MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

El 22 de mayo de 2017, se recibió ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO interpuesta por el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 105.200, actuando como defensor privado del ciudadano EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Cabudare, Estado Lara y titular de la cédula de identidad número 13.032.198, tal y como se señala en el escrito, con relación a la causa 7C-19.631-16 de la nomenclatura del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y en la cual fuera imputado el ciudadano antes identificado, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, consagrado en el artículo 116 del hoy derogado Código Orgánico Tributario de 2001, pero vigente para la fecha de los hechos imputados.

 

El 23 de mayo de 2017, se dio cuenta en Sala de la solicitud de avocamiento propuesta y se designó ponente a la Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

I

COMPETENCIA DE LA SALA

 

El artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala las atribuciones que corresponden o competen a este Máximo Tribunal, y concretamente el numeral 1, prevé la competencia para conocer de oficio, o a instancia de parte, alguna causa que se encuentre cursando ante cualquier tribunal de instancia para resolver si se avoca al conocimiento de la misma si lo estima pertinente.

 

En este sentido, el mencionado artículo 31 dispone:

 

Artículo 31. Competencias comunes de las Salas

 

Es de la competencia común de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley”.

 

Asimismo, el artículo 106 establece:

 

Artículo 106. Competencia

 

Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.

 

Y en virtud de ser de naturaleza penal la causa sobre la que recae la solicitud de avocamiento, corresponde a esta Sala de Casación Penal pronunciarse sobre dicha solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

II

DE LOS HECHOS

 

Los hechos expuestos por el solicitante en su escrito, son los siguientes:

 

“…Mi representado EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, ya identificado, es un pequeño empresario, Presidente de una cooperativa oficialmente denominada "ASOCIACIÓN COOPERATIVA MAYDER SERVÍ, R.S." domiciliada en la Avenida José Trinidad Moran, No. 12, La Carabinera, Sector La Alcabala, El Tocuyo, Estado Lora, dedicada a la venta de materiales de construcción y lubricantes, al mayor y al detal.

El día 07 de enero de 2015, mi patrocinado, EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, recibe una llamada telefónica, proveniente de la Fiscalía No. 52 del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia de Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, con sede en la AVENIDA ESTE 2, ESQUINA ÑO PASTOR, EDIFICIO CENTRO VILLAMIL, PISO 15, LA CANDELARIA , CARACAS, DISTRITO CAPITAL, por la cuál se le comunicaba que debía presentarse en esa Dependencia del Ministerio Público, donde tenía UNA BOLETA DE CITACIÓN.

El día 9 de enero de 2015, mi representado, EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, se presenta en la referida Dirección y allí es recibido por la Fiscal Interina Auxiliar 52a Nacional, Abogada SANDRA JAIMES, la cual le hizo entrega de UNA BOLETA donde se le citaba para declarar COMO TESTIGO. En esa misma BOLETA, que acompaño marcada "B" se puede leer perfectamente que ha sido librada en una CAUSA PENAL signada con el No. MP-116409-2014.

Acto seguido, la ciudadana Fiscal SANDRA JAIMES condujo a mi representado a su Oficina y comenzó a interrogarlo no sobre su conocimientos de hechos de terceros, como corresponde a quien supuestamente debe declarar como TESTIGO, sino de sobre hechos personales, relativos a la actividad económica que desenvuelve la empresa que preside.

Se trató de un interrogatorio ominoso, plagado de insinuaciones molestas que pareciera que a mi representado se le estaba tratando e interrogando como IMPUTADO, pero sin la asistencia legal de un Abogado de su confianza y ni siquiera de un Defensor Público. Sin embargo, en esta oportunidad la Fiscalía no le manifestó nada respecto a que sería imputado por delito alguno, dejándole en completa incertidumbre, a pesar de que se le hicieron múltiples preguntas sobre los movimientos bancarios de sus cuentas y las de su empresa.

En este mismo orden de ideas, en fecha 21 de mayo de 2015 mi representado EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, se dirigió al Registro Mercantil de su localidad, donde tiene inscrita su empresa, con la finalidad de registrar un aumento de capital, pero ella no fue posible porque la Registradora le manifestó que por orden de la Fiscalía 52a Nacional todas operaciones relacionadas con los asientos registróles de la empresa "ASOCIACIÓN COOPERATIVA MAYDER SERVÍ, R.S." estaban congeladas. Y cuando mi representado le solicitó a la Registradora que le mostrara la orden escrita de la que emanaba tal prohibición y ésta le manifestó que se trataba de una llamada telefónica que ella había recibido.

Pero las cosas no pararon allí, pues en fecha 18 de junio de 2015 mi representado recibió una nueva llamada, procedente de la de la Fiscalía No. 52 del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia de Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, conminándole a presentarse nuevamente en dicho Despacho él día 23 de junio de 2015, porque tenía una nueva BOLETA DE CITACIÓN, pero que tenía que asistir a la Oficina Fiscal para retirarla.

Como en la ocasión anterior, la persona que llamó a mi representado no especificó en calidad de qué se citaba al ciudadano EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, lo cual constituye una  seria  irregularidad, pues  se  le  estaría impidiendo preparar su defensa o hacerse asistir por un Abogado y hasta podría ser víctima de un celada que condujera a su detención sine proceso y contra lege.

Finalmente y luego de clarificada la situación, mi defendido EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, ya identificado, fue legalmente citado para ser imputado en libertad y a tal efecto, el día 03 de julio de 2015 ocurrimos por ante el Juzgado 43° de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde mi patrocinado hubo de designar al suscrito como su DEFENSOR PRIVADO.

En fecha 20 de junio de 2015 mi defendido fue IMPUTADO en la presente causa, mediante comparecencia por ante el para entonces Fiscal 52° del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia de legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Dr. ROBERT JOSÉ BRIZUELA, asistido por el suscrito como su defensor.

En esa oportunidad le fueron imputados a mi defendido los delitos de: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previstos y sancionados en los artículos, el primero en el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y el segundo, en el artículo 116 del hoy derogado Código Orgánico Tributario de 2001, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 37.305 del 17 de octubre de 2001, pero vigente para la fecha de los hechos imputados.

Los hechos que según él Fiscal actuante constituían esos delitos eran los siguientes:

a).- Que él Ministerio Público recibió dos (2) informes de la División de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de

Bancos, uno, de fecha 03 de septiembre de 2012, en el que se dice que mi defendido recibió depósitos por la cantidad de CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON DICIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 14.136.143,18) en su cuenta No. 0121-1030-77-20014779250, en el período comprendido entre él 07 de marzo y él 20 de agosto de 2012; y él otro, de fecha 04 de septiembre de 2013, en él que se dice que mi defendido emitió un cheque por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 445.500,oo) el 08 de agosto de 2013, así como que entre los meses de mayo y julio de 2013 movilizó, a través de cuentas bancarias, una suma de más de OCHO MILLONES DE BOLÍVARES FUERTES (Bs. 8.155.145,oo, exactamente). Asimismo el Ministerio Publico afirma que estos movimientos son "sospechosos e inhabituales y no se corresponden con el perfil financiero del investigado, quien era Sargento Mayor de Tercera de la Guardia Nacional Bolivariana y declaró al momento de abrir su cuenta en CorpBanca, que sus ingresos eran de entre 3 mil y 5 mil bolívares fuertes, siendo que ahora se presenta como titular de varias cuentas bancarias, donde unas veces aparece como persona natural y otras como representante de la Asociación Cooperativa Mayder Serví, R.S.

b).- Señala el Ministerio Público que según declaración definitiva de rentas y pago para personas naturales y herencia yacentes, realizada por ante el SENIAT, por el ciudadano EDWIN HORACIO VIRGÜEZ, para él ejercicio fiscal 2013 reflejó como ganancia neta de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 103.200,oo) y se observa que para el mismo año movilizó, durante el período comprendido entre el 01 de abril y el 22 de agosto, la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TRECE CENTIMOS (Bs. 10.473.276,13), no evidenciándose presentación de declaración de impuesto sobre la renta para los años fiscales 2011 y 2012; sin embargo en él año 2012 movilizó a través del sistema financiero la cantidad apuntada de Bs. 10.473.276,13, es decir, para los años 2012 y 2013 movilizó la cantidad de Bs. 24.599.419.28.

Ahora bien, pasados más de ocho (8) meses del acto de imputación y visto que el Ministerio Público no había acusado ni incorporado evidencia alguna al expediente de investigación, presentamos ante la Fiscalía 52a Nacional, un escrito en el cuál, con fundamento el artículo 300, numerales 1 y 4, en concordancia con el artículo 28 numeral 4, literales c) e i), todos del nunca bien ponderado Código Orgánico Procesal Penal solicitamos que ese Despacho del Ministerio Público se sirviera solicitar del Juzgado de Control competente, él SOBRESEIMIENTO de las actuaciones que se siguen contra mi defendido, o en su defecto el ARCHIVO FISCAL de la presente causa, por no existir mérito para su procesamiento. El Ministerio Público no respondió y dio la callada por respuesta.

Es así como, el día 10 de mayo de 2016, introdujimos, por ante el Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal una solicitud para que ese Juzgado se abocara a conocer las Excepciones que opusimos a las actuaciones que contra mi defendido adelanta la Fiscalía No. 52 del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia de Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en el Expediente No. MP-116409-2014, de la nomenclatura de esa Fiscalía…

…Omissis…

 

Y insto que ha pasado más de un año de que solicitáramos la intervención judicial en él presente caso, sin que haya habido respuesta y visto que en el Expediente de investigación que lleva él Ministerio Público contra mi representado no existe evidencia alguna de que haya cometido delito alguno, ocurrimos a esta Alta Instancia vía AVOCAMIENTO, a fin de que esta Sala de Casación Penal se pronuncie en la forma que solicitaremos en el pedimento de este escrito…”. (Folios: 1 al 7).

 

III

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

Señaló el solicitante en su escrito textualmente lo siguiente:

 

“…En el presente caso, el Ministerio Público, a pesar de haber transcurrido más de un año del inicio de esta investigación y nueve (9) meses del acto de imputación, no ha allegado al Expediente NINGÚN  elemento de convicción que demuestre, así sea prima facie, que los dineros que dice ha movido mil defendido sean de ilícita procedencia, por lo que tampoco puede demostrar que haya actuado a sabiendas de ello.

Más aún, en el Acto de Imputación de hacen conjeturas sin fundamento alguno y se trata de crear una matriz de opinión, que sólo se basa en las cantidades de dinero que efectivamente maneja mi defendido como un pequeño empresario y comerciante que es. Así, por ejemplo, se usa el argumento de que el imputado ha movido sumas de dinero que no se corresponden con el salario de un Sargento de la Guardia Nacional, que declaró además (sic), al abrir una de sus cuentas, que ganaba entre 3 y 5 mil bolívares fuertes. Pero es el caso, que mi defendido abrió esa cuenta hace diez años, cuando aun (sic) era militar activo, pero se fue de baja hace misma cantidad de años y fundó con familiares y amigos una Cooperativa, legalmente constituida y registrada, a través de la cual se ha venido dedicando a la compra venta de materiales de construcción, así como de vehículos y otros bienes muebles, actuando principalmente como mayorista, lo que genera grandes volúmenes de dinero por las ventas, las cuáles deben ser a su vez transferidas a los proveedores de mi clientes, descontada su ganancia, lógicamente…

…Omissis…

En el presente caso, el Ministerio Público no ha adjuntado a la investigación ninguna opinión o dictamen del SENIAT que certifique que mi defendido haya ocultado bienes, simulado ingresos o realizado maniobra alguna que constituya engaño a la Administración Tributaria. El Vindicterio se ha limitado a constatar los ingresos brutos de mi patrocinado y de su empresa en un período determinado, sin discriminar entre él uno y la otra y sin realizar las comprobaciones relativas a los egresos, a fin de establecer el enriquecimiento real, tanto de aquel como de su empresa, que es la base para la determinación del tributo a cancelar.

En tales condiciones es imposible afirmar que mi defendido haya cometido él (sic) delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA y por tanto debe sobreseerse.

…Omissis…

Como puede apreciarse a simple vista, NINGUNO de los supuestos medios de convicción que se enumeran en el Acta de Imputación contienen indicios de actividad delictiva ni vinculan de manera alguna a mi defendido a los delitos que se le imputan, por lo cual existe en esta caso una falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, conforme lo establece el artículo 28, numeral 4, literal f) del COPP

…Omissis…

PETITORIO

“…Por todas las razones expuestas, de (sic) la Sala de Casación Penal solicito, que avoque la Causa N° 7C-19.631, que cursa por ante el Juzgado 7° de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y dicte una decisión propia, declarando con lugar las excepciones opuestas por la defensa a persecución penal de mi defendido y decretando, por tanto su sobreseimiento…”. (Folios del 8 al 23 del expediente).

 

 

 

 

 

 

 

IV

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR

 

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en todas sus Salas, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso, o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Respecto a la regulación legal de la figura jurídica bajo análisis, los artículos 106, 107, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establecen lo siguiente:

 

“Competencia

Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

 

 

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido.”

 

Es como en caso de alguna solicitud de avocamiento, la Sala de Casación Penal debe examinar las condiciones recurrentes de admisibilidad establecidas en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; las cuales han sido distinguidas por esta Sala en sentencia N° 173 de fecha 2 de mayo de 2017, en la cual se estableció lo siguiente:

 

“En consonancia con las normativas transcritas, el avocamiento será ejercido sólo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, además, de la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los requisitos siguientes:

1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado”.

 

La Sala de Casación Penal reitera en esta oportunidad, que las condiciones de admisibilidad mencionadas anteriormente, deben ser concurrentes a los fines de que la solicitud de avocamiento sea admisible, pues estos presupuestos responden estrictamente al ejercicio de la acción, demanda, o solicitud; por tanto, la ausencia de alguno de éstos conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento propuesto.

 

Dicho lo anterior, una vez revisadas las actas que conforman el expediente en estudio, la Sala verifica que la presente solicitud fue interpuesta y suscrita por el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en su carácter de defensor privado del ciudadano EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, quedando evidenciada la legitimación del mencionado abogado, del acta de juramentación que riela en el folio 18 del expediente, como defensor privado del ciudadano antes mencionado, por lo cual queda demostrada la cualidad para actuar en el presente caso.

 

De igual manera, constata que la presente solicitud se trata de una causa penal que cursa ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con el alfanumérico 7C-19.631-16 contra el ciudadano EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, consagrado en el artículo 116 del hoy derogado Código Orgánico Tributario de 2001, pero vigente para la fecha de los hechos imputados, donde presuntamente ha transcurrido más de un año desde que se solicitara la intervención judicial en el presente caso, sin que haya habido respuesta y visto que en el expediente de investigación que lleva el Ministerio Público contra su representado no existe evidencia alguna de que haya cometido algún delito, por lo cual, dicho pedimento no representa ninguna actuación violatoria que vaya en oposición de las leyes y las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Conforme a lo antes señalado, es una carga del solicitante del avocamiento acompañar el escrito que contiene la solicitud, con las actuaciones que permitan a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, lo cual no se cumple en el presente caso.

 

Asimismo, la Sala aprecia, que el solicitante pretende que esta instancia extraordinaria por naturaleza institucional, se aparte de su obligación y pauta normativa, y realice una labor dilucidadora que no le es atribuible en este tipo de trámite, partiendo de simples denuncias que no se bastan así mismas, sin fundamento y base alegatoria comprobable, lo que hace imposible su admisibilidad.

 

Con base a los fundamentos que anteceden, es menester concluir, que la Sala no se encuentra frente a una causa, (como lo denuncia el solicitante), en la cual existan violaciones a los derechos a la defensa y al debido proceso; ni se aprecian escandalosas perturbaciones al ordenamiento jurídico, que hayan perjudicado ostensiblemente la paz ciudadana, la imagen del Poder Judicial o la institucionalidad democrática.

 

En consecuencia, al no cumplirse una de las condiciones concurrentes requeridas por la ley para la admisión del avocamiento, la Sala de Casación Penal, se encuentra obligada declarar INADMISIBLE la solicitud interpuesta y suscrita por el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, actuando como defensor privado del ciudadano EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ. Así se declara.

 

V

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la solicitud de avocamiento interpuesta por el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, defensor privado del ciudadano EDWIN HORACIO VIRGÜEZ PÉREZ.

 

Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los dieciocho                               (   18    ) días del mes de julio   de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

La Magistrada,

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

El Magistrado,

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

 

 

 

La Magistrada ponente,

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

YBKD

Exp. Nº 2017-165