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Dio
origen al presente juicio el hecho ocurrido el 26 de septiembre de 1992 en la
vía pública de la urbanización Las Acacias, Maracay, Estado Aragua, donde dos
ciudadanos desconocidos hasta ese momento le robaron bajo amenaza de muerte al
ciudadano JUAN EVELIO BASTOS un vehículo, marca “Chevrolet”, color azul y
placas AUR-536.
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo
Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial
del Estado Aragua, estableció los hechos siguientes:
“... Hecho el detenido análisis de las actas
contentivas del presente juicio, aparece plenamente comprobado a los autos, que
en fecha 26-9-92, aproximadamente a las 10:35 p.m. en la Urbanización Las Acacias
de esta ciudad de Maracay, cuando el ciudadano JUAN EVELIO BASTOS, se disponía
a estacionar el vehículo de su propiedad en las adyacencias de su residencia,
fue interceptado por dos sujetos desconocidos quienes portando supuesta arma de
fuego, lo amanazaron, sometiéndolo para posteriormente despojarlo de su
automóvil, marca chevrolet, tipo sedan, particular, modelo Century, color azul,
placas AUR-536 (...)
dos horas después de consumado el delito, funcionarios de la Guardia Nacional
que se encontraban de patrullaje por la autopista regional del centro,
kilómetro 98, vía Caracas, observaron un vehículo estacionado en el hombrillo y
dos ciudadanos parados en la parte trasera con la maleta del carro abierta (...)
Ahora bien, practicadas las averiguaciones del caso resultaron ser los autores
materiales del hecho punible denunciado por el ciudadano JUAN EVELIO BASTOS
...”.
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo
Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial
del Estado Aragua, a cargo de la ciudadana juez abogada EGLÉE BARRIOS GALLO, el
8 de diciembre de 1993 condenó a los ciudadanos acusados LUIS EDGARDO CORTÉZ
RIVAS, venezolano e identificado con la cédula de identidad V-7.257.172; y a
HOWARD VICENTE ÑÁÑEZ OROPEZA, venezolano e identificado con la cédula de
identidad V-7.954.492, a cumplir la pena de OCHO AÑOS DE PRESIDIO, más las
accesorias correspondientes, por el delito de ROBO AGRAVADO, tipificado en el
artículo 460 Código Penal en relación con los artículos 37 y 74 (ordinal 4°)
“eiusdem”.
Contra ese fallo anunciaron recurso de apelación
los ciudadanos acusados.
El Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a cargo de la ciudadana juez
abogada MARÍA LOURDES ARAUJO DE CASTILLO, el 17 de marzo de 1994 absolvió a los
ciudadanos acusados de las imputaciones que le hizo el Ministerio Público por
el delito de ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 460 del Código Penal.
Los ciudadanos acusados fueron notificados de
ese fallo y expresaron su conformidad. El ciudadano abogado JOSÉ CUEVAS, Fiscal
Tercero del Ministerio Público del Estado Aragua, anunció recurso de casación
contra ese fallo.
El ciudadano abogado FREDDY JOSÉ DÍAZ CHACÓN,
Fiscal Tercero ante las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia,
formalizó el recurso de casación de forma contra el mencionado fallo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia,
a cargo de los ciudadanos Magistrados Doctores JORGE ROSELL SENHENN
(Presidente), RAFAEL PÉREZ PERDOMO (Vicepresidente y Ponente) y ALEJANDRO
ANGULO FONTIVEROS, el 25 de febrero del año 2000 declaró con lugar el recurso
de casación de forma fundamentado por el Fiscal del Ministerio Público, anuló
el fallo impugnado y ordenó remitir el expediente al Tribunal de Reenvío en lo
Penal para que dictara un nuevo fallo con prescindencia de los vicios que
dieron lugar a esa nulidad.
La Sala Accidental Segunda de Reenvío para el
Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 19 de enero de 2004 realizó el acto
de informes.
La
Sala Accidental Segunda de Reenvío de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de los ciudadanos
jueces abogados TERESA JIMÉNEZ GIULIANI (Presidenta), JEAN MARSHALL BALZA y
NERIO MARTÍNEZ (Ponente), el 22 de enero de 2004 condenó a los ciudadanos
acusados LUIS EDGARDO CORTÉZ RIVAS y HOWAR VICENTE ÑÁÑEZ OROPEZA, a cumplir la
pena de OCHO AÑOS DE PRESIDIO, más las accesorias correspondientes, por el
delito de ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 460 del Código Penal.
Contra
dicho fallo interpuso recurso de casación la ciudadana abogada ENZA FEMMINELLA,
Defensora Pública Septuagésima Segunda, adscrita a la Defensoría Pública Penal
del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en
representación del ciudadano acusado LUIS EDGARDO CORTÉZ RIVAS.
El
12 de marzo de 2004 se remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal
Supremo de Justicia y se recibió el 29 de marzo del mismo año.
El
31 de marzo de 2004 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado
Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
El 15 de febrero de 2005 se constituyó la Sala
Penal.
Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa
a dictar sentencia.
La Sala, para decidir,
observa:
El Tribunal Supremo de Justicia, en orden a lo
dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, ha revisado el fallo impugnado para saber si se vulneraron los
derechos de los ciudadanos acusados, o si hubo vicios que hicieran procedente
la nulidad de oficio en su provecho y en aras de la Justicia y constató que la
Sala Accidental Segunda de Reenvío de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, inobservó el debido proceso
consagrado en los numerales 1 y 2 del artículo 49 de la Constitución y del
numeral 12 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, al omitir
notificar personalmente a los ciudadanos acusados LUIS EDGARDO CORTÉZ RIVAS y
HOWAR VICENTE ÑÁÑEZ OROPEZA para la celebración del acto de informes.
Para cumplir tal fin la Sala Penal examinó que
la referida Sala dictó sentencia y condenó a los ciudadanos acusados y no los
notificó para el acto de informes como lo establece el artículo 526 del Código
Orgánico Procesal Penal.
La Constitución no establece de manera expresa
disposición alguna relacionada con los juicios en ausencia; pero entre los
derechos del imputado, en el numeral 12 del artículo 125 del Código Orgánico
Procesal Penal, está el de no ser juzgado en ausencia y los numerales 1 y 2 del
artículo 49 de la Constitución consagran lo siguiente:
“... 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos
inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda
persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le
investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante
violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a
recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la
ley. (...)
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe
lo contrario ...”.
En el caso
concreto, el juicio contra los ciudadanos acusados
continuó después de que el Ministerio Público interpuso recurso de casación
contra la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Superior Tercero de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua y sin que se cumpliera el requisito
esencial de notificarlos personalmente para el acto de informes, una vez
anulada esa decisión por la Sala Penal.
El debido proceso
es el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios necesarios y
esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado se
materialice. Así, todos los actos que los jueces y las partes ejecutan en el
desarrollo de un proceso tienen carácter jurídico pues están previamente
establecidos en la ley.
Por lo expuesto se repone la causa al estado en
que sean notificados los ciudadanos acusados
LUIS
EDGARDO CORTÉZ RIVAS y HOWAR VICENTE ÑÁÑEZ OROPEZA de la celebración del acto de informes
según el artículo 526 del Código Orgánico Procesal Penal y en relación con el
numeral 12 del artículo 125 del mencionado código. En consecuencia, sobre la
base del artículo 191 “eiusdem”, se anula la decisión dictada por la Sala
Accidental Segunda de Reenvío de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas.
DECISIÓN
Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes: 1)
de oficio y en interés de la ley y la justicia se ANULA la decisión dictada por
la Sala Accidental Segunda de Reenvío de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; y 2) ordena la reposición parcial de la causa al estado en que sean
notificados los ciudadanos acusados LUIS EDGARDO CORTÉZ RIVAS y HOWAR VICENTE
ÑÁÑEZ OROPEZA, para el acto de informes.
Remítase el expediente al Presidente del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, para su distribución entre las Salas de la Corte de Apelaciones
correspondiente, para que se dicte una nueva sentencia con prescindencia de los
vicios que dieron lugar a la presente nulidad.
Dada, firmada y sellada en el
Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Penal, en Caracas, a los TREINTA días del mes de JUNIO de dos mil cinco. Años
195º de la Independencia y 146º de la Federación.
Publíquese,
regístrese, remítase y ofíciese lo conducente.
El Magistrado
Presidente,
ELADIO RAMÓN APONTE
APONTE
El
Magistrado Vicepresidente,
HÉCTOR
CORONADO FLORES
El Magistrado,
ALEJANDRO ANGULO
FONTIVEROS
Ponente
La Magistrada,
BLANCA ROSA MÁRMOL DE
LEÓN
La Magistrada,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
La Secretaria,
Exp. 04-121
AAF/sd