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a esta Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 2, de la referida ley especial, señala:

(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (…)”.

Del contenido de las disposiciones normativas anteriormente transcritas, se aprecia que corresponde a esta Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación en materia penal. En el presente caso, la abogada Jessica Zullymel Gesime Oviedo, defensora privada del ciudadano José Francisco Villegas Guaira, ejerció recurso de casación contra la sentencia de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la sentencia condenatoria dictada en contra de su defendido por la comisión del delito de violencia sexual, razón por la cual esta Sala resulta competente para conocer de dicho recurso. Así se decide.

IV

ADMISIBLIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

Cumplidos los trámites procedimentales del caso y siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso de casación, esta Sala de Casación Penal pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

Las disposiciones generales que rigen la materia recursiva en nuestro proceso penal se encuentran establecidas en los artículos 423 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Así, el artículo 423, dispone el principio de la impugnabilidad objetiva, el artículo 424, exige la legitimación para recurrir, y el artículo 426, establece las condiciones generales para la interposición del respectivo recurso.

De manera particular, el recurso de casación, está regulado en los artículos 451 al 461 del Código Orgánico Procesal Penal. Específicamente, en cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el referido texto adjetivo penal en el artículo 451, dispone taxativamente cuáles son las decisiones recurribles en casación, en el artículo 452, enumera cuáles son los motivos que lo hacen procedente y en el artículo 454, establece el procedimiento que debe seguirse para su interposición, como las exigencias indispensables para su presentación. En este orden de ideas, cabe acotar que por tratarse el delito objeto del presente proceso de uno de los previstos en la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debe igualmente tomarse en cuenta lo establecido en los artículos 116 y 122 eiusdem.

De las disposiciones legales precedentemente citadas, se observa, que para que esta Sala entre a conocer de un recurso de casación se requiere del cumplimiento de diversos requisitos, a saber: a) que la persona que lo ejerza esté debidamente legitimada por la ley; b) que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello; c) que la decisión que se recurre sea impugnable en casación por expresa disposición de la ley; y, d) que el recurso esté debidamente fundamentado conforme con los requerimientos legales.

Bajo estos supuestos, esta Sala de Casación Penal advierte lo siguiente:

1.- En atención a la legitimidad, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 424 establece que solo podrán recurrir contra las decisiones judiciales, las partes a quienes la ley les reconozca expresamente este derecho.

En el caso de autos, la legitimación del ciudadano José Francisco Villegas Guaira, deriva de su condición de acusado en el proceso penal que dio lugar a la sentencia condenatoria dictada en su contra, la cual, obviamente, causó un agravio a sus intereses. De igual modo, la abogada Jessica Zullymel Gesime Oviedo, interpuso el presente recurso de casación en su carácter de defensora privada del referido acusado, carácter que ostenta por haber sido designada por el acusado, aceptando el cargo y prestando el juramento de ley, el 22 de marzo de 2017 (cfr. folios 34 y 36, pieza 12 del expediente principal), razón por la cual se encuentra debidamente legitimada para ejercer el recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal.

2.- En segundo lugar, en cuanto a la tempestividad, cursa en autos, un primer cómputo del 18 de abril de 2017, suscrito por el Secretario de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en el cual dejó constancia:

“(…) En fecha trece de abril del dos mil dieciséis, (13-04-2016) se publicó decisión, en el asunto GP01-R-2016-000097, mediante la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Francisco Gil Bravo, en su en su condición de Defensor Privado del ciudadano José Alfredo Garboza Pacheco y Ely Rafael, Tovar Torres, en su condición de Defensor Privado del ciudadano JOSÉ FRANCISCO VILLEGAS GUAIRA, con la sentencia condenatoria, dictada en fecha 10 de febrero del 2014, por le (sic) Tribunal Accidental de Primera Instancia en Funciones de Juicio en materia de Violencia Control Contra la Mujer de estas (sic) Circunscripción Judicial Penal de Carabobo. En fecha 14 de abril del 2016, se libraron las notificaciones de los defensores privados así como al Fiscal del Ministerio Publico, y se libró boleta de traslado para la Audiencia de Imposición, siendo que en fecha 26 de abril del 2016, se da por notificado el Fiscal 27 del Ministerio Público, así como los defensores privados tal como constan en las resultas de las notificaciones consignadas en el presente asunto. En fecha 03 de febrero del 2017, se impuso al acusado JOSÉ ALFREDO GARBOZA PACHECO. En fecha 22-02-2017, se impuso al acusado JOSÉ FRANCISCO VILLEGAS GUAIRA, de la decisión dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones, en fecha 13-04-2016. Quien suscribe deja constancia que los días hábiles transcurridos desde la última acta de imposición para ejercer el Recurso de Apelación, contados desde la última imposición, de conformidad con lo previsto en nuestra norma adjetiva penal y Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 501 de fecha 31-05-2000; la última imposición efectiva fue en fecha 22-02-2017, son los siguientes: días calendarios: jueves 23-02-2017; viernes 24-02-2017; viernes 03-03-2017; lunes 06-03-2017; martes 07-03-2017; miércoles 08-03-2017 y jueves 09-03-2017, siendo esta última fecha para interponer el recurso de apelación, por tratarse de un recurso de apelación de sentencia dictada por el Tribunal de Violencia Contra la Mujer, asimismo trascurrieron los siguiente días hábiles a los fines de dar contestación al recurso interpuesto, viernes 10-03-2017; lunes 13-03-2017; martes 14-03-2017; miércoles 15-03-2017. Siendo que en fecha 08-03-2017, un día antes de vencimiento el lapso para interponer el Recurso de Apelación los Defensores Abg. Ely Rafael Tovar y José Enrique Esvell Rojas, renuncia (sic) a la defensa del acusado José Francisco Villegas Guaira, por lo que este último en fecha 16-03-2017, nombra como defensa a la abogada Jessica Zullyrnel Gesirne Oviedo, y en fecha 22-03-2017 se juramenta a la nueva defensora. Por lo que siendo que el defensores privados Abg. Ely Rafael Tovar y José Enrique Esvell Rojas, renuncian un día antes de la fecha del vencimiento del recurso de apelación y siendo que la nueva defensa privada, se juramenta en fecha 22 de marzo del 2017. Ahora bien siendo que los días transcurridos para interposición del recurso se suspenden por la renuncia de los defensores privados, y no es hasta el día 22-03-2017, que se juramenta la nueva defensora privada, es por lo que en fecha 27-03-2017 vencía el lapso para interponer recurso a la decisión dictada. Ahora bien vencido el lapso para interponer el recurso de correspondiente en contra de la decisión dictada por esta Corte de Apelaciones, el cual fue en fecha 27-03-2017, es a partir del día siguiente en el que comienza a correr el lapso para la contestación del Recurso en caso de ser interpuesto. Por lo que transcurrieron los siguiente días hábiles, martes 28-03-2017; miércoles 29-03-2017; jueves 30-03-2017, viernes 31-03-2017, lunes 03-04-2017. Siendo que en fecha 04 de abril del 2017, la defensora privada Abg. Jessica Zullymel Gesime Oviedo, interponer recurso de Apelación. Transcurriendo desde la interposición del recurso hasta la presente fecha transcurrieron los siguientes días hábiles miércoles 05-04-2017, jueves 06-04-2017, viernes 07-04-2017. Por lo que estando vencidos los lapsos no se dio contestación al recurso de Apelación (…)” [Resaltado y subrayado del cómputo].

De igual modo, cursa un segundo cómputo del 26 de junio de 2017, suscrito por el referido Secretario de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en el cual certificó:

“(…) que los DÍAS DE DESPACHO fueron los siguientes: MIÉRCOLES 22-02-2017, JUEVES 23-02-2017, VIERNES 24-02-2017, VIERNES 03-03-2017, LUNES 06-03-2017, MARTES 07-03-2017, MIÉRCOLES 08-03-2017, JUEVES 09-03-2017, VIERNES 10-03-2017, LUNES 13-03-2017, MARTES 14-03-2017, MIÉRCOLES 15-03-2017, JUEVES 16-03-2017, MARTES 21-03-2017, MIÉRCOLES 22-03-2017, LUNES 27-03-2017, MARTES 28-03-2017, MIÉRCOLES 29-03-2017, JUEVES 30-03-2017, VIERNES 31-03-2017, LUNES 03-04-2017, MARTES 04-04-2017, MIÉRCOLES 05-04-2017, JUEVES 06-04-2017, VIERNES 07-04-2017, LUNES 17-04-2017, MARTES 18-04-2017 (…)”.

Ahora bien, del estudio de los referidos cómputos se evidencia que en el primero de ellos si bien el cálculo de los días de despacho transcurridos se efectuó desde la oportunidad en la cual se produjo la notificación de la última de las partes, esto es, la del ciudadano José Francisco Villegas Guaira; sin embargo, el mismo se realizó erradamente en razón de que se verificó como si se tratara del trámite de un recurso de apelación, razón por la cual la tempestividad del presente recurso de casación se determinará atendiendo lo contenido en las actas cursantes en el expediente y en lo establecido en el segundo de dichos cómputo en lo que respecta a los días de despacho.

En tal sentido, consta en dichas actas que, el 13 de abril de 2016, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo dictó decisión mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa privada, para ese entonces del acusado José Francisco Villegas Guaira, y ordenó librar las respectivas boletas de notificación a las partes, quedando éstas notificadas de la forma siguiente:

a) El 26 de abril de 2016, el Fiscal Vigésimo Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, y la defensa privada del ciudadano José Francisco Villegas Guaira.

b) El 22 de febrero de 2017, previo traslado del Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, el acusado de autos José Francisco Villegas Guaira, quien en esa misma oportunidad, asoció a su defensa al abogado José Enrique Esvell Rojas, aceptando el cargo y prestando el debido juramento de ley.

c) El 8 de marzo de 2017, los abogados Ely Rafael Tovar Torres y José Enrique Esvell Rojas, renunciaron a la defensa del aludido ciudadano José Francisco Villegas Guaira, por tal razón, el 22 de marzo de 2017, designó como su defensora a la abogada Jessica Zullymel Gesime Oviedo, quien en ese mismo momento aceptó el cargo y prestó el juramento de ley.

d) El 4 de abril de 2017, la referida defensa privada del ciudadano José Francisco Villegas Guaira, ejerció el recurso de casación.

Siendo ello así, a los fines de verificar si el recurso de casación fue ejercido dentro del lapso establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, se evidencia que, el 22 de febrero de 2017, el imputado fue impuesto de la recurrida, y el 8 de marzo de 2017, habiendo transcurrido hasta esa oportunidad seis (6) días de despacho, tal como se desprende del segundo cómputo realizado el 26 de junio de 2017, por el Secretario de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, la defensa privada, para ese entonces, renunció a su cargo, quedando en consecuencia suspendido el lapso para recurrir.

También se evidencia que, el 22 de marzo de 2017, el ciudadano José Francisco Villegas Guaira nombró a la abogada Jessica Zullymel Gesime Oviedo como defensora, quien en ese momento aceptó y prestó juramento de ley, en virtud de lo cual el lapso para ejercer el recurso de casación se reanudó el día hábil siguiente, esto es: el 27 de marzo de 2017, por lo que al haber sido interpuesto dicho recurso el 4 de abril de 2017, resulta tempestivo, toda vez que según el aludido cómputo, fue en el décimo tercer (13) día de despacho, razón por la cual fue ejercido dentro del lapso establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

En tal sentido, esta Sala de Casación Penal estima oportuno reiterar el criterio establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en cuanto a la suspensión del lapso para recurrir en el caso en el cual la defensa renuncie antes de su preclusión, en el sentido siguiente:

“(…) el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón lo había condenado, y que por ello empezó a transcurrir el lapso de diez días previsto en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, para que su abogado interpusiera el recurso de apelación, pero que no obstante ello, el abogado (…) renunció a su defensa al octavo día, lo que lo dejaba a todas luces indefenso.

Refirió, que por tal razón el Tribunal Primero de Juicio procedió a fijar una audiencia especial y suspendió ese lapso de diez días, para que designara un nuevo defensor privado; pero que señaló que una vez designado y juramentado el nuevo abogado, quedaba un día y siete horas para que apelase de la sentencia condenatoria (…)

Así las cosas, con relación a que el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón suspendió el lapso de diez días previsto para la interposición del recurso de apelación, y precisó que una vez que prestase juramentación el nuevo defensor le quedaba un día y siete horas para impugnar la decisión, la Sala observa que el Código Orgánico Procesal Penal no señala de manera expresa la suspensión de ese lapso para el supuesto en que un abogado renuncia antes de que el mismo precluya (…)

Por tanto, se precisa que la actitud tomada por la Jueza del Tribunal Primero de Juicio estuvo acorde con la protección constitucional que nuestra Carta Magna le refería al acusado. Dicho Tribunal de Juicio actuó, como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades esta Sala, como garante de la integridad de la Constitución, en aras de evitar, en caso que no se hubiese suspendido dicho lapso, que se le cercenasen derechos fundamentales al quejoso (…)” [Sentencia N° 2691, del 28 de octubre de 2002].

3.- En tercer término, respecto al carácter recurrible de la decisión impugnada se advierte que, en el presente caso, se ejerció recurso de casación contra la sentencia dictada, el 13 de abril de 2016, por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Carabobo, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada, para ese momento, del ciudadano José Francisco Villegas Guaira, contra la sentencia publicada, el 10 de febrero de 2014, por la Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, que lo condenó a cumplir la pena de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión, por la comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en los artículos 43, tercer aparte, en relación con los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, razón por la cual dicho pronunciamiento se encuentra establecido como recurrible en casación, pues se trata de una sentencia dictada por una Corte de Apelaciones que resolvió la apelación sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, y el delito objeto de la acusación del Ministerio Público, tiene asignada una pena privativa de libertad de quince (15) a veinte (20) años de prisión, por lo que excede de cuatro (4) años, razón por la cual se cumple con las exigencias contenidas en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

4.- Finalmente, respecto a la fundamentación se observa que la recurrente plateó dos denuncias, en los términos siguientes:

PRIMERA DENUNCIA

Como primera denuncia, la defensora privada señaló lo siguiente:

“(…) La Defensa atribuye a la decisión pronunciada por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo en el expediente GP01-R-2014-00097 la violación de Ley por Falta de aplicación de los artículos 157 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, 432, 448 eiusdem en su segundo aparte y de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)

Ahora bien, es destacable y se infiere por sí misma que la sentencia que se recurre adolece del vicio de falta de motivación, al no dar un pronunciamiento razonado, adecuado y suficiente respecto a lo denunciado, ya que sólo se limitó la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo a examinar el texto del fallo impugnado, transcribiéndolo íntegramente y posteriormente cuando debía hacer las consideraciones necesarias para fundamentar la decisión, la Sala Segunda nuevamente enumeró y TRANSCRIBIÓ textualmente el capítulo relativo a LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO esgrimidos en la sentencia recurrida para luego resaltar que el recurso versaba sobre la inconformidad de los recurrentes con el fallo (…)

Sin embargo, nada dijo la Corle de Apelaciones en el presente caso sobre lo denunciado por los recurrentes, contraviniendo lo establecido en el artículo 432 del COPP, según el cual el tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados, así como lo estatuido en el segundo aparte del artículo 448 que señala que finalizada la audiencia ante la Corte de Apelaciones para debatir oralmente sobre lo fundamentado en el recurso la Corte de Apelaciones resolverá, MOTIVADAMENTE con la prueba que se incorpore y los o las testigos que se hallen presentes. Con este actuar igualmente la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Estado Carabobo violó la norma adjetiva contenida en el artículo 157 que especifica que las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto FUNDADOS, BAJO PENA DE NULIDAD.

La Corte de Apelaciones no resolvió los puntos que específicamente se plantearon en las denuncias ejercidas por ambos defensores en sus respectivos y separados recursos de apelación contra la sentencia del a quo, incurriendo equivalentemente en violación del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 del Texto Constitucional, ya que no decidió conforme los puntos impugnados, omitiendo el deber que tiene de decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos conforme al artículo 432 del COPP, norma que comporta un desarrollo más de la norma constitucional denunciada (…)”.

         En este punto, la defensa transcribió parte de los alegatos esgrimidos en el recurso de apelación, para posteriormente advertir que:

“(…) En la decisión que se recurre la Corte de Apelaciones señaló que ‘en nuestro sistema procesal, de carácter acusatorio, cuando se aplica el sistema de la sana critica (SIC), no basta que el juez se convenza a si (SIC) mismo y lo manifieste en su sentencia, sino que amerita en forma indispensable que mediante e1 razonamiento y la motivación, el fallo demuestre a los demás la razón de su convencimiento, basado en las leyes de la lógica, los principios de la experiencia los fundamentos científicos que dan base a su determinación judicial y que solo al ser inobservados se puede declarar la existencia del vicio de INMOTIVACION’, al respecto vale preguntarse ¿cómo pudo la Jueza de juicio llegar a un convencimiento sobre los hechos si nunca narró en su dispositivo cuáles eran los mismos?, ¿Cómo los acreditó?. Si utilizando las reglas de la lógica los principios de la experiencia y los fundamentos científicos que dan base a la su determinación judicial debió explicar la Jueza por ejemplo, cómo quedó probado en el debate el hecho de que las adolescentes perdieron el conocimiento, situación esta que fue presuntamente aprovechada por los acusados de autos para abusar sexualmente de las adolescentes (…). ¿Cuáles fueron las pruebas científicas que dejaron por probada tal situación? ¿Sólo lo dicho por las víctimas?. Máxime cuando los testigos promovidos por la defensa indicaron que vieron a las adolescentes momentos antes de los «supuestos hechos» que nunca fueron especificados en la sentencia que se recurrió, sin demostrar las mismas actitud de estar siendo coaccionadas, incluso una de ellas fue vista comprando en la bodega un polvo denominado TANG que se utiliza para hacer bebidas saborizadas, compartiendo y bebiendo una bebida de color naranja. Sin embargo estos testigos fueron desestimados sin RAZONAR ni MOTIVAR la jueza de primera instancia el por qué desestimó sus testimoniales por considerarlos referenciales caso idéntico en el que se encuadran las testimoniales de las madres de las víctimas las cuales sí fueron valoradas por el tribunal de primera instancia (…).

La sentencia que se recurre para declarar sin lugar lo denunciado por los defensores de los ciudadanos José Villegas y José Garboza, lo único que hace es transcribir el fallo del a quo y posteriormente señalar que éste analizó, comparó y explicó detalladamente todas y cada de las pruebas; pero jamás señaló la recurrida en qué parte del fallo había cumplido con lo hoy denunciado, que obviamente no lo señaló porque este estudio de los hechos, tanto los que debían ser probados, como los que quedaron acreditados, no se encuentra en la sentencia del Tribunal de primer grado de conocimiento. Es decir, la Corte de Apelaciones, no abordó el punto que específicamente fue denunciado (…).

En conclusión, es obvio que la recurrida solo se limitó a transcribir lo expuesto por el Tribunal de Juicio sin verificar lo que realmente fue denunciado, es decir, la falta de análisis y comparación de las declaraciones de algunos testigos promovidos por la defensa y que se encontraban en igualdad de condición que las madres de las víctimas al ser TODOS testigos referenciales (…).

Respetados Magistrados, la sentencia condenatoria dictada en contra de mi defendido se encuentra viciada y así fue denunciado oportunamente, causándosele a mi defendido un gravamen irreparable que pretendieron los defensores fuera corregido por la Corte de Apelaciones y como si esto no fuera grave y violatorio de los derechos y garantías que consagra nuestro derecho positivo, continuó la alzada agravando la situación al dictar una decisión inmotivadamente sin pronunciarse sobre lo alegado por los recurrentes y pronunciando una decisión escueta e inmotivada, lo cual le causa un perjuicio enorme a mi representado, el ciudadano José Francisco Villegas Guaira; ya que, se insiste, los fundamentos esgrimidos en las consideraciones del fallo impugnado son insuficientes y no llenan los requisitos mínimos de la debida motivación, lo cual acarrea la nulidad absoluta del fallo recurrido con efectos de ordenar la celebración de un nuevo juicio oral ante un Juez distinto al que produjo la decisión cuestionada, conforme a los efectos establecidos por el legislador para las declaratorias con lugar del recurso de casación por este motivo, establecidos en el artículos 459 del COPP y así pido formalmente sea declarado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (…)”

Conforme con lo expuesto anteriormente, esta Sala de Casación Penal para decidir observa lo siguiente:

La recurrente denunció la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 157, 432, 448, segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, y 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de que, a su criterio, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, no emitió un “(…) pronunciamiento razonado, adecuado y suficiente respecto a lo denunciado, ya que sólo se limitó (…) a examinar el texto del fallo impugnado, transcribiéndolo íntegramente y posteriormente cuando debía hacer las consideraciones necesarias para fundamentar la decisión, la Sala Segunda nuevamente enumeró y TRANSCRIBIÓ textualmente el capítulo relativo a LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO esgrimidos en la sentencia recurrida para luego resaltar que el recurso versaba sobre la inconformidad de los recurrentes con el fallo (…)”.

Ello así, del análisis de la denuncia en cuestión se evidencia que la misma tiene su sustento en el vicio de inmotivación del fallo recurrido en casación, en virtud, a criterio de la recurrente, por la falta de aplicación de los preceptos legales contenidos en los artículos 157, 432 del Código Orgánico Procesal Penal, y 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, de dicho análisis lo que se desprende es que dicha impúgnate se limitó únicamente a señalar los preceptos legales supuestamente infringidos por la aludida Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, sin explicar razonadamente en qué consistió dicho vicio, cuál fue la presunta carencia en la respuesta otorgada por los jueces de alzada, cómo los juzgadores no dieron una explicación lógica ni racional a la resolución del asunto sometido a su consideración, tampoco indicó cuál fue la argumentación propia que la Corte de Apelaciones debió efectuar en su sentencia, circunstancias que  resultan indispensables para que pueda entrarse a conocer del recurso de casación.

Al respecto, esta Sala de Casación Penal ha señalado reiteradamente que:

“(…) Debe indicarse que la falta de motivación se patentiza cuando las cortes de apelaciones omiten resolver las delaciones expresadas en el recurso de apelación o cuando su dictamen no resuelva el fondo de tales señalamientos, siendo infundadas aquellas denuncias que pretendan impugnar de manera genérica la motivación de la sentencia (…)” [Vid. sentencia N° 263, del 5 de mayo de 2015].

Asimismo, esta Sala de Casación Penal mediante sentencia N° 86, del 25 de marzo de 2014, estableció lo siguiente:

“(…) el vicio de inmotivación no puede servir para que la Sala de Casación Penal admita cualquier planteamiento no fundado o referido de manera escueta, salvo que de la denuncia se lograse desprender el vicio que se pretende denunciar. Por ello, siempre que se denuncie la inmotivación, el recurrente deberá especificar en qué consistió el vicio para que la Sala pueda llegar a considerar la posibilidad de revisar el fallo recurrido y lo denunciado en casación (…)”.

Atendiendo los criterios citados, esta Sala de Casación Penal considera oportuno señalar que los recurrentes en el ejercicio del recurso de casación, además de mencionar de manera correcta la norma que consideran infringida, tienen el ineludible deber de realizar una debida fundamentación conforme a la cual se verifique el vicio que se atribuye y su existencia en el fallo recurrido, como la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación del dispositivo, extremos estos que, en el presente caso, como antes se indicó, no fueron cumplidos por la defensa.

En tal sentido, esta Sala de Casación Penal con relación a la utilidad del recurso reiteradamente ha señalado que:

“(…) la revisión casacional sólo procede en caso de infracciones que sean capaces de modificar o alterar el resultado del proceso, no pudiendo esta Sala suplir la actuación propia del recurrente, quien está obligado no sólo a exponer de manera clara y específica cuál es su pretensión, sino además, debe indicar el fin que persigue con su alegato y la influencia de la infracción en la dispositiva de la sentencia recurrida, que debe ser suficiente y capaz de modificarla (…)” [Vid. sentencia N° 215, del 2 de julio de 2014].

Por otra parte, sumado a la carencia especificada precedentemente, esta Sala de Casación Penal estima preciso señalar que en cuanto a la infracción por falta de aplicación del artículo 448, segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, ha sido pacifica la doctrina en el sentido de que:

“(…) En relación con la denuncia falta de aplicación por parte de la Corte de Apelaciones del segundo aparte del artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy segundo aparte del artículo 448) ha dicho la Sala de Casación Penal, en pacífica y reiterada jurisprudencia que dichas instancias judiciales (Cortes de Apelaciones) no pueden infringir la mencionada disposición, pues a pesar de que en ésta se exige la motivación de la resolución que se dicte al concluir la audiencia celebrada con ocasión del recurso de apelación, ella sólo es aplicable cuando se incorporen nuevas pruebas o elementos probatorios a dicha audiencia (…)” [Sentencia N° 68, del 5 de marzo de 2013].

Conforme al criterio señalado, y de acuerdo a lo contenido en el escrito recursivo se aprecia que la defensa no alegó en el recurso de casación haber presentado en la apelación elemento probatorio alguno para su admisión y posterior debate en la audiencia oral prevista en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo dicho aportación el único caso en el cual la Corte de Apelaciones podría haber infringido por falta de aplicación la aludida disposición normativa.

En consecuencia, esta Sala de Casación Penal desestima por manifiestamente infundada la primera denuncia del recurso de casación interpuesto por la defensa privada, conforme con lo previsto en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

SEGUNDA DENUNCIA

         En su segunda denuncia, la defensora señaló lo siguiente:

“(…) Con fundamento en lo establecido en el artículo 452 del COPP, la defensa anuncia ante la Honorable Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia la violación de ley por errónea interpretación de lo establecido en el artículo 340 del COPP, en concordancia con lo establecido en los artículos 169, 173 y 212 eiusdem, lo que constituyó infracción de las garantías Constitucionales establecidas en los artículos 26 y 49 de la Carta Magna al evidenciarse que existió defecto del procedimiento derivado en el debate oral realizado en el asunto penal GP01-S-2011-000628, ante el Tribunal Accidental de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 47 del Tribunal de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a cargo de la Ciudadana Jueza Rosana Beatriz Borges Cortez, que dejó en estado de INDENFENSIÓN a mi patrocinado y al coacusado de autos (…)

Ahora bien, la ciudadana Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Tribunal de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, incurrió en la violación de ley por errónea interpretación de lo establecido en el artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en los artículos 169, 173 y 212 ejusdem (sic), al no ordenar que los testigos promovidos por la defensa, e igualmente los funcionarios policiales promovidos por la representación fiscal, órganos de pruebas que fueron admitidos en la audiencia preliminar con su correspondiente motivación en el auto de apertura a juicio, erróneamente la Jueza de Primera Instancia interpretó las normas denunciadas como violadas por errónea interpretación por considerar que al haber sido citados por el Tribunal en diversas oportunidades y no logrando su comparecencia a la sala de audiencias lo procedente era prescindir de la evacuación de las testimoniales de los mismos, SIN ORDENAR que los mismos fueran CONDUCIDOS POR LA FUERZA POLICIAL tal y como lo indica la normativa adjetiva penal venezolana, constituyendo una infracción de las garantías Constitucionales establecidas en los artículos 26 y 49 de la Carta Magna al evidenciarse que existió defecto del procedimiento derivado en el debate oral realizado en el asunto penal GP01-S-2011-000628 en perjuicio de mi representado, al quedar en estado de indefensión, pues dichas testimoniales aportarían elementos al proceso que estimó la defensa servirían para su exculpación y los cuales cumplieron todos los requisitos durante las fases de investigación y preliminar del proceso, no así en la fase de juicio (…).

Es por ello que una vez más se insiste, en que la decisión dictada por el Tribunal de Juicio en el proceso GP01-S-2011-000628, se encuentra viciada de nulidad absoluta con efectos de ordenar la celebración de un nuevo juicio oral ante un Juez distinto al que produjo la decisión cuestionada, conforme a los efectos establecidos por el legislador para las declaratorias con lugar del recurso de casación por este motivo, establecidos en el artículos 459 del Código Orgánico Procesal Penal y así pido formalmente sea declarado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (…)”[Mayúsculas del recurso].

         Esta Sala de Casación Penal, para resolver la presente denuncia observa:

         La recurrente alegó la violación de ley por errónea interpretación de los artículos 340,169, 173 y 212, del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, no ordenó la comparecencia de “(…) los testigos promovidos por la defensa, e igualmente los funcionarios policiales promovidos por la representación fiscal, órganos de pruebas que fueron admitidos en la audiencia preliminar con su correspondiente motivación en el auto de apertura a juicio (…)”.

         Al respecto, advierte esta Sala de Casación Penal que el recurso extraordinario de casación solo puede ser interpuesto contra los supuestos vicios cometidos por las Cortes de Apelaciones al pronunciarse sobre el recurso de apelación ejercido contra la sentencia de la primera instancia, tal como así lo prevé el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que es evidente que la recurrente obvia el contenido de dicha previsión legal pues recurre directamente contra la actuación de la Jueza Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, por no ordenar la comparecencia de algunos órganos de pruebas admitidos en el acto de la audiencia preliminar.

         Sobre este particular, esta Sala de Casación Penal en reiteradas oportunidades ha establecido que:

“(…) el recurso de casación se interpone en contra de las decisiones de las Cortes de Apelaciones, expresamente previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que es incorrecto denunciar en casación vicios en los cuales presuntamente incurrió el tribunal de juicio y por lo tanto el recurso se desestimará por manifiestamente infundado (…)” [Sentencia N° 225, del 24 de abril de 2015].

De igual forma, la recurrente alegó la errónea interpretación de varias normas legales, sin indicar a esta Sala por qué fueron erradamente interpretadas, cuál es la interpretación que, a su juicio, debió dárseles, y cuál es la relevancia o influencia que tiene el vicio en el dispositivo del fallo; aspectos omitidos por la accionante en casación al plantear su denuncia.

En tal sentido, esta Sala de Casación Penal ha establecido de manera reiterada que para denunciar en casación la errónea interpretación de una norma, debe indicarse lo siguiente:

“(…) en primer lugar, cuál fue la interpretación dada a la misma, por qué fue erradamente interpretada, cual es la interpretación, que a juicio del denunciante, debe dársele y cuál es la relevancia o influencia que tiene el vicio en el dispositivo del fallo, a los fines de poder determinar si efectivamente, éste afectó de manera determinante la resolución del caso que hiciera procedente su declaratoria o constituyó la violación de algún derecho o garantía legal o constitucional (…)”. [vid. sentencia N° 275, del 19 de julio de 2012].

Con base en los razonamientos antes expuestos, esta Sala de Casación Penal desestima por manifiestamente infundada la segunda denuncia del recurso de casación interpuesto por la defensora privada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 451 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la abogada Jessica Zullymel Gesime Oviedo, en su carácter de defensora privada del ciudadano JOSÉ FRANCISCO VILLEGAS GUAIRA, contra la sentencia dictada, el 13 de abril de 2016, por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia publicada, el 10 de febrero de 2014, por el Juzgado Accidental N° 47 de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, que lo condenó a cumplir la pena de diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión, por la comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en el artículo 43, tercer aparte, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con los artículos 8, 216 y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 451, 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                   Ponente

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

JLIV

EXP. AA30-P-2017-000149