MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

En fecha 25 de enero de 2017, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia recibió, proveniente de la Dirección General del Servicio Consular Extranjero de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el oficio N° 0720 del 19 de enero de 2017, mediante la cual adjunta la documentación judicial que sustenta la solicitud formal de extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, identificado en el expediente con el documento de identidad peruano número 41.109.232, y con la cédula de identidad venezolana para extranjeros, número 84.437.995, requerido por las autoridades judiciales de la República del Perú, según Nota Verbal N° 5-24-F/13 de fecha 16 de enero de 2017, proveniente de la Embajada del referido país, para el cumplimiento de la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, por la presunta comisión del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL - VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD”.

 

En fecha 25 de enero de 2017, la Sala le dio entrada a la solicitud de extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, identificándola con el alfanumérico AA30-P-2017-000030, y el 27 del mismo mes y año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se le asignó la ponencia a la Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ.

 

DE LA COMPETENCIA

 

La competencia para conocer del procedimiento de extradición activa o pasiva, se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 29, numeral 1, que establece lo siguiente:

 

Artículo 29. Es de la competencia de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

1.- Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley”.

 

Atendiendo a lo anterior, corresponde a la Sala de Casación Penal, de este Máximo Tribunal, el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con la Constitución, las leyes y los Tratados o Convenios Internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala declara su competencia para conocer del presente procedimiento de extradición pasiva. Así se establece.

 

DE LOS HECHOS

 

Los hechos por los cuales la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Segunda Sala Penal de Reos Libres, solicita la extradición del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, son los siguientes:

 

…En mes de junio del año 2003, el ciudadano Jesús Corcino Mendizábal, presuntamente mantuvo relaciones sexuales no consentidas en agravio de la menor de edad… obligándola mediante el uso de la violencia hasta en cuatro oportunidades…”

 

ANTECEDENTES

 

En fecha 31 de enero de 2017, en auto publicado por la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se puede leer:

 

“…El 13 de octubre de 2015, se dio entrada en la Secretaría de la Sala de Casación Penal al expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva, con fines de extradición, del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, identificado en el expediente con el documento de identidad de la República del Perú № 41109232 y cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela para extranjero E-84.437.995, basada en la Notificación Roja Internacional A-7398/9-2015, publicada el 11 de septiembre de 2015, expedida por la INTERPOL-Lima (Perú), por la comisión de un delito ´CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL -VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD´.

En la fecha de su ingreso (13 de octubre de 2015), se le asignó el alfanumérico AA30-P-2015-000418 y el 14 de octubre de 2015, se dio cuenta en Sala, así como, fue designado ponente el Magistrado, Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ.

El 2 de noviembre de 2015, la Sala de Casación Penal dictó la sentencia № 698, mediante la cual ACORDÓ NOTIFICAR al Gobierno de la República del Perú, del término perentorio de noventa (90) días continuos, luego de su notificación, concedidos para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria que sustente el proceso de extradición del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL.

Posteriormente, el 7 de enero de 2016, se recibió en esta Sala el oficio № 18206, fechado el 29 de diciembre de 2015, remitido por el Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares de la Dirección del Servicio Consular Extranjero, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual informó que la Embajada de la República del Perú, recibió la notificación del contenido de la referida sentencia, el 9 de diciembre de 2015 y a tal efecto anexó copia simple de la Nota Verbal № 16805, en la cual se verifica la recepción de tal notificación por parte de la mencionada representación Diplomática.

En razón de lo anteriormente expuesto y transcurrido en exceso el término concedido a las autoridades del Gobierno de la República del Perú, para que consignaran la solicitud formal de extradición del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, así como, la documentación judicial, sin que se hubieren recibido tales recaudos, el 31 de marzo de 2016, la Sala de Casación Penal, con ponencia del Magistrado, Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, dictó la sentencia № 154, en la que emitió los pronunciamientos siguientes:

´(...) PRIMERO: ORDENA el cese de la medida de privación judicial preventiva de libertad que le fue impuesta al ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, identificado con el documento nacional de identidad peruano nro. 41109232 y la cédula de identidad venezolana nro. 84.437.995, quien se encuentra recluido en el Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, El Rosal, Distrito Capital y en consecuencia DECRETA su libertad sin restricciones.

SEGUNDO: ORDENA al Tribunal Sexto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ejecutar la libertad sin restricciones del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana identificado con el documento nacional de identidad peruano nro. 41109232 y la cédula de identidad venezolana nro. E-84.437.995; a tal efecto remítase copia certificada de la presente decisión al referido juzgado.

TERCERO: Se ORDENA el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención con fines de extradición del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL (...)´.

El contenido de la decisión supra mencionada fue elevado al conocimiento de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, del Director General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del Director General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y del Juez Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, entre otras autoridades, todo ello a los fines de hacer efectiva la ejecución del fallo.

De lo precedentemente expuesto se observa que, la tramitación de la solicitud de detención preventiva, con fines de extradición, del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, basada en la Notificación Roja Internacional A-7398/9-2015, publicada el 11 de septiembre de 2015, expedida por la INTERPOL-Lima (Perú), por la comisión de un delito ´CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL - VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD´ (expediente AA30-P-2015-000418), FINALIZÓ  totalmente con la decisión № 154, publicada el 31 de marzo de 2016, por cuanto no fue consignada oportunamente, por las autoridades del Gobierno requirente, la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria; quedando el ciudadano solicitado en libertad plena y sin restricciones, y, en consecuencia, archivado el expediente AA30-P-2015-000418.

Precisado lo anterior, resulta oportuno destacar que, el 24 de enero de 2017 (es decir, con posterioridad al vencimiento del lapso para consignar la solicitud formal de extradición, así como, al acto publicación y consecuente notificación de la sentencia № 154, que declaró terminado el proceso de solicitud de detención preventiva, con fines de extradición) se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, anexa al oficio № 0720, del 19 de enero del año en curso, la solicitud formal y la documentación judicial que sustenta la extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, por la comisión de un delito ´CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL - VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD´, las cuales fueron remitidas por el Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, conformada por una (1) única pieza.

De acuerdo con la legislación que rige la materia de extradición en nuestro país (artículo 382 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal), y con la regulación establecida en los distintos Tratados internacionales, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela (en materia de extradición), la solicitud de detención preventiva, con fines de extradición, presentada por cualquier país, debe ser procesada por el Estado requerido, conforme al trámite legal correspondiente, hasta que el Estado requirente presente el pedido o solicitud formal de extradición, debidamente acompañado de la documentación que le sirve de fundamento, dentro del lapso expresamente establecido para ello. En el supuesto que la solicitud formal de extradición (acompañada de la documentación necesaria), no fuese presentada por el Estado requirente dentro del lapso estipulado, la persona reclamada será puesta en libertad y dicho trámite (de la solicitud de detención preventiva, con fines de extradición) se dará por terminado.

Ante el supuesto previamente analizado, el Estado requirente tiene la potestad de volver a pretender la extradición de la persona reclamada, pero única y exclusivamente podrá realizar su pedimento, presentando una solicitud formal de extradición, debidamente acompañada de la documentación judicial necesaria requerida, todo lo cual denota que, se tratará de una nueva solicitud (en este caso formal) que deberá ser tramitada de manera autónoma y conforme a la ley de la Parte requerida, ello en virtud que, el procedimiento a seguir en casos de solicitudes formales de extradición sin previa petición de detención preventiva o provisional, es diferente al estipulado para los casos de solicitudes de detención preventiva con fines de extradición.

A los fines ilustrativos, tenemos que nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 388, al respecto dispone: ´(...) Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación (...)´. (Subrayado nuestro)

De igual forma, la Convención Interamericana sobre Extradición, también denominada Convención de Caracas, sobre el particular, en su artículo 14, establece: ´(...) Detención Provisional y Medidas Cautelares (...) 3.- Si el pedido de extradición, acompañado de los documentos a que hace referencia el artículo 11 de esta Convención, no fuese presentado dentro de los sesenta días contados a partir de la fecha de la detención provisional, de que trata el párrafo 1 del presente artículo, la persona reclamada será puesta en libertad. 4.- Cumplido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, no se podrá solicitar nuevamente la detención de la persona reclamada, sino después de la presentación de los documentos exigidos por el artículo 11 de esta Convención (...)´. (Destacado nuestro).

Igualmente, el Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, regula el supuesto analizado en su artículo 24, en los términos siguientes: ´(...) 1.- En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada (...) 4. La Parte requerida informará a la Parte requirente de las resoluciones adoptadas y, especialmente, con carácter urgente, de la fecha de detención a partir de la cual se contará el plazo para presentar la solicitud de extradición, que será de cuarenta días. 5.- La Parte requerida podrá decretar la libertad del reclamado si en el plazo indicado no se hubiese recibido la solicitud de extradición. 6.- Si la persona reclamada fuere puesta en libertad por cumplimiento del plazo previsto en el párrafo 4 de este artículo, la Parte requirente no podrá solicitar nuevamente su detención sin presentar la solicitud formal de extradición. 7.- Cuando el procedimiento de extradición se inicie sin previa petición urgente de detención, ésta se ajustará a lo dispuesto en la ley de la Parte requerida (...)´. (Subrayado de la Sala).

Por su parte, el Tratado de Extradición suscrito entre Brasil y Venezuela, reglamenta el supuesto bajo análisis en su artículo VI: ´(...) En este caso, si en el plazo máximo de sesenta días contados desde la fecha en que el Estado requerido hubiere recibido la solicitud de prisión preventiva de la persona inculpada, el Estado requirente no presentare la solicitud formal de extradición, debidamente instrumentada, el detenido será puesto en libertad, y sólo se admitirá nueva solicitud de prisión por el mismo hecho, cuando se haga por medio de solicitud formal de extradición, acompañada de los documentos referidos en el artículo que antecede (...)´• (Destacado agregado).

De acuerdo con lo establecido precedentemente y conforme a lo dispuesto en los artículos 386 y 390 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente y ajustado a Derecho es el inicio y tramitación de la nueva solicitud formal de extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, dado que la solicitud de detención preventiva, con fines de extradición, del referido ciudadano (contenida en el expediente AA30-P-2015-000418), fue debidamente sentenciada por la Sala de Casación Penal, quedando terminado dicho procedimiento y archivado el referido expediente.

Por tal razón, el 25 de enero de 2017, se le dio entrada al expediente contentivo de la solicitud formal de extradición del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, planteada por el Gobierno de la República del Perú y se le asignó el alfanumérico AA30-P-2017-000030.

El 27 de enero de 2017, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se dio cuenta en Sala y fue designada ponente la Magistrada, Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ.

Revisadas como han sido las actuaciones recibidas y al concatenarlas con las que cursan en el expediente signado con el alfanumérico AA30-P-2015-000418 (archivado), la Sala de Casación Penal observa que, este último contiene información relevante relacionada con el nuevo expediente contentivo de la solicitud formal de extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL. Por consiguiente, esta Sala de Casación Penal, considera procedente AGREGAR el expediente AA30-P-2015-000418 (antes identificado - archivado) como una pieza anexa, al expediente AA30-P-2017-000030, que contiene la solicitud formal de extradición, así como, la documentación judicial que la sustenta. Así se decide. Cúmplase.”

 

En fecha 2 de febrero de 2017, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dirigió oficio N° 037 a la abogada Ana Isabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público,  comunicándole que cursa en esta Sala el expediente contentivo del procedimiento de extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, identificado con el documento de identidad peruano número 41.109.232, y con la cédula de identidad venezolana para extranjeros, número 84.437.995,  proveniente de la Dirección General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, según oficio N° 0720 del 19 de enero de 2017, donde se puede leer:

 

“…Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo patriótico y revolucionario, y a la vez remitir para su información y fines consiguientes Original de la Nota Verbal N° 5-24-F/13, de fecha 16 de enero de 2017, recibida en esta Oficina en fecha 17 del mismo mes y año, proveniente de la Embajada de la República del Perú acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta la documentación judicial que sustenta la solicitud formal de extradición del ciudadano peruano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, quien se encuentra requerido por la presunta comisión del delito ´Contra la Libertad Sexual. Violación Sexual del Menor de Edad´, en Agravio a un Menor de Edad”.

 

Los documentos anexos a la referida solicitud de extradición son los siguientes:

 

·        Atestado Nro. 324-2003-VII-DIRTEPOL-DMCI-CAU-DEINPOL

·        Manifestación Policial de la agraviada

·        Ampliación de la manifestación policial de la agraviada

·        Certificado Médico Legal Nro. 050424-CLS

·        Partida de Nacimiento de la menor agraviada

·        Protocolo de Pericia Psicológico Nro. 012626-2004-PSC

·        Denuncia

·        Copia de Auto de Apertura de Instrucción de fecha 27 de diciembre del año dos mil cinco

·        Dictamen Fiscal

·        Acusación Fiscal

·        Auto de enjuiciamiento

·        Resolución de fecha 07 de noviembre del año 2011 que declara Ausente al procesado Jesús Corcino Mendizábal

·        Ficha de RENIEC de Jesús Corcino Mendizábal

·        Oficio de Captura Internacional del acusado

·        Oficio remitido por INTERPOL de fecha 16 de septiembre de 2015

·        Oficio 8054-2015 – MP-FN-UCJIE (EXT 210-2015)

·        Copia de la resolución de fecha 21 de octubre de 2015, ordenando que se oficie a la Fiscalía Adjunta Suprema Titular de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación y al Interpol, comunicando el interés que existe de este Colegiado del Requerimiento de Extradición del acusado Corcino Mendizábal

·        Resolución de fecha 03 de noviembre del 2015 por la cual se ordena la Extradición Activa (sic) del acusado

·        Caratula, índice y los artículos pertinentes del delito contra la Libertad Sexual - violación

 

Asimismo, en esta misma fecha, la Secretaría de la Sala de Casación Penal dirigió oficio N° 038 a la referida abogada, solicitándole, se sirva informar a esta Sala, si el referido ciudadano se encuentra aprehendido y, en caso afirmativo, indicar el lugar de reclusión.

 

En fecha 14 de marzo de 2017, se recibió vía correspondencia oficio Nro. DFGR-DAI-16-1276-2017-014474, de fecha 13 de marzo de 2017, enviado por la abogada Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, informando a la Sala de Casación Penal, lo siguiente:

 

“Me dirijo a usted, en la oportunidad de hacer referencia a la comunicación signada bajo el oficio Nro. 038 de fecha 02/02/2017, mediante la cual solicita información respecto a si el ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, identificado con el documento de identidad peruana N° 41109232, se encuentra aprehendido, en caso afirmativo, indicar el lugar de reclusión.

Al respecto, cumplo en informarle que el ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, no se encuentra privado de libertad en ningún Centro de Detención Preventiva y/o Establecimiento Penal, por cuanto en fecha 31 de marzo de 2016, le fue concedida la libertad plena por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la sentencia N° 154 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, donde se ordenó el cese de la Medida Privación Judicial Preventiva de la Libertad”.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Esta Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 6 del Código Penal; y, 382, y 386 al 390 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir sobre la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, quien aparece identificado en el expediente con el documento de identidad peruano número 41.109.232 y con la cédula de identidad venezolana para extranjeros, número 84.437.995, solicitada por el Gobierno de la República del Perú, mediante Nota Verbal N° 5-24-F/13, expedida el 16 de enero de 2017, proveniente de la Embajada de la República del Perú, por la presunta comisión del delito “CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD”, tipificado en el artículo 173 del Código Penal peruano.

 

En tal sentido, de las actuaciones que conforman la presente causa se evidencia que la misma versa sobre una solicitud formal de extradición.

 

Al respecto, el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

 

“(…) La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título (…)”.

 

Específicamente, el procedimiento de extradición pasiva se encuentra regulado en el referido texto adjetivo penal, de la manera siguiente:

 

“Extradición Pasiva

Artículo 386:

Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.

Medida Cautelar

Artículo 387:

Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.

 

Libertad del Aprehendido

Artículo 388:

Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación (…)”.

 

A lo expuesto precedentemente cabe agregar que esta Sala de Casación Penal, mediante sentencia N° 113, del 13 de abril de 2012, estableció los requisitos para la procedencia de la figura in comento, señalando que:

 

“(…) De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en nuestro país, la extradición (en su modalidad pasiva) puede ser tramitada por un gobierno extranjero ante la República Bolivariana de Venezuela, básicamente, por dos vías; en primer lugar, solicitando, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona requerida, con el compromiso de producir posteriormente, la solicitud formal de extradición, y en segundo término, presentando directamente la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria (…)

En el primer supuesto, de solicitud de detención preventiva con fines de extradición, el gobierno extranjero, con fundamento en una orden de detención (proveniente de una medida cautelar o de una sentencia condenatoria) librada por los órganos judiciales de su país, puede solicitar a cualquier país (de manera genérica, normalmente a través de Alertas o Notificaciones Rojas Internacionales, llevadas por los organismos policiales internacionales) o a un país determinado (si se tiene conocimiento que la persona requerida pudiera encontrarse en su territorio), que se ubique y se practique la detención de la persona requerida, comprometiéndose a consignar posteriormente (en el supuesto de que la persona requerida sea ubicada) la solicitud formal de extradición, con la documentación judicial necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en los tratados, convenios, acuerdos internacionales, prescripciones del Derecho Internacional o principio de reciprocidad, dependiendo del caso.

En este supuesto, los órganos policiales de nuestro país, una vez ubicada y aprehendida la persona solicitada, deben notificar inmediatamente al representante del Ministerio Público, quien presentará a la persona requerida ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó la detención (al que corresponda conocer previo proceso de distribución), dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención (…)

El Juzgado en Funciones de Control designado, celebrará una Audiencia (básicamente con la presencia del Fiscal del Ministerio Público asignado, la persona aprehendida y su Defensor), únicamente a los fines de informar a la persona aprehendida de los motivos de su detención, imponerla de los derechos que le asisten y ordenar la remisión de todas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Penal, que es el órgano jurisdiccional competente para decidir en el procedimiento de extradición (…) Una vez celebrada la audiencia, el referido Juzgado de Control deberá ejecutar la orden de remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, en un lapso no mayor de veinticuatro horas después de dictada.

Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, inmediatamente, deberá notificar la detención de la persona solicitada al país requirente (a través de los canales diplomáticos correspondientes) y fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, a cuyos fines deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Dicho término perentorio, deberá computarse a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días continuos (…) por ende, el referido lapso no admite prórroga de oficio.

En el supuesto de que el término perentorio fijado al país requirente (para consignar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria) se cumpla en su totalidad y el país requirente no produzca la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria ofrecida, la Sala de Casación Penal, deberá ordenar la libertad (sin restricciones) del aprehendido, así como, el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición; sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación (…)

La Sala, únicamente, podrá emitir pronunciamiento sobre la procedencia de una extradición, cuando el país requirente consigne la solicitud formal (…)” [Subrayado y resaltado propio].

 

Ello así, se observa que el trámite del procedimiento de extradición de una persona requerida por otro Estado, exige que una vez que los órganos policiales ubiquen y aprehendan a la persona solicitada en extradición, deben notificar inmediatamente al Ministerio Público, quien presentará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la aprehensión a la persona requerida ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal, del lugar donde se practicó la detención. Posteriormente, el Juzgado de Control, celebrará la audiencia para oír al aprehendido y ordenará la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal, se deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de la detención de la persona solicitada y se fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición y de la documentación judicial necesaria.

 

En tal sentido, dicho término perentorio se computa a partir de la notificación efectiva del país requirente, y el mismo no podrá ser mayor de sesenta (60) días continuos. Si vencido dicho lapso, el Estado requirente no presenta la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria, el requerido quedará en libertad sin restricciones, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación.

 

Ahora bien, de acuerdo con la normativa de Derecho Internacional aplicable al presente caso, se observa que entre la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición; sin embargo, las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, suscribieron el Acuerdo sobre Extradición, firmado en Caracas, el 18 de julio de 1911, aprobado por el Poder Legislativo Nacional, el 18 de junio de 1912, y ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de diciembre de 1914, el cual sobre la materia en particular, dispone lo siguiente:

 

“(…) Artículo 1°. Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él (…).

Artículo 9°. Se efectuará de detención provisional del prófugo, si se produce por la vía diplomática un mandato de detención mandato por el Tribunal competente. Igualmente se verificará la detención provisional, si media un aviso transmitido aún por telégrafo por la vía diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores el Estado requerido de que existe un mandato de detención. En caso de urgencia, principalmente cuando se tema la fuga del reo, la detención provisional solicitada directamente por un funcionario judicial, puede ser acordada por la autoridad de policía o por un Juez de Instrucción del lugar en donde se encuentra el prófugo.

Cesará la detención provisional, si dentro del término de la distancias no se hace en forma la solicitud de extradición conforme a lo estipulado en el artículo 8° (…)”.

 

De igual forma, ambos países, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, el 20 de febrero de 1928, con motivo de la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de La Habana, suscribieron el Código de Derecho Internacional Privado. La República Bolivariana de Venezuela mediante Ley Aprobatoria promulgada, el 23 de diciembre de 1931, depositado el instrumento de ratificación, el 12 de marzo de 1932 y la República del Perú, por su parte aprobaron el mencionado cuerpo normativo.

 

Asimismo, en el Código de Derecho Internacional Privado, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulo Cuarto, artículos 344 al 366, regula lo concerniente a la extradición, las partes contratantes respecto a dicha materia convinieron lo siguiente:

 

“(…) Artículo 344. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición (…)”.

 

De igual forma, el mencionado cuerpo normativo, respecto al modo y tiempo en que se puede solicitar la extradición, establece:

 

“(…) Artículo 366. La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese caso, los documentos mencionados en el artículo anterior se presentarán al país requerido o a su Legación o Consulado general en el país requirente, dentro de los dos meses siguientes a la detención del inculpado. En su defecto será puesto en libertad (…)”.

 

En tal sentido, de la citada disposición internacional se desprende que los ciudadanos requeridos por un Estado Parte, detenidos en virtud del mandamiento u orden preventiva de arresto emanada del Gobierno que solicita la extradición, podrán mantenerse privados de libertad por un tiempo que no excederá de dos (2) meses, contados a partir de su detención, para que el Estado requirente presente prueba legal de su culpabilidad, caso contrario, de no cumplirse con dicha obligación se ordenará su inmediata libertad.

 

En el presente caso, el ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, identificado con el documento de identidad peruano número 41109232, y con la cédula de identidad venezolana para extranjeros, número 84.437.995, se encuentra requerido en extradición por las autoridades judiciales de la República del Perú, según Nota Verbal N° 5-24-F/13 de fecha 16 de enero de 2017, proveniente de la Embajada del referido país, para el cumplimiento de la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, por la presunta comisión del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL - VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD”.

 

Verificándose que esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 154, del 31 de mayo de 2016, le concedió la libertad plena al referido ciudadano, toda vez que no constaba la solicitud formal de extradición por parte del Gobierno de la República del Perú, ni la documentación judicial necesaria, requisitos indispensables para decidir sobre la procedencia de la extradición.

 

Ahora bien, en fecha 25 de enero de 2017, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia recibió, proveniente de la Dirección General del Servicio Consular Extranjero de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el oficio N° 0720 del 19 de enero de 2017, mediante la cual adjunta la documentación judicial que sustenta la solicitud formal de extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, identificado con el documento de identidad peruano número 41.109.232, y con la cédula de identidad venezolana número E- 84.437.995, requerido por las autoridades judiciales de la República del Perú, según Nota Verbal N° 5-24-F/13 de fecha 16 de enero de 2017.

 

Motivo por el cual la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 2 de febrero de 2017, dirigió Oficio N° 037 a la abogada Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, comunicándole que cursa en esta Sala el expediente contentivo del procedimiento de extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, identificado con el documento de identidad peruano número 41.109.232, y con la cédula de identidad venezolana para extranjeros, número 84.437.995. Asimismo, en esta misma fecha, se le solicitó a la referida abogada, se sirviera informar a esta Sala, si el prenombrado ciudadano, se encontraba detenido y, en caso afirmativo, indicara el lugar de reclusión.

 

En fecha 14 de marzo de 2017, se recibió vía correspondencia oficio distinguido con el alfanumérico DFGR-DAI-16-1276-2017-014474, de fecha 13 de marzo de 2017, enviado por la abogada Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, informando a la Sala de Casación Penal, lo siguiente:

 

“Al respecto, cumplo en informarle que el ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, no se encuentra privado de libertad en ningún Centro de Detención Preventiva y/o Establecimiento Penal, por cuanto en fecha 31 de marzo de 2016, le fue concedida la libertad plena por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la sentencia N° 154 emanada del Tribunal Supremo de justicia, donde se ordenó el cese de la Medida Privación Judicial Preventiva de la Libertad”.

 

En fecha 8 de mayo de 2017, nuevamente la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dirigió Oficio N° 426 a la abogada Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, comunicándole que cursa en esta Sala el expediente contentivo del procedimiento de extradición pasiva del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, de nacionalidad peruana, identificado con el documento de identidad peruano número 41.109.232, y con la cédula de identidad venezolana para extranjeros, número 84.437.995. Asimismo, se le solicitó a la referida abogada, se sirviera informar a esta Sala, si el prenombrado ciudadano, a la fecha, se encontraba detenido y, en caso afirmativo, indicara el lugar de reclusión.

 

En fecha 30 de mayo de 2017, se recibió vía correspondencia oficio distinguido con el alfanumérico DFGR-DAI-16-2508-2017-030256, de fecha 25 de mayo de 2017, enviado por la abogada Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, informando a la Sala de Casación Penal, lo siguiente: “En tal sentido hago de su conocimiento que esta Dirección no ha tenido conocimiento, si el ciudadano Jesús Corcino Mendizabal (sic) se encuentra privado de libertad, y procedió a comisionar a un Fiscal Nacional con Competencia en Materia Penal Internacional, para conocer del diligenciamiento relativo a la detención preventiva con fines de extradición del señalado ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual le será informado una vez se haga efectiva la misma…”.

 

De lo anterior se concluye que en la actualidad el ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, quien es requerido en extradición por el Gobierno de la República del Perú, no se encuentra privado de libertad en el territorio nacional.

 

Ahora bien, es el caso que para que la República Bolivariana de Venezuela pueda examinar y en consecuencia declarar la procedencia o no de la solicitud formulada por la República del Perú, es necesario cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber: “Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días”. (Resaltado de la Sala).

 

En dicho procedimiento se observa un requisito necesario y esencial –de carácter más bien obligatorio– como lo es la presencia del ciudadano requerido en la audiencia pública, por lo que, una vez solicitada la extradición, el país requerido debe realizar las diligencias pertinentes con el objeto de ubicar a la persona solicitada dentro de su territorio, siendo ubicada se debe notificar inmediatamente al representante del Ministerio Público, quien la presentará ante el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal donde se practique la detención, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a los fines de ser informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten, tal como lo dispone el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, y posteriormente remitir las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que deberá pronunciarse sobre la procedencia o no de la solicitud de extradición.

 

Respecto a la presencia del solicitado o solicitada en extradición a la audiencia oral, establecida en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala de Casación Penal, señaló en la sentencia N° 143 del 23 de marzo de 2015, lo siguiente:

 

“… conforme a lo dispuesto en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal de la República Bolivariana de Venezuela, una vez recibida la solicitud formal de extradición y la documentación que soporte la misma, se deberá convocar a una audiencia oral y pública, a la cual deberán asistir las partes, siendo primordial la presencia del solicitado con su respectiva defensa.

Lo anteriormente expresado, persigue el íntegro cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual incluye el derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, derechos no sólo establecidos en nuestra Carta Magna, sino también en diferentes instrumentos internacionales como, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial, en condiciones de igualdad, para así tener oportunidad de conocer la acusación que pesa en su contra y poder plantear alegatos en su defensa…”. (Resaltado de la Sala).

 

En el caso objeto de análisis, se advierte que la abogada Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, informó, en cuanto a la situación del requerido JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, que el mencionado ciudadano no se encuentra actualmente privado de libertad, por lo que al no constar la ubicación del ciudadano requerido, la Sala, no puede realizar la correspondiente audiencia oral prevista en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, para examinar y decidir la procedencia o no de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de la República del Perú.

 

En conclusión, visto que no ha sido posible ubicar al ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, situación que impide convocar la audiencia que dispone el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, como requisito exigido en el proceso de extradición, corresponde a la Sala de Casación Penal archivar el expediente contentivo de la presente solicitud de extradición, la cual podrá ser reabierta, en caso que conste la información certificada de que la persona requerida efectivamente ha sido detenida y presentada ante las autoridades judiciales de nuestro país. Así se decide.

 

No obstante lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 387 del Código Adjetivo Penal, se insta al Ministerio Público, para que continúe con los trámites legales requeridos para la búsqueda, y si fuere el caso, eventual aprehensión del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, a los fines conducentes. Así se acuerda.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, ORDENA oficiar al Ministerio Público, para que dé las instrucciones a fin de continuar con la búsqueda y eventual localización del ciudadano JESÚS CORCINO MENDIZÁBAL, quien aparece identificado en el expediente con el documento de identidad peruano número 41.109.232, y con la cédula de identidad venezolana para extranjeros, número 84.437.995, requerido en extradición por las autoridades judiciales de la República del Perú, según Nota Verbal N° 5-24-F/13 de fecha 16 de enero de 2017, para el cumplimiento de la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, por la presunta comisión del delitoCONTRA LA LIBERTAD SEXUAL - VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD”; a los fines de continuar con el procedimiento establecido en los artículos 387 y 390 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano.

 

Se acuerda el ARCHIVO DEL EXPEDIENTE N° AA30-P-2017-000030, contentivo de la presente solicitud de extradición.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese de esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se ORDENA expedir copia certificada de la misma y remitirla al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Igualmente, notifíquese de la presente decisión al Ministerio Público.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los diecisiete  (  17 ) días del mes de julio   de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

La Magistrada ponente,

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

YBKD

Exp. Nº 2017-030