^{Ponencia
de la Magistrada Úrsula María Mujica Colmenarez.}

^LOS
HECHOS^:

^{En
fecha 28 de junio de 2012, el Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en
Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, publicó
sentencia “in extenso” en la cual estableció los siguientes hechos:}

^{“De
las pruebas incorporadas en sala, apreciadas de acuerdo con lo establecido en
los artículos 13, 22 y 199 del Código Orgánico Procesal Penal se pudo demostrar
que se cometieron ilícitos penales contemplados en la Ley Contra el Secuestro y
la Extorsión y el Código Penal vigente, en virtud de que los ciudadanos
acusados FRANK DANIEL RIVERO, ENGERBERTH EDUARDO ALVARADO y LEIDER PINEDA,
abusando de sus funciones como funcionarios policiales adscritos a la Policía
del Estado Monagas, se apersonaron en la vivienda de la ciudadana Iris María
Suárez, en fecha 11 de enero de 2010 y al someter a su hijo Ramón Suárez, le
requirieron la cantidad de cinco mil bolívares (5.000,00 Bs.), los cuales fueron
entregados a los mismos; visita que se repitió el día siguiente, donde
decidieron llevarse contra su voluntad al ciudadano Ramón Suárez, exigiendo a
su madre la entrega de cinco mil bolívares más, para lograr dejarlo en libertad;
la referida ciudadana al colocar la denuncia sobre lo acontecido, y al verse
descubiertos, simularon que la víctima directa Ramón Suárez, se encontraba bajo
el dominio de un vehículo Aveo, color verde, a que se refiere este asunto, y el
cual se encontraba solicitado por la Sub-Delegación Maturín del Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas...”.}

^{Por
tales hechos el referido Juzgado condenó a los ciudadanos FRANK DANIEL
RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°
12.154.856; ENGELBERTH EDUARDO ALVARADO ÁLVAREZ, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° 17.240.673; y LEIDER ELEAZAR
PINEDA BOGADY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N° 17.695.080, a cumplir la pena de VEINTE
(20) AÑOS y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN por la comisión de los
delitos de SECUESTRO y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, tipificados en los
artículos 6 y numeral 11 del artículo 10 de la Ley Contra el Secuestro y
Extorsión, en concordancia con el artículo 239 del Código Penal,
respectivamente.}

^{Contra
tal decisión el abogado Jesús E. Natera Pérez, inscrito en el Instituto de
Previsión Social de Abogado bajo el N° 46.116, en su condición de defensor
Privado de los ciudadanos Leyder Eleazar Pineda Bogady y Engelberth Eduardo Alvarado
Álvarez, en fecha 18 de julio de 2012, presentó recurso de apelación.}

^{En
fecha 21 de diciembre de 2012, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del estado Monagas, constituida por los jueces María Isabel Rojas Grau,
Ana Natera Valera (ponente) y Doris María Marcano Guzmán, quien no firmó la
decisión por motivo justificado, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de Apelación
presentado por la Defensa de los ciudadanos Leyder Eleazar Pineda Bogady y
Engelberth Eduardo Alvarado Álvarez.}

^{Contra
tal fallo la abogada Marisel Rondón, Defensora Pública Cuarto Penal Ordinario,
adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del estado Monagas, en su condición
de defensora de los ciudadanos LEYDER ELEAZAR PINEDA BOGADY, FRANK DANIEL
RIVERO y ENGELBERTH EDUARDO ALVARADO ALVAREZ, presentó Recurso de Casación.}

^{El
Recurso de Casación fue interpuesto en tiempo hábil y no contestado por el
Ministerio Público.}

^{En
fecha 1° de marzo de 2013, se dio cuenta en Sala de Casación Penal del presente
expediente, correspondiéndole la ponencia a la Magistrada quien con tal
carácter suscribe la presente decisión.}

^{Corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico
Procesal Penal vigente, pronunciarse sobre la admisibilidad o no del Recurso
de Casación interpuesto por la Defensa de los ciudadanos LEYDER ELEAZAR
PINEDA BOGADY, FRANK DANIEL RIVERO y ENGELBERTH EDUARDO ALVARADO ALVAREZ .}

^{PLANTEAMIENTO
DEL RECURSO DE CASACIÓN}

^{ÚNICO MOTIVO:}

^{La
recurrente, con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal
Penal vigente, denunció que la Corte de Apelaciones del estado Monagas,
incurrió en la violación de ley por falta de aplicación del artículo 448 eiusdem
(antes 456), y al respecto adujo lo siguiente:}

^{“Quien
suscribe considera que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
Estado Monagas, en la sentencia objeto del presente recurso, incurre en la
falta de aplicación de la norma contenida en el artículo 448 del Código
Orgánico Procesal Penal, lo cual hace procedente el Recurso de Casación que se
interpone por fundarse en la violación de ley, por falta de aplicación. En este
sentido establece el artículo 448 ejusdem:}

^{“La
audiencia se celebrará con las partes que comparezcan y sus abogados, quienes
debatirán oralmente sobre el fundamento del recurso.}

^{En
la audiencia los jueces podrán interrogar al recurrente sobre cuestiones
planteadas en el recurso.}

^{La
Corte de Apelaciones resolverá motivadamente}^{, con la prueba
que se incorpore y los testigos que hallen presentes…”.}

^{En
la norma antes transcrita se encuentra contenida de manera imperativa, la
obligación que tiene la Corte de Apelaciones de motivar el fallo que resuelve
una apelación sometida a su conocimiento y consideración, por lo que omitir la
motivación, la expresión del por qué considera que la decisión apelada se
encontraba adecuadamente motivada, incumple con la obligación contenida en
dicha norma, de donde surge el vicio denunciado, como es la falta de motivación.”.}

^{Seguidamente
la recurrente transcribe ampliamente la sentencia recurrida y continúa
señalando lo siguiente:}

^{“…es
importante señalar que la Corte de Apelaciones se limitó a señalar que la
recurrida dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 364 del Código Orgánico
Procesal Penal (derogado) actualmente instaurado en el artículo 346 ejusdem, y
que por tanto no le asiste la razón a la recurrente cuando alega la falta de
motivación, estableciendo la Corte que la sentencia se basa (sic) a si misma,
no obstante la recurrida no fundamenta ni analiza la base sobre la base
(sic) la cual se hace tales consideraciones, es decir se basa en
consideraciones genéricas, lo que implica carencia total del análisis y en tal
sentido resulta omisivo tal pronunciamiento, pues no puede considerarse
cubierta la exposición concisa de los fundamentos que debió contener la
decisión recurrida al no observarse que la misma haya sido consecuencia del
resultado de una operación racional e intelectual, lo cual se traduce en incumplimiento
por parte de la Corte de Apelaciones de motivar sus fallos conforme lo dispone
el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal.}

^{De
allí que resulte propio recordar, que la Sala de Casación Penal ha establecido
que los jueces de alzada están en la obligación, al entrar a conocer el fondo
del recurso planteado, de resolver cada uno de los puntos o denuncias de la
apelación con suficiente claridad de los motivos que le sirven de sustento a la
decisión judicial, sin que puedan ser obviadas por el juzgador, por constituir
ello una garantía para las partes y, de no haberse se estaría violentado el
derecho de la segunda instancia.}

^{Señala
la decisión que se impugna, que el recurrente se centra en cuestionar la forma
como fueron apreciados y valorados los testimonios de los testigos,
funcionarios policiales y expertos, y establece, que se desprende que la propia
valoración de la recurrente que estos testigos si fueron valorados y
analizados, que con ellos se determinaron los hechos descritos por el Tribunal,
así como la responsabilidad de los acusados en su perpetración, especialmente
en el testimonio de la ciudadana madre de la víctima, declarante en relación
con el dicho de los funcionarios policiales, determinándose por el juzgador la
comisión del hecho punible por el cual se acusó, Secuestro y Simulación de
Hecho Punible, previsto y sancionado en los artículos 6 en concordancia con el
artículo 10 numeral 11, de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y
artículo 239 del Código Penal.}

^{Igualmente
señala, la sentencia recurrida, que el objeto principal del requisito de la
motivación es el control frente a la arbitrariedad de los jueces, por cuanto el
dispositivo de sus sentencias debe ser el razonamiento lógico de todo lo
probado y alegado en autos, ya que solo a través de este razonamiento podrán
establecer los elementos que le sirvieron de fundamento para decidir, así como
el derecho aplicable al caso concreto, verificándose de esta manera la
legalidad de lo decidido.}

^{Es
por ello que resulta ilógica la decisión del a quo, al determinar que la
comisión del hecho punible fue perpetrado por mis patrocinados, toda vez que de
las deposiciones de los testigos, funcionarios policiales y expertos no se
desprende la perpetración del delito, no obstante a ellos, el Tribunal de
Alzada al entrar a conocer con apego a la tutela judicial efectiva, confirma la
decisión del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio, sin hacer
un razonamiento fundado, pues se limitó a hacer una transcripción textual de la
sentencia recurrida, con planteamientos genéricos, en consecuencia carentes de
análisis y evaluación formal, en este sentido ha sido criterio de la
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la garantía
que debe ofrecer el juez-en este caso Corte de Apelaciones- cuando entra a
conocer con fundamento al principio de la tutela judicial efectiva, en virtud
del cual “debe garantizar una motivación suficiente, una decisión judicial
razonada sobre todas las pretensiones deducidas que exterioricen el proceso
mental, conducente a su parte dispositiva”, igualmente ha expresado la Sala
Constitucional, en sentencia N°. 708/10.05.01, que el derecho a la tutela
judicial efectiva comprende el derecho, entre otros, “a que cumplidos los
requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan
el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante de una decisión
dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho
deducido”.}

^{Cabe
destacar que no está dado conforme a la normativa procesal penal que rige la
impugnación a las Corte de Apelaciones analizar los testimonios y declarar si
existe contradicción o no, o comparta la afirmación de sus apreciaciones. Al
respecto la Sala de Casación Penal en sentencia N° 418 de fecha 09-11-2004 con
ponencia de la Dra. Blanca Rosa Mármol de León expresa lo siguiente:}

^{“Las
Cortes de Apelaciones en ninguna circunstancia pueden analizar, comparar ni
valorar pruebas, pues la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que
se estiman acreditados para su configuración de los delitos analizados le
corresponde a los juzgados de juicio en virtud del principio de inmediación y
por ello, las mismas (Corte de Apelación) estarán sujetas a los hechos ya
establecidos.”}

^{De
lo anteriormente expresado, se evidencia que el Tribunal de Mérito dio
argumentos, en forma clara y expresa que lo conllevaron al convencimiento de
que el hecho punible se cometió, así como la responsabilidad de los acusados.
La estimación de cada testimonio en la forma explanada en el fallo demuestra de
manera fehaciente la debida apreciación que de ellas hiciera el juez, para
llevar a la conclusión de culpabilidad. Es decir el juez explicó en la
sentencia las razones, motivos que justifican lo decidido, de una manera
expresa, porque la sentencia hace referencia primero en forma amplia las
consideraciones sobre cada testimonio, posteriormente en forma global de todas
las pruebas rendidas; con lo que la reviste de claridad porque las ideas
expresadas en la fundamentación es entendida; es completa, trata todos los
puntos decisivos de la resolución, indicando por que dio probado el hecho
sometido a discusión; es concordante porque el elemento de convicción invocado
y valorado para tener como probado el hecho, se compromete; es legítima porque
la decisión se basa en pruebas válidas y no fueron omitidas pruebas esenciales.
De manera que las razones expuestas, conllevan a esa Sala a determinar que la
decisión se ajusta a los requisitos de motivación, por lo que la sentencia
objeto a apelación carece del vicio anunciado, en consecuencia se declaró sin
lugar la apelación en cuanto al vicio de falta de motivación.}

^{Respetuosamente,
la defensa discrepa de la recurrida, cuando señala que la decisión se ajusta
a los requisitos de la motivación, por lo que carece del vicio denunciado; todo
ello en virtud de que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Monagas no expresa de manera clara y terminante que
razones le llevaron a determinar que la decisión se ajusta a los requisitos de
la motivación…” (Subrayado de la Sala).}

^{La
Sala para decidir observa:}

^{La
impugnante denunció que la alzada, incurrió en el vicio de falta de motivación.
Tal alegato se basó en artículo 448 de la norma penal adjetiva vigente,
anteriormente artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, pues a su
juicio, no realizó “un razonamiento fundado” sino que “se limitó a
hacer una transcripción textual de la sentencia recurrida, con planteamientos
genéricos…”.}

^{Al
respecto, esta Sala observa que el vicio de falta de motivación alegado por la
recurrente, no constituye la violación del artículo 448 del Código Orgánico
Procesal Penal (antes 456), por cuanto el segundo aparte de la norma en
cuestión, se refiere al desarrollo de la celebración de la audiencia oral con
ocasión a la interposición del Recurso de Apelación, en el cual los jueces de
alzada, a través del principio de inmediación, están obligados a resolver
motivadamente las pruebas allí debatidas, en el caso que los recurrentes
hubieren promovido pruebas para acreditar un defecto de procedimiento, el
segundo aparte del precitado artículo reza lo siguiente:}

^{“La
Corte de Apelaciones resolverá, motivadamente, con la prueba que se incorpore y
los o las testigos que se hallen presentes.”.}

^{Tal criterio ha sido
sustentando en abundante jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal, en la
cual se ha expresado lo siguiente: “}^{La
Sala… observa que es imposible que la Corte de Apelaciones haya infringido el
segundo aparte del artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, porque
dicha disposición establece que la Corte resolverá el recurso de apelación
motivadamente, con las pruebas que se incorporen y en el presente caso, tal
como lo expresó el recurrente, no se promovió ninguna.”}^.
E^{jemplo de ello son las sentencias Nros. 307 de fecha
6/6/2005 con ponencia del Dr. Alejandro Angulo Fontiveros, 230 de fecha
25/5/2006, 544 de fecha 11/08/2005 ambas con ponencia de la Dra. Deyanira
Nieves Bastidas, A-006 de fecha 23/1/2007 y 713 de fecha
13/12/2005, ambas con ponencia del Dr. Eladio Aponte Aponte.}

^{Por otra parte, esta
Sala observa que la defensa en su única denuncia, no precisó los puntos o
denuncias del recurso de apelación por ella interpuesto y que a su criterio,
no fueron resueltos debidamente por la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del estado Monagas, sino que se limitó a expresar que la
recurrida, no realizó “un razonamiento fundado”, que hizo “una
transcripción textual de la sentencia recurrida, con planteamientos genéricos,
en consecuencia carentes de análisis y evaluación formal…”, sin cumplir con
los requisitos para la interposición del Recurso de Casación establecidos en el
artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal vigente.}

^{Por
las razones antes expuestas, esta Sala de Casación Penal, DESESTIMA POR
MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el Recurso de Casación, presentado por la abogada}^{Marisel
Rondón, Defensora Pública Cuarto Penal Ordinario, adscrita a la Unidad de la
Defensa Pública del estado Monagas, en condición de defensora de los ciudadanos
LEYDER ELEAZAR PINEDA BOGADY, FRANK DANIEL RIVERO y ENGELBERTH EDUARDO
ALVARADO ALVAREZ, ello}^{de conformidad
con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal
vigente. Así se declara.}

^DECISIÓN

^{Por
las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE
INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la Defensa de los acusados
LEYDER ELEAZAR PINEDA BOGADY, FRANK DANIEL RIVERO y ENGELBERTH EDUARDO ALVARADO
ALVAREZ.}

^{Publíquese,
regístrese y bájese el expediente.}

^{Dada,
firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia,
en Sala de Casación Penal, en Caracas a los 19 días
del mes de junio de dos mil trece. Años 203° de la Independencia y 154° de la
Federación.}

^{La
Magistrada Presidenta,}

^{Deyanira
Nieves Bastidas}

^{El Magistrado
Vicepresidente, El
Magistrado,}

^{Héctor Manuel
Coronado Paúl
José Aponte Rueda,}

^{La Magistrada,
La
Magistrada Ponente,}

^{Yanina Beatriz Karabín
de Díaz Úrsula
María Mujica Colmenarez}

^{La
Secretaria,}

^{Gladys
Hernández González}

^UMMC/mau

^{RC. EXP N° 13-085}

VOTO CONCURRENTE

Quien suscribe, Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA, Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por disentir del criterio que sostiene la mayoría de mis honorables colegas, dejo constancia de mi VOTO CONCURRENTE en relación con la sentencia que precede, mediante la cual se DESESTIMÓ POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada MARISEL RONDÓN, Defensora Pública Cuarta Penal adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Monagas, actuando como defensora de los ciudadanos LEYDER ELEAZAR PINEDA BOGADY, FRANK DANIEL RIVERO y ENGELBERTH EDUARDO ALVARADO ÁLVAREZ.

Fundamentando mi discrepancia bajo las consideraciones siguientes:

En la decisión suscrita por la mayoría de los miembros de esta Sala, se afirma:

“Corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, pronunciarse sobre la desestimación o no del Recurso de Casación interpuesto por la defensa de los ciudadanos LEYDER ELEAZAR PINEDA BOGADY, FRANK DANIEL RIVERO y ENGELBERTH EDUARDO ALVARADO [Á]LVAREZ”. (Sic). (Subrayado añadido).

En tal sentido, al afirmar que en la fase de admisión del recurso de casación la Sala debe pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso, se excluye la posibilidad de emitir otros pronunciamientos, como la declaratoria de admisibilidad o inadmisibilidad, e incluso, una posible nulidad de oficio.

Desarrollando en su contenido los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal las decisiones verificables por la Sala de Casación Penal cuando es recibido un recurso de casación, especificando dichas normas:

Artículo 457:

“Si el Tribunal Supremo de Justicia estima que el recurso es inadmisible o manifiestamente infundado, así lo declarará, por la mayoría de la Sala de Casación Penal, dentro de los quince días siguientes de recibidas las actuaciones, y las devolverá a la Corte de Apelaciones de origen”.

Artículo 458:

“Si el Tribunal Supremo de Justicia considera que el recurso es admisible, convocará a una audiencia oral y pública que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de quince días ni mayor de treinta. El que haya promovido prueba tendrá la carga de su presentación en la audiencia, salvo que se trate del medio de reproducción a que se contrae el artículo 317 de este Código, caso en el cual, el Tribunal Supremo de Justicia dispondrá su utilización. El secretario o secretaría, a solicitud del promovente, expedirá las citaciones u órdenes que sean necesarias, las cuales serán diligenciadas por éste o ésta. La prueba se recibirá conforme a las reglas del juicio oral, en lo pertinente. La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan. La palabra, para las conclusiones, será concedida primero al abogado del recurrente. Se admitirá réplica y contrarréplica. El Tribunal Supremo de Justicia resolverá sobre el defecto de procedimiento, de ser el caso, únicamente con la prueba que se incorpore en la audiencia. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá al concluir la audiencia o, en caso de imposibilidad por la importancia y la complejidad de las cuestiones planteadas, dentro de los veinte días siguientes”. (Resaltado de ambos artículos efectuados en el presente voto).

De ahí que, a partir del análisis de los dispositivos legales supra transcritos, se observa como con la interposición del recurso de casación se inicia “la etapa del procedimiento donde el juzgador debe verificar la tempestividad del recurso, la legitimidad del recurrente, la impugnabilidad de la sentencia recurrida, y los vicios que se denuncian”. (Vid. Voto concurrente presentado con ocasión de la sentencia No. 350 del veinte -20- de septiembre de 2012).

Por ende, existe la posibilidad de dictar un pronunciamiento distinto a la desestimación o no, como: la inadmisibilidad, la desestimación por falta de fundamentos y la admisibilidad. Siendo desconocido ello según lo afirmado por la mayoría sentenciadora en la presente causa.

Así, de acuerdo al principio pro actione “según el cual los requisitos procesales deben interpretarse de acuerdo con el sentido que favorezca en mayor medida a la admisión de las pretensiones y recursos procesales”. (Vid. Sentencia No. 240 de fecha cuatro -4- de julio de 2012), lo que debe determinarse en primer lugar es la admisión del recurso, ello por supuesto bajo el análisis de las condiciones previstas para su admisibilidad; conforme al principio de impugnabilidad objetiva.

En consecuencia, al aseverar la Sala de Casación Penal que se pronunciará respecto a la desestimación o no, conlleva a suponer que el análisis del recurso va dirigido exclusivamente a establecer si es desestimable.

Aunado a que en la aludida decisión se indica:

“esta Sala observa que el vicio de falta de motivación alegado por la recurrente, no constituye la violación del artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal (antes 456), por cuanto el segundo aparte de la norma en cuestión, se refiere al desarrollo de la celebración de la audiencia oral con ocasión a la interposición del Recurso de Apelación, en el cual los jueces de Alzada, a través del principio de inmediación, están obligados a resolver motivadamente las pruebas allí debatidas, en el caso que los recurrentes hubieren promovido pruebas para acreditar un defecto de procedimiento”. (Sic).

Distinguiéndose que ciertamente la norma denunciada desarrolla las formalidades a cumplirse en la celebración de la audiencia donde se debaten los fundamentos de la apelación, no obstante, el segundo aparte determina la obligación de la alzada de resolver en forma motivada el asunto sometido a su consideración, por tanto, mal podría circunscribirse el espíritu del artículo 448 de la ley adjetiva penal únicamente a la existencia de pruebas o testigos; tal como lo ha planteado la decisión disentida.

Resulta ilógico aseverar que el vicio de falta de motivación no representa la violación del artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, pues es precisamente allí donde se atribuye a la alzada el carácter obligatorio de emitir una decisión motivada; de hecho es el único artículo del Título Tercero “De la Apelación” donde se exige el cumplimiento a las Cortes de Apelaciones de este deber, consagrado igualmente en otras normas de carácter general dentro del articulado que rige el proceso penal.

De esta manera, comparte quien aquí disiente que la única denuncia debe ser desestimada al no cumplir las exigencias contenidas en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre la base de la imprecisión de los fundamentos explanados en los alegatos (argumentado lo expuesto en la decisión aprobada por la mayoría), pero discrepando respecto a lo desarrollado con relación al artículo 448 de la norma adjetiva penal.

Quedan así expresados en estos términos, los motivos de mi voto concurrente.

La Magistrada Presidenta,

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

El Magistrado Vicepresidente,

HÉCTOR CORONADO FLORES

El Magistrado,

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

(Disidente)

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABÍN de DÍAZ

La Magistrada,

ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENÁREZ

La Secretaria,

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Exp. No. 2013-085

PJAR