MAGISTRADO PONENTE DOCTOR ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Vistos.
El 21 de marzo de 1997, se inició el presente juicio
con el auto de proceder dictado por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial del
Estado Zulia, en el que se deja constancia de que recibieron dos llamadas
telefónicas: la primera, para informar que en el sector Los Tres Locos, vía a
la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo, al lado de la granja “La Mancha
Verde” se encontraba el cadáver de una persona, totalmente calcinado, adentro
de un vehículo; y la segunda, de parte del ciudadano ÁNGEL CASTRO, para
informar que en el Hato Los Cañadones se encontraban los cuerpos sin vida de un
hombre y una mujer y que presentaban
heridas causadas por arma de fuego.
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal de
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, constituido con Asociados, a
cargo de los jueces abogados SALVADOR CUBILLÁN, FERNANDO LEÓN (Ponente) y
ÁLVARO FINOL (Asociado), el 18 de junio de 1999 absolvió a los imputados
ciudadanos JOSÉ GREGORIO AMAYA GIL, venezolano, casado, funcionario de la
Policía del Estado Zulia y portador de la cédula de identidad V- 7.977.087;
JOSÉ RAFAEL RIVERA OCANDO, venezolano, funcionario de la Policía del Estado
Zulia y portador de la cédula de
identidad V- 5.796.862; NÉSTOR RAMÓN CONTRERAS ATENCIO, venezolano, funcionario
de la Policía del Estado Zulia y portador de la cédula de identidad V-
9.735.237; y PEDRO JESÚS GUILLÉN BENÍTEZ, venezolano, funcionario de la Policía
del Estado Zulia y portador de la cédula de identidad V- 7.814.220, de los
cargos formulados por la Fiscal Cuarta del Ministerio Público de la misma
Circunscripción Judicial, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO
CALIFICADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD y USO INDEBIDO DE ARMA DE
REGLAMENTO, previstos respectivamente en los artículos 408 (ordinal 1°), 175 y
182 del Código Penal.
Contra ese fallo interpuso recurso de apelación la
Fiscal Cuarta del Ministerio Público, abogada HAYDEÉ PAZ GONZÁLEZ.
La Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Zulia, a cargo de los jueces abogados REMSY
SCHMILINSKY OCHOA (Presidente), MARÍA ASPRINO DE SOTO e IRASEMA VÍLCHEZ DE Q.
(Ponente), el 25 de julio del año 2000, declaró CON LUGAR el recurso de
apelación interpuesto e hizo los siguientes pronunciamientos: 1) Condenó a los
imputados ciudadanos JOSÉ GREGORIO AMAYA GIL, JOSÉ RAFAEL RIVERA OCANDO, NÉSTOR
RAMÓN CONTRERAS ATENCIO y PEDRO JESÚS GUILLÉN BENÍTEZ, plenamente
identificados, a cumplir la pena de ONCE AÑOS y OCHO MESES DE PRESIDIO, más las
accesorias de ley por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO en grado
de COMPLICIDAD CORRESPECTIVA previsto en el ordinal 1° del artículo 408 del
Código Penal, en relación con el artículo 426 del mismo Código; y 2) SOBRESEYÓ
la causa en lo que respecta al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE REGLAMENTO,
previsto en el artículo 282 del Código Penal.
El
abogado HERNÁN HERNÁNDEZ, Defensor de los imputados ciudadanos JOSÉ RAFAEL
RIVERA OCANDO, NÉSTOR RAMÓN CONTRERAS ATENCIO y PEDRO JESÚS GUILLÉN BENÍTEZ, y
el abogado WILLIAM BARRETO MACHADO, Defensor del imputado ciudadano JOSÉ
GREGORIO AMAYA GIL, interpusieron el recurso de casación.
La
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia emplazó a la
Fiscal Cuarta del Ministerio Público de ese Circuito Judicial Penal, según lo
establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, para que
contestara el recurso de casación interpuesto por los Defensores. Lo hizo y
solicitó a la Sala de Casación Penal que declarara inadmisibles ambos recursos
de casación, ya que (en su criterio) los recurrentes no cumplen con los
requisitos exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal para interponer el
recurso de casación.
El 27 de diciembre del año 2000 se constituyó la Sala de Casación Penal y el 16 de abril de 2001 se designó ponente al Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Cumplidos
los trámites procedimentales la Sala pasa a dictar sentencia en los siguientes
términos:
RECURSO DE
CASACIÓN INTERPUESTO
POR EL ABOGADO
HERNÁN HERNÁNDEZ
Sobre
la base de lo dispuesto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal,
el recurrente indicó que en el fallo impugnó los jueces “no aplicaron las
reglas de la valoración de las pruebas correctamente” porque aplicaron el sistema de la libre
convicción de una causa del régimen transitorio; y que por ello la motivación era contradictoria y
manifiestamente ilógica.
La
Sala advierte:
El
artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el recurso de
casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones o juez presidente que
dictó la sentencia (tribunales con jurado), en un plazo de quince días después
de notificada y a través de un escrito fundado en el que se indicarán los
preceptos legales que se consideren violados por inobservancia o errónea
aplicación (en forma concisa y clara). Así el recurrente deberá indicar de qué
modo impugna la decisión y expresar el motivo que hace procedente el recurso de
casación y, si son varios los motivos, la fundamentación la hará por
separado. (Subrayado de la Sala).
No
cumple el recurrente con esos requisitos, pues en su escrito alega
conjuntamente dos vicios: 1) que la motivación del fallo es contradictoria y 2)
que la parte motiva de la sentencia es manifiestamente ilógica. Y tampoco
explica sus alegatos con claridad y concisión. En consecuencia se debe declarar
DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación y según el
artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
RECURSO DE
CASACIÓN INTERPUESTO
POR EL ABOGADO WILLIAM
BARRETO MACHADO
El recurrente planteó dos denuncias con base en
lo dispuesto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal.
En la primera alegó que la recurrida es
manifiestamente ilógica e indicó la infracción de los ordinales 3° y 4° del
artículo 365 “eiusdem” porque no estableció los hechos ni los fundamentos sobre
Derecho que le sirvieron de base para determinar la existencia material de los
delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y USO INDEBIDO
DE ARMA DE REGLAMENTO.
En la segunda, expresó: “La sentencia que
recurro incurrió en falta de contradicción en la sentencia (...) ya que existe
una absoluta ausencia de evidencia para comprobar los hechos de (SIC) alegados
por la recurrida...”.
La Sala advierte:
El
artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el recurso de
casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones o juez presidente que
dictó la sentencia (tribunales con jurado), en un plazo de quince días después
de notificada y a través de un escrito fundado en el que se indicarán los
preceptos legales que se consideren violados por inobservancia o errónea
aplicación (en forma concisa y clara). Así se deberá indicar de qué modo se
impugna la decisión y expresar el motivo que hace procedente el recurso de
casación y, si son varios los motivos, la fundamentación se debe hacer por
separado.
En
la primera denuncia, no es congruente el motivo en el que se fundamente el alegato (manifiesta “ilogicidad”) con el fundamento del mismo (falta de motivación de fallo). En efecto, el impugnante indica
en su escrito “... la infracción denunciada encaja en los motivos de falta
de ilogicidad en la motivación de la sentencia” y al exponer sus argumentos
señala que la recurrida no establece los hechos relativos a la culpabilidad de
su defendido.
El
recurrente, en la segunda denuncia, no es claro ni conciso al plantear su
alegato. No explica a la Sala en qué consiste el vicio atribuido a la sentencia.
En atención a lo expuesto y según lo
establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, se desestima
por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por el Defensor del imputado ciudadano JOSÉ GREGORIO AMAYA
GIL, pues no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 455 “eiusdem”.
Así se decide.
El
Tribunal Supremo de Justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha revisado el fallo
impugnado para constatar si se vulneraron los derechos de los imputados o si
hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio en provecho de los
acusados y en aras de la justicia: ha encontrado ese fallo ajustado a Derecho y
así lo hace constar.
DECISIÓN
En
virtud de los razonamientos antes expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia en
Sala de Casación Penal, administrando Justicia, en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, declara DESESTIMADOS POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADOS los
recursos de casación interpuestos por los Defensores de los imputados
ciudadanos JOSÉ RAFAEL RIVERA OCANDO, NÉSTOR RAMÓN CONTRERAS ATENCIO, PEDRO
JESÚS GUILLÉN BENÍTEZ y JOSÉ GREGORIO AMAYA GIL, en contra de la sentencia
dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del Estado Zulia, el 25 de julio del año 2000.
Publíquese,
regístrese y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón
de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en
Caracas, a los DIECINUEVE días del
mes de JUNIO de dos mil uno. Años 191° de la Independencia y 142º de la
Federación.
El Presidente De La
Sala,
RAFAEL PÉREZ
PERDOMO
El
Vicepresidente,
ALEJANDRO ANGULO
FONTIVEROS
Ponente
La Magistrada,
BLANCA
ROSA MÁRMOL DE LEÓN
La Secretaria,
LINDA
MONROY DE DÍAZ
Exp. No: RC01-212