Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

En fecha 16 de noviembre de 2020, fue recibido en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el expediente relacionado con el procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA seguido al ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, identificado con la cédula de identidad venezolana número 15.314.247, quien se encuentra solicitado por la República Francesa, mediante notificación roja número A-7547/9-2020, de fecha 7 de septiembre de 2020, emitida por la OCN-PARIS. El referido ciudadano es requerido para el cumplimiento del término de la pena impuesta de CINCO AÑOS DE PRISIÓN, que le fue dictada por la Sala 16 del Tribunal de París en fecha 2 de mayo de 2014 por la comisión de los delitos de “…IMPORTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES SIN AUTORIZACIÓN, TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES SIN AUTORIZACIÓN, TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES SIN AUTORIZACIÓN, PARTICIPACIÓN EN UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA, previstos en la legislación penal de la República Francesa…”.

 

En esa misma fecha (16 de noviembre de 2020), se dio cuenta de la referida solicitud a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, siendo asignada la ponencia a la Magistrada ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

DE LA COMPETENCIA

 

La competencia para conocer el procedimiento de extradición activa o pasiva se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el numeral 1, del artículo 29, que establece lo siguiente:

 

Artículo 29. Es de la competencia de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

1.- Declarar si hay lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley”.

 

Atendiendo a lo anterior, corresponde a la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con la Constitución, las leyes y los tratados o convenios internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente procedimiento de Extradición Pasiva.

 

DE LOS HECHOS

 

De acuerdo a la información aportada en la Notificación Roja número A-7547/9-2020, de fecha 7 de septiembre de 2020, emitida por la OCN-PARIS, se desprenden los siguientes hechos:

 

“… El 15 de octubre de 2010 la Brigada de Estupefacientes de la Policía Francesa recibió información sobre las actividades de una persona conocida ‘Le Renoi’, que fue identificada como Gilles TEPIE, una persona que se dedicaba con regularidad a la importación y la reventa de cocaína en París. La investigación y, en particular, las escuchas telefónicas y la vigilancia directa permitieron descubrir una operación de importación de 111 kg de cocaína efectuada el 26 de noviembre de 2010 por un equipo organizado. Esto transcurrió de la siguiente manera: el 25 de noviembre de 2010 José Miguel LÓPEZ PRATO embarcó en Caracas en el avión Air France, de vuelo 461, con destino al aeropuerto Charles de Gaulle de París, con tres maletas facturadas a su nombre. Al día siguiente llegó a su destino, se dirigió al Hotel Court Yard de Marriott, sito en Neuiville sur Seine, y ocupó una habitación reservada por Nadia MAJERI, una de las integrantes del grupo. Dentro del hotel pasaron las maletas con cocaína en su interior. …” (sic).

  

DE LAS ACTUACIONES

 

Constan en el expediente las actuaciones siguientes:

En fecha 29 de octubre de 2020, fue detenido el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, por funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional, en la ciudad de Caracas.

 

En fecha 31 de octubre de 2020, en el Juzgado Trigésimo Quinto en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue realizada la audiencia para oír al imputado.

 

En esa misma fecha (31 de octubre de 2020), el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó el siguiente pronunciamiento:

 

“…DISPOSITIVA.

PRIMERO: Se ACUERDA el inicio de la solicitud de extradición pasiva en contra del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, de conformidad con lo establecido en los artículos 386 y 387 ambos del Código Orgánico Procesal Penal….

SEGUNDO: se acuerda MANTENER la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad….

TERCERO: Se ACUERDA la inmediata remisión de las presentes actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. …”.

 

En fecha 16 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, libró los siguientes oficios:

 

-Oficio N° 526, dirigido al ciudadano Doctor Tarek Willians Saab Halabi, Fiscal General de la República, a fin de informarle se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal.

 

-Oficio N° 527, dirigido al ciudadano Doctor Álvaro Cabrera, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, en el cual se solicita informar si cursa alguna investigación fiscal relacionada con el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO.

 

-Oficio N° 528, dirigido al ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Director General ( E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Internacionales, Justicia y Paz, en el cual se solicita información sobre los movimientos migratorios del serial de la cédula de identidad N° V-15.314.247.

 

-Oficio N° 529, dirigido al ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Director General ( E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el cual se solicita información sobre los datos filiatorios, las huellas decadactilares, las trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad N° V-15.314.247.

 

-Oficio N° 530, dirigido al Comisario Jara Yuraima Arismendi, Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información  sobre si el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, presenta algún registro policial en su contra.

 

En fecha 2 de diciembre de 2020, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia N° 147, en la cual acordó notificar a la República Francesa del término perentorio de sesenta (60) días contínuos que tiene luego de su efectiva notificación para presentar la documentación requerida y en caso contrario se ordenará la libertad del ciudadano requerido.

 

En esa misma fecha (2 de diciembre de 2020), la Secretaria de la Sala de Casación Penal, envió el oficio N° 638 dirigido a la ciudadana Eulalia Tabares Roldan, Directora General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, donde notificó a la República Francesa de dicho tiempo perentorio arriba mencionado.

 

En fecha 15 de diciembre de 2020, se recibió, recibió vía correspondencia, el oficio O-9700-18-194-5458, de fecha 30 de noviembre de 2020, enviado por la Comisaria General Jara Yuraima Arismendi, Jefa de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el cual informa, lo siguiente:

 

“…Respetuosamente me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a la comunicación N° 530-20, de fecha 16/11/2020, donde a través de la misma solicita la verificación en el Sistema de Investigación e Información Policial del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, titular de la cédula de identidad número V-15314247, al respecto cumplo con informar que al ser verificado en fecha 30/11/2020, arrojó como resultado que los datos corresponden efectivamente a la persona citado y el mismo posee UN HISTORIAL POLICIAL como se detalla a continuación:

 

DELITO

FECHA

DEPENDENCIA

EXPEDIENTE

Tráfico de Drogas

30/10/2020

División de Investigaciones de Policía Internacional

No Indica

 

…”.

 

            En esa misma fecha (15 de diciembre 2020), se recibe, vía correspondencia, el oficio FTSJ-4-0128-2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, enviado por la abogada Emy Noremy Rivero Núñez, Fiscal Provisoria Cuarta del Ministerio Público para actuar ante las Salas Plena, de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se lee, lo siguiente:

 

“…Ante un cordial saludo, y con el debido respeto, tengo el honor de dirigirme a ustedes, en la oportunidad de participarles que la Dirección General de Apoyo Jurídico del Despacho del Fiscal General de la República, en fecha 06 de noviembre de 2020, mediante comunicación número DFGR-DAI-10-958-2020, comisionó a esta Fiscalía a los fines de cumplir con lo establecido en el numeral 16 del artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, así como para realizar las demás actuaciones que sean jurídicamente pertinentes, en el procedimiento de Extradición Pasiva del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, titular de la cédula de identidad número V-15.314.247, quien se encuentra requerido por la República Francesa, por la presunta comisión de los delitos de Importación de Estupefacientes sin autorización, Participación en Asociación Ilícita. …”.

 

            En fecha 8 de febrero de 2021, se recibió un escrito presentado y firmado por el abogado Ciro Fernando Camerlingo Segura, inscrito en el Inpreabogado con el número 56.536, donde se asocia como abogado defensor del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO.

 

            En fecha 11 de febrero de 2021, se recibió escrito, presentado y firmado por el abogado Hugo de Lellis Peña, inscrito en el Inpreabogado con el número 50.469, en el cual solicita el decaimiento de la medida de coerción personal que aún recae sobre el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, en vista de que el país requirente no ha enviado la documentación que sustente la solicitud de extradición pasiva.

 

            En fecha 5 de marzo de 2021, el abogado Ciro Fernando Camerlingo Segura, inscrito en el Inpreabogado con el número 56.536, ratifica la solicitud de decaimiento de la medida de coerción personal que aún recae sobre el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO.

 

            En fecha 16 de marzo 2021, se recibió oficio N° 00112, de fecha 3 de marzo de 2021, enviado por la ciudadana Eulalia Tabares Roldan, Directora General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en el cual informa, lo siguiente:

 

“…Me dirijo a usted, en la oportunidad de hacer referencia a la Nota Verba N° 2021-0105434/RE de fecha 03 de marzo de 2021, procedente de la Embajada de la República Francesa, concurrente ante el Gobierno Nacional, contentiva de documentación que sustenta la solicitud de extradición pasiva del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-15.314.247, quien se encuentra requerido por las autoridades francesas por la comisión de los delitos de “Importación de Estupefacientes sin Autorización –Tráfico, Transporte de Estupefacientes sin Autorización, Tenencia de Estupefacientes sin Autorización  y Participación de una Asociación Ilícita, con Miras a la preparación de un Delito con 10 o más Años de Privación de Libertad”.

Sobre el particular, sirva la presente para remitir a esa Sala la referida Nota, a los fines de dar continuidad al procedimiento de extradición en cuestión, en beneficio de la atención del requerimiento realizado por las autoridades francesas…”.

 

            Así mismo, el contenido de dicha Nota Verbal N° 2021-0105434/RE, es el siguiente:

 

“…La Embajada de Francia saluda muy atentamente al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Oficina de Relaciones Consulares, Dirección del Servicio Consular Extranjero, y tiene el honor de solicitar su intervención ante las autoridades judiciales de Venezuela con el fin de transmitirle la solicitud de extradición del ciudadano José Miguel LÓPEZ PRATO, de nacionalidad venezolana, nacido el 11 de febrero de 1980 en Caracas (Venezuela), detenido el 29 de octubre de 2020.

La Embajada de Francia agradecería sea transmitido este expediente, el cual había sido enviado por correo electrónico a las autoridades competentes (Ref 2020-0576925/RE del 23 de diciembre de 2020) puesto que debido a la cuarentena por el virus COVID-19, no se pudo entregar los documentos en físico. Solicitud hecha en aplicación a la convención de extradición firmada en Caracas el 24 de noviembre de 2012 entre Francia y la República Bolivariana de Venezuela basada en la cortesía internacional y la reciprocidad del magistrado mandante.

La Embajada de Francia le agradece de antemano al Honorable Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Oficina de Relaciones Consulares, Dirección del Servicio Consular Extranjero las seguridades de su más alta y distinguida consideración. …”.

 

En fecha 16 de marzo de 2021, se recibió, vía correspondencia, el oficio N° 1124, de fecha 3 de marzo de 2021, enviado por la ciudadana Eulalia Tabares Roldan, Directora General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en el cual informa, lo siguiente:

 

“…Me dirijo a usted, en la oportunidad de hacer referencia a la Nota Verbal N° 2021-0105434/RE, de fecha 03 de marzo de 2021, procedente de la Embajada de la República Francesa, concurrente ante el Gobierno Nacional, contentiva de documentación que sustenta la solicitud de extradición pasiva del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 15.314.247, quien se encuentra requerido por las autoridades francesas por la comisión de los delitos de “Importación de Estupefacientes sin Autorización – Tráfico, Transporte de Estupefacientes sin Autorización y Participación de una Asociación Ilícita con Miras a la preparación de un Delito Penado con 10 o más Años de Privación de Libertad”.

Sobre el particular, sirva la presente para informar a esa Dirección que la referida Nota fue remitida por esta Oficina a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de dar continuidad al procedimiento de extradición en cuestión, en beneficio de la atención del requerimiento realizado por las autoridades francesas. …”.

 

En fecha 30 de abril de 2021, se recibió, vía correspondencia, el oficio VPTSJ N° 609-21, de fecha 22 de abril de 2021, enviado por la ciudadana Alana Yaneska Zuloaga Ruíz, Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en la cual informa, lo siguiente:

 

“…Es grato dirigirme a usted, en la oportunidad de expresarle un cordial saludo revolucionario y profundamente Chavista, extensivo a su distinguido equipo de trabajo. La presente tiene como finalidad, remitir copia simple de la comunicación N° 001126, de fecha 03 de marzo de 2021, suscrito por Eulalia Tabres, Directora General ( E) de la Oficina de Relaciones Consulares, procedente de la Embajada de la República Francesa acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, contentiva de la documentación que sustenta la solicitud formal de extradición ´pasiva del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, titular de la cédula de identidad N° v-15.314.247, quien se encuentra requerido por las autoridades francesas por el delito de Importación de estupefacientes sin autorización- Tráfico, transporte de estupefacientes sin autorización, tenencia de estupefacientes sin autorización y participación de una Asociación Ilícita, con miras a la preparación de un delito penado con 10 o más años de privación de libertad.

Asimismo, informa que en esta misma fecha se envió expediente original a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para dar continuidad al proceso de extradición en cuestión, en beneficio de la atención del requerimiento realizado por las autoridades francesas. …”.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Código Penal; y los artículos 382 y 390, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; pasa a decidir sobre la procedencia o no de la EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, requerido en nuestro país por la República Francesa, bajo los siguientes fundamentos de ley:

 

El artículo 6 del Código Penal, establece lo siguiente:

 

Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas.

No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua...”.

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, el procedimiento de extradición “...se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título”.

 

El artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal establece el procedimiento que ha de seguirse, una vez recibida la documentación necesaria, en los términos siguientes:

 

Procedimiento.

Artículo 390. Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.

 

En este sentido, la presente solicitud de extradición pasiva, se resolverá con apoyo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, así como, el Principio de Reciprocidad, que consagra el derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición, observando que  existe la Ley Aprobatoria del “Convenio de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Francesa”, suscrito en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 24 de noviembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.118, de fecha 26 de febrero de 2013, en cuyos artículos VII, VIII,  dispone:

 

Artículo VII

Transmisión de las solicitudes

La solicitud de extradición será formulada por escrito y transmitida por vía diplomática. Ésta, y la documentación que la acompaña, estarán dispensadas de legalización.

Artículo VIII

Idioma

Las solicitudes de extradición y los documentos que se presenten estarán

redactados en el idioma oficial de la Parte requirente y se acompañarán de una traducción en el idioma oficial de la Parte requerida.

Artículo IX

Documentación requerida

Las solicitudes de extradición tanto de las personas procesadas como condenadas penalmente deberán contener lo siguiente:

a. Original o copia conforme de auto de detención, de orden de aprehensión o de sentencia definitivamente firme o cualquier otra resolución emanada de la autoridad judicial competente, que tenga la misma fuerza en la Parte requirente.

b. Los datos del procesado, imputado o condenado, sus datos filiatorios,

características físicas y cualquier otro medio que permita en forma inequívoca su identificación y ubicación.

c. Una relación detallada de los hechos que motivan la solicitud de extradición con especial énfasis en el lugar, hora, fecha y circunstancias en que ocurrió y su adecuación al tipo penal correspondiente.

d. La calificación del (de los) tipo (s) penal (es) mencionado (s) y el texto legal que define y sanciona el delito.

e. Las normas que establecen el cálculo de la prescripción de la acción penal, para el caso de los procesados o imputados, o de la pena, para los

condenados, previstas en la legislación de la Parte requirente, así como las actuaciones que pudieron interrumpir la prescripción del (de los) delito (s) o la pena, conforme a la legislación de la Parte requirente…”.

 

Asociado a lo anterior, con relación al procedimiento de extradición, el Estado venezolano verifica las condiciones de su procedencia con un alto sentido de responsabilidad, por lo tanto, reconoce la extradición como una obligación moral, en consonancia con los principios del Derecho Internacional. No obstante, de acuerdo con su autodeterminación, se reserva la más absoluta libertad en la apreciación para concederla o negarla, tomando en cuenta si en el caso concreto se contrarían los principios de nuestra legislación nacional o no estuviese conforme con la razón y la justicia.

 

En el caso bajo análisis, en fecha 29 de octubre de 2020, fue detenido el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, por funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional, en la ciudad de Caracas, siendo puesto a la orden del Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde fue realizada la audiencia para oír al imputado.

 

En fecha 31 de octubre de 2020, el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 386 y 387 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Recibido en la Sala de Casación Penal, el expediente contentivo del proceso de extradición seguido contra el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, se verificó que no cursaba en autos la solicitud formal de extradición del mencionado ciudadano por parte de la República Francesa, ni la documentación judicial que sustentara dicha petición, la cual resulta necesaria para examinar los requisitos de fondo que, en cuanto al Derecho interno e internacional, rigen la materia de extradición.

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal, mediante Sentencia N° 147, de fecha 2 de diciembre de 2020, ordenó notificar a la República Francesa, sobre la detención en nuestro país del ciudadano requerido, fijando el término perentorio de 60 días, a partir de su efectiva notificación, para que presentara la solicitud formal de extradición, con la respectiva documentación judicial necesaria, conforme con lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En fecha 30 de abril de 2021, fue recibido el oficio número 609-21, de fecha 22 de abril de 2021, emanado de la Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde remite copia simple de la comunicación  N° 001126, de fecha 03 de marzo de 2021, suscrita por Eulalia Tabres, Directora General ( E) de la Oficina de Relaciones Consulares, procedente de la Embajada de la República Francesa acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta la documentación judicial que sustenta la solicitud formal de extradición del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO.

 

Los documentos que sustentan la solicitud de extradición del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, son los siguientes:

 

En primer lugar se destaca la sentencia correccional  de fecha 2 de mayo de 2014, dictada por  el Tribunal de Gran Instancia de París, en la cual se indicó:

 

“…Declara a López Prato, José Miguel culpable de los hechos calificados como:

 

·               IMPORTACIÓN NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES – TRÁFICO cometidos, durante 2010 y hasta el 26 de noviembre de 2010 en NEUILLY SUR SENSE, Roissy en France e indivisiblemente en Venezuela.

·               TRANSPORTE NO AUTORIZADO DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES COMETIDO, durante 2010 y hasta el 26 de noviembre de 2010 en NEUILLY SUR SENSE, Roissy en France e indivisiblemente en Venezuela.

·               TENENCIA NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES cometido, durante 2010 y hasta el 26 de noviembre de 2010 en NEUILLY SUR SENSE, Roissy en France e indivisiblemente en Venezuela.

·               PARTICIPACIÓN A UNA ASOCIACIÓN DE MALHECHORES CON MIRAS A LA PREPARACIÓN DE DELITOS CASTIGADOS CON 10 AÑOS cometidos, durante 2010 y hasta el 26 de noviembre de 2010 en NEUILLY SUR SENSE, Roissy en France e indivisiblemente en Venezuela.

Condena  LÓPEZ PRATO, JOSÉ MIGUEL, a una pena de prisión por delitos graves de cinco años.

Como pena adicional,

Pronuncia contra López Prato, José Miguel, la prohibición permanente / definitiva del territorio Francés.

Como pena adicional,

Ordena contra López Prato, José Miguel, la confiscación de los bienes incautados y los precintos que le conciernen. ….”.

 

 

“… CORTE DE APELACIÓN DE PARÍS

TRIBUNAL JUDICIAL DE PARÍS

FISCAL DE LA REPÚBLICA.

En atención de TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES DE VENEZUELA.

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

ASUNTO: Solicitud de extradición en contra el nombrado LÓPEZ PRATO José Miguel.

REFERENCIA: 13EXT20.

Tengo el honor de solicitar formalmente a las autoridades venezolanas la extradición de LÓPEZ PRATO José Miguel, en apoyo de los documentos adjuntos.

I.               Identidad de la persona extraditable:

Nombre: LÓPEZ PRATO, José Miguel.

Nacido el 11 de febrero de 1980 en CARACAS (VENEZUELA)

Sexo: Masculino.

Nacionalidad: Venezolana

Dirección: desconocida, actualmente encarcelado en Venezuela.

II.             Los Hechos.

Fecha de los hechos: Durante el año 2010 y hasta el 26 de noviembre de 2010.

Lugar de los hechos: En Neuillu-sur-Seine sur Seine, Roissy en Francia e indivisiblemente en Venezuela.

Grado de implicación: autor de actos de importación no autorizada de productos estupefacientes, transporte no autorizado de productos estupefacientes, tenencia no autorizada de productos estupefacientes, participación a una asociación de malhechores con miras a la preparación de un delito castigado con 10 años de prisión.

Relación de los hechos:

Por favor, refiérase a la sentencia contradictoria dictada por la 16° Sala del Tribunal Judicial de Paris el 2 de mayo de 2014, y más concretamente  a las partes comprendidas entre la página 64 y la página 68 de la sentencia, que se adjunta en anexo francés y español.

III.           Calificaciones:

Los hechos, anteriormente, cometidos entre enero de 2010 y el 26 de noviembre de 2010 en Neuilly su Seine, Roissy en Francia y Venezuela, constituyen los siguientes delitos:

IMPORTANCIÓN NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES – TRÁFICO….

TRANSPORTE NO AUTORIZADO DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES….

TENENCIA NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES…

PARTICIPACIÓN A UNA ASOCIACIÓN DE MALHECHORES CON MIRAS A LA PREPARACIÓN E UN DELITO CASTIGADO CON 10 AÑOS DE PRISIÓN….

Estos delitos se castigan con una pena máxima de 10 años de prisión.

Una sola sentencia de prisión fue dictada para todos estos delitos por la 16° Sala del Tribunal Judicial de París en una sentencia contradictoria el 2 de mayo de 2014.

Como se puede ver en la sentencia adjunta, LÓPEZ PRATO, José Miguel, fue condenado a 5 años de prisión a título principal, a una prohibición permanente de entrar en el territorio francés como pena adicional y a la confiscación de los bienes incautados y los precintos como pena adicional.

IV.          El Procedimiento.

El 15 de octubre de 2010, la Brigada de Estupefacientes recibió una denuncia anónima, tras la cual la Fiscalía inició una investigación el 19 de octubre de 2010.

El 5 de noviembre de 2010 se abrió una investigación judicial.

El interesado fue detenido el 29 de octubre de 2020 en la ciudad de Caracas, Municipio de Libertador, y puesto en prisión preventiva tras la emisión de la Orden de Detención Europea.

 

….José Miguel LÓPEZ PRATO, es arrestado justo después de la entrega de una maleta llena de cocaína el 27 de noviembre de 2010, en su habitación del hotel ‘Courtyard by Marriott’ en Neuilly-sur-Seine.

Por orden del Juez de Instrucción de fecha 27 de noviembre de 2013, LÓPEZ PRATO, José Miguel, es remitido ante el Tribunal Correccional bajo las prevenciones de importación no autorizada de productos estupefacientes, transporte no autorizado de producto estupefacientes, tenencia no autorizada de productos estupefacientes, participación a una asociación de malhechores con miras a la preparación de un delito castigado con 10 años de prisión.

Ingresó en prisión preventiva desde el 30 de noviembre de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2013, es decir, 3 años y 12 días de prisión preventiva. Fue liberado y puesto bajo control judicial el 12 de diciembre de 2013 con la prohibición de salir del territorio nacional, la obligación de presentarse para fichar/firmar una vez por semana en la Comisaría del distrito 12 de París y la entrega de su pasaporte. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelación de París el 13 de enero de 2014. El tribunal de primera instancia conformó el control judicial el 24 de enero de 2014.

Cabe señalar que la detención preventiva efectuada daría derecho al interesado, si estuviera encarcelado en Francia, a un crédito de 7 meses de reducción de la pena, que solo  puede deducirse si el interesado es condenado en forma definitiva, como ocurre en la actualidad.

Fue juzgado el 2 de mayo de 2014, (la vista se celebró entre el 24 de enero y el 26 de marzo de 2014) y condenado a cinco años de prisión por el delito principal, a la inhabilitación permanente del territorio francés como pena adicional y a la confiscación de los bienes incautados y los precintos como pena adicional.

José Miguel LÓPEZ PRATO, estando presente en la audiencia del 2 de mayo de 2014 de la 16° Sala y asistido por su abogado, el Tribunal no consideró necesario emitir una orden de detención contra él.

El 26 de abril de 2019 re remitió orden a la Brigada de la Ejecución de las Decisiones de Justicia (BEDJ) para que localizara y detuviera al interesado. El 13 de agosto de 2020 se remitió a la Fiscalía de París un procedimiento del BEDJ indicando que los investigadores se habían dirigido a la única dirección que tenían en su poder, a saber, la dirección declarada por el interesado en la audiencia 9 reu Rondeler 75012 PARÍS en el domicilio de Aline LANCERDA COELHO. Esta última declaró que LÓPEZ PRATO José Miguel había regresado a Venezuela en mayo de 2013, por sus problemas con la justicia y añadió que la había acosado por un tiempo.

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 695-16 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que el Ministerio Público es competente, si lo considera necesario, para garantizar, bajo la forma de una Orden de Detención Europea, la ejecución de las penas privativas de libertad superiores a cuatro meses o más dictadas por los tribunales de primera instancia, la Fiscalía de París decidió emitir Orden de Detención Europea el 26 de agosto de 2020. …”.

 

V.            Prescripción.

Estos actos no prescriben, ya que todos se han cometido en 2010, y prescriben en 20 años en el caso concreto de los delitos cometidos en violación de la legislación sobre los productos estupefacientes, y sólo si no hay ningún acto que interrumpa la prescripción. La investigación judicial continuó sin interrupción hasta el 27 de noviembre de 2013, fecha de la orden de remisión del Sr. LÓPEZ PRATO, José Miguel ante el Tribunal Correccional, dictado por el Juez de Instrucción a cargo de este expediente.

Los hechos se juzgaron contradictoriamente el 2 de mayo de 2014 y no se apelaron durante este período de apelación. Como no se presentó ninguna apelación dentro del período de apelación la condena se hizo definitiva el 13 de mayo de 2014.

De conformidad con el artículo 706-31 del Código de Procedimiento Penal francés (C.P.P) aplicable a partir del 19/05/2011, al fecha de entrada en vigor de la Ley N° 2011-525, de 17 de mayo de 2011, relativa a la simplificación y la mejora de la calidad del derecho, la acción pública por los hechos de importación no autorizada de productos estupefacientes-tráfico, transporte no autorizado de productos estupefacientes, tenencia no autorizada de productos estupefacientes, prescribe a los 20 años a partir del día en que se cometió el delito. El párrafo 2 establecía que ‘La sentencia dictada en caso de condena por cualquiera de estos delitos prescribirá a los 20 años a partir de la fecha en que la condena sea definitiva’. Éste plazo de prescripción es el mismo para las infracciones penales previstas en la legislación sobre los productos estupefacientes (706-26 del Código de Procedimiento Penal) desde la entrada en vigor de la ley el 27 de febrero de 2017, es decir, el  1 de marzo de 2017; si la prescripción no se adquiere por los hechos denunciados, los nuevos hechos de prescripción se aplican por ley (artículo 4 de la Ley n° 2017-242 de 27 de febrero de 2017).

Por lo tanto, el plazo de prescripción de la sentencia pronunciada por el Tribunal expira el 1 de mayo de 2034.

Además, la prescripción se ve interrumpida por los actos de investigación y enjuiciamiento (articulo 9-2 del Código de Procedimiento Penal).

La presente solicitud de extradición es, según el derecho francés, un acto de investigación del Ministerio Público que interrumpe la prescripción. Por consiguiente, la fecha de la firma de la solicitud de extradición ampliará la prescripción de esta pena en 20 años.

Se solicita la extradición de LÓPEZ PRATO, José Miguel sobre la base del convenio bilateral entre Francia y Venezuela el 24 de noviembre de 2012.

En apoyo a esta petición, se adjunta copia de la Orden de Detención Europea de 26 de mayo agosto de 2020, los términos de la represión y el procedimiento relativos a los hechos alegados, la sentencia contradictoria dictada por la 16° Sala del Tribunal Judicial de París el 2 de mayo de  2014 en francés y español…”.

 

 

“…CORTE DE APELACIÓN DE PARÍS

TRIBUNAL JUDICIAL DE PARÍS

ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA.

(A030) La presente orden ha sido dictada por una autoridad judicial competente. Solicito la detención y entrega a las autoridades judiciales de la persona a continuación, a efectos de enjuiciamiento penal o ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativa de libertad.

a)             Información relativa a la identidad de la persona buscada:

(A006) Apellido (s): LÓPEZ PRATO

(A007) Nombre (s): José Miguel

(A008) Apellido (s) de soltera (en su caso)

(A011) Alias (en su caso)

(A012) Sexo: varón

(A013) Nacionalidad: Venezolana

(A009) Fecha de nacimiento: el día 11 de febrero de1980

(A010) Lugar de nacimiento: Caracas (VENEZUELA)

(A061) Residencia y/o domicilio conocido: En casa de Aline LACERDA COELHO-9 rue Rondelet-75012 París-FRANCIA

Susceptible de encontrarse en VENEZUELA.

(M083) En caso de conocerse: idioma(s) que entiende la persona buscada: Ignorado

(A058) Rasgos físicos particulares/descripción de la persona buscada: Ignorado

(A059 y A060) Fotografía e impresiones dactilares de la persona buscada, si están disponibles y pueden transmitirse, o señas de la persona a la que dirigirse a fin de obtenerlas o de obtener una caracterización del ADN (si no se ha incluido tal información y se dispone de ella para su transmisión)

b)             Decisión sobre la que se basa la orden de detención:

(A031 y A032) Orden de detención o resolución judicial ejecutiva de igual fuerza. Sentencia contradictoria dictada el 2 de mayo de 2014 por la 16° Sala del Tribunal Judicial de París.

(A033) Tipo: Decisión contradictoria art. 695-12 C.P.P. (Código de Procedimiento Penal)

(A035 y A036) Sentencia ejecutiva. Sentencia contradictoria dictada el 2 de mayo de 2014 por la 16° Sala del Tribunal Judicial de París.

(A037) Referencia: 10292032005

c)             Indicaciones sobre la duración de la pena:

1.             (A031) Duración máxima de la pena o medida de seguridad privativa de libertad que puede dictarse por la infracción o las infracciones.

10 años de prisión

2.             (A038) Duración de la pena o medida de seguridad privativas de libertad impuesta:

5 años de prisión

(A039) Pena que resta por cumplir:

23 meses y 17 días de prisión.

d)             Indique si el imputado compareció en el juicio del que deriva la resolución:

e)             1. Sí, el interesado compareció personalmente en el juicio del que deriva la resolución.

Autor de hechos cometidos en Neuilly-sur-Seine, Roissy en Francia e indivisiblemente en Venezuela durante enero de 2010 y hasta el 26 de noviembre de 2010.

El 15 de octubre de 2010, la Brigada de Estupefacientes recibió información sobre las actividades de un individuo apodado ´le renoi´ (el negro) identificado en la persona de Gilles TEPIE, que participaba regularmente en la importación y reventa de cocaína en París. La investigación, y más concretamente las intercepciones telefónicas y las vigilancias físicas, llevaron a cabo al descubrimiento de la importación de 111 kilos de cocaína el 26 de noviembre de 2010 por un equipo organizado. José Miguel LÓPEZ PRATO embarcó en Caracas en el vuelo 461 de Air France a destino de Paris-Charles de Gaulle el 25 de noviembre de 2010 con tres piezas de equipaje (maletas) facturadas a su nombre. Llegó a París el 26 de noviembre de 2010, fue al hotel ‘Courtyard by Marriott’ en Neuilly-sur-Seine, habitación reservada por uno de los miembros del grupo Nadia MAJERI. El intercambio de maletas llenas de cocaína tuvo lugar dentro del hotel. Detenido el 27 de noviembre de 2016 en su habitación del hotel, José Miguel López Prato, fue encontrado en posesión de dos pasaportes venezolanos a su nombre que mostraban numerosos viajes al extranjero entre 2006 y 2010 y una gran cantidad de dinero en efectivo.

(A040  y A041) Naturaleza y tipificación legal de la infracción o infracciones y disposición legal o código aplicable:

Importación no autorizada de productos estupefacientes – Tráfico

Hechos previstos y reprimidos por los artículos 222-386 párrafo 1,222-37 párrafo 1, 222-41 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50 y 222-51 del Código Penal, y los artículos R5132-74 y 77 del Código de Salud Pública.

Transporte no autorizado de productos estupefacientes

Hechos previstos y reprimidos por los artículos 222-37 pá; 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50 y 222-51 del Código Penal y los artículos R 5132-74 y 77 del Código Penal de Salud Pública.

Tenencia no autorizada de productos estupefacientes

Hechos previstos y reprimidos por los artículos 222-37 pá; 222-41, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50 y 222-51 del Código Penal y los artículos R 5132-74 y 77 del Código de Salud Pública.

Participación a una asociación de malhechores con miras a la preparación de un delito castigado con 10 años de prisión.

Hechos previstos y reprimidos por los artículos 450-1 párrafo 1, 450-1 párrafo 2, 450-3 y 450-5 del Código Penal…

(…)

i)               (A030) Autoridad judicial emisora de la presente Orden:

Denominación Oficial: El Fiscal de la República…”

 

 

Visto todo lo anterior, la Sala constató que en el presente caso fue remitida la documentación correspondiente por parte de la República Francesa para la entrega del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, entre las que se puede nombrar decisión de la 16 Sala del Tribunal Judicial de París, la solicitud formal de la extradición y la orden europea de detención y entrega del ciudadano requerido, dando cumplimiento a uno de los requisitos formales para la procedencia de la extradición pasiva, tal como lo prevé el artículo VII de la mencionada  Convención de Extradición, que reza: “…La solicitud de extradición será formulada por escrito y transmitida por vía diplomática. Ésta, y la documentación que la acompaña, estarán dispensadas de legalización. …”. constatándose en las providencias remitidas, la descripción del hecho, la gravedad y las disposiciones de ley aplicables y actuaciones relacionadas con las fases procesales y la traducción debidamente certificada de estos documentos.

 

DE LA AUDIENCIA

 

En fecha 29 de abril de 2021, esta Sala dictó auto mediante el cual fijó para el 8 de junio de 2021, la audiencia pública, sobre la base de los artículos 26 y 49 numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 1° y 390 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, se notificó a las partes interesadas.

 

 En fecha 8 de junio de 2017, se recibió un escrito presentado y firmado por el abogado CIRO FERNANDO CAMERLINGO SEGURA, Defensor Privado, contentivo de información que guarda relación con el proceso de extradición pasiva seguido al ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO.

 

En esa misma fecha (8 de junio de 2021), se realizó la audiencia a la que hace referencia el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

DE LA OPINIÓN FISCAL

 

En dicha audiencia, fue consignado escrito suscrito por el ciudadano Tarek William Saab, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, quien en ejercicio de la atribución contenida en el numeral 15, del artículo 25, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el numeral 16, del artículo 111, del Código Orgánico Procesal Penal, emitió opinión en la presente solicitud de Extradición Pasiva del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, incoada por parte de la República Francesa en el que concluyó lo siguiente:

“… En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público estima que no se encuentran satisfechos los extremos legales exigidos para la procedencia de la extradición pasiva solicitada por el Gobierno de la República de Francia contra el ciudadano José Miguel López Prato, por razones de nacionalidad, debiendo ser declarada IMPROCEDENTE por la Sala de Casación Penal de ese Máximo Tribunal de la República. ...".

 

Así mismo, el defensor de ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, Abogado Ciro Camerlingo Segura, consignó escrito, en el cual se lee, lo siguiente:

“….PETITORIO.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, esta representación se opone en primer lugar a la solicitud de extradición realizada por el Gobierno de Francia contra el ciudadano José Miguel López Prato, por cuanto existen obstáculos de hecho y de derecho que imposibilitan su extradición y se remita el presente expediente a un Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución de pena a fin de que ejecute de conformidad con nuestro ordenamiento en esta materia el cómputo de pena con el restante de la misma luego de haberse tomado en consideración el tiempo de reclusión durante el proceso de extradición. …”.

 

 

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Ahora bien, respecto a la extradición, se establecen condiciones de procedencia tanto para la entrega del ciudadano solicitado, así como para el cumplimiento de la pena en el país requerido, o en su defecto la aplicación del proceso correspondiente, las cuales se analizaran a continuación.

 

A tal efecto, de acuerdo con el principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo con el principio de doble incriminación, el delito previsto en el Estado requirente, por el que se solicita la extradición, debe estar tipificado también en la legislación del Estado requerido; que la pena no sea perpetua o pena de muerte, conforme con el principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme con el principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo con el principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores conforme con el principio de la mínima gravedad del hecho, así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo con el principio de especialidad del delito. Asimismo, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a los fines de cumplir con el principio de no entrega del nacional, en caso de que el ciudadano solicitado sea venezolano y no haya adquirido la nacionalidad venezolana con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado.

 

De acuerdo con los principios antes referidos, se puede establecer de acuerdo al análisis que el delito por el cual se solicitó la extradición del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATOfue cometido en el territorio del Estado requirente, y en este sentido se evidencia de la documentación certificada que el mencionado ciudadano está acusado de un hecho donde se describe, entre otras cosas, lo siguiente:

 

“… El 15 de octubre de 2010 la Brigada de Estupefacientes de la Policía Francesa recibió información sobre las actividades de una persona conocida ‘Le Renoi’, que fue identificada como Gilles TEPIE, una persona que se dedicaba con regularidad a la importación y la reventa de cocaína en París. La investigación y, en particular, las escuchas telefónicas y la vigilancia directa permitieron descubrir una operación de importación de 111 kg de cocaína efectuada el 26 de noviembre de 2010 por un equipo organizado. Esto transcurrió de la siguiente manera: el 25 de noviembre de 2010 José Miguel LÓPEZ PRATO embarcó en Caracas en el avión Air France, de vuelo 461, con destino al aeropuerto Charles de Gaulle de París, con tres maletas facturadas a su nombre. Al día siguiente llegó a su destino, se dirigió al Hotel Court Yard de Marriott, sito en Neuiville sur Seine, y ocupó una habitación reservada por Nadia MAJERI, una de las integrantes del grupo. Dentro del hotel pasaron las maletas con cocaína en su interior. …” (sic).

 

De lo anteriormente citado, se evidencia que el hecho tuvo lugar en Hotel Court Yard de Marriott, sito en Neuiville sur Seine, y ocupó una habitación reservada, en la ciudad de París-Francia, en consecuencia se cumple con lo previsto en el artículo I, del Convenio de Extradición que prevé: “…Las Partes se comprometen a entregarse recíprocamente, previa solicitud efectuada según las reglas y condiciones determinadas en este Convenio y de acuerdo a sus disposiciones constitucionales, las personas que se encuentren en sus territorios, requeridas por autoridades judiciales para cumplir una condena privativa de libertad o contra las cuales debe instruirse un proceso penal, en virtud de la comisión de un delito o la presunción de este. En los supuestos no establecidos en el presente Convenio, se aplicará la ley interna de las Partes. …”; quedando satisfecho el principio de la territorialidad.

Por otra parte, constató la Sala, en la documentación judicial certificada, que los delitos por los cuales está solicitado el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, son los siguientes: IMPORTACIÓN NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES - TRÁFICO, TRANSPORTE NO AUTORIZADO DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES, TENENCIA NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES y PARTICIPACIÓN A UNA ASOCIACION DE MALHECHORES CON MIRAS A LA PREPARACIÓN DE UN DELITO CASTIGADO CON 10 AÑOS DE PRISIÓNlos cuales tienen su fundamento legal en las disposiciones que se mencionan a continuación:

 

“… Sobre el Tráfico de productos estupefacientes (artículos 222-34 a 222-43-1 del Código Penal.

Artículo 222-34 del Código Penal.

Modificado por la Orden n° 2000-916 del 19 de septiembre de 2000-art. 3 (V) JORF 22 de septiembre de 2000 en vigor el 1 de enero de 2002.

El acto de dirigir u organizar un grupo cuyo objeto sea la producción, fabricación, importación, exportación, transporte, posesión, oferta, transferencia, adquisición o utilización ilícita de estupefacientes se castigará con cadena perpetua y una multa de 7.500.000 euros.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad se aplicarán a la infracción prevista en el presente articulado.

Artículo 222-35 del Código Penal.

Modificado por la Orden n°2000-916 del 19 de septiembre de 2000-art. 3 (V) JORF 22 de septiembre de 2000 en vigor el 1 de enero de 2002.

La producción o fabricación ilícita de estupefacientes se castiga con una pena de 20 años de prisión y una multa de 7.500.000 euros.

Esos actos se castigan con una pena de 30 años de prisión y una multa de 7.500.000 euros cuando se cometen en una banda organizada.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad se aplicarán a las infracciones previstas en el presente artículo.

                       

Artículo 222-36 del Código Penal.

Modificado por la Ley n° 2009-1437 del 24 de noviembre de 2009-art. 50

La importación o la exportación ilícita de estupefacientes serán castigados con diez años de prisión y multa de 7.500.000 euros.

Estos hechos serán castigados con treinta años de reclusión criminal y multa de 7.500.000 euros cuando sean cometidos en banda organizada.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad se aplicarán a las infracciones previstas en el presente artículo.

Las personas físicas o morales culpables del delito previsto a la presente sección incurren también la pena complementaria siguiente: interdicción de la actividad de prestatario de formación profesional continua en el sentido del artículo L-6313-1 del código laboral por un lapso de tiempo de cinco años.

Artículo 222-37 del Código Penal.

Modificado por la Orden n° 2000-916 del 19 de septiembre de 2000-art. 3 (V) JORF 22 de septiembre de 2000 en vigor el 1 de enero de 2002.

El transporte, la tenencia, la oferta, la cesión, la adquisición o el empleo ilícito de estupefacientes serán castigados con diez años de prisión y multa de 7.500.000 euros.

Las mismas penas se aplicarán a la facilitación, por cualquier medio, del uso ilícito de estupefacientes, a la obtención de la entrega de estupefacientes mediante recetas ficticias o indulgentes, o a la entrega de estupefacientes previa presentación de dichas recetas a sabiendas de su carácter ficticio o indulgente.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al período de seguridad serán aplicables a los crímenes previstos en el presente artículo.

 

Artículo 222-38 del Código Penal.

Modificado por la Orden n° 2000-916 del 19 de septiembre de 2000 –art. 3 (V) JORF 22 de septiembre de 2000 en vigor el 1 de enero de 2002.

Se castigará con una pena de diez años de prisión y una multa de 750.000 euros por facilitar, por cualquier medio, la falsa justificación del origen de los bienes e ingresos del autor de uno de los delitos mencionados en los artículos 222-34 222-37 o por ayudar en una transacción para la inversión, ocultación o conversión del producto de uno de esos delitos. La pena puede aumentarse hasta la multa de hasta la mitad del valor de los bienes o fondos a los que se refieren las operaciones de blanqueo.

Cuando se trate de bienes o fondos procedentes de alguno de los delitos previstos en los artículos 222-34, 222-35 y 222-36, párrafo segundo, el autor será castigado con las penas previstas para los delitos de los que haya tenido conocimiento.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad se aplicarán a las infracciones previstas en el presente artículo.

 

Artículo 222-39 del Código Penal.

Modificado por la ley n° 2007-297 del 5 de marzo de 2007 – art. 48 JORF 7 de marzo de 2007.

La cesión u oferta ilícita de estupefacientes a una persona para su consumo personal se castiga con una pena de cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.

La pena de prisión se elevará a diez años cuando los estupefacientes se ofrezcan o transfieran en las condiciones definidas en el párrafo anterior, a menores de edad o en establecimientos educativos o de formación o en los locales de la administración, así como, durante la entrada o salida de alumnos o del público durante un tiempo muy próximo a estos últimos, en las proximidades de dichos establecimientos o locales.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad son apliocables al delito previsto en el párrafo anterior.

 

Artículo 222-40 del Código Penal.

Creación de Ley 92-684 1992-07-22 JORF 23 de julio de 1992 rectificativo JORF 23 de diciembre de 1992 en vigor el 1 de marzo de 1994.

Las tentativas de delito previstas en los artículos 222-36 (primer párrafo) a 222-39 se castigan con las mismas penas.

 

Artículo 222-41 del Código Penal.

A los efectos de las disposiciones de la presente sección, los estupefacientes son sustancias o plantas clasificadas como estupefacientes en aplicación del artículo L.5132-7 del Código de Salud Pública.

 

Artículo 222-44 del Código Penal.

Modificado por la Ley n°2019-222 del 23 de marzo de 2019-art. 71 (V)

L. Las personas físicas culpables de los delitos previstos en las secciones 1 a 4 de este capítulo también incurren en las siguientes sanciones adicionales:

1° La prohibición, de conformidad con los términos y condiciones previstos n el artículo 131-27, de ejercer un cargo público o ejercer una actividad profesional o social en el ejercicio o con ocasión de ejercicio del cual el delito se cometió, es decir, por los delitos previstos por los artículos 222-1 a 222-6, 222-7, 222-10, el 1° y 2° del artículo 222-14, el 1° a 3° de la sección 222-14-1, secciones 222-5, 222-23 a 222-26, 222-34, 222-35, 222-36. 222-37. 222-38 y 222-39, para ejercer una profesión comercial o industrial, para dirigir, administrar, administrar o controlar en cualquier, directa o indirectamente, por su propia cuenta o en nombre de otros, una empresa comercial o industrial o una corporación comercial. Estas prohibiciones de ejercicio pueden ser pronunciadas acumulativamente.

2° La prohibición de sostener o usar, por un período de cinco años como máximo, un arma sujeta a autorización;

3° La suspensión de un período máximo de cinco años, del permiso de conducir, esta suspensión se limita a conducir fuera de actividad profesional; en los casos previstos en los artículos 222-19-1 y 222-20-1, la suspensión no puede suspenderse, ni siquiera parcialmente, y no puede limitarse a conducir fuera de la actividad profesional; en los casos previstos en los párrafos 1 a 6 y el último párrafo de las secciones 222-19-1 y 222-20-1, la duración de dicha suspensión no excederá de diez años.

4° La cancelación de licencia / permiso de conducir con la prohibición de solicitar la emisión de una nueva licencia por cinco años como máximo;

5° La confiscación de uno o más vehículos pertenecientes al convicto;

6° La confiscación de una o más armas de las cuales el convicto es el dueño o de las cuales tiene libre disposición;

7° La confiscación de lo que sirvió o estaba destinado a comerte el delito o lo que es producto de él;

8° En los casos previstos en los artículos 222-19-1 y 222-20-1, la prohibición de conducir ciertos vehículos terrestres  motorizados, incluidos aquellos para los que no se requiere un permiso de conducir, para una duración de cinco años como máximo;

9° Derogado,

9° bis Derogado

10°En los casos previstos en las secciones 222-19-1 y 222-20-1, la inmovilización, por un período de no más de un año, del vehículo utilizado por el convicto para cometer el delito, si él es el dueño;

11° La confiscación del animal utilizado para cometer  el delito;

12° La prohibición definitiva o temporal, de tener un animal;

13° En los casos previstos en los artículos 222-19-1 y 222-20-1, la confiscación del vehículo utilizado por el condenado para cometer el delito, si él es el propietario del mismo. La confiscación del vehículo es obligatoria en los casos previstos por el 4° y último párrafo de estos artículos, así como, en los casos previstos por el 2°, 3° y 5° de los mismos artículos, en caso de reincidencia o si la persona tiene ya sido sentenciado definitivamente por uno de los delitos previstos en los artículos L. 221-2, L. 224-16, L. 234-I, L. 234-8, L. 235.1, L. 235.3, L. 413-1 del Código de Carreteras o por la infracción mencionada en el Artículo L. 413-1.Sin embargo, el tribunal no puede pronunciar esta oración por una decisión especialmente razonada;

14° En los casos previstos en los párrafos segundo y último de los artículos 222-19-1 y 222-20-1 del presente Código, la prohibición , por un período máximo de cinco años, de conducir un vehículo que no equipado por un profesional con licencia o por la construcción de un dispositivo para inmovilizador por alcoholímetro electrónico, aprobado bajo las condiciones previstas en el Artículo L- 234-17 del Código de Carreteras. Cuando esta prohibición se pronuncia al mismo tiempo que la pena de anulación o suspensión de la licencia de conducir, se aplica, durante l tiempo fijado por la jurisdicción, al final de la ejecución de esta pena:

15° Derogado

Cualquier condena por los delitos en 1° a 6° y el último párrafo del Artículo 222-19-1 da derecho automáticamente a la cancelación del permiso de conducir con la prohibición de solicitar una nueva licencia por diez años al más.

II. En caso de condena por los  crímenes u ofensas cometidas con un arma prevista en las secciones 1,3,3 ter y 4 de este capítulo el pronunciamiento de las sanciones adicionales previstas en 2° y 6° de I  es obligatorio. La duración de la sentencia prevista en 2° del I se incrementa a quince años como máximo.

Sin embargo, el tribunal puede, mediante una decisión especialmente razonada cuando la sentencia es pronunciada por un tribunal correccional, decidir no pronunciar estas oraciones, considerando las circunstancias del delito y la personalidad de su autor.

De conformidad con el párrafo XIX del artículo 109 de la Ley n° 2019-222 de 23 de marzo de 2019, estas disposiciones entrarán en vigor un año después de la publicación de la presente ley. Las sentencias penales coercitivas pronunciadas antes de esa fecha se ejecutarán hasta su término de conformidad con las disposiciones aplicables el día en que se pronuncien, siempre que las facultades conferidas en virtud del artículo 713-47 del Código de Procedimiento Penal al presidente del tribunal de justicia designado por él sean ejercidas por el juez de ejecución de sentencias.

 

Artículo 222-45 del Código Penal.

Modificado por la LEY n° 2019-222 del 23 de marzo de 2019 –art- 71 (V)

Las personas físicas culpables de las infracciones previstas en las secciones 1, 3 y 4 incurrirán igualmente en las penas siguientes.

1° La prohibición, conforme a lo previsto en el artículo 131-26, del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia;

2° La prohibición, conforme a lo previsto por el artículo 231-27 de ejercer una función pública:

3° La prohibición de ejercer, bien a título de definitivo, o hasta por diez años, una actividad profesional o de voluntariado que implique un contacto habitual con menores.

De conformidad con el párrafo XIX del artículo 109 de la Ley n° 2019-222 de 23 de marzo de 2019, estas disposiciones entrarán en entrarán en vigor un año después de la publicación de la presente ley. Las sentencias penales coercitivas pronunciadas antes de esa fecha se ejecutarán hasta su término de conformidad con las disposiciones aplicables el día en que se pronuncien, siempre que las facultades conferidas en virtud del artículo 713-47 del Código de Procedimiento Penal al presidente del tribunal de justicia designado por él sean ejercidas por el juez de ejecución de sentencias.

 

Artículo 222-48 del Código Penal.

Modificado por la Ley n° 2018-778 del 10 de septiembre de 2018-art. 37.

La prohibición del francés podrá pronunciarse, en las condiciones previstas en el artículo 131-30 de forma definitiva o por un período máximo de diez años, contra todo extranjero culpable de una de las infracciones definidas en los artículos 222-1 a 222-12, 222-14, 222-14, 222-14-4, 222.15-1, 222-23 a 222-34 a 222-40.

 

Artículo 222-49 del Código Penal.

Modificado por la Ley n° 2012-409 del 27 de marzo de 2012 –art. 13 (V)

En los casos previstos en los artículos 222-34 a 222-40, se ordenará el decomiso de las instalaciones, el equipo y los bienes que se hayan utilizado, directa o indirectamente, en la comisión del delito, así como del producto de éste, a cualquier persona o personas, dondequiera que pertenezcan y dondequiera que se encuentren, siempre que su propietario no haya podido desconocer su origen o uso fraudulento.

En los casos previstos en los artículos 222-34, 222-35, 222-36, 222.37 y 222-38, también podrá ordenarse la confiscación de la totalidad o parte de los bienes del condenado o, con sujeción a los derechos del propietario de buena fe, de los que disponga libremente, cualquiera que sea su naturaleza, muebles o inmuebles, divididos o indivisos.

 

Artículo 222-50 del Código Penal.

Modificado por la LEY n° 92-1336 del 16 de diciembre de 1992 – art. 358 JORF 23 de diciembre de 1992 en vigor el 1 de marzo de 1994.

Las personas físicas o jurídicas culpables de uno de los delitos previstos en los artículo 222-34 a 222-40 incurrirán también en las siguientes penas adicionales:

1° Retirada definitiva de la licencia de un establecimiento público o de un restaurante;

2° La clausura/ el cierre, de forma permanente o por período no superior a cinco años, de todo establecimiento abierto al público o utilizado por el público en el que los delitos definidos por estos artículos hayan sido cometidos por el explotador o con su complicidad.

 

Artículo 222-51 del Código Penal.

El cierre temporal prevista en el artículo 222.50 conlleva la suspensión de la licencia de un establecimiento público de bebidas o de un restaurante durante el mismo período. La fecha de expiración de la licencia se suspende mientras dure el cierre.

El cierre permanente previsto en el artículo 222-50 conlleva la retirada definitiva de la licencia del establecimiento público de bebidas o restaurante.

 

Artículo 130-30 del Código Penal.

Modificado por la LEY n° 2019-222 del 23 de marzo de 2019 –art. 74

Cuando la ley prevea, la pena de inadmisibilidad del territorio francés podrá pronunciarse de manera definitiva o por un período de hasta diez años, contra todo extranjero culpable de un delito o una falta.

La sentencia de inadmisibilidad implica automáticamente la escolta del condenado de vuelta a la frontera, cuando proceda, al término de su pena de prisión o prisión.

  Cuando la inadmisibilidad acompañe a una sentencia no suspendida que implique una privación de libertad, su aplicación se suspenderá durante el período de ejecución de la sentencia. Se reanudará por el período establecido en la decisión de la sentencia a partir del día en que terminó la privación de libertad.

La prohibición de entrar en territorio francés pronunciada al mismo tiempo que una pena de prisión no impedirá que ésta se someta, con el fin de preparar una solicitud de rehabilitación, a medidas de semilibertad, colocación fuera del país, arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica o permiso de salida.

De conformidad con el párrafo XIX del artículo 109 de la Ley n° 2019-222, de 23 de marzo de 2019, estas disposiciones en vigor un año después de la publicación de la presente ley. Las sentencias penales coercitivas pronunciadas antes de esa fecha se ejecutarán hasta su término de conformidad con las disposiciones aplicables el día en que se pronuncien, siempre que las facultades conferidas en virtud del artículo 713-47 del Código de Procedimiento Penal al presidente del tribunal o al juez designado por él sean ejercidas por el juez de ejecución de sentencias.

 

Artículo R132-74 del Código de la Salud Pública.

Modificado por Decreto n° 2016-183 de 23 de febrero de 2016-art- 2

Está prohibido, salvo autorización expresa, producción, fabricación, transporte, importación, exportación, posesión, suministro, la venta, la adquisición o el empleo y, de una manera en general, las operaciones agrícolas, artesanales, sustancias o preparados y plantas o partes de plantas clasificadas como estupefacientes, gerente general de la propuesta de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Productos de Salud relacionados comerciales e industriales, del ministro de detenidos para la salud.

Cuando se utilizan estas sustancias o preparados y estas plantas o partes de plantas en las medicinas veterinaria, el Director General de la Agencia de Seguridad de Medicamentos y Productos Nacionales de Salud está buscando, antes de que su propuesta, el gerente general de la notificación de Agencia nacional de seguridad sanitaria de los alimentos, medio ambiente y del Trabajo.

La autorización mencionada en el primer párrafo se da o se retire de conformidad con los artículos R. 5132-75 a R.5132-77. La autorización está sujeta a la transcripción por parte del titular de la autorización de transacciones en un registro afectado para este fin, especificando las cantidades recibidas y vendidas. Este registro se mantendrá a disposición de la agencia y se transmite cuando así lo solicite.

 

Artículo R5132-77 del Código de Salud Pública.

Modificado por Decreto n° 2016-183 de 23 de febrero de 2016-art.2-

La autorización mencionada en el artículo R. 5132-74, sólo podrá concederse a un individuo. En las empresas mencionadas en los artículos L. 5124-2 y L. 5142.I, la autorización podrá ir al farmacéutico responsable, el farmacéutico Jefe interino, los delegados farmacéuticos y sus ayudantes, así como el veterinario administrador provisional, los delegados y los veterinarios de auxiliar de veterinaria. En ausencia de los titulares de autorizaciones para un período no superior de quince días de permiso beneficioso bajo las mismas condiciones a las que los sustituya, debidamente registrada como tal en la tabla de los farmacéuticos nacionales o el rol de los veterinarios de orden. El permiso indica las sustancias o preparados y plantas o pares de plantas cuya producción, fabricación, transporte, importación, exportación, posesión, suministro, venta, compra o uso está permitida.

Se puede estar sujeta a condiciones específicas en cuanto a la posesión de cualquier material, plantas o partes de plantas clasificadas como estupefacientes y el control de su extracción, fabricación y procesamiento.

Establece la cantidad de medicamentos que pueden ser vendidos o dados que se haya estimado para fines de investigación o enseñanza. Sin embargo, ninguna cantidad es fija para los programas de recolección de drogas del gobierno en la investigación en salud pública.

No se puede conceder y se retira automáticamente a una persona culpable de incumplimiento de las disposiciones de la presente sección o de uso ilícito de drogas.

Cuando la sustancia o preparado en una materia prima para los productos farmacéuticos, la autorización, sólo podrá concederse si la entidad ha sido autorizada de conformidad con el artículo L. 5138-1.

Sobre la participación de malhechores con miras a la preparación de un delito castigado con una pena de 10 años de prisión 450-1 a 450-5 del Código Penal:

Artículo 450-1 del Código Penal.

Modificado por la Orden n° 2009-916 del 19 de septiembre de 2000 –art. 3 (V) JORF 22 de septiembre de 2000 en vigor el 1 de enero de 2002.

Constituye una asociación de malhechores toda agrupación formada o acuerdo establecido para la preparación, caracterizada por uno o varios hechos materiales, de uno o varios crímenes o de uno o varios delitos castigados con al menos cinco años de prisión.

Cuando las infracciones preparadas sean crímenes o delitos castigados con diez años de prisión, la participación en una asociación de malhechores será castigada con diez años de prisión y multa de 150.000 euros.

Cuando las infracciones preparadas sean delitos castigados con al menos cinco años de prisión, la participación en una asociación de malhechores será castigada con diez años de prisión y multa de 75.000 euros.

 

Artículo 450-3 del Código Penal.

Modificado por la Ley n° 2008-776 del 4 de agosto de 2008 –art. 70.

Las personas físicas culpables de la infracción prevista en el artículo 450-1 incurrirán igualmente en las penas accesorias siguientes:

1° La prohibición del ejercicio de derechos cívicos, civiles y de familia, conforme a lo previsto en el artículo 131-26.

2° La prohibición en los términos y condiciones en el artículo 131-27, de ejercer un cargo público o de ejercer una actividad profesional o social o con ocasión del ejercicio e la cual se cometió el delito, o de ejercer  una profesión comercial o industrial, o de dirigir, administrar, gestionar o controlar en cualquier calidad, directa o indirectamente, por cuenta propia o por cuenta de otra persona, una empresa comercial o industrial o una sociedad comercial. Estas prohibiciones pueden imponerse de manera acumulativa:

3° Una  prohibición de residencia, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el artículo 131-31.

Asimismo podrán contra dichas personas las demás penas accesorias aplicables a los crímenes y los delitos que la agrupación o la acuerdo tuvieran por objeto preparar.

 

Artículo 450-5 del Código Penal.

Modificado por la LEY n° 2012-409 del 27 de marzo de 2012-art. 13 (V)

Las personas físicas y jurídicas condenadas por los delitos previstos en el párrafo segundo del artículo 450-1 y en el artículo 321-6-1 incurrirán también en la pena adicional de confiscación de la totalidad  o parte de los bienes que les pertenezcan o, con sujeción a los derechos del propietario o de buena fe, de los que disponga libremente, cualquiera que sea su naturaleza, muebles o inmuebles, divididos o indivisos. …”

Por otra parte, prevé nuestra legislación, los delitos de Tráfico de Droga en la modalidad de Transporte,  Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Asociación, previstos y sancionados en los artículos 149 y 153, de la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 37.510, de fecha 5 de septiembre de 2010; y  el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; en fecha 1° de octubre de 2015, respectivamente, que describe lo siguiente:

 

Ley Orgánica de Drogas:

 

TÍTULO VI

DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS

Capítulo I

De los Delitos cometidos por la Delincuencia Organizada y de las Penas

“Artículo 149 Tráfico. Él o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre,  distribuya,  oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades  de  corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes  y  productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, aún en  la  modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes o  sustancias  psicotrópicas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años.

Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil (5000) gramos de marihuana,  mil (1000) gramos de marihuana genéticamente modificada, mil (1000) gramos  de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína,  sesenta (60) gramos de derivados de amapola o quinientas (500) unidades de  drogas  sintéticas, la pena será de doce a dieciocho años de  prisión.

Si la cantidad de droga excediere de los límites máximos previstos en el  Artículo 153 de esta Ley y no supera quinientos (500) gramos de marihuana, doscientos  (200) gramos de marihuana genéticamente modificada, cincuenta (50)  gramos  de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína,  diez  (10) gramos de derivados de amapola o cien (100) unidades de  drogas  sintéticas, la pena será de ocho a doce años de prisión.  Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las  sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos químicos  esenciales  desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho y  drogas  sintéticas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. …”.

 

Capítulo

II Delitos Comunes

Artículo 153

Posesión ilícita

Él o la que ilícitamente posea estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas, con fines distintos a las actividades lícitas así declaradas en esta Ley o al consumo personal establecido en el Artículo 131 de esta Ley, será penado con prisión de uno a dos años. A los efectos de la posesión se apreciará la detentación de una cantidad de hasta dos (2) gramos para los casos de posesión de cocaína y sus derivados, compuestos o mezclas; hasta veinte (20) gramos para los casos de marihuana, o hasta cinco (5) gramos de marihuana genéticamente modificada y hasta un (1) gramo de derivados de amapola, que se encuentre bajo su poder o control para disponer de ella. En todo caso el juez o jueza determinará cuando sea necesario y utilizando la  máxima experiencia de expertos o expertas como referencia, lo que pueda constituir una dosis personal de la sustancia correspondiente para una persona media. No se considerará bajo ninguna circunstancia, a los efectos de determinar el delito de posesión, aquellas cantidades que se detenten como pretexto de previsión o provisión que sobrepasen lo que podría ser teóricamente una dosis personal…”.

 

Así mismo, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; en su artículo 37, establece:

 

…Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado   o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años. …”.

 

De lo anterior se colige que existen características afines o elementos comunes, en las conductas antes descritas, en la legislación de los Estados requirente y requerido, tales como:

 

El Transporte o traslado de una sustancia que se considera ilícita, en materia de tráfico de drogas. 

Finalmente, con relación al delito de Asociación, no es más que la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer delitos establecidos en las leyes, para obtener de manera directa o indirecta un beneficio económico.

 

Por tanto, al ser considerados ilícitos, que  describen conductas similares, se considera satisfecho el principio de Doble Incriminación y, en consecuencia, se satisface lo previsto en el artículo II, del Convenio de Extradición mencionado al inicio, que reza: 1. A los fines de este Convenio, la extradición podrá ser concedida por los hechos que constituyan delitos previstos en las leyes de ambas Partes y sean sancionados con penas privativas de libertad igual o mayor a dos años. Para determinar si el hecho punible constituye un delito que dará lugar a la extradición, será irrelevante si el ordenamiento jurídico de las Partes lo tipifica dentro de la misma categoría de delito o si lo describe con la misma terminología. …”.

 

Respecto a la prescripción de la acción penal, se observa lo siguiente: en la documentación judicial debidamente certificada y traducida, se lee, lo siguiente:

 

“… CORTE DE APELACIÓN DE PARÍS

TRIBUNAL JUDICIAL DE PARÍS

FISCAL DE LA REPÚBLICA.

En atención de TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES DE VENEZUELA.

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

ASUNTO: Solicitud de extradición en contra el nombrado LÓPEZ PRATO José Miguel.

REFERENCIA: 13EXT20.

 

(…)

Los hechos se juzgaron contradictoriamente el 2 de mayo de 2014 y no se apelaron durante este período de apelación. Como no se presentó ninguna apelación dentro del período de apelación la condena se hizo definitiva el 13 de mayo de 2014.

De conformidad con el artículo 706-31 del Código de Procedimiento Penal francés (C.P.P) aplicable a partir del 19/05/2011, al fecha de entrada en vigor de la Ley N° 2011-525, de 17 de mayo de 2011, elativa a la simplificación y la mejora de la calidad del derecho, la acción pública por los hechos de importación no autorizada de productos estupefacientes-tráfico, transporte no autorizado de productos estupefacientes, tenencia no autorizada de productos estupefacientes, prescribe a los 20 años a partir del día en que se cometió el delito. El párrafo 2 establecía que ‘La sentencia dictada en caso de condena por cualquiera de estos delitos prescribirá a los 20 años a partir de la fecha en que la condena sea definitiva’. Éste plazo de prescripción es el mismo para las infracciones penales previstas en la legislación sobre los productos estupefacientes (706-26 del Código de Procedimiento Penal) desde la entrada en vigor de la ley el 27 de febrero de 2017, es decir, el  1 de marzo de 2017; si la prescripción no se adquiere por los hechos denunciados, los nuevos hechos de prescripción se aplican por ley (artículo 4 de la Ley n° 2017-242 de 27 de febrero de 2017).

Por lo tanto, el plazo de prescripción de la sentencia pronunciada por el Tribunal expira el 1 de mayo de 2034…”

 

“…Artículo 706-31 del Código de Procedimiento Penal.

Modificado por la ley n° 2011-525 de 17 de mayo de 2011-art. 156

La acción pública por los delitos mencionados en el artículo 706-26 prescribe después de treinta años. La sentencia que se dicte en caso de condena por uno de estos delitos prescribirá a los treinta años a partir de la fecha en que la condena sea definitiva.

La acción pública relativa a los delitos contemplados en el artículo 706-26 prescribirá al cabo de un período de 20 años. La sentencia que se dicte en caso de condena por uno de estos delitos prescribirá a los 20 años a partir de la fecha en que la conducta sea definitiva ….

Artículo 706-26 de Código de Procedimiento Penal.

Modificado por la Ley n° 2004-204 de 9 de marzo de 2004 art-14 JORF 10 de marzo de 2004 en vigor 1° de octubre de 2004.

Los delitos en los artículos 222-34 a 222-40 del Código Penal, así como el delito de participación a una asociación de malhechores previsto en el artículo 450-1 del mismo Código cuando tenga por objeto la preparación de uno de estos delitos, serán perseguidos, investigados y juzgados según las normas del presente Código, con sujeción a las disposiciones del presente título…”.

 

 

De lo antes transcrito, se evidencia que en lo concerniente al ejercicio de la acción penal por los hechos de importación no autorizada de productos estupefacientes-tráfico, transporte no autorizado de productos estupefacientes, tenencia no autorizada de productos estupefacientes, se constató que el ciudadano requerido fue condenado en fecha 2 de mayo de 2014, por la Sala 16 del Tribunal de París, a cumplir la pena de Cinco Años de Prisión,  siendo así que la legislación de la República Francesa, dicha pena prescribe a los veinte (20) años a partir de la fecha en que la condena sea definitiva, supuesto que se aplica en el presente caso, en consecuencia, tomando en cuenta que la sentencia se hizo definitiva el 13 de mayo de 2014, sin ser presentada apelación, se concluye que el lapso de prescripción de la pena no se ha cumplido.

 

En el mismo orden de ideas, con respecto a la prescripción de la acción penal, relacionada con los delitos de Drogas el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

 

“…En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. …”.

 

De la misma manera, la Ley Orgánica de Drogas prevé lo siguiente: “…Artículo 189. Imprescriptibilidad No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos previstos en los artículos 149, 150, 151 y 152 de esta Ley. ...”.

 

Igualmente, el Código Penal venezolano, establece las reglas de la prescripción de las penas en el artículo 112, instruyendo lo siguiente:

 

Artículo 112.- Las penas prescriben así:

1.- Las de presidio, prisión y arresto por un tiempo igual al de la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo. …”.

 

De las normas antes transcritas se destaca que los delitos de Tráfico de Drogas en la modalidad de Transporte y Posesión, así como el delito de asociación, son imprescriptibles por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por prohibición expresa de las leyes especiales.

 

En el caso sub examine los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2010, y el referido ciudadano fue condenado el 2 de mayo de 2014 a cumplir una pena de cinco años de prisión por el delito principal, a la inhabilitación permanente del territorio francés como pena adicional y a la confiscación de los bienes incautados y los precintos como pena adicional, por lo que se observa que, en la presente causa, no ha operado la prescripción de la pena, toda vez que de las previsiones contenidas en el Código Penal venezolano y el francés, se constata que no ha transcurrido el lapso de ley para su procedencia, conforme con lo preceptuado en cada tipo penal y respecto a lo establecido en los artículos 108, 110 y 112 del Código Penal.

 

En virtud de lo anterior, se verifica el cumplimiento del requisito de procedencia del Principio de la No Prescripción, al no haber operado la prescripción de la pena en la legislación tanto del país requirente como del requerido.

 

 Continuando con el examen de la documentación judicial certificada, los ilícitos por los cuales se peticiona la extradición pasiva objeto de examen, son los delitos de IMPORTACIÓN NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES - TRÁFICO, TRANSPORTE NO AUTORIZADO DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES, TENENCIA NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES y PARTICIPACIÓN A UNA ASOCIACION DE MALHECHORES CON MIRAS A LA PREPARACIÓN DE UN DELITO CASTIGADO CON 10 AÑOS DE PRISIÓN, donde se evidencia que son delitos que atentan contra la colectividad, la salud pública y orden público, por lo que se descarta que sea un delito político, o conexo con delitos políticos, cumpliendo de esta forma que lo establecido en el artículo III, del referido Convenio el cual reza: “…Denegación de la extradición. La extradición no será concedida: Por delitos considerados por la Parte requerida como políticos o conexos con estos. …”.

 

También se corrobora que no estamos en presencia de delitos menores o de faltas a las cuales alude el Código Penal venezolano en el Libro Tercero, por el contrario, estamos en presencia de un delito grave que prevé pena de prisión de diez (10) a veinte (20) años de encarcelamiento, para los delitos por los cuales fue condenado. En este sentido, el  referido convenio tantas veces aludido señala: “…Artículo II. Delitos que dan lugar a la extradición 1. A los fines de este Convenio, la extradición podrá ser concedida por los hechos que constituyan delitos previstos en las leyes de ambas Partes y sean sancionados con penas privativas de libertad igual o mayor a dos años. …” De manera que, se asevera que se cumple satisfactoriamente con lo previsto en el reseñado artículo.

 

En cuanto al Principio de No Entrega del Nacional, se observa que el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, solicitado por el Gobierno de la República Francesa, aparece identificado como venezolano, portador de la cédula de identidad número  “…V-15.314.247…”; ahora bien, precisando que el proceso de extradición en la legislación venezolana, se rige por diversos principios, el de la no entrega del nacional, se encuentra consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, en el artículo 69, que establece:

 

Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.

Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.” (Resaltados de la Sala).

 

Con relación a la nacionalidad, el numeral 1 del artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

 

“… Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

1.             Toda persona nacida en el territorio de la República. ...”.

 

 

En el mismo orden de ideas, el artículo 6 del Código Penal, respecto al régimen de extradición de un nacional, establece:

 

“…La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana...”.

 

Por su parte, el artículo 9, numeral 1, de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, dispone que:

 

“Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

1.       Toda persona nacida en territorio de la República…”.

 

 

De igual forma, el artículo 12 de la citada Ley, expresa que: “…La nacionalidad venezolana por nacimiento no podrá ser revocada o suspendida, ni de alguna otra forma disminuida o privada por ninguna autoridad…”.

 

En atención a las disposiciones constitucionales y legales citadas supra, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, deja claramente establecido que en la legislación venezolana rige el principio de la "no entrega de nacionales", el cual “…se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano sería sacrificar el deber de protección del Estado para con sus súbditos (que es a su vez un derecho de éstos) y sustraerlos de sus jueces naturales…”. (Vid: Sentencia N° 532 del 21 de octubre de 2009, Sala Accidental de Casación Penal).

 

En atención a las disposiciones y jurisprudencia antes citadas, la Sala de Casación Penal establece que en la legislación venezolana rige el principio de la no entrega de nacionales, cuyo fin es la protección de los derechos y garantías que tiene cada nacional dentro de su país.

 

En el presente caso, se evidencia que la petición de extradición del Gobierno de la República Francesa recae en el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, quien es venezolano por nacimiento, tal como se explicó anteriormente.

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal, considera que no es procedente la Extradición Pasiva del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, planteada por el Gobierno de la República Francesa de conformidad con lo establecido en el artículo 32, numeral 1 y el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 6, del Código Penal, el artículo 9, numeral 1 y el artículo 12, ambos de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

 

No obstante, el Estado Venezolano representado por la Máxima Instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume para con el Gobierno de la República Francesa, el firme compromiso de hacer cumplir la pena impuesta al ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO sobre los hechos que dieron origen al presente procedimiento, a fin de que se ejecute la sentencia y el ciudadano cumpla lo que resta de la pena impuesta por el delito por el cual fue solicitado en extradición, vale decir “…23 meses y 17 días de prisión...”.

 

De igual manera, esta Sala de Casación Penal estima procedente y ajustado a Derecho, mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, que actualmente recae sobre el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, de conformidad con lo previsto en el artículo 232 del Código Orgánico Procesal Penal, dictada por el Juzgado Trigésimo Quinto en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de CaracasAsí se decide.

 

Asimismo, se ordena la remisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que sea distribuido a un Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución, que proceda una vez determinada la ejecutabilidad de la pena, a practicar con la urgencia del caso, el cómputo de pena y determinar con exactitud la fecha en que el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO finalizará su condena en territorio venezolano, asimismo, descontará de la pena a ejecutar el cumplimiento que sufrió el penado durante el proceso con el Gobierno de la República Francesa y el tiempo que lleva detenido en nuestro país, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 472 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

GARANTÍAS

 

En virtud de ello, el Estado venezolano, representado por el Tribunal Supremo de Justicia, asume el firme compromiso ante el Reino de España, que el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, titular de la cédula de identidad venezolana número 15.314.247cumplirá el resto de la condena impuesta (23 meses y 17 días) en fecha 2 de mayo de 2014 en la República Francesa “…por la 16° Sala del Tribunal Judicial de París…”,  en la República Bolivariana de Venezuela, con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos: 19, relativo al principio de no discriminación y 272, referente al derecho que tiene la persona condenada a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado. Además, se tomará en cuenta el tiempo que estuvo detenido en la República Francesa. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

 

PRIMERO: declara IMPROCEDENTE la solicitud de extradición pasiva realizada por la República Francesa, del ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, de nacionalidad venezolana por nacimiento, titular de la cédula de identidad N° 15.314.247, de conformidad con lo establecido en los artículos: 32, numeral 1 y el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 6 del Código Penal venezolano, el artículo 9, numeral 1 y el artículo 12, ambos de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

 

SEGUNDO:  El Estado Venezolano, representado por la Máxima Instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso que el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, cumplirá ante la jurisdicción venezolana, el resto de la pena impuesta (23 meses y 17 días) en fecha 2 de mayo de 2014 en la República Francesa “…por la 16° Sala del Tribunal Judicial de París…”, con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos: 19, relativo al principio de no discriminación y 272, referente al derecho que tiene la persona condenada a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado. Además, se tomará en cuenta el tiempo que estuvo detenido en la ´República Francesa. Así se declara.

 

TERCERO: SE ACUERDA mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, que actualmente pesa sobre el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO, de conformidad con lo previsto en el artículo 232 del Código Orgánico Procesal Penal, dictada por el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Asimismo, se ordena la remisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que sea distribuido a un Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución, que proceda una vez determinada la ejecutabilidad de la pena, a practicar con la urgencia del caso, el cómputo de pena y determinar con exactitud la fecha en que el ciudadano JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PRATO finalizará su condena en territorio venezolano.

 

Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al ciudadano Fiscal General de la República y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, este último a fin de que notifique a la República Francesa sobre el contenido de la presente sentencia.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Archívese el expediente.

 

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los DIECINUEVE ( 19 ) días del mes de JULIO                         de dos mil veintiuno (2021). Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                                                        La Magistrada,

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO                                                   FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

(Ponente)

 

 

 

El Magistrado,                                                                                                           La Magistrada,

 

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA                                  YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJGM/

Exp. AA30-P-2020-000102

 

El Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ , no firmó por motivo justificado.