Magistrada Ponente Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY

 

El 12 de mayo de 2022, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal dio entrada al expediente remitido por el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas,  signado con el alfanumérico 30°C-20.897-2022 (de la nomenclatura de dicho juzgado), contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA seguido al ciudadano GERARDO DAVID VILLALTA BLANCO, de nacionalidad venezolana, quien aparece identificado en el expediente con la cédula de identidad N° 17.148.958, en virtud de encontrarse requerido mediante Notificación Roja N° A-2818/4-2022, expedida el 5 de abril de 2022, por la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL, República del Perú, por el delito de  “Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Homicidio Culposo”, tipificado y sancionado en el artículo 111 del Código Penal peruano.

En esta misma oportunidad, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal del recibo del expediente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente a la Magistrada Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El 26 de abril de 2022, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Sesión Ordinaria, realizó la designación de los Magistrados y Magistradas Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, designación ésta publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 27 de abril de 2022, en Reunión Ordinaria de la Sala Plena, fue elegida toda Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia como de las restante Salas de este Máximo Tribunal. En consecuencia, en la misma fecha se procedió a la constitución e instalación de dicha Sala, quedando conformada de la manera siguiente: Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno, presidenta de la Sala; Magistrada Doctora Carmen Maricela Castro Gilly Vicepresidenta, y el Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, asimismo, se designó como Secretaria a la Doctora Ana Yakeline Concepción de García y como Alguacil, el ciudadano Luis Fernando Ortuño Pérez.      

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

Consta en los autos, Notificación Roja Nº A-2820/4-2022, expedida el 5 de abril de 2022, por la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL, República del Perú, contra el ciudadano Gerardo David Villalta Blanco, de nacionalidad venezolana, cuyo tenor es el siguiente:

“(…) País solicitante: Perú

Número de expediente: 2022/21385

Fecha de publicación: 5 de abril de 2022

Última actualización: 5 de abril de 2022

1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Apellidos: VILLALTA BLANCO

Nombre: Gerardo David 

Sexo: Masculino

Fecha y lugar de nacimiento: 10 de septiembre de 1986 –Venezuela

Nacionalidad:  Venezuela (comprobada)

Apellidos de Origen:        VILLALTA BLANCO

Estado civil: Soltero

Apellido (s) y nombre del padre: VILLALTA David José

Apellido de soltera y nombre de la madre: BLANCO Mariela

Idiomas que habla: español

Documento de identidad

Nacionalidad: Perú

Tipo: Número de registro de extranjeros

Número: 002127896

Lugar: Lima

País: Perú

Descripción física

Tatuajes en diversas partes del cuerpo    

Direcciones:

Calle: Av. Mariátegui N° 475- Barranco

Ciudad/ Localidad: Lima

País: Perú

Región/Estado: Lima-Barranco

 

2. CASO

Exposición de los hechos

Ciudad: Miraflores

País: Perú

Fecha: 22 de octubre de 2021                     

Exposición de los hechos:

“22/10/2021 SIENDO LAS 12:10 HRS SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN MIRAFLORES ENTRE EL VEHÍCULO MENOR PLACA 0125-6B CONDUCIDO POR GERARDO DAVID VILALTA BLANCO Y EL AGRAVIADO EZEQUIEL GILLEN VALENCIA QUIEN DESPLAZABA COMO PEATÓN POR LA CALZADA CAUSÁNDOLE LESIONES GRAVES SEGUIDAS DE MUERTE, ENCONTRÁNDOSE NO HABIDO...”.

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL:

ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1/1

Calificación del delito: CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD- HOMICIDIO CULPOSO.

Referencia de las disposiciones de la legislación  

Penal que reprimen el delito:

TERCER PÁRRAFO CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO PENAL.

Pena máxima aplicable: Años 06

Orden de detención o resolución judicial equivalente:

Numero: OFICIO N°00726-2022-1-CSJL/12JIP-20

Fecha de expedición: 31 de marzo de 2022-05-19

Expedida o dictada por: VIGÉSIMO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIONES PREPARATORIA DE IQUITOS.

3. MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA.

LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN:

Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

DETENCIÓN PREVENTIVA:

Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes (…)”. [Mayúsculas y subrayados de la notificación roja].

 

El 4 de mayo de 2022, funcionarios adscritos a la Dirección General de la Policía Internacional (INTERPOL), practicaron la aprehensión del ciudadano Gerardo David Villalta Blanco; dejando constancia en el acta policial levantada al efecto, en la cual respecto de las circunstancias de modo  tiempo y lugar en las que se produjo dicha aprehensión indicando lo siguiente:

“…En esta misma fecha siendo las 03:00 horas de la tarde, compareció ante este Despacho el Detective Agregado Diego SANTANDER adscrito a la Brigada Contra los Delitos de Fraude y Estafa de esta Dirección, quien estando debidamente juramentado y de conformidad con lo establecido en los artículos 113, 114, 115, 116,y 153, del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 40, 48, 49, y 50 ordinal 1, de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense, deja constancia de la siguiente diligencia "Encontrándome en la sede de esta Dirección, continuando en labores de investigaciones relacionadas con la Notificación Roja signada con el número de control A-2818/4-2022, publicada en fecha 05-04-2022, por la Secretaria General de INTERPOL, a requerimiento de la Oficina Central Nacional Lima /INTERPOL Perú, por el delito Contra La Vida, El cuerpo y La Salud / Homicidio Culposo, publicada en perjuicio del ciudadano Gerardo David VILLALTA BLANCO, fecha de nacimiento 10/08/1986 titular de la cédula de identidad V-17.148.958, en vista de lo antes expuesto, se deja constancia que se realizaron previamente pesquisas documentales, tecnológicas, de campo y un exhaustivo análisis telefónico, con la finalidad de ubicar, identificar y capturar al prófugo en referencia, por lo que siendo las 10.30 horas de la mañana, se constituyó comisión integrada por los funcionarios Inspector Jefe Dorian SILVA, Inspector Agregado Nelson TORRES, Detective Jefe Mildred MORALES, Detective Agregado Diego SANTANDER y Detective Verónica FREITES, hacia la siguiente dirección: Sector Chapellin, final de la calle San José, casa número 52, municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital, lugar de residencia del investigado, Una vez en la zona antes mencionada, plenamente identificados como funcionarios activos de esta institución, procedimos a realizar varios llamados a la puerta, siendo atendidos por una ciudadana de sexo femenino quien se identificó como Itzhar BORGES, cédula de identidad V.-20.616.257, a quien luego de indicarle el motivo de nuestra presencia, le inquirimos información sobre el ciudadano mencionado como investigado, manifestándonos sin coacción y apremio que el mismo es su conyugue, manifestando que desconoce su paradero actual, razón por la cual, le solicitamos la colaboración para que nos acompañara hasta la sede esta Dirección a fin de rendir entrevista relacionada al presente caso, por lo que procedimos a informarle a los jefes naturales de esta oficina lo sucedido; Una vez en la sede de esta Dirección, la precitada ciudadana nos manifestó que haría del conocimiento a su pareja de lo antes mencionado, motivo por el cual, procedió a comunicarse desde su equipo móvil con un familiar del ciudadano investigado, quien luego de conocer tal situación, este manifestó que el requerido se presentaría en las instalaciones de esta oficina, a fin de solventar su situación jurídica, retirándose posteriormente la referida ciudadana. Acto seguido, siendo las 02:00 horas de la tarde, se presentó de manera espontánea una persona de sexo masculino, de tez blanca, de 35 años aproximadamente, de 1,80 metros de estatura aproximadamente, quién reúne todas las características fisionómicas de la persona requerida y buscada por la comisión, quien adujo ser y llamarse Gerardo David VILLALTA BLANCO, de nacionalidad Venezolana, fecha de nacimiento 10/08/1986, titular de la cédula de identidad V.-17.148.958. Tomando en consideración lo planteado por el precitado ciudadano procedí a trasladarme hasta la sala de Comunicaciones de este Despacho a fin de verificar los datos del Ut Supra a través del sistema de búsqueda internacional 1-24/7, donde luego de unos instantes dicho sistema arrojó como resultado que presenta activa la Notificación Roja signada con el número de control A-2818/4-2022, publicada en fecha 05-04-2022, por la Secretaria General de INTERPOL, a requerimiento de la Oficina Central Nacional Lima /INTERPOL Perú, por el delito Contra La Vida, El cuerpo y La Salud/Homicidio Culposo, de igual manera procedí a verificar sus datos a través del Sistema de Investigación e Información Policial SIIPOL al referido ciudadano, obteniendo como resultado que efectivamente sus datos le corresponden y no presenta registros policiales ni solicitud alguna para momentos de la verificación, en vista de lo antes expuesto el Inspector Agregado Nelson TORRES, procedió a realizarle la respectiva revisión corporal amparado en el artículo 191°, del Código Orgánico Procesal Penal, no encontrando ninguna evidencia de interés criminalistico; de igual manera, siendo las 02:30 horas de la tarde, se procedió a practicar la aprehensión del ciudadano quien quedó identificado plenamente de la siguiente manera Gerardo David VILLALTA BLANCO, de nacionalidad Venezolana, estado civil Soltero, fecha de nacimiento 10/08/1986, natural de Caracas, Distrito Capital, de 35 años de edad, profesión u oficio Mesonero, residenciado en el sector Chapellin, final de la calle San José, casa número 52, parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Distrito Capital, número telefónico 0412.309-51-88, titular de la cédula de identidad V. 17.148.958, acto seguido procedí a leerle sus Derechos Constitucionales, consagrados en el articulo 49°, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 127°, del Código Orgánico Procesal Penal, seguidamente establecimos coloquio con los jefes naturales de esta Dirección con el objetivo de informar sobre el procedimiento realizado, quienes se dieron por notificados e indicaron que el mismo fuese puesto a la orden del Tribunal y Fiscalía del Ministerio Público correspondiente. En el mismo orden de ideas se efectuó llamada telefónica a la abogado Jeimy Yesenia DUQUE, Fiscal Provisorio Nacional con Competencia en Materia de Cooperación Penal Internacional, informándole sobre el procedimiento, dándose por notificada o indicando que dicho ciudadano fuese presentado en la Sala de Flagrancia del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el día jueves 05/05/2022 en horas de la mañana. Se deja constancia que el detenido se le permitió realizar una llamada telefónica al número 0412-219-55-17, perteneciente a su conyugue de nombre Itzhar Shorozzado BORGES MORENO titular de la cédula de identidad V-20.616.257, quien se dio por enterada de la situación jurídica de su familiar. Se consigna mediante la presente acta lo siguiente: Derechos de imputado debidamente firmados, Notificación Roja signada con el número de control A-2818/4-2022, de fecha 05-04-2022, reporte del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), los cuales se explican en su contenido, Es todo…”.

 

El 5 de mayo de 2022, el representante del Ministerio Público adscrito la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, presentó al ciudadano Gerardo David Villalta Blanco, ante el Tribunal Trigésimo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de la celebración de audiencia para oír al aprehendido, acto en el cual se ordenó la detención del prenombrado ciudadano y la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal, para determinar la procedencia de su extradición.

El 12 de mayo de 2022, una vez recibido el expediente la Secretaría de esta Sala de Casación Penal acordó librar los oficios números: a) 439, al ciudadano Fiscal General de la República, participándole sobre el procedimiento de extradición pasiva del ciudadano Gerardo David Villalta Blanco, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal, y de así estimarlo pertinente, emitiese opinión al respecto; b) 440, al ciudadano Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, a los fines de que se sirviera informar si cursa alguna investigación fiscal relacionada con el ciudadano Gerardo David Villalta Blanco; c) 441, al ciudadano Director General (E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz,  requiriéndole información sobre los movimientos migratorios del serial de la cédula V-17.148.958; c) 442, al ciudadano Director de Verificación y Registro del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pidiéndole  información sobre los datos filiatorios, las huellas decadactilares, las trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad V-17.148.958; y, d) 443, a la ciudadana Jefa de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, requiriéndole informase si contra el aludido ciudadano existía algún registro policial.

II

COMPETENCIA DE LA SALA

Pasa esta Sala de Casación Penal a determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de extradición pasiva y, al efecto, observa:

El artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone lo siguiente:

“(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley (…)”.

De la transcripción del artículo anterior, se observa que corresponde a esta Sala de Casación Penal el conocimiento de las solicitudes de extradición; en consecuencia, declara su competencia para conocer del procedimiento de extradición seguido al ciudadano Gerardo David Villalta Blanco. Así se decide.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia, corresponde a esta Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Gerardo David Villalta Blanco, de nacionalidad venezolana, en virtud de encontrarse requerido mediante Notificación Roja N° A-2818/4-2022, expedida el 5 de abril de 2022, por el delito de “Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Homicidio Culposo”, tipificado y sancionado en el artículo 111 del Código Penal peruano.

En tal sentido, el Código Orgánico Procesal Penal regula el procedimiento de extradición pasiva, en los términos siguientes:

“Artículo 386:

Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.

Artículo 387:

Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.

Artículo 388:

Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación (…)”.

 

Ahora bien, esta Sala de Casación Penal observa que entre la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición; sin embargo, las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, suscribieron el Acuerdo sobre Extradición, firmado en Caracas el 18 de julio de 1911, aprobado por el Poder Legislativo Nacional el 18 de junio de 1912 y ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de diciembre de 1914, el cual sobre la materia en particular, dispone lo siguiente:

 

“(…) Artículo 1°. Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

Artículo 2°. La extradición se concederá por los siguientes crímenes y delitos:

1. Homicidio, comprendiendo los casos de parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto (…)

7. Asociación de malhechores, con propósito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradición (…)

9. Robo, hurto de dinero o bienes muebles (…)

24. Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad de domicilio, cometido por particulares (…)

Artículo 4°. No se acordará la extradición de ningún prófugo criminal si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él y ninguna persona entregada por cualquiera de los Estados contratantes al otro, será juzgada ni castigada por ningún crimen o delito político, ni por ningún acto conexo con él, cometido antes de su extradición.

Tampoco se acordará la extradición si la persona contra quien obra la demanda, prueba que ésta se ha hecho con el propósito de juzgarle o castigarle por un delito político o hecho conexo con él.

No se considerará delito político ni hecho conexo con semejante, el delito atentado en cualquier forma y medio contra la vida de la persona de un Jefe de Estado.

Si surgiere alguna cuestión sobre si un caso está comprendido en lo previsto en este artículo, será definitiva la decisión de las autoridades del Estado al cual se haga la demanda o que haya concedido la extradición.

Artículo 5°. Tampoco se acordará la extradición en los casos siguientes:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se impute a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de una amnistía o de un indulto (…)

Artículo 11. El extraditado no podrá ser enjuiciado ni castigado en el Estado que lo reclama, sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco ser entregado a otra Nación, a menos que haya tenido en uno u otro caso la libertad de abandonar dicho Estado durante un mes después de haber sido sentenciado, de haber sufrido la pena o de haber sido indultado. En todos estos casos el extraditado deberá ser advertido de las consecuencias a que lo expondría su permanencia en el territorio de la Nación (…)”.

De igual forma, ambos países, Perú y Venezuela, el 20 de febrero de 1928, con motivo de la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de La Habana, suscribieron el Código de Derecho Internacional Privado, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulo Cuarto, artículos 344 al 366, regula lo concerniente a la extradición. La República Bolivariana de Venezuela mediante Ley Aprobatoria promulgada el 23 de diciembre de 1931, depositado el instrumento de ratificación el 12 de marzo de 1932, y la República del Perú, aprobaron el mencionado cuerpo normativo.

De allí que es evidente que las disposiciones precedentemente citadas resultan aplicables en el presente caso, razón por la cual esta Sala de Casación Penal resolverá de acuerdo con ellas (por ser leyes vigentes en la República), y conforme con las prescripciones del Derecho Internacional y el Principio de Reciprocidad, que consagra el derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición.

Al respecto, en el Código de Derecho Internacional Privado, las partes contratantes, en cuanto a la materia de extradición, convinieron lo siguiente:

“(…) Artículo 344. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición (…)”.

De igual forma, el mencionado cuerpo normativo, entre otras disposiciones, establece:

“(…) Artículo 345. Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo (…).

Artículo 351. Para conceder la extradición, es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables sus leyes penales de acuerdo con el libro tercero de este Código.

Artículo 352. La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores, cómplices o encubridores de delito.

Artículo 353. Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de delito en la legislación del Estado requirente y en la del requerido.

Artículo 354. Asimismo se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados, según su calificación provisional o definitiva por el juez o tribunal competente del Estado que solicita la extradición, no sea menor de un año de privación de libertad y que esté autorizada o acordada la prisión o detención preventiva del procesado, si no hubiere aún sentencia firme. Esta debe ser de privación de libertad.

Artículo 355. Están excluidos de la extradición los delitos políticos y conexos, según la calificación del Estado requerido.

Artículo 356. Tampoco se acordará, si se probare que la petición de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter político, según la misma calificación (…).

Artículo 359. Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la pena conforme a las leyes del Estado requirente o del requerido (…).

Artículo 366. La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese caso, los documentos mencionados en el artículo anterior se presentarán al país requerido o a su Legación o Consulado general en el país requirente, dentro de los dos meses siguientes a la detención del inculpado. En su defecto será puesto en libertad (…)”.

 

Por su parte, esta Sala de Casación Penal en sentencia N° 113, del 13 de abril de 2012, respecto al procedimiento de extradición pasiva estableció lo siguiente:

“(…) De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en nuestro país, la extradición (en su modalidad pasiva) puede ser tramitada por un gobierno extranjero ante la República Bolivariana de Venezuela, básicamente, por dos vías; en primer lugar, solicitando, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona requerida, con el compromiso de producir posteriormente, la solicitud formal de extradición, y en segundo término, presentando directamente la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria (…).

En el primer supuesto, de solicitud de detención preventiva con fines de extradición, el gobierno extranjero, con fundamento en una orden de detención (proveniente de una medida cautelar o de una sentencia condenatoria) librada por los órganos judiciales de su país, puede solicitar a cualquier país (de manera genérica, normalmente a través de Alertas o Notificaciones Rojas Internacionales, llevadas por los organismos policiales internacionales) o a un país determinado (si se tiene conocimiento que la persona requerida pudiera encontrarse en su territorio), que se ubique y se practique la detención de la persona requerida, comprometiéndose a consignar posteriormente (en el supuesto de que la persona requerida sea ubicada) la solicitud formal de extradición, con la documentación judicial necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en los tratados, convenios, acuerdos internacionales, prescripciones del Derecho Internacional o principio de reciprocidad, dependiendo del caso.

En este supuesto, los órganos policiales de nuestro país, una vez ubicada y aprehendida la persona solicitada, deben notificar inmediatamente al representante del Ministerio Público, quien presentará a la persona requerida ante el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó la detención (al que corresponda conocer previo proceso de distribución), dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención (…).

El Juzgado en Función de Control designado, celebrará una Audiencia (básicamente con la presencia del Fiscal del Ministerio Público asignado, la persona aprehendida y su Defensor), únicamente a los fines de informar a la persona aprehendida de los motivos de su detención, imponerla de los derechos que le asisten y ordenar la remisión de todas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Penal, que es el órgano jurisdiccional competente para decidir en el procedimiento de extradición (…) Una vez celebrada la audiencia, el referido Juzgado de Control deberá ejecutar la orden de remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, en un lapso no mayor de veinticuatro horas después de dictada.

Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, inmediatamente, deberá notificar la detención de la persona solicitada al país requirente (a través de los canales diplomáticos correspondientes) y fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, a cuyos fines deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Dicho término perentorio, deberá computarse a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días continuos (…) por ende, el referido lapso no admite prórroga de oficio.

En el supuesto de que el término perentorio fijado al país requirente (para consignar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria) se cumpla en su totalidad y el país requirente no produzca la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria ofrecida, la Sala de Casación Penal, deberá ordenar la libertad (sin restricciones) del aprehendido, así como, el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición; sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación (…).

La Sala, únicamente, podrá emitir pronunciamiento sobre la procedencia de una extradición, cuando el país requirente consigne la solicitud formal (…)”.

De acuerdo con lo señalado en las antedichas disposiciones legales como en la sentencia precedentemente citada, se observa que el procedimiento de extradición de una persona requerida por otro Estado exige que una vez que los órganos policiales ubiquen y aprehendan a la persona solicitada en extradición, deben notificar inmediatamente al Ministerio Público para que presente al requerido ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó dicha detención, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la aprehensión. Posteriormente, el Juzgado de Control celebrará la audiencia donde informará al requerido sobre los motivos de su detención y de los derechos que le asisten, para por último, ordenar la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal, se deberá notificar a la representación diplomática del país requirente (a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores) de la detención de la persona solicitada y se fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria que soporta dicha petición, el cual conforme con lo establecido en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, es de sesenta (60) días.

Ahora bien, en el presente caso, verificado el procedimiento y recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal, se observa que no consta la solicitud formal de extradición ni la documentación judicial necesaria, por parte de las autoridades competentes de la República del Perú, requisitos estos indispensables para decidir sobre la procedencia de la extradición, toda vez que tal como se señaló precedentemente, lo que consta en las actuaciones es una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, mediante la modalidad de notificación roja, expedida por la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL, República del Perú.

Al respecto, cabe señalar que la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal, denominada INTERPOL, en Asamblea celebrada en Hanói (Vietnam), el 31 de octubre de 2011, a través de Resolución AG-2011-RES-07, aprobó por unanimidad de sus miembros el “Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos”, el cual entró en vigencia el 1° de julio de 2012, y regula las normas de funcionamiento del Sistema de Información de INTERPOL en materia de tratamiento de datos. Específicamente, contiene en su Título 3, Capítulo II, todo lo concerniente a la denominación y el trámite de las notificaciones y difusiones, entre las que se encuentran las notificaciones rojas.

El artículo 82 de dicho reglamento establece como finalidad de las notificaciones rojas, lo siguiente:

“(…) Las notificaciones rojas se publicarán a petición de una Oficina Central Nacional o de una entidad internacional dotada de competencias en materia de investigación y enjuiciamiento penal para solicitar la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares (…)” [Subrayado de la Sala].

De lo expuesto, se evidencia que la notificación roja contiene efectivamente una solicitud de localización de una persona y su detención preventiva con el compromiso del Estado de requerir la extradición formal, una vez localizada dicha persona. Por ello, al tratarse de un trámite relacionado con un proceso de extradición, su conocimiento corresponde a los órganos jurisdiccionales del país requerido, quienes, en definitiva, dictaminarán la procedencia o improcedencia de la medida de detención, tal como lo establece el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal.

En razón de ello, y cumplidas como han sido las actuaciones procesales señaladas, lo procedente es notificar al país requirente sobre la detención del ciudadano requerido.

Sobre este particular, esta Sala de Casación Penal observa que el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, respecto al término perentorio que se le ofrece a la Parte requirente para la presentación de la solicitud formal de extradición establece un lapso de sesenta (60) días, término que se tomará en cuenta a los fines del trámite correspondiente en el presente caso.

De esta manera, al constituir la notificación al país requirente un acto procesal que debe estar revestido de los requisitos formales esenciales para su validez, entre ellos, la indicación concreta del período estipulado en el mencionado Convenio de Extradición para la consignación de los recaudos exigidos en el trámite procedimental de extradición, esta Sala de Casación Penal estima procedente notificar a la República del Perú, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos que tiene (luego de su notificación efectiva) para presentar la solicitud formal y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva seguido al ciudadano Gerardo David Villalta Blanco, conforme con lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Dejándose constancia que, en caso de no ser presentada la solicitud y la documentación judicial requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, acuerda NOTIFICAR al Gobierno de la República del Perú, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos que tiene luego de su notificación efectiva para presentar la solicitud formal y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva seguido al ciudadano GERARDO DAVID VILLALTA BLANCO, de nacionalidad venezolana, identificado en el expediente con la cédula de identidad venezolana N° 17.148.958, conforme con lo previsto en el artículo 387, del Código Orgánico Procesal Penal. Dejándose constancia que, en caso de no ser presentada la solicitud y la documentación judicial requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano, atendiendo lo establecido en el artículo 388 eiusdem.

 

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los dos (2) días del mes de                   de junio de dos mil veintidós (2022). Años 212º de la  Independencia y 163º de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

 

 

       La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY

                         Ponente                                                   

                                                                                       

                                                                                    

                                                                                    El Magistrado,

 

 

 

                                                            MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCG

Exp. AA30-P-2022-000136