Caracas,    diecinueve    (19) de  junio   de 2013

 

Años 203° y 154°

 

 

MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

La Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, integrada por los jueces LICET MERCEDES REYES BARRANCO (ponente), LUZ MARÍA GONZÁLEZ CÁRDENAS y DORIS NARDINI RIVAS, en fecha 15 de mayo de 2012, al conocer el recurso de apelación propuesto por el Ministerio Público y por la víctima querellante, contra la sentencia dictada por el Tribunal Mixto Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual condenó a los acusados ALBERTO DAVID CARRIÓN TORTOLERO, venezolano, con cédula de identidad N° 17.844.993, a cumplir la pena de DIECISEIS (16) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en la ejecución del delito de Robo, previsto en el artículo 406, numeral 1, Código Penal, y ADÁN JOSÉ MARTÍNEZ GALLO y JEFERSÓN JOSÉ PUELLO CUESTA, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros. 19.485.745 y 18.284.088, a la pena de OCHO (8) AÑOS y TRES (3) MESES DE PRISIÓN, como cómplices en la comisión del referido delito; dictó los siguientes pronunciamientos: 1) Declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y parcialmente con lugar el propuesto por la víctima querellante, 2) Modificó el fallo apelado sólo con respecto al quantum de la pena y, 3) Condenó a los acusados ALBERTO DAVID CARRIÓN TORTOLERO, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en la ejecución del delito de Robo, previsto en el artículo 406, numeral 1, Código Penal, en concordancia con los artículos 77, numerales 8, 9, 11, 12 y 14, y 78 eiusdem, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Emérita del Carmen Álvarez; y a ADÁN JOSÉ MARTÍNEZ GALLO y JEFERSÓN JOSÉ PUELLO CUESTA, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, como CÓMPLICES NO NECESARIOS en la comisión del referido delito.

 

Contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones interpuso recurso de casación el abogado HENRY GODOY ÁLVAREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51.973, actuando con el carácter de víctima querellante.

 

La Defensora Pública Octava Penal Ordinario adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, abogada NANCY ACOSTA, dio contestación al recurso de casación propuesto y fueron remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia. Recibido el expediente, el día 9 de agosto de 2012, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente a la Magistrada Doctora BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN.

 

En fecha 1° de noviembre de 2012, según lo dispuesto en el artículo 103, único aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se reasignó la ponencia al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 

Cumplidos los trámites procedimentales del caso, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso propuesto en los términos siguientes:

 

DE LOS HECHOS

 

Los hechos establecidos por el Tribunal Mixto Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, son los siguientes:

 

“…El día 22 de noviembre de 2007 en horas de la madrugada, el acusado Alberto David Carrión Tortolero, conjuntamente con un adolescente, que fue procesado y condenado por los hechos que originaron el presente juicio, ingresó al interior del inmueble ubicado en la calle 110, Barrio El Chocolate, avenida 17, detrás de la empresa Zoes de Venezuela, en jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual, el cual, hasta esa fecha, era ocupado por quienes en vida respondieran al nombre de José Antonio Godoy Santana de 84 años y Amérita Del Carmen Álvarez, de 76 años, con la finalidad de sustraer los bienes de la pareja, por cuanto habían obtenido las llaves del inmueble de parte del ciudadano Henry Godoy quien es nieto de las víctimas y mientras ejecutaban su acción agredieron salvajemente a la víctima Amérita Del Carmen Álvarez, con un arma blanca infringiéndole múltiples heridas que le causaron la muerte, lo cual le produce un infarto a su esposo José Antonio Godoy Santana, quien muere como consecuencia del mismo; por lo que procedieron a quemar deliberadamente el inmueble en colaboración de los acusados Adán José Martínez Gallo y Jeferson José Puello Cuesta, quienes se encontraban en la afueras de la vivienda para posteriormente huir los cuatro del lugar en el vehículo marca chevrolet, modelo C-10, clase camioneta, tipo pick up, color blanco, placas número VAT-113, propiedad del hoy occiso José Antonio Godoy Santana, la cual dejaron abandonada en las inmediaciones del Conjunto Residencial Las Pirámides del sector La Pomona de esta ciudad de Maracaibo…”.

 

DEL RECURSO

ÚNICA DENUNCIA

 

Con fundamento en los artículos 460 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la fecha de la interposición del recurso, el impugnante denunció la indebida aplicación del artículo 406, numeral 1, del Código Penal y la falta de aplicación del numeral 2 de la misma disposición legal. Alega que el sentenciador al calificar los hechos como “homicidio calificado por motivos fútiles e innobles e incendio en la ejecución de robo”, debió imponer a los acusados la pena prevista en el numeral 2 del artículo 406 del Código Penal. Expresamente el recurrente señaló:

 

“…De conformidad con lo establecido en el artículo 460 motivos (por errónea interpretación) por cuanto el acusado (parte) considera que el tribunal sentenciador escoge adecuadamente la norma aplicable parcialmente (o sea identidad de la norma) artículo 406, homicidio calificado por motivos fútiles e innobles e incendio en la ejecución de robo, pero erra de manera equivocada en la aplicación del ordinal que consagra la norma e inobservancia de la realmente aplicable en su sentido y alcance, y por consiguiente error en la adecuación de la pena, conforme a lo comprobado en el juicio oral y público.

En el artículo 406 ordinal 2° que corresponden al homicidio calificado por motivos fútiles e innobles e incendio en la ejecución del delito de robo previsto y sancionado en el numeral 2do del artículo 406 del Código Penal, que consagra textualmente los términos siguientes:

2° ‘veinte a veintiséis años de presidio si concurrieron en el hecho dos o más circunstancias indicadas en el numeral que antecede’.

Numeral que antecede

1° Quince a veinte años de presidio a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el titulo VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles e innobles en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este código.

Considera esta parte acusadora en razón que el ordinal 1° y en consecuencia la pena contemplada en la norma a cumplir los acusados de autos, no es la que se debe aplicar, ya que como quedó demostrado en el juicio oral y público, la intención cruel e inhumana que ejecutaron los acusados sub sumiéndose en una conducta antijurídica, típica, imputable y culpable actuando con dolo de autor y como cómplice respectivamente, ejerciendo actos repudiables causándoles la muerte premeditada y alevosa, a los ancianos hoy occisos, Emérita Del Carmen Álvarez de 76 años y a su esposo José Antonio Godoy Santana de 84 años, difuntos, gracias a la brutalidad y ambición desmedida de los condenados JEFERSÓN JOSÉ PUELLO CUESTA, ADÁN JOSÉ MARTÍNEZ GALLO y ALBERTO DAVID CARRIÓN TORTOLERO y el adolescente KADI GARCÍA, quien (admitió los hechos por ante un tribunal especializado), ya que a la ciudadana Emérita Del Carmen Álvarez, con un arma blanca le infringieron en la parte posterior del cráneo cuatro (4) y espalda cinco (5) (ensañamiento y alevosía), estas múltiples herida que le causaron la muerte, razón por la cual su esposo José Antonio Godoy Santana, murió a consecuencia de un infarto y de las heridas de arma blanca, no obstante procedieron los acusados a incendiar la vivienda donde residían los ancianos donde consumaron el hecho abominable, con el propósito de borrar toda evidencia que los pudiera incriminar para lograr consumar el delito de robo de vehículo (delito contra la propiedad), tipo: pick up, para luego dejarlo abandonado ya que no pudieron negociarla, debieron de tomar en cuenta en la mención del segundo ordinal del artículo 406, ya que concurrieron en dos o más de las circunstancias indicadas en el ordinal que antecede y en consecuencia por el mal libremente cusa, (sic) tomar en cuenta todas las circunstancias y motivos en que se consumaron los hechos probados en el contradictorio, es por esto que el acusador y víctima indirecta discrepa con la decisión del Tribunal A quo, y la decisión de la Corte de Apelaciones, porque a todo evento siendo invocado por el acusador el artículo 406, ordinal 1y 2, en todo momento desde la presentación de la querella acusatoria, juicio oral público, apelación de la sentencia definitiva hasta el presente recurso de casación, quien recurre con la finalidad de que se tome en cuenta la aplicación del artículo 406, ordinal 2° con el quantum máximo de la pena del artículo 37 en su primera parte dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron, sea subsanado este vicio en la decisión que descansa en el ordinal 1° del artículo 406, homicidio intencional por motivos fútiles e innobles, e incendio en la ejecución del delito de robo previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal Venezolano vigente (en violación de la norma 406 ordinal 2), según la penalogía y aplicación efectiva al delincuente, en consecuencia jurídica según el tipo de delito o modelo legal a cuya verificación corresponde la sanción en la pena, y que la sala Primera de la Corte de Apelaciones no detectó, ni corrigió a todo evento, en el examen del razonamiento utilizado por el sentenciador, con fundamento a los principios generales de la sana critica, es decir si la motivación del fallo se ajusta a los criterios de la lógica y de la experiencia…”.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

El artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, con relación a la legitimación para recurrir de las decisiones judiciales establece que: “Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho.”

 

En tal sentido, el artículo 122, numeral 8, eiusdem, al establecer los derechos de las víctimas en el proceso penal, dispone que:

 

Derechos de la víctima. Quien de acuerdo con las disposiciones de este Código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos:

(…)

8. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria….”. (Destacado de la Sala).

 

De las transcritas disposiciones legales se desprende que si bien el Código Orgánico Procesal Penal le confiere a la víctima derechos, facultades y vías de participación en el proceso, no es menos cierto que el ejercicio del derecho a impugnar las decisiones, queda condicionado a que las mismas se refieran a un sobreseimiento o a una sentencia absolutoria.

 

No obstante, el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, le concede a la víctima la potestad de presentar querella, la cual podrá ser admitida o rechazada por el juez. La admisión de la misma, previo el cumplimiento de las formalidades exigidas, le atribuye a la víctima la condición de parte querellante (artículo 278 eiusdem), con todas las cargas y derechos.

 

La víctima no querellada podrá igualmente actuar en el proceso, pero su actuación quedará limitada a aquellos casos en los cuales la ley le otorgue participación.

 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, la víctima que para la oportunidad de la convocatoria a la audiencia preliminar no ostentare la cualidad de parte formal (por no haberse querellado previamente en la fase preparatoria del mismo) podrá alcanzar tal condición (parte querellante) cuando notificada de dicha convocatoria, dentro de los cinco días siguientes, presente acusación particular propia y ésta sea admitida por el juez de Control al término de la referida audiencia preliminar.

 

Si para la oportunidad de la audiencia preliminar, la víctima ya ostenta la condición de parte querellante, deberá presentar acusación propia, salvo que la querella se hubiese declarado desistida.

 

Por su parte, la víctima que no se hubiese querellado, en virtud de mantener en el proceso todos los demás derechos de participación, podrá entonces adherirse a la acusación fiscal.

 

La víctima, al haber adquirido la condición de querellante o parte formal, ya sea por haber presentado querella en la atapa preliminar y ésta le hubiese sido admitida o por haber propuesto acusación particular propia, puede interponer los recursos que considere pertinentes a los fines de la defensa de sus derechos e intereses. Pero si no se ha querellado o simplemente se ha adherido a la acusación fiscal, su legitimidad estará limitada a impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

 

De tal manera que la víctima no querellada no podrá recurrir de la sentencia condenatoria, precisamente porque su actuación, al no ser parte formal, está limitada a la participación que le otorgue la ley, y en el caso de la legitimidad para ejercer los recursos, el artículo 122, numeral 8, del Código Orgánico Procesal Penal, limitó su participación a impugnar el sobreseimiento y el fallo absolutorio.

 

En este sentido, la Sala Constitucional en decisión N° 3632 de fecha 19 de diciembre de 2003, expreso:

 

“…Respecto al punto objeto de la controversia -la condición de la víctima de parte en el proceso penal- estima la Sala preciso señalar que, el reconocimiento de los derechos de la persona o personas que son víctimas de delito constituyó uno de los avances más importantes del nuevo sistema procesal penal venezolano.

El Código Orgánico Procesal Penal -hoy en su artículo 120- consagra los derechos que la víctima puede ejercer en el proceso penal, aunque no se haya constituido como querellante. Esto responde a la necesidad natural de que siendo ésta la parte afligida por el hecho punible, debe tener la posibilidad de defender sus intereses ante los órganos encargados de administrar justicia, quienes a su vez se encuentran en la obligación de garantizar la vigencia plena de dichos derechos y, así lo ha sostenido la Sala en numerosos fallos (vid. sentencias números 763 del 9 de abril de 2002 y 1249 del 20 de mayo de 2003).

En efecto, de acuerdo al citado artículo 120, la víctima tiene, entre otros, derecho a querellarse, ser informada de los resultados del proceso, adherirse a la acusación fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte, ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos -reiterado en el artículo 315 eiusdem-, ser oído por el tribunal antes de la decisión de sobreseimiento o de otra que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

Estos derechos consagrados a la víctima nacen, por un lado, del mandato contenido en el artículo 30 Constitucional referido a la obligación del Estado de proteger a las víctimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados, mandato éste desarrollado como garantía procesal en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal (…).

Es por ello que, la víctima puede intervenir en el proceso penal sin necesidad de querellarse.

El proceso penal se inicia ante la existencia o indicios reales suficientes de la perpetración de un hecho punible. Los indicios fácticos suficientes requeridos para iniciar el procedimiento en su fase preparatoria o de investigación se dan a conocer a las autoridades encargadas de la persecución penal, en la mayoría de los casos, por personas particulares a través de la denuncia, la cual en su concepto amplio implica una mera sugerencia a dichos órganos que desencadena, en su caso, la obligación de perseguir.

En cambio, la querella penal -también modo de proceder o de inicio del proceso- incorpora la manifestación del interés privado respecto a la persecución penal. De allí que, sólo la persona natural o jurídica que tenga la calidad de víctima puede presentar querella. Ello es así, no sólo por lo preceptuado en el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal, sino también en virtud de que la potestad de querellarse es uno de los derechos consagrados a la víctima del delito.

El ejercicio del derecho de acción a través de la querella confiere a la víctima, una vez admitida ésta por el Juez de Control -previo el cumplimiento de las formalidades prescritas- la condición de parte formal en el proceso -querellante- a tenor de lo establecido en el primer aparte del 296 del Código Orgánico Procesal Penal, con todas sus cargas y derechos, preservándole la ley la actividad esencial del proceso, ya que es a ella a quien le afecta el resultado del ejercicio del ius puniendi.

No obstante ello, la víctima no querellada podrá igualmente actuar en el proceso; pero, su actuación queda limitada a aquellas respecto de las cuales la ley le otorgó participación.

Por otra parte, a tenor de lo establecido en el último aparte del artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, la víctima que para la oportunidad de la convocatoria a la audiencia preliminar no ostentare la cualidad de parte formal -por no haberse querellado previamente en la fase preparatoria del mismo- podrá alcanzar tal condición -parte querellante- cuando notificada de dicha convocatoria, dentro de los cinco días siguientes, presente acusación particular propia que cumpla con los requisitos del artículo 326 eiusdem, y ésta sea admitida por el Juez de Control al término de la referida audiencia preliminar.

Concluye la Sala que, en los procesos por delitos de acción pública, la víctima mantiene su posibilidad de hacerse parte formal en el mismo, sólo cuando presente acusación particular propia que cumpla con los requisitos exigidos por la ley -artículo 326- dentro de los cinco días siguientes a su notificación de la convocatoria a la audiencia preliminar.

Igualmente, a juicio de la Sala, la víctima que ostenta la condición de parte querellante para dicha oportunidad -fase intermedia- debe presentar acusación propia a fin de mantener posiciones de hecho y de derecho distintas a las de la acusación fiscal, salvo que la querella hubiere sido declarada desistida.

Por su parte, la víctima que no querella en virtud de mantener en el proceso todos los demás derechos de participación, podrá entonces adherirse a la acusación fiscal.

Por ello, de acuerdo con lo precedentemente expuesto, juzga la Sala ajustada a derecho la decisión impugnada por vía de amparo.

Ello es así, por cuanto en el presente caso, la accionante -víctima que no querelló en la fase preparatoria del proceso penal incoado con ocasión a la muerte de sus hijos- de conformidad con el encabezamiento del señalado artículo 327, se adhirió a la acusación que el Fiscal del Ministerio Público presentó contra el ciudadano Virgilio Gerardo Llamozas, en razón de lo cual optó por mantener la condición de víctima -sujeto procesal con participación en el proceso- mas no de parte querellante…”.

 

En el presente caso, el abogado HENRY GODOY ÁLVAREZ, en su condición de víctima, por ser hijo de la occisa, quien en vida respondiera al nombre de Emérita del Carmen Álvarez, en fecha 29 de enero de 2008, presentó acusación particular propia contra los acusados de autos por el delito de Homicidio Calificado, previsto en el artículo 406, numerales 1 y 2, del Código Penal, la cual le fue admitida en la audiencia preliminar celebrada el 19 de mayo de 2008, ante el Juzgado Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

 

Con la admisión de la acusación particular propia, el ciudadano abogado HENRY GODOY ÁLVAREZ, adquirió la cualidad de parte querellante en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, y por tanto, todas las cargas y derechos de una parte formal.

 

En conclusión, el abogado HENRY GODOY ÁLVAREZ, al ser parte querellante en la presente causa podía recurrir, como en efecto lo hizo, de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Séptimo de Juicio y, por consiguiente, está legitimado para interponer el recurso de casación.

 

En virtud de las anteriores consideraciones, las cuales han sido necesarias a los efectos de aclarar la legitimidad de las víctimas para impugnar los fallos condenatorios, esta Sala de Casación Penal, revisados los fundamentos del recurso de casación propuesto por el abogado HENRY GODOY ÁLVAREZ, en su condición de víctima querellante, considera que el mismo cumple con los extremos señalados en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual lo declara admisible y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 eiusdem, convoca a una audiencia pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30). Así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara admisible el recurso de casación interpuesto por el abogado HENRY GODOY ÁLVAREZ, en su condición de víctima querellante. Se convoca la correspondiente audiencia pública, de conformidad con el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días.

 

 

Publíquese, regístrese, y notifíquese a las partes.

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

Deyanira Nieves Bastidas

 

 

El Magistrado Vicepresidente,                                             El Magistrado,

 

 

Héctor Manuel Coronado Flores                                        Paul José Aponte Rueda

                                                                                                              Ponente

 

 

La Magistrada,                                                            La Magistrada,

 

 

Yanina Karabin de Díaz                       Úrsula María Mujica Colmenarez

 

 

La Secretaria de la Sala,

 

 

Gladys Hernández González

 

HMCF/jc

Exp. Nº 2012-241

 

VOTO SALVADO

 

De conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, yo Ursula María Mujica Colmenarez, Magistrada de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión, con base en las razones siguientes:

La mayoría de esta Sala de Casación Penal, DECLARÓ ADMISIBLE el Recurso de Casación interpuesto por el abogado Henry de Jesús Godoy Álvarez, Inpreabogado número 51.973, en su condición de víctima querellante, y para ello fijó el criterio siguiente:

“La víctima, al haber adquirido la condición de querellante o parte formal, ya sea por haber presentado querella en la etapa preliminar y ésta le hubiese sido admitida o por haber propuesto acusación particular propia, puede interponer los recursos que considere pertinentes a los fines de la defensa de sus derechos e intereses. Pero si no se ha querellado o simplemente se ha adherido a la acusación fiscal, su legitimidad estará limitada a impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.” (Subrayado de la disidente).

 

            Discrepo del criterio acogido por la mayoría de mis colegas Magistrados, por cuanto el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

Se considera víctima:

1. La persona directamente ofendida por el delito.

2. El o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, o padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y al heredero o heredera, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido u ofendida.

3.- El o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, o padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando el delito sea cometido en perjuicio de una persona incapaz o de una persona menor de dieciocho años.

4. Los socios o socias, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.

4. Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito.

Si las víctimas fueren varias deberán actuar por medio de una sola representación.”

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal, establece taxativamente cuales son los derechos de la víctima y los enumera de la siguiente manera:

Derechos de la víctima

Artículo 122. Quien de acuerdo con las disposiciones de este Código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos:

1. Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.

2. Ser informada de los avances y resultados del proceso, cuando lo solicite.

3. Delegar de manera expresa en el Ministerio Público su representación, o ser representada por este en caso de inasistencia al juicio.

4. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

5. Adherirse a la acusación de el o de la Fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado o imputada en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.

6. Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

7. Ser notificada de la resolución de el o la Fiscal que ordena el archivo de los recaudos.

8. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.” (Negrillas y subrayado de la disidente).

 

 

De las normas antes transcritas se desprende de forma clara y específica, quienes pueden ser consideradas víctimas y la enumeración taxativa de los derechos que el legislador le otorgó.

En cuanto a la recurribilidad de los actos procesales, el artículo 122 de la ley adjetiva, prevé que las víctimas querelladas o no, sólo pueden impugnar el “sobreseimiento o la sentencia absolutoria”, razón por la cual, en mi opinión, es erróneo y además contrario al espíritu del legislador, el criterio que estableció la Sala al otorgar privilegios procesales a las víctimas querellantes, para impugnar las decisiones condenatorias por considerarlas “…pertinentes a los fines de la defensa de sus derechos e intereses”. Del contenido del artículo antes transcrito, se evidencia que el legislador fue claro en establecer que la víctima (en sentido amplio), sólo podrá impugnar la sentencia absolutoria o el sobreseimiento, por lo que sus derechos son reconocidos de forma taxativa.

En el caso “sub iudice”, la víctima querellante, denunció la errónea interpretación del ordinal 1 del artículo 406 del Código Penal, pretendiendo que esta Sala aumente la pena a los imputados, lo que evidencia es la disconformidad con el quantum de la pena, la cual por su naturaleza le es favorable a la víctima.

Ahora bien, al admitirse tal recurso de casación presentado por la víctima querellante, se desconoce el principio general del interés a recurrir, contemplado en nuestra ley adjetiva en el artículo 424, pues sólo puede recurrir la parte a quien la decisión le cause un perjuicio o un agravio, en mi opinión no se le puede causar un perjuicio a la víctima, sea querellada o no, si ya hubo una sentencia condenatoria, pues su pretensión se encuentra satisfecha.

Tal criterio, se sustenta en la sentencia 188 de fecha 8 de marzo de 2005, dictada por la Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, la cual expresa lo siguiente:

“…observa esta Sala que el Código Orgánico Procesal Penal ha propugnado como uno de los grandes avances de nuestro sistema penal, la consideración de la víctima como sujeto procesal, aunque no se constituya en acusador, por lo que, alcanzado tal reconocimiento legal, corresponde ahora a los operadores de justicia darle la debida importancia a la participación que le ha sido concedida de manera expresa a través del artículo 120 eiusdem, y de forma indirecta mediante otras disposiciones legales del aludido texto adjetivo, que le atribuyen el derecho de intervenir en todo proceso, aun en su fase de investigación y en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal, se le otorga el derecho de apelar de dichos fallos y los órganos jurisdiccionales se encuentran en la obligación de garantizar la vigencia plena de dichos derechos.” (subrayado y negrillas de la Disidente). 

 

Como se observa, dicha decisión equipara los derechos de la víctima querellada o no querellada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy 122), reconociendo que tiene el derecho de intervenir en todo el proceso y “en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses, sin embargo el interés de la víctima, se encuentra satisfecho con la sentencia condenatoria, más no se puede interpretar ese interés, en función de que la víctima querellada mediante la impugnación pretenda pedir  el aumento de la pena, ya que la ley persigue como fin la Justicia y ella se reflejaría en la sentencia condenatoria. 

La doctrina patria, respecto a la impugnación objetiva, establecido en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy 423) señala lo siguiente:

“Si bien el derecho a recurrir es una garantía constitucional y que forma parte del debido proceso, la norma constitucional lo limita y establece que es de configuración legal. Así, el legislador ordinario contempló en este artículo, el principio de la Impugnabilidad Objetiva, entendiendo éste por la doctrina como aquel instrumento en donde las decisiones judiciales solo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley penal adjetiva…”. RIVERA M. Rodrigo. Código Orgánico Procesal Penal, comentado y Concordado con el COPP, la Constitución y otras leyes. 2da edición,  Pág. 477. Librería J. Rincón G. Barquisimeto – Venezuela. (Subrayado y negrillas de la disidente).

 

Asimismo, el precitado autor al comentar el artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy 427), respecto al principio del agravio que debe causar el fallo recurrido a las partes señala:

“Nuestros legisladores han contemplado en este artículo otro de los principios de gran importancia en materia de recursos penales, se refirió al agravio donde las partes sólo podrán impugnar los fallos judiciales que le generen un agravio siempre y cuando éstos no lo hayan provocado, distinto es cuando nos referimos a la persona del imputado, ya que el sí podrá impugnar cualquier decisión desfavorable para sí, aunque haya contribuido a efectuar el vicio que lesiona sus derechos y garantías constitucionales o referidas a su intervención, asistencia o representación.” (Negrillas y subrayado de la Disidente).

 

El autor Enrique Vescovi, en su obra “Los Recursos Procesales y los medios Impugnativos en Iberoamérica”, respecto al interés en recurrir, sostiene que “…la medida de la recurrencia es el interés de quien la utiliza, en función del perjuicio (agravio) que le causa la sentencia. (…) Es el requisito de impugnabilidad subjetiva y se le concibe como el interés objetivamente entendido en virtud del agravio que la sentencia causa (o puede causar) al recurrente.”Pág. 266, Ediciones Depalma, Buenos Aires- Argentina.

Resulta oportuno mencionar que en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, se mantiene el derecho que tienen las víctimas de impugnar ciertos fallos (sobreseimiento y absolutoria), por lo que se infiere que el espíritu, propósito y razón del legislador no está orientado a que la víctima querellada pueda cuestionar las sentencias condenatorias, como erróneamente y extensivamente lo interpreta la Sala en el presente auto de admisión.

Por tales razones, la Sala ha debido DESESTIMAR POR INADMISIBLE el Recurso de Casación presentado por la víctima querellante Abogado Henry de Jesús Godoy Álvarez, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Quedan de este modo expuestas las razones por la cuales salvo mi voto  en la presente decisión. Fecha ut supra.

 La Magistrada Presidenta,

 

Deyanira Nieves Bastidas

 

El Magistrado Vicepresidente,            El Magistrado,

 

Héctor Manuel Coronado Flores        Paúl José Aponte Rueda

 

La Magistrada,                                      La Magistrada Disidente,

 

Yanina Beatriz Karabín de Díaz      Úrsula María Mujica Colmenarez

 

La Secretaria,

 

Gladys   Hernández González

 

 

UMMC/mau.-                                          

EXP. 12-00241 (HMCF)