Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

En fecha 3 de febrero de 2020, fue recibido en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el expediente relacionado con el procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, venezolano, cédula de identidad nro. V-11.292.829, en virtud que el mismo se encuentra solicitado por la República Francesa, mediante Notificación Roja Internacional, signada con el número de control A-787/1-2020, de fecha 22 de enero de 2015.

 

El mencionado ciudadano es requerido por la presunta comisión de los delitos de: “DROGA, ORGANIZACIÓN O GRUPO DELICTIVO, previstos en los artículos: 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 del Código Penal, los artículos L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 y R.5132-86, del Código de Salud Pública y la Convención Única sobre los Estupefacientes, del 30 de marzo de 1961, los artículos 38, 414, 417 y siguientes, 423 y siguientes, 432bis y 435 del Código de Aduanas, 450-1, 450-3 y 450-5”, previstos en Leyes especiales, y en el referido Código Sustantivo de la República Francesa.

 

En esa misma fecha (3 de febrero de 2020), se dio entrada a la referida solicitud y se dio cuenta a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, siendo asignada la ponencia al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ.

 

DE LA COMPETENCIA

 

La competencia para conocer el procedimiento de extradición activa o pasiva se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el numeral 1, del artículo 29, que establece lo siguiente:

 

“…Artículo 29. Es de la competencia de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

1.- Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley…”.

 

Atendiendo a lo anterior, corresponde a la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con las leyes y los tratados o convenios internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente procedimiento de extradición pasiva. Así se declara.

 

DE LOS HECHOS

 

En la Notificación Roja Internacional, signada con el número de control A-787/1-2020, de fecha 22 de enero de 2015, aparece solicitado el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, como prófugo buscado por la República Francesa para continuar con un proceso penal. En dicha notificación se lee en la exposición de los hechos, lo siguiente:

 

“…El 17 de julio de 2011, en Dunkerque, el servicio de aduanas se (sic) incautó de (sic)  258 kg de cocaína, de una pureza del 78%, hallados a bordo de un buque. Este había sido fletado el 19 de junio de 2011 en Venezuela y había realizado la travesía hasta Dunkerque sin escalas. A raíz de la incautación, se detuvo a cuatro venezolanos y se pudo determinar que un español y un sueco habían financiado una parte del alijo. La investigación posterior, así como la comparación con otras investigaciones llevadas a cabo en Europa en relación con incautaciones similares –en Port Talbot (Reino Unido) el 16 de octubre de 2008, en Rotterdam (Países Bajos) el 7 de febrero de 2009, en Gijón (España) el 12 de abril de 2010, en Wedel (Alemania) el 18 de abril de 2011-, revelaron que el organizador de todas esas importaciones de droga era un tal Fidel Vladimir ARROYO MARAUTT. En particular, su número de teléfono aparecía, bajo el seudónimo “El Maestro”, en la memoria de un teléfono incautado a uno de los venezolanos detenidos en Port Talbot. Según varios de los testimonios recogidos, en la casi totalidad de las operaciones de exportación de cocaína descubiertas Fidel Vladimir ARROYO MORAUTT había contado con la asistencia de Renan (sic) José FERNANDES (sic) MATOS…”.

 

 

DE LAS ACTUACIONES

 

Constan en el expediente las actuaciones siguientes:

 

Notificación Roja Internacional, signada con el número de control A-787/1-2020, de fecha 22 de enero de 2015, emitida contra el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, por la OCN DE INTERPOL París, Francia. El contenido de la notificación en mención es el siguiente:

“…País solicitante: Francia

de expediente: 2015/4574

Fecha de publicación: 22 de enero de 2015

Fecha de actualización: 24 de enero de 2020

 

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

 

Distribución a los medios de comunicación (internet inclusive) del extracto de la notificación roja publicado en la zona de acceso público del sitio web de INTERPOL: 

 

1.      DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Apellido: FERNANDES (sic)

Nombre: Renán

Sexo: Masculino

Fecha y lugar de nacimiento: 16 de agosto de 1972 – MARACAIBO, Venezuela

Nacionalidad: Venezolana (comprobada)

 

Otros nombres:

Tipo: Alias

Apellidos: MATOS

Nombres: José

Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1972

País: Venezuela

 

Exposición de los Hechos

…..

Complementarios sobre el caso

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1/1

 

Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito:

 

Delitos tipificados en los artículos: 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 122-41 (sic), 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 del Código Penal, los artículos L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 y R.5132-86, del Código de Salud Pública y la Convención Única sobre los Estupefacientes, del 30 de marzo de 1961, Hechos tipificados en los artículos 38, 414, 417 y siguientes, 423 y siguientes, 432bis y 435 del Código de Aduanas, Hechos tipificados en los artículos 450-1, 450-3 y 450-5, previstos en Leyes especiales y en el referido Código Sustantivo de la República Francesa.

 

Pena máxima aplicable: 30 años.

 

Orden de detención o resolución judicial equivalente

Número: PAS DE NUMERO (sic)

Fecha de expedición: 20 de noviembre de 2014

Expedida o dictada por: Autoridades Judiciales de LILLE.

País: Francia.

 

Orden de detención europea:

Número: PAS DE NUMERO (sic)

Fecha de expedición: 21 de noviembre de 2014

Expedida o dictada por: Autoridades Judiciales de LILLE

País: Francia

 

MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA

 

LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN:

 

Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

 

DETENCIÓN PREVENTIVA:

 

Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes

 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA:

 

Esta solicitud se basa en una orden de detención europea expedida por la autoridad judicial competente. Se solicita la detención y entrega de la mencionada persona con miras a su procesamiento penal, o a la ejecución de una pena privativa de libertad o de una orden de detención, en aplicación del artículo 10 (3) de la Decisión marco del 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea…”.

 

En fecha 21 de enero de 2020, fue detenido en el territorio venezolano (estado Zulia), el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Maracaibo del estado Zulia; en virtud de la Notificación Roja signada con el número de control A-787/1-2020, de fecha 22 de enero de 2015, emitida contra el referido ciudadano, según se lee del acta de aprehensión que a continuación se transcribe:

 

“…En esta misma fecha, siendo las 06:30 horas de la tarde, comparece ante este Despacho, el Funcionario Inspector Agregado Oswaldo PORRAS, adscrito a la División de Investigaciones de Interpol, con sede en la ciudad de Caracas, en (sic) quien estando debidamente juramentado y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulado 113, (sic) 115 y 153 del Código Orgánico Procesal Penal, y los artículos 35, 50 y 52.4° de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación (sic) el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Ciencias Forenses, deja constancia de la siguiente diligencia efectuada en la presente investigación (sic) ‘En esta misma fecha, continuando con las investigaciones relacionadas con la Difusión número 2015/4574, publicada por la Secretaria (sic) General de Interpol, con sede en Lyon – Francia, en fecha 22-01-2015, a requerimiento de la Oficina Central Nacional Paris (sic) (Interpol – Francia), por el delito de Droga, Organización o Grupo Delictivo, en contra del ciudadano: Renan (sic) José FERNANDEZ (sic) MATOS, de 47 años de edad, nacionalidad venezolana, fecha de nacimiento 16/08/1972, cédula de identidad V-11.292.829, luego de realizar diversas pesquisas, se detuvo como resultado que él (sic) mismo reside en el Barrio 6 de enero, avenida 59B, casa N° 116-91, parroquia Luis Hurtado Higuera, municipio Maracaibo, estado Zulia; en virtud de lo antes expuesto me traslade (sic) en compañía de los funcionarios Comisario Rogelio YEPEZ, (sic) Inspectores Jefe José HERNANDEZ (sic) y María DUARTE, a bordo de la unidad A38DK7K, hacia la prenombrada dirección, con la finalidad de ubicar y aprehender al supra mencionado. Una vez en el lugar, procedimos a realizar un trabajo de investigación de campo (estática), donde siendo las 05:00 horas de la tarde aproximadamente, observamos una persona de sexo masculino, con características fisonómicas similares al requerido por la comisión, el cual egresaba del inmueble antes identificado; por lo que fue abordado con las medidas de seguridad pertinentes, plenamente identificados como funcionarios activos de esta prestigiosa institución; al requerirle su documento de identidad, manifestó ser la persona requerida, quedando identificado plenamente de la siguiente manera: Renan (sic) José FERNANDEZ (sic) MATOS, nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, estado Zulia, fecha de nacimiento 16/08/1972, (sic) de 47 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio obrero, residenciado en la prenombrada dirección, cédula de identidad V-11.292.829; observando que estábamos en la (sic) presencia del ciudadano requerido por la comisión, le explicamos su situación jurídica; seguidamente el funcionario Inspector Jefe José HERNANDEZ, (sic) procedió a realizarle una revisión corporal amparado en el artículo 191,(sic) del Código Orgánico Procesal Penal, no encontrando evidencia alguna de interés criminalístico; de igual manera le fueron leídos y otorgados sus Derechos Constitucionales, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguido nos trasladamos a la sede de este despacho, donde accedí al Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), con la finalidad de verificar los posibles registros policiales y/o solicitudes que pudiera presentar el ciudadano en referencia, arrojando como resultado que el mismo no presenta registro policial ni solicitud judicial. Seguidamente el funcionario Comisario Jefe Rogelio YEPEZ, (sic)  le hizo conocimiento a los jefes naturales de esta Sub Delegación y (sic) los Jefes de esta División de Investigaciones de Interpol, con sede en la ciudad de Caracas del procedimiento realizado; asimismo se realizó llamada telefónica a los abogados Yeimy DUQUE, (sic) Coordinadora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público y  Alexander SANCHEZ, (sic)  Fiscal Auxiliar 23° (sic) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del  estado Zulia, con la finalidad de poner en conocimiento del procedimiento realizado, quienes se dieron por notificados. Se deja constancia que al aprehendido se le permitió efectuar llamada telefónica a su concubina Iris del Carmen SALAS ARAUJO, (sic)  al número 0414-647-68-84, quien le manifestó su situación jurídica, se consigna en la presente acta lo siguiente: 01.- Derechos de (sic) imputado, debidamente firmado por el detenido; 02.- Examen de reconocimiento médico legal (Físico – Externo) realizado; 03.- Copia fotostática de la Difusión número 2015/4574, (sic) publicada por la Secretaria (sic) de Interpol en fecha 22/01/2015, a requerimiento de la Oficina Central Nacional de Paris (Interpol – Francia), por el delito de Drogas, Organización o Grupo Delictivo’...”.

 

En fecha 21 de enero de 2020, mediante acta levantada en la sede de la División de Investigaciones Interpol de la Dirección de Policía Internacional del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal de Maracaibo, estado Zulia; el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, fue impuesto de todos sus derechos.

 

En fecha 22 de enero de 2020, se realizó “AUDIENCIA ORAL DE PRESENTACIÓN”, ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con Competencia Funcional Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en la cual el referido Juzgado acordó mantener la medida privativa de libertad del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS y ordenó remitir las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En la misma fecha se publicó el fundamento de la decisión antes mencionada, cuya dispositiva es del tenor siguiente:

 

“… Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Quinto Estadal (sic) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PRIMERO: Declara con Lugar la Solicitud del Ministerio Público, y, en consecuencia acuerda Ejecutar la Orden de Aprehensión dictada en contra del ciudadano Renan (sic) Jose (sic) Fernandez (sic) Matos (sic) (…) , según control 2015/4574, publicada por la Secretaria (sic) de (sic) INTERPOL, con Sede en Lyon Francia, (sic) por el delito de Droga, Organización o Grupo Delictivo, (…) con fines de Extradición, publicada en fecha 22/01/2015, (sic) (…) ordenando su ingreso al Cuerpo Aprehensor y la remisión de las actuaciones que conforman la presente causa a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, (…). SEGUNDO: Se declara así, sin lugar la solicitud formulada por la defensa privada en cuanto a imponer una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad. TERCERO: Se declara sin lugar tal solicitud, formulada por la defensa en relación a que se ordene la reclusión del ciudadano  Renan (sic) Jose (sic) Fernandez (sic) Matos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal con Competencia Municipal en funciones de Control al Cuerpo Aprehensor, para la permanencia y resguardo de reclusos en sus instalaciones y por considerar, además, este Juzgado que tal circunstancia podría constituir un trato preferencial a favor del ciudadano Renan (sic) Jose (sic) Fernandez (sic) Matos, violatorio de la garantía constitucional prevista en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”   

 

En fecha 14 de febrero de 2020, la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal emitió los oficios siguientes:

 

-                N° 62, dirigido al Doctor Tarek William Saab Halabi, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de informarle sobre el procedimiento de extradición pasiva que cursa en la Sala de Casación Penal, seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, identificado en el expediente con la cédula de identidad V-11.292.829, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal.

 

-                N° 63, dirigido al Doctor Álvaro Cabrera, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, a fin de informarle sobre el procedimiento de extradición pasiva que cursa en la Sala de Casación Penal, seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, identificado en el expediente con la cédula de identidad  V-11.292.829, con el objeto de que informe si cursa alguna investigación fiscal que guarde relación con el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

-                64, dirigido al ciudadano Luis Santiago Rodríguez González, Director de Migración del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a fin de informarle sobre el procedimiento de extradición pasiva que cursa en la Sala de Casación Penal, seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, identificado en el expediente con la cédula de identidad V-11.292.829, solicitando la información concerniente al número de pasaporte, el país de origen, los movimientos migratorios del serial de la cédula de identidad V-11.292.829.

 

-                N° 65, dirigido a la Licenciada Francis Goncalves, Directora de Verificación y Registro del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a fin de informarle sobre el procedimiento de extradición pasiva que cursa en la Sala de Casación Penal, seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, identificado en el expediente con la cédula de identidad  V-11.292.829, con el objeto de solicitarle información sobre los datos filiatorios, las huellas decadactilares, las trazas y registros fotográficos del serial de dicha cédula de identidad.

 

-                N° 66, dirigido al Comisario General Jara Yuraima Arismendi, Jefe de la División de Información Policial, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a fin de informarle sobre el procedimiento de extradición pasiva que cursa en la Sala de Casación Penal, seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, identificado en el expediente con la cédula de identidad V-11.292.829, con el objeto de solicitarle si el ciudadano antes mencionado presenta algún registro policial en su contra.

 

-                N° 67, dirigido al Coronel Bruno José Mattiussi Urribarri, Jefe de la Dirección de Policía Internacional (INTERPOL) del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a fin de informarle sobre el procedimiento de extradición pasiva que cursa en la Sala de Casación Penal, seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, identificado en el expediente con la cédula de identidad V-11.292.829, con el objeto de solicitarle sirva a remitir a esta Sala, copia certificada de la Notificación de Alerta Roja, en español, que presenta el referido ciudadano, debido a que en el expediente solo consta “Informe Sobre Individuos”, difusión identificada con el número 2015/4574, publicada por la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon – Francia, de fecha 22 de enero de 2015.

 

En fecha 19 de febrero de 2020, fue recibido por la Secretaria de la Sala de Casación Penal vía correspondencia, oficio FTSJ-4-19-2020, de fecha 18 de febrero de 2020, enviado por la abogada EMY NOREMY RIVERO NÚÑEZ, Fiscal Cuarta del Ministerio Público, contentivo de información que guarda relación con el proceso de extradición pasiva seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

En fecha 26 de febrero de 2020, fue recibido por la Secretaria de la Sala de Casación Penal vía correspondencia, oficio “2020-N° 583”, enviado por el Coronel BRUNO JOSÉ MATTIUSSI URRIBARRI, Director (E) de la Policía Internacional (Interpol), Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual remite recaudos que guardan relación con el proceso de extradición pasiva seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

En fecha 28 de febrero de 2020, recibe esta Sala de Casación Penal un escrito, presentado y firmado por la abogada MARISEL ESCARLETH ARRIA MARTÍNEZ, inscrita en el Inpreabogado con el número 230.501, mediante el cual consigna recaudos que guardan relación con el proceso de extradición pasiva seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

En fecha 16 de noviembre de 2020, se recibe, vía correspondencia, el oficio DFGR-DAI-165-978-2020-12802, de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, contentivo de información que guarda relación con el proceso, comunicando que no cursa investigación alguna relacionada con el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

En fecha 13 de marzo de 2020, la Sala publicó decisión Nº 007, en la cual, acordó:

“…Acuerda notificar a la República Francesa, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos que tiene, desde el día siguiente de su notificación efectiva, para presentar la solicitud formal de extradición, y la documentación judicial necesaria que la sustente, en el procedimiento de extradición seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, de nacionalidad venezolana, identificado en el expediente con la cédula de identidad V-11.292.829, debiendo especificarse, además, que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho término, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano.…”.

 

 Se recibieron en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia los recaudos que se mencionan a continuación:

 

En fecha 15 de marzo de 2021, se recibió oficio N° 43121, del 5 de marzo de 2021, enviado por la ciudadana Alana Yaneska Zuloaga Ruíz, Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, constante de un (1) folio útil, mediante el cual remite recaudos, que guardan relación con el proceso de extradición pasiva seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, constantes de dos (2) folios útiles, suscrito por la ciudadana Eulalia Tabares Roldan, Directora General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en el cual se lee la información siguiente:

 

 “… Me dirijo a usted, en la oportunidad de hacer referencia al proceso de extradición pasiva seguido contra el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, de nacionalidad venezolana, identificado en las actuaciones con la cédula de identidad N° V- 11.292.829, requerido por las autoridades judiciales de la República Francesa por la comisión del delito de ‘Cocaína, Drogas, Organización y Asociación o Grupo Delictivo ’.

Al respecto, se remite Nota Verbal N° 2021-0070339/re de fecha 11 de febrero de 2021, recibida en esta Oficina el 12 del mismo mes y año, a través de la cual la Embajada francesa acreditada ante el gobierno nacional remite, la solicitud formal de extradición del precitado…”.

 

DE LA AUDIENCIA

 

En fecha 29 de abril de 2021, esta Sala dictó auto mediante el cual fijó para el 8 de junio de 2021, la audiencia pública, sobre la base de los artículos 26 y 49 numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 1° y 390 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, se notificó a las partes interesadas.

 

 En fecha 10 de mayo de 2021, se recibió un escrito presentado y firmado por el abogado HENRY JOAQUÍN REVERÓN ARVELO, Defensor Privado, contentivo de información que guarda relación con el proceso de extradición pasiva seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

En fecha 26 de mayo de 2021, se recibió un escrito presentado y firmado por el abogado HENRY JOAQUÍN REVERÓN ARVELO, Defensor Privado, contentivo de información que guarda relación con el proceso de extradición pasiva seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

En fecha 8 de junio de 2021, se recibió un escrito presentado y firmado por el abogado HENRY JOAQUÍN REVERÓN ARVELO, Defensor Privado, contentivo de información que guarda relación con el proceso de extradición pasiva seguido al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

En esa misma fecha (8 de junio de 2021), se realizó la audiencia a la que hace referencia el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

DE LA OPINIÓN FISCAL

 

En dicha audiencia, fue consignado escrito suscrito por el ciudadano Tarek William Saab, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, quien en ejercicio de la atribución contenida en el numeral 15, del artículo 25, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el numeral 16, del artículo 111, del Código Orgánico Procesal Penal, emitió opinión en la presente solicitud de Extradición Pasiva del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, incoada por parte de la República Francesa en el que concluyó lo siguiente:

 “…A la luz de las normas citadas y la jurisprudencia de ese Máximo Tribunal de la República, se concluye que no es posible conceder la extradición de un venezolano por ningún motivo, pero aquel deberá ser enjuiciado en nuestro país a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana, toda vez que el Principio de la no entrega de nacionales consagrado en la Carta Magna no implica el amparo o la impunidad de los hechos ilícitos cometidos en territorio extranjero.

En consecuencia, siendo improcedente la extradición motivado a razones de nacionalidad, se impone la necesidad por parte del Estado Venezolano, de administrar justicia en el presente caso, mediante el juzgamiento en nuestro país del ciudadano Renán Fernández, previa solicitud de la parte agraviada quien deberá consignar cualquier elemento probatorio que estime necesario y que pueda servir para el establecimiento de la pena a cumplir (…) En virtud de lo antes expuesto, el Ministerio Público estima que no se encuentran satisfechos los extremos legales exigidos para la procedencia de la extradición pasiva solicitada por el Gobierno de la República Francesa contra el ciudadano Renán Fernández, por razones de nacionalidad, debiendo ser declarada IMPROCEDENTE por la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República…”.

 

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA SALA

 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Código Penal; y los artículos 382 y 390, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; pasa a decidir sobre la procedencia o no de la EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, requerido en nuestro país por la República Francesa, bajo los siguientes fundamentos de ley:

 

El artículo 6 del Código Penal, establece lo siguiente:

 

“…Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas.

No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua...”.

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, el procedimiento de extradición “...se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título”.

 

El artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal establece el procedimiento que ha de seguirse, una vez recibida la documentación necesaria, en los términos siguientes:

 

“…Procedimiento.

Artículo 390. Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días…”.

 

En este sentido, la presente solicitud de extradición pasiva, se resolverá con apoyo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, así como, el Principio de Reciprocidad, que consagra el derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición, observando que existe la Ley Aprobatoria del “Convenio de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Francesa”, suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 24 de noviembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero de 2013, el cual dispone lo siguiente:

 

“… Artículo I

Objeto

Las Partes se comprometen a entregarse recíprocamente, previa solicitud efectuada según las reglas y condiciones determinadas en este Convenio y de acuerdo a sus disposiciones constitucionales, las personas que se encuentren en sus territorios, requeridas por autoridades judiciales para cumplir una condena privativa de libertad o contra las cuales debe instruirse un proceso penal, en virtud de la comisión de un delito o la presunción de este. En los supuestos no establecidos en el presente Convenio, se aplicará la ley interna de las “Partes”.

 

Artículo VII

Transmisión de las solicitudes

La solicitud de extradición será formulada por escrito y transmitida por vía  diplomática. Ésta, y la documentación que la acompaña, estarán dispensadas de legalización.

 

Artículo VIII

Idioma

Las solicitudes de extradición y los documentos que se presenten estarán redactados en el idioma oficial de la Parte requirente y se acompañarán de una traducción en el idioma oficial de la Parte requerida.

 

Artículo IX

Documentación requerida

Las solicitudes de extradición tanto de las personas procesadas como condenadas penalmente deberán contener lo siguiente:

a. Original o copia conforme de auto de detención, de orden de aprehensión o de sentencia definitivamente firme o cualquier otra resolución emanada de la autoridad judicial competente, que tenga la misma fuerza en la Parte requirente.

b. Los datos del procesado, imputado o condenado, sus datos filiatorios,                                                                                                                                                                                                                                                                                     características físicas y cualquier otro medio que permita en forma inequívoca su identificación y ubicación.

c. Una relación detallada de los hechos que motivan la solicitud de extradición con especial énfasis en el lugar, hora, fecha y circunstancias en que ocurrió y su adecuación al tipo penal correspondiente

d. La calificación del (de los) tipo (s) penal (es) mencionado (s) y el texto legal que define y sanciona el delito.

e. Las normas que establecen el cálculo de la prescripción de la acción penal, para el caso de los procesados o imputados, o de la pena, para los condenados, previstas en la legislación de la Parte requirente, así como las actuaciones que pudieron interrumpir la prescripción del (de los) delito (s) o la pena, conforme a la legislación de la Parte requirente.

 

Artículo X

Información complementaria

Si la información, insumos o soportes que avalan la solicitud de extradición, resultaren insuficientes o defectuosos, la Parte requerida deberá ponerlo en conocimiento a la Parte requirente, a fin de que esta se sirva remitirlo o subsanar esta situación, y de esta forma se pueda procesar la solicitud. La Parte requerida  podrá fijar un plazo para la obtención de la información o la subsanación de las irregularidades, prorrogable por un tiempo equivalente, en caso de ser necesario.

La Parte requerida podrá solicitar los documentos, información, insumos o  soportes que considere pertinentes y necesarios para la aprobación de la extradición solicitada.

La Parte requirente podrá designar a una persona para apoyar y explicar su solicitud en este procedimiento, sin formar parte del mismo.

 

Artículo XIII

Detención preventiva con fines de extradición

1. En caso de urgencia, la autoridad competente de la Parte requirente podrá solicitar la detención preventiva con fines de extradición de la persona reclamada.

Esta solicitud podrá ser transmitida a las autoridades competentes de la Parte requerida, por la vía diplomática; o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por cualquier otro medio que deje constancia escrita y haya sido convenido entre las Partes.

2. La solicitud de detención preventiva con fines de extradición deberá contener una descripción de la persona solicitada, su posible ubicación, sus datos filiatorios, y las impresiones decadactilares si están disponibles, así como una declaración afirmando el compromiso de solicitar la extradición formalmente con la documentación que la sustenta, y una orden de detención o sentencia dictada por la autoridad competente de la Parte requirente y la pena que resta por cumplir, según sea el caso.

3. Una vez recibidos los recaudos mencionados en el párrafo anterior, la Parte requerida tomará las medidas necesarias para asegurar la detención preventiva de la persona solicitada e informará a la Parte requirente a la mayor brevedad  sobre el curso del procedimiento.

4. Si transcurridos sesenta (60) días continuos, la Parte requerida no ha recibido la solicitud de extradición conforme a lo establecido en el numeral 2 de este artículo, se pondrá fin a la detención preventiva.

5. La puesta en libertad de la persona objeto de la detención preventiva no impedirá el curso normal del procedimiento de extradición, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio. La persona solicitada podrá ser aprehendida nuevamente si la Parte requerida recibe la solicitud de extradición acompañada de la documentación requerida en el artículo IX…”.

 

De las disposiciones jurídicas parcialmente transcritas del Tratado de Extradición vigente entre la República Francesa y la República Bolivariana de Venezuela, se observa lo siguiente:

 

El artículo IX del tratado ut supra señalado indica la documentación que debe acompañar la solicitud de extradición.

 

En fecha 15 de marzo de 2021, fue recibido el oficio número 000870, de fecha 18 de febrero de 2021, emanado de la Dirección General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en el cual remitió copia de la nota verbal identificada con el alfanumérico 2021-0070339/re de fecha 11 de febrero de 2021proveniente de la Embajada de la República Francesa acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta la documentación judicial que sustenta la solicitud formal de extradición del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS.

 

Del legajo remitido se resalta la documentación siguiente que fue consignada en original y con traducción oficial:

 

1.- Solicitud de extradición pasiva, emanada de la Corte de Apelaciones de Douai, Francia, donde se desprende lo siguiente:

 

“...ASUNTO: Solicitud de extradición se aplica a Renan (sic) José FERNANDES (sic) MATOS detenido el 21 de enero de 2020 por las autoridades Venezolanas

REFERENCIA: N° de fiscalía 11/203000007 

 

Tengo el honor de solicitar formalmente a las autoridades venezolanas con el apoyo de documentos adjuntos, la extradición de Renan (sic) José FERNANDES (sic) MATOS que ha sido detenido provisoriamente el 21 de enero de 2020 en Maracaibo (Venezuela)

 

I- Identidad del extraditado:

- Nombre: FERNANDES (sic) MATOS Renan (sic) José

- Nacido el 16 de agosto de 1976 en Maracaibo (Venezuela)

- Sexo: Masculino

- Nacionalidad: Venezolana

- Última dirección conocida: Avenida 175- 10, 117 10 MARACAIBO-ZULIA (VENEZUELA)

 

II-  Los hechos:

-                fecha de los hechos: corriente del 2012, 2011, hasta julio de 2021

-                lugar de los hechos: MARACAIBO en VENEZUELA, DUNKERQUE, GIJON, MADRID en ESPAÑA

-                grado de participación: autor

 

Descripción de los hechos:

El 17 de julio de 2011, la aduana incauta en el puerto de DUNKERQUE en un navío transportando 55.000 toneladas de carbón, 258 kg de cocaína de una pureza de 78°/°. El barco había sido fletado en MARACAIBO, Venezuela el 19 de junio de 2011 y había llegado a DUNKERQUE sin escala, 4 ciudadanos venezolanos habían sido detenidos en el lugar. Un ciudadano español y un ciudadano sueco fueron más tarde identificados como los financistas de una parte de la cocaína.

La investigación y la relación con muchas investigaciones llevadas en Europa en incautaciones similares (PORT TALBOT, Reino-Unido, el 16 de octubre de 2008, ROTTERDAM, Países Bajos, el 7 de febrero de 2009, GIJON , ESPAÑA, el 12 de abril de 2010, WEDEL, Alemania, el 18 de abril de 2011, permitía comprometer la participación de Fidel Vladimir ARROYO MORAUTT como el organizador de estas importaciones. Su número de teléfono aparecía en particular en la memoria de un teléfono en uno de los imputados venezolano detenido en PORT TALBOT en el Reino-Unido en el 2008, con el seudónimo de El Maestro. Muchas declaraciones prueban que casi en la totalidad de las operaciones identificadas de exportación de cocaína, Fidel Vladimir ARROYO MORAUTT estaba asistido por Renan (sic) José FERNANDES (sic) MATOS.

 

III- Las calificaciones:

Los hechos aquí expuestos constituyen las infracciones siguientes: precisar las calificaciones e indicar los artículos (adjuntas la copia de los artículos)

1-Importación ilícita de estupefacientes en banda organizada, hechos previstos y reprimidos por los artículos 132-71, 222-36,222-40, 222-41,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49, 222-50 del código penal, L 5132-7,

R 5132-84, R5132-85 y R 5132-86 del código de salud pública, acuerdo internacional único de los estupefacientes del 30 de marzo de 1961

2- Obtención ilícita de estupefacientes, hechos previstos y reprimidos por los artículos 132-71,222-37,222-222-40, 222-41,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49, 222-50 del código penal, L 5132-7 R5132-84, R5132-85 y R 5132-86 del código de salud pública, acuerdo internacional único de los estupefacientes del 30 de marzo de 1961.

3- transporte ilícito de estupefacientes hechos previstos y reprimidos por los artículos 132-71, 22-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 del código penal, L 5132-7, R5132-84, R5132-85 y R 5132-86 del código de salud pública, acuerdo internacional único de los estupefacientes del 30 de marzo de 1961.

4- Posesión ilícita de estupefacientes, hechos previstos y reprimidos por los artículos 132-71, 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 del código penal, L 5132-7, R5132-84, R5132-85 y R 5132-86 del código de salud pública, acuerdo internacional único de los estupefacientes del 30 de marzo de 1961.

5- Oferta o cesión ilícita de estupefacientes hechos previstos y reprimidos por los artículos 132-71, 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 del código penal, L 5132-7,  R 5132-84, R5132-85 y R 5132-86 del código de salud pública, acuerdo internacional único de bs estupefacientes del 30 de marzo de 1961.

6- Importación y posesión ilícita de mercancías prohibidas peligrosas para la salud, la seguridad y la moralidad pública, hechos previstos y reprimidos por los artículos 38, 414,417 y siguientes 423 v siguientes, 432bis y 435 del código de aduanas.

7- Organización criminal con el objetivo de preparar un crimen o un delito castigado con 10 años de cárcel, hechos previstos y reprimidos por los artículos 450-1,450-3 y 450-5 del código penal.

 

IV- El procedimiento:

Estado de avance del procedimiento: precisar el argumento del pedido de extradición (orden arresto o juicio. En este caso, precisar la calificación del juicio (explicando si procede: presencia del abogado en la audiencia que explica que el juicio sea contradictorio, a pesar la ausencia del interesado...) como también las eventuales garantías procesales (oposición en caso de incumplimiento, recurso...).

El interesado no ha sido detenido durante el periodo de la instrucción del caso. Una orden de arresto ha sido emitida el 20 de noviembre de 2014 por el juez de instrucción y una orden de arresto europeo el 21 de noviembre de 2014 por la fiscalía de LILLE. El interesado ha sido citado a la fiscalía general de Douai el 13 de enero de 2017 en vista de su comparecencia ante la corte de apelaciones del Nord con fecha del 9 de febrero de 2017 dictado por rebeldía y condenado a una pena de 15 años de cárcel.

Desde su llegada a Francia, podrá apelar en un plazo de 10  días a esta sentencia. Por lo que, será juzgado nuevamente y la sentencia del 9 de febrero de 2017 será considera (sic) como nula.

 

V- Prescripción

Precisar las reglas de prescripción y las reglas que se aplican

 La pena será prescrita el 9 de febrero de 2047

La extradición de Renán José FERNÁNDES (sic) MATOS es solicitada, bajo el fundamento del acuerdo bilateral de extradición entre Francia y Venezuela con fecha del 24 de noviembre del 2012…”.

 

2.- Orden de arresto, emanada de la “CORTE DE APELACIONES DE DOUAI, TRIBUNAL SUPERIOR DE LILLE” y suscrita por la Oficina de Richard FOLTZER, Vicepresidente de la Instrucción, en la cual destaca lo siguiente:

 

“...Nosotros, Richard FOLTZER, Vice-Presidente encargado de la instrucción del tribunal (sic) superior (sic) de Lille, Vista la información concerniente:

Señor FERNANDEZ (sic) MATOS Renán José

Nacido el 16 de agosto en MARACAIBO Nacionalidad venezolana Filiación desconocida

Domiciliado en AVENIDA 175-10 117 10 MARACAIBO - ZULIA, en Venezuela, Habiendo vivido en último lugar en: MARACAIBO

Que pueda probablemente ir a ESPAÑA, a los PAÍSES BAJOS, al REINO UNIDO, a ALEMANIA incluso a FRANCIA

Impugnado por la o las infracción(es) siguiente(s):

-IMPORTACIÓN ILICITA (sic) DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES EN BANDA ORGANIZADA, ADQUISICIÓN, POSESIÓN, TRANSPORTE Y CESIÓN ILÍCITOS DE ESTUPEFACIENTES,

HECHOS PREVISTOS Y REPRIMIDOS POR LOS ARTÍCULOS 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 A 222-45, 222-47 á 222-49, 222-50 DEL CÓDIGO PENAL, L 5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77, 5132-78 DEL CÓDIGO DE SALUD PUBLICA (sic), ACUERDO INTERNACIONAL ÚNICO (sic) DE ESTUPEFACIENTES DEL 30/03/1961, ORDEN MINISTERIAL DEL 22/02/1990

-IMPORTACIÓN Y POSESIÓN DE MERCANCÍAS PROHIBIDAS PELIGROSAS PARA LA SALUD PUBLICA (sic), COMETIDA EN BANDA ORGANIZADA

HECHOS PREVISTOS Y REPRIMIDOS POR LOS ARTÍCULOS 38,414,417 Y SIGUIENTES, 423 Y SIGUIENTES, 432BISY 435 DEL CÓDIGO DE ADUANAS, 132-71 DEL CÓDIGO PENAL

-PARTICIPACIÓN A UN GRUPO FORMADO O UN ACUERDO ANTICIPADO EN VISTA DE LA PREPARACIÓN, CARACTERIZADA POR UNO O VARIOS HECHOS MATERIALES, DE UNO O VARIOS CRÍMENES O DELITOS CASTIGADOS DE AL MENOS DIEZ AÑOS DE CÁRCEL

HECHOS PREVISTOS Y REPRIMIDOS POR LOS ARTÍCULOS 450-1 INCISO 1Y 2,450-3 Y 450-5 DEL CÓDIGO PENAL

Cometidos entre 2009 y 2011 en MARACAIBO, GIJON (ESPAÑA), DUNKERQUE (FRANCIA) Vistos los requerimientos del Señor fiscal de la República con fecha 18 de Noviembre del 2014, Vistos los artículos 122,123,131 y siguientes del código penal;

Mandamos y ordenamos a todos los oficiales y funcionarios de policía judicial y a todos los funcionarios de la fuerza pública, conforme a la ley, buscar y conducir ante nosotros o antes el fiscal (sic) de la República del lugar de arresto a la persona antes mencionada.

Instamos al director de dicha prisión de recibirla y tener en estado de orden de arresto hasta que sea ordenado de otra manera.

Requerimos a todo depositario de la fuerza pública al cual la presente orden será mostrada de prestar asistencia para su cumplimiento en caso necesario…”.

 

3.- Transcripción de las disposiciones legales aplicables al caso seguido contra el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, en el que se lee:

           

“...Libro 1ro: Principios generales

Título III: Penas

Capítulo II: del régimen de penas

Sección 3: Definición de ciertas circunstancias que llevan a la agravación, la disminución o la excepción de la pena

 

Artículo 132- 71

Constituye banda organizada a efectos legales, toda agrupación formada o todo acuerdo establecido para la preparación, plasmada en uno o varios hechos materiales, de una o varias infracciones.

 

Libro II: de los crímenes y delitos contra las personas

Título II: de los ataques contra la persona humana

Capítulo II: de los ataques a la integridad física o psíquica de las personas

Sección 4: Del tráfico de estupefacientes

 

Artículo 222-36

La importación o la exportación ilícita de estupefacientes son castigadas de diez años de prisión y una multa de 7 500 000 (sic) euros.

Estos hechos son castigados con treinta años de reclusión criminal y multa 7 500 000 euros cuando son cometidos en banda organizada.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de seguridad son aplicables a los crímenes previstos en el presente artículo.

Las personas físicas o morales culpables del delito previsto en la presente sección se expone a una pena complementaria siguiente: prohibición de ejercer la actividad de prestador de formación profesional continua en el sentido del articulo L. 6313-1 del código del trabajo por una duración de cinco años.

Artículo 222-40

La tentativa de delitos previstos por los artículos 222-36 (primera línea) al 222-39 es castigado por las mismas penas.

Artículo 222-41

Constituyendo los estupefacientes en el sentido de las disposiciones de la presente sección las sustancias o plantas clasificadas como estupefacientes e n aplicación del artículo L 5132-7 del código de salud pública.

 

Libro II: de los crímenes y delitos contra las personas

Título II: de los ataques contra la persona humana

Capítulo II: de los ataques a la integridad física o psíquica de las personas

Sección 5: penas complementarias aplicables a las personas físicas

 

Artículo 222-44

Las personas físicas culpables de las infracciones previstas en el presente capítulo incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes:

1° La prohibición, conforme a lo previsto por el artículo 131-27, de ejercer la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con ocasión de cuyo ejercicio se haya cometido la infracción;

2° La prohibición de tenencia o de porte, durante un periodo de hasta cinco años, de un arma sujeta a autorización;

3° La suspensión, durante un periodo de hasta cinco años, del permiso de conducir, pudiendo limitarse dicha suspensión a la conducción realizada al margen de la actividad profesional;

4° La anulación del permiso de conducir con prohibición de solicitar la emisión de un nuevo permiso hasta por cinco años;

5° El comiso de uno o varios de los vehículos de los que el condenado sea propietario;

6° El comiso de una o varias de las armas de las que el condenado sea propietario o de las que tenga libre disposición;

7° El comiso de .a cosa que haya servido o estuviera destinada a cometer la infracción o de la cosa producto de la misma.

Artículo 222-45

Las personas físicas culpables de las infracciones previstas en las secciones 1, 3 y 4 incurrirán igualmente en las penas siguientes:

1° La prohibición, conforme a lo previsto por el artículo 131-26, del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia;

2° La prohibición, conforme a lo previsto por el artículo 131-27, de ejercer una función pública.

Artículo 222-47

En los casos previstos en los artículos 222-1 a 222-15, 222-23 a 222-30 y 222-34 a 222-40, podrá imponerse a título de pena accesoria la prohibición de residencia, conforme a lo previsto en el artículo 131-31.

En los casos previstos en los artículos 222-34 a 222-40, podrá imponerse igualmente la prohibición, por un periodo de hasta cinco años, de salir del territorio de la República.

Artículo 222-48

Podrá imponerse la prohibición de permanencia en el territorio francés, en las condiciones previstas por el artículo 131-30, bien a título definitivo, o por un periodo de hasta diez años, a cualquier extranjero culpable de alguna de las infracciones definidas por los artículos 222-1 a 222-8, y 222-10, en los apartados 1° y 2° del artículo 222-14, por los artículos 222-23 a 222-26, 222-30, 222-34 a 222-39, así como por el artículo 222-15, en los casos previstos por el párrafo segundo de este artículo.

 

Libro II: de los crímenes y delitos contra las personas

Título II: de los ataques contra la persona humana

Capítulo II: de los ataques a la integridad física o psíquica de las personas

Sección 6: Disposiciones comunes para las personas físicas y a las personas morales

 

Artículo 222-49

En los casos previstos por los artículos 222-34 a 222-40, deberá imponerse el comiso de las instalaciones, materiales y de todo bien que haya servido, directa o indirectamente, a cometer la infracción, así como de cualquier producto procedente de aquélla, sea cual sea la persona a la que pertenezcan y el lugar en que se encuentren, siempre que su propietario no pudiera ignorar su origen o utilización fraudulenta.

En los casos previstos por los artículos 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 y 222-39-1, podrá igualmente imponerse el comiso de la totalidad o de parte de los bienes del condenado, sea cual fuere su naturaleza, muebles o inmuebles, divisos o indivisos.

Artículo 222-50

Las personas físicas o jurídicas culpables de alguna de las infracciones previstas en las secciones 222-34 a 222-40 incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes:

1° La retirada definitiva de la licencia de establecimiento de bebidas o de restaurante;

2° La clausura, a título definitivo o por una duración de hasta cinco años, de cualquier establecimiento abierto al público o utilizado por el público en el que se hayan cometido las infracciones definidas en estos artículos por el empresario o con la complicidad de éste, las infracciones definidas por estos artículos.

 

Quinta parte: productos de salud

Libro I ro: Productos farmacéuticos

Título III: Otros productos y sustancias farmacéuticas reguladas

Capítulo II: Substancias y preparaciones venenosas.

 

Artículo L5131-7

Las plantas, las substancias o preparaciones venenosas son clasificadas como estupefacientes o como psicotrópicos o son inscritas en una lista de I y II por orden del ministro encargado de la salud teniendo en cuenta la proposición del director general de la Agencia nacional de seguridad del medicamento y de los productos de salud.

NOTA: Ley n° 2011- 2012 del 29 de diciembre de 2011 articulo 41III: las presentes disposiciones entran en vigor en una fecha prevista por el decreto tomado para su aplicación y a más tardar el 1 ro de agosto de 2012. Desde la puesta en vigor, la Agencia nacional de seguridad del medicamento y de productos de salud ejercen (sic) el conjunto de derechos y hacen frente al conjunto de obligaciones de la Agencia francesa de seguridad sanitaria de suministros de salud. Hasta la entrada en vigor mencionada en la primera línea del presente III, las capacidades y poderes que la presente ley atribuye a la Agencia nacional de seguridad del medicamento y los productos de salud son ejercidos por la Agencia francesa de seguridad sanitaria de insumos de salud.

 

Quinta parte: Productos de salud

Libro I ro: Productos farmacéuticos

Título III: Otros productos y sustancias farmacéuticas reguladas

Capítulo II: Substancias y preparaciones venenosas

Sección 2: Otras sustancias y preparaciones venenosas

Subsección 4: Otras sustancias y preparaciones estupefacientes

 

Artículo R5132-84

La producción, la fabricación, el transporte, la importación, la exportación, la posesión, la oferta, la transferencia, la adquisición o el empleo de sustancias o preparaciones, de plantas o partes de plantas que figuran en el cuadro de la convención única del 30 de marzo de 1961 sobre los estupefacientes o la convención del 21 de febrero de 1971 sobre los sustancias psicotrópicas, como los productos que contienen tales substancias o preparaciones, plantas o partes de plantas pueden ser prohibidas, bajo |a proposición del director general de la Agencia nacional de seguridad del medicamento y de productos de la salud, par orden del ministro encargado de la salud y, en el caso que la prohibición concierna sobre la importación o la exportación, del ministro encargado de aduanas.

Los actos, comerciales o no, relativos a estos productos prohibidos.

Excepciones a las prohibiciones anunciadas en virtud de los incisos precedentes pueden ser acordados (sic) por el director general de la agencia con fines de investigación y control como también a la fabricación de derivados autorizados.

Artículo R5132-85

Son prohibidos la producción, la fabricación, el transporte, la importación, la exportación la posesión, la oferta, la transferencia, la adquisición o el empleo de khat (o qat) o de preparaciones que contienen o son preparadas a base de khat.

Excepciones a las disposiciones precedentes pueden ser acordadas por el director general de la Agencia nacional de seguridad del medicamento y los insumos de salud con fines de investigación y control.

Artículo R5132-86

 

I.- Son prohibidos la producción, la fabricación, el transporte, la importación, la exportación, la posesión, la oferta, la transferencia, la adquisición o el empleo:

Marihuana, de su planta o de su resina, productos que la contienen o los que se obtienen por medio de la marihuana, de su planta o su resina;

Tetrahidrocannabinoles a excepción del delta 9-tetrahidrocannabinoles, de sus ésteres, éteres, sales como también las sales de derivados precipitados y de productos que lo contienen.

II.- Excepciones a las disposiciones precedentes pueden ser acordadas con fines de investigación y de control como también la fabricación de sus derivados autorizados por el director general de la Agencia nacional de seguridad del medicamento y los insumos de salud.

El cultivo, la importación, la exportación y la utilización industrial y comercial de variedades de marihuana que carecen de propiedades estupefacientes o de productos que contengan tales variedades pueden ser autorizadas, bajo la proposición del director general de la agencia, por orden de los ministros encargados de la agricultura, aduanas, de la industria y de la salud.

III - No están prohibidas las operaciones de fabricación, de transporte, de importación, de posesión, de oferta de transferencia, de adquisición o de empleo, cuando están destinadas a especialidades farmacéuticas conteniendo una de las substancias mencionadas en y 2° del presente artículo y siendo objeto de una autorización de puesta en el mercado dada en Franca conforme a las disposiciones del capítulo 1 ro del título II del presente libro o por la Unión europea en conformidad del reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento europeo y del Consejo del 31 de marzo de 2004 estableciendo procedimientos comunitarios para la autorización y la vigilancia en lo que concierne los medicamentos de uso humano y de uso veterinario, e instruyendo una Agencia europea del medicamento.

 

Libro II: de los crímenes y delitos contra las personas

Título II: de los ataques contra la persona humana

Capítulo II: de los ataques a la integridad física o psíquica de las personas

Sección 4: Del tráfico de estupefacientes

 

Artículo 222-37

El transporte, la tenencia, la oferta, la cesión, la adquisición o el empleo ilícitos de estupefacientes serán castigados con diez años de prisión y multa de 7.500.000 euros.

Será castigado con las mismas penas el hecho de facilitar, por cualquier medio, el uso ilícito de estupefacientes, de hacerse entregar estupefacientes por medio de recetas ficticias o de complacencia, o de entregar estupefacientes a la presentación de dichas recetas conociendo su carácter ficticio o de complacencia.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de seguridad serán aplicables a los crímenes previstos en el presente artículo.

 

Título 1ro: Principios generales del régimen de aduanas

Capítulo V: Prohibiciones

Sección 1: Generalidades

 

Artículo 38

1.    Para la aplicación del presente código, son consideradas como prohibidas todas las mercancías de las cuales la importación o la exportación está prohibida en cualquier forma que sea, o sometida a restricciones, reglas de calidad o de condicionamiento o formalidades particulares.

2.    Cuando la importación o la exportación está permitida solamente con la presentación de una autorización, licencia, certificado, etc, la mercancía es prohibida si no está acompañada de un titulo (sic) regular o si es presentada bajo la apariencia de un titulo (sic) no válido.

3.    Todos los títulos que llevan autorización de importación o de exportación (licencias u otros títulos similares), no pueden, en ningún caso, ser objeto de préstamo, de venta, de una cesión y, de manera general, de transacción alguna por parte de los titulares a los cuales ha sido nominativamente acordada.

4.    A título de las excepciones previstas por el artículo 2 bis, el presente artículo es aplicable:

1° A los productos ligados a la defensa cuyo traslado está sometido a la autorización preliminar prevista en el articulo (sic) L. 2335-10 del código de la defensa, a los productos químicos inscritos en el cuadro 1 anexado en la convención de París y mencionados en el artículo L. 2342-8 del mismo código, los materiales mencionados en el articulo (sic) L. 2335-18 del dicho código; como también los productos explosivos destinados a fines materiales mencionados en el articulo (sic) L. 2352-1 del mismo código;

2°A las mercancías involucradas en los artículos 2 y 3 de la ley n° 92-1477 del 31 de diciembre del 1992 relativa a los productos sometidos a ciertas restricciones de circulación y a la complementariedad entre los servicios de policía, de gendarmería y de aduana;

3° A los bienes culturales y tesoros nacionales correspondientes a los artículos L. 111-1 y 111-2 del código del patrimonio;

4°A las sustancias clasificadas en la categoría 1 por el anexo I del reglamento (CE) n° 273/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, del 11 de febrero 2004, relativo a los precursores de drogas;

5° A las mercancías mencionadas en el articulo (sic) L. 5132-9 del código de la salud pública;

6° A los medicamentos de uso humano mencionados en el articulo (sic) L. 5124-13 del mismo código;

7° A los micro-organismos y a las toxinas mencionadas en el articulo (sic) L. 5139-1 del dicho código;

8° A los medicamentos de uso veterinario mencionados en el articulo (sic) L. 5142-7 del mismo código;

8° bis A los productos farmacéuticos mencionados en el párrafo 1 del artículo 2 del reglamento (CE) n° 1107/2009 fitofarmacéuticos y derogando las directivas 79/117/CCE y 91/414/CEE del Consejo;

9o A las mercancías falsificadas;

10° A los productos hemoderivados inestables y pastas de plasma mencionadas en los 1° y 2° del artículo L. 1221-8 del código de la salud pública, de la sangre, sus componentes y sus productos derivados con fines científicos mencionados en el articulo (sic) L. 121-12 del mismo código;

11° A los órganos, tejidos y sus derivados, células, gametos y tejidos germinales procedentes del cuerpo humano como también las preparaciones de terapia celular y las muestras biológicas mencionadas en los artículos L. 1235-1,

12° A los tejidos o células embrionarias o fetales mencionadas en el articulo (sic) L. 2151-6 del mismo código;

13° A las fuentes artificiales y naturales de radionucleidos definidos en los artículos L 1333-1 del dicho código y pertenecientes a los artículos L. 1333-4 y L.1333-8 del mismo código;

14° A los desechos definidos por los artículos L. 541-1-1 del código del medio ambiente cuya importación, exportación o tránsito son regulados en la sección 4 del capítulo 1 ro del título IV del libro V del mismo código como también por el reglamento (CE) n°

Código de aduanas-Articulo 38 Leglfrance   

1013/2006 del Parlamento europeo y del Consejo, del 14 de junio del 2006, relativos al traslado de desechos, y las decisiones de las autoridades de la Unión europea tomadas en aplicación a este reglamento;

15° A los objetos de toda naturaleza que tienen imágenes o representaciones de un menor de carácter pornográfico mencionados en el articulo (sic) 227-23 del código penal;

16° A los productos del tabaco manufacturado que han sido objeto de una operación mencionada en el artículo 568 ter del código general de impuestos;

17° A los productos cosméticos mencionados en el articulo (sic) L. 5131-1 del código de la salud pública que contiene substancias prohibidas o sometidas a restricciones a título del reglamento (CE) n° 1223/2009 del Parlamento europeo y del Consejo del 30 de noviembre del 2009 relativo a los productos cosméticos.

En virtud de las disposiciones previstas en el artículo 2 bis, las disposiciones del presente artículo son igualmente aplicables a las mercancías sometidas a las restricciones de tráfico previstas ya sea por la normativa comunitaria, o por las leyes y reglas en vigor, aplicables al intercambio de ciertas mercancías comunitarias con los otros Estados miembros de la Comunidad europea. La lista de mercancías correspondientes está fijada por la orden común del ministerio encargado de aduanas y de lo o los ministerios correspondientes.

 

Título XII: Litigio y recaudación Capítulo VI: Disposiciones represivas

Sección 1: Clasificación de penas aduaneras y penas principales

Párrafo 3: Delitos aduaneros

A.- Primera clase

 

Artículo 414

Son objeto de una pena de cárcel de tres años, confiscación del objeto de fraude, confiscación de los medios de transporte, confiscación de los objetos de fraude, confiscación de los bienes y haberes que son el fruto directo o indirecto de la infracción y de una multa entre una y dos veces el valor del objeto de fraude, todo hecho de contrabando como también todo hecho de importación o de exportación sin declaración cuando estas infracciones involucran las mercancías de la categoría de las que son prohibidas en el sentido del presente código o a los productos del tabaco manufacturado.

La pena de cárcel es llevada a una duración máxima de cinco años y la multa puede ir hasta tres veces el valor del objeto de fraude cuando los hechos de contrabando, de importación o de exportación referirse a los bienes de doble uso, civil y militar, cuya circulación está sometida a la restricción por el reglamento europeo.

La pena de cárcel es llevada a una duración de diez años y una multa que puede ir hasta diez veces el valor del objeto del fraude ya sea por los hechos de contrabando, importación o exportación involucran mercancías peligrosas para la salud, la moral o la seguridad pública, cuya lista esta (sic) fijada por decreto del ministerio encargado de la aduana, ya sea cuando son cometidos en banda organizada.

 

Título XII: Litigio y recaudación Capítulo VI: Disposiciones represivas

Sección 1: Clasificación de penas aduaneras y penas principales

Párrafo 4: Contrabando

 

Artículo 417

1.El contrabando se entiende como las importaciones o exportaciones fuera de las oficinas como también de toda violación de las disposiciones legales o reglamentarias relativas a la detención y al transporte de las mercancías en el interior del territorio de aduanero.

2.Constituyen, en particular, hechos de contrabando:

a)La violación a los artículos 75,76-2,78-1,81-1 y 83;

b)los ingresos fraudulentos o embarques fraudulentos efectuados ya sea en el recinto de los puertos, ya se las en las costas, a excepción de los desembarcos fraudulentos contemplado en los artículos 427,1° más adelante;

c)Las sustracciones o substituciones en el curso del transporte de las mercancías enviadas bajo un régimen suspensivo, el incumplimiento sin motivo legítimo de los itinerarios y horarios fijos, las maniobras teniendo por objetivo o por resultado alterar o hacer ineficaz los medios de sellamiento, de seguridad o de identificación y, de manera general, cualquier fraude aduanero relativo al transporte de mercancías enviado bajo el régimen suspensivo;

d)La violación de las disposiciones, ya sea legislativas, ya sea reglamentarias, relativo a la prohibición de exportación o de re-exportación o bien subordinar la exportación o la re-exportación al pago de derechos o tasas al cumplimiento de formalidades particulares cuando el fraude ha sido hecha o tentada al exterior de las oficinas y no es, esencialmente, reprimido por otra disposición el presente código.

3. Son asimilados a actos de contrabando las importaciones o exportaciones sin declaración cuando las mercancías que pasan por una oficina de aduana son sustraídas a la visita del servicio de aduanas por encubrimiento en escondites especialmente acondicionadas o en cavidades o espacios vacíos que no están destinadas al almacenamiento de mercancías.

 

Título XII: Litigio y recaudación

Capítulo VI: Disposiciones represivas

Sección 1: Clasificación de penas aduaneras y penas principales

Párrafo 5: Importaciones y exportaciones sin declaración.

 

Artículo 423

Constituyen importaciones o exportaciones sin declaración:

Io las importaciones o exportaciones por las oficinas de aduana, sin declaración en detalle pareciendo una declaración detallada no aplicable a las mercancías presentadas;

2° las sustracciones o substituciones de mercancías bajo control aduanero;

3o Si no se presenta, en un plazo estipulado, las declaraciones complementarias previstas el artículo 100 bis mencionado más arriba.

 

 Título XII: Litigio y recaudación

Capítulo VI: Disposiciones represivas

Sección 3: Casos particulares de aplicación de penas

Párrafo 1: Confiscación

 

Artículo 435

Cuando los objetos susceptibles de confiscación no pudieron ser incautados o cuando, fueron incautados, la aduana lo ha pedido, el tribunal se pronuncia, para actuar en la confiscación, la condena al pago de una suma igual al valor representado por los dichos objetos y calculados de acuerdo al curso del mercado interior en el periodo cuando el fraude ha sido cometido.

 

Libro IV: Crímenes y delito contra la nación, el Estado y la paz pública

Título V: Participación a una asociación de malhechores

 

Artículo 450-1

Constituye una asociación de malhechores toda agrupación formada o acuerdo establecido para la preparación, caracterizada por uno o varios hechos materiales, de uno o varios crímenes o de uno o varios delitos castigados con al menos cinco años de prisión.

Cuando las infracciones preparadas sean crímenes o delitos castigados con diez años de prisión, la participación en una asociación de malhechores será castigada con diez años de prisión y una multa de 150.000 euros.

Cuando las infracciones preparadas sean delitos castigados con al menos cinco años de prisión, la participación en una asociación de malhechores será castigada con diez años de prisión y una multa de 75.000 euros.

Artículo 450- 3

Las personas físicas culpables de la infracción prevista en el artículo 450-1 incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes:

1° La prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto en el artículo 131-26;

2° La prohibición, conforme a lo previsto en el artículo 131-27, de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en cuyo ejercicio o con ocasión de la cual se haya cometido la infracción;

3° La prohibición de acudir a determinados lugares, conforme a lo previsto en el artículo 131-31.

Así mismo podrán dictarse contra dichas personas las demás penas accesorias aplicables a los crímenes y los delitos que la agrupación o el acuerdo tuvieran por objeto preparar.

 

Título XII: Litigio y recaudación Capítulo VI: Disposiciones represivas

Sección 1: Clasificación de penas aduaneras y penas principales

 Párrafo 3: Delitos aduaneros

 A.- Primera clase

 

Artículo 44

Son objeto de una pena de cárcel de tres años, confiscación del objeto de fraude, confiscación de los medios de transporte, confiscación de los objetos de fraude, confiscación de los bienes y haberes que son el fruto directo o indirecto de la infracción y de una multa entre una y dos veces el valor del objeto de fraude, todo hecho de contrabando como también todo hecho de importación o de exportación sin declaración cuando estas infracciones involucran las mercancías de la categoría de las que son prohibidas en el sentido del presente código o a los productos del tabaco manufacturado.

La pena de cárcel es llevada a una duración máxima de cinco años y la multa puede ir hasta tres veces el valor del objeto de fraude cuando los hechos de contrabando, de importación o de exportación referirse a los bienes de doble uso, civil y militar, cuya circulación está sometida a la restricción por el reglamento europeo.

La pena de cárcel es llevada a una duración de diez años y una multa que puede ir hasta diez veces el valor del objeto del fraude ya sea por los hechos de contrabando, importación o exportación involucran mercancías peligrosas para la salud, la moral o la seguridad pública, cuya lista está fijada por decreto del ministerio encargado de la aduana, ya sea cuando son cometidos en banda organizada.

 

Libro IV: Crímenes y delito contra la nación, el Estado y la paz pública

Título V: Participación a una asociación de malhechores

 

Artículo 450- 5

Las personas físicas y jurídicas declaradas culpables de las infracciones previstas en el segundo párrafo del artículo 450-1 y en el artículo 450-2-1 incurrirán igualmente en la pena accesoria de comiso de todo o parte de sus bienes, sea cual fuere su naturaleza, muebles o inmuebles, divisos o indivisos.

 

Visto todo lo anterior, la Sala constató que en el presente caso fue remitida la documentación correspondiente por parte de la República Francesa para la entrega del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, dando cumplimiento a uno de los requisitos formales para la procedencia de la extradición pasiva, tal como lo prevé el artículo VII de la mencionada  Convención de Extradición, que reza: “…La solicitud de extradición será formulada por escrito y transmitida por vía diplomática. Ésta, y la documentación que la acompaña, estarán dispensadas de legalización…”. constatándose en las providencias remitidas, la descripción del hecho, la gravedad y las disposiciones de ley aplicables y actuaciones relacionadas con las fases procesales y la traducción debidamente certificada de estos documentos.

 

 Orden de arresto, emanada de la “CORTE DE APELACIONES DE DOUAI, TRIBUNAL SUPERIOPR DE LILLE” y suscrita por la Oficina de Richard FOLTZER, Vicepresidente de la Instrucción, dictó la decisión conforme, cuya fundamentación se aprecia en la documentación judicial debidamente certificada, y es la siguiente:

 

“...Nosotros, Richard FOLTZER, Vice-Presidente encargado de la instrucción del tribunal (sic) superior (sic) de Lille, Vista la información concerniente:

Señor FERNANDEZ (sic) MATOS Renán José

Nacido el 16 de agosto en MARACAIBO Nacionalidad venezolana Filiación desconocida

Domiciliado en AVENIDA 175-10 117 10 MARACAIBO - ZULIA, en Venezuela, Habiendo vivido en último lugar en: MARACAIBO

Que pueda probablemente ir a ESPAÑA, a los PAÍSES BAJOS, al REINO UNIDO, a ALEMANIA incluso a FRANCIA

Impugnado por la o las infracción(es) siguiente(s):

-IMPORTACIÓN ILICITA (sic) DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES EN BANDA ORGANIZADA, ADQUISICIÓN, POSESIÓN, TRANSPORTE Y CESIÓN ILÍCITOS DE ESTUPEFACIENTES,

HECHOS PREVISTOS Y REPRIMIDOS POR LOS ARTÍCULOS 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40 A 222-45, 222-47 á 222-49, 222-50 DEL CÓDIGO PENAL, L 5132-7, L5132-8, L5132-74, L5132-77, 5132-78 DEL CÓDIGO DE SALUD PUBLICA (sic), ACUERDO INTERNACIONAL ÚNICO (sic) DE ESTUPEFACIENTES DEL 30/03/1961, ORDEN MINISTERIAL DEL 22/02/1990

-IMPORTACIÓN Y POSESIÓN DE MERCANCÍAS PROHIBIDAS PELIGROSAS PARA LA SALUD PUBLICA (sic), COMETIDA EN BANDA ORGANIZADA

HECHOS PREVISTOS Y REPRIMIDOS POR LOS ARTÍCULOS 38,414,417 Y SIGUIENTES, 423 Y SIGUIENTES, 432BISY 435 DEL CÓDIGO DE ADUANAS, 132-71 DEL CÓDIGO PENAL

-PARTICIPACIÓN A UN GRUPO FORMADO O UN ACUERDO ANTICIPADO EN VISTA DE LA PREPARACIÓN, CARACTERIZADA POR UNO O VARIOS HECHOS MATERIALES, DE UNO O VARIOS CRÍMENES O DELITOS CASTIGADOS DE AL MENOS DIEZ AÑOS DE CÁRCEL

HECHOS PREVISTOS Y REPRIMIDOS POR LOS ARTÍCULOS 450-1 INCISO 1Y 2,450-3 Y 450-5 DEL CÓDIGO PENAL

Cometidos entre 2009 y 2011 en MARACAIBO, GIJON (ESPAÑA), DUNKERQUE ( FRANCIA) Vistos los requerimientos del Señor fiscal de la República con fecha 18 de Noviembre del 2014, Vistos los artículos 122,123,131 y siguientes del código penal;

Mandamos y ordenamos a todos los oficiales y funcionarios de policía judicial y a todos los funcionarios de la fuerza pública, conforme a la ley, buscar y conducir ante nosotros o antes el fiscal (sic) de la República del lugar de arresto a la persona antes mencionada.

Instamos al director de dicha prisión de recibirla y tener en estado de orden de arresto hasta que sea ordenado de otra manera.

Requerimos a todo depositario de la fuerza pública al cual la presente orden será mostrada de prestar asistencia para su cumplimiento en caso necesario…”.

 

En este contexto, se observa que se cumple con lo previsto en el artículo IX, del referido Convenio de Extradición, al constar en la documentación judicial certificada y traducida la orden de arresto, señalada por el referido artículo.

 

A tal efecto, de acuerdo con el principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo con el principio de doble incriminación, el delito previsto en el Estado requirente, por el que se solicita la extradición, debe estar tipificado también en la legislación del Estado requerido; que la pena no sea perpetua o pena de muerte, conforme con el principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme con el principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo con el principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores conforme con el principio de la mínima gravedad del hecho, así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo con el principio de especialidad del delito. Asimismo, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a los fines de cumplir con el principio de no entrega del nacional, en caso de que el ciudadano solicitado sea venezolano y no haya adquirido la nacionalidad venezolana con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado.

 

En anterior al principio de territorialidad se puede evidenciar que los delitos por los cuales se plantó la solicitud  de extradición del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOSfueron cometidos en el territorio del Estado requirente, y en este sentido se evidencia de la documentación certificada que el mencionado ciudadano estaría siendo señalado por un hecho donde se describe, entre otras cosas, lo siguiente:

 

“…El 17 de julio de 2011, la aduana incauta en el puerto de DUNKERQUE en un navío transportando 55.000 toneladas de carbón, 258 kg de cocaína de una pureza de 78%. El barco había sido fletado en MARACAIBO, Venezuela el 19 de junio de 2011 y había llegado a DUNKERQUE sin escala, 4 ciudadanos venezolanos habían sido detenidos en el lugar. Un ciudadano español y un ciudadano sueco fueron más tarde identificados como los financistas de una parte de la cocaína.

La investigación y la relación con muchas investigaciones llevadas en Europa en incautaciones similares (PORT TALBOT, Reino-Unido, el 16 de octubre de 2008, ROTTERDAM, Países Bajos, el 7 de febrero de 2009, GIJON , ESPAÑA, el 12 de abril de 2010, WEDEL, Alemania, el 18 de abril de 2011, permitía comprometer la participación de Fidel Vladimir ARROYO MORAUTT como el organizador de estas importaciones. Su número de teléfono aparecía en particular en la memoria de un teléfono en uno de los imputados venezolano detenido en PORT TALBOT en el Reino-Unido en el 2008, con el seudónimo de “El Maestro”. Muchas declaraciones prueban que casi en la totalidad de las operaciones identificadas de exportación de cocaína, Fidel Vladimir ARROYO MORAUTT estaba asistido por Renan José FERNANDES (sic) MATOS…”.

 

De lo anteriormente citado, se evidencia que el hecho tuvo lugar dentro del país requirente (Francia), en consecuencia se cumple con lo previsto en el artículo I, del Convenio de Extradición que prevé: “…Las Partes se comprometen a entregarse recíprocamente, previa solicitud efectuada según las reglas y condiciones determinadas en este Convenio y de acuerdo a sus disposiciones constitucionales, las personas que se encuentren en sus territorios, requeridas por autoridades judiciales para cumplir una condena privativa de libertad o contra las cuales debe instruirse un proceso penal, en virtud de la comisión de un delito o la presunción de este. En los supuestos no establecidos en el presente Convenio, se aplicará la ley interna de las Partes…”. Igualmente en las disposiciones legales establecidas en el artículo 113-12 del Código Penal Francés, se prevé: "…La Ley penal francesa es aplicable a las infracciones cometidas más allá del mar territorial, dado que las convenciones internacionales y la Ley lo prevean…”.

 

Por otra parte, constató la Sala, en la documentación judicial certificada, que los delitos por los cuales está solicitado el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOSson los siguientes:

 

“DROGA, ORGANIZACIÓN O GRUPO DELICTIVO, previstos en los artículos: 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 del Código Penal, los artículos L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 y R.5132-86, del Código de Salud Pública y la Convención Única sobre los Estupefacientes, del 30 de marzo de 1961, los artículos 38, 414, 417 y siguientes, 423 y siguientes, 432bis y 435 del Código de Aduanas, 450-1, 450-3 y 450-5”, previstos en Leyes especiales y en el referido Código Sustantivo de la República Francesa.

 

Seguidamente, prevé nuestra legislación, los delitos de Tráfico de Droga en la modalidad de Transporte, Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previstos y sancionados en los artículos 149, 150, 151 y 153, de la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 37.510, de fecha 5 de septiembre de 2010, que describen lo siguiente:

 

Ley Orgánica de Drogas:

 

“…TÍTULO VI

DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS

Capítulo I

De los Delitos cometidos por la Delincuencia Organizada y de las Penas

 

Artículo 149 Tráfico. Él o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre,  distribuya,  oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades  de  corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes  y  productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, aún en  la  modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes o  sustancias  psicotrópicas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años.

Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil (5000) gramos de marihuana,  mil (1000) gramos de marihuana genéticamente modificada, mil (1000) gramos  de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína,  sesenta (60) gramos de derivados de amapola o quinientas (500) unidades de  drogas  sintéticas, la pena será de doce a dieciocho años de  prisión.

Si la cantidad de droga excediere de los límites máximos previstos en el  Artículo 153 de esta Ley y no supera quinientos (500) gramos de marihuana, doscientos  (200) gramos de marihuana genéticamente modificada, cincuenta (50)  gramos  de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína,  diez  (10) gramos de derivados de amapola o cien (100) unidades de  drogas  sintéticas, la pena será de ocho a doce años de prisión.  Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las  sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos químicos  esenciales  desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho y  drogas  sintéticas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años

 

Artículo 150. Fabricación y producción ilícita

Él o la que ilícitamente fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, mezcle o produzca las sustancias o químicos a que se refiere esta Ley, será penado o penada con prisión de quince a veinte años.

Él o la que dirija o financie estas operaciones, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.

 

Artículo 151. Tráfico ilícito de semillas, resinas y plantas

Él o la que ilícitamente siembre, cultive, coseche, preserve, elabore, almacene, realice actividades de corretaje, trafique, transporte, oculte o distribuya semillas, resinas y plantas que contengan o reproduzcan cualesquiera de las sustancias a que se refiere esta Ley, será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años. Si la cantidad de semilla o resina no excediere de trescientos (300) gramos o las plantas a que se refiere esta Ley, no superan la cantidad de diez (10) unidades, la pena será de seis a diez años de prisión. En caso de ser plantas de marihuana genéticamente modificada la pena será aumentada a la mitad.

Él o la que dirija o financie estas operaciones, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.

 

 

Capítulo II Delitos Comunes

 

Artículo 153. Posesión ilícita

Él o la que ilícitamente posea estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas, con fines distintos a las actividades lícitas así declaradas en esta Ley o al consumo personal establecido en el Artículo 131 de esta Ley, será penado con prisión de uno a dos años. A los efectos de la posesión se apreciará la detentación de una cantidad de hasta dos (2) gramos para los casos de posesión de cocaína y sus derivados, compuestos o mezclas; hasta veinte (20) gramos para los casos de marihuana, o hasta cinco (5) gramos de marihuana genéticamente modificada y hasta un (1) gramo de derivados de amapola, que se encuentre bajo su poder o control para disponer de ella.

En todo caso el juez o jueza determinará cuando sea necesario y utilizando la máxima experiencia de expertos o expertas como referencia, lo que pueda constituir una dosis personal de la sustancia correspondiente para una persona media.

No se considerará bajo ninguna circunstancia, a los efectos de determinar el delito de posesión, aquellas cantidades que se detenten como pretexto de previsión o provisión que sobrepasen lo que podría ser teóricamente una dosis personal…”.

 

De igual forma, en nuestra normativa interna, el delito de ASOCIACIÓN se encuentra  previsto y sancionado en el artículo 37, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, que describen lo siguiente:

 

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo:

“…Capítulo III

De los delitos contra el orden público

Asociación

Artículo 37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años…”.

 

Por cuanto, al ser considerados ilícitos, que describen conductas similares, se considera satisfecho el principio de Doble Incriminación y, en consecuencia, se satisface lo previsto en el artículo II, del Convenio de Extradición mencionado al inicio, que reza: 1. A los fines de este Convenio, la extradición podrá ser concedida por los hechos que constituyan delitos previstos en las leyes de ambas Partes y sean sancionados con penas privativas de libertad igual o mayor a dos años. Para determinar si el hecho punible constituye un delito que dará lugar a la extradición, será irrelevante si el ordenamiento jurídico de las Partes lo tipifica dentro de la misma categoría de delito o si lo describe con la misma terminología. …”.

 

Respecto a la prescripción de la acción penal en la República Francesa, se observa en la documentación judicial debidamente certificada y traducida lo siguiente:

 

“...Artículo 7

La acción pública por delitos está prescrita por veinte años a partir de la fecha en que se cometió el delito.

La acción pública de los delitos mencionados en los artículos 706-16, 706-26 y 706-167 del presente código, en los artículos 214-1 a 214-4 y 22142 del código penal y en el libro IV bis del mismo código está prescrito por treinta años completos. Desde el día en que se cometió la infracción.

La acción pública de los delitos mencionados en el artículo 706-4 7 del presente código, cuando se cometen con menores de edad, está prescrita por treinta años a partir de la mayoría de estos últimos.

La acción pública de los delitos mencionados en los artículos 211-1 a 212-3 del código penal es imprescriptible.

 

Artículo 8

El enjuiciamiento público de los delitos se prescribe por seis años a partir de la fecha en que se cometió el delito.

Enjuiciamiento público de los delitos mencionados en el artículo 706-47 del presente código, cuando se cometan sobre menores, con excepción de los mencionados en los artículos 222-29- 1 y 227-26 del código penal. prescrito por diez años completos de la mayoría de estos.

El enjuiciamiento público de los delitos mencionados en los artículos 222-12, 222-29-1 y 227- 26 del mismo código, cuando se cometan contra menores, se prescribe por veinte años a partir de la mayoría de estos últimos.

El enjuiciamiento público de los delitos mencionados en el artículo 706- 167 del presente código, cuando son castigados con diez años de prisión, así como el de los delitos mencionados en los artículos 706-16 de este código, con la exclusión de los definidos en los artículos 421-2-5 a 421- 2-5-2 del Código Penal, y 706-26 de este Código y el Libro IV bis del Código Penal se prescriben por veinte años completos a partir del día en que el delito estaba comprometido

 

Artículo 9-2

El estatuto de limitaciones para el procesamiento se interrumpe por:

1° Cualquier acto, emanado del ministerio público o de la parte civil, tendiente a la puesta en marcha de la acción pública, previsto con los artículos 80, 82, 871 88, 388, 531 y 532 del presente código y el artículo. 65 de 18 ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa;

2° Cualquier acto de investigación que emane del ministerio público, cualquier informe oficial elaborado por un oficial de la policía judicial o un agente autorizado que ejerza los poderes de policía judicial que atienden eficazmente la investigación y el enjuiciamiento de los autores de un delito;

3° Cualquier acto de investigación previsto en los artículos 79 a 230 del presente código, llevado a cabo por un juez de instrucción, una cámara de instrucción o magistrados y oficiales de la policía judicial por parte de ellos delegados, en realidad atendiendo la investigación y enjuiciamiento de los delincuentes;

4° Cualquier juicio o (sic) orden, incluso si no es definitivo, si no está viciado por la nulidad. Cualquier acto, juicio o sentencia mencionado (sic) en 1° y 4° tiene un periodo de Limitación de una duración igual al período inicial.

Este artículo es aplicable a los delitos relacionados, así como a los perpetradores o cómplices no cubiertos por ninguno de estos actos, sentencias o fallos.

 

Artículo 9-3

Cualquier obstáculo de la ley, previsto por la ley, o cualquier obstáculo de hecho insuperable y comparable a la fuerza mayor, que hace imposible la puesta en marcha o el ejercicio de la acción pública, suspende la prescripción.

 

 Artículos 706-26

Los delitos previstos en los artículos 222-34 a 222-110 del Código Penal, así como el delito de participación en una asociación delictiva previsto en el artículo 4504 del mismo Código cuando está destinado a preparar uno de estos los delitos, son procesados, instruidos y juzgados de acuerdo con las reglas de este Código, sujeto a las disposiciones de este título...”.

 

Constatándose de lo expuesto o de las actuaciones consignadas, que no existe ningún elemento que haga presumir la prescripción de la acción penal en el presente caso.

 

En el mismo orden de ideas, con respecto a la prescripción de la acción penal, relacionada con los delitos de Drogas el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

 

“…En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes…”.

 

De la misma manera, la Ley Orgánica de Drogas prevé lo siguiente:

 

“…Artículo 189. Imprescriptibilidad No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos previstos en los artículos 149, 150, 151 y 152 de esta Ley...”.

 

Del extracto anterior, se evidencia una prohibición expresa establecida en esa Ley especial, referida a la imprescriptibilidad de los ilícitos penales establecidos en ese instrumento normativo. En consecuencia, no es aplicable la prescripción de la acción penal para los delitos de DROGAS.

 

  Ahora bien, en lo que respecta al delito de ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, establece una pena de prisión de 6 a 10 años, su término medio es de 8 años de prisión. Ahora bien, la pena a imponerse es de 8 años de prisión.

 

Aunado a lo anterior, debe la Sala tomar en consideración lo consagrado en el artículo 30 de la referida Ley especial:

  

Prescripción

Artículo 30. No prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público, ni los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los delitos previstos en esta Ley…”.

 

De la cita que antecede, se observa una prohibición expresa establecida en esa Ley especial, referida a la imprescriptibilidad de los ilícitos penales establecidos en ese instrumento normativo. En consecuencia, no es aplicable la prescripción de la acción penal para el delito de ASOCIACIÓN.

 

Continuando con el examen de la documentación judicial certificada, los ilícitos por los cuales se peticiona la extradición pasiva objeto de examen, son los delito de “PARTICIPACIÓN EN UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA”, donde se evidencia que es un delito que atentan contra el orden público, por lo que se descarta que sea un delito político, o conexo con delitos políticos, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el artículo III, del referido Convenio el cual reza: “…Denegación de la extradición. La extradición no será concedida: Por delitos considerados por la Parte requerida como políticos o conexos con estos. …”.

 

También se corrobora que no estamos en presencia de delitos menores o de faltas a las cuales alude el Código Penal venezolano en el Libro Tercero, por el contrario, estamos en presencia de los delitos graves que prevén penas de prisión de diez (10) años de encarcelamiento, para los tres ilícitos. En este sentido, el  referido convenio tantas veces aludido señala: “…Artículo II. Delitos que dan lugar a la extradición 1. A los fines de este Convenio, la extradición podrá ser concedida por los hechos que constituyan delitos previstos en las leyes de ambas Partes y sean sancionados con penas privativas de libertad igual o mayor a dos años. …” De manera que,  se asevera que se cumple satisfactoriamente con lo previsto en el reseñado artículo.

 

Sumado a lo expuesto, se verifica la nacionalidad del ciudadano, RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, venezolano, cédula de identidad V-11.292.829.

 

De igual forma, se evidencia que el Convenio aplicado a la presente solicitud de extradición establece: “Artículo VI. De las penas 1. No se concederá la extradición cuando los hechos que la motiven estuviesen sancionados con pena de muerte, penas infamantes, a perpetuidad o superiores a treinta (30) años. 2. La Parte requerida podrá conceder la extradición cuando la Parte requirente ofrezca garantías suficientes de reexaminar las penas a perpetuidad o superiores a treinta (30) años con el objeto de no aplicarlas o ejecutarlas si ya han sido impuestas. …”.

 

Asociado a lo anterior esta Sala examina los artículos 43 y 44 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen respectivamente lo siguiente:

 

Artículo 43, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

“…Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla...”.

 

Artículo 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:… 

3.- La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años...”.

 

Se ha observado a lo largo del presente análisis que ninguno de los delitos por los cuáles es requerido el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS; excede los veinticinco (25) años de encarcelamiento, y sobre el ciudadano requerido recaería una condena de treinta (30) años de encarcelamiento, de manera que se da cabal cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Extradición.

 

Al examinar las actuaciones que cursan en el expediente, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia observa, que aun cuando la República Francesa, solicitó la extradición del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, existe un elemento de fondo que impide la concesión de la misma, el cual es su nacionalidad, por cuanto el requerido es venezolano por nacimiento, solicitado por el Gobierno de la República Francesa, aparece identificado como venezolano, portador de la cédula de identidad número  “…V-11.292.829…” .

 

Al respecto, los artículos 2, numeral 3 y 7 de la Convención Interamericana sobre Extradición establecen lo siguiente:

 

“Artículo 2.

3. El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona caya (sic) extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición es denegada por el Estado requerido, éste someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la decisión al Estado requirente.

Artículo 7. La nacionalidad del reclamado no podrá ser invocada como causa para denegar la extradición, salvo que la legislación del Estado requerido establezca lo contrario…”.

 

Adicionalmente, el único aparte del artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra lo siguiente:

 

"…La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.

Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas...”.

 

Con relación a la nacionalidad, el numeral 1 del artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

 

“… Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

1.             Toda persona nacida en el territorio de la República...”.

  

Asimismo, el artículo 6 del Código Penal, establece:

 

"…La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana...”.

 

Por su parte, el artículo 9, numeral 1, de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, dispone que:

 

“Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

1.      Toda persona nacida en territorio de la República…”.

 

 De igual forma, el artículo 12 de la citada Ley, expresa que: “…La nacionalidad venezolana por nacimiento no podrá ser revocada o suspendida, ni de alguna otra forma disminuida o privada por ninguna autoridad…”.

 

En atención a las disposiciones constitucionales y legales citadas supra, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, deja claramente establecido que en la legislación venezolana rige el principio de la "no entrega de nacionales", el cual “…se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano sería sacrificar el deber de protección del Estado para con sus súbditos (que es a su vez un derecho de éstos) y sustraerlos de sus jueces naturales…”. (Vid: Sentencia N° 532 del 21 de octubre de 2009, Sala Accidental de Casación Penal).

 

En atención a las disposiciones y jurisprudencia antes citadas, la Sala de Casación Penal establece que en la legislación venezolana rige el principio de la no entrega de nacionales, cuyo fin es la protección de los derechos y garantías que tiene cada nacional dentro de su país.

 

En el presente caso, se evidencia que la petición de extradición del Gobierno de la República Francesa recae en el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, quien es venezolano por nacimiento, tal como se explicó anteriormente.

 

Siendo ello así, se evidencia que el principio que establece nuestra legislación es la "no entrega del nacional", el cual se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano, sería sacrificar el deber de protección del Estado para con sus ciudadanos (que es a su vez un derecho de éstos) y sustraerlos de sus jueces naturales.

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal, considera que no es procedente la Extradición Pasiva del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, planteada por el Gobierno de la República Francesa de conformidad con lo establecido en el artículo 32, numeral 1 y el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 6, del Código Penal, el artículo 9, numeral 1 y el artículo 12, ambos de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

 

De lo anterior, se evidencia, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Penal y en el Código Orgánico Procesal Penal, que son los instrumentos legales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela y que rigen la materia de extradición en nuestro país. Por ello, se declara improcedente la extradición del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS. Así se decide.

 

De igual modo, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso ante la República Francesa, de que al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, se le seguirá juicio penal únicamente por su participación en la presunta comisión de los delitos TRÁFICO DE DROGA EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previstos y sancionados en los artículos 149, 150, 151 y 153, de la Ley Orgánica de Drogas, y ASOCIACIÓN,  previsto y sancionado en el artículo 37, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativas: a) al derecho al debido proceso (artículo 49) conforme al cual el ciudadano solicitado en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) al principio de no discriminación (artículo 19); c) a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45); d) al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1), por lo tanto el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; e) al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272) en caso de que el mismo resulte condenado por el delito señalado; f) al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; g) al derecho de ser notificado del cargo por lo cual se le investiga; h) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; i) al derecho a la vida estipulado en el artículo 43 del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida del ciudadano que se solicita en extradición; j) al derecho a la salud previsto en el artículo 83 eiusdem, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza al ciudadano solicitado en extradición como parte del derecho a la vida; k) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, l) el requerido no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3), a cuyo efecto se tomará en cuenta el tiempo que estuvo detenido en la República Francesa, con motivo del presente procedimiento de extradición. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por todas las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes:

 

PRIMERO: declara IMPROCEDENTE la solicitud de extradición pasiva realizada por la República Francesa, del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, de nacionalidad venezolana, identificado con la cédula de identidad número V-11.292.829, de conformidad con lo establecido en los artículos: 32, numeral 1 y 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 6 del Código Penal venezolano, 9, numeral 1 y 12, ambos de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

 

SEGUNDO: el Estado venezolano, representado por la Máxima Instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso con la República Francesa de que se realizarán los trámites necesarios con el fin de que se enjuicie al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, de nacionalidad venezolana, identificado con la cédula de identidad número V-11.292.829en la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta comisión de los delitos de  TRÁFICO DE DROGA EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previstos y sancionados en los artículos 149, 150, 151 y 153, de la Ley Orgánica de Drogas, y ASOCIACIÓN,  previsto y sancionado en el artículo 37, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

 

TERCEROINSTA al Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, como titular de la acción penal, para que solicite y recabe de la República Francesa, los elementos probatorios que a bien tenga dicha República presentar a través de su representación diplomática en nuestro país, que puedan servir para el juzgamiento en territorio venezolano del ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, por los hechos objeto de la solicitud de extradición.

 

CUARTO: ACUERDA remitir todas la documentación enviada por la República Francesa, al Tribunal Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con Competencia Funcional Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con el objeto de dar inicio al proceso penal correspondiente contra el ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, por lo que dicho órgano jurisdiccional, una vez recibida las actuaciones, deberá convocar a una audiencia para oír al imputado, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, previa notificación a las partes.

 

QUINTO: se mantiene la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al ciudadano RENÁN JOSÉ FERNÁNDEZ MATOS, de nacionalidad venezolana, identificado con la cédula de identidad número V-11.292.829, dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con Competencia Funcional Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

 

Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al ciudadano Fiscal General de la República y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, este último a fin de que notifique a la República Francesa sobre el contenido de la presente sentencia.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021). Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

(Ponente)

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO            

 

                                                                                                        La Magistrada,

                                                                 

 

                              FRANCIA COELLO GONZÁLEZ     

 

 El Magistrado,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

La Magistrada,

 

 

YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

MJMP

Exp. AA30-P-2020-000021.