Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

El 8 de diciembre de 2015, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, a cargo de la Jueza Leila-Ly Ziccarelli de Figarelli, publicó sentencia mediante la cual CONDENÓ al ciudadano JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA, a cumplir la pena de DIECINUEVE (19) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, más las accesorias previstas en la ley, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218, OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 todos del Código Penal, y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y CONDENÓ a los ciudadanos DERWIS LUIS PÉREZ MENDOZA y NECLIDES JESÚS VERDES RODRÍGUEZ, a cumplir la pena de CINCO (5) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión de los delitos de ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 eiusdem.

 

Los hechos establecidos en la referida sentencia condenatoria son los siguientes:

 

“...esta Juzgadora, valorando según las pautas establecidas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, todas las pruebas que fueron practicadas, llega a la conclusión de que se encuentran plenamente acreditados en el presente caso, los siguientes hechos.

 1.- En fecha 01 de enero de 2013, aproximadamente a las 05:00 de la madrugada, el ciudadano Víctor José Castro, se encontraba en compañía de algunos amigos y familiares en el Club Social y Deportivo Las Cocuizas, ubicado en la carretera Lara Zulia, sector Las Cocuizas, Parroquia Montañas Verdes, Estado Lara, celebrando el año nuevo, cuando el ciudadano José Rafael Palencia ingresa a dicho local y sin mediar palabras le dispara con un arma de fuego.

2.- Que el ciudadano Víctor José Castro, fallece a consecuencia de una herida causada con arma de fuego calibre 380 milímetros.

3.- Que la persona que acciona el arma de fuego con la cual se ocasiona la herida que da muerte al ciudadano Víctor José Castro, es el acusado JOSÉ RAFAEL PALENCIA.

4.- Que luego de disparar en contra de la humanidad de Víctor José Castro, José Rafael Palencia, huye del Club La Cocuiza (...) y en ese momento los ciudadanos DERWIS LUIS PÉREZ MENDOZA Y NECLIDES JESÚS VERDE RODRÍGUEZ, en compañía de dos adolescentes, suben a una camioneta Terios roja, y salen de la población El Morroco por la carretera que conduce hacia Carora, siendo observados por la ciudadana ..., QUIEN LLAMA AL (sic) Peaje Jacinto Lara e informa lo sucedido y las características particulares de la camioneta donde llevaban al autor de los hechos ocurridos en el club La Cocuiza.

5.- Que los funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Peaje Jacinto Lara, ubicado en el Sector Santa Rosa, parroquia Las Mercedes, Municipio Torres del estado Lara, al observar la camioneta Terios roja de similares características a la reportada vía telefónica, le dan la voz de alto, y al hacer la revisión de personas, el ciudadano JOSÉ RAFAEL PALENCIA opone resistencia a la función propia de los funcionarios como garantes del orden público, incautándole un cargador para calibre 7,65 milímetros, y que dentro del vehículo tripulado por los ciudadanos JOSÉ RAFAEL PALENCIA, NECLIDES JESÚS VERDE RODRÍGUEZ, DOS ADOLESCENTES cuya identidad se omite por mandato legal, y conducida por DERWIS LUIS PÉREZ MENDOZA, se incauta un arma de fuego tipo pistola marca Prieto Beretta color negro, fabricada en Italia, calibre 380, con un cargador y once cartuchos sin percutir, cuyos seriales estaban degastados. ...”. (Sic). (Pieza N°6, folio 46.)

 

El 15 de diciembre de 2015, el abogado Leonardo Pereira Meléndez, defensor privado del acusado JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA interpuso Recurso de Apelación.

 

El 29 de enero de 2016, el referido juzgado acordó librar el traslado del ciudadano JOSÉ RAFAEL PALENCIA a la sede de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Lara, para el día 17 de febrero de 2016, a los fines de ser imputado en la causa Fiscal 13-DDC-F8-0018-2012 (causa fiscal  distinta a la presente).

 

El 18 de febrero de 2016, el juzgado mencionado ordenó realizar el cómputo de las audiencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 445 el Código Orgánico Procesal Penal, siendo efectuado por la Secretaria, abogada Ana Tovar, en los términos siguientes:

 

“…La suscrita, Abg. Ana Tovar, Secretaria Administrativa del Tribunal de Juicio N° 03 del Circuito Judicial Penal del estado Lara CERTIFICA: que desde el día 09/12/2015, día hábil siguiente a la publicación del texto íntegro de la Sentencia dictada en fecha 24/11/2015, hasta el día 06/01/2016, transcurrió el lapso a que se contrae el artículo 445 del COPP, y el presente recurso fue presentado por la defensa privada en fecha 15/12/2015. Asimismo, se deja constancia que el lapso a que se contrae el artículo 446 del COPP (sic), transcurrió desde el día 08/01/2016 hasta el día 15/01/2016, sin que se presentara escrito alguno de contestación. Cómputo efectuado por mandato expreso de fecha ut supra, de conformidad con el artículo 156 eiusdem. ...”.

 

El 18 de febrero de 2016, el mencionado tribunal de juicio remitió el expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara.

 

El 11 de marzo de 2016, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Lara, dejó constancia del recibo del expediente y el 13 de junio de 2016 declaró Admisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA; fijó la audiencia oral, que fue realizada el 9 de agosto de 2016.

 

El 20 de septiembre de 2016, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Lara, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA.

 

El 14 de marzo de 2017, después de varios diferimientos por falta de traslado del acusado, fue realizada la imposición del fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara al acusado JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA.

 

El 20 de marzo de 2017, el abogado Nelson David Mujica, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 92.316, interpuso recurso de casación.

 

El 9 de mayo de 2017, fue realizado el cómputo por la Secretaría de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, donde certificó la notificación de las partes y la presentación del recurso de casación en fecha 20 de marzo de 2017, al décimo quinto día hábil a partir de la notificación del acusado JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA, quien fue el último notificado.

 

Remitido el expediente a esta Sala, se dio cuenta del mismo el 24 de mayo de 2017, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2017-000167, siendo asignada la ponencia a la Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno.

 

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinar su competencia para conocer del presente Recurso de Casación y, en tal sentido, observa:

 

A primo tempore, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V “De la Organización del Poder Público Nacional”, Capítulo III “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, Sección Segunda “Del Tribunal Supremo de Justicia”, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:

 

Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

8. Conocer del Recurso de Casación. …”.

 

Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referido a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título II “De las Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia”, Capítulo I “De las competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia”, artículo 29, numeral 2, establece:

 

Competencias de la Sala Penal.

Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal. …”.

 

De acuerdo con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente asunto.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El Recurso de Casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exigen para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento.

 

De tal forma, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título I “Disposiciones Generales”, del Código Orgánico Procesal Penal, consagra en sus artículos 423 y 424, el marco general normativo que efectivamente regula la interposición de todo recurso.

 

Con este propósito, el artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.

 

Por su parte, el artículo 424, eiusdem, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo.

 

Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título IV “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del aludido Texto Adjetivo Penal, instituye en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que ha de seguirse para su interposición, de la siguiente forma:

 

Artículo 451. El Recurso de Casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

 

Artículo 452. El Recurso de Casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.

Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.”.

 

“Artículo 454. El Recurso de Casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.”.

 

En este contexto, se concluye que el Recurso de Casación sólo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, sólo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.

 

NULIDAD DE OFICIO

 

La Sala de Casación Penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, 49  y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha constatado un vicio de orden público como lo es la falta de notificación o imposición de los acusados JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA, DERWIS LUIS PÉREZ MENDOZA y NECLIDES JESÚS VERDES RODRÍGUEZ de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, lo cual violentó la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en razón este órgano jurisdiccional, en atención a restablecer las garantías constitucionales de los derechos vulnerados, pasa a revisar de oficio las presentes actuaciones y, al respecto, observa:

 

El vicio detectado por la Sala, se produjo después de la publicación de la sentencia condenatoria y consiste en la omisión, por parte del Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, de emitir las Boletas de Traslado de los acusados de autos, para imponerlos personalmente del fallo dictado en su contra.

 

En efecto, de la revisión del expediente, se constató que no cursan las Boletas de Traslado ni el acto de notificación de la sentencia condenatoria dictada el 8 de diciembre de 2015 a cada uno de los acusados, como lo ordena el artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal y la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional sobre las notificaciones de las partes en el proceso penal.

 

Así pues, tenemos en el expediente, que la sentencia condenatoria emitida por el tribunal de primera instancia, fue dictada el día 24 de noviembre de 2015, en la última audiencia del juicio oral y público, siendo publicado su texto íntegro el día 8 de diciembre de 2015, dentro del lapso legal establecido, verificando la Sala que se libró una Boleta de Traslado, al acusado JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA, a los fines de ser trasladado para un acto de imputación a la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, pero no cursa ninguna Boleta de Trasladó para él o los otros acusados, para ser impuestos del contenido de la sentencia condenatoria.

 

Verificó igualmente la Sala, que cursa el escrito contentivo del recurso de apelación suscrito por el abogado Leonardo Pereira Meléndez, interpuesto el 15 de diciembre de 2015, recurso que fue admitido y declarado Sin Lugar por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, sin que ésta se hubiere percatado de la falta de notificación personal de todos los acusados de autos, quienes se encuentran privados de libertad.

 

Por ello, corresponde reponer la causa al estado en que sean notificados los acusados de autos, toda vez que la notificación de la sentencia condenatoria se hace necesaria a los fines de garantizar el derecho de los justiciables de conocer el contenido de la decisión dictada en su contra, en atención de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, derechos éstos vulnerados por la falta de notificación y que se encuentran consagrados en nuestra carta magna, por ello, procede la reposición como garantía para remediar la transgresión de los mencionados derechos.

 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en las siguientes normas constitucionales y legales, así como en jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional y de esta Sala, a saber:

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mimos y a obtener con prontitud de la decisión correspondiente. El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones  inútiles”.

 

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

 

1.             La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.

2.             Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

3.             Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. ...

4.             Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

5.             Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

6.             Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

7.             Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente.

8.             Toda persona podrá solicitar del estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del estado de actuar contra éstos o éstas

 

Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

 

Código Orgánico Procesal Penal:

 

Artículo 10.. En el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano...”.

 

Artículo 12. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.”

 

Artículo 163. Las citaciones y notificaciones se practicarán mediante boletas firmadas por el Juez o Jueza, y en ellas se indicará el acto o decisión para cuyo efecto se notifica. Las resultas de las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el tribunal respectivo, dentro de los tres días siguientes a su recepción en el servicio en el servicio de alguacilazgo, a objeto que se hagan constar en autos. El incumplimiento de esta disposición será sancionable disciplinariamente”. (Resaltado de la Sala).

 

Artículo 164. Notificación a defensores o defensoras o representantes. Los defensores o defensoras o representantes de las partes serán notificados o notificadas en lugar de ellas, salvo que por la naturaleza del acto o porque la ley lo ordene, sea necesario notificar personalmente al afectado o afectada”.

 

Artículo 175. Serán consideradas nulidades absolutas aquéllas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.”

 

Artículo 179. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el Juez o Jueza deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad de la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. El auto que acuerde la nulidad deberá individualizar plenamente el acto viciado u omitido, determinará concreta y específicamente, cuales son los actos anteriores o contemporáneos a los que la nulidad se extiende por su conexión con el acto anulado, cuales derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta y siendo posible, ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven”.

 

Sala Constitucional, Sentencia N° 1284 del 19 de julio de 2001 caso: Carlos Julio Villarroel. Ratificada en sentencia N° 1066 del 10 de agosto de 2015 caso: Carlos Luís Mejías Blanco:

 

“...debe concluirse que la sentencia definitiva es de la mayor trascendencia ya que pone fin al proceso, máxime cuando sea una sentencia condenatoria y, en consecuencia, debe ser considerada entre los actos que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente a la parte interesada. ...”.

 

En sentencia N° 233, de fecha 2 de julio de 2010, esta Sala reconoció la importancia de las notificaciones y al respecto quedó establecido lo siguiente:

 

“… las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal, por cuanto el propósito del legislador fue el aseguramiento de que las mismas fueran practicadas de tal suerte que quedara inequívocamente acreditado en los autos, que las partes adquirieron conocimiento de la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, así como de sus consecuencias jurídicas, como garantía no sólo de que el proceso no sufra demoras indebidas, ni contravenciones a los derechos fundamentales de las partes. …”.

 

Ha expresado la Sala que la notificación constituye un acto de orden público constitucional y legal, debido al fin perseguido por el legislador, que no es otro que tener la certeza y comprobar de los autos que las partes están en conocimiento de la decisión, evitando dilaciones en el proceso y garantizando los derechos fundamentales de estas.

 

Criterio este reiterado por la Sala Constitucional en decisión N° 1066, de fecha 10 de agosto de 2015, expediente N° 14-1292, en la cual se estableció:

 

“…De modo que, de acuerdo con lo señalado en las decisiones citadas parcialmente, toda sentencia condenatoria debe ser notificada personalmente al imputado, toda vez que ese pronunciamiento es la decisión más importante y trascendental del proceso penal; se trata de la decisión mediante la cual el Estado, una vez desvirtuada la presunción de inocencia, determina la culpabilidad y consecuente responsabilidad de un individuo en la comisión de un determinado hecho punible y la aplicación de la sanción penal que conlleva esa infracción. …”

 

La Sala de Casación Penal, en decisión de fecha 04 de agosto de 2015, reiteró la posición sostenida en relación con la  importancia de la notificación a las partes de los actos procesales, señalando que:

 

“...las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal, por cuanto el propósito del legislador fue el aseguramiento de que las mismas fueran practicadas de tal suerte que quedara inequívocamente acreditado en los autos, que las partes adquirieron conocimiento de la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, así como de sus consecuencias jurídicas, como garantía no sólo de que el proceso no sufra demoras indebidas, ni contravenciones a los derechos fundamentales de las partes. …”.

 

Esta Sala, en Sentencia N° 30 del 1° de febrero de 2016, en la causa seguida al ciudadano Héctor Darío Guillén Rojas, quien se encontraba privado de libertad y no fue notificado de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de primera Instancia, proceso similar al de autos, estableció lo siguiente:

 

“De tal manera que en los casos en que el imputado o la imputada se encuentre privado o privada de su libertad, necesariamente debe ser trasladado para imponerlo o imponerla de la sentencia publicada, solo así se garantiza el ejercicio pleno de una tutela judicial efectiva, del derecho a la defensa, y de ser el caso, del ejercicio del recurso de apelación, por cuanto es a partir de ese momento que el acusado conoce la totalidad de los argumentos de hecho y de derecho que fueron apreciados por el juzgador para dictar su decisión, derechos éstos que en el presente caso le fueron cercenados al ciudadano Héctor Darío Guillén Rojas por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, por cuanto omitió imponer personalmente al mencionado ciudadano de la sentencia condenatoria publicada, lo cual trajo como consecuencia que dicho órgano jurisdiccional,  erróneamente, tomara en consideración como fecha de inicio para la interposición del recurso de apelación de sentencia el 10 de septiembre de 2015, correspondiente a su publicación; lo cual, lejos de ser advertido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, fue agravado por dicha Alzada al declarar inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado Héctor Darío Guillén Rojas sobre la base de un cómputo erróneo; generándose así  la violación de las garantías constitucionales anteriormente señaladas. 

En consonancia con lo antes expuesto, esta Sala de Casación Penal, en sentencia núm. 233, del 2 de julio de 2010, en cuanto a la importancia de la notificación a las partes de los actos procesales señaló que “... las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal, por cuanto el propósito del legislador fue el aseguramiento de que las mismas fueran practicadas de tal suerte que quedara inequívocamente acreditado en los autos, que las partes adquirieron conocimiento de la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, así como de sus consecuencias jurídicas…”; por tal motivo, es necesario que el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, notifique al acusado Héctor Darío Guillén Rojas del contenido del texto íntegro de la sentencia condenatoria publicada el 10 de septiembre de 2015, previo traslado del mencionado ciudadano a la sede del Tribunal, para que conozca el alcance de la decisión y tenga la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho a recurrir del fallo, sí así lo considerare procedente.

Por lo tanto, la falta de notificación del ciudadano Héctor Darío Guillén Rojas, de la sentencia condenatoria publicada el 10 de septiembre de 2015 por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, constituye una causal de Nulidad Absoluta, tal como lo dispone el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, ...”.

 

En el mismo sentido, estableció la Sala en la Sentencia N° 34 del 1 de febrero de 2016, lo siguiente:

 

“…Constatado como ha sido que hubo una omisión por parte de Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, de imponer del texto íntegro de la sentencia condenatoria dictada contra el ciudadano ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ, quien se encuentra privado de libertad, situación que no fue advertida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, a la cual le correspondió la resolución del Recurso de Apelación de sentencia, la Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho es ANULAR DE OFICIO la decisión publicada, en fecha 13 de octubre de 2015, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación propuesto por la defensa del acusado de autos y las actuaciones subsiguientes con excepción de la presente decisión. Se ordena la reposición de la causa al estado en que el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes ordene el traslado del ciudadano ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ, para imponerlo de la sentencia o, en su defecto, comisione a otro tribunal garantizando la notificación efectiva con el objeto que el acusado mencionado conozca los motivos explanados por la Juez de Juicio que le arribaron a dictar la sentencia condenatoria y, asimismo, para que el acusado manifieste su voluntad o no de interponer Recurso de Apelación de sentencia. ...”.

 

Atendiendo a los criterios expuestos, verificó la Sala que la omisión del Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio constituye una violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, a tal efecto, establece el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal:

 

“… Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previsto en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos o ratificados por la República Bolivariana de Venezuela…”.

 

La notificación de la sentencia constituye una formalidad esencial, derivada del debido proceso, cuya ausencia constituye sin duda alguna una violación del orden público constitucional y legal, siendo garantizado por el Estado el cumplimiento de dicha formalidad mediante el restablecimiento de la situación jurídica infringida por tal omisión, resulta forzoso en tales casos reponer la causa al estado en que el acusado privado de libertad, sea impuesto de la sentencia personalmente y en presencia de su defensor, a los fines de reparar el quebrantamiento del debido proceso penal.

 

Y es que con la notificación de la sentencia el justiciable se entera de las razones por las cuales se le condena o se le absuelve, donde puede verificar finalmente si el juez que lo condenó es su juez natural, si esa persona que lo juzgó o quien firma finalmente la sentencia fue quien presenció y dirigió el debate y no está incursa en alguna causal de recusación, puede a su vez enterarse de las razones por las cuales fue desvirtuada la presunción de inocencia, con cuales elementos se le condenó, si los razonamientos explanados gozan de una argumentación lógica y jurídica, si no fue condenado por otros hechos o fue condenado por los mismos hechos en que hubiere sido juzgado anteriormente, si los hechos por los cuales se le condenó son efectivamente delitos o faltas, así como saber si fue escuchado o tomado en cuenta lo que él o su defensa manifestaron en juicio, y si del contenido de la sentencia surge error por parte de la persona que lo juzgó, a los fines de ejercer las acciones de reclamo correspondientes por error judicial, retardo u omisiones injustificadas para obtener el restablecimiento de la situación jurídica infringida, todo ello de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, transcrito ut-supra.

 

Asimismo, el órgano jurisdiccional, en respeto de la dignidad humana del justiciable, debe notificarlo de la decisión dictada en su causa, dado el ámbito personal de afectación que produce una sentencia, en especial si es condenatoria.

 

Constatado como ha sido que hubo una omisión por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, de imponer del texto íntegro de la sentencia condenatoria dictada contra los acusados JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA, DERWIS LUIS PÉREZ MENDOZA y NECLIDES JESÚS VERDES RODRÍGUEZ, situación que no fue advertida por la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, a la cual le correspondió la resolución del Recurso de Apelación de sentencia, la Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar la NULIDAD DE OFICIO de la remisión del expediente realizada por el Juzgado de Juicio mencionado, así como de las decisiones dictadas en fecha 13 de junio de 2016 y 20 de septiembre de 2016, sobre la admisión y resolución sin lugar del recurso de apelación interpuesto por la defensa, dictadas por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, y las actuaciones subsiguientes, con excepción de la presente decisión. En consecuencia, se ORDENA LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado en que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara ordene el traslado de dichos acusados o su notificación personal en caso de que algunos se encuentren en libertad, para imponerlos de la sentencia condenatoria dictada o, en su defecto, comisione a otro tribunal garantizando la notificación efectiva con el objeto de que los acusados mencionados conozcan los motivos explanados por la Juez de Juicio en dicho fallo condenatorio y, asimismo, para que los acusados manifiesten su voluntad o no de interponer el Recurso de Apelación de sentencia.

 

En virtud de ello, la Sala ANULA DE OFICIO todas las actuaciones posteriores al 8 de diciembre de 2015, momento procesal en que fue publicada la sentencia condenatoria en la presente causa, con excepción de la presente decisión, por lo tanto ORDENA la reposición de la causa al estado de realizar las correspondientes notificaciones personales a los acusados de autos, para ser impuestos de la sentencia condenatoria en presencia de sus correspondientes defensores nombrados y juramentados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 10, 12, 163, 164, 175, 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

Por todo lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

 

PRIMERO: ANULA DE OFICIO todas las actuaciones cumplidas en el presente proceso posteriores al día 8 de diciembre de 2015, momento procesal en que fue publicada la sentencia condenatoria en la presente causa, con excepción de la presente decisión.

 

SEGUNDO: ORDENA REPONER LA CAUSA al estado en que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara libre las correspondientes boletas de traslado o notificaciones personales a los acusados JOSÉ RAFAEL PALENCIA MENDOZA, DERWIS LUIS PÉREZ MENDOZA y NECLIDES JESÚS VERDES RODRÍGUEZ, para ser impuestos de la sentencia condenatoria en presencia de sus correspondientes defensores nombrados y debidamente juramentados, con el objeto de que los mismos conozcan el contenido de la sentencia condenatoria dictada en su contra y manifiesten su voluntad de interponer, o no, Recurso de Apelación de sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 10, 12, 163, 164, 175, 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En consecuencia, remítase la causa a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Lara, a fin de que se remitan las actuaciones al mencionado Tribunal éste cumpla con lo ordenado.

 

Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                                           La Magistrada,

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO                                       FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

Ponente.-                                   

 

El Magistrado,                                                                                                    La Magistrada,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA                           YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

EJMG

Exp. AA30-P-2017-000167.

 

            La Magistrada, Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, no firmó por motivo justificado.