Ponencia de la Magistrada ELSA JANETH GÓMEZ MORENO.

 

El Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, a cargo de la juez Fanisabel González Maldonado, CONDENÓ al ciudadano YORMAN JOSÉ GUERRERO, cédula de identidad N° 21.171.906, a cumplir la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA, OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y APROVECHAMIENTO AGRAVADO, tipificados en los artículos 406 numeral 1, 277 y 470 (último aparte); respectivamente, todos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Nelson Bustos Álvarez.

 

Los hechos acreditados por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, son los siguientes:

 

“… En fecha 30-1-2011, siendo aproximadamente a las 11:10 horas  de la mañana, se recibió llamada telefónica … informando que en el Barrio… se encontraba el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien falleciera luego de haber recibido heridas similares a las producidas por el paso de proyectiles disparados por arma de fuego … una vez en el sitio, se encontraban funcionarios de la policía del Estado, quienes se encontraban resguardando el lugar del hecho, encontrándose el cuerpo sin vida de una persona adulta de sexo masculino, en decúbito dorsal … seguidamente procedieron a levantar el cadáver para su posterior traslado a la morgue, realizaron una minuciosa búsqueda en las adyacencias del lugar al fin de ubicar alguna evidencia de interés criminalístico que guarde relación con el hecho, siendo infructuosa la misma, de igual manera se entrevistaron con moderadores del sector … Prosiguiendo las diligencias relacionadas con la investigación siendo las 8:00 de la noche de ese mismo día 30-1-2011, se conformó una comisión integrada por los funcionarios… trasladándose nuevamente hacia el Barrio…a fin de realizar diligencias relacionadas con el hecho que se investiga, una vez presentes en el mencionado barrio sostuvieron entrevista con varios moradores del sector, quienes negándose a aportar sus datos filiatorios por temor a futuras represalias, en contra de su persona y familiares, informaron que la persona que le dio muerte al Colombiano, en esa misma fecha en horas de la mañana, en el Barrio Mijaguas II, es un sujeto apodado “El MONO” quien es de contextura regular, piel morena, de estatura baja, como de 30 años de edad, vestía para el momento, un jean color azul, y una franelilla del mismo color, y una vez que cometió el hecho, se había introducido por las costas del Río Santo Domingo, en una zona boscosa, en vista de tal situación se trasladaron hacia el mencionado lugar, donde una vez presentes, se pudieron percatar que el mencionado sitio no cuenta con un suministro de energía eléctrica y por la oscuridad de la noche, y para salvaguardar la integridad física, decidieron retirarse del lugar y ubicarse en una zona aledaña, a fin de realizar un trabajo de estática y seguimiento, una vez transcurrido dos horas, siendo aproximadamente las 9:45 horas de la noche, observaron a un sujeto que salía de las costas del Rio Santo Domingo, quien presentaba las mismas características antes mencionadas y con la premura del caso, procedieron a interceptarlo, el mismo al ver la presencia policial, tomó una actitud sospechosa y por cuanto se presume que es la persona que le dio muerte al occiso, le realizaron una revisión corporal, a fin de lograr ubicar alguna evidencia de interés criminalístico, con resultados negativos, y éste de manera espontánea que (sic) efectivamente su persona en horas de la mañana le había dado muerte a un ciudadano de nombre Nelson Bustos, ya que el mismo aproximadamente dos años antes, le había propinado unos machetazos en varias partes de su cuerpo, dejándolo hospitalizado por más de tres meses en el Hospital Luis Razetti y por la rabia que le tenía le efectuó un disparo por la espalda con una escopeta que había lanzado hacia el cauce del Rio Santo Domingo … prosiguiendo con las diligencias de investigación, procedieron a trasladarse hacía el río Santo Domingo … lugar en el cual supuestamente se encontraba sumergida dentro del agua, el arma incriminada en esta causa, según información suministrada por el ciudadano Yorman José Guerrero, quien figura como victimario, una vez apersonados allí, procedieron a introducirle dentro del cauce de las aguas del Río Santo Domingo, donde luego de realizar una minuciosa búsqueda, se ubicó en la profundidad del mencionado cauce, un arma de fuego, tipo escopeta. …”.

 

En fecha 7 de mayo de 2014, la abogada Johana Carolina Freire Uviedo, Defensora Pública Auxiliar Séptima Penal, adscrita a la Defensa Pública Regional del estado Barinas, interpuso recurso de apelación. Inserto al folio 5 de la pieza denominada “pieza de apelación”.

 

El representante del Ministerio Público, no dio contestación al recurso de apelación, interpuesto por la defensa.

 

En fecha 25 de julio de 2014, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, constituido por los jueces; Ana María Labriola (Presidenta), Vilma María Fernández (Ponente) y Trino Rubén Mendoza, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. Inserto al folio 39 de la pieza denominada “pieza de apelación”.

 

En fecha 20 de agosto de 2014, la abogada Johana Carolina Freire Uviedo, Defensora Pública Auxiliar Séptima Penal, interpuso recurso de casación. Inserto al folio 59, de la pieza denominada “pieza de apelación”.

 

El representante del Ministerio Público, no dio contestación al escrito interpuesto por la defensa y la referida Corte de Apelaciones remitió las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 30 de septiembre de 2014, se dio cuenta de la referida solicitud a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, y previa distribución, correspondió el conocimiento de la misma a la Magistrada Doctora Úrsula María Mujica Colmenárez.

 

El 28 de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Sesión Extraordinaria, realizó la designación de Magistrados y Magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, nombramiento este publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n. ° 6.165, Extraordinario.

 

El 29 de diciembre de 2014, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas, Presidenta de la Sala; Magistrado Doctor Héctor Coronado Flores, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas; Doctores Elsa Janeth Gómez Moreno, Maikel José Moreno Pérez y Francia Coello González. A cargo de la Secretaría, la Doctora Gladys Hernández González y como Alguacil el ciudadano Giovanni Fernández Urbina.

 

En consecuencia, asumió la ponencia la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Ahora bien, el 11 de febrero de 2015, la Sala Plena procedió a la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia para el período 2015-2017, quedando constituida la Sala de Casación Penal, de la siguiente forma: Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala, Magistrada Doctora Francia Coello González, Vicepresidenta, Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas, Magistrado Doctor Héctor Manuel Coronado Flores y Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno. A cargo de la Secretaría, la Doctora Ana Yakeline Concepción de García, como encargada,  y como Alguacil el ciudadano Giovanni Fernández Urbina.

 

DE LA COMPETENCIA

 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia pasa a determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación, y en tal sentido observa:

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:

 

Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

8. Conocer del recurso de casación. …”.

 

 

Igualmente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se refiere a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal, de manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, en el artículo 29 numeral 2, establece:

 

“Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

2. Conocer los Recursos de Casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal. …”.

 

 

De acuerdo a las disposiciones antes señaladas, corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los Tribunales de Segunda Instancia; en consecuencia,  la Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El recurso de casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal,  que exige para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos legales de obligatorio cumplimiento.

En efecto, el Libro Cuarto, “De los Recursos”, Título I, del Código Orgánico Procesal Penal, establece en sus artículos 423 y 424, las disposiciones generales que rigen la interposición de todo recurso.

            Así pues, el artículo 423 consagra el principio de impugnabilidad objetiva, el cual dispone que las decisiones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos.

Por su parte, el artículo 424  señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca expresamente ese derecho.

Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto, “De los Recursos”, Título IV, “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del citado texto adjetivo penal, dispone en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento a seguir para su interposición, de la siguiente manera:

Artículo 451. El Recurso de Casación solo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

Artículo  452. El Recurso de Casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.

Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.

Artículo 454. El Recurso de Casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo. …”.

 

 

En este sentido, concluimos que el recurso de casación, solo podrá ser ejercido por quien esté debidamente legitimado y contra aquellas decisiones expresamente establecidas en la Ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto bajo los parámetros de los artículos antes transcritos, tanto en tiempo, como en forma, observando los requisitos antes señalados.

Visto lo anterior, la Sala pasa a verificar los requisitos de admisibilidad del presente recurso y al respecto observa lo siguiente:

En lo referente a la tempestividad, consta en el folio sesenta y ocho (68) de la pieza denominada “pieza de Apelación”, el cómputo suscrito por la ciudadana Johana Vielma, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, en el cual señala: 

“… que en fecha 25 de julio de 2014 se publicó dentro del lapso de ley, la decisión dictada por esta Corte de Apelaciones, y en fecha 29 de julio del 2014, se realizó la notificación personal al acusado Yorman José Guerrero, transcurrieron los días de Audiencia que en lo adelante se indica: 30, 31 de julio del 2014,  4,  5, 6 ,7 , 8, 11, 12, 13,  14, 15, 18, 19, 20 de agosto de 2014, de conformidad con el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo interpuesto el Recurso de Casación por la Defensora Pública Abg. Johana Freire, en fecha 20 de agosto del 2014, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Penal, venciendo el lapso para la interposición del Recurso de Casación, transcurrieron los días de Audiencias que a continuación se indican, de conformidad con el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal 25, 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2014, así como los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2014, no siendo contestado el Recurso de Casación. …”.

   

De lo anterior se concluye que: la última notificación personal se realizó el 29 de julio de 2014, iniciándose el lapso para la interposición del recurso en fecha 30 de julio de 2014 y concluyendo el 20 de agosto de 2014, evidenciándose que el recurso de casación fue interpuesto, en esta última fecha, es decir, al décimo quinto día hábil, según el cómputo antes transcrito, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Respecto a la legitimidad, se constata que el presente recurso de casación fue interpuesto por la Defensora Pública Auxiliar Séptima Penal, adscrita a la Defensa Pública del estado Barinas; razón por la cual, es una de las partes a la que la ley le reconoce expresamente ese derecho, conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, y el artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, en concordancia con el artículo 22 eiusdem.

En cuanto al carácter recurrible de la decisión impugnada, se observa que en el presente caso, se ejerció el recurso de casación contra la decisión dictada en fecha 25 de julio de 2014, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, que declaró sin lugar el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que CONDENÓ al ciudadano YORMAN JOSÉ GUERRERO, a cumplir la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA, OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y APROVECHAMIENTO AGRAVADO, tipificados en los artículos 406 numeral 1, 277 y 470 (último aparte), todos ellos del Código Penal; respectivamente, en perjuicio del ciudadano Nelson Bustos Álvarez.  

 

De lo anteriormente señalado se constata, que el presente recurso fue interpuesto contra sentencia dictada por una Corte de Apelaciones; que el delito por el cual el Ministerio Público acusó, tiene la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo excede los cuatro (4) años, y dicha decisión resuelve sobre la apelación sin ordenar la realización de un nuevo juicio, en tal sentido se da cumplimiento a lo establecido en el encabezamiento del artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Una vez comprobado los requisitos de admisibilidad del presente Recurso de Casación, la Sala pasa a revisar la fundamentación del mismo, de conformidad con los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal, en tal sentido el recurrente planteó dos (2) denuncias, la cuales se transcriben totalmente a continuación:

 

PRIMERA DENUNCIA:

 

“… fundamento este recurso atendiendo al contenido del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Denuncio: la violación de la ley por la falta de aplicación del artículo 157 eiusdem, de tal manera lo hago en los siguientes términos: el vicio de inmotivación que denunciamos en el caso que se expone, es el vicio de inmotivación manifiesta, ya que la alzada se dedica de manera reiterada en su decisión, de (sic) hacer una repetición de los extractos de la sentencia del tribunal de primera instancia, pero  no realiza un razonamiento jurídico-lógico, porque consideraba que la sentencia del tribunal de juicio de primera instancia, la misma se encontraba ajustada a Derecho en cuanto al valor probatorio de las pruebas que fueron sometidas al contradictorio, en ese sentido, esa alzada incurre en una grave contradicción al decretar que la sentencia de instancia, sometida a su revisión, la misma contenía una estructura lógica y coherente que resulta acreditada los hechos y en consecuencia la responsabilidad penal de mi patrocinado de autos, no es menos cierto que aparte de dicha contradicción, existe una omisión casi total de la alzada, a la falta de análisis o razonamiento probatorio utilizado por la instancia para considerar que los medios probatorios sometidos al contradictorio eran suficientes para determinar los hechos y en consecuencia la responsabilidad penal de mi patrocinado en autos.

No es menos cierto que en el contradictorio declararon funcionarios adscritos al CICPC sub-delegación Barinas, que la declaraciones de dichos funcionarios son referenciales en cuanto a los hechos, con relación a la declaración de una persona anónima en la fase preparatoria, dicha persona anónima no compareció al juicio oral y público… aunado también a la declaración del experto Estevan (sic) Pava Palencia, quien realizó informe balístico, que se trataba de una escopeta de calibre 16 oxidada cuando su declaración no fue clara dejando un mar de dudas en cuanto a la oxidación de dicha arma, en cuanto a la individualización de las postas (sic) ni tampoco señaló que el arma haya sido percutida sometidas a su peritas; sin embargo, el tribunal de instancia consideró que dichos medios de pruebas sometidos al contradictorio eran lo debidamente contundentes para derivar en una sentencia condenatoria contra el acusado ut-supra, a pesar de esa insuficiencia probatoria, la alzada yerra en el mismo razonamiento que en la instancia, en cuanto al razonamiento utilizado por el tribunal de juicio con relación a los fundamentos de hechos (medios probatorios). La Alzada no explica porqué consideraba que la sentencia condenatoria proferida de la instancia estaba ajustada a Derecho, en cuanto a la valoración de los medios de pruebas sometidos al contradictorio, específicamente con relación a las testimoniales de los funcionarios actuantes en el procedimiento de la aprehensión del acusado ya identificado, y de la incautación del arma, declaraciones estas aisladas que no guardan relación con los hechos… la Corte incurre en una grave omisión al no explicar si el Tribunal de instancia realizó el razonamiento adecuado para dictar la sentencia condenatoria ya identificada. …”.    

 

 

En esta denuncia, planteó la violación de la ley, por falta de aplicación del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando que el fallo dictado por la Alzada se limitó a realizar una transcripción de la decisión del aquo, incurriendo en una inmotivación manifiesta, por cuanto no realizó un razonamiento Jurídico-lógico, en el cual señalara por qué la sentencia sometida a su revisión, se encontraba ajustada a derecho, en cuanto: “al valor probatorio de las pruebas que fueron sometidas al contradictorio”.   

 

En ese mismo sentido, realiza una serie de consideraciones, en relación a algunos de los medios probatorios presentados en el juicio, referidos a las testimoniales de los funcionarios actuantes en el procedimiento en el que fue detenido el condenado en autos y la declaración del experto Esteban Pava Palencia, señalando que los mismos, no eran suficientes para determinar la responsabilidad penal de su defendido, sin embargo, también alegó que: “la Alzada no explica porque consideraba que la sentencia condenatoria proferida de la instancia estaba ajustada a Derecho”.

 

Con referencia a lo anterior, se observa que la presente denuncia, carece de la debida fundamentación, por cuanto si bien se alegó la aparente inmotivación del fallo dictado por la Corte de Apelaciones, no se efectuó la respectiva argumentación jurídica, que permita establecer en qué forma el Tribunal de Segunda Instancia incumplió con su labor revisoría, al no realizar un examen completo de la decisión del tribunal de alzada.

 

En efecto, de lo argumentando se evidencia que la impugnante fundamenta su denuncia con alegatos tendientes a señalar su inconformidad, en relación a la forma cómo el Tribunal de Primera Instancia valoró los medios probatorios presentados en el juicio oral y público, sin precisar cómo la Corte de Apelaciones, dejó de velar por el correcto cumplimiento de las reglas de la sana critica (reglas de la lógica, máximas de experiencia y los conocimientos científicos).

 

Según, lo denunciado, lo que se pretende a través del recurso de casación, es que se realice un análisis de los medios probatorios evacuados durante la fase de juicio, labor que en virtud del principio de inmediación, recae exclusivamente en el sentenciador de Primera Instancia, desvirtuando así el espíritu del recurso de casación, dado que éste, al ser un medio de impugnación de carácter extraordinario, se encuentra limitado al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales, se resalta lo dispuesto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando dispone que sólo serán recurribles las decisiones de las Corte de Apelaciones que pongan fin al proceso. 

 

En relación a lo antes expresado, la Sala de Casación Penal en sentencia N° 125, de fecha 10 de abril de 2013, ha señalado:

 

“… Se evidencia que, en definitiva, la recurrente lo que ataca es la decisión del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio, pues manifiesta su inconformidad respecto al análisis y apreciación de las pruebas por parte del juez de juicio y por ende su inconformidad por la sentencia condenatoria impuesta a su defendido y lo que para ella fue una decisión compuesta de contradicciones y dudas sobre los hechos y las pruebas debatidas en el juicio oral y público, sin exponer de manera motivada los vicios que presuntamente fueron cometidos por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, que es el objeto del recurso de casación, conforme a lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal. …”.

 

En efecto, en lo concerniente a la fundamentación del recurso de casación, la Sala de Casación Penal, de forma pacífica y reiterada, ha señalado que el mismo es procedente contra las decisiones dictadas por los tribunales de Segunda Instancia, y  con fundamento en los artículos 451, 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal, por ende, no resulta viable denunciar a través de este medio de impugnación, vicios presuntamente cometidos por los tribunales de juicio o de control, por cuanto, la casación no se constituye como una tercera instancia.

 

 

En razón a lo antes expresado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, considera procedente y ajustado a Derecho desestimar por manifiestamente infundada la presente denuncia, por no cumplir con los requerimientos legales necesarios para su admisión. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 421 y 457  del Código Orgánico Procesal Penal. Así declara.

 

SEGUNDA DENUNCIA:

 

En lo referente a la presente denuncia, alegó:

 

“… SEGUNDA DENUNCIA: fundamentando este recurso en base a lo establecido en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal denuncio: la violación de la ley por errónea interpretación del artículo 88 del Código Penal, para tales efectos fundamento esta denuncia en los términos siguientes:

 

Esta defensa recurrente considera que la alzada incurre en una errónea interpretación del artículo 88 del Código Penal Venezolano Vigente, ya que esta recurrente en la apelación propuesta invocó como segunda denuncia la errónea apelación del artículo in comento, al explicar que estamos en presencia de un concurso ideal de delitos (Ocultamiento de arma de fuego y aprovechamiento agravado, 277 y 470 ambos del Código Penal), sin embargo la alzada le da la razón a la instancia al decir que hay un concurso real del delito, y que la aplicación del 88 es correcta, siendo la aplicación correcta la del artículo 98 eiusdem, ya que de un mismo hecho se violan varias disposiciones legales, para el caso bajo estudio, esta defensa recurrente considera que estamos en la presencia de un concurso ideal de delitos, de los supra mencionados arriba, siendo así las cosas, esta recurrente considera que la alzada incurre en una errónea interpretación del artículo in comento. En consecuencia solicito de esta honorable Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que declare con lugar la referida denuncia planteada por el vicio de errónea interpretación de la norma antes indicada, alegado en la cuestionada sentencia de la recurrida, y ordene la corrección de la pena, que la misma sea rectificada por la Corte de Apelaciones con jueces distintos.”

 

 

En la segunda denuncia se alega la violación de la ley, por errónea interpretación del artículo 88 del Código Penal por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, señalando: “… la alzada le da la razón a la instancia al decir que hay un concurso real del delito, y que la aplicación del 88 es correcta, siendo la aplicación correcta la del artículo 98 eiusdem, ya que de un mismo hecho se violan varias disposiciones legales. …”.

La Sala observa que en la presente denuncia se indica el precepto legal que se considera transgredido, así como el motivo de procedencia, en este caso, el artículo 88 del Código Penal por errónea interpretación.

 De igual forma, se indicó por qué fue interpretada erróneamente la norma antes mencionada, ya que a juicio de la recurrente, los hechos punibles por los cuales se dictó sentencia condenatoria contra su defendido, encajan dentro del supuesto del “concurso ideal de delitos”, y no dentro del supuesto del “concurso real de delitos”, como lo señalo la Corte de Apelaciones, siendo este el motivo por el cual la impugnante solicitó la corrección de la pena impuesta a su defendido.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia,  considera que la presente denuncia se encuentra debidamente fundamentada conforme a lo establecido en los artículos 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual convoca a las partes a una audiencia oral y pública, la cual ha de celebrarse en un lapso no menor de quince (15), ni mayor de treinta (30) días. Así se declara. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

DECISIÓN

Por lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la PRIMERA DENUNCIA y ADMITE la SEGUNDA DENUNCIA del recurso de casación interpuesto por la abogada Johana Carolina Freire Uviedo, Defensora Pública Auxiliar Séptima Penal, adscrita a la Defensa Pública del estado Barinas, en representación del ciudadano YORMAN JOSÉ GUERRERO, y CONVOCA a las partes a una Audiencia Oral y Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese regístrese, notifíquese a las partes y ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala  de  Casación   Penal, en Caracas a los veintiséis                                      (26) días del mes de marzo de dos mil quince.  Años: 204° de la Independencia y 156° de la Federación.

 

El  Magistrado Presidente,

 

 

                                            MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

El Magistrada Vicepresidenta,                                   La Magistrada,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                               DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

El Magistrado,                                                                  La Magistrada Ponente,

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES             ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

La Secretaria (E),

 

 

                                       ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

EJGM

Exp N° AA30-P-2014-000374.