Magistrada Ponente: Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

El 8 de mayo de 2017, se dio entrada en la Secretaría de la Sala de Casación Penal el expediente remitido por la CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA, que contiene el RECURSO DE CASACIÓN interpuesto, el 16 de marzo de 2017, por el abogado Marco Antonio Aponte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.747, defensor privado de los ciudadanos ALFREDO ALEJANDRO LINARES GIL y ANDERSON ALBERTO LINARES GIL, quienes son venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números 18.137.648 y 18.137.649, respectivamente, contra la decisión publicada por la referida Corte de Apelaciones, el 6 de febrero de 2017, que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación intentados por quienes para el momento fungían como defensores de confianza de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil, contra la decisión publicada, el 12 febrero de 2016, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, que CONDENÓ al primero de los referidos acusados a cumplir la pena de veintitrés (23) años de prisión por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163 numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 111 y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, respectivamente, y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal; y al segundo de los acusados a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163, numeral  11, de la Ley Orgánica de Drogas, y POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

El mismo día, se dio cuenta en Sala del expediente, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual, “[e]n los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, designará un Magistrado o Magistrada ponente, dentro de los tres días hábiles siguientes, computables desde el momento en que se hubiere dado entrada al asunto…”, se designó como Ponente a la Magistrada Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Una vez examinado el expediente, esta Sala pasa a decidir en los siguientes términos:

 

I

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer del presente Recurso de Casación, y, al efecto, observa lo siguiente:

 

En relación con el conocimiento del referido medio recursivo, el artículo 266, numeral 8, de la Constitución, y el artículo 29, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia disponen:

 

Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

(...)

8. Conocer del recurso de casación”.

 

Competencias de la Sala [de Casación] Penal

Artículo 29. Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

(...)

2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal”.

 

Del contenido de los dispositivos transcritos, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación interpuestos contra decisiones emitidas con ocasión de un hecho punible; y dado que el medio de impugnación incoado en esta oportunidad es al que se refieren las normas citadas, esta Sala se declara competente para conocer del mismo. Así se establece.

II

DE LOS HECHOS

 

Los hechos que dieron origen a la presente causa fueron establecidos por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en la decisión publicada el 12 de febrero de 2016, bajo los términos siguientes:

 

            Que “… 1.- El día 10 de enero de 2014, en horas de la tarde, funcionarios adscritos [al] Destacamento de Seguridad Urbana-Lara del Comando regional N°  4 de la Guardia Nacional Bolivariana, se encontraban cumpliendo funciones de seguridad ciudadana y prevención del delito, en el marco del ‘Plan Patria Segura’, cuando a la altura [del] Cementerio Municipal, en la entrada del Sector Cerritos Blancos, fueron informados que dentro del referido local, se habían escuchado disparos.

2.- Ante tales circunstancias, el Capitán Joves Cabello, jefe de la comisión, ordena que los funcionarios se dividan en dos grupos, uno de ellos, ingresa al Cementerio a averiguar lo relacionado con los disparos que se escucharos (sic), y otro grupo se queda en la parte de afuera.

3.- El grupo que ingresa al cementerio, observa que se está llevando a cabo un sepelio de una persona, y que va saliendo un carro gris que arranca de forma sospechosa cargado con un gran número de personas.

4.- En el grupo que se queda en las afueras del cementerio, es informado que las personas que tripulaban un vehículo marca KIA color gris, era quienes habían efectuado los disparos. En ese momento, los funcionarios, avistaron un vehículo marca KIA, modelo RIO, color gris, año 2011, que se desplazaban (sic) a alta velocidad, motivo por el cual procedieron a darle la voz de alto y detener el vehículo, de donde descendieron cuatro ciudadanas y tres ciudadanos, y previo cumplimiento de los requisitos de ley, proceden a practicar la revisión de personas y del vehículo.

5.- De la referida revisión resultaron aprehendidos los acusados de autos, en virtud de que al ciudadano que quedo (sic) identificado como ALFREDO ALEJANDRO LINARES GIL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 18137648, le fue incautado en el área de la cintura un (01) ARMA DE FUEGO, TIPO PISTOÑA (sic), CALIBRE 9 MM, MARCA PIETRO BERETTA, FABRICACIÓN ITALIANA (sic), CONTENTIVO DE SEIS (06) BLASA (sic) CALIBRE 9 MM, MARCA ACAVIM (sic), la cual se encuentra solicitada por el delito de HURTO GENERICO (sic) en la subdelegación (sic) de san (sic) Carlos estado Zulia.

6.- Al realizarle la revisión corporal a ANDERSON ALBERTO LINARES GIL, [t]itular de la cédula de identidad Nro. 18.137.649, no le fue incautado en su cuerpo ninguna evidencia de interés criminalístico.

7.- De la revisión del vehículo marca KIA modelo RIO, año 2011, en la cual se desplazaban los ciudadanos, se logra la incautación debajo del asiento del copiloto un (01) envoltorio tipo panela, elaborado en material sintético color azul contentivo de restos vegetales, la cual resultó ser la droga conocida como MARIHUANA con un peso neto de SETECIENTOS DIEZ COMA (sic) OCHO GRAMOS (710,8 gramos). De igual forma, en la maletera del vehículo fue incautado UN (01) ARMA DE FUEGO TIPO ESCOPETA, MARCA CANAIMA, CALIBRE 12MM, EL CUAL CONTENIA DOSA (sic) (2) CARTUCHOS CALIBRE 12 MM, MARCA CHEDDITE y finalmente en el tablero del mencionado vehículo incautaron un teléfono celular marca SONY, modelo c1504, color NEGRO, un (1) teléfono celular marca blackberry, modelo Bold 9790, color blanco y gris, un (1) teléfono celular marca Samsung, modelo GT1992, color gris y negro…”.

 

III

ANTECEDENTES DEL CASO

 

El 10 de enero de 2014, se produce la aprehensión flagrante de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil, Anderson Alberto Linares Gil, Wildomar Ernesto Mendoza Hernández, Yusmerly Yasmin León Mendoza, Keysis Antonieta Díaz Morales, Yariluth del Carmen Suárez Alvarado y Yureinys Maciel Manzano Jiménez por parte de funcionarios adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana Lara del Comando Regional Número 4 de la Guardia Nacional Bolivariana (folios 4 y 5 de la primera pieza).

 

El 12 de enero de 2014, se realizó la audiencia de presentación de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil, Anderson Alberto Linares Gil, Wildomar Ernesto Mendoza Hernández, Yusmerly Yasmin León Mendoza, Keysis Antonieta Díaz Morales, Yariluth del Carmen Suárez Alvarado y Yureinys Maciel Manzano Jiménez ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en cuya ocasión el Ministerio Público les imputó la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito Agravado en la modalidad de Transporte, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto en el artículo 111 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones y Asociación, previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para todos los aprehendidos; y adicionalmente los delitos de Porte Ilícito de Arma de Fuego, tipificado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones y Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, previsto en el artículo 470 del Código Penal para el ciudadano Alfredo Alejandro Linares Gil; por su parte, el referido tribunal acordó tramitar la causa por la vía del procedimiento ordinario, y decretó medidas de privación judicial preventiva de libertad respecto de los mencionados ciudadanos (folios 37 al 47 de la primera pieza).

 

El 26 de febrero de 2014, la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara acusó a los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil, Anderson Alberto Linares Gil, Wildomar Ernesto Mendoza Hernández, Yusmerly Yasmin León Mendoza, Keysis Antonieta Díaz Morales, Yariluth del Carmen Suárez Alvarado y Yureinys Maciel Manzano Jiménez por los delitos de Tráfico Ilícito Agravado en la modalidad de Transporte, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto en el artículo 111 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones y Asociación, previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para todos los aprehendidos; y adicionalmente le atribuyó los delitos de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones y Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, previsto en el artículo 470 del Código Penal al ciudadano Alfredo Alejandro Linares Gil  (folios 115 al 128 de la primera pieza).

 

El 5 de mayo de 2014, se celebró en el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, la Audiencia Preliminar en donde se admite totalmente la acusación fiscal presentada contra los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil, Anderson Alberto Linares Gil, Wildomar Ernesto Mendoza Hernández, Yusmerly Yasmin León Mendoza, Keysis Antonieta Díaz Morales, Yariluth del Carmen Suárez Alvarado y Yureinys Maciel Manzano Jiménez, y, en consecuencia se dictó auto de apertura a juicio oral y público (folios 133 al 139 de la segunda pieza).

 

El 15 de diciembre de 2014, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a solicitud realizada por la representación del Ministerio Público dividió la continencia de la causa con respecto a los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil, Anderson Alberto Linares Gil y Wildomar Ernesto Mendoza Hernández, en ocasión a las dificultades para la realización del traslado desde el centro de reclusión en donde se encontraban preventivamente privados de libertad para el momento, hasta la sede del referido Tribunal. En la misma fecha se dio inicio al debate oral y público en relación a las ciudadanas, Yusmerly Yasmin León Mendoza, Keysis Antonieta Díaz Morales, Yariluth del Carmen Suárez Alvarado y Yureinys Maciel Manzano Jiménez (folios 83 al 85 de la tercera pieza).

 

El 30 de enero de 2015, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara publicó la sentencia definitiva en la cual “ABSUELVE por insuficiencia de pruebas…” a las ciudadanas Yusmerly Yasmin León Mendoza, Keysis Antonieta Díaz Morales, Yariluth del Carmen Suárez Alvarado y Yureinys Maciel Manzano Jiménez (folios 165 al 191 de la tercera pieza).

 

El 13 de julio de 2015, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, acuerda dividir nuevamente la continencia de la causa, en esta ocasión respecto del ciudadano Wildomar Ernesto Mendoza Hernández. En la misma fecha se dio inicio al debate oral y público en relación a los ciudadanos, Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil (folios 44 al 47 de la cuarta pieza).

 

El 19 de enero de 2016, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara condenó a los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil a cumplir la pena de veintitrés (23) años de prisión por ser autor de los delitos de Tráfico Ilícito Agravado en la modalidad de Transporte, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, Posesión Ilícita de Arma de Fuego y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previstos en los artículos 111 y 112 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones y Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, previsto en el artículo 470 del Código Penal, y Anderson Alejandro Linares Gil a cumplir con la pena de veinte (20) años de prisión por ser autor de los delitos de Tráfico Ilícito Agravado en la modalidad de Transporte, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas y Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto en el artículo 111 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones (folios 146 al 155 de la cuarta pieza).

 

El 12 de febrero de 2016, el referido Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, publicó la sentencia definitiva contra los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil (folios 156 al 180 del la cuarta pieza).

 

El 3 de mayo de 2016, el defensor privado de los acusados, para el momento, el abogado Orlando Quintero Sánchez, ejerció recurso de apelación contra la sentencia publicada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara (folios 200 al 212 de la cuarta pieza).

 

El 31 de mayo de 2016, las abogadas Lenys Isabel Parra García y Norma Graciela Delgado Aceituno, defensoras privadas de los referidos acusados interpusieron un escrito nuevo, contentivo de recurso de apelación contra la sentencia condenatoria publicada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara (folios 223 al 251 de la cuarta pieza).

 

El 3 de agosto de 2016, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, acordó acumular los dos escritos recursivos propuestos por los defensores de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil, en virtud de que “… impugnan la misma decisión dictada en fecha 19-01-2016 y fundamentada en fecha 12-02-2016 (…) a los fines de evitar decisiones contradictorias y de mantener la unidad del proceso…” (folios 220 y 221 de la cuarta pieza).

 

El 30 de agosto de 2016, fue celebrada la audiencia para debatir los fundamentos de la apelación, reservándose la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara el lapso de diez (10) días para decidir, el cual se encuentra establecido en el tercer aparte del artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal (folios 3 al 5 de la quinta pieza).

 

El 6 de febrero de 2017, la mayoría de los integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara declararon sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil, salvando el voto el Juez integrante de dicha Corte de Apelaciones, el abogado Luis Ramón Díaz Ramírez (folios 9 al 61 de la quinta pieza).

 

El 15 de febrero de 2017, los acusados fueron impuestos de la decisión emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara (folios 68 y 69 de la quinta pieza).

 

El 16 de marzo de 2017, el abogado Marco Antonio Aponte, actuando como defensor privado de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil, ejerció recurso de casación contra la decisión emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara (folios 80 al 138 de la quinta pieza).

 

El 5 de abril de 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara ordenó la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal (folio 143 de la quinta pieza).  

 

IV

DE LA ADMISIBILIDAD

 

Las disposiciones legales que rigen en nuestro proceso penal lo concerniente a los recursos se encuentran establecidas en los artículos 423 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

 

De manera particular, el recurso de casación está regulado en los artículos 451 y siguientes de dicho Código.

 

En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el texto normativo mencionado dispone lo que se cita a continuación:

 

Decisiones Recurribles

Artículo 451. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

 

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior”.

 

Interposición

Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. (…)”.

 

En lo concerniente a la representación y a la legitimación para interponer los recursos de que trata el Código, tenemos las siguientes disposiciones:

 

Legitimación

Artículo 424. Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho.

 

Por el imputado o imputada podrá recurrir el defensor o defensora, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa”.

 

 

Interposición

Artículo 426. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión.

 

Agravio

Artículo 427. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables.

 

El imputado o imputada podrá siempre impugnar una decisión judicial en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso”.

 

De los preceptos citados, se observa, de manera general, que la admisión del recurso de casación requiere el cumplimiento de diversos requisitos, tales como: a) que quien lo ejerza haya sido afectado o afectada por la decisión recurrida; y que el profesional del Derecho que lo represente ostente el nombramiento correspondiente o hubiese obtenido el mandato necesario para ejercer tal función (artículos 424 y 427 del Código Orgánico Procesal Penal); b) que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello (artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal); y c) que la decisión que se impugna sea recurrible en casación (artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal).

 

a) En relación con el presupuesto de admisibilidad referido a la legitimación y a la representación, se evidencia que los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil, tienen un interés directo y legítimo en esta pretensión recursiva, pues la decisión impugnada en casación les fue adversa, toda vez que se declaró sin lugar el recurso de apelación intentado contra la sentencia que los condenó a cumplir una pena de 23 y 20 años de prisión, respectivamente.

 

Asimismo, se constata que el abogado Marco Antonio Aponte, ostenta la condición de defensor de confianza de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil, pues se cumplió, para tal fin, con las formalidades que exige la ley, tal como se evidencia en el acta de aceptación y juramentación de fecha 2 de marzo de 2017. Al respecto, el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que: “… [p]or el imputado o imputada podrá recurrir el defensor o defensora…”. De lo expresado, se sigue que el mencionado profesional del Derecho está autorizado para impugnar el fallo dictado en segunda instancia, al amparo de la previsión legal contenida en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, según la cual: “Podrán recurrir en contra de las decisiones las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. Así se establece.

 

b) En cuanto al lapso procesal para la interposición del recurso de casación, del acta de cómputo de los días de despacho para interponerlo, realizada por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, inserta en el folio 140 de la quinta pieza del expediente que cursa ante esta Sala, se observa lo siguiente:

 

“… [l]a suscrita Abg. Maribel Sira, secretaria de la Corte de Apelaciones CERTIFICA: Que desde el día 16-02-2017, día hábil siguiente a la última notificación de las partes de la publicación de la sentencia dictada por este Tribunal Colegiado (la cual es la imposición de la decisión), hasta  el día 16-03-2017, transcurrieron 15 días hábiles, y el lapso a que se contrae el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, venció en fecha 16-03-2017. Por último se deja constancia que los día[s] 17, 23 y 24 de febrero de 2017, no hubo despacho en la Sana Natural (sic) de la Corte de Apelaciones, y los días 27 y 28 de febrero de 2017, fueron no laborable[s] (carnaval). Computo (sic) efectuado de conformidad con el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal… ”.

 

De la exhaustiva revisión de las actuaciones se evidencia que, el 6 de febrero de 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil contra la sentencia definitiva publicada, el 12 de febrero de 2016, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara; que la notificación de la referida decisión de la alzada fue realizada a la representación del Ministerio Público en fecha 13 de febrero de 2017, y que la imposición de la sentencia de alzada se efectuó el 15 de febrero de 2017, (con lo cual, el lapso para recurrir en casación comenzó a trascurrir el 16 de febrero de 2017, y culminó el 16 de marzo del mismo año); y que el recurso de casación fue incoado el 16 de marzo de 2017, es decir, al décimo quinto día del referido lapso de 15 días.

 

Siendo así, se concluye que el medio de impugnación interpuesto fue planteado de forma tempestiva. Así se establece.

 

c) En lo que respecta a la recurribilidad de la sentencia, observa la Sala de Casación Penal que en el presente caso el recurso de casación fue ejercido contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara el 6 de febrero de 2017, en la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación intentado por la defensa de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil contra la decisión definitiva que los condenó a cumplir la pena de veintitrés (23) y veinte (20) años de prisión, por la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito Agravado en la Modalidad de Transporte, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163 numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, Posesión Ilícita de Arma de Fuego y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previstos en los artículos 111 y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, respectivamente, y Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, previsto en el artículo 470 del Código Penal; y Tráfico Ilícito Agravado en la Modalidad de Transporte, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163, numeral  11, de la Ley Orgánica de Drogas, y Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, respectivamente.

 

Visto que la decisión impugnada la dictó una Corte de Apelaciones en lo Penal que resolvió un recurso de apelación; que dicho fallo no ordenó la realización de un nuevo juicio oral; que con el mismo se agotó la doble instancia; tomando en cuenta, además, que la pena conminada a los delitos por los cuales fueron condenados exceden de cuatro (4) años en su límite máximo, se concluye que están satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con las condiciones de recurribilidad de la decisión de alzada que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la sentencia condenatoria dictada por la primera instancia respecto al acusado de autos. Así se establece.

 

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

En cuanto a la fundamentación del recurso de casación, la Sala de Casación Penal pasa de seguida a examinar el contenido del escrito interpuesto por la defensa de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil, a fin de determinar si cumple con las exigencias requeridas en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

 

En tal sentido, la Sala de Casación Penal observa que el escrito que contiene el Recurso de Casación, contempla tres denuncias formuladas por el recurrente, cuyo contenido se transcribe parcialmente a continuación:

 

Como primera denuncia el recurrente señaló:

 

            Que “… Con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la violación de la ley por falta de aplicación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la república (sic) Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 157 y 346, numeral 4, del citado texto penal adjetivo, en que incurrió la recurrida al resolver la primera denuncia del recurso de apelación interpuesto, a consecuencia de lo cual dictó una sentencia inmotivada tal como se explanará de seguidas… ”.

 

            Que “… [c]onforme a lo señalado por esta Sala de Casación Penal en sentencia N° (sic) 164, del 27 de junio de 2006, ratificada en decisión N° (sic) 303, del 10 de octubre de 2014, las Cortes de Apelaciones pueden incurrir en el vicio de inmotivación por dos razones, a saber: ‘cuando omitan cualquiera de las circunstancias denunciadas por el apelante’, y ‘(…) cuando no expresen de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adopta el fallo, tales violaciones constituyen infracción a los artículos 26 y 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’, eso fue precisamente lo que ocurrió en el presente caso, la recurrida omitió dar respuesta, no a una, sino, a todas las circunstancias planteadas en la primera denuncia del primer recurso de apelación interpuesto… ”.

 

            Que “… a lo largo del texto de esta primera denuncia contenida en el primer recurso de apelación bajo análisis, no sólo se alegó la inmotivación de la sentencia recurrida, sino, que los apelantes explanaron las razones que a su juicio, sustentaban tal alegato, las cuales se pueden resumir señalando, que entre otras cosas la recurrida: a).- no había establecido la conceptualización jurídica (…) b).- expresó que había quedado probada de forma irrefutable la corporeidad material de los ilícitos (…) sin la previa argumentación de las circunstancias de hecho y de derecho en que justificaba su fundamento (…) d).- había incurrido en apreciaciones subjetivas… ”.

 

            Que “… [a]sí las cosas, no obstante los señalamientos, alegatos, razones y denuncias formuladas conforme a lo expresado en cada uno de los precedentes literales, las mismas fueron silenciadas total y absolutamente, toda vez que la recurrida en casación omitió pronunciarse sobre ellas con cuya acción, por vía de consecuencia, incurrió en el mismo vicio que se pretendía corrigiera, vale decir, procedió a dictar una sentencia inmotivada… ”.

 

            Que “… [t]al afirmación la hacemos basados en la forma en que dicha recurrida resolvió esta primera denuncia del primer recurso de apelación. En efecto, luego de hacer mención parcial de las razones en que el recurrente basaba su denuncia, pasó a referirse a lo que este Máximo Tribunal ha señalado que debe entenderse por debido proceso, indicando el supuesto en que este resulta violado (…) continuó haciendo mención a la falta de motivación de la sentencia, así como a la necesidad de distinguir entre la ilogicidad manifiesta en la motivación de la misma, y su inmotivación; discurrió sobre aquellas actuaciones del juzgador cuyo cumplimiento redundaban en la motivación de la sentencia: señaló las exigencias del sistema de la sana crítica, para acto seguido, referirse en concreto a la falta de motivación de la sentencia impugnada, alegada por el recurrente, a cuyo efecto paso a indicar los delitos sobre los cuales versaba dicha sentencia, y a los fines de constatar el vicio denunciado paso a transcribir los capítulos de la recurrida (…) para finalmente resolver la denuncia en cuestión, basada en un argumento genérico expresado en los siguientes términos… ”.

 

            Que “… [c]uando afirmamos que dicho argumento es genérico, no estamos haciendo otra cosa que parafrasear a esta Sala de Casación Penal, que ha definido como tal ‘… aquél que puede servir de fundamento para declarar sin lugar cualquier recurso…’, y el mismo se patentiza cuando el juzgador, como en el presente caso, se limita a citar doctrina y jurisprudencia relacionadas con la motivación de la sentencia, lo cual de modo alguno puede considerarse como contestación al punto denunciado…”.

            Que “[c]omo podrá observarse, la sentencia recurrida en casación dista mucho de llenar los extremos exigidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de este Alto Tribunal, para que pueda considerarse que ha cumplido con el requisito de la motivación, denuncia esta que formulamos atendiendo al hecho de que la misma no dio respuesta a los planteamientos hechos en la primera denuncia del respectivo recurso de apelación, cuyo contenido se explanó por separado… ”.

 

            Que “… la recurrida se basó sólo en la transcripción textual de la sentencia de primera instancia, específicamente del capítulo denominado ‘FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO’, sin señalar cuales eran tales fundamentos de hecho (circunstancias de modos (sic), tiempo y lugar), y menos aun los fundamentos de derecho que motivaron dicha sentencia…”.

 

            Que “… [v]isto entonces que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, incumplió su deber de revisar si la sentencia de la primera instancia, en el caso de autos, se ajustaba a los presupuestos constitucionales y legales, así como a los principios lógicos jurídicos y motivacionales, procediendo así a dictar en consecuencia, a su vez, una sentencia inmotivada, en otras palabras, omitió cumplir la obligación de exponer en forma concisa y suficiente los fundamentos de hecho y de derecho que determinaron que se declarara sin lugar esta primera denuncia del primer recurso de apelación, con tal proceder patentiza que efectivamente, tal como se denunció, resultaron infringidos, por falta de aplicación los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e igualmente los artículos 157 y 346, numeral 4, ambos del Código Orgánico Procesal Penal ”.

 

Como segunda denuncia el recurrente planteó:

 

            Que “[c]on fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la violación de la ley por falta de aplicación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los artículos 157 y 346, numeral 4, del citado texto penal adjetivo, en que incurrió la recurrida al resolver la segunda denuncia del primer recurso de apelación interpuesto, a consecuencia de lo cual dictó una sentencia inmotivada tal como se explanará de seguida…”.

 

            Que “[e]n el presente caso se evidencia palmariamente la materialización de ambos supuestos, toda vez que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara no resolvió la pretensión deducida en los términos planteados, infringiendo así el derecho del recurrente a obtener una respuesta oportuna que garantice el debido proceso, pues de la forma en que se pronunció al resolver dicha denuncia se hace imposible conocer los motivos por los cuales fueron rechazados los alegatos expuestos como fundamento de la misma… ”.

 

            Que “[e]n efecto, si bien es cierto en el encabezamiento de la denuncia se planteó de manera general la violación, por inobservancia, del principio in dubio pro reo, consagrado en la parte final del artículo 24 constitucional, planteamiento hecho en concordancia con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, también es cierto que para sustentar la misma se dieron una serie de alegatos y razones destinados a evidenciar ante la alzada los hechos, circunstancias y actuaciones del tribunal de la instancia, que a juicio del recurrente patentizaban dicha violación…”.

 

Que “… se observa que con tal acto decisorio no se dio cabal respuesta a los puntos específicos referidos y adversados en el recurso de apelación ejercido contra la sentencia de la primera instancia…”.

 

Que “… [a]sí tenemos que la recurrida en casación se diluye en argumentaciones genéricas (…) Obsérvese que dicho ad quem no justifica, explica o da razón alguna acerca de las causas o motivos por los cuales considera que la actuación de la juzgadora de instancia, en los términos por él explanados, está tan perfectamente ajustada a derecho”.

 

Que “… [e]llo así, nótese cómo el ad quem al resolver esta segunda denuncia se limitó a transcribir los motivos del recurso de apelación y parte de lo expuesto por el tribunal de mérito en la decisión recurrida en esa instancia; prescindiendo de la debida revisión del fallo expedido por el aquo (sic) y omitiendo la expresión del juicio lógico-racional-razonable propio, contentivo de los datos y motivos que determinaron su convicción acerca de la improcedencia de dicha denuncia de un modo constatable…”.

 

Que “… tocaba entonces a la alzada en cuestión, conforme a lo plateado en el acto recursivo, realizar el denominado control de la logicidad del razonamiento, consistente en someter la sentencia de mérito en todas sus partes-cuestión de derecho y cuestión de hecho- a una revisión tal que le permitiera considerar no sólo la existencia sino también la consistencia, la perfección y la coherencia lógica y racional de la motivación de la misma; no únicamente para ver  cómo razonó la juez de merito sino también para decidir si razonó bien; es decir, en forma que corresponda a las leyes de la lógica, de modo convincente y exhaustivo, no lo hizo así y en consecuencia incurrió en el delatado vicio de inmotivación.”

 

Que “… [e]n conclusión, el pronunciamiento mediante el cual la recurrida en casación resolvió la presente denuncia deviene en inmotivado, no solo en virtud de no haber dado cabal respuesta a los planteamiento hechos mediante ella, sino, por no cumplir la obligación de exponer en forma concisa y suficiente los fundamentos de hecho y de derecho que determinaron que se declarara sin lugar esta segunda denuncia del primer recurso de apelación…”. 

 

            Como tercera denuncia, el recurrente indicó lo siguiente:

 

            Que “… [c]on fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la violación de la ley por falta de aplicación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los artículos 157 y 346, numeral 4, del citado texto penal adjetivo, en que incurrió la recurrida al resolver la segunda denuncia del primer recurso de apelación interpuesto, a consecuencia de lo cual dictó una sentencia inmotivada tal como se explanará de seguidas… ”.

 

            Que “… dicha Corte de Apelaciones se apartó del objeto específico de la denuncia, desatendiendo su obligación de dar adecuada respuesta al cuestionamiento formulado al momento de recurrirse de la sentencia de la instancia, con el cual se pretendía, no que valorara prueba alguna ni estableciera hechos, sino que ejerciera el control del discurso probatorio de la juez recurrida, con la finalidad de garantizar hasta el límite de lo posible la racionalidad de su decisión, en el marco de la racionalidad legal…”.

           

            Que “… la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, incumplió su obligación de exponer en forma concisa y suficiente los fundamentos de hecho y de derecho que determinaron que declarara sin lugar del (sic) recurso de apelación ejercido contra la sentencia de la instancia, incurriendo de esta manera en el vicio de inmotivación, en razón de que tal como se acreditó precedentemente, solo se limitó a hacer consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales, a la par de hacer citas del articulado de Código Orgánico Procesal Penal y de sentencias de las Salas [de Casación] Penal y Constitucional, respectivamente, de este Máximo Tribunal, generando de esta manera un vacío que imposibilita conocer, y en consecuencia comprender, las razones por la cuales consideró improcedente la presente denuncia”.

 

Dicho esto, la Sala de Casación Penal pasa a examinar las tres denuncias planteadas en el recurso de casación interpuesto de manera conjunta, precisando que todas se fundan en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal y convergen en delatar la violación de la ley por falta de aplicación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los artículos 157 y 346, numeral 4, del referido texto penal adjetivo. Advirtiendo que el recurrente, manifiesta que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, no dio respuesta a todos los planteamiento de tres de las denuncias de la apelación ejercida por los defensores de los ciudadanos Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil.

 

Ahora bien, considera esta Sala de Casación Penal que las denuncias contenidas en el Recurso de Casación analizado, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, pues el impugnante menciona y fundamenta los motivos de procedencia de las mismas, es decir, la violación de la ley por la insuficiencia manifiesta de motivación de la sentencia recurrida, en relación con tres denuncias contenidas en los recursos de apelación ejercidos, además menciona las normas que considera violadas por falta de aplicación y los fundamentos que sustentan sus pretensiones.

 

En consecuencia, debe admitirse el recurso de casación interpuesto por el abogado Marco Antonio Aponte, en su condición de defensor privado de los acusados Alfredo Alejandro Linares Gil y Anderson Alberto Linares Gil, en contra de la sentencia dictada el 6 de febrero de 2017, por la referida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y, en aplicación de lo que establece el primer párrafo del artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, debe convocarse a una audiencia oral y pública que habrá de realizarse dentro de un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:

PRIMERO: ADMITE en los términos antes expuestos el RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado Marco Antonio Aponte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.747, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ALFREDO ALEJANDRO LINARES GIL y ANDERSON ALBERTO LINARES GIL, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara el 6 de febrero de 2017, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación intentado y CONFIRMÓ la decisión publicada, el 12 de febrero de 2016, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, que los CONDENÓ a cumplir la pena de veintitrés (23) años de prisión por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 111 y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, respectivamente, y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal; al primero de los mencionados acusados y veinte (20) años de prisión por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto en el artículo 149, en relación con el artículo 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, y POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, al segundo de los encausados.

 

SEGUNDO: CONVOCA a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días, en aplicación de lo que establece el primer párrafo del artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Publíquese, regístrese, notifíquese y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los  DIECISÉIS (16) días del mes de  JUNIO   de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158º de la Federación.

 

 

 

 

 

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

La Magistrada  Vicepresidenta,

 

 

 

 

 

 

ELSA  JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

                                                                                                                La Magistrada,

 

 

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

                                                                                    Ponente

 

 

El Magistrado,

 

 

 

 

 

 

JUAN  LUIS IBARRA  VERENZUELA

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

Exp. AA30-P-2017-000148.

FCG

 

 

La Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, no firmó por motivo justificado.