MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

En fecha 20 de enero de 2016, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, oficio N° 00366  de fecha 18 de enero de 2016, proveniente de la Dirección General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual se remitió original de la Nota Verbal N° S-EVECRC-15-1267, procedente de la Embajada de la República de Colombia acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, anexa al expediente debidamente apostillado, contentivo de la solicitud de extradición del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, nacido en el Municipio de Tame, Departamento Arauca, Colombia el 11 de mayo de 1973, con la cédula de ciudadanía colombiana N° 9.506.205, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 103 y 340  del Código Penal colombiano.  

 

El 21 de enero de 2016, se dio entrada a la solicitud de extradición pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, remitida por la Dirección General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

 

El 21 de enero de 2016, se dio cuenta en Sala de las referidas actuaciones y el 25 del mismo mes y año se designó ponente a la Magistrada Doctora YANINA BEATRÍZ KARABIN DE DÍAZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 

 

I

DE LA COMPETENCIA

 

 La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal declare si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición, se encuentra establecida en el artículo 29, numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece:

 

“…Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley…”.

 

De la transcripción ut supra mencionada se observa que, corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de la solicitud de extradición, en consecuencia, esta Sala declara su competencia para conocer del presente asunto.

II

DE LOS HECHOS

 

“…Se origina la presente investigación con base a la desaparición de cinco (5) personas, que con posterioridad fueron asesinados y abandonados en el parque principal del municipio de Villanueva (Casanare). La inspección a los occisos fue practicada por la Fiscalía 15 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Monterrey (Casanare). Adelantada la correspondiente investigación se pudo establecer que los cinco (05) cadáveres, dos (02) correspondían a los nombres de ANGEL (sic) JOSE (sic) BARON (sic) MORENO Y JORGE ANFEL (sic) CAMACHO DÍAZ, quienes habían hurtado semovientes en la Finca La Envidia del municipio de Monterrey (Casanare). De otro lado se pudo determinar que los homicidios habrían sido obra de las ACSC (Autodefensas Campesinas del Sur de Casanare), dado que los documentos y panfletos dejados en el lugar donde aparecieron los cadáveres se  reconocía  en ellos la autoría de estos crímenes. Otro hecho que resulto (sic) de importancia fue establecer que la agrupación armada ilegal en la zona estaba dirigida por DARIO (sic) EDERLAND LEGUIZAMON  (sic) PULIDO y FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO alias el Boyaco y el Gato respectivamente y que este último había tomado parte en los homicidios.”

 

III

ANTECEDENTES

 

En fecha 21 de enero de 2016, se dio entrada  en la Sala de Casación Penal,  adjunto a la Nota Verbal N° S-EVECRC-15-1267, de fecha 21 de diciembre de 2015, procedente de la Embajada  de la República de Colombia, acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, la documentación siguiente:

 

Copia del oficio OF115-0031448-OAI-1100,  con fecha 14 de diciembre de 2015, procedente del Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, ciudadano Jorge Sanín Pombo, dirigido a la Doctora María Alejandra Valencia Gartner, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del cual le remite oficio N° 5248, de fecha 21 de octubre de 2015, emanado del Juzgado de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de Yopal Casanare, junto con sus anexos (137 folios útiles), relacionado con la solicitud formal de extradición del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, quien es requerido por la República de Colombia, para el cumplimiento de la sentencia condenatoria dictada en fecha 28 de mayo de 2008, por los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR,  previstos en el  Código Penal Colombiano (ley 599 de 2000), en el cual se expresa lo siguiente:

 

“Identidad del ciudadano requerido:

Dentro del oficio remisorio de la documentación, la autoridad requirente indica lo siguiente:

FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO identificado con cédula de ciudadanía No. 9.506.205 expedida en Páez (Boyaca) (sic) de sexo masculino, hijo de Nicacio  Leguizamon (sic) y Trinidad Pulido, nacido el once (11) de mayo de mil novecientos setenta y tres (1973), nacido en el municipio de Tame (Arauca), sin señales particulares. Se aporta tarjeta decadactilar.

Hechos del caso

La autoridad judicial dentro del oficio refiere los siguientes:

[…[

Se origina, la presente investigación con base en la desaparición de cinco (05) personas, que con posterioridad fueron asesinados y abandonados en el parque principal del municipio de Villanueva (Casanare). La inspección a los occisos fue practicada por la Fiscalía 15 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Monterrey (Casanare).

Adelantada la correspondiente investigación se pudo establecer que de los cinco (05) cadáveres, dos (02) correspondían a los nombres de ÁNGEL JOSÉ BARON (sic) MORENO Y JORGE ANFEL(sic) CAMACHO DIAZ (sic), quienes habían hurtado semovientes en la finca La Envidia del municipio de Monterrey (Casanare).

De otro lado se pudo determinar que los homicidios habrían sido obra de las ACSC (Autodefensas Campesinas del Sur de Casanare), dado que los documentos y panfletos dejados en el lugar donde aparecieron los cadáveres se reconocía  en ellos la autoría de estos crímenes. Otro hecho que resulto (sic) de importancia fue establecer que la agrupación armada ilegal en la zona estaba dirigida por DARIO (sic) EDERLAND LEGUIZAMON (sic) PULIDO y FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO alias el Boyaco y el Gato respectivamente y que este último había tomado parte en los homicidios.

Estado del proceso

De conformidad con la documentación remitida por la autoridad judicial, se encuentra que el 4 de marzo de 2008 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, profirió sentencia absolutoria en la  causa contra el ciudadano Fabio Leguizamon (sic) Pulido por el delito de homicidio agravado, concediéndole la libertad provisional e imponiéndole caución prendaria equivalente a 3 salario mínimos mensuales legales vigentes, como condición para emitir la boleta de libertad, toda vez que el ciudadano se encontraba recluido en la Cárcel del Circuito de Yopal. Fallo que fue recurrido por la Fiscalía General de la Nación.

A través de la sentencia del 28 de mayo de 2008, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal decide el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Décimo Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, resolviendo revocar la sentencia impugnada y en consecuencia, condenar a Fabio Leguizamon (sic) Pulido a la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, como autor de los delitos de homicidio y concierto para delinquir, y a una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de diez (10) años, negándole la concesión de  ningún subrogado de la pena y la sustitución de la pena de prisión por la domiciliaria.

Así mismo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal mediante el fallo del 28 de mayo de 2008 le revoca la libertad provisional concedida al ciudadano Fabio Leguizamón Pulido en sentencia absolutoria, y oficia a las autoridades competentes para que sea puesto a disposición del Juzgado encargado de vigilar la pena o a la autoridad que esté conociendo del proceso.

En la misma fecha, la Citadora del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal se presentó en las instalaciones del Centro Carcelario de esa ciudad, con el fin de notificar al ciudadano Fabio Leguizamón (sic) Pulido del contenido de la sentencia condenatoria, ante lo cual, el Funcionario de la Oficina Jurídica del Centro Carcelario le informó que el ciudadano fue dejado en libertad por orden de la Fiscalía Tercera, el 10 de marzo de 2008.

Contra la sentencia condenatoria, el Abogado defensor del ciudadano Fabio Leguizamon (sic) Pulido presentó demanda de casación.

Mediante el Auto del 29 de julio de 2.009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decide sobre la admisión de la demanda de casación en contra de la sentencia del 28 de mayo de 2008, resolviendo inadmitir la demanda presentada por la defensa del condenado, toda vez que la Honorable Corte encontró que no se afectó de forma trascendente la estructura del proceso como tampoco el derecho defensa o el principio de congruencia al haberse condenado al procesado por el delito de concierto para delinquir.

Manifiesta la autoridad requirente que el día 05 de noviembre de 2013 avocó el conocimiento del proceso adelantado en contra del ciudadano requerido, reiterando la orden de captura proferida en su contra, con el fin de que el ciudadano Leguizamon (sic) [i]Pulido cumpla con la pena de prisión que le fue impuesta.

Dentro del oficio remisorio, la autoridad requirente informa que en el presente caso no ha operado el fenómeno de la prescripción de la sanción penal, de acuerdo con lo establecido dentro del artículo 89 del Código Penal (Ley 599 de 2.000), que dispone:

“Artículo 89. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL: La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años.”

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.´

Indicando que el ciudadano Fabio Leguizamon (sic) Pulido fue condenado a la pena de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión y la sentencia condenatoria proferida en su contra, cobró ejecutoria el once (11) de agosto de 2009.

Cabe señalar que la documentación que acompaña la solicitud procedente Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare, se encuentra conforme a lo establecido en el "Acuerdo sobre extradición", suscrito en Caracas en el marco del Congreso Bolivariano, el 18 de julio de 19

Dicha documentación se relaciona a continuación:

1-. Oficio DEAJRH15-9639 del 3 de diciembre de 2015, por medio del cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura de esta ciudad, remite la documentación legalizada allegada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare. (Folio 1)

2-. Oficio Penal 5248 del 21 de octubre de 2015, a través del cual el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, remite la documentación pertinente para que se formalice ante la República Bolivariana de Venezuela, la solicitud de extradición del ciudadano Fabio Leguizamón Pulido. (Folios 2 al 4).

3-. Copia auténtica de la orden de captura No. 0662197 y de los oficios por medio de los cuales se reiteró la misma a las autoridades competentes, así como del formulario de solicitud de notificación roja de Interpol. (Folios 5 al 13)

4-. Copia auténtica de la Tarjeta Decadáctilar, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás documentos que sirven para su plena identificación. (Folios 14 y 15).

5-. Copia auténtica de la sentencia absolutoria de primera instancia, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, dentro de la causa en contra del ciudadano Fabio Leguizamón Pulido. (Folios 15 a 48).

6-. Copia auténtica de la sentencia condenatoria de segunda instancia, proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en contra del ciudadano Fabio Leguizamón Pulido, y de las constancias de los medios de notificación. (Folios 49 a 78).

7-. Copia auténtica del Auto del 29 de julio de 2.009 por medio del cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decide inadmitir la demanda de casación presentada por la defensa del ciudadano Fabio Leguizamón Pulido contra la sentencia condenatoria, y de las constancias de notificación. (Folios 79 a 124)

8-. Copia auténtica de las normas aplicables al caso, así como las relacionadas con la prescripción de la sanción penal, y certificación en la que se informa que no ha operado el fenómeno de la prescripción de la sanción penal. (Folios 125 a 128).

 

El 10 de febrero de 2016, la ciudadana Doctora Ana Yakeline Concepción de García, Secretaria de la Sala de Casación Penal, remitió Oficio N°127, a la ciudadana Doctora Mercedes Prieto Serra Directora General de Apoyo Jurídico, Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, en relación a la Nota Verbal S-EVECRC-15-1267, emitida por la Embajada de la República de Colombia acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, relacionada con la solicitud de extradición del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO.

 

El 23 de febrero de 2016, se recibió en la Secretaría de esta Sala, Oficio VF-DGAJ-CAI-5-397-2016- 09852, remitido por la ciudadana Doctora Mercedes Prieto Serra, Directora General de Apoyo Jurídico, Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, en el cual se expresa:

 

“…en relación al caso del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, titular de la cédula de identidad (sic) N° V-9.506.205, quien es solicitado en extradición pasiva por el Gobierno de la República de Colombia para cumplir la pena por los delitos de Homicidio y Concierto Para Delinquir, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Colombiano, según Nota Verbal emanada de ese país signada bajo el número S-EVECRC-15-1267 de fecha 21/12/2015 y recibida en esta Dirección General en fecha 18/01/2016…hago de su conocimiento que de acuerdo a la información aportada por la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada, luego de una búsqueda en las Direcciones en Línea adscritas a la misma, no se encontró ninguna investigación seguida en contra del mencionado ciudadano…” 

 

Mediante Oficio VF-DGAJ-CAI-5-562-2016 11423,  de  fecha 1° de marzo de 2016, remitido por la citada Dirección General del Ministerio Público, fue ratificada dicha información.  

 

         El 4 de marzo de 2016, la Secretaria de la Sala de Casación Penal, Doctora Ana Yakeline Concepción de García, cumpliendo instrucciones del ciudadano Magistrado Presidente de la Sala de Casación Penal, Doctor Maikel José Moreno Pérez, solicitó nuevamente mediante Oficio N° 319, a la Directora General de Apoyo Jurídico del Ministerio Público, se sirva informar a la Sala,  si el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, con la cédula de ciudadanía colombiana N° 9.506.205, se encuentra aprendido, y en caso afirmativo, indicar el sitio de reclusión, esto, a los fines de sustanciar el expediente contentivo de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de la República de Colombia. 

 

         De igual forma, el 7 de marzo de 2016, mediante Oficio N° 322, la Secretaria de la Sala de Casación Penal, solicitó al ciudadano Comisario Marco Antonio Mc Turk, Jefe de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, remitir información si el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía colombiana N° 9.506.205, quien es requerido en extradición por el Gobierno de la República de Colombia, presenta registro policial.  

 

         En fecha 6 de abril de 2016, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, el Oficio N° O-9700-16-194-05631, procedente de la División de Información Policial, Distrito Capital, en el cual el Comisario Marco Antonio Mc Turk Mora, informa lo siguiente:

 

   “…Respetuosamente me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a su comunicación N°322 de fecha 07/03/2016, recibida en esta División…la cual guarda relación con el expediente: AA30-P-2016-000030, en atención a su contenido cumplo en informarle que al ser consultado el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO CI (sic) V 9.506.205, en nuestro Sistema de Investigación e Información Policial la planilla suministrada  no le corresponde y al verificar por nombre y apellido no registra, (sic) hasta 29/03/2016…” 

 

DE LAS ACTUACIONES

 

         En fecha 19 de diciembre de 2016, la Fiscal Provisoria Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia  Plena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, solicitó de conformidad con los artículos 285 numerales 1, 2 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 31 numerales 2 y 13, y artículo 37 numerales 7 y 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 111, numeral 111 del Código Orgánico Procesal Penal, ante el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas,  se decrete  Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, en los términos siguientes:

 

“…En fecha 28 de mayo de 2008, el Juzgado de Ejecución de o (sic) Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare del Gobierno de la República de Colombia, dicto (sic) sentencia condenatoria por los delitos de HOMICIDIO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 103 y 340, respectivamente, del Código Penal de ese país, en contra del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO. En razón de lo anterior, pesa en contra del mencionado ciudadano ALERTA ROJA DE INTERPOL, identificada con el № A-3839/5-2015 publicada en fecha 20 de Mayo de 2015 publicada por INTERPOL Colombia, por los delitos anteriormente señalados.

En fecha 15 de Diciembre de 2016, se recibió en esta Representación Fiscal, comunicación № DFGR-DAI-7-2193-16-0071686 de fecha 15 de Diciembre de 2016, emanada de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, mediante la cual se comisiona a este despacho a los fines de tramitar solicitud de detención con fines de extradición, para lo cual remite acompañado anexo la comunicación № 12049 de fecha 13 de Octubre de 2016, suscrita por el Director General de la Oficina de Relaciones Consulares, dirección del Servicio Consular Extranjero, Área de Asuntos Especiales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual remite Nota Verbal N° S-EVECRC-15-1267, de fecha 21 de Diciembre de 2015, emanada de la Embajada de la República de Colombia, mediante la cual requiere la detención con fines de extradición del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, solicitud que actualmente cursa por ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en expediente AA30-P-2016-000030.

CAPITULO SEGUNDO

IDENTIDAD DEL IMPUTADO

La solicitud de extradición realizada por las autoridades del Gobierno de la República de Colombia, se encuentra identificado de la siguiente manera: FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, de nacionalidad Colombiana, natural de la Municipalidad de Tame, Arauca, Colombia, nacido el 11 de mayo de 1973, y quien actualmente se encuentra en territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPITULO TERCERO

RELACIÓN DE LOS HECHOS

Los hechos por los cuales fue librada la orden de captura por las autoridades judiciales del Gobierno de la República de Colombia, y por la cual se está requiriendo extradición pasiva, con petición de aprehensión son los siguientes:

´Se origina la presente investigación con base en la desaparición de cinco (05) personas, que con posterioridad fueron asesinados y abandonados en el parque principal del Municipio de Villanueva (Casanare). La inspección a los occisos fue practicada por la Fiscalía 15 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Monterrey (Casanare).

Adelantada la correspondiente investigación se pudo establecer que de los cinco (05) cadáveres, dos (02) correspondían al nombre de ÁNGEL JOSÉ BARÓN MORENO Y JORGE ÁNGEL CAMACHO DÍAZ, quienes habían hurtado semovientes de la finca La Envidia del Municipio Monterrey (Casanare). De otro lado se pudo determinar que los homicidios habrían sido obra de las ACSC (Autodefensas Campesinas del Sur de Casanare), dado que los documentos y panfletos dejados en el lugar donde aparecieron los cadáveres se reconocían en ellos la autoría de estos crímenes. Otro hecho que resultó de importancia fue establecer que la agrupación armada ilegal en la zona estaba dirigida por DARIO (sic) EDERLAN LEGUIZAMON (sic) PULIDO y FABIO LEGUIZAMON PULIDO alias el Boyaco y el Gato respectivamente y que este último había tomado parte en los homicidios.´

CAPITULO CUARTO

CALIFICACIÓN JURÍDICA

La calificación jurídica que a criterio de las autoridades del Gobierno de la República de Colombia, merecen los hechos objeto del proceso es por los delitos de HOMICIDIO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 103 y 340 respectivamente, ambos del Código Penal del Gobierno de la República de Colombia. Estos hechos se encuentran tipificados en nuestra legislación interna como los delitos de HOMICIDIO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 405 del Código Penal Vigente y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, normas que son del siguiente tenor:

"Artículo 405. “El que, intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de doce a dieciocho años....."

Artículo 37. "Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno ó más delitos graves, será castigado por el solo hecho de la asociación con pena de seis a diez años de prisión"

CAPITULO QUINTO

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE

DERECHO DE LA PRESENTE SOLICITUD

El artículo 6 del Código Penal Vigente, dispone que para la procedencia de extradición de un extranjero por un delito común, deberá ser acordada por la autoridad competente, y por hechos que sean calificados como delitos por la ley venezolana. Puede verificarse que los hechos objeto del presente proceso, se encuentran tipificados como delitos en la legislación interna Venezolana.

Se puede verificar de la normativa del Gobierno de la República de Colombia, que los delitos por los cuales se requiere la extradición y la prisión preventiva, no acarrean pena perpetua, ni pena de muerte.

Nuestra normativa procesal penal vigente, regula el procedimiento para la extradición pasiva, siendo el Órgano Competente para resolver sobre la solicitud planteada por un Gobierno Extranjero, conforme a lo dispuesto en el artículo 386 del texto adjetivo penal, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo representante del Poder Judicial de nuestro país.

No obstante ello, el mismo cuerpo normativo en su artículo 387, faculta al Juez de Control, para que previa solicitud del Ministerio Público, ordene la aprehensión del imputado, siempre que concurran las siguientes condiciones: a) La gravedad de los hechos imputados; b) Urgencia y naturaleza del caso…Ahora bien, exige además nuestro ordenamiento procesal penal la naturaleza del caso y la urgencia del mismo, debiendo considerar al respecto, que si bien el legislador no estableció unos parámetros para determinar la urgencia y la naturaleza del caso para hacer procedente la aprehensión del imputado con fines de extradición pasiva, estima pertinente esta Representación del Ministerio Público, lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico para hacer procedente una medida preventiva de carácter corporal en contra de un Imputado.

En tal sentido, dispone el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, textualmente lo siguiente:

 ´ Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1° Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

2° Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible;

3° Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización de la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación...omisis...´

En el caso de marras, los dos primeros requisitos exigidos por el legislador para decretar la medida preventiva de privación judicial de libertad, se encuentran plenamente satisfechos en el presente proceso, toda vez que nos encontramos en presencia de la comisión de delitos comunes, que merecen pena privativa de libertad, que no acarrean pena de muerte, ni cadena perpetua, que existen de los recaudos que en copia se acompañan a la presente solicitud, aunado a los consignados ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente AA30-P-2016-000030.

Aunado a los anteriormente indicados, la acción penal del delito por el cual es procesado el ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, por las autoridades del Gobierno de la República de Colombia, no se encuentra evidentemente prescrita, tomando en consideración que los hechos objeto del proceso ocurrieron en el año 1.999.

Aunado a lo anteriormente expresado, se encuentra contenido en los recaudos anexos, la relación de los elementos de convicción tomados en consideración por el Órgano Jurisdiccional del Gobierno de la República de Colombia, para dictar la orden de captura en contra del ciudadano FABIO LEGUIZAMON PULIDO, como el autor responsable de los delitos mencionados, así como los recaudos consignados ante la Sala de Casación Penal, a los fines de soportar la solicitud de extradición planteada.

Resulta necesario acotar que otro elemento a tener en cuenta para la determinación del peligro de fuga, es el arraigo en el país, teniendo en consideración que el ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, no es un ciudadano Venezolano, no tiene arraigo en el país, por el contrario por las informaciones obtenidas hasta la presente fecha se encuentra en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, hecho el cual es público y notorio y además sin que se pueda precisar una residencia fija, con lo cual sólo le bastaría salir por cualquier vía del país, y evadir a las autoridades Venezolanas y las del Gobierno de la República de Colombia, pretendiendo con la medida instrumental que se requiere garantizar las resultas del proceso.

Es por existir un evidente peligro de fuga, fundado en consideraciones objetivas, y que se encuentran descritos como parámetros a ser tomados en cuenta por el Juzgador al momento de verificar si se encuentra en estas situaciones, es por lo que esta Representante Fiscal, estima que resulta evidente que es procedente el decreto de una medida de aprehensión en contra del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, ya identificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de la necesaria tramitación del procedimiento de extradición pasiva, no deje ilusoria la pretensión de justicia requeridas por las autoridades del Gobierno de la República de Colombia, y de esta manera garantizar una respuesta eficaz para que el presente proceso pueda cumplir de manera cabal con su finalidad. Y PIDO QUE ASÍ SE DECIDA.

CAPITULO SEXTO

SOLICITUD FISCAL

En base a los razonamientos anteriormente expuestos y las disposiciones legales transcritas, solicito a este Órgano Jurisdiccional a su digno cargo, acuerde los pedimentos siguientes:

1. Se Decrete la Mediada (sic) de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, de nacionalidad Colombiana, cédula de ciudadanía colombiana № 9.506.205, natural de la Municipalidad de Tame, Arauca, Colombia, nacido el 11 de mayo de 1973, al encontrarse llenos los extremos del artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a lo dispuesto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que se encuentra acreditada la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de Libertad, cuya acción no se encuentra prescrita y existen elementos de convicción para estimar que dicho ciudadano es el autor del hecho y existe un peligro de fuga a tenor de lo establecido en el ordinal 10 del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, al evidenciarse una presunción razonable de peligro de fuga por el poco arraigo de este ciudadano en el país.

2. Solícito se oficie al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para que se ordene su traslado a la sede de ese Órgano Jurisdiccional, a los fines de ser impuesto de los motivos de su detención, y posteriormente sean remitidas las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se continúe con el procedimiento de extradición pasiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 386 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.”

 

            Con ocasión a la solicitud formulada  por la Fiscal Provisoria Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, ciudadana  Daisy  Norelis Bolívar Baloa, en fecha 22 de diciembre de 2016, el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emitió el siguiente pronunciamiento:

 

“En fecha 19 de diciembre de 2016, se recibió procedente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, procedente de la Fiscalía 09° Nacional Plena (sic) del Ministerio Público, escrito de Solicitud de Extradición Pasiva, del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, titular de la cédula de identidad Colombiana No. 9.506.205, en aplicación del artículo 387 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal  N°18.977-16, nomenclatura de este Juzgado, por lo que este Tribunal a tales efectos observa lo siguiente:

Referencias de la solicitud de Extradición Pasiva por parte de las Autoridades de la República de Colombia.

   En fecha 28 de mayo de 2008, el Juzgado de Ejecución de o (sic) Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare del Gobierno de la República de Colombia, dicto (sic) sentencia condenatoria por los delitos de HOMICIDIO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 103 y 340, respectivamente, del Código Penal de ese país, en contra del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO. En razón de lo anterior, pesa en contra del mencionado ciudadano ALERTA ROJA DE INTERPOL, identificada con el № A-3839/5-2015 publicada en fecha 20 de Mayo de 2015 publicada por INTERPOL Colombia, por los delitos anteriormente señalados.

   En fecha 15 de Diciembre de 2016, se recibió en esta Representación Fiscal, comunicación № DFGR-DAI-7-2193-16-0071686 de fecha 15 de Diciembre de 2016, emanada de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, mediante la cual se comisiona a este despacho a los fines de tramitar solicitud de detención con fines de extradición, para lo cual remite acompañado anexo la comunicación № 12049 de fecha 13 de Octubre de 2016, suscrita por el Director General de la Oficina de Relaciones Consulares, dirección (sic) del Servicio Consular Extranjero, Área de Asuntos Especiales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual remite Nota Verbal № S-EVECRC-15-1267, de fecha 21 de Diciembre de 2015, emanada de la Embajada de la República de Colombia, mediante la cual requiere la detención con fines de extradición del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, solicitud que actualmente cursa por ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en expediente AA30-P-2016-000030. Así mismo, consta en autos Certificada Nota de Alerta Roja, correspondiente al ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, titular de la cédula de identidad Colombiana No. 9.506.205, según el Sistema de Consultas Internacionales de INTERPOL, con el numero de Control A-3839/5-2015, de fecha 20 de mayo de 2015, publicada por INTERPOL COLOMBIA, en contra del ciudadano FABIO LEGUIZAMON  (sic) PULIDO, por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO y CONCIERTO PARA DELINQUIR.

LOS HECHOS

   Los hechos por los cuales fue librada la orden de captura por las autoridades judiciales del Gobierno de la República de Colombia, y por la cual se está requiriendo extradición pasiva, son los siguientes:

´(…)´

DE LA COMPETENCIA y TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN PASIVA DEL CIUDADANO FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO

   En relación a la competencia para conocer este Juzgado la solicitud realizada por el Ministerio Público, relativa al trámite del procedimiento de Extradición Pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, titular de la cédula de identidad Colombiana No. 9.506.205, sobre quien recae Nota de Alerta Roja, correspondiente al ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, según el Sistema de Consultas Internacionales de INTERPOL, con el numero de Control A-3839/5-2015, de fecha 20 de mayo de 2015, publicada por INTERPOL COLOMBIA, por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO y CONCIERTO PARA DELINQUIR. Sobre tal particular, el artículo 383 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal  Penal, establece:

´Artículo 387. Si la solicitud de extradición -formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquel o aquella.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.´

De la norma transcrita, se aprecia que corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el conocimiento para el trámite de la solicitud de Extradición Pasiva requerida por las autoridades judiciales del Gobierno de la República de Colombia. De allí entonces, que existiendo tal y como consta de las actuaciones que conforman la presente causa signada con el No. 18.977-16, la existencia de Orden de Detención, para la ejecución de sentencia No. 0662197, expedida en fecha 05 de noviembre de 2013, por el Juzgado de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de Yopal Casanare (Colombia), en contra del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, titular de la cédula de identidad Colombiana No. 9.506.205, según el Sistema de Consultas Internacionales de INTERPOL, con el numero de Control A-3839/5-2015, de fecha 20 de mayo de 2015, publicada por INTERPOL COLOMBIA, por la comisión de los ilícitos penales de, HOMICIDIO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 103 y 340 respectivamente, ambos del Código Penal del Gobierno de la República de Colombia, cuyos delitos fueron cometidos en el Territorio de la República de Colombia, por lo tanto este Juzgado ACUERDA remitir las presentes actuaciones a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que sea tramitada la extradición pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, y puesto a la orden de la autoridad que lo requiere, de conformidad con lo establecido en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

   Por las razones anteriormente expuestas el (sic) ESTE JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE Se Acuerda remitir las actuaciones que conforman la presente causa a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que sea tramitada la extradición pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMON  (sic) PULIDO, en atención a la Orden de Detención, para la ejecución de sentencia No. 0662197, expedida en fecha 05 de noviembre de 2013, por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal Casanare (Colombia), por la comisión de los ilícitos penales de, HOMICIDIO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 103 y 340 respectivamente, ambos del Código Penal del Gobierno de la República de Colombia. Líbrese el correspondiente oficio.

 

         En fecha 9 de enero 2017, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal Oficio N°1869-16, proveniente del Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual remite anexo, el expediente signado con el N°18.977-16, nomenclatura de dicho Juzgado, contentivo de la solicitud de extradición pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO.

En fecha 10 de enero de 2017, la Secretaría de la Sala de Casación Penal, dio entrada a una (1) pieza del expediente N° 1899-16, relacionado con la audiencia de presentación de fecha 22 de diciembre de 2016, del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, celebrada ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la solicitud de extradición pasiva del referido ciudadano, constante de 202 folios útiles, donde se puede leer:

 

“…en el día de hoy, jueves veintidós del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (22-12-2016), siendo las doce y diez minutos de la tarde (12:10 pm.), oportunidad fijada por este Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que tenga lugar la Audiencia para Oir (sic) a las Partes, constituido en la sede de este Juzgado de la siguiente manera: Ciudadano Juez, Abogado ALEJANDRO E. BADELL GARCIA, el ciudadano Secretario, Abogado OWER LOPEZ (sic) y el Alguacil EMIL GONZALEZ (sic), procede el ciudadano Juez a consultar al ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, previo traslado del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), si cuenta con Abogado de Confianza que lo asista, indicando el mismo que no, en consecuencia se efectuó llamada telefónica a la Coordinación de la Defensa Pública, siendo designada la Abogada ELIZABETH LICCIONI, Defensora Pública 25 Penal, conforme con lo establecido  en el ordinal 3° del artículo 127 del Código Adjetivo Penal, quien estando presente en este acto, acepta el cargo y jura cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al mismo. Seguidamente, el ciudadano Juez declara abierta la presente audiencia y procede a informar el objeto de la misma, concediéndole la palabra al representante de la vindicta pública, abogado DAVID SILVA, quien expone lo siguiente:  ´…el Ministerio público (sic) solicita esta audiencia para presentar al ciudadano, FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, titular de la cédula de identidad No. C-9.506.205. Es el caso que en fecha 28 de mayo de 2008, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare del Gobierno de la República de Colombia, dictó sentencia condenatoria por los delitos de HOMICIDIO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 103 y 340, respectivamente, del Código Penal de ese País, en contra del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO. En razón de lo anterior, pesa en contra del mencionado ciudadano ALERTA ROJA DE INTERPOL, identificada con el No. A-3839/5-2015, publicada el 20 de mayo de 2015 publicada (sic) por INTERPOL Colombia, por los delitos anteriormente señalados. En fecha 15 de diciembre de 2016, se recibió en esta Representación Fiscal, comunicación No. DFGR-DAI-7-2193-16-0071686, de fecha 15 de diciembre de 2016, emanada de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público mediante la cual se comisiona a este despacho a los fines de tramitar solicitud de detención con fines de extradición, para lo cual remite acompañado anexo la comunicación No.12049, de fecha 13 de Octubre de 2016, suscrita por el Director General de la Oficina de Relaciones Consulares, Dirección del Servicio Consular Extranjero, Área de Asuntos Especiales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante el cual remite Nota Verbal No. S-EVECRC-15-1267, de fecha 21 de diciembre de 2015, emanada de la Embajada de la República de Colombia, mediante la cual requiere la detención con fines de extradición del ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO…Los hechos por los cuales fue librada la orden de captura por las autoridades judiciales del Gobierno de la República de Colombia, y por la cual se está requiriendo extradición pasiva, con petición de aprehensión son los siguientes: Se origina la presente investigación con base a la desaparición de cinco (5) personas, que con posterioridad fueron asesinados y abandonados en el parque principal del Municipio de Villanueva (Casanare). La inspección de los occisos por la Fiscalía 15 Delegada ante el Juzgado el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Monterrey (Casanare). Adelantada la correspondiente investigación se pudo establecer que de los cinco (05) cadáveres, dos (02) correspondían al nombre de ÁNGEL JOSÉ BAROM MORENO Y JORGE ÁNGEL CAMACHO DÍAZ, quienes habían hurtado semovientes de la finca La Envidia del Municipio Monterrey (Casanare). De otro lado se pudo determinar que los homicidios habría sido obra de las ACSC (Autodefensas Campesinas del Sur de Casanare), dado que los documentos  y panfletos dejados en el lugar donde aparecieron los cadáveres se reconocían en ellos la autoría de estos crímenes. Otro hecho que resultó de importancia fue establecer que la agrupación armada ilegal en la zona estaba dirigida por DARIO (sic) EDERLAN LEGUIZAMON (sic) PULIDO y FABIO LEGUIZAMON PULIDO alias el Boyaco  y el Gato respectivamente y que este último había tomado parte en los homicidios. La calificación jurídica que a criterio de las autoridades del Gobierno de la República de Colombia, merecen los hechos objeto del proceso es por los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 103 y 340 respectivamente, ambos del Código Penal del Gobierno de la República de Colombia. Estos hechos se encuentran tipificados en nuestra legislación interna como los delitos de HOMICIDIO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 405 del Código Penal Vigente y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo…Se puede verificar de la normativa del Gobierno de la República de Colombia, que los delitos por los cuales se requiere la extradición y la prisión preventiva, no acarrean pena perpetua, ni pena de muerte. Nuestra normativa procesal vigente, regula el procedimiento para la extradición pasiva, siendo el Órgano Competente para resolver sobre la solicitud planteada por un Gobierno Extranjero, conforme a lo dispuesto en el artículo 386 del texto adjetivo penal, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo representante del Poder Judicial de nuestro país. Ahora bien, nuestro ordenamiento procesal penal, la naturaleza del caso y la urgencia del mismo, debiendo considerar al respecto, que si bien el legislador unos parámetros para determinar la urgencia y la naturaleza del caso para hacer procedente la aprehensión del imputado con fines de extradición pasiva, estima procedente esta representación de Ministerio Público, lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico para hacer procedente una medida preventiva de carácter corporal en contra de un imputado, según lo dispuesto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus ordinales 1°,2° y 3°. En el caso marras, los dos primeros requisitos exigidos por el legislador para decretar la medida preventiva de privación de libertad, se encuentran plenamente satisfechos en el presente proceso, toda vez que nos encontramos en presencia de la comisión de delitos comunes, que merecen pena privativa de libertad, que (sic) acarrean pena de muerte, ni cadena perpetua…Aunado a lo anteriormente indicados, la acción penal del delito por el cual es procesado el ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, por las autoridades del Gobierno de la República de Colombia, no se encuentra evidentemente prescrita, tomando en consideración que los hechos objeto del proceso ocurrieron en el año 1.999. Expresado lo anterior, se encuentra contenido en los recaudos anexos, la relación de los elementos de convicción tomados en consideración por el Órgano Jurisdiccional del Gobierno de la República de Colombia, para dictar la orden de captura en contra del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, como el autor responsable de los delitos mencionados, así como los recaudos consignados ante la Sala de Casación Penal, a los fines de soportar la solicitud de extradición planteada…´ Acto seguido, toma la palabra el ciudadano Juez Abogado ALEJANDRO E. BADELL GARCIA, quien manifiesta: ´ Visto y oído lo solicitado por la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, lo expuesto por los imputados (sic) y lo alegado por la Defensa Técnica, este Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,  emite los siguientes pronunciamientos: UNICO: Se evidencia que el ciudadano FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO, con cédula de identidad Colombiana No. C-9.506.205, es puesto a la orden de este Tribunal, por estar solicitado por parte de las autoridades de la República de Colombia, tal como consta del Alerta Roja de Interpol, identificada con el No. A-3839/5-2015, publicada el 20 de mayo de 2015. Por los delitos de HOMICIDO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 103 y 340 respectivamente, ambos del Código Penal de la República de Colombia, se acuerda con lugar lo peticionado por el Ministerio Público en el sentido sean remitidas las presentes actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que sea tramitada la extradición del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, y puesto a la orden de la autoridad que lo requiere, de conformidad con lo establecido en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que dicho ciudadano debe permanecer detenido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a los fines de asegurar la remisión ante las autoridades respectivas….´

 

En fecha 16 de enero de 2017,  la Secretaria de la Sala de Casación Penal, envió  Oficio N° 012, al ciudadano Ingeniero Juan Carlos Dugarte, Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz,  informándole que cursa ante esta Sala, procedimiento de extradición pasiva  contra el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, quien aparece identificado con la cédula de ciudadanía colombiana N° 9.506.205. Asimismo solicita se sirva informar  sobre el prontuario que registra, número de pasaporte,  país de origen, el tipo de visa y los movimientos migratorios y sí en su contra cursa algún procedimiento administrativo de los contemplados en la Ley de Extranjería y Migración.

En esa misma fecha, mediante Oficio N° 013, esta Sala, solicitó a la ciudadana Doctora Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, se sirva informar si cursa alguna investigación fiscal relacionada con el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO.

De igual forma, se solicitó mediante el Oficio N° 014, a la ciudadana Comisaria Yanet Guevara, Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, se sirva remitir a esta Sala, el Registro Policial que presenta el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, quien es requerido en extradición por el Gobierno de la República de Colombia.

Asimismo mediante Oficio N° 019,  la Secretaria de esta Sala de Casación Penal, Doctora Ana Yackeline Concepción de García, informó a la ciudadana Fiscal General de la República, Doctora Luisa Ortega Díaz, sobre el procedimiento de extradición pasiva contra el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, esto a los efectos de  dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 111, numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha 20 de enero de 2017, se recibió en la Secretaría de esta Sala Oficio N° 00276-17, remitido por la abogada Angélica Machado, Jefa de la División de Registro Nacional de Extranjeros, en la cual informa que en los registros manuales llevados ante dicha oficina no existe registro que coincidan con los datos suministrados.  

En fecha 3 de febrero de 2017, se recibió el Oficio N° 198-17 proveniente del Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal  del Área Metropolitana de Caracas, constante de copia fotostática de Audiencia de entrevista y resultado de la evaluación médico forense, el segundo con un (1) oficio útil, solicitando copia certificada de la audiencia de presentación y el tercer con siete (7) folios útiles anexando el Informe Pericial realizado al ciudadano LEGUIZAMÓN PULIDO FABIO, titular de la cédula de ciudadanía N° 9.506.205.   

En fecha 25 de enero de 2017,  la Sala de Casación Penal,  previa revisión de las actuaciones que componen la presente solicitud de extradición pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, sobre la base de los artículos 26 y 49 (numeral 3) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en conexión con los artículos 1°y 390 del Código Orgánico Procesal Penal, convocó  a las partes a la Audiencia Oral y  Pública, que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2017,  en el Salón de Audiencias de esta Sala. 

En fecha 20 de febrero de 2017,  se celebró la correspondiente Audiencia Oral y Pública, a la cual asistió el abogado Tutankamen Hernández Rojas, Fiscal Quinto del Ministerio Público con Competencia para actuar ante las Salas Plena, de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien expuso sus alegatos y consignó escrito contentivo de la opinión fiscal emitida  por la ciudadana Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela y el abogado Emil José Rico Gómez, Defensor Público Primero ante las Salas Plena y de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en representación del solicitado, quien expuso sus alegatos y consignó sus conclusiones por escrito. Se le concedió el derecho de palabra al solicitado FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, quien hizo uso del mismo, manifestando su voluntad de ser extraditado al país requirente. La Sala se acogió al lapso establecido en el referido artículo 390 eiusdem para dictar su fallo.

En esa misma fecha  la Secretaría de esta Sala de Casación Penal,  remitió  Oficio N° 34,  suscrito por el Presidente Magistrado  Doctor Maikel José Moreno Pérez, en la cual se informa al ciudadano Mayor General Gustavo Enrique López Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (S.E.B.I.N), de la celebración  de la audiencia oral en el proceso de extradición pasiva incoado por la República de Colombia, contra el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía colombiana N° 9.506.205, por la comisión de los delitos HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR. 

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

         De conformidad con el artículo 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 29  numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; artículo 6 del Código Penal; y artículo 386 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala de Casación Penal,  pasa a decidir sobre la solicitud formal de extradición pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula colombiana  N° 9.506.205,  quien está solicitado por la República de Colombia,  por la  comisión de los delitos de “HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR” en ese país.  

 

         Al respecto, el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, expresa lo siguiente:

 

“…Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos…”

 

Respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y acepta la extradición como una obligación conforme al Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en cuanto a su concesión o denegación, para lo cual tomará en cuenta las reglas de la normativa tanto nacional como internacional aplicable.

En tal sentido, los artículos 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 6 del Código Penal, 386 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, recogen los principios básicos que en materia de extradición establece el derecho positivo venezolano.

Así, encontramos que el artículo 6 del Código Penal, en relación con la procedencia de la extradición de un extranjero, establece lo siguiente:

“(…)

La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas. No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia”

 

El artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal,  regula las fuentes del referido procedimiento, en los términos siguientes:

“La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título”.

 

Respecto a las prescripciones de Derecho Internacional aplicables al caso que nos ocupa, se observa que la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela suscribieron el Acuerdo sobre Extradición, en el marco del Congreso Bolivariano celebrado en Caracas el 18 de julio de 1911, en el cual los Estados Contratantes convinieron en lo siguiente:

 

“Artículo 1° Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de uno cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2°, dentro de la jurisdicción de una de las Partes contratantes, busquen asilo o se encuentre dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentre el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

Artículo 2°.La extradición se concederá por los siguientes crímenes y delitos:

1 Homicidio, comprendiendo los casos de parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto.

            (…)

7. Asociación de malhechores, con propósito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradición.

Artículo 4°.No se acordará la extradición de ningún prófugo criminal si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él, y ninguna persona entregada por cualquiera de los Estados contratantes al otro, será juzgada ni castigada por ningún crimen o delito político, ni por ningún acto conexo con él, cometido antes de su extradición. Tampoco se acordará la extradición si la persona contra quien obra la demanda, prueba que ésta se ha hecho con el propósito de juzgarle o castigarle por un delito político o hecho conexo con él.

No se considerará delito político ni hecho conexo semejante, el atentado en cualquier forma y medio contra la vida de la persona de un Jefe de Estado.

Si surgiere alguna cuestión sobre si un caso está comprendido en lo previsto en este artículo, será definitiva la decisión de las autoridades del Estado al cual se haga la demanda o que haya concedido la extradición.

Artículo 5° Tampoco se acordará la extradición en los casos siguientes:

a) Si con arreglo a las leyes de uno y otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de amnistía o de un indulto.

 

Asimismo, el artículo 8° del referido Acuerdo sobre Extradición estipula los documentos que deben acompañar a la solicitud de extradición, en tal sentido dispone:

 

“Artículo 8° La solicitud de extradición deberá estar acompañada de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que la motivaren, y de la fecha de su perpetración, así como de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado.

Estos documentos se presentarán originales o en copia, debidamente autenticada, y a ellos se agregará una copia del texto de la ley aplicable al caso, y en cuanto sea posible, las señas de la persona reclamada.

La extradición de los prófugos, en virtud de las estipulaciones del presente Tratado, se verificará de conformidad con las leyes de Extradición del Estado al cual se haga la demanda.

En ningún caso tendrá efecto la extradición si el hecho similar no es punible por la ley de la nación requerida.”

 

Realizada las consideraciones en relación con las bases legales aplicables a la solicitud de extradición pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO  de nacionalidad colombiana, la Sala de Casación Penal observa que fue presentada solicitud formal de extradición, de acuerdo a la petición formulada mediante Nota Verbal identificada con el alfanumérico S-EVECRC-15-1267 de fecha 21 de diciembre de 2015, proveniente de la Embajada de la República de Colombia acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, a través de la cual remite la documentación judicial certificada en el proceso de extradición pasiva del referido ciudadano.

 

En primer término, se deben verificar los extremos siguientes:

 

1) Que la solicitud de extradición sea presentada por vía diplomática; 2) Que la misma esté acompañada de la debida documentación que le brinde soporte, esto es, de la sentencia condenatoria, del auto de aprehensión o juzgamiento, según sea el caso; 3) Que de la documentación ofrecida, se constate el delito o el crimen cometido y la fecha en la que ocurrieron los hechos, así como los medios de prueba (declaraciones y experticias), en los cuales se apoya; y 4) Tales documentos deben ser presentados en original o en copia debidamente certificada. También debe constar una copia del texto de la ley aplicable al caso incluidas las normas sobre prescripción, incluyendo las características fisionómicas del solicitado. En el caso que nos ocupa, los referidos extremos aparecen debidamente demostrados, de la manera siguiente:

 

1.- La solicitud de extradición fue presentada por vía diplomática, según Nota Verbal identificada con el alfanumérico S-EVECRC-15-1267 de fecha 21 de diciembre de 2015, proveniente de la Embajada de la República de Colombia acreditada en la República Bolivariana de Venezuela, a través de la cual remite la documentación judicial certificada que sustenta la solicitud de extradición pasiva del referido ciudadano.

 

2.- La referida solicitud diplomática de extradición, está acompañada de la orden de captura N° 066197, emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), para la ejecución de la sentencia, y de los oficios por medio de los cuales se reiteró la misma a las autoridades competentes, así como del formulario de solicitud de notificación roja de Interpol.  

 

Igualmente consta la copia auténtica de la sentencia de la Sala Única del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dictada el 28 de mayo de 2008, mediante la cual le revoca la libertad provisional concedida al ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, y lo condena  a la pena de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, como autor de los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos  y sancionados en los artículos 103 y 340  respectivamente, del Código Penal colombiano y una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de diez (10) años.  

 

3.- La documentación judicial consignada por vía diplomática, emanada del Gobierno de la República de Colombia, se encuentra certificada, y de esta se puede evidenciar los datos de identidad e identificación del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, así como los textos de la normativa penal aplicables, los hechos y las pruebas.

 

En segundo término, de las actuaciones que fueron consignadas por el país requirente, se evidencia que el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal Casanare de la República de Colombia, ordenó la captura internacional del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO y su inclusión en el sistema de INTERPOL, identificada con el alfanumérico A-38395/52015,  publicada en fecha 20 de mayo de 2015.

 

Del mismo modo, de la documentación remitida por el país requirente se desprende que los delitos por el cual se solicita la extradición del ciudadano FABIO  LEGUIZAMÓN PULIDO, fueron cometidos en el territorio de la República de Colombia y se encuentran regulados en su legislación como HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 103 y 340 respectivamente, del Código Penal  colombiano, cuyas disposiciones contemplan lo siguiente:

 

Artículo 103 del Código Penal Colombiano.

“El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13)  a veinticinco (25) años.”

 

Artículo 340 del Código Penal Colombiano.-

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6 años).”

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2000) hasta veinte (20.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La pena privativa de libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.”

 

Por otra parte, y de acuerdo con la legislación vigente para el momento de los hechos (1999),  en la República Bolivariana de Venezuela, encontramos que el Código Penal venezolano publicado en la Gaceta Oficial N° 915 extraordinario de fecha 30 de junio de 1964, establecía los delitos de Homicidio en el artículo 407 (hoy 405) y Agavillamiento artículo 287 (actualmente previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo),  en los cuales se expresaba lo  siguiente:  

Artículo 407 .- “El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de doce a dieciocho años…”

 

Artículo 287. “cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión de dos a cinco años.”

 

De igual forma, en la legislación venezolana actualmente se contempla dicho delito en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, establece  lo siguiente:

 

 “…Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años de prisión…”

 

De acuerdo con los artículos transcritos, se cumple con el requisito de la doble  incriminación, por el cual sólo procederá la entrega de la persona requerida en extradición cuando los hechos ilícitos objeto de la petición constituyan delito tanto en el país requirente como en el requerido, tal como lo establece el artículo 3 del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición.

Por otra parte, se evidencia que los delitos por los cuales se solicita la extradición del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO no son políticos ni conexos con éste, pues se trata de unos delitos que afectan el bien jurídico tutelado es el derecho a la vida humana; lo que hace procedente la extradición del mencionado ciudadano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo de Extradición.

 

En el presente caso, al ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO lo está solicitando la República de Colombia, según Alerta Roja Internacional A-38395/52015, publicada en fecha 20 de mayo de 2015, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos 103 y 340 respectivamente, del Código Penal de la República de Colombia, los cuales constituyen delitos comunes.

 

En cuanto al principio de mínima gravedad del hecho y relatividad de la pena, la Sala de Casación Penal observa que los delitos que sustentan la presente solicitud de extradición, exceden de seis (6) meses de privación de libertad,  lo cual cumple con lo establecido en el artículo 5 literal “a” del Acuerdo de Extradición suscrito entre ambos Estados. De igual forma no comportan en el país requirente pena de muerte ni de prisión perpetua, lo cual no colide con el artículo 10 de mencionado Acuerdo y lo consagrado en los artículos 43 y 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando señalan:

 

“Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. (…).

Artículo 44. La libertad personal es inviolable; en consecuencia:

(...)

3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes.

 

En efecto, la pena aplicable en el presente caso cumple con los requisitos de procedencia de la extradición, pues no es de muerte ni privativa de libertad a perpetuidad,  esto conforme a la certificación de las disposiciones legales vigentes en el país requirente, razón por la que se considera que el principio anteriormente indicado  se encuentra satisfecho.

Asimismo, el artículo 8 del Acuerdo sobre Extradición, señala que la solicitud de extradición deberá ser acompañada de una sentencia condenatoria o del auto de detención dictado por el Tribunal competente.

 

De acuerdo con la revisión de la documentación enviada, observamos que, efectivamente, existe la orden de captura número 0662197, de fecha 5 de noviembre de 2013, emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal (Casanare) Colombia, a fin de hacer cumplir la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en  fecha 28 de mayo de 2008, por los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR,  indicándose en dicha solicitud de manera clara y precisa la naturaleza y gravedad del hecho por el cual está siendo requerido el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, especificándose también las disposiciones de las leyes penales donde se encuentran tipificados los referidos ilícitos penales.

 

De igual forma, cabe agregar que no se desprende de las actuaciones consignadas ningún elemento que haga presumir la prescripción en el presente caso. Específicamente, respecto a la prescripción de la acción penal, se observa que de acuerdo con el artículo 89 de la Ley 599/ 2000 del Código Penal Colombiano, la cual se citará en la presente causa al encontrarse sentencia condenatoria, regulada ésta de la manera siguiente:

 

ARTICULO 89 “…Término de prescripción de la acción penal. La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el termino (sic) fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años…” Indicando que el ciudadano  FABIO LEGUIZAMON (sic) PULIDO fue condenado a pena de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) MESES DE PRISIÓN y la sentencia condenatoria que en su contra fue proferida cobró ejecutoria el once (11) de agosto de dos mil nueve (2009).

 

En tal sentido, el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, fue condenado a la pena de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, es decir, a cuarenta (40) años de prisión mediante la decisión dictada en fecha 28 de mayo de 2008,   por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Yopal, con ocasión a los hechos acaecidos el 15 de julio de 1999, sentencia que quedó definitivamente firme, luego que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del referido ciudadano.

 

Siendo así, y tomando en consideración que la proferida  sentencia libró ejecutoria el 11 de agosto de 2009,  se evidencia  que conforme a lo previsto en el citado Código Penal Colombiano no ha operado la prescripción de la pena.

 

En la legislación venezolana, el artículo 112 numeral 1, del Código Penal,  establece:

“Las penas prescriben así:

1. Las de prisión y arresto, por un tiempo igual al de la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo”.

 

Verificándose de acuerdo con la referida disposición que la pena prescribirá, una vez transcurrido el tiempo de la condena, más la mitad del mismo, lo que en el presente caso, resulta la pena de sesenta (60) años de prisión, cuyo término deberá empezar a contarse desde el momento del quebrantamiento de la sentencia, es decir, desde el día 5 de noviembre de 2013, fecha en la cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare de Colombia libró orden de detención judicial contra el ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, para la ejecución de la sentencia que le fue impuesta, tiempo éste que evidentemente  no ha transcurrido para que opere la prescripción de la pena.  

En síntesis, al analizar la documentación enviada por el Gobierno de la República de Colombia, se evidencia que en el presente caso se cumplen los principios generales que regulan la materia de extradición en nuestro país. Así, pues, la Sala de Casación Penal es del parecer que se cumple con los  siguientes:

a) Principio de la doble incriminación: De acuerdo con el cual el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, se encuentran tipificados en las legislaciones de ambos países.

b) Principio de la mínima gravedad del hecho: En sintonía con dicha prescripción, sólo procede la extradición por delitos y no por faltas, y en el caso que nos ocupa la extradición fue solicitada por la  comisión de delitos con pena de privación de libertad superior a seis meses en su límite máximo, tal como lo dispone el artículo 5, literal “a”, del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición.

c) Principio de la especialidad: Con fundamento en el mismo, el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, y en el presente caso la extradición debe concederse única y exclusivamente por los delitos que motivaron la solicitud, esto es por los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, tipificados en el Libro Segundo Titulo I, Capitulo Segundo, Artículo 103 del Código Penal Colombiano Ley  599 de 2000, Libro Segundo, Titulo XII, Capitulo Primero, Artículo 340 del referido Código.   

d) Principio de no entrega por delitos políticos: Conforme con dicha exigencia se prohíbe la entrega de personas perseguidas por delitos políticos, y en el presente caso se dejó claramente establecido que los delitos que motivaron la solicitud no son políticos ni conexos con éste.

e) Principio de la no entrega del nacional: Según el cual el Estado requerido no entregará a sus nacionales y, en el presente caso, se solicita a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de un ciudadano extranjero, de nacionalidad colombiana.

f) Principios relativos a la acción penal: Con arreglo a la mencionada pauta, no se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito conforme con la ley del Estado requirente o del Estado requerido, y en el presente caso no consta ningún elemento que acredite la prescripción.

g) Principios relativos a la pena: Según los cuales no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte, ni penas infamantes como trabajos forzosos, ni cadena perpetua.

 

Vistos y analizados todos los requisitos de procedencia de la extradición pasiva que nos ocupa, tanto de forma como de fondo, y siendo que cada uno de ellos se encuentran verificados minuciosamente, por esta Sala de Casación Penal, resulta ajustado a Derecho DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de extradición pasiva del ciudadano FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, quien aparece identificado en el expediente con la cédula de ciudadanía colombiana N° 9.506.205, nacido  en el Municipio de Tame (Arauca), Colombia  el 11 de Mayo de 1973, por ser el presunto autor de los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, tipificados en artículos 103 y 340 del Código Penal de la República de Colombia.

 

GARANTIAS

 

No obstante la anterior declaratoria, esta Sala de Casación Penal, a fin de garantizar plenamente los derechos del ciudadano requerido FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, establece las estipulaciones siguientes:

 

a) Que el ciudadano que se extradita no podrá ser juzgado por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a la referida solicitud (artículo 11 del Acuerdo de Extradición).

 

b) Que al ciudadano que se extradita no se le podrá imponer la pena de muerte, ni penas infamantes como trabajo forzosos, ni cadena perpetua, en atención a lo consagrado en los artículos 43,  44, numeral 3, y 46, numeral 1 y 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

“Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. (…).

 

Artículo 44. La libertad personal es inviolable; en consecuencia:

(...)

3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes…”

 

“Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a rehabilitación.

2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”

 

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

 

PRIMERO: PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano  FABIO LEGUIZAMÓN PULIDO, de nacionalidad colombiana, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.506.205, actualmente recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), requerido por las autoridades judiciales de la República de Colombia, según Nota Verbal N° S-EVECRC-15-1267 de fecha 21 de diciembre de 2015, por ser presunto autor de los delitos de HOMICIDIO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, tipificados en artículos 103 Y 340 respectivamente, del Código Penal de la República de Colombia.

 

SEGUNDO: LA EXTRADICIÓN ESTÁ SUPEDITADA al compromiso por parte de la República de Colombia, de que no se le impondrá al ciudadano FABIO  LEGUIZAMÓN PULIDO, la pena de muerte, ni penas infamantes como trabajos forzosos, ni cadena perpetua, y que el mismo no podrá ser juzgado por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a la referida solicitud.

 

 TERCERO: Queda entendido que deberá mantenerse la medida privativa de libertad al nombrado ciudadano hasta tanto se haga efectiva la entrega del mismo a la República de Colombia.

 

CUARTO: se ORDENA expedir copia certificada de la presente decisión y remitirla al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y al Ministerio Público.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los trece  (    13    ) días del mes de marzo del año 2017. Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada,

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

La Magistrada ponente,

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

YBKD/pg

Exp. Nº 2016-030