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Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
En fecha 17 de abril de 2024, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo del recurso de casación interpuesto por la abogada Rebeca Yesenia Henríquez Machado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 177.653, actuando como defensora privada del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular de la cédula de identidad número V- 13.866.839, contra la decisión dictada el 8 de febrero de 2024, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la defensa privada del ciudadano antes mencionado, en razón de la sentencia publicada el 14 de octubre de 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual CONDENÓ al acusado en autos, a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 39; AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41, VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 en su segundo aparte; FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 58, numeral 1, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, tipos penales establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (vigente para el momento de los hechos) y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
En la misma data (17 de abril de 2024), se dio entrada al expediente contentivo del proceso seguido en contra del ciudadano antes mencionado, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2024-000193, y en esa misma fecha, se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, según lo dispuesto en el artículo 99, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y, en tal sentido, observa:
A primo tempore, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V “De la Organización del Poder Público Nacional”, Capítulo III “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, Sección Segunda “Del Tribunal Supremo de Justicia”, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:
“…Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
8. Conocer del recurso de casación. …”.
Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referido a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título III “Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia”, Capítulo I “Competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia”, artículo 29, numeral 2, establece:
“Competencias de la Sala Penal.
Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes, en materia penal. …”.
En concordancia con los artículos anteriores, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial número 6.667 Extraordinario de fecha 16 de diciembre de 2021, prevé:
“Casación
Artículo 132. El ejercicio del Recurso de Casación se regirá por lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.”
“Jurisdicción.
Artículo 134. Corresponde a los Tribunales de Violencia Contra la Mujer y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en esta Ley, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna.”.
“Casación.
Artículo 138. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia conocerá del Recurso de Casación.”.
De acuerdo con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan en contra de las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente asunto.
DE LOS HECHOS
Los hechos acreditados por el Fiscal Provisorio de la Fiscalía Cuadragésima Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Defensa de la Mujer, en el acto conclusivo -Acusación-, presentado en fecha 15 de octubre de 2020, y plasmados en el auto de apertura a juicio, fueron los siguientes:
“…El día vienes 28 de agosto de 2020, siendo las seis 06:00 horas de la mañana aproximadamente, momento en el cual la ciudadana LUPE KARINA ARELLANO PERALES, se encontraba en su residencia ubicada al Final de la Avenida Baralt … específicamente en el área de la cocina se le acerca su ex pareja el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, de quien tenía meses de separados pero convivían en la misma vivienda, el mismo comenzó a reclamarle sobre unos bienes en común, pero en realidad era porque sentía celos porque presumía que ella estaba saliendo con un ciudadano de nombre FRAGOZA quien trabaja como vigilante en la misma residencia, en ese momento se retiro para su habitación y comenzó a llamar a la ciudadana Lupe, en el momento que ella acude al llamado se para en la puerta de la habitación y el dice que pase en virtud que ella se negó el ciudadano ENRIQUE asumió un conducta agresiva, violenta, llena de odio y de desprecio a su condición de mujer que fue su pareja tomándola fuertemente por sus brazos y pegándola contra la pared y bajo amenaza le indico ‘hazme la paja por última vez’ como pudo ella se zafo y se metió en el baño para resguardarse, en el momento que escucho que su hijo ZADQUIEL, se despertó ella salió del baño y se fue para el cuarto de su hijo donde ingreso ENRIQUE de manera brusca amenazándola diciéndole ‘si tu no botas a los de seguridad, yo voy a venir en la tarde y le voy a dar un tiro a ellos, un tiro a ti y voy a acabar con todo esto’ de toda esta acción la víctima presentó las siguientes lesiones, tal como costa en el Reconocimiento Médico Legal…”. (sic)
DE LOS ANTECEDENTES
De las actuaciones contenidas en el expediente, se pudo constatar el iter procesal de la siguiente manera:
El 15 de octubre de 2020, la abogada Lissetti Josefina Caraballo Rosales, Fiscal Provisoria de la Fiscalía Cuadragésima Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Defensa de la Mujer, presentó escrito de acusación contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular de la cédula de identidad número V- 13.866.839, por la presunta comisión de los delitos, en grado de autor, de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, AMENAZA y FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previstos y sancionados en los artículos 42, 41 y 58, numeral 1, en concordancia con el artículo 68, numeral 3, todos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (vigente para el momento de los hechos), concatenado este último con el segundo aparte del artículo 80 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, contemplado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
De igual forma, la ciudadana Lupe Karina Arellano Perales, en su cualidad de víctima, representada por el profesional del derecho Antonio José Bravo Cartaya, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 66.465, conforme a “poder especial penal” (folios 59-60 / pieza 1-4), interpuso el 20 de noviembre del 2020, acusación particular propia contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular de la cédula de identidad número V- 13.866.839, por la presunta comisión de los delitos de “…FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, AMENAZA, VIOLENCIA FÍSICA, VIOLENCIA PSICOLÓGICA, ACTOS LASCIVOS y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, delitos previstos y sancionados en los artículo 58.1, 42, 39 45 y 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal y el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones…”.
En razón a la presentación del acto conclusivo, el 30 de noviembre de 2020, el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realizó la audiencia preliminar concerniente al proceso penal seguido contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular de la cédula de identidad número V- 13.866.839, en tal sentido, finalizada la misma, emitió una serie de pronunciamientos, de los cuales se destacan:
“…PUNTO PREVIO: Este Juzgador con relación al escrito de excepciones interpuesto por la Defensa Privada, la declara sin lugar, en relación a la solicitud de libertad del acusado, toda vez que se considera que el escrito acusatorio si cumple con lo requisito exigidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, se admite todo los medios de prueba de la defensa privada con sus testigos. PRIMERO: Presentada la acusación en tiempo hábil y ratificada en este acto por la Fiscalía 47… en contra del ciudadano, ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular de la cedula de identidad N° V- 11.866.839, por la presunta comisión del delito de FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, VIOLENCIA FÍSICA, AMENAZA Y PORTE ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos … en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, y el artículo 112 de la Ley … este Juzgado lo ADMITE PARCIALMENTE, estimando que los elementos probatorios ofrecidos por el Ministerio Publico y los hechos narrados, se subsumen en el delito de: FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, y no en el delito de FEMICIDIO AGRAVADO FRUSTRADO, previsto en el artículo … Asimismo con relación a la acusación particular propia, interpuesta por la ciudadana LUZ KARINA ARELLANO, en su condición de víctima, ratificada en este acto por el ciudadano ABG. ANTONIO JOSÉ BRAVO CARTAYA, en su carácter de Apoderado Judicial de la referida ciudadana, este Tribunal, lo admite parcialmente por el delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA, considerando que reposa en el expediente evaluación psicológica practicada a la … NO SE ADMITE EL DELITO DE ACTOS LASCIVOS previsto y sancionado en el artículo … toda vez que a criterio de este Juzgado de las actas no se desprenden suficientes elementos de convicción que permitan encuadrar la conducta del acusado en dicho ilícito penal, … SEGUNDO: Se admiten todos los medios de prueba promovidos por la Representación Fiscal… SE ADMITEN LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PRUEBAS OFRECIDOS POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA VÍCTIMA … Con relación a los medios de pruebas ofrecidos por el DEFENSOR PRIVADO, este Tribunal ADMITE DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS… TERCERO: Admitida como ha sido la acusación este Tribunal procede inmediatamente a imponer al acusado … de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso y del procedimiento especial por admisión de los hechos contenido en el artículo 375 del Código orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del artículo 67 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, las cuales son … SEGUIDAMENTE SE LE CONCEDE EL DERECHO DE PALABRA AL ACUSADO ANTES MENCIONADO … seguidamente el acusado ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, … libre de apremio, coacción, y de forma espontánea a viva voz quien expone: ‘No admito los hechos’. CUARTO: Dado que el Acusado ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular … manifestó a éste Tribunal su voluntad de No Admitir Los Hechos, éste Juzgado de conformidad con … ordena dictar el correspondiente auto de apertura a juicio y ordena remitir el presente expediente en su oportunidad legal a un Tribunal de Juicio que por vía de distribución haya de conocer. QUINTO: Se acuerda la extensión de las medidas de protección y seguridad, establecidas en el artículo…”. (sic).
El 14 de diciembre de 2020, el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicó el correspondiente auto de apertura a juico.
Una vez recibidas las actuaciones y luego de varios diferimientos, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 20 de septiembre de 2021, celebró el acto de apertura del Juicio Oral y Público, concerniente a la causa penal iniciada contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, culminando el 6 de octubre del 2022, momento en el cual, dictó el siguiente pronunciamiento:
“…CONDENA al ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular de la cédula de identidad N° V-13.866.839 … a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN por estar incurso en los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA previsto y sancionado en el artículo 39; AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41, VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 en su segundo aparte; FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 58, numeral 1, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, tipos penales establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones, por hacer sido encontrado responsable…” (sic).
Siendo el 14 de octubre del 2022, cuando el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicó la correspondiente sentencia condenatoria.
El 19 de octubre del 2022, las abogadas Mary Jeanette Rubio y Ana Virginia Guerra, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 106.815 y 46.062; respectivamente, actuando como defensa privada del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, presentaron recurso de apelación, contra la sentencia publicada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Por su parte, el Ministerio Público, el 25 de octubre de 2022, interpuso escrito a los fines de contestar el recurso de apelación presentado por la defensa del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO.
Dada la inhibición planteada por la Juez Lisbeth Hernández, Jueza integrante de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, la cual fue declarada con lugar, se constituyó una Sala Accidental el 13 de diciembre del mismo año.
El 11 de enero de 2023, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, admitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO,
En razón a la admisión, antes mencionada, el 18 de enero de 2023, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, en atención a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, celebró la audiencia correspondiente a la causa penal seguida contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO.
Vista la designación realizada el 8 de enero de 2024, de la Jueza Provisoria de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, se constituyó una Corte de Apelaciones, la cual acordó fijar en atención a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una nueva audiencia.
El 18 de enero de 2024, la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, celebró la audiencia correspondiente a la causa seguida al ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO.
Una vez realizada la audiencia correspondiente, la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, el 8 de febrero de 2024, publicó sentencia en la cual declaró SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la defensa del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO y confirmó la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En virtud de la sentencia publicada el 8 de febrero de 2024, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, el Ministerio Público es notificado de la misma, el 9 de febrero de 2024.
El 14 de febrero de 2024, tanto la defensa privada del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, como la víctima son notificadas de la decisión publicada el 8 de febrero de 2024, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital.
Asimismo, en relación al ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, el mismo, previo traslado, es impuesto el 15 de febrero de 2024, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, del fallo dictado 8 de febrero del mismo año, en relación a la causa seguida en su contra.
En esa misma fecha (15 de febrero de 2024), las ciudadanas Arelis Rodríguez Lucero, Alejandra González y Docary Rosales, abogadas adscritas al Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), fueron notificadas de la decisión publicada el 8 de febrero de 2024, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital.
Acto seguido, el 7 de marzo de 2024, la abogada Rebeca Yesenia Henríquez Machado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 177.653, actuando como defensa privada del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, juramentada el 22 de marzo de 2023, interpuso recurso de casación contra la decisión publicada el 8 de febrero de 2024, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital.
El 5 de abril del 2024, el Ministerio Público, interpuso escrito a los fines de contestar el recurso de casación presentado por la defensa del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO.
DEL RECURSO DE CASACIÓN
El Recurso de Casación, es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exige para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos legales de obligatorio cumplimiento.
En efecto, el Libro Cuarto, “De los Recursos”, Título I, del Código Orgánico Procesal Penal, establece en sus artículos 423 y 424, las disposiciones generales que rigen la interposición de todo recurso.
Así pues, el artículo 423, consagra el principio de impugnabilidad objetiva, el cual dispone que las decisiones judiciales solo sean recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos.
Por su parte, el artículo 424, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca expresamente ese derecho.
Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto, “De los Recursos”, Título IV, “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del citado texto adjetivo penal, dispone en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento a seguir para su interposición, de la siguiente manera:
“Artículo 451. El Recurso de Casación solo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.
Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.”.
“Artículo 452. El Recurso de Casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.
Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.”.
(…)
“Artículo 454. El Recurso de Casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.”.
En lo que respecta al trámite del Recurso de Casación, previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por aplicación supletoria, señala:
“Casación
Artículo 132. El ejercicio del Recurso de Casación se regirá por lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.”.
En este contexto, se concluye que el recurso de casación solo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.
NULIDAD DE OFICIO
Preliminarmente, la Sala de Casación Penal antes de entrar a conocer sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado por la defensa privada del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO y emitir decisión sobre el mérito de dicho asunto, en atención a lo dispuesto a los artículos 174 y 175, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, estima procedente examinar la conformidad en derecho de las actuaciones cumplidas en el presente proceso, en tal sentido, se pudo constatar vicios que repercuten directamente en aspectos de orden constitucional y en criterios jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal y de la Sala Constitucional, que fueron inadvertidos durante el desarrollo de la causa, vinculados a valores, principios, normas, derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
En efecto, dicha revisión surge en razón de la potestad que posee este Alto Tribunal, de velar por el cumplimiento irrestricto de los principios y garantías consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en aras de preservar la seguridad, y el mantenimiento de la paz social del Estado venezolano, tal como lo dispuso la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 204 de fecha 20 de marzo de 2024, que en relación a lo afirmado, indicó:
“…Al respecto, esta Sala observa que el contenido y alcance de esa sentencia no sólo está directamente vinculado a aspectos de orden constitucional y a criterios jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal y de esta Sala Constitucional, que fueron inadvertidos en la parte motiva de la misma, vinculados ante todo, a valores, principios, normas, derechos y garantías constitucionales, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la debida responsabilidad penal que tiene cada ciudadano frente al Estado venezolano por los hechos punibles cometidos, a la seguridad jurídica y a la Justicia, entre otras expresiones jurídicas en la misma y en el proceso penal que le dio lugar al fallo sub examine (vid. arts. 1, 2, 3, 26, 49 y 257 del Texto Fundamental), las cuales están estrechamente a la seguridad y mantenimiento de la paz social del Estado venezolano que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y han sido objeto de interpretación por parte de esta Sala Constitucional en el desarrollo de sus jurisprudencia…”.
En tal sentido, de la revisión del expediente, se pudo constatar de los folios 34 al 103, de la pieza denominada “3-4”, la sentencia publicada el 14 de octubre del 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, concerniente al proceso penal seguido contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular de la cédula de identidad número V- 13.866.839, en la cual se CONDENÓ al prenombrado ciudadano, a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN por estar incurso en los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 39; AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41, VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42, en su segundo aparte; FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 58, numeral 1, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, tipos penales establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Vigente para el momento de los hechos) y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Ahora bien, en relación al mencionado fallo se pudo constatar, como el mismo se estructuró en diferentes capítulos, identificados de la siguiente forma:
El primero, denominado “identificación del acusado”, en el cual se procede a identificar de forma plena al acusado en autos.
El segundo, denominado “narrativa”, en el cual se hace mención a las circunstancias acaecidas durante el proceso, como la admisión parcial de la acusación presentada por el Ministerio Público y la acusación particular propia interpuesta por la víctima, así como los alegatos expuestos durante el juicio oral y público. Siendo necesario destacar que en relación al escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público, el tribunal de juicio resaltó:
“…Ahora bien, la representación del Ministerio Público, narra los hechos objeto del presente juicio en su escrito acusatorio en los términos siguientes:
En esta misma fecha, siendo las nueve (09:00) horas de la noche, compareció por ante este Despacho el Supervisor … adscrito a la Dirección … estando debidamente juramentado y de conformidad con los Artículos … Deja constancia de la siguiente diligencia policial: que el día Viernes 28 de Agosto de 2020, a las cuatro y cincuenta (04:50) horas de la tarde se presento ante este despacho el ciudadano de nombre L.K.A.P. … esto con la finalidad de colocar una denuncia en contra de un ciudadano que la hacía agredido físicamente, motivo por el cual se designo una comisión policial al mando de quien suscribe, en compañía del … hacia la siguiente dirección … una vez en el lugar arriba mencionado en compañía de la víctima y estando plenamente identificado como funcionarios activos de este cuerpo de policía, a bordo de la unidad … donde esta misma ciudadana nos permitió el acceso a la vivienda donde se encontraba el ciudadano denunciado, una vez en la vivienda logramos visualizar que a simple vista se encontraba en el interior de la vivienda un (01) ciudadano con un arma de fuego en sus manos, es cuando procedimos a darles la voz de alto a dicho ciudadano, y se le indico que arrojara el arma de fuego al suelo, este tomando una actitud contraria con la comisión insultando a viva voz, donde se implemento el dialogo con este ciudadano, este haciendo caso omiso, por lo que se realizo un despliegue táctico por parte de los funcionarios arriba descritos con la finalidad de resguardar nuestra integridad física y de la ciudadana que se encontraba en el lugar, por lo que el OFICIAL … realizo el uso progresivo y diferenciado de la fuerza realizando la técnica derribo a brazo extendido, amparado en el ARTICULO … es donde se logro despojar al ciudadano del arma de fuego que portaba para el momento, a su vez el OFICIAL … amparado en los artículos … procedió a realizarle una inspección corporal para corroborar que no hiciera porte de algún otro objeto de interés criminalística, actos seguidos la ciudadana que funge como víctima nos indico que dentro de la vivienda en mención se encontraban más armas de fuego, de inmediato el OFICIAL JEFE … previa autorización de la ciudadana antes mencionada (dueña de la vivienda) se procedió a realizar respectiva verificación de la vivienda, donde se logro incautar dos (02) armas de fuego aparte de la que portaba el ciudadano, estas se encontraban en el cuarto … posterior a esto se procedió a solicitar la documentación del ciudadano este quedando plenamente identificado como 1)- ALVARO CASTRO ENRIQUE RODOLFO PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V- 13.866.839, … Por tal motivo se le indicó al ciudadano antes mencionado que a partir de ese momento se encontraba en calidad de detenido por la presunta comisión de uno de los delitos, contemplados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujer a una Vida Libre de Violencia y el Código Orgánico Procesal Penal. Seguidamente se le hizo lectura de sus derechos basándose en el artículo … aunado a esto en el lugar se le realizo una (01) llamada telefónica al FISCAL … a quien se le hizo conocer la investigación … y del procedimiento que se lleva a cabo, inmediatamente el ciudadano aprehendido fue verificado por el sistema SIIPOL, siendo atendidos para el momento por el operador … quien luego de unos breves minutos me notifico que dichos ciudadanos no poseen solicitudes, ni registro policial, posteriormente fue trasladado hacia el Cuerpo de Investigaciones Científicas… para que mediante oficio se le realice planilla única de reseña Afis e Información Policial, siendo atendidos por el DETECTIVE … quien nos indicó que dichos ciudadanos ‘NO POSEEN REGISTROS POLICIALES’, posteriormente fueron atendido por perito identificador … Este indicando que no se está elaborando debido a la situación crítica de la pandemia mundial, … posteriormente nos trasladamos al Servicio Nacional de Medicatura Forense ubicado en el llanito, a fin de realizarle examen Médico Legal, siendo atendido por el galeno de guardia … que nos indicó que el ciudadano aprehendido se encuentran en buen estado físico y no presenta lesiones físicas, de igual manera se le realizo el examen médico legal a la victima L.K.A.P, quien presenta lesiones en ambos brazos y a nivel del cuello. Investigación instruida por las actas procesales bajo las actas procesales de nomenclatura … por la presunta comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley Orgánica de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Venezolano vigente. Posterior a esto las evidencias incautadas fueron trasladadas a la DIVISIÓN DE RESGUARDO Y CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS del CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, Luego de haber realizados las diligencias correspondientes al procedimiento posterior a eso el ciudadana será presentado ante el palacio de justicia ante la fiscalía que conoce el caso, Es todo se termino, se leyó y conformes firman...".
El tercero, denominado “recepción y valoración de pruebas”, donde el tribunal dejó constancia de la “valoración” que realizó de los medios de pruebas evacuados.
El cuarto, denominado “pruebas testimoniales y documentales desestimadas”, donde el tribunal de primera instancia, procede a dejar constancia de las razones por las cuales procedió a desestimar algunos de los medios de pruebas presentados durante el juicio oral y público.
El quinto, denominado “de las conclusiones”, en el cual se transcriben las conclusiones presentadas en el juicio oral y público, tanto por el Ministerio Público como la defensa privada, con su correspondiente replica y contra replica, así como también, la declaración de la víctima y el acusado.
El sexto, denominado “motivación para decidir”, donde puntualizó lo siguiente:
“…En este contexto, se hace necesario sancionar a los sujetos agresores, lo cual es necesario para dar cumplimiento a los principios que rigen la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW), y así impartir una verdadera justicia de género, que proteja a la mujer en general, permitiendo de esta manera la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad en paz.
Señalado lo anterior, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio y con Competencia en materia de delitos contra la mujer, a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 126 de la Ley Especial que rige la materia, procede argumentar el fundamento de la presente sentencia tal y como lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N°1676, de fecha 3/08/2007, Ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, en la cual se señala lo siguiente: (…)
Señalado lo anterior lo anterior, se le dio inicio en la presente causa, al Juicio Oral y Público, el 20/09/2021, en virtud de la Acusación Fiscal, presentada contra del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, por la presunta comisión del delito de FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 58.1 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el artículo 80 del Código Penal, VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, AMENAZA, previsto y sancionado 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones y de la acusación particular propia interpuesta por la victima contra el referido justiciable por la comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Consta en las actas que el acervo probatorio fue evacuado en audiencias orales y públicas a partir del 20/09/2021, todo de conformidad con el 108 y 109 de la Ley especial que rige la materia, y el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo pertinente proceder a su debido análisis, bajo las premisas contenidas en los artículos 181 (licitud de prueba), 182 (libertad de prueba) y 183 (presupuesto de apreciación de prueba) Ejusdem, aplicable por remisión del artículo 83 de la Ley Orgánica del Derecho a la Mujer a una vida Libre de Violencia y 99 Ejusdem, comparando y concordando los medios probatorios recepcionados en las audiencias supra señaladas, para en definitiva apreciar los medios probatorios según la Sana Critica, conforme a las reglas de la Lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias.
Quien aquí decide, constató que efectivamente, el titular de la acción Penal dentro de su competencia practicó diligencias propias de la investigación, entre las cuales tenemos las testimoniales promovidas por la fiscalía, que fueron evacuadas por este Tribunal con las garantías del debido proceso. comprobándose de todas y cada una de las testimoniales, que los ciudadano, ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO Y LUPE KARINA ARELLANO PERALES, hacían vida en pareja desde hace aproximadamente 26 años, y que los mismo procrearon un hijo, llamado ZADQUIEL ENRIQUE ALVARADO ARELLANO, igualmente a criterio de esta Juzgadora, quedó demostrado con las deposiciones de las compañeras de trabajo de la víctima, que la misma era objeto de violencia física por parte del hoy acusado, que la víctima en reiteradas oportunidades llego a su sitio de trabajo golpeada, con morados en sus brazos, y bajo crisis nerviosas, manifestándoles a sus compañeras de trabajo, que era motivado a problemas que tenia con su pareja, vale decir, con el hoy acusado ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO.
Ahora bien, de acuerdo con los delitos por los cuales acusó el Titular de la Acción Penal, quedó demostrada a criterio de esta Juzgadora, la conducta del acusado, como sujeto activo en los hechos que nos ocupan, es importante señalar que los tipos penales por los que acusaron, tanto el Ministerio Público, como la víctima en su acusación particular propia, son delitos dolosos, que requieren la intensión de dañar del autor.
Debiendo resaltar este Tribunal, que en el tipo penal de VIOLENCIA FÍSICA, el bien jurídico tutelado es la integridad física de la mujer, y en el tipo penal, de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, el bien jurídico tutelado es la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, acarreando este último (la violencia psicológica) disminución de la autoestima de la víctima, perturbando con ello su sano desarrollo, conllevándola a estados depresivo, e incluso el legislador llegó muchos más allá. ‘la violencia psicológica conlleva a la víctima al suicidio’ es evidente que en el caso que nos ocupa, queda corroborado, luego de la comparación de los medios probatorios recepcionados, como son las testimoniales de las compañeras de trabajo de la víctima, como la testimonial de la ciudadana Mithsue Mitsuko Martinez Yamawaki, quien manifestó al Tribunal que acostumbraba a visitar y a pernotar en la casa de la familia Alvarado Arellano, en reiteradas oportunidades que pernoto en dicha residencia, escucho al hoy acusado y la victima discutir, de igual forma manifestó al Tribunal que el hijo del acusado y victima (ZADQUIEL ALVARADO), le manifestó que en una oportunidad escucho que al momento en que discutían (el acusado y la victima), escucho cuando el hoy acusado cargo el arma de fuego y que tenía miedo, queda así demostrado que el acusado ejercía sobre la víctima, tanto la violencia Física como la violencia Psicológica, siendo conteste con este criterio, la evaluación psicológica practicada por el experto forense a la víctima, la cual arrojo como diagnostico (según CIE-10) TRASTORNO MIXTO ANSIOSO DEPRESIVO: De igual forma, es conteste con lo aquí señalado, la deposición del médico forense, quien entre otras cosas manifestó que del Reconocimiento Médico Forense número 129LEC- 1028-20 de fecha 22-09-2020, practicado a la víctima, se puede apreciar Contusiones equemoticas en ambos brazos, contusión edematosa en cráneo, limitación en movimiento cuello para la extensión y flexión compatible síndrome de latigazo post traumático, manifestado el médico forense a preguntas formuladas por el Tribunal ¿Presenta contusiones (la víctima)? RESPUESTA Aquí dice contusiones hematosis en cráneo esto indica como un chichón.
Continuando con la correspondiente argumentación jurídica, quedó demostrado con la testimonial del ciudadano ZADQUIEL ENRIQUE ALVARADO ARELLANO, la conducta agresiva y hostil por parte del acusado hacia la víctima e incluso hacia su personal, toda vez que compartían techo.
Ahora bien, al cotejar y confrontar como en efecto se hiso, el testimonio del ciudadano ZADQUIEL, ENRIQUE ALVARADO ARELLANO, como testigo presencial de los hechos que acá nos ocupan, con el de las compañeras de trabajo de la víctima, con el de la ciudadana Mithsue Mitsuko Martinez Yamawaki, con la evaluación psicológica practicada por el experto forense a la víctima, la cual arrojo como diagnostico (según CIE-10) TRASTORNO MIXTO ANSIOSO DEPRESIVO, y con reconocimiento Médico Forense número 129LEC- 1028-20 de fecha 22-09-2020, practicado a la víctima, donde se pudo apreciar contusiones equemoticas en ambos brazos, contusión edematosa en cráneo, limitación en movimiento cuello para la extensión y flexión compatible síndrome de latigazo post traumático, queda así corroborado que la conducta desplegada por el acusado se subsume de manera perfecta en los delitos de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, AMENAZA previsto y sancionado 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Y ASÍ SE DECIDE-
Aunado a lo expuesto anteriormente, constató esta decisora que de las actuaciones cursantes en el expediente, la Fiscalía del Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal y visto el resultado de las investigaciones desarrolladas por la misma, determinó en su acusación que una de las conductas desplegadas por el hoy acusado ciudadano, ENRIQUE ROLDOFO ALVARADO CASTRO se subsume de manera perfecta en los delitos de FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 58.1 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el artículo 80 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Vale la pena traer a colación, lo señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia núm. 1.160, de fecha 29 de agosto de 2014, mediante la cual emitió pronunciamiento referente a la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respecto al homicidio causado por un hombre a una mujer, en la modalidad de Femicidio, a saber:
‘(...) la Reforma Parcial de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se circunscribió tal como lo expresa su exposición de motivos, a la inclusión de la tipificación del delito de femicidio, entendido éste como el homicidio de una mujer, cometido por un hombre, por motivos estrictamente vinculados con su género, dado que, si bien es cierto que el Estado venezolano ha reconocido la gravedad de la violencia perpetrada contra la mujer, y sobre ese contexto ha impulsado un conjunto de acciones para garantizarlee el derecho a una vida libre de violencia, era necesario enfatizar en la tipificación del delito de Femicidio, el cual debe describirse como un tipo penal autónomo, con características y especificaciones típicas distintas al delito básico de homicidio y alejarse de la visión retrograda que considera que el homicidio de una mujer, es una simple circunstancia agravante del precepto normativo base. (Negrillas y resaltado de esta Sala de Casación Penal). (sic).
Ahora bien, se observa que la Fiscala del Ministerio Público califico los delitos FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, en la persona de LUPE KARINA ARELLANO PERALES, razón por la cual, esta decisora en el caso sub examine y de acuerdo a la descripción típica prevista en el artículo 57 de la ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el tipo penal de femicidio, se encuentra configurado en el presente hecho; toda vez que tal y como se desprende de la exposición de motivos de la precitada ley especial y los tipos penales anteriormente señalados, la inclusión de la calificación del delito de femicidio, refiere al homicidio de una mujer, cometido por un hombre, por motivos estrictamente vinculados con su género o causada por odio o desprecio a su condición de mujer, situación fáctica ésta, que en el caso particular examinado se configura tal supuesto, con la disposición de la víctima, ciudadana LUPE KARINA ARELLANO PERALES quien testificó que por años fue objeto de agresiones físicas y verbales por parte del hoy acusado, así como de amenazas a su vida, y a la vida su hijo, por parte del hoy acusado. Igualmente se aprecia de la deposición de la victima que venía padeciendo por años de ese maltrato físico, y psicológico quedando evidenciado del testimonio la referida víctima, un daño Psicológico, toda vez que fue amenazada en reiteradas oportunidades con un arma de fuego, incluso para tener relaciones sexuales la amenazaba con el arma de fuego.
En el caso que nos ocupa, la conducta desplegada por el acusado, consistió en aprovecharse de la situación de superioridad como hombre, para someter e imponer su conducta androcéntrica del dominio del hombre sobre la mujer, que representaba para él, imponer su conducto sexista, aunado a que en el presente caso la discriminación (conducta sexista) iba acompañada de violencia física y amenazas; amenazas que no se cristalizaron por causas independientes al hoy acusado, al llegar a la vivienda de la familia ALVARADO ARELLANO, la comisión policial integrada por los funcionarios adscritos la Policía Nacional Bolivariana, Dirección Nacional de Investigaciones Penales, Brigada Especial, quienes testificaron ante este Tribunal que la comisión fue recibida por el acusado, de una formal hostil y agresiva, amenazando a la comisión con un arma de fuego, y que el hoy acusado fue neutralizado por funcionarios adscritos al referido cuerpo policial, logrando el acceso a la vivienda con autorización de la víctima, incautando en dicha vivienda varias armas de fuego, es evidente que de no haber llegado la victima a su casa, acompañada de la comisión policial, el resultado, hubiese sido que se habría consumado el hecho punitivo de Femicidio, lo que denota que estamos ante una tentativa del referido tipo penal, toda vez que el hoy acusado estaba armado, y en espera a que la víctima ingresara a su casa, siendo sorprendido como ya se mencionó, por la comisión policial, que es quien lo neutralizo y lo despojo del arma de fuego.-
Quien aquí decide, considera que se encuentra corroborado, que la conducta desplegada por el acusado, se subsume de manera perfecta en los delitos de FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 58.1 de la Ley Especial que rige la Materia, en concordancia con el artículo 80 del texto sustantivo penal así como el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme, Control de Armas y Municiones, dejando por sentado quien aquí decide, que el dicho de los funcionarios actuantes, en relación a las armas decomisadas en posesión del acusado, quedo evidenciado en la planilla de registro de cadena de custodia, que las describe de la siguiente manera:
1) Un (01) arma de fuego tipo pistola de color negro, maraca (sic) Pietro Berreta, modelo 71 calibre 22, serial 93647.
2) Un (01) cargador sin marca visible y sin capacidad visible,
3) Quince (15) balas calibre 22 long.
4) Un (01) arma de fuego tipo rifle de color negro, marca the Marlin, modelo 60, calibre 22, serial 710451225, con empuñadura elaborado en material de madera de color marrón.
5) Un (01) arma neumática (01) tipo rifle en estado de oxidación, marca Diana, modelo 23, calibre 5.5/22, con empuñadura elaborada en material de madera de color marrón…”. (sic).
Por último, en los capítulos séptimo y octavo, denominados “penalidad” y “parte dispositiva”, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, procedió a realizar el correspondiente cálculo de la pena a imponer y los pronunciamientos correspondientes, en razón a lo decidido.
Partiendo de lo antes señalado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia pudo advertir que la Juez a cargo del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio, con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 346, numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, omitió exteriorizar en su decisión de forma organizada, coherente y lógica los hechos imputados, así como también los que estimó probados, en razón al análisis del material probatorio evacuado en el desarrollo del juicio oral y público, conforme a lo narrado tanto en el escrito acusatorio como en el auto de apertura a juicio, limitándose a realizar solamente una valoración de los medios probatorios.
Dicha omisión, derivó de forma ineludible en garantías constitucionales, como el derecho a una tutela judicial efectiva y el debido proceso; por cuanto, imposibilita determinar si la resolución dictada en la presente causa, se realizó conforme a un razonamiento que se ajuste a los hechos acreditados, ello a los fines de evitar decisiones arbitrarias. En tal sentido, esta Sala en atención a lo antes afirmado, considera oportuno realizar las siguientes consideraciones:
Autores como Guzmán De Los Santos, M. (1992). La motivación de las sentencias deber ineludible de un juez justo. Pág. 13, en relación a la motivación de los fallos judiciales, señaló:
“…la motivación es un medio legal de obligar al juez a la reflexión, al examen detenido, a la apreciación de los hechos en función de los elementos legales de la prueba y a las normas jurídicas; la redacción de la sentencia colocará ante al juez ante la necesidad de no exponer ningún motivo, o inventar motivos que no guarde la debida relación con las pruebas aportadas. La motivación es, y ha de ser en todos los caso, el fiel reflejo del trabajo intelectual del juez, en su empeño de resolver el conflicto judicial de un modo razonable, justo y jurídico…”.
En este mismo sentido y dirección, Fernando De La Rúa citado por Samaniego Carrillo, D. R. (2019). La motivación como una garantía del debido proceso en el sistema de aplicación de justicia ecuatoriano. Pág. 8, explica en relación a la motivación de la sentencia, que la misma “…constituye un elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho mediante el cual el juez apoya su decisión…”.
Efectivamente, la obligación de motivar se instituye como un elemento fundamental en la función decisoria de los jueces, la cual configura un ejercicio intelectual en procura de garantizar un proceso con arreglo a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en cuanto a que toda persona tiene el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia y obtener con prontitud una decisión correspondiente, que deberá ceñirse a una serie de principios para el recto cumplimiento del derecho, en procura de materializar una justicia conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé entre otras cosas, que el “…Estado garantizará una justicia … imparcial, idónea, transparente, … responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles…”.
Asimismo, dado que las garantías previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se presentan como formulaciones abstractas de carácter general, su aplicación dentro del proceso, está sujeta a un desarrollo normativo de carácter procesal, por lo tanto, es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 346 el Código Orgánico Procesal Penal, que dispone:
“…La sentencia contendrá:
1. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado o acusada y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal.
2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio.
3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados.
4. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho.
5. La decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o condena del acusado o acusada, especificándose en este caso con claridad las sanciones que se impongan.
6. La firma del Juez o Jueza…”.
Dichos requerimientos, obedecen al establecimiento de parámetros claros, en relación a los requisitos que deben contener una sentencia, en este sentido, autores como Rivera Morales, R. (tercera edición – corregida y aumentada. 2013). Código Orgánico Procesal Penal. Comentado y concordado con el COPP, la Constitución y otras Leyes. Pág. (380), en relación al contenido antes transcrito, indicó que en el mismo se da “…una gran importancia a la parte narrativa -«el tribunal de juicio debe expresar los hechos que dieron lugar a la formación de la causa... »- y, a la parte motiva -«la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados»-. Ahora bien, la parte de la sentencia que juega una mayor preponderancia es la MOTIVA. La sentencia tiene que ser plenamente motivada de forma racional, exponiendo los hechos probados y la fundamentación jurídica…”.
Lo antes señalado, concretamente en lo atinente a la obligación del tribunal de juicio de expresar los hechos que dieron lugar a la formación de la causa, así como también, la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados, contemplada en los numerales 2 y 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, fungen como un mecanismo de control a favor del justiciable, en atención a evitar arbitrariedades en el proceso de razonamiento del Juez al momento subsumir los hechos certificados con las normas jurídicas aplicadas, por cuanto, tal como alude el artículo 345 eiusdem, el cual refiere a la “congruencia entre la sentencia y la acusación”, entendiendo que cualquiera que sea la calificación jurídica que en definitiva acuerden los jueces, al momento de evaluar los hechos objetos del proceso, esta debe ser la misma que fue objeto de la acusación y en el debate de juicio; es decir, debe fundamentarse en el mismo sustrato fáctico sobre el cual los sujetos procesales desplegaron su actividad acusatoria o defensiva.
Efrectivamente tal exigencia, delimita el contenido y el alcance de las resoluciones judiciales, por cuanto, tal como lo señaló González Manzur, H. (Primera Edición. 2014). Nuevos Paradigmas Sobre el Razonamiento y la Prueba en Casación Penal, Librería Alvaronora. Pág. (380), “…el deber de motivar la sentencia no se agota con tal sólo construir una orfebrería lingüísticas, como punto previo al fallo, que haga las veces de discurso motivatorio, sino que requiere que el juez tenga en cuenta ciertos requisitos esenciales para alcanzar el rango de sentencia razonada en derecho…”, siendo uno de estos, conforme a la doctrina especializada “…Desarrollar una motivación que justifique racionalmente el juicio de hecho y el juicio de derecho (motivación completa)…”.
En relación con el mencionado requerimiento, el antes prenombrado autor, explicó:
“…Conviene destacar, una vez más, que el artículo 7 Constitucional (principio de prohibición de arbitrariedad) no permite que el juez decida de manera arbitraria, absurda, porque tanto en el juicio de hecho como en el juicio de derecho debe someterse a la supremacía constitucional…”, (Pág. 387).
“…Asimismo, en armonía con Víctor, Fairen Guillen (1949) se sostiene que, una vez clausurado el juicio oral, el juez empieza a elaborar sistematizaciones lógicas y apreciaciones para confeccionar la sentencia, y las primeras que ha de realizar deben ser las concernientes a la determinación de la base fáctica de la sentencia. A tal efecto, el fallador ha de establecer, valorando el contenido de la información probatoria, es decir el material de hechos, producto de las pruebas practicadas en el juicio oral, -cuál es la configuración de los hechos controvertidos- en franca mención a la denominada fijación de los hechos. En consecuencia, la fijación de los hechos radica en estructurar en la motivación el relato de hechos que el juez estima probados, pues no se trata de una simple enumeración de los concretos hechos o sucesos que alegados por el fiscal, el querellante o defensor, que se declaran probados, sino en un relato fático con sentido lógico…”. (Pág. 388)
En el caso objeto de análisis, la sentencia publicada el 14 de octubre del 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, carece en su contenido, de una relato claro de los hechos que estimó probados, lo cual implica un ejercicio intelectual que no se limita en narrar lo alegado por el Ministerio Público, el querellante o defensor, sino una pormenorización estructurada con sentido lógico, de todas las circunstancias acreditadas en ocasión a un análisis de los medios probatorios observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, tal como lo establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, para dar cumplimiento a la finalidad del proceso el cual consiste en el establecimiento de los hechos por las vías jurídicas y la Justicia en la aplicación del derecho.
De igual forma, se pudo constatar en relación a los hechos objeto del juicio, conforme a lo narrado por el juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no se corresponden con lo descrito en el escrito de acusación fiscal presentado el 15 de octubre de 2020, (folios 314 al 341, de la pieza denominada “1-4”) y el auto de apertura a juicio (folios 459 al 464 de la pieza denominada “1-4”), lo cual violenta el principio de congruencia, puesto que la sentencia como acto que concluye el proceso, debe proferirse en correspondencia con los hechos que motivaron la acusación, en este sentido, en relación con lo previamente señalado, autores como Romero, I. V. (2016). El principio de congruencia en el proceso penal. Revista Virtual “Via inveniendi et Iudicandi”, 11(2), pág. 167, puntualizó “…que el principio de congruencia en materia penal recae exclusivamente sobre lo fáctico, demostrándose como indispensable la coincidencia o conveniencia entre el supuesto de hecho imputado y el contenido fáctico de la decisión. ‘Significa que la sentencia debe limitar su contenido fáctico al ámbito de la acusación y, en caso, con las legítimas ampliaciones que se denominan correlación entre acusación y sentencia…”.
En tal sentido, en el caso objeto de análisis la falta de una narración clara y concisa de los hechos acreditados, por parte del Tribunal de Juicio, imposibilitan saber de forma cierta como el razonamiento del juez, le permitió llegar a concluir que los delitos imputados se corresponden con los hechos que dieron origen al presente proceso penal, generando con tal proceder un estado de inseguridad jurídica que no es posible de subsanación.
Siendo necesario señalar que el mencionado principio, en el ámbito judicial, permite garantizar el principio de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por cuanto, contempla que los ciudadanos puedan acceder a los órganos de administración de justicia con la certeza de obtener fallo acorde a los sucesos que dieron origen al proceso, mediante una decisión congruente donde el juez analizará todos y cada uno de los elementos fácticos aportados al proceso.
En consecuencia, si bien en la decisión publicada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se elaboró un capítulo denominado “recepción y valoración de pruebas”, la carencia de lo antes señalado (la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio - la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados), imposibilita a esta Sala conocer como sus conclusiones, en relación a los delitos descritos en el auto de apertura a juicio, coinciden con los acontecimientos que motivaron la acusación fiscal.
Efectivamente, de lo expuesto por el juez de juicio, en relación a los delitos que estimó materializados en ocasión a la conducta desplegada por el acusado en autos, no se evidencia un razonamiento ajustado a los hechos que dieron lugar a la apertura del juicio oral y público.
En consonancia con lo antes señalado, esta Sala considera oportuno advertir en relación al delito de Femicidio Agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 57, en relación con el 58, numeral 1 de la ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (vigente para el momento de los hechos) en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, que el juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el capitulo denominado “motivación para decidir”, puntualizó
“…la conducta desplegada por el acusado, consistió en aprovecharse de la situación de superioridad como hombre, para someter e imponer su conducta androcéntrica del dominio del hombre sobre la mujer, que representaba para él, imponer su conducto sexista, aunado a que en el presente caso la discriminación (conducta sexista) iba acompañada de violencia física y amenazas; amenazas que no se cristalizaron por causas independientes al hoy acusado, al llegar a la vivienda de la familia ALVARADO ARELLANO, la comisión policial integrada por los funcionarios adscritos la Policía Nacional Bolivariana, … testificaron ante este Tribunal que la comisión fue recibida por el acusado, de una formal hostil y agresiva, amenazando a la comisión con un arma de fuego, y que el hoy acusado fue neutralizado por funcionarios adscritos al referido cuerpo policial, logrando el acceso a la vivienda con autorización de la víctima, incautando en dicha vivienda varias armas de fuego, es evidente que de no haber llegado la victima a su casa, acompañada de la comisión policial, el resultado, hubiese sido que se habría consumado el hecho punitivo de Femicidio, lo que denota que estamos ante una tentativa del referido tipo penal, toda vez que el hoy acusado estaba armado, y en espera a que la víctima ingresara a su casa, siendo sorprendido como ya se mencionó, por la comisión policial, que es quien lo neutralizo y lo despojo del arma de fuego…”. (sic) (Negrilla de la Sala)
No obstante, los artículos antes mencionados, disponen:
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
“…Artículo 57. El que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión…”.
“…Artículo 58. Serán sancionados con pena de veintiocho a treinta años de prisión, los casos agravados de femicidio que se enumeran a continuación:
1. Cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal, unión estable de hecho o una relación de afectividad, con o sin convivencia…”.
Código Penal
“…Artículo 80. Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado.
Hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien
su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a
la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad…”.
En relación a lo antes señalado, se deprende con claridad, que el juez concluye que se materializó el hecho delictivo, no obstante, no se desprende un razonamiento enfocado a demostrar actos de ejecución inequívocos para determinar la finalidad de la conducta ejercida por el sujeto activo, así como tampoco, el desarrollo de actos destinados a la ejecución del delito imputado, para concluir razonadamente el grado de tentativa atribuido por la representación fiscal.
En efecto, el Juez de juicio, infiere que el delito de Femicidio Agravado en grado de tentativa se habría llevado a cabo, no en razón a que se haya determinado que el acusado efectivamente inició actos desplegados a los fines de ocasionar la muerte de la víctima, sino en la incautación de varias armas que estaban en posesión del acusado, lo cual implica un razonamiento que no se sostiene en los hechos circunscritos en el auto de apertura a juicio ni en la acusación, sino en una presunción apoyada en circunstancia aleatorias como lo sería afirmar que de “…no haber llegado la victima a su casa, acompañada de la comisión policial, el resultado, hubiese sido que se habría consumado el hecho punitivo de Femicidio…”.
De igual forma, se debe precisar que los delitos de violencia psicológica, amenaza, y violencia física, previstos en los artículos 39, 41 y 42, respectivamente, de la ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (vigente para el momento de los hechos), se encuentran tipificados en los términos siguientes:
“…Violencia psicológica
Artículo 39. Quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes, atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses…”.
“…Amenaza
Artículo 41. La persona que mediante expresiones verbales, escritos o mensajes electrónicos amenace a una mujer con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de diez a veintidós meses.
Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de la mujer objeto de violencia, la pena se incrementará de un tercio a la mitad.
Si el autor del delito fuere un funcionario público perteneciente a algún cuerpo policial o militar, la pena se incrementará en la mitad.
Si el hecho se cometiere con armas blancas o de fuego, la prisión será de dos a cuatro años…”.
“…Violencia física
Artículo 42. El que mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses.
Si en la ejecución del delito, la víctima sufriere lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión infringida prevista en dicho Código, más un incremento de un tercio a la mitad.
Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito doméstico, siendo el autor el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantenga relación de afectividad, aun sin convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se incrementará de un tercio a la mitad.
La competencia para conocer el delito de lesiones conforme lo previsto en este artículo corresponderá a los tribunales de violencia contra la mujer, según el procedimiento especial previsto en esta Ley…”.
En relación a los mismos, el Juez nuevamente concluyo su acreditación sin realizar una exposición donde los razonamientos esbosados se concreten en una narración de la cual se desprenda con claridad los hechos acreditados.
Así tenemos, que aun cuando el juez concluye que el acusado en autos incurrió en los delitos antes mencionados, no obstante, al no realizar una exposición concisa y clara de los hechos acreditados, resulta imposible que las partes puedan entender a cabalidad la decisión arribada en la sentencia, lo cual crea una inseguridad jurídica que repercute en el debido proceso.
En consecuencia, en atención a todo lo antes expuesto, la Sala de Casación Penal de conformidad a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, en relación a la obligación de motivar correctamente las decisiones judiciales, reitera tal como lo ha hecho a través de sus decisiones, que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, tal como lo indicó en sentencia número 186 del 4 de mayo del 2006, cuando indicó lo siguiente:
“…Cabe destacar al respecto, la jurisprudencia establecida por esta Sala de Casación Penal, en relación con la correcta motivación que debe contener toda sentencia, que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, razón por la cual, debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso, para asegurar el estudio en pro y en contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación, en la que no debe faltar:
1.- la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso, y las normas legales pertinentes;
2.- que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal;
3.- que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas, ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión, para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y
4.- que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal…”.
Coincidiendo dicho criterio, con lo establecido en sentencia número 1713 de fecha 14 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual indicó entre otras cosas:
“…para que una decisión se estime motivada, debe contener las razones, los motivos, los fundamentos o la justificación de lo fallado; dichas razones deben ser jurídicamente racionales, es decir, fundadas en el Derecho (el Derecho entendido como integrado por las normas de rango sublegal, legal, constitucional y pactadas internacionalmente aplicables al caso, tal como se dijo anteriormente); deben ser coherentes y deben ser razonables. Y si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no consiste en un derecho a que se dé la razón al solicitante, ´sí tiene que consistir en la obtención de una resolución motivada, es decir, razonable, congruente y fundada en derecho…”.
Siendo así, con base a lo dispuesto en el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 157 eiusdem, esta Sala considera oportuno reafirmar que para una correcta motivación no debe faltar en toda sentencia la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes.
Efectivamente, acorde a los requisitos establecidos en el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, las razones de hecho y derecho en las que ha de fundarse toda sentencia, deberán atenerse al cumplimiento de las previsiones establecidas en la ley, siendo que el proceso de decantación por el cual el juez llega al pleno convencimiento de los hechos acreditados, debe formarse en atención al conjunto de razonamientos derivados de las diversas circunstancias debatidas en el juicio, las cuales deberán ser recogidas a través de una narración que eslabone dichos elementos en una conclusión fundada y en sintonía con los hechos objeto del juicio, ya sea a los efectos de una absolutoria o condenatoria, a los fines de precisar si la conducta desplegada por el acusado concuerda o no con los mismos.
Por ende, en atención a todo lo antes expuestos, la Sala de Casación Penal una vez constatado los vicios acaecidos en la causa penal seguida contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 174, 175 y 179, todos del Código Orgánico Procesal Penal, decretar la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia publicada el 14 de octubre de 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en la cual CONDENÓ al ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 39; AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41, VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 en su segundo aparte; FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 58, numeral 1, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, tipos penales establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (vigente para el momento de los hechos) y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, así como todas las actuaciones subsiguientes, dejándose incólume el presente fallo.
En consecuencia, se REPONE la causa al estado que otro Tribunal de Primera Instancia en funciones de juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la misma circunscripción judicial, con la premura del caso, celebre de nuevo el juicio oral y público contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, prescindiendo de los vicios aquí advertidos. Así se declara.
En razón de la nulidad aquí decretada, resulta inoficioso para la Sala de Casación Penal, entrar a conocer el Recurso de Casación, incoado por la abogada Rebeca Yesenia Henriquez Machado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 177.653, actuando como defensa privada del ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, titular de la cédula de identidad número V- 13.866.839. Así también se decide.
Finalmente, esta Sala de Casación Penal exhorta a los Jueces de la República de todo el territorio nacional a dar cumplimiento estricto a los procedimientos de ley y evitar situaciones como estas, las cuales atentan contra el buen funcionamiento del sistema de justicia. Así se decide.
DECISIÓN
Por todo lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, realiza los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: decreta la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia publicada el 14 de octubre del 2022, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual CONDENÓ al ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 39; AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41, VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 en su segundo aparte; FEMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 58, numeral 1, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, tipos penales establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (vigente para el momento de los hechos) y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, así como todas las actuaciones subsiguientes, dejándose incólume el presente fallo.
SEGUNDO: REPONE la causa al estado que otro Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del señalado Circuito Judicial, distinto al que conoció previamente, con la premura del caso, celebre de nuevo el juicio oral y público contra el ciudadano ENRIQUE RODOLFO ALVARADO CASTRO, prescindiendo de los vicios aquí advertidos.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los trece (13) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024). Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
(Ponente)
La Magistrada Vicepresidenta, El Magistrado,
CARMEN MARISELA CASTRO GILLY MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
EJMG
Exp. AA30-P-2024-000193