Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 28 de noviembre de 2016, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal dio entrada al expediente remitido por el Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, signado con el alfanumérico 33C/19.092-16 (de la nomenclatura de dicho juzgado), contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano JOHN JANER CASTAÑO ARIAS, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.916.020, iniciado en virtud de las órdenes de captura libradas por autoridades judiciales de la República de Colombia, concretamente, del: “(…) Tribunal Superior de Guadalajara Buga-Valle de Cauca, mediante proceso 201000545 por el delito de secuestro agravado”, y la del: “Tribunal Superior N° 1 de Guadalajara Buga – Valle de Cauca, en oficio 92 del 03-01-2012, comunica sentencia con N° de proceso 421 por los delitos de hurto calificado, secuestro extorsivo”.

El 30 de noviembre de 2016, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de haberse recibido el expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El 10 de febrero de 2017, esta Sala de Casación Penal dictó decisión N° 1, mediante la cual acordó:

“(…) NOTIFICAR a la República de Colombia, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de noventa (90) días, que tiene, a partir del día siguiente a la fecha en que se efectúe su notificación, para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano Jhon (sic) Janer Castaño Arias, conforme con lo establecido en el Convenio por cambio de notas para la interpretación del artículo 9° del Acuerdo sobre Extradición firmado entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, con expresa constancia que, en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano, según lo dispuesto en el artículo 9° del Acuerdo sobre Extradición y en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal (…)” [Resaltado y mayúscula de la decisión].

El 24 de abril de 2017, mediante oficio N° 4516, del 21 de abril de 2017, la Directora General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, consignó la Nota Verbal N° 17-0201, del 17 de abril de 2017, presentada por la Embajada de la República de Colombia, acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, contentiva de la solicitud formal de extradición del ciudadano John Janer Castaño Arias, para el cumplimiento de pena y remitió la documentación judicial necesaria debidamente autenticada que soporta la referida solicitud de extradición.

El 6 de junio de 2017, se celebró la correspondiente audiencia oral, de conformidad con lo previsto en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, con la asistencia del Fiscal Quinto del Ministerio Público ante las Salas Plena, de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien expuso sus alegatos y consignó escrito, del Defensor Público Segundo ante las Salas Plena y de Casación Penal de este Alto Tribunal, en representación del ciudadano Jhon Janer Castaño Arias, quien también expuso sus alegatos consignando escrito y del solicitado en extradición, quien hizo uso del derecho de palabra. Se dejó constancia que a dicho acto no asistió ningún representante de la Embajada de la República de Colombia.

Concluida la audiencia, esta Sala de Casación Penal se acogió al lapso establecido en el aludido artículo 390 del código adjetivo penal, conforme al cual “(…) Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días (…)”.

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, se pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

De las actuaciones que cursan en el presente expediente consta que el 12 de octubre de 2016, la ciudadana Jeyde Huerta (datos de identidad reservados de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales) denunció ante la División contra los Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la presunta comisión de uno de los delitos contra la propiedad cometido en su perjuicio, en virtud de lo cual la Fiscal Cuadragésimo Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó el inició de la investigación correspondiente.

Consta asimismo, que en la práctica de las diligencias de investigación ordenadas, funcionarios adscritos a la mencionada división aprehendieron a un ciudadano por su presunta vinculación con los hechos denunciados, quien para ese momento se identificó con la cédula de identidad venezolana N° 15.502.542, expedida a nombre del ciudadano Pablo Jesús Moreno Vivas, determinándose en el curso de las investigaciones que la verdadera identidad del ciudadano detenido era John Janer Castaño Arias, de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de ciudadanía N° 16.916.020, contra quien de acuerdo con los registros existían órdenes de captura dictadas por autoridades judiciales de la República de Colombia, por la comisión de los delitos de secuestro agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.

De igual modo, se evidencia que mediante oficio N° 9586, el Jefe de la División Contra los Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas remitió al Fiscal de Guardia en la Sala de Flagrancias del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, copia del memorándum enviado el 9 de noviembre de 2016, por la NCB Bogotá a la NCB Caracas, el cual es del tenor siguiente:

“(…) En el marco de nuestra mutua cooperación y en atención a su solicitud, informamos a esa OCN que consultadas las bases de datos a las cuales tiene acceso esta Oficina INTERPOL Colombia, con la información suministrada del ciudadano CASTAÑO ARIAS Jhon (sic) Janer con cédula de ciudadanía N° 16916020, a la fecha le figura (sic) las siguientes ordenes (sic) de captura por parte de las autoridades judiciales de Colombia, información suministrada sin comprobación dactiloscópica puede tratarse de un homónimo:

Ø    orden de captura vigente por el Tribunal Superior de Guadalajara Buga – Valle de Cauca, mediante proceso 201000545 por el delito de secuestro agravado.

Ø    orden de captura vigente por el Tribunal Superior N° 1 de Guadalajara Buga – Valle de Cauca, en oficio 92 del 03-01-2012, comunica sentencia con N° de proceso 421 por los delitos de hurto calificado, secuestro extorsivo (…)”.

En razón de ello, la abogada Laura Lara, en su carácter de Fiscal Auxiliar adscrita a la Sala de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentó al ciudadano John Janer Castaño Arias ante el Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el cual ordenó la celebración de la audiencia oral en la que el representante del Ministerio Público respecto a los hechos objeto de la denuncia formulada por la ciudadana Jeyde Huerta imputó al prenombrado ciudadano la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento de cosas provenientes de delito, usurpación de identidad y uso de documento falso, previstos y sancionados en los artículos 470 del Código Penal, 43 y 41 de la Ley Orgánica de Identificación, respectivamente; y, en cuanto a las órdenes de captura libradas por las autoridades judiciales de la República de Colombia solicitó el trámite del procedimiento de extradición pasiva, conforme con lo establecido en el artículo 386 del Código Orgánico Procesal Penal.

También en los autos quedó acreditado que el referido Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, finalizada la audiencia oral en cuestión, ordenó la aplicación del procedimiento ordinario conforme con lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, respecto de la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento de cosas provenientes de delito, usurpación de identidad y uso de documento falso, previstos y sancionados en los artículos 470 del Código Penal, 43 y 41 de la Ley Orgánica de Identificación, respectivamente; asimismo, ordenó la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal, para la procedencia de la extradición pasiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 386 y 387 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Penal, se practicaron y recibieron las actuaciones siguientes:

El 30 de noviembre de 2016, se libraron los oficios números: a) 1418, a la ciudadana Fiscal General de la República, informándole sobre el proceso de extradición pasiva del ciudadano John Janer Castaño Arias, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal y, de así estimarlo pertinente, emitiese opinión al respecto; b) 1419, al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitándole información sobre el prontuario que registra el mencionado ciudadano, número de pasaporte, país de origen, tipo de visa y los movimientos migratorios; c) 1420, a la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, solicitándole información respecto de si contra el referido ciudadano cursaba investigación fiscal; y, d) 1421 al ciudadano Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, requiriéndole la remisión a esta Sala de Casación Penal de los posibles registros policiales que pudiera presentar el aludido ciudadano.

El 9 de enero de 2017, se recibió el oficio N° 73710, del 26 de diciembre de 2016, mediante el cual la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público dio respuesta a la información solicitada por esta Sala de Casación Penal, en los términos siguientes:

“(…) Me dirijo a usted, en la oportunidad de hacer referencia a su comunicación signada con el N° 1420, de fecha 30 de noviembre de 2016, a través de la cual requiere verificar si en contra del ciudadano Jhon (sic) Janer Castaño Arias (…) cursa alguna causa penal en su contra en nuestro país (…).

En tal sentido, le informo que  según información aportada por la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, no se encontró en el Sistema de Seguimiento de Casos en las distintas Dependencias del Ministerio Público ningún registro de investigación penal seguido en contra del referido ciudadano (…)”.

El 10 de enero de 2017, se recibió el oficio N° 264-16, del 12 de diciembre de 2016, emanado de la División del Registro Nacional de Extranjeros del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual respecto a la información solicitada por esta Sala de Casación Penal notificó “(…) que en nuestros archivos manuales y digitales NO EXISTE REGISTRO, que coincidan con los datos suministrados (…)”.

El 10 de febrero de 2017, esta Sala de Casación Penal mediante sentencia N° 1, acordó notificar al Gobierno de la República de Colombia, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de noventa (90) días continuos que tenía luego de su notificación para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva del ciudadano John Janer Castaño Arias.

En dicha oportunidad, también se libró oficio N° 56, dirigido al Director General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual se remitió copia certificada de la sentencia referida.

El 10 de febrero de 2017, mediante oficio N° 7983, del 13 de diciembre de 2016, el Director de Migración y Zonas Fronterizas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que el ciudadano John Janer Castaño Arias no aparecía registrado en el sistema de dicha institución.

El 9 de marzo de 2017, el ciudadano abogado Joan Carlos Risso García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 122.297, consignó (mediante diligencia) acta suscrita por el ciudadano John Janer Castaño Arias, en la cual lo designó como su defensor de confianza, dicha acta fue refrendada por un funcionario adscrito a la División contra los delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El 21 de marzo de 2017, mediante oficio N° 9700-17-0194-1414, del 23 de febrero de 2017, la Jefa de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informó lo siguiente:

“(...) JHON (sic) JANER CASTAÑO ARIAS, cédula colombiana N° 16.916.020. Al ser verificado por nombre y apellido registra un ciudadano con los mismos datos con correlativo (sic) I-98836898 (control interno del CICPC) el cual presenta el siguiente registro policial:

ESTATUS

FECHA DE DETENCIÓN

DESPACHO / ORGANISMO

TIPO DE DELITO

EXPEDIENTE N°

DETENIDO

09/11/2016

DIVISIÓN CONTRA DELITOS INFORMÁTICOS

APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO

K-16-0238-01417

(…)”.

El 20 de abril de 2017, mediante oficio N° 4369, del 18 de abril de 2017, la Directora General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, informó que el 15 de febrero de 2017, la Embajada de la República de Colombia acreditada ante el Gobierno Nacional, quedó notificada de la sentencia dictada por esta Sala, en la cual fijó el lapso de noventa días continuos para que el referido Estado consignara la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria.

El 24 de abril de 2017, mediante oficio N° 4516, del 21 de abril de 2017, la Directora General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, consignó la Nota Verbal N° 17-0201, del 17 de abril de 2017, presentada por la Embajada de la República de Colombia, acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, contentiva de la solicitud formal de extradición del ciudadano John Janer Castaño Arias, para el cumplimiento de pena y remitió la documentación judicial necesaria debidamente autenticada que soporta la referida solicitud de extradición.

Dentro de la referida documentación judicial se tienen las siguientes:

1.- Sentencia del 11 de febrero de 2011, dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de la República de Colombia, en la que se dejaron establecidos los hechos siguientes:

“(…) las pruebas presentadas en juicio llevan a esta juzgadora al convencimiento más allá de toda duda razonable de que en el presente asunto nos encontramos frente a la conducta punible de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO en concurso sucesivo homogéneo y heterogéneo con los punibles de tráfico, fabricación y porte de arma de defensa personal y hurto calificado agravado, por el cual se anunció sentido de fallo condenatorio (…).

De las pruebas que se arrimaron al juicio oral, se ha determinado que en la finca Tres Potrillos ubicada en el corregimiento de Rozo, autoridades policivas luego de tener información de fuente humada (sic) sobre la probable permanencia allí de unas personas privadas de libertad, se dispusieron a realizar actividades de verificación y constatación de la existencia del inmueble, siendo así como el Teniente Darlin Andrés Moreno en compañía del guala MANUEL LOBOA CARABALI al constatar que el inmueble existía dan aviso a su Superior Coronel, proceden a tocar la puerta del inmueble, sale un señor al parecer era el mayordomo, mientras dialogaban con éste explicándole que el motivo de su visita era realizar labores de verificación, se percatan de la autoridad, emprenden veloz carrera, notando que uno sale a correr hacia los lados el (sic) cancha de fútbol y otro por un pasillo, inmediatamente optan por ingresar ante la intempestiva situación presentada por los dos sujetos (…) siendo motivo de estipulación por las partes lo consignado en el reporte de inicio y el contenido del acta de registro que operó el día 24 de enero de 2007.

Ahora bien, habiendo las autoridades policivas ingresado al inmueble, y en desarrollo de funciones propias del acontecer, por motivos de seguridad se dispuso asegurar el inmueble y en desarrollo de esos actos urgentes y preventivos que obligan a la policía nacional a actuar, una vez se da alcance a un hombre que huye por el corredor del inmueble y quien fue inmovilizado por el agente LOZANO, ingresan a una habitación que hay después de la cocina a mano izquierda Valencia, Loboa y Millán Belalcazar y allí encuentran cinco personas, unas de pie otras acostadas, estaban la víctima MAURICIO ARBOLEDA, los vinculados FRANKLIN, JHON (sic) JANER CASTAÑO, EDER MONTEGRANARIO Y UNA MENOR DE EDAD (…) a todos se les sacó de allí diciéndoles MAURICIO ARBELEDA que estaba secuestrado.

En otra habitación habían cuatro personas que al notar la presencia de la policía dicen estar secuestradas, no se baja la guardia y se les saca de la habitación.

Que el agente LUIS FERNANDO GRAJALES abordó el segundo piso y encontró dos personas en una habitación quienes estaban en posición de salida, se identifican como JHON JAIRO KLINGER Y ARIKA JULIETH siendo retenidas al notificársele por parte de sus compañeros que habían cinco secuestrados y ya estaban a salvo estas personas (…).

La policía guala narra cómo las cinco víctimas los abrazaban y agradecían su presencia allí que condujo a la liberación, y fue ese 24 de enero de 2007 donde las cinco víctimas señalaron a la policía que los 8 capturados eran las personas que los tenían privados de su derecho de locomoción (…).

La claridad meridiana con que los ofendidos declararon, no dejan duda de que a James Martínez, Robert Hurtado Castillo, Mauricio Alexander Arboleda Vélez, Jorge Enrique Caicedo Orozco y Jhon (sic) Jairo García Riascos se las constriñó para que entregaran dinero, a cambio de no (sic) sufrieran daños en su integridad personal (…)”.

Como consecuencia de dichos hechos, quedó demostrada la responsabilidad penal del ciudadano John Janer Castaño Arias, razón por la cual el referido Tribunal resolvió:

“(…) PRIMERO: CONDENAR a cada uno de los acusados JHON (sic) JAIRO KLINGER BOLAÑOS, ERIKA JULIETH VALENCIA GONZÁLEZ, EDER MONTEGRANARIO MARTÍNEZ y JHON (sic) JANER CASTAÑO ARIAS a la pena principal de prisión de QUINIENTOS VEINTIDOS (522) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE SEIS MIL SETENCIENTOS (6700) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL AÑO 2007 que pagará cada uno a favor del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA como coautores responsables de los delitos de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO con cuatro secuestros más Y HETEROGÉNEO DE TRÁFICO, FABRICACIÓN Y PORTE DE ARMAS DE DEFENSA PERSONAL Y HURTO CALIFICADO (…).

Como pena accesoria se les impondrán la de INHABILITACIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS y la PROHIBICIÓN DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS POR UN TIEMPO DE QUINCE AÑOS (…)

SEGUNDO: Se condena a JHON JAIRO KLINGER BOLAÑOZ, ERIKA JULIETH VALENCIA GONZÁLEZ, EDER MENTEGRANARIO MARTÍNEZ y JHON (sic) JANER CASTAÑO ARIAS (…)

NOVENO: Líbrense órdenes de capturas en contra de los condenados ausente (…)” [Mayúsculas de la sentencia].

2.- Sentencia del 27 de abril de 2011, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, con motivo de la apelación interpuesta por los defensores, entre otros, del ciudadano John Janer Castaño Arias, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento, del 11 de febrero de 2011, en la que se resolvió lo siguiente:

“(…) PRIMERO: Declara la extinción de la acción penal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, a favor de los señores Erika Julieth Valencia Gonzélez, Jhon Jiro Klinger Bolaños, Eder Montegranario Martínez y Jhon (sic) Janer Castaño Arias, de acuerdo a las razones expuestas.

SEGUNDO: Modifica el numeral primero de la parte resolutoria de la sentencia adiada el 11 de febrero de 2011, en el sentido de condenar a los señores Erika Julieth Valnecia González, Jhon (sic) Jairo Klinger Bolaños, Eder Montegranario Martínez y Jhon Janer Castaño Arias, cada uno, a la pena de quinientos dieciséis meses (516) meses (sic) de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el 2007, como coautores del delito (sic) de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con hurto calificado, de acuerdo a las consideraciones expuestas en esta sentencia (…)

CUARTO: Insistir en la captura de los señores Jhon (sic) Janer Castaño Arias y Eder Montegranario Martínez, para dar cumplimiento a la sentencia (…)”.

3.- Auto dictado el 23 de mayo de 2011, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, mediante el cual expidió orden de captura en contra del ciudadano John Janer Castaño Arias, en los términos siguientes:

“(…) SIRVASE CAPTURAR [A] JOHN JANER CASTAÑO ARIAS (…) MEDIANTE FALLO APROBADO Y DISCUTIDO SEGÚN ACTA N° 105 DEL 27 DE ABRIL DE 2011. RESUELVE (…) INSISTIR EN LA CAPTURA DE LOS SEÑORES JHON (sic) JANER CASTAÑO ARIAS (…) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA (…)”.

4.- Auto del 4 de agosto de 2011, dictado por la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, mediante el cual dejó constancia de que el “(…) 6 de julio de 2011 a las 5:00 p.m. venció el término común de 30 días para que las defensa presentara la demanda del Recurso Extraordinario de Casación, sin que la hubiere presentado. Por medio de auto de fecha 13 de julio de 2011 fue declarado desierto el Recurso Extraordinario de Casación sin que la defensa hubiere presentado recurso (…)”.

5.- Copias certificadas del “Código Penal Legis Editores Décimo Séptima Edición del año 2016”, que contienen las disposiciones legales aplicadas en la controversia, referidas a los delitos por los cuales se solicita la extradición del ciudadano John Janer Castaño Arias y a la prescripción de la pena.

6.- Comunicación del 3 de abril de 2017, suscrita por el Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia de la República de Colombia dirigida a la Directora de Asuntos Jurídicos Internaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho Estado, mediante la cual informa sobre el trámite de la extradición activa del ciudadano John Janer Castaño Arias, en los términos siguientes:

“(…) De manera atenta me permito informar que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en esta ciudad, mediante oficio DEAJRHO17-1445 del 27 de marzo de 2017, allega el oficio 052 del 14 de marzo del presente año a través del cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga, Valle, requiere se gestione ante la República Bolivariana de Venezuela, la solicitud formal de extradición del ciudadano John Janer Castaño Arias.

En el oficio remisorio de la solicitud, la autoridad judicial informa que en contra del ciudadano Castaño Arias, quien se encuentra detenido en ese país, recae orden de captura vigente al ser hallado responsable de los delitos de secuestro agravado en concurso homogéneo y hurto calificado, imponiéndosele la pena de quinientos dieciséis (516) meses de prisión, de conformidad con el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) (…)”.

            7.- Informe de consulta expedido por la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia, mediante el cual hace constar la identificación plena del ciudadano John Janer Castaño Arias, de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de ciudadanía N° 16.916.020.

            El 16 de mayo de 2017, se recibió oficio FTSJ-5-2017-0132, suscrito por el Fiscal Quinto del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante el cual remitió oficio emanado de la Fiscal Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual informó:

“(…) en la causa MP-590141-2016, seguida en contra del ciudadano JHON (sic) JANER CASTAÑO ARIAS, documento de identidad N° CC-16916020, por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento de cosas provenientes del (sic) delito, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal venezolano; uso de documento de identidad falso y usurpación de identidad o nacionalidad, tipificados y penados en los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica de Identificación, se procedió a decretar el ARCHIVO FISCAL de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción (…)”.

            El 30 de mayo de 2017, el Defensor Público Segundo ante las Salas Plena y de Casación Penal de este Alto Tribunal, consignó (mediante oficio) acta suscrita por el ciudadano John Janer Castaño Arias, en la cual solicitó la designación de un defensor público por carecer de recursos económicos.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 6 del Código Penal y 382, 386 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, decidir sobre la solicitud formal de extradición del ciudadano John Janer Castaño Arias, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.916.020, presentada por la Embajada de la República de Colombia acreditada en la República Bolivariana de Venezuela mediante Nota Verbal N° 17-0201, del 17 de abril de 2017.

En tal sentido, cabe señalar que en materia de extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y acepta la extradición como una obligación moral conforme al Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en la apreciación para concederla o negarla, tomando en cuenta si en el caso concreto se contrarían los principios de nuestra legislación nacional o no estuviese conforme con la razón y la justicia.

Al respecto, los artículos 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 6 del Código Penal, 382 y 386 al 390 del Código Orgánico Procesal Penal, recogen los principios básicos que en materia de extradición establece el derecho positivo venezolano.

Así, el artículo 6 del Código Penal en relación a la procedencia de la extradición de un extranjero, establece lo siguiente:

“(…) La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.

La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de éstos, por las leyes venezolanas.

No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua.

En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia (…)”.

Por su parte, el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

“(…) La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título (…)”.

Ello así, esta Sala de Casación Penal conforme con lo dispuesto en la legislación que rige la materia, observa que entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición; sin embargo, las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, suscribieron el Acuerdo sobre Extradición firmado en Caracas el 18 de julio de 1911, aprobado por el Poder Legislativo Nacional el 18 de junio de 1912 y ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de diciembre de 1914, el cual sobre la materia en particular, dispone lo siguiente:

“(…) Artículo 1°. Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

Artículo 2°. La extradición se concederá por los siguientes crímenes y delitos: (…)

9. Robo, hurto de dinero o bienes muebles (…).

24. Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio, cometidos por particulares (…).

Artículo 4°. No se acordará la extradición de ningún prófugo criminal si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él y ninguna persona entregada por cualquiera de los Estados contratantes al otro, será juzgada ni castigada por ningún crimen o delito político, ni por ningún acto conexo con él, cometido antes de su extradición.

Tampoco se acordará la extradición si la persona contra quien obra la demanda, prueba que ésta se ha hecho con el propósito de juzgarle o castigarle por un delito político o hecho conexo con él.

No se considerará delito político ni hecho conexo con semejante, el delito atentado en cualquier forma y medio contra la vida de la persona de un Jefe de Estado.

Si surgiere alguna cuestión sobre si un caso está comprendido en lo previsto en este artículo, será definitiva la decisión de las autoridades del Estado al cual se haga la demanda o que haya concedido la extradición.

Artículo 5°. Tampoco se acordará la extradición en los casos siguientes:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se impute a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de una amnistía o de un indulto (…).

Artículo 6°. La solicitud de extradición deberá hacerse precisamente por la vía diplomática (…).

Artículo 7°. Cuando la persona reclamada se hallare procesada o condenada por el Estado requerido, la entrega, cuando a esto procediere, no se efectuará, sino cuando el reclamado sea absuelto o indultado o haya cumplido la condena o cuando de algún modo queda terminado el juicio.

Artículo 8°. La solicitud de extradición deberá estar acompañada de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que la motivaren y de la fecha de su perpetración, así como de las declaraciones y otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado auto, caso de que el fugitivo sólo estuviese procesado.

Estos documentos se presentarán originales o en copia debidamente autenticada y a ellos se agregará una copia del texto de la Ley aplicable al caso, y, en cuanto sea posible, las señas de la persona reclamada.

La extradición de los prófugos en virtud de las estipulaciones del presente Tratado se verificará de conformidad con las leyes de extradición del estado al cual se haga la demanda.

En ningún caso tendrá efecto la extradición si el hecho similar no es punible por la ley de la nación requerida (…).

Artículo 10. No se ejecutará la pena de muerte a un reo sino cuando está ésta permitida en el país que lo entrega

Artículo 11. El extradido no podrá ser enjuiciado ni castigado en el Estado que lo reclama, sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición (…)”.

Ahora bien, tal como precedentemente se señaló, en el presente caso, fue presentada solicitud formal de extradición del ciudadano John Janer Castaño Arias, de nacionalidad colombiana, de acuerdo con la petición formulada mediante Nota Verbal N° 17-0201, del 17 de abril de 2017, por la Embajada de la República de Colombia acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, para la ejecución de la sentencia dictada el 27 de abril de 2011, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, de la República de Colombia, mediante la cual lo condenó a cumplir la pena de quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007, por la comisión de los delitos de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado, previstos y sancionados en los artículos 169, 170, numerales 2°, 6° y 10° y 240, respectivamente, del Código Penal colombiano (Ley 599 del 2000 modificada por la Ley 733 de 2002 y 890 de 2004).

En tal sentido, de las actas del expediente se advierte lo siguiente:

a) En cuanto a la identificación del ciudadano requerido en extradición, se observa que tal como se dejó constancia en las actuaciones, específicamente, en el informe de consulta expedido por la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia, quedó plenamente identificado como John Janer Castaño Arias, nacido el 26 de noviembre de 1980, en la población de Tulua (Valle) de la República de Colombia, y titular de la cédula de ciudadanía N° 16.916.020.

En razón de lo cual, al ser un ciudadano extranjero solicitado en extradición por un país también extranjero, se cumple con uno de los requisitos para la procedencia de la presente extradición pasiva, conforme con lo establecido en el artículo 6 del Código Penal venezolano.

b) Que los delitos por los cuales se solicita la extradición del ciudadano mencionado fueron cometidos en el territorio de la República de Colombia, de acuerdo con lo establecido en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de dicho Estado, modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, solo en lo que concierne a los delitos y la pena impuesta, por tal razón quedó demostrado el principio de territorialidad, conforme lo dispone el artículo 1° del Acuerdo sobre Extradición firmado entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

c) Que el ciudadano John Janer Castaño Arias, es requerido por la República de Colombia, como se indicó precedentemente, para la ejecución de la condena que le fue impuesta, el 27 de abril de 2011, en sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga de quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007, por unos hechos cometidos en dicho Estado y que se encuentran regulados en su legislación como secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado, previstos y sancionados en los artículos 169, 170, numerales 2°, 6° y 10° y 240, respectivamente, del Código Penal colombiano (Ley 599 del 2000 modificada por la Ley 733 de 2002 y 890 de 2004).

En tal sentido, de acuerdo con la certificación hecha por el país requirente respecto a las disposiciones legales aplicables al caso, tenemos que el delito de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo, está tipificado en el Código Penal colombiano, en los términos siguientes:

“(…) ART. 169. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza.

ART. 170. La pena señalada para el secuestro extorsivo será de veintiocho (28) a cuarenta (40) años (hoy cuatrocientos cuarenta y ocho (448) meses a seiscientos (600) meses) y la multa será de cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales vigentes (hoy seis mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6.666,66) a cincuenta mil (50.000)), sin superar el límite máximo de la pena privativa de libertad establecida en el Código Penal, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias: (…).

2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada (…).

6. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de muerte o lesión o con ejecutar acto que implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública (…).

10. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte o lesiones personales (…)”.

Asimismo, el delito de hurto calificado está tipificado en el mencionado Código Penal, en los términos siguientes:

“(…) ART. 240. Le pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se cometiere:

1. Con violencia sobre las cosas.

2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones.

3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentre sus moradores.

4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes.

La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se cometiera con violencia sobre las personas.

Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o participe con el fin de asegurar su producto o la impunidad.

La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuera realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad.

La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado (…)”.

De manera particular, en la legislación venezolana, el delito de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo, de acuerdo con los hechos que constan en la sentencia condenatoria, encuentra su similitud en el delito de secuestro, tipificado en el artículo 460 del Código Penal, por ser esta la ley sustantiva penal vigente para el momento de los hechos, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.768, Extraordinario, del 13 de abril de 2005, de la manera siguiente:

“(…) Artículo 460. Quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos a favor del culpable o de otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión de veinte años a treinta años. Si el secuestro se ejecutare por causar alarma, la pena será de diez años a veinte años de prisión.

Quienes utilicen cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoría intelectual, autoría material, que permita, faciliten o realicen el cautiverio, que oculten y mantengan a rehenes, que hagan posible el secuestro, extorsión y cobro de rescate, que obtengan un enriquecimiento producto del secuestro de personas, por el canje de éstas por bienes u objetos materiales, sufrirán pena de prisión no menor de quince años ni mayor de veinticinco años, aun no consumado el hecho.

Parágrafo Primero: Los cooperadores inmediatos y facilitadores serán penalizados de ocho años a catorce años de prisión. Igualmente, los actos de acción u omisión que facilite o permita estos delitos de secuestros, extorsión y cobro de rescate, y que intermedien sin estar autorizado por la autoridad competente.

Parágrafo Segundo: La pena del delito previsto en este artículo se elevará en un tercio cuando se realice contra niños, niñas, adolescentes y ancianos, o personas que padezcan enfermedades y sus vidas se vean amenazadas, o cuando la víctima sea sometida a violencia, torturas, maltrato físico y psicológico. Si la persona secuestrada muere durante el cautiverio o a consecuencia de este delito, se le aplicará la pena máxima. Si en estos delitos se involucraran funcionarios públicos, la aplicación de la pena será en su límite máximo.

Parágrafo Tercero: Quienes recurran al delito de secuestro con fines políticos o para exigir liberación o canje de personas condenadas por Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, se les aplicará pena de doce años a veinticuatro años de prisión.

Parágrafo Cuarto: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena (…)”.

Por su parte, el delito de hurto calificado también según los hechos que constan en la sentencia condenatoria, se asemeja al delito de robo genérico previsto en el mencionado Código Penal, de la forma que a continuación se indica:

“(…) Artículo 455. Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de seis años a doce años (…)”.

Ello así, se evidencia que los delitos por los cuales se solicita la extradición para la ejecución de la sentencia condenatoria dictada contra el ciudadano John Janer Castaño Arias, son delitos previstos tanto en la legislación colombiana como en la venezolana, también se encuentran estipulados en el artículo 2°, numerales 9 y 24, del Acuerdo sobre Extradición firmado entre los Estados partes, por lo cual queda demostrado el principio de la doble incriminación, que hace procedente la extradición.

d) Además, se observa que los aludidos delitos por los cuales se solicita la extradición del ciudadano John Eduardo Castaño Arias, no son políticos ni conexos con estos, toda vez que éste fue condenado por los delitos de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado, previstos y sancionados en los artículos 169, 170, numerales 2°, 6° y 10° y 240, respectivamente, del Código Penal colombiano.

e) También, consta en las actuaciones que la condena impuesta al ciudadano John Janer Castaño Arias, fue de quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007, siendo dicha condena mayor a seis meses de privación de libertad, y tampoco comporta pena de muerte, perpetua o infamante.

f) Asimismo, de la documentación judicial consignada se advierte que el ciudadano John Janer Castaño Arias, no ha cumplido la pena que le fue impuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, de la República de Colombia, razón por la cual la referida Sala insistió en la captura de dicho ciudadano “(…) para dar cumplimiento a la sentencia (…)”, por lo que el referido ciudadano le corresponde cumplir la totalidad de la pena impuesta, es decir, quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007.

De lo antes indicado, se evidencia que no se dan las prohibiciones establecidas en los artículos 4° y 5°, literales “a” y “c” del Acuerdo sobre Extradición.

g) De igual forma, cabe agregar que no se desprende de las actuaciones consignadas, ningún elemento que haga presumir la prescripción en el presente caso. Específicamente, respecto a la prescripción de la pena en el Estado requirente, se observa que los artículos 89 y 90 del Código Penal colombiano, establecen lo siguiente:

“(…) ART. 89. Término de la prescripción de la sanción penal. La pena privativa de libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años, contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

La pena no privativa de libertad prescribe en cinco (5) años.

ART. 90. Interrupción del término de la prescripción de la sanción privativa de libertad. El término de la sanción privativa de libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la Sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma. (…)”.

Del análisis de los referidos artículos se evidencia que, en el caso particular, la pena prescribe por igual término del fijado en la sentencia, comenzando a transcurrir dicha prescripción a partir de la ejecutoria de la misma, quedando interrumpida cuando el sentenciado fuere aprehendido o puesto a disposición de la autoridad competente. Con la documentación presentada por el país requirente quedó acreditado que la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que condenó al ciudadano John Janer Castaño Arias, a cumplir la pena de quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007, quedó definitivamente firme el 13 de julio de 2011, por lo que al estar el mencionado ciudadano fuera de la República de Colombia, se evidencia que el término de la prescripción no ha comenzado a transcurrir.

Por su parte, en la legislación de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal venezolano, en su artículo 112, señala lo siguiente:

“(…) Artículo 112. Las penas prescriben así:

1. Las de prisión y arresto, por un tiempo igual al de la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo (…)

El tiempo para la prescripción de la condena comenzará a correr desde el día en que quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta comenzado a cumplirse; pero en el caso de nueva prescripción, se computará en ella al penado el tiempo de la condena sufrida.

Se interrumpirá esta prescripción, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, en el caso de que el imputado se presente o sea habido y cuando cometiere un nuevo hecho punible de la misma índole antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo (…)”.

Con base en lo expuesto, se advierte que el lapso para la prescripción de la pena de prisión equivale a un tiempo igual al de la pena impuesta más la mitad de la misma, razón por la cual, al haber sido el ciudadano John Janer Castaño Arias, condenado a cumplir quinientos dieciséis (516) meses de prisión, la mitad de dicha pena es de doscientos cincuenta y ocho (258) meses, los cuales sumados a la principal da un total de setecientos setenta y cuatro (774) meses de prisión, lo que equivale a sesenta y cuatro (64) años y seis (6) meses de prisión.

Por consiguiente, como ya se estableció la sentencia condenatoria dictada contra el referido ciudadano quedó firme el 13 de julio de 2011, por lo que es evidente que no ha transcurrido el lapso que la ley establece, esto es el de la pena impuesta más la mitad de la misma, para que opere la prescripción de acuerdo con la legislación vigente en nuestro país.

En síntesis, al analizar la documentación enviada por la República de Colombia, se evidencia que, en el presente caso, se cumplen los principios generales que regulan la materia de extradición en nuestro país, vale decir:

a) Principio de la doble incriminación: De acuerdo con este principio, el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, los delitos de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado, se encuentran tipificados tanto en el Código Penal de la República de Colombia, como en el nuestro;

b) Principio de la mínima gravedad del hecho: Conforme al cual la extradición procede solo por delitos y no por faltas, y en el caso que nos ocupa la extradición es solicitada para el cumplimiento de pena en virtud de haber sido el ciudadano John Janer Castaño Arias condenado a cumplir la pena de quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007, como autor responsable de los delitos antes aludidos;

c) Principio de la especialidad: En virtud del mismo el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, en razón de lo cual en el presente caso, la extradición es única y exclusivamente, para el cumplimiento de la condena impuesta por los delitos de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado;

d) Principio de no entrega por delitos políticos: En atención al cual se prohíbe la entrega de sujetos perseguidos por delitos políticos y, en el presente caso, se dejó claramente establecido que los delitos que motivan la presente solicitud no son políticos ni conexos con éstos;

e) Principio de la no entrega del nacional: Según dicho principio el Estado requerido no entregará a sus nacionales, circunstancia que no se encuentra presente en este caso, toda vez que se solicita a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de un ciudadano extranjero, concretamente, nacional de la República de Colombia;

f) Principio relativo a la acción penal: En razón de ello no se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito. En el presente caso, la pena impuesta al solicitado en extradición no se encuentra prescrita ni en el Estado requirente, ni en el requerido;

g) Principio relativo a la pena: De acuerdo con el cual no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte, la pena perpetua o la pena infamante. Tal como se determinó en el presente caso, el ciudadano requerido fue condenado a cumplir la pena de quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007.

Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Penal declara procedente la extradición pasiva del ciudadano John Janer Castaño Arias, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.916.020, solicitada por la República de Colombia, para ejecutar la sentencia dictada, el 27 de abril de 2011, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que lo condenó a quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007, por unos hechos cometidos en dicho Estado, y que se encuentran regulados en su legislación como secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado, previstos y sancionados en los artículos 169, 170, numerales 2°, 6° y 10° y 240, respectivamente, del Código Penal colombiano (Ley 599 del 2000 modificada por la Ley 733 de 2002 y 890 de 2004). Así se decide.

En virtud del anterior pronunciamiento, esta Sala de Casación Penal, para garantizar plenamente los derechos del ciudadano requerido en extradición, establece las estipulaciones siguientes:

            a) Que el ciudadano que se extradita no podrá ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, en razón de lo cual en el presente caso, la extradición es única y exclusivamente, para el cumplimiento de la condena impuesta por los delitos de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado.

            b) Que el ciudadano que se extradita, podrá ejercer libremente los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico del país requirente, para impugnar las decisiones dictadas en su contra.

            c) Que a la pena por la que fue condenado el ciudadano John Janer Castaño Arias, se le reste el tiempo que estuvo detenido en la República Bolivariana de Venezuela.

            Finalmente, se mantiene la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta al nombrado ciudadano hasta tanto se haga efectiva la entrega del mismo a la República de Colombia. Así se decide.

III

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes declara PROCEDENTE la solicitud de extradición pasiva del ciudadano JOHN JANER CASTAÑO ARIAS, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.916.020, actualmente recluido en la División contra los Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, presentada por la República de Colombia, a los fines de ejecutar la sentencia dictada, el 27 de abril de 2011, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, que lo condenó a quinientos dieciséis (516) meses de prisión y multa de seis mil setecientos (6.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2007, por unos hechos cometidos en dicho Estado, y que se encuentran regulados en su legislación como secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado, previstos y sancionados en los artículos 169, 170, numerales 2°, 6° y 10° y 240, respectivamente, del Código Penal colombiano (Ley 599 del 2000 modificada por la Ley 733 de 2002 y 890 de 2004); condicionada a las estipulaciones siguientes:

            a) Que el ciudadano que se extradita no podrá ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, en razón de lo cual en el presente caso, la extradición es única y exclusivamente, para el cumplimiento de la condena impuesta por los delitos de secuestro agravado en concurso homogéneo y heterogéneo y hurto calificado.

            b) Que el ciudadano que se extradita, podrá ejercer libremente los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico del país requirente, para impugnar las decisiones dictadas en su contra.

            c) Que a la pena por la que fue condenado el ciudadano John Janer Castaño Arias, se le reste el tiempo que estuvo detenido en la República Bolivariana de Venezuela.

Queda entendido que deberá mantenerse la medida de privación judicial preventiva de libertad al nombrado ciudadano en la sede de la División contra los Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas hasta tanto se haga efectiva su entrega a la República de Colombia.

Notifíquese de esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se ordena expedir copia certificada de la misma y remitirla al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                        Ponente

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

JLIV

Exp. AA30-P-2016-000399