MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

El 3 de febrero de 2020, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, el oficio Nº 078-2020, emanado del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, mediante el cual remitió el expediente signado con el número provisional 126-20 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la solicitud de extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad colombiana, natural de Cartagena de Indias, titular de la cédula de ciudadanía CC-93359819, cédula de identidad venezolana para extranjero E-82261499, requerido por las autoridades judiciales de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, según Notificación Roja Internacional signada con el alfanumérico A-7769/8-2017, número de expediente 2017/197475 de fecha 22 de agosto de 2017, emanada por la OCN-INTERPOL BRASILIA, en la cual el nombrado ciudadano aparece requerido según resolución judicial equivalente N° 0014.000063-3/2013-I de fecha 19 de agosto del 2013, expedida por la 14° Vara Federal de Rio Grande do Norte país República Federal de Brasil, por los delitos de ASOCIACIÓN CRIMINOSA, TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en el artículo 288 del Código Penal Brasileño; artículos 33,35,36 y 40 de la Ley 11.343/06; artículo 1° de la Ley 9.613/98, ambas de la legislación de dicha República.

En fecha 3 de febrero de 2020, se dio cuenta en Sala del recibo del expediente, y se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

I

DE LA COMPETENCIA

Conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, son competencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia: “Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley”.

De tal forma que la Sala de Casación Penal se encuentra facultada para conocer de las solicitudes de extradición, por lo que le corresponde pronunciarse acerca del procedimiento especial de extradición pasiva seguido al ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA. Así se declara.

-II-

DE LOS HECHOS

Los hechos que se desprenden de la solicitud hecha de la OCN-INTERPOL BRASILIA, y plasmados en la Notificación Roja Internacional signada con el alfanumérico A-7769/8-2017, son los siguientes:

“…Oscar Eduardo Salazar Molina es apuntado por las autoridades de España como responsable por la organización dueña de la cocaína traficada en contendores del traficante SALVADOR COSTA AROSTEGUI y otros involucrados, como GUSTAVO SALAZAR MOLINA.

 

De la misma forma en la Notificación Roja de Interpol emitida por la OCN-INTERPOL- MADRID signada con el alfanumérico A-1138/2-25020, de fecha 3 de febrero de 2020, son los siguientes:

“…Oscar Eduardo SALAZAR MOLINA era uno de los líderes de una organización criminal que creó un entramado empresarial que, bajo la apariencia de importar productos desinfectantes desde Venezuela hasta España, cuando en realidad su propósito era introducir grandes cantidades de cocaína camuflada en los envases de los productos. Para ello, aprovechaban el entramado empresarial creado a base de identidades falsa y sociedades mercantiles ficticias para la recepción, almacenamiento y distribución de la droga. El 09/12/2009 se realizó una operación en el Puerto de la Guaira, Venezuela, en la que se descubrieron 8 contenedores que iban a ser embarcados con destino a Barcelona, España. Entre la mercancía declarada en el manifiesto, iban ocultos 1648,85 kilogramos de cocaína con una pureza del 77%. La venta al por mayor de esta sustancia, tendría un valor de 60235180€. En el mercado final tendría un valor de 151465009,85€…”

-III-

ANTECEDENTES DEL CASO

Consta en el expediente Notificación Roja, A-7769/8-2017, número de expediente 2017/197475 de fecha 22 de agosto de 2017, emanada por la OCN-INTERPOL BRASILIA, contra el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, en la cual se deja constancia:

“N° de control: A-7769/8-2017

País solicitante: Brasil

N° de expediente: 2017/197475

Fecha de publicación: 22 de agosto de 2017

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Apellido: Salazar Molina

Nombre: Oscar Eduardo

Sexo: Masculino

Fecha y lugar de nacimiento: 05 de diciembre de 1964- CARTAGENA-Colombia

Nacionalidad: Colombia

Estado Civil: Soltero

Apellidos de soltera y nombre de la madre: MOLINA Ana Haydee

Idiomas que habla: español

Regiones/ países a donde pudiera desplazarse: Venezuela

Documentos de identidad:

 Nacionalidad

Tipo

Número

Fecha expiración

País

Colombia

Pasaporte

AH532022

13 febrero de 2013

Colombia 

 

2 CASO

Exposición de los hechos

Ciudad

País

Fecha

Rio Grande do Norte/RN

Brasil

Del 19 de agosto de 2013 al 19 de agosto de 2013

 

Exposición de los hechos:

OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA es apuntado por las autoridades de España como responsable por la organización dueña de la cocaína traficada en contenedores del traficante SALVADOR COSTA AROSTEGUI y otros involucrados, como GUSTAVO SALAZR (sic) MOLINA.

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1/1

Calificación del delito: Asociación Criminosa, Trafico Internacional de Drogas y Blanqueo de Capitales

Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprime el delito: Articulo 288 del Código Penal Brasileño; artículos 33, 35,36 y 40 de la Ley 11.343/06; articulo (sic)1° de la Ley 9.613/98

Pena máxima aplicable: Años: 88

Prescripción o fecha de caducidad de la Orden de Detención: No prescribe

Orden de detención o resolución judicial equivalente

 

Número

Fecha de expedición

Expedida o dictada por

País

0014.000064-3/2013-I

19 de agosto de 2013

14° Vara Federal de Rio Grande do Norte

Brasil

 

Firmante (nombres y Apellidos): Orlando Donato Rucha

Dispone la Secretaría General de una copia de la sentencia en idioma del país solicitante? Si

MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA

LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN:

Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

DETENCIÓN PREVENTIVA:

Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

Avísese inmediatamente a la OCN BRASILIA Brasil (referencia de la OCN: doc485950-2  del 22 de junio de 2017) y a la Secretaría General de la OIPC-INTERPOL en caso de localizar a esta persona.”

 

En virtud de la mencionada Notificación Roja, fue detenido en la ciudad de Maiquetía del Estado La Guaira, territorio de la República Bolivariana de Venezuela el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, por funcionarios adscritos a la Unidad Especial Antidrogas N° 45 La Guaira, Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el 24 de enero de 2020.  

En fecha 27 de enero de 2020, los abogados José Gregorio Foti, Fiscal Undécimo del Ministerio Público del Estado La Guaira y Jeimy Yesenia Duque, Fiscal del Ministerio Publico con Competencia Nacional en materia de Cooperación Penal Internacional, en la audiencia descrita en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, celebrada ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, presentaron solicitud de inicio del procedimiento de extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, en los siguientes términos:

“…procedemos a colocar a disposición de este Tribunal, al ciudadano: Oscar Eduardo Salazar Molina, de nacionalidad Colombiana, titular de la cédula de identidad N° CC-93359819 de 55 años de edad, con fecha de nacimiento 05 de diciembre del 1964, natural de Cartagena, Bolívar Colombia de profesión u oficio no definida, con domicilio en España, con número de teléfono +58 426-1738157 +34 693959402 quien presenta notificación roja distinguida con el alfanumérico A-7769/8-2017 país solicitante Brasil, expediente número 2017/197475 de fecha 22 de agosto del 2017, última actualización publicada por INTERPOL-22 de agosto del 201 7 por la comisión del delito de ASOCIACIÓN CRIMINOSA, TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES presentando orden de detención número 0014.000064-3/2013-I de fecha 19 de agosto del 2013, quien fue detenido según consta en ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL de fecha 24 de enero del 2020, suscrita por los efectivos Tte (GNB) Manzanilla Alexis, SM/3 (GNB) Armas Surmy y el S/1 (GNB) Echenique Job todos adscritos al Comando Especial 45 Vargas. modo, tiempo y lugar de la aprehensión de dicho ciudadano, en las instalaciones del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a abordar el vuelo identificado con las siglas UX072 de la aerolínea AIR EUROPA con destino a Madrid España toda vez según el dicho de los actuantes se encontraban realizando labores de perfilamiento de pasajeros los cuales se disponían a abordar la aeronave, cuando se percatan de la presencia del sujeto en referencia, el cual presentaba cierto grado de nerviosismo por lo que se procedió a abordarlo y se le efectuaron una serie de preguntas inherentes al viaje que pretendía realizar, denotando los actuantes en el coloquio que el mismo emanaba cierto grado de nerviosismo, por lo que es sacado de la fila y es llevado hasta la oficina sede del Comando Especial Antidrogas con el objeto, de que profundizar el procedimiento en cuestión. Mediante el proceso de revisión del equipaje los efectivos castrenses visualizaron dentro de sus pertenencias una boleta de citación a nombre del mismo en la cual se le ordenaba acudir al acto de audiencia nacional fijada por el Gobierno de España por lo que es interrogado nuevamente sobre este particular, manifestando sin coacción que efectivamente en ese país se le sigue un proceso y debía estar el próximo día lunes de los corrientes en dicho juzgado para la continuación de ese proceso. Escuchado esto, son informados los jueces naturales del comando a quienes ordenan que sea oficiada mediante comunicación numero 108-20 de esa misma fecha, la oficina Interpol ubicada en dicho aeródromo, con el objeto de verificar el posible estatus internacional que pudiera presentar dicho ciudadano, dando el organismo respuesta mediante oficio numero 0041 -20. Señalando que el referido sujeto presenta una requisitoria: SOLICITADO POR INTERPOL, CÓDIGO ROJO, PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL SEGÚN NUMERO DE CONTROL: A-7769/8-2017, PAÍS SOLICITANTE BRASIL, NUMERO DE EXPEDIENTE: 2017/197475, DE FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE AGOSTO DEL 2017, ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2017. CALIFICACIÓN DEL DELITO ASOCIACIÓN CRIMINOSA. TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES, PRESENTANDO ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL EQUIVALENTE NRO. 0014.000064-3/2013-I DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2013, EXPEDIDA POR 14 VARA FEDERAL DE RIO GRANDE DE NORTE PAÍS BRASIL. Dicho esto los funcionarios actuantes procedieron, conforme a lo establecido en el artículo 191 de! Código Orgánico Procesal Penal, a Realizar la correspondiente revisión corporal, no encontrado ningún tipo de evidencia de interés criminalístico, procediendo a imponer al ciudadano de marras, de los derechos que le asistían a partir de ese momento, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 127 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el motivo de su aprehensión. En este sentido esta representación deja constancia de haber verificado en las actas, la práctica de Reconocimiento Legal del Aprehendido la lectura de sus derechos y la verificación ante el Sistema Integrado de información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas constatando que el mismo no presenta Registros Policiales. De igual manera, se deja constancia de haberse trasladado a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal así como a la Sala de Flagrancia, donde se verificó si el ciudadano Oscar Eduardo Salazar Molina, se encuentra vinculado a alguna investigación penal, siendo que dicha verificación arrojó resultado NEGATIVO. Ahora bien, en el presente caso, quien el día de hoy acude a esta audiencia, verificó, conforme  a lo establecido la  Circular DFGR-VPGR-DGAJ-DAI-DRD-003 de fecha 31-07-2017 emanada de la Fiscalía General de República Bolivariana de Venezuela, que se encuentra dado el principio que rige el Procedimiento de Extradición, como lo es PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACIÓN, ello conforme a lo establecido en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y articulo 6 del Código Penal, siendo que los delitos de TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASOCIACIÓN CRIMINOSA y BLANQUEO DE CAPITALES, se encuentran establecidos en la Legislación Venezolana vigente. Asimismo se verifica la procedencia del PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD, puesto que los hechos ocurrieron en el territorio del Estado Requirente de igual manera no se evidencia que nos encontremos frente a un requerimiento por delito político o conexo, conforme al PRINCIPIO DE NO ENTREGA POR DELITOS POLÍTICOS; y conforme a lo establecido al PRINCIPIO DE LA MÍNIMA GRAVEDAD DEL HECHO, no se trate el presente caso, de una falta, faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte. De igual manera, se fundamenta la presente solicitud de EXTRADICIÓN PASIVA, en el texto contenido en la Convención ínter americana sobre extradición, suscrita en caracas. el 25 de febrero de 1981. Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial N° 2.955 Extraordinario del 11 de mayo de 1982, de la cual, ambas naciones son parte. En tal sentido, se solicita conforme al artículo 387 del COPP,(sic) 1) se inicie el PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN PASIVA y por consiguiente, se REMITA LAS ACTUACIONES a LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TSJ, Conjuntamente con la documentación respectiva, quien es competente conforme al Art. ,(sic) 29 numeral 1 de la Ley Orgánica del TSJ, ,(sic)  para verificar el cumplimiento de los requisitos que hacen procedente la Convención Interamericana sobre Extradición. Asimismo, se solicita 2) se mantenga la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD CON FINES EXTRADICIÓN, tal como lo establece el procedimiento en Cuestión. Respecto a la presente solicitud, es menester señalar que la Sala de Casación Penal, mediante Sentencia N° 298 de fecha 01-08-2012 con ponencia Dra. NINOSKA QUEIPO BRICEÑO. Ratificó la norma procesal en el sentido de considerar la Detención Preventiva en cumplimiento de la Notificación Internacional, mientras el país requieren prepara los documentos necesarios para el trámite de la extradición…”.

 En dicha audiencia, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, dictó el siguiente pronunciamiento:

“…PRIMERO: Se ordena el INICIO del PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN PASIVA, contenido en el artículo 386 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del ciudadano. EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad Colombiana, titular de la cédula de identidad N° CC-93359819, toda vez que el mencionado imputado se encuentra solicitado por Interpol. Según Código Rojo con número de Control: A-7769/8-2017, País solicitante Brasil, Numero de Expediente: 2017/197475, de Fecha de Publicación. 22 de Agosto Del 2017 por la presunta comisión de los delitos de Asociación Criminosa, Tráfico Internacional de Drogas y Blanqueo de Capitales Presentando Orden De Detención o Resolución Judicial Equivalente Nro. 0014.000064-3/2013-I, de fecha 19 de Agosto de 2013, Expedida por 14° Vara Federal De Rio Grande do Norte País Brasil.  SEGUNDO: SE  MANTIENE  LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD del ciudadano ÓSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad Colombiana Titular de la cédula de identidad N° CC-93359819, a los fines del trámite correspondiente al procedimiento de extradición. TERCERO: Se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. La presente motiva se hará por auto separado conforme al artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal. Se acuerdo las copias solicitadas por las partes. Quedan notificadas las partes conforme al artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

 En fecha 5 de febrero de 2020, se recibió escrito presentado por los abogados Belkis Coromoto Villegas Rodríguez, y Luis Alberto Pernalete Sánchez, titulares respectivamente de las cédulas de identidad V-9853446 y N° 6288095, e inscritos en el Inpreabogado en ese orden bajo los números 75458 y 124265, consignando documento suscrito por el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, mediante el cual los designa como sus defensores.

El 14 de febrero de 2020, el Presidente de la Sala de Casación Penal, suscribió oficio N° 58, dirigido al ciudadano Fiscal General de la República, Doctor Tarek Williams Saab, a los fines de informarle sobre el inicio del proceso de extradición llevado en la presente causa, con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal.

Igualmente, en esa misma fecha, la Secretaría de la Sala de Casación Penal, libró oficio N° 59, dirigido al Doctor Álvaro Cabrera, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, donde se le solicitó que informara a la Sala, si cursaba alguna investigación fiscal relacionada con el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA.

Se libró oficio N° 60 al ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Director General (E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde se le solicitó información sobre el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, respecto a los datos filiatorios, los movimientos migratorios, las huellas decadactilares, las trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad E- 82.261.499.

Así como oficio N° 61 al Comisario Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde se solicitó que remitiera a esta Sala, el Registro Policial que presenta el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA.

En fecha 13 de marzo de 2020, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión número 14, acordó:

“…NOTIFICAR al Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos que tiene (luego de su notificación), para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad colombiana, natural de Cartagena de India, titular de la cédula de ciudadanía CC-93359819, y cédula de identidad E-82261499,conforme con lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal…”

 

En fecha 14 de marzo de 2020, la Secretaría de la Sala libró el oficio número 154 dirigido a la ciudadana Directora General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mediante el cual se remitió una copia certificada de la sentencia mencionada en el párrafo anterior a los fines legales consiguientes.

 

En fecha 14 de agosto de 2020 la Secretaría de la Sala libró el oficio número 355 dirigido a la ciudadana Directora General de de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, solicitando se sirva informar la fecha cierta de la notificación realizada a la República Federativa de Brasil del término perentorio de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.

 

En fecha 26 de agosto de 2020 se recibió vía correspondencia oficio identificado con el alfanumérico O-9700-18-0194-2691 de fecha 9 de marzo de 2020, mediante el cual el Comisario General de la División de Información Judicial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, informando que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA presenta historial policial de fecha 25 de enero de 2020 ante la Delegación Municipal La Guaira por el delito de tráfico de drogas.

 

En fecha 5 de octubre de 2020 se recibió vía correspondencia oficio número 000567, suscrito por la Directora General de de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mediante el cual remitió fax N° 00233-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, emanado de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, acreditada en la República Federativa de Brasil, mediante el cual se informa “…que en virtud del cese total de las relaciones diplomáticas entre ambos países, se imposibilita llevar a cabo cualquier comunicación, hasta tanto no se designe un canal oficial o intermediario para tratar los temas que competen a la cooperación entre ambas naciones. Sin embargo fue remitida la información a través del correo electrónico del señor …Coordinador de inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, para hacer de su conocimiento el estatus del procedimiento judicial in comento…”.

 

En fecha 9 de octubre de 2020, se recibió escrito presentado y suscrito por la abogada Belkis Coromoto Villegas Rodríguez, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 75.458, mediante el cual actuando como defensora de confianza del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA  solicita la concesión inmediata de libertad a dicho ciudadano.

 

En fecha 16 de noviembre de 2020,  se recibió el oficio identificado con el alfanumérico DFGR-DAI-3-782-2020-10367, de fecha 5 de octubre de 2020, suscrito por el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, mediante la cual informa que realizada la búsqueda de información requerida por esta Sala, se verificó que no cursa investigación contra el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA .

 

En fecha 4 de diciembre de 2020, se recibió el oficio número 637 de fecha 9 de octubre de 2020 remitido por el Director encargado del Servicio Consular Extranjero del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mediante el cual remite nota verbal número 66 de fecha 12 de marzo de 2020, a través del cual la Embajada Española acreditada ante el Gobierno Nacional remite documentación relacionada con el procedimiento de extradición del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA  quien es requerido por las autoridades del Reino de España.

 

En fecha 7 de diciembre de 2020, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia visto el concurso de solicitudes de extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, planteadas la primera por la República Federativa de Brasil, por los delitos de “ASOCIACIÓN CRIMINOSA, TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES”,  y la segunda por el Reino de España, por los delitos “CONTRA LA SALUD PÚBLICA y FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL”, ordenó tramitar la sustanciación del caso conforme a derecho abarcando ambas solicitudes.

 

En la precitada fecha 7 de diciembre de 2020 la Sala de Casación Penal remitió los siguientes oficios.

 

N°  645 dirigido al ciudadano Fiscal General de la República, Doctor Tarek Williams Saab, a los fines de informarle sobre el concurso de solicitudes de extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, planteadas la primera por la República Federativa de Brasil, por los delitos de “ASOCIACIÓN CRIMINOSA, TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES”,  y la segunda por el Reino de España, por los delitos “CONTRA LA SALUD PÚBLICA y FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL”, con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando a su vez información si dicho ciudadano presenta alguna Alerta Roja distinta a la número de control A-7769/8/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, emitida por la República Federativa de Brasil.

N° 646, dirigido al Doctor Álvaro Cabrera, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, donde se le informó del concurso de solicitudes extradición antes señalada y se le remitió a su vez copia certificada del auto dictado por la Sala  así como de las actuaciones remitidas por el Reino de España, a fines que provea el trámite correspondiente.

N° 647, dirigido al Doctor Álvaro Cabrera, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, donde en atención al concurso de solicitudes extradición se le solicitó que informara a la Sala, si cursaba alguna investigación fiscal relacionada con el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA.

N° 648 al ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Director General (E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz solicitando información sobre los movimiento migratorios de la cedula de identidad para extranjeros E- 82.261.499 y con cédula de ciudadanía colombiana CC-93359819.

N° 649 al ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Director General (E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde se le informó igualmente del concurso de solicitudes extradición y solicitó información sobre  el prontuario que registra el mencionado ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA cédula de identidad E- 82.261.499, e igualmente si contra el mismo cursa algún procedimiento de los contemplados en la Ley de Extranjería y Migración.

N° 650 a la Comisario General Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde se solicitó en atención al concurso de solicitudes de extradición que remitiera a esta Sala, información respecto a si el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA presenta algún Registro Policial en su contra.

N° 651 al Jefe de la Dirección de Policía Internacional (INTERPOL) Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a quien se le informó del concurso de solicitudes de extradición sobre el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, y se le requirió a su vez  información si la Alerta Roja distinguida número de control A-7769/8/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, emitida por la República Federativa de Brasil, se encontraba vigente a la fecha e igualmente si dicho ciudadano presenta alguna Alerta Roja emitida por otro país.

 

En fecha 8 de diciembre de 2020, se recibió el oficio número 337-20 de fecha 7 de idéntico mes y año, suscrito por la Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica DEL MINISTERIO , mediante la cual remitió copia simple de la comunicación N° 000657 de fecha 16 de octubre de 2020 suscrito por el Director del Servicio Consular Extranjero mediante el cual hace referencia al procedimiento de extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA  requerido por las autoridades del Reino de España, y a su vez remitió copia de la nota verbal N° 66 de fecha 12 de marzo de 2020.

 

En fecha 11 de diciembre de 2020, el abogado Javier Armando Pérez Oliveros consignó ante la Secretaría de la Sala, nombramiento como defensor privado del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA.

 

En fecha 15 de diciembre de 2020, se recibió el oficio O-9700-18-0194-5656 de fecha 11 de diciembre de 2020, mediante el cual el Comisario General de la División de Información Judicial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, informando que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA presenta historial policial por robo genérico de fecha 15 de septiembre de 2020, por la Delegación Municipal Simón Rodríguez.

 

En la precitada fecha 15 de diciembre de 2020 el abogado Javier Armando Pérez Oliveros, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA  mediante el cual solicita la libertad de su defendido a efectos de honrar compromisos judiciales en el Reino de España y dar por culminado el procedimiento de extradición iniciado.

 

En fecha 25 de enero de 2021, se recibió el oficio N° 2020-N°2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, suscrito por el Director de Investigaciones de Policía Internacional (INTERPOL) Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz mediante el cual remitió copia de la nota verbal número 000657 de fecha 16 de octubre de 2020, así como de la número 66 de fecha 12 de marzo de 2020, la cual fueron anteriormente señaladas.

 

En la misma fecha 25 de enero de 2021 el Director de Investigaciones de Policía Internacional (INTERPOL) Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, remitió el oficio N° 2020-N°2001 de fecha 17 de diciembre de 2020, mediante el cual el referido Director informa que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA  posee activa Notificación Roja signada con el número de control A-1138/2-2020 con fecha de publicación del 3 de marzo de 2020 por los delitos de tráfico de drogas de sustancias que provocan grave daño a la salud, de notoria importancia y con pertenencias a organización criminal, delito de falsificación de documento público, requerido por la Oficina Central Nacional Madrid, a tales efectos anexó los reportes del sistema.

En el anexo se evidencia el contenido de la siguiente Alerta Roja:

“…SALAZAR MOLINA Oscar Eduardo

N° de control: A-1138/2-2020

País solicitante: España

N° de expediente: 2020/8050

Fecha de publicación: 3 de febrero de 2020

Última actualización: 10 de febrero de 2020

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

(…)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

(…)

Apellidos: SALAZAR MOLINA

Nombre: Oscar Eduardo

Sexo: Masculino

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de diciembre de 1964- CARTAGENA-Colombia

Nacionalidad: Colombia

(…)

Apellido(s) y nombre del padre: Gustavo

Apellidos de soltera y nombre de la madre: Ana

Regiones/ países a donde pudiera desplazarse: Colombia

Documentos de identidad:

 

Nacionalidad

Tipo

Número

Fecha expiración

Colombia

Pasaporte

CC93359819

 

España

Número de Registro de Extranjeros

 

X2274033T

 

27 de julio de 2020

 

2 CASO

Exposición de los hechos

País

Fecha

España

Del 2006 al 9 de diciembre de 2009

 

Exposición de los hechos:

Oscar Eduardo SALAZAR MOLINA era uno de los líderes de una organización criminal que creó un entramado empresarial que, bajo la apariencia de importar productos desinfectantes desde Venezuela hasta España, cuando en realidad su propósito era introducir grandes cantidades de cocaína camuflada en los envases de los productos. Para ello, aprovechaban el entramado empresarial creado a base de identidades falsa y sociedades mercantiles ficticias para la recepción, almacenamiento y distribución de la droga. El 09/12/2009 se realizó una operación ene le Puerto de la Guaira, Venezuela, en la que se descubrieron 8 contenedores que iban a ser embarcados con destino a Barcelona, España. Entre la mercancía declarada en el manifiesto, iban ocultos 1648,85 kilogramos de cocaína con una pureza del 77%. La venta al por mayor de esta sustancia, tendría un valor de 60235180€. En el mercado final tendría un valor de 151465009,85€

(…)

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

 ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1/1

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DE SUSTANCIA QUE PROVOCA GRAVE DAÑO A LA SALUD, DE  NOTORIA IMPORTANCIAY CON PERTENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL, DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO

Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito: ARTICULOS 36, 369, 370, 390 Y 3928 del Código Penal Español

Pena máxima aplicable: Años: 12

Orden de detención o resolución judicial equivalente

 

Número

Fecha de expedición

Expedida o dictada por

País

AUTO DE ROLLO DE SALA 1/2016

28 de enero de 2020

SECCIÓN 3 SALA DE LO PENAL AUDIENCIA NACIONAL

España

 

Firmante (nombres y Apellidos): MAGISTRADO PRESIDENTE ALFONSO GUEVARA MARCOS

Dispone la Secretaría General de una copia de la sentencia en idioma del país solicitante? Si

MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA

LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN:

Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

DETENCIÓN PREVENTIVA:

Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

Avísese inmediatamente a la OCN MADRID España (referencia de la OCN: EEG4/44783/G1 del 3 de febrero de 2020) y a la Secretaría General de la OIPC-INTERPOL en caso de localizar a esta persona.”

 

En fecha 10 de febrero de 2021, se recibió vía correspondencia el oficio número 6-2021 de fecha 9 de febrero de 2021, suscrito por el abogado Jaime Jesús Velásquez Martínez, Presidente del Circuito Judicial Penal del estado La Guaira, mediante el cual remitió los siguientes recaudos:

 

1)     Solicitud de extradición formulada por la abogada Jeimy Duque, actuando con el carácter de Fiscal Provisoria del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Cooperación Penal Internacional ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control Estadal del Circuito Judicial Penal del estado Vargas en la cual hizo referencia a lo siguiente:

“…Vale mencionar que, en fecha 28 de enero de 2020 el Ciudadano (sic)  OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, fue presentado ante su augusta autoridad e impuesto de los motivos de su aprehensión por parte de los funcionarios adscritos al Comando Especial 45 Vargas, Unidad Antidrogas, quienes actuaron en virtud de la existencia de la Notificación Roja distinguida con el alfanumérico A-7769/8-2017, país solicitante Brasil, expediente número 2017/197475 de fecha 22 de agosto del 2017, última actualización publicada por INTERPOL-22 de agosto del 2017 por la comisión del delito de ASOCIACION CRIMINOSA, TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES. En virtud de la celebración de la mencionada audiencia, fue acordado el inicio del Procedimiento de Extradición Pasiva del Ciudadano referido, manteniéndose la aprehensión del mismo con fines de extradición y acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal los Procedimientos de Extradición, de conformidad a lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley Orgánica que le rige Al respecto, a te presente fecha, el máximo Tribunal de Justicia, no ha emitido pronunciamiento alguno en cuanto a dicha solicitud, lo que se traduce, en que el mismo se encuentra aún privado de libertad Como corolario a lo anterior, esta Representante Fiscal recibió oficio emanado de la Dirección de Asuntos Internacionales, a través del cual remiten oficio N° 646 de fecha 648 de fecha 07-12-2020, del que se desprende que cursa ante la Sala de Casación Penal expediente contentivo del procedimiento iniciado con motivo del concurso de solicitudes de extradición pasiva seguida al ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía colombiana CC-93359879 y con la Cédula de la República Bolivariana de Venezuela para extranjeros E-82.261.499. planteadas la primera por la República Federativa de Brasil, por la comisión de los delitos de ASOCIACIÓN CRIMINOSA, TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS y BLANQUEO DE CAPITALES, y la segunda, por el Reino de España, por los delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA y FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL.

Ahora bien, visto que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad Colombiana, titular de la cédula de identidad N° CC-93359819, se encuentra Aprehendido con fines de extradición en virtud de la Notificación Roja identificada con el alfanumérico A-7769/8-2017, país solicitante Brasil, y sobre este pesa adicionalmente una Solicitud Formal de Extradición por parte del Reino de España por la presunta comisión de los delitos de ASOCIACIÓN CRIMINOSA, TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS y BLANQUEO DE CAPITALES, y la segunda, por el Reino de España, por los delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA y FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL, es por lo que, quien suscribe, solicita a esa respetable oficina judicial, se sirva fijar oportunidad para proceder a imponer al mencionado ciudadano del nuevo requerimiento Internacional en su contra. todo esto de conformidad a lo preceptuado en el artículo 388 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y siguientes….”

 

2)     Auto de fijación de audiencia para oír al imputado.

3)     Boleta de notificación número 340-2020 dirigida a la abogada Jeimy Duque, actuando con el carácter de Fiscal Provisoria del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Cooperación Penal Internacional informándole de la celebración de la audiencia para oír al imputado.

4)     Boleta de notificación número 341-2020 dirigida al Defensor Público Tercero Penal abogado Alexon Landaez,  informándole de la celebración de la audiencia para oír al imputado.

5)     Boleta de traslado número 166-2020 dirigida al ciudadano Jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana informándole de la celebración de la audiencia para oír al imputado.

6)     Acta de designación y aceptación de defensa pública.

7)     Acta de celebración de audiencia para oír al imputado de fecha 12 de diciembre de 2020, en la cual el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado La Guaira se pronunció de la siguiente manera:

“…Oídas las argumentaciones esgrimidas por las partes este Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ordena el INICIO del PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION PASIVA, contenido en el artículo 386 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad Colombiana, titular de la cédula de identidad N° CC-93359819, toda vez que el mencionado imputado se encuentra solicitado realizada al estado Venezolano por parte del Reino de España, con fundamento en el Tratado de Extradición suscrito entre ambas naciones en data 04-01 1989, a nombre del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad Colombiana, titular de la cédula de identidad N° CC 93359819, con cedula de extranjero E-82.261.499, por la presunta comisión de los delitos CONTRA LA SALUD PUBLICA y FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. SEGUNDO SE MANTIENE LA PRIVACION JUDICIAL DE LIBERTAD del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad Colombiana, titular de la cédula de identidad. No CC-93359819, a los fines del trámite correspondiente al procedimiento de extradición. TERCERO: Se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. La presente motiva se hará por auto separado conforme al artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal…”

 

8)     Copia de la nota verbal  número 66 de fecha 13 de marzo de 2020, mediante la cual la Embajada del Reino de España en Caracas remitió copia de la documentación relacionada con el procedimiento de extradición del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA,  indicando que al ser recibidos los originales serán enviados oportunamente.

 

9)     Oficio número 595-2020  de fecha 12 de diciembre de 2020, suscrito por el Juez de Control del antes mencionado Tribunal Tercero de Control, mediante el cual informa al Comandante Jefe de la Unidad Especial Antidrogas N° 45 de La Guaira, que en esa misma fecha se acordó el inicio del procedimiento de extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, e indicando que dicho ciudadano queda a las órdenes de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

 

10)  Oficio número 006-2021, de fecha 9 de febrero de 2021, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Supremo de Justicia remitiendo el expediente de la causa seguida al ciudadano requerido en extradición.

 

En fecha 5 de marzo de 2021, el abogado Javier Armando Salazar Molina, actuando con el carácter de Defensor Privado del requerido, dirigió escrito ante la Sala en el cual solicitó culminar el procedimiento de extradición pasiva pertinente a la República Federativa de Brasil y dictar medida de archivo.

En fecha 16 de marzo de 2021, se recibió vía correspondencia el oficio número 447 de fecha 8 de febrero de 2021, suscrito por la ciudadana Eulalia Tabares Roldan, Directora General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mediante la cual remitió la nota verbal número 127 de fecha 8 de junio de 2020, recibida en ese despacho en fecha 2 de febrero de 2021, procedente de la embajada del Reino de España acreditada ante el Gobierno Nacional y la documentación judicial que sustenta la solicitud formal de extradición del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA,  anexando a la misma la siguiente documentación debidamente apostillada:

 

1)       Nota verbal número 66 de fecha 13 de marzo de 2020, la cual hace el señalamiento de la remisión de copias correspondientes a la petición de extradición.

 

2)       Rollo de Sala 001/2016, emitido en fecha 3 de marzo de 2020, emitido por la Audiencia Nacional Sala de lo Penal Sección 003, mediante la cual se indica que al ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA se le tramita rollo de sala por un delito contra la salud pública, habiéndose dictado en fecha 28 de enero de 2020 auto de búsqueda y captura en su contra.

 

3)       Solicitud de extradición suscrita por Don Félix Alfonso Guevara Marcos, Presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dirigida a la República Bolivariana de Venezuela mediante la cual informa que al ciudadano requerido en extradición se le acordó la apertura a juicio , siendo acusado por el Ministerio Fiscal por los siguientes delitos:

 

“…A) UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA ARTÍCULOS 368, (sustancia que causa grave daño a la salud), 369.1 número 2 (pertenencia a una organización) y número 5 (notoria importancia) y 370 número 3 (extrema gravedad) cp, (sic) en su redacción dada por Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre. Conforme a la redacción dada por LO 5/2010, Delito del Art. 368,369,5 369 bis pf 1° (organización) y Art. 570 bis; y Art. 370 n° 3 CP. Redacción más favorable que la vigente en el momento de comisión de los hechos.

B) POR EL DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL DEL ART. 390.1 Y 392 DEL CP.

Procede imponer al procesado OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA las siguientes penas:

Por el delito A) 10 AÑOS de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y 121.000.000€ de multa. Por el delito B) 2 años de prisión, con la accesoria legal de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con cuota diaria de 10€ y previsión del art. 53.1 en caso de impago….”.

 

 En dicha solicitud se indican además los hechos, calificación jurídica y textos legales sustantivos aplicables.

4)     Auto suscrito por la Letrada de la administración de Justicia de la Sección 3, del ciudadano requerido por los delitos anteriormente mencionados dirigida al Presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a afectos que solicite la extradición del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA  a la República Bolivariana de Venezuela.

 

5)      Auto de procesamiento de fecha 23 de junio de 2015.

 

6)      Auto de confirmación de conclusión del sumario y Apertura de Juicio Oral de fecha 12 de mayo 2016.

 

7)     Escrito de acusación del Ministerio Fiscal de fecha 9 de junio de 2016 .

 

8)     Auto de busca y captura e ingreso en prisión de fecha 28 de enero de 2020 dictado por la Sección 3 contra el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA.

 

9)     Auto de declaración en rebeldía de fecha 2 de marzo de 2020, emitido contra el referido ciudadano por ignorarse su paradero.

 

En fecha 14 de abril de 2021, se recibió vía correspondencia el oficio VPISJ N ° 504-21 de fecha 1° de abril de 2021, remitido por la ciudadana Viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante el cual envía a esta Sala copia simple del oficio N° 000448 de fecha 8 de febrero de 2021, suscrito por la  ciudadana Eulalia Tabares Roldan, Directora general de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, contentiva de la documentación que sustenta  la solicitud de extradición.

En fecha 28 de abril de 2021, la Sala de Casación Penal fijó la audiencia oral correspondiente para el día 25 de mayo de 2021, ordenó convocar a las partes y notificar al requerido en extradición, a su defensor privado, a los representantes del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del gobierno requirente, siendo librada dichas boletas en la misma fecha.

 

Ese mismo día 28 de abril de 2021, la Sala libró el oficio número 5 a la Directora General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a efectos de informar de la audiencia fijada e igualmente se emitió boleta de traslado dirigida al ciudadano Jefe de la Unidad Especial Antidrogas N° 45 de la Guardia Nacional Bolivariana con la finalidad de trasladar al ciudadano requerido en la indicada fecha de audiencia.

 

En fecha 25 de mayo de 2021, en Sala de Casación Penal se celebró la audiencia con la presencia de la Vicepresidenta de la Sala, Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno, de las Magistradas y el Magistrado, Doctores Francia Coello González, Juan Luis Ibarra Verenzuela y Yanina Beatriz Karabin de Díaz, en calidad de observadores, los representantes de la Embajada del Reino de España, acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, funcionarios Santiago Ramón Alonso Pradillo (Agregado) y Daniel Salgado (Consejero). El abogado Emilio Alberto Arevalo Rengel, Fiscal Quinto (en colaboración con la Fiscalía Primera) del Ministerio Público para actuar ante las Salas Plena, de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado Javier Armando Peréz Oliveros, Defensor Privado del solicitado, y el ciudadano requerido, en dicha audiencia se dejó constancia que solo fue recibida la solicitud formal de extradición y la documentación judicial que la sustenta, procedente del Reino de España, respecto a la extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA.

 

En la audiencia antes señalada fue entregada la opinión fiscal emanada del Fiscal General de la República Dr. Tarek Willians Saab en la cual posterior al análisis de los autos y de la documentación remitida por la Embajada del Reino de España acreditada en la República Bolivariana de Venezuela emitió el siguiente pronunciamiento

“…se verifica que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, se encuentra requerido tanto por autoridades judiciales de la República Federativa de Brasil como del Reino de España, mediante Notificaciones Rojas de INTERPOL números A-7769/8-2017 de fecha 27 de agosto de 2017 y A-1138/2-2020 de fecha 03 (sic) de febrero de 2020, respectivamente, sin embargo, en atención a lo contemplado en el artículo 23 del Tratado de Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, se tiene que en esos casos, la Parte requerida determinará a cuál de los Estados requirentes entregará el reclamado, para lo cual tomará en consideración, entre otros aspectos, los siguientes: el Estado en cuyo territorio se cometió el delito y el orden en que fueron recibidas las solicitudes. En ese sentido, se tiene que en fecha 30 de noviembre de 2020 se recibió en la Dirección de asuntos Internacionales del Ministerio Público comunicación N° 000657 de fecha 16 de octubre de 2020, procedente de la Dirección del Servicio Consular Extranjero del Ministerio del Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la cual fue remitida copia de la Nota Verbal número 66 de fecha 12 de marzo de 2020, emanada de la Embajada del Reino de España acreditada ante el Gobierno de Venezuela, mediante la cual fue presentada la solicitud formal de extradición del ciudadano solicitado, acompañada de la documentación judicial que fundamenta la misma, por la presunta comisión en territorio español de Delito contra la Salud Pública (sustancia que cause grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad) y delito de Falsedad en Documento Oficial, siendo que hasta la presente fecha no se ha recibido ninguna solicitud con los mismos fines por parte de las autoridades brasileñas, por lo tanto, en atención a la norma supra referida del Instrumento Internacional que rige la materia entre España y Venezuela, el Ministerio Público considera que lo procedente es que se conceda la preferencia a la solicitud presentada por el Reino de España.

Final: Por todo lo expuesto, el Ministerio Público a mi cargo y dirección, solicita a esa Sala de Casación Penal, declare PROCEDENTE la Extradición Pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad colombiana, nacido en Cartagena, Colombia, el 05 de diciembre de 1964, identificado con cédula de ciudadanía colombiana No CC-93359819 y pasaporte N° AH532022, a los fines de que sea trasladado a territorio del Reino de España, a los fines de ser sometido a la Jurisdicción de los Órganos competentes españoles, toda vez que se cumplen los extremos legales formales y sustanciales necesarios para su procedencia….”

 

En fecha 25 de mayo de 2021, la Sala de Casación Penal  remitió el oficio N° 21 al ciudadano Jefe de la Unidad Especial Antidrogas N° 45 de la Guardia Nacional Bolivariana, informándole que fue realizada la audiencia del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA.

 

En fecha 26 de mayo de 2021, se recibió vía correspondencia oficio identificado con el alfanumérico DFGR-DAI-8-304-2021 05065, de fecha 30 de abril de 2021, suscrito por el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, mediante el cual informa a esta Sala que las Direcciones Generales de Actuación Procesal; Contra la Delincuencia Organizada; Para la Protección de la Familia y la Mujer, y Contra la Corrupción del Ministerio Público verificaron que no existe investigación contra el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA.

 

IV

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA SALA

El Estado venezolano, en relación con el procedimiento de extradición, sea esta activa o pasiva, verifica las condiciones de su procedencia con un alto sentido de responsabilidad. Por lo tanto, reconoce la extradición como una obligación moral, en consonancia con los principios del Derecho internacional; no obstante, de acuerdo con su autodeterminación, se reserva la más absoluta libertad para conceder o negar la solicitud de extradición, si en el caso concreto se contrarían los principios de nuestra legislación nacional, o si no se encuentra en conformidad con la razón y la justicia.

Para ello, la Sala se rige por el contenido del artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, del 30 de diciembre de 1999, reimpresa en la Gaceta Oficial N° 5.453, Extraordinario, del 24 de marzo de 2000; el artículo 6 del Código Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 5.763, Extraordinario, del 16 de marzo de 2005, reimpreso en Gaceta Oficial N° 5.768, Extraordinario, del 13 de abril de 2005; y los artículos 382, 386, 387, 388 y 390 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.078, Extraordinario, del 15 junio de 2012, que establecen los principios fundamentales que tutelan el procedimiento de extradición. Los referidos artículos disponen:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

 “…Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.

Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.”

 

Código Penal:

 “…Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana.

 

La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de éstos, por las leyes venezolanas.

No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua.

En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia.”

 

Código Orgánico Procesal Penal:

 “…Fuentes. Artículo 382. La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título.

(…)

Extradición Pasiva. Artículo 386. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.

Medida Cautelar. Artículo 387. Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.

Libertad del Aprehendido. Artículo 388. Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación”.

(…)

Procedimiento. Artículo 390. Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Sala constata que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, se encuentra requerido por la República Federativa de Brasil así como por el Reino de España, mediante Notificaciones Rojas de INTERPOL números A-7769/8-2017 de fecha 22 de agosto de 2017 y A-1138/2-2020 de fecha 3 de febrero de 2020, respectivamente.

Ahora bien, dicho ciudadano fue aprehendido en fecha 24 de enero de 2020, conforme a la Notificación Roja emanada de la República Federativa de Brasil, en virtud de lo cual se inició el trámite correspondiente para el procedimiento de extradición pasiva a cuyo Estado en fecha 13 de marzo de 2020, esta Sala de Casación Penal mediante decisión número 14 ordenó notificar, sin haberse obtenido hasta la presente fecha por parte de sus autoridades ni la solicitud formal de extradición ni la documentación judicial necesaria a tales efectos.

Posterior a lo expuesto, en fecha 4 de diciembre de 2020, fue recibido en la Sala de Casación Penal el oficio número 637 de fecha 9 de octubre de 2020, procedente del Director (E) del Servicio Consular Extranjero del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela a través de la cual remite copia de la Nota Verbal número 66 de fecha 12 de marzo de 2020, emanada de la Embajada del Reino de España acreditada ante el Gobierno de Venezuela, a través de la cual anexa copia simple de solicitud formal de extradición del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, conjuntamente con la documentación judicial que fundamenta la misma, lo que motivó que en fecha 7 de diciembre de 2020, esta Sala, visto el concurso de solicitudes de extradición pasiva que pesan sobre dicho ciudadano ordenó tramitar la sustanciación del caso abarcando ambas solicitudes.

Es el caso que, en fecha 16 de marzo de 2021, fue recibida en esta Sala, por medio de la Directora General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, la solicitud de extradición pasiva de dicho ciudadano en la cual se detallan los hechos constitutivos de delitos, calificación jurídica y textos legales sustantivos aplicables, formulada en fecha 3 de marzo de 2020, emanada de la Presidencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dirigida a la Autoridad Judicial Competente de la República Bolivariana de Venezuela por parte de las autoridades del gobierno Español conjuntamente con la cual fue remitida la siguiente documentación Auto de Busca y Captura e Ingreso en Prisión de fecha 28 de enero de 2020, Auto de Rebeldía de fecha 2 de marzo de 2020,  Auto de Procesamiento de fecha 23 de junio de 2015, Auto de Apertura de Juicio Oral de fecha 12 de mayo de 2016 y Acusación del Ministerio Fiscal de fecha 9 de junio de 2016, dando cumplimiento a uno de los requisitos formales para la procedencia de la extradición pasiva, lo cual es tomado en cuenta por este Máximo Tribunal en atención a lo dispuesto en el artículo 23 del tratado de extradición suscrito entre ambos Estados.

En el sentido indicado, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; artículo 6 del Código Penal; artículos 382, 386, 387, 388 y 390, todos del Código Orgánico Procesal Penal anteriormente transcritos; y el Tratado de Extradición entre la República de Venezuela y el Reino de España, suscrito en Caracas, el 4 de enero de 1989, ratificado por el Ejecutivo Nacional en fecha 25 de abril de 1990, publicado en Gaceta Oficial N° 34.476, del 28 de mayo de 1990, pasa a decidir sobre la procedencia o no de la Extradición Pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, requerido en nuestro país por el Gobierno del Reino de España.

A tales efectos es pertinente señalar que entre la República de Venezuela y el Reino de España, fue suscrito Tratado de Extradición en Caracas el 4 de enero de 1989, ratificado por el Ejecutivo Nacional en fecha 25 de Abril de 1990, publicado en Gaceta Oficial N° 34.476, del 28 de mayo de 1990, establece lo siguiente:

 

 “Artículo 1

Las partes contratantes se obligan según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, a la entrega recíproca de las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente que consista en pena privativa de libertad.

 

Artículo 2

1. Darán lugar a la extradición de los hechos sancionados según las leyes de ambas Partes con una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito.

 

2.  Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá, además, que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta por cumplir, no sea inferior a seis meses. ...”.

 

Artículo 5

1. Para que proceda la extradición es necesario que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requirente o que, cometido fuera de dicho territorio, tenga el estado requirente jurisdicción para conocer de ese delito.

 

2.El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando, según su propia legislación, sea competente para juzgar a la persona cuya extradición se solicita por el delito en que se funda la petición. Si la extradición es denegada, por este motivo el Estado requerido someterá el caso a las autoridades competentes y comunicará la decisión al Estado requirente, a petición de éste.

 

Artículo 6

1.No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político, en la comisión de un delito, no lo calificará como un delito de tal carácter. ...”.

 

Artículo 8

1.Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley. La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiere sido requerida con el fraudulento propósito de impedir aquella.

 

2. Si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional, por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquel. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15. Se informara a la parte requirente del resultado que hubiere obtenido su solicitud”.

 

Artículo 10

No se concederá la extradición:

b) Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las partes se hubiere extinguido la pena o la acción penal correspondiente al hecho por el cual se solicita la extradición …

c) Cuando la persona reclamada hubiere sido juzgada en la parte requerida por el hecho que motivó la solicitud de extradición.

 

Artículo 11

1. No se concederá la extradición cuando los hechos que la originan estuviesen castigados con la pena de muerte, con pena privativa de libertad a perpetuidad, o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o exponga al reclamado a tratos inhumanos o degradantes. ...”.

 

Artículo 15

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y será transmitida por la vía diplomática. Cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra la designación de una autoridad central competente para recibir y transmitir solicitudes de extradición.

 2. A toda solicitud de extradición deberá acompañarse:

 a)En el caso de que el reclamado ya hubiese sido condenado, copia o trascripción de la sentencia debidamente certificada, así como certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, con indicación del tiempo de la pena o medida de seguridad que faltare por cumplir y, en su caso, las seguridades a que se refiere el artículo 12;

b)En el caso de que la extradición se refiera a una persona que no ha sido condenada, copia o trascripción debidamente certificada del auto de procesamiento, del auto de detención o prisión o de cualquier resolución judicial análoga, según la legislación de la Parte requirente, que contenga los hechos que se imputan y lugar y fecha en que ocurrieron;

c) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y sus huellas dactilares;

d)Copia o trascripción de los textos legales que tipifican y   sancionan el delito con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, de los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena o medida de seguridad.

(…)

ARTÍCULO 23

1. Si la extradición de una misma persona hubiera sido solicitada por varios Estados, la Parte requerida determinará a cuál de esos Estados entregará el reclamado y notificará su decisión a la Parte requirente.

2. Para tomar la decisión se considerarán, entre otros, los factores siguientes:

a) El Estado en cuyo territorio se cometió el delito.

b) La gravedad de los delitos si los Estados solicitan la extradición por

diferentes delitos.

c) La posibilidad de reextradición entre los Estados requirentes.

d) El orden en que fueron recibidas las solicitudes.

3. Siempre se dará preferencia a la solicitud presentada por un Estado con el cual

exista Tratado de Extradición….”

Con respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y concibe la misma como una obligación moral, de acuerdo con el Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en la apreciación para concederla o negarla, tomando en cuenta si en el caso concreto se quebrantan los principios de nuestra legislación nacional o no está conforme con la razón y la justicia.

 En este sentido, los principios que rigen la extradición establecen condiciones de procedencia tanto para la entrega del ciudadano o ciudadana solicitado o solicitada para lo cual debe analizarse los principios generales que rigen la extradición, los cuales se indican seguidamente, de acuerdo con el principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo con el principio de doble incriminación, el delito previsto en el Estado requirente, por el que se solicita la extradición, debe estar tipificado también en la legislación del Estado requerido; que la pena aplicada no sea mayor a treinta años, pena perpetua o pena de muerte, conforme con el principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme con el principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo con un delito de esta naturaleza, de acuerdo con el principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte, conforme con el principio de la mínima gravedad del hecho; así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo con el principio de especialidad del delito. Así también, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a fin de cumplir con el principio de no entrega del nacional, en caso que el ciudadano solicitado sea venezolano y no haya adquirido la nacionalidad con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena.

En consecuencia la Sala procede a verificar el cumplimiento de los principios antes señalados atendiendo a las exigencias contempladas en el Tratado de Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, a efectos de constatar la procedencia de la extradición solicitada:

1) Conforme al Principio de la Territorialidad y en atención a lo dispuesto en el artículo 5 del citado Tratado de Extradición, se verifica que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA es requerido por ser señalado de lo siguiente “…era uno de los líderes de una organización criminal que creó un entramado empresarial que, bajo la apariencia de importar productos desinfectantes desde Venezuela hasta España, cuando en realidad su propósito era introducir grandes cantidades de cocaína camuflada en los envases de los productos….”, derivándose de ello la jurisdicción del Reino de España para el juzgamiento del ciudadano aprehendido en nuestro territorio.

 

2) En cuanto al Principio de la doble incriminación, se observa que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, es solicitado en extradición para su enjuiciamiento por la presunta comisión de Delito contra la Salud Pública (sustancia que cause grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad), previsto y sancionado en los artículos 368, 369.1 numero 2, 369.1 número 6 y 370 número 3, respectivamente, del Código Penal Español; así como también, por el delito de Falsedad en Documento Oficial, previsto y sancionado en los artículos 390.1 y 392 del Código eiusdem, los cuales disponen lo siguiente:

 

“…Articulo 368.

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancia o producto que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa de tanto al duplo en los demás casos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370.

 

Artículo 369.

1.Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

 (...)

 2. El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.

(…)

5. Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.

 

Artículo 370.

Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 cuando:

(…)

3.º Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.

Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1.

 En los supuestos de los anteriores números 2.º y 3.º se impondrá a los culpables, además, una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

 

Artículo 390.

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

(…)

Artículo 392.

1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.

Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España…”

Los tipos penales previstos y sancionados en el Código Penal Español por los cuales es requerido el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, consiguen identidad sustancial en la legislación del Estado venezolano en los siguientes dispositivos legales:

 

Ley Orgánica de Drogas.

 

“…Artículo 149 Tráfico

Él o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, aún en la modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años. Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil (5000) gramos de marihuana, mil (1000) gramos de marihuana genéticamente modificada, mil (1000) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, sesenta (60) gramos de derivados de amapola o quinientas (500) unidades de drogas sintéticas, la pena será de doce a dieciocho años de prisión.

Si la cantidad de droga excediere de los límites máximos previstos en el artículo 153 de esta Ley y no supera quinientos (500) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de marihuana genéticamente modificada, cincuenta (50) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, diez (10) gramos de derivados de amapola o cien (100) unidades de drogas sintéticas, la pena será de ocho a doce años de prisión.

Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho y drogas sintéticas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años….”

 

Código Penal Venezolano

 

Uso de Documento Público Falso

“…Articulo 322  Todo el que hubiere hecho uso o de alguna manera se hubiere aprovechado de algún acto falso, aunque no haya tenido parte en la falsificación, será castigado con la penas respectivas establecidas en los artículos 319, si se trata de un acto público, y 321, si se trata de un acto privado".

 

Ley Orgánica de Identificación

“…Artículo 47 de la. Usurpación de Identidad. "La persona que obtenga el acta de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte o documento de viaje, mediante el suministro de datos falsos o mediante la presentación de documentos de otra persona, atribuyéndose identidad o nacionalidad distinta a la verdadera, será penada con prisión de quince a treinta meses...”

 

En atención a las descripciones típicas señaladas, la Sala constata que los hechos que dan lugar a la presente solicitud, son constitutivos de delitos tanto en la legislación del Estado requirente (Reino de España) como en la del Estado requerido (República Bolivariana de Venezuela).

 

3)  En lo concerniente al Principio de limitación de las penas, se constata que en el presente caso, la pena aplicada por ambas legislaciones (venezolana y española), no es mayor de treinta años, ni se aplica la pena de muerte o perpetua, lo cual es conforme al artículo 11 del Tratado de Extradición entre la República de Venezuela y el Reino de España, el cual señala lo siguiente:

 “… No se concederá la extradición cuando los hechos que la originan estuviesen castigados con la pena de muerte, con pena privativa de libertad a perpetuidad, o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o exponga al reclamado a tratos inhumanos o degradantes. …”.

 

De igual forma, en concordancia con lo antes indicado los artículos 43 y 44, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 94 del Código Penal Venezolano, establecen lo que a continuación se señala:

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Artículo 43

“…El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.

 

Artículo 44, numeral 3

 La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

(…) 

 3.- La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas    privativas de la libertad no excederán de treinta años. ...”.

 

Código Penal Venezolano 

Artículo 94.

En ningún caso excederá del límite máximo de treinta años la pena restrictiva de libertad que se imponga conforme a la ley”.

4) En lo referente al Principio de la no prescripción, el Código Penal  español establece la prescripción en el artículo 131 numeral 1, cuyo contenido es el siguiente:

“…Los delitos prescriben:

A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.

A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año….” (negrillas de la Sala)

 

Por consiguiente, tal como se indica en la solicitud de extradición enviada por el Reino de España, dado que al ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA el Ministerio Fiscal lo acusó del  Delito contra la Salud Pública (sustancia que cause grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad)  le impone la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, en virtud que los hechos ocurrieron entre el mes de noviembre del año 2006 y el mes de diciembre del año 2009, aunado a los distintos actos procesales que interrumpieron la prescripción del mismo, tales como el Auto de Procesamiento dictado en fecha 23 de junio de 2015 y el Auto de Busca y Captura e Ingreso a Prisión de fecha 28 de enero de 2020, no se ha cumplido el referido lapso de prescripción de quince (15) años.

 

Respecto  al delito de Tráfico, previsto y sancionado en el artículo 149 de la ley Orgánica Drogas, de conformidad con lo establecido en los artículos 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 189 de la ley Orgánica de Drogas, es imprescriptible cuyos textos a continuación se transcriben:

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 271 .

"... En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes...."

 

Ley Orgánica Drogas. Imprescriptibilidad.

Artículo 189 

“…No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos previstos en los artículos 149, 150, 151 y 152 de esta Ley….”

 

Ahora bien, en relación con el delito de Falsedad en Documento Oficial, tipificado en el Código Penal Español, la acción penal dirigida a castigar el mismo se encuentra prescrita, al igual que respecto a los delitos de Uso De Documento Público Falso y Usurpación De Identidad, previstos y sancionados en el Código Penal Venezolano y la Ley Orgánica de Identificación venezolana, respectivamente, en atención a los lapsos que establecen las legislaciones tanto de España como de Venezuela.

En tal sentido, es menester señalar que, aun cuando uno (1) de los delitos por los cuales se hace la solicitud de extradición está prescrito, la acción penal destinada a castigar el Delito contra la Salud Pública (sustancia que cause grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad), previsto y sancionado en el Código Penal Español, el cual es similar al delito de Tráfico, tipificado en la Ley Orgánica de Drogas venezolana, se encuentra plenamente vigente.

5) Conforme a lo dispuesto en el Principio de no entrega por delitos políticos o conexos con estos, se precisa que los delitos por los cuales es requerido el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA atentan contra la salud y la fe pública, no existiendo dentro de las actuaciones elemento alguno para considerar que el enjuiciamiento que se pretende en su contra, sea de índole política o que guarden relación con ello.

6) Igualmente, constató la Sala que en respecto al Principio de la mínima gravedad del hecho, exigida en el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y el Reino de España, que establece en los numerales 1 y 2, del artículo 2, lo siguiente:

 

“…1. Darán lugar a la extradición de los hechos sancionados según las leyes de ambas Partes con una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito.

 

2.  Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá, además, que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta por cumplir, no sea inferior a seis meses. ...”.

 

Tomando en consideración lo antes transcrito, se evidencia que en el presente procedimiento, el delito contra la Salud Pública (sustancia que cause grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad) merece según la legislación española una pena, conforme con artículo 368 del Código Penal español de “… prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.…”,  al cual se le “… impondrá la pena superior en uno o dos grados. …”, en el caso de incurrir en los supuestos establecidos en el artículo 370 de la normativa penal antes mencionada.

 

 En el caso de la legislación venezolana, el delito de tráfico de estupefacientes, aplicable en el presente caso de acuerdo con la legislación interna, tiene una pena de diez (10) a veinte (20) años de prisión; de la misma forma en el caso del delito de falsedad en documento oficial conlleva una pena mayor de seis meses, en consecuencia, se desprende de lo antes señalado que el presente procedimiento se sigue por delitos graves y no por faltas, por tanto, dándose cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2, numeral 2, del Tratado de Extradición entre la República de Venezuela y el Reino de España.   

 

7) En atención al Principio de especialidad del delito se tiene que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA está siendo requerido por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, para ser enjuiciado por la presunta comisión de Delito contra la Salud Pública (sustancia que cause grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad), así como también, por el delito de Falsedad en Documento Oficial.

 

8) En relación con el Principio de no entrega del nacional, se constata de autos que el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, es de nacionalidad colombiana por nacimiento, por lo tanto, no existe impedimento alguno para que sea concedida su extradición por parte de la República Bolivariana de Venezuela al Reino de España.

En síntesis, en el presente caso se cumplen a cabalidad con los principios generales que rigen en materia de extradición, por cuanto como ya fue expuesto el Reino de España tiene jurisdicción para el juzgamiento de los delitos y la detención fue realizada por las autoridades de la República de Bolivariana de Venezuela, los delitos por los cuales es requerido se encuentran tipificados en las legislaciones de ambos Estados, la extradición fue solicitada por la comisión de delitos con penas de privación de libertad en ambos países, que en su límite máximo superan los seis meses de prisión, respecto a que la persona requerida no podrá ser juzgado por un delito distinto al que dio origen a la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, en este caso el delito “contra la salud pública” así como falsedad en documento oficial, ya referidos con anterioridad, los delitos que motivaron la solicitud no son políticos ni conexo con ello, no ha operado la prescripción de la pena respeto a uno de los delitos perseguidos, la pena aplicada por ambas legislaciones (venezolana y española), no es mayor de treinta años, ni se aplica la pena de muerte ni la pena perpetua y el ciudadano solicitado por el país requirente, es de nacionalidad colombiana.

 En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Casación Penal DECLARA que a la presente fecha no se ha recibido la solicitud formal de extradición ni la documentación judicial necesaria por parte de la República Federativa de Brasil, en atención al procedimiento de extradición pasiva iniciado con ocasión a la  Notificación Roja Internacional signada con el alfanumérico A-7769/8-2017, número de expediente 2017/197475 de fecha 22 de agosto de 2017, emanada por la OCN-INTERPOL BRASILIA, en la cual el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, aparece requerido según resolución judicial equivalente N° 0014.000063-3/2013-I de fecha 19 de agosto del 2013, expedida por la 14° Vara Federal de Rio Grande do Norte país República Federal de Brasil, por los delitos de ASOCIACIÓN CRIMINOSA, TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en el artículo 288 del Código Penal Brasileño; artículos 33,35,36 y 40 de la Ley 11.343/06; artículo 1° de la Ley 9.613/98, ambas de la legislación de dicha República; PROCEDENTE la extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad colombiana, natural de Cartagena de Indias, identificado con la cédula de ciudadanía CC-93359819, cédula de identidad
venezolana para extranjeros E-82261499,
solicitada por el Reino de España, por los delitos  “contra la salud pública (sustancia que cause grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad), previsto y sancionado en los artículos 368, 369.1 numero 2, 369.1 número 6 y 370 número 3, respectivamente, del Código Penal Español; así como también, por el delito de falsedad en documento oficial, previsto y sancionado en los artículos 390.1 y 392 del Código eiusdem”. Así se decide.

No obstante la anterior declaratoria, esta Sala, a los fines de garantizar plenamente los derechos que le asisten al ciudadano requerido establece que no podrá ser juzgado por hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a la referida solicitud, que no se le podrá imponer la pena de muerte, así como ningún tipo de pena infamante o cruel que atente contra su dignidad como ser humano, que se computará como parte de la pena que le sea impuesta el tiempo que ha permanecido detenido en la República Bolivariana de Venezuela, con ocasión al  proceso de extradición y que podrá ejercer libremente los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico del país requirente, para impugnar la decisión dictada en su contra, se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que le fue impuesta hasta tanto se haga efectiva su entrega al Reino de España. Así se decide

Igualmente se ORDENA notificar de esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se expedirá copia certificada de la misma y se remitirá al ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

 

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: No se ha recibido la solicitud formal de extradición ni la documentación judicial necesaria por parte de la República Federativa de Brasil, en atención al procedimiento iniciado con ocasión a la  Notificación Roja Internacional signada con el alfanumérico A-7769/8-2017, número de expediente 2017/197475 de fecha 22 de agosto de 2017, emanada por la OCN-INTERPOL BRASILIA, en la cual el ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, aparece requerido según resolución judicial equivalente N° 0014.000063-3/2013-I de fecha 19 de agosto del 2013, expedida por la 14° Vara Federal de Rio Grande do Norte país República Federal de Brasil, por los delitos de ASOCIACIÓN CRIMINOSA, TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en el artículo 288 del Código Penal Brasileño; artículos 33,35,36 y 40 de la Ley 11.343/06; artículo 1° de la Ley 9.613/98, ambas de la legislación de dicha República;

SEGUNDO: PROCEDENTE la extradición pasiva del ciudadano OSCAR EDUARDO SALAZAR MOLINA, de nacionalidad colombiana, natural de Cartagena de Indias, identificado con la cédula de ciudadanía CC-93359819, cédula de identidad venezolana para extranjeros E-82261499, solicitada por el Reino de España, por los delitos  “contra la salud pública (sustancia que cause grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad), previsto y sancionado en los artículos 368, 369.1 numero 2, 369.1 número 6 y 370 número 3, respectivamente, del Código Penal Español; así como también, por el delito de falsedad en documento oficial, previsto y sancionado en los artículos 390.1 y 392 del Código eiusdem”.

 TERCERO: A los fines de garantizar plenamente los derechos que le asisten al ciudadano requerido establece que no podrá ser juzgado por hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a la referida solicitud, que no se le podrá imponer la pena de muerte, así como ningún tipo de pena infamante o cruel que atente contra su dignidad como ser humano, que se computará como parte de la pena que le sea impuesta el tiempo que ha permanecido detenido en la República Bolivariana de Venezuela, con ocasión al  proceso de extradición y que podrá ejercer libremente los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico del país requirente, para impugnar la decisión dictada en su contra, se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que le fue impuesta hasta tanto se haga efectiva su entrega al Reino de España.

Notifíquese de esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se ORDENA expedir copia certificada de la misma y remitirla al ciudadano Ministro para el Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, con el fin que notifique al Gobierno del Reino de España, y le informe que a partir de su notificación se considera que el ciudadano requerido está a disposición de dicho Estado. 

 Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

  Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los  diecinueve  (   19   ) días del mes de  julio  de dos mil veintiuno 2021. Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada,

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

El Magistrado,

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

La Magistrada ponente,

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

La Secretaria,

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

 

 

El Magistrado, Doctor Maikel José Moreno Pérez, no firmó por motivo justificado.

YBKD/

Exp. Nº 2020-020