Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

El catorce (14) de noviembre de 2016, se dio entrada al expediente identificado con el alfanumérico 16C-18.632-16, remitido por el Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el oficio número 1175-16 del veintinueve (29) de octubre de 2016, contentivo de las actuaciones correspondientes al procedimiento de extradición del ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA, de nacionalidad española, nacido en Barcelona, España el dieciséis (16) de junio de 1958, cuya privación preventiva de libertad fue requerida por las autoridades judiciales del Reino de España, según Notificación Roja Internacional identificada con el alfanumérico A-8755/9-2016, publicada el veintiocho (28) de septiembre de 2016, por el delito de ESTAFA. En esa misma oportunidad se le asignó el alfanumérico AA30-P-2016-000386.

 

El quince (15) de noviembre de 2016, se dio cuenta en Sala designando como ponente al Magistrado Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El seis (6) de diciembre de 2016, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia núm. 499, acordó notificar al Reino de España a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del lapso de cuarenta (40) días continuos que tiene, luego de su notificación, para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 24 del Tratado de Extradición, celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España.

 

El dos (2) de febrero de 2017, se recibió vía correspondencia, el oficio N° 1071 de fecha 30 de enero de 2017, enviado por el ciudadano ANTONIO JOSÉ CORDERO RODRÍGUEZ, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, constante de un (1) folio útil, mediante el cual remite la solicitud de extradición del ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA, requerida por el Consejo de Ministros del Reino de España acompañada de recaudos que guardan relación con el presente proceso.

 

El seis (6) de marzo de 2017 se celebró la audiencia pública de extradición a la cual comparecieron: el ciudadano JESÚS GERARDO PEÑA ROLANDO, Fiscal Primero del Ministerio Público ante las Salas Plena, de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien expuso sus alegatos y consignó el escrito contentivo de la opinión de la Fiscal General de la República; los ciudadanos GENNY COROMOTO RODRÍGUEZ MÉNDEZ y ELBA GERALDINI ESCALANTE HERNÁNDEZ, defensoras privadas del ciudadano solicitado, quienes expusieron sus alegatos; y el ciudadano solicitado ROBERTO ALBERO NOGUERA, quien hizo uso del derecho de palabra.

 

I

 PRETENSIÓN DE EXTRADICIÓN

 

            Mediante Nota Verbal número 6, con fecha de emisión del dieciocho (18) de enero de 2017, la Embajada del Reino de España en la ciudad de Caracas, notificó acerca de la solicitud de extradición del ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA, requerida por el Consejo de Ministros del Reino de España, la cual se presentó en los términos siguientes:

 

“I.- IDENTIFICACIÓN DE LA EXTRADICIÓN (…) REQUIRENTE: ESPAÑA AUTORIDAD: SECCION 8° AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (…) RECLAMADO: Roberto Albero Noguera NIF 37687486P FECHA NACIMIENTO: 16/06/1958 NACIONALIDAD: ESPAÑA LUGAR NACIMIENTO: BARCELONA DELITOS: ESTAFA II.- SITUACIÓN PERSONAL DEL RECLAMADO Detenido en virtud de la presente extradición...” desde el “… 28/10/2016 (…) III.- BREVE EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS Se le acusa de que en el año 2003, estafó a José Pérez Galán, teniendo antecedentes por otra estafa en la que condenado en sentencia firme de fecha 14/04/2000. Según el relato de los hechos del Ministerio Fiscal, el acusado como Administrador único de una empresa dedicada a la compraventa de vehículos formalizó un contrato de compraventa. El objeto del contrato era un vehículo del que el acusado se hacía pasar como titular. No se cumplió el contrato y el acusado ofreció un cambio entregando a la acusación particular un pagaré sin fondos y un vehículo que no era propiedad del acusado IV.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS artículos 248, 249 y 251.1 del Código Penal V.- PENA APLICABLE El Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión y la Acusación Particular solicita cinco años de prisión VI.- TIEMPO MÁXIMO DE PRESCRIPCIÓN - VII.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRECEPTIVOS ANEXOS A LA SOLICITUD (…) Resolución de fecha 07/07/2016 por el que se decretó la busca, captura e ingreso en prisión del reclamado o por la que es condenado (…) mediante este escrito se presenta en tiempo y forma la SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN del precitado reclamado, al amparo del Tratado de Extradición con Venezuela de 4-1-1989, publicado en el BOE de fecha 8-12-1990”.

 

Como anexos a la solicitud, consta en el expediente, lo siguiente:

 

1. ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL:

 

“La presente orden ha sido dictada por una autoridad judicial competente. Solicito la detención y entrega a las autoridades judiciales de la persona mencionada a continuación, a efectos de enjuiciamiento penal o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. a) Información relativa a la identidad de la persona buscada: Apellido(s): .ALBERO NOGUERA Nombre(s): ROBERTO Apellido(s) de soltera (en su caso) Alias (en su caso) Sexo:  VARÓN Nacionalidad: . ESPAÑOLA Fecha de nacimiento: 16/06/1958 Lugar de nacimiento: BARCELONA Residencia y/o domicilio conocido: C/ VELÁZQUEZ NUM 3 LA ROCA DEL VALLES (BARCELONA)… b) Decisión sobre la que se basa la orden de detención 1. Orden de detención o resolución judicial ejecutiva de igual fuerza: Tipo: AUTO DE 07/07/2016 QUE DECRETA LA PRISIÓN PROVISIONAL DEL ACUSADO ROBERTO ALBERO NOGUERA PARA CUYA EFECTIVIDAD HABRÁN DE SER LIBRADAS LAS OPORTUNAS ÓRDENES DE BUSCA, CAPTURA Y DETENCIÓN E INGRESO EN PRISIÓN DIRIGIDAS A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, COMO TAMBIÉN A LOS ORGANISMOS POLICIALES INTERNACIONALES 2. Sentencia ejecutiva: Referencia: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 40/20 15 c) Indicaciones sobre la duración de la pena: 1. Duración máxima de la pena o medida de seguridad privativas de libertad que puede dictarse por la infracción o las infracciones: EL MINISTERIO FISCAL SOLICITA TRES AÑOS DE PRISION Y LA ACUSACIÓN PARTICULAR SOLICITA CINCO AÑOS DE PRISIÓN. d) Resolución dictada en rebeldía: - La persona de que se trata fue citada personalmente o informada por otros medios de la fecha y lugar de la vista en que se dictó la resolución en rebeldía o - La persona de que se trata no fue citada personalmente ni informada por otros medios de la fecha y lugar de la vista en que se dictó la resolución en rebeldía, pero dispone de las siguientes garantías jurídicas tras la entrega a las autoridades judiciales (si tales garantías pueden presentarse anticipadamente): Precisar las garantías jurídicas: EN FECHA 7 DE JULIO DE 2016 SE CELEBRÓ UNA COMPARECENCIA A LA QUE ACUDIÓ COMO PARTES ACUSADORAS EL MINISTERIO FISCAL Y LA ACUSACIÓN PARTICULAR Y COMO DEFENSA SU LETRADO D. ELOI SERRA BASSAS A QUIEN SE LE HA NOTIFICADO EN LEGAL FORMA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 07/07/2016 QUE ACUERDA EL INGRESO EN PRISIÓN DE SU DEFENDIDO ROBERTO ALBERO NOGUERA. e) Infracción(es): La presente orden se refiere a un total de:.... 1 infracción. Descripción de las circunstancias en que se cometió/cometieron la infracción o infracciones, incluido el momento (fecha y hora), lugar y grado de participación en la(s) misma(s) de la persona buscada: SE LE ACUSA DE EN (sic) EL AÑO 2003 ESTAFÓ A JOSÉ PÉREZ GALÁN TENIENDO ANTECEDENTES PENALES POR OTRA ESTAFA EN LA QUE FUE CONDENADO EN SENTENCIA FIRME DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2000 (…) Naturaleza y tipificación legal de la infracción o infracciones y disposición legal o código aplicable: ARTICULOS 248, 249 y 251.1 TODOS DEL CÓDIGO PENAL. 1. Márquense las casillas correspondientes si se trata de una o varias de las infracciones siguientes castigadas en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años, según están definidas en el Derecho del Estado miembro emisor: (…) estafa x (…) i) Autoridad judicial emisora de la presente Orden: Denominación oficial: AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA; SECCIÓN OCTAVA Nombre de su representante 2: .D. JOSÉ MARÍA PLANCHAT TERUEL Función (cargo/grado): .ILMO SR MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SECCIÓN OCTAVA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA Referencia del expediente: . PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚMERO 40/2015... Dirección: PASEO LLUIS COMPANYS S/N° (PALACIO DE JUSTICIA) BARCELONA…”.

 

2. COPIA PARCIAL DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

 

“Artículo 131. 1. Los delitos prescriben: A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años. A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años. A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año. 2. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción. 3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona. 4. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave. Artículo 131 redactado por el número setenta y dos del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015 CAPÍTULO VI De las defraudaciones SECCIÓN 1 De las estafas Artículo 248 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 2. También se consideran reos de estafa: a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. Artículo 248 redactado por el apartado sexagésimo primero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010 Artículo 249 Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción, Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. Artículo 249 redactado por el número ciento veinticinco del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015 Artículo 250 1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1.° Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. 2.0 Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. 3.° Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 4.° Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 5° El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas. 6° Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial profesional. 7° Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen ¡as pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 8° Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. 2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4°, 5°, 6° o 7° con la del numeral 1.0 del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros. Artículo 250 redactado por el número ciento veintiséis del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015 Artículo 250 redactado por el apartado sexagésimo segundo del artículo único de la L.O. 5/20 10, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010 Artículo 251 Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 1° Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero. 2° El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero. 3° El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. Artículo 251 bis Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. Artículo 251 bis introducido por el apartado sexagésimo tercero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010”.

 

II

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

La ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, expresó:

 

“… Respecto al requisito que la acción penal para la persecución de los delitos o la pena a imponer no esté prescrita, se tiene que en el Reino de España dicha institución se encuentra prevista en el artículo 131.1, cuarto aparte, del Código Penal Español, especificándose que, conforme a la letra del mismo, el lapso de prescripción aplicable en el país requirente, tomando en consideración la penalidad imponible por la comisión del delito de Estafa, por el cual se solicita en extradición a Roberto Albero Noguera, sería de cinco (5) años, ya que de conformidad con el artículo 251.1 de la legislación penal española el mismo contempla una pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años, la cual se encuentra prescrita a la fecha, siendo que el delito atribuido fue cometido en el año 2003 y más aún para el primer acto de interrupción relativo al auto dictado el 7 de julio de 2016, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Octava, Reino de España, mediante el cual decretó orden de detención en contra del ciudadano y en el cual se le atribuye su presunta participación en el referido delito. Así mismo, de conformidad con nuestro derecho interno, ha operado la misma, ya que el delito de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 464 del extinto Código Penal, contempla una pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años, cuyo término medio, siguiendo la dosimetría penal consagrada en el artículo 37 del Código Penal, es de tres (3) años, por lo que tomando en cuenta el numeral 5 del artículo 108 ejusdem, el lapso de prescripción ordinaria es de tres (3) años, tiempo que se verificó a la fecha en virtud de que el ilícito penal fue perpetrado en el año 2003 y el primer judicial fue el día 7 de julio de 2016, con la orden de detención dictada, cuando ya dicho lapso había fenecido. Por tanto a juicio del Ministerio Público, en la presente causa ha operado la prescripción de la acción penal (…) Final: Por todo lo expuesto, el Ministerio Público a mi cargo y dirección, solicita a esa Sala de Casación Penal, declare improcedente, la Extradición Pasiva de Roberto Albero Noguera, de nacionalidad española con número de identificación E-81 .783.606, nacido el 16 de junio de 1958, en Barcelona, Reino de España, por estar prescrita la acción penal para perseguir el delito por el cual se solicita para su enjuiciamiento en el Reino de España, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 literal B) de la Ley Aprobatoria del Tratado de Extradición na de Venezuela y la citada Nación Ibérica”.

 

III

PRETENSIÓN JURÍDICA DE LA DEFENSA

 

Las ciudadana GENNY RODRÍGUEZ MÉNDEZ y ELBA GERALDINI ESCALANTE HERNÁNDEZ, abogadas inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 44466 y 41093, actuando en su condición de defensoras privadas del ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA, manifestaron:

 

“En cuanto al delito de Estafa, tipo penal que se le atribuye al ciudadano Roberto Albero Noguera, se observa que el mismo posee una pena en la legislación española, que oscila entre los seis (06) meses a tres (03) años de prisión; mientras que en la legislación venezolana conlleva una penalidad de uno (01) a cinco (05) años, siendo el término medio aplicable, una pena de 3 años, lo que supone un término de prescripción de tres (03) años conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 108 del Código Penal venezolano, que textualmente dispone lo siguiente: Artículo 108. “Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así: (...) 5. Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, arresto de más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del especio geográfico de la República”. Vale destacar, que esta prescripción que ha operado conforme a la legislación venezolana, también ha operado a la luz de la legislación española, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 131 español, inserto a la documentación, la prescripción operará a los 5 años, lapso éste que también, desde el año 2003, oportunidad en la que ocurrieron los hechos, ya transcurrió íntegramente con creces. Así las cosas, es forzoso referirse a las disposiciones del Tratado de Extradición bilateral suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España el 4 de enero de 1989, publicado en Gaceta Oficial Nro. 34476, del 28 de mayo de 1990, en cuyo artículo 10, literal b) se dispone lo que de seguidas se indica: Artículo 10. “No se concederá la extradición: (...) b. Cuando de acuerdo a la Ley de alguna de las partes, se hubiere extinguido la pena o la acción penal correspondiente al hecho por el cual se solícita la extradición (...) En base a ello, observa esta Defensa Técnica, que la solicitud de extradición planteada por el Reino de España, resulta palmariamente improcedente, no sólo por haber transcurrido el lapso previsto en la legislación venezolana y española para el enjuiciamiento del requerido, sino por expresa disposición del instrumento legal aplicable, como lo es el Tratado bilateral de extradición al que ya se hizo mención, conforme lo señala el artículo 382 del código Orgánico Procesal Penal y así pedimos sea declarado por esta Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República”.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

De la opinión versada por la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela y de las defensoras privadas, se advierte que ambas coinciden en la prescripción de la acción penal, razón por la cual, esta Sala de Casación Penal, con base en los principios de economía y celeridad procesal, considera ajustado a derecho entrar a revisar, en primer lugar, si en el presente proceso ha operado la prescripción de la acción penal, conforme a lo previsto en la letra “b” del artículo 10 del Tratado de Extradición celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 34476, de fecha 28 de mayo de 1990, en los términos siguientes:

 

No se concederá la extradición: “… B) CUANDO DE ACUERDO A LA LEY DE ALGUNA DE LAS PARTES SE HUBIERE EXTINGUIDO LA PENA O LA ACCIÓN PENAL CORRESPONDIENTE AL HECHO POR EL CUAL SE SOLICITA LA EXTRADICIÓN…”.

 

Conforme a la norma citada, basta que hubiera operado la prescripción de la acción en el Reino de España o en la República Bolivariana de Venezuela para declarar la improcedencia de la pretensión de extradición.

En la causa bajo análisis, el Reino de España solicitó la extradición del ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA, sobre la base de hechos, que según se le imputan, fueron perpetrados “…en el año 2003…”, cuando “… estafó a José Pérez Galán…”.

 

Conforme al escrito presentado ante esta Sala de Casación Penal, el delito perpetrado está previsto en los artículos 248, 249 y 251.1 del Código Penal español, que prevén:

 

Artículo 248

 

“1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 2. También se consideran reos de estafa: a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. Artículo 248 redactado por el apartado sexagésimo primero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010”.

 

Artículo 249

 

“Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. Artículo 249 redactado por el número ciento veinticinco del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015”.

 

Artículo 251

 

“Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 1° Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero…”.

 

            De las normas transcritas se evidencia que la pena máxima a aplicar no supera los cuatro años de prisión, de modo que sea necesario acudir nuevamente al texto penal español para precisar el cómputo de la prescripción. Al respecto, el artículo 131 eiusdem  prevé:

 

“1. Los delitos prescriben: A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años. A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años. A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año...”.

 

Conforme ha sido verificado, el delito de estafa imputado al ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA prescribe a los cinco años; sin embargo, en la norma citada no se indica a partir de cuándo comienza a computarse dicho plazo, ni consta la previsión de actos interruptivos de la prescripción, de modo que esta Sala, tendría que requerir la citada documentación, para decidir con apego a la previsión del tratado bilateral.

 

No obstante, dado que el instrumento jurídico internacional en referencia, establece que basta que hubiera operado la prescripción de la acción penal, en cualquiera de los Estados Parte para que negar la pretensión de extradición, la Sala de Casación Penal procede a calcularla con base en el ordenamiento jurídico patrio.

 

Así, en el Código Penal Venezolano reformado en 2000, vigente para el momento de los hechos, el delito de estafa estaba tipificado en el artículo 464 (desde la reforma de 2005, es el artículo 462), del modo siguiente:

 

“El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. La pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido: 1.- En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social. 2.- Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte”.

 

De acuerdo con los hechos descritos: “…el acusado como Administrador único de una empresa dedicada a la compraventa de vehículos formalizó un contrato de compraventa. El objeto del contrato era un vehículo del que el acusado se hacía pasar como titular. No se cumplió el contrato y el acusado ofreció un cambio entregando a la acusación particular un pagaré sin fondos y un vehículo que no era propiedad del acusado”.

 

Entre los hechos se incluye que, ante el incumplimiento del contrato, el solicitado ofreció “un pagaré sin fondos”, y en la norma penal venezolana se agrava la pena “…de un sexto a una tercera parte” para quien “… cometiere el delito previsto en este artículo (…) emitiendo un cheque sin provisión de fondos...”; no obstante, dado que se trata de instrumentos jurídicos, de los elementos narrados no sería aplicable el aumento en la pena, por lo que tal hecho, en caso de determinarse la responsabilidad penal del solicitado, merecería la pena de uno a cinco años de prisión.

 

Para estos casos, el artículo 108 del Código Penal vigente para el momento de los hechos preveía que:

 

“…la acción penal prescribe así: 1.- Por quince años, si el delito mereciere pena de presidio que exceda de diez años. 2.- Por diez años, si el delito mereciere pena de presidio mayor de siete años, sin exceder de diez. 3.- Por siete años si el delito mereciere pena de presidio de siete años o menos. 4.- Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años. 5.- Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión, de tres años o menos, arresto de más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República. 6.- Por un año, si el hecho punible solo acarreare arresto por tiempo de uno a seis meses o multa mayor de ciento cincuenta bolívares o suspensión de ejercicio de profesión, industria o arte. 7.- Por tres meses, si el hecho punible solo acarreare pena de multa inferior a ciento cincuenta bolívares o arresto de menos de un mes”.

 

Tales términos, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, se computan a partir de la pena aplicable, conforme a lo previsto en el artículo 37 del Código Penal:

 

“Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentara hasta el superior, según el merito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie…”.

 

Por cuanto el delito de estafa prevé una pena de uno (1) a cinco (5) años de prisión, su término medio es de tres (3) años, cantidad penal a la cual, resulta aplicable lo previsto en el numeral 5 del citado artículo 108 del Código Penal (Vid., como antecedente más reciente, la sentencia número 501 emitida por la Sala de Casación Penal, el seis (6) de diciembre de 2016, disponible en:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/193554-501-61216-2016-e16-173.html conforme al artículo 18 de la Ley de Infogobierno). En consecuencia, el lapso de prescripción es de tres años de prisión, restando precisar a partir de qué momento inicia el referido cómputo.

 

En este orden, el artículo 109 del Código Penal (vigente para el momento de los hechos) establece que la prescripción comenzará, “… para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizo el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho…”.

 

De acuerdo a la información plasmada en la solicitud los hechos ocurrieron en 2003, prescribiendo la acción penal en 2006; sin embargo, restaría por determinar si hubo algún acto, que interrumpiera el curso de la prescripción de la acción penal, como lo estatuye el artículo 110 eiusdem:

“Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si este se fugare. Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procésales que le siga; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarara Prescrita la acción penal. Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedara ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita 20 la acción penal. La prescripción interrumpida comenzara a correr nuevamente desde el día de la interrupción. La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refiere sino a uno”.

 

 

En la documentación enviada por el Reino de España, a propósito del presente proceso, consta que el primer acto procesal emitido, es la “Resolución de fecha 07/07/2016 por el que se decretó la busca, captura e ingreso en prisión del reclamado o por la que es condenado…”; en consecuencia, visto que para esa fecha había transcurrido el lapso extintivo bajo estudio, la Sala de Casación Penal deberá declarar la improcedencia de la pretensión de extradición, presentada por el Reino de España contra el ciudadano español ROBERTO ALBERO NOGUERA, de acuerdo a la letra “b” del artículo 10 del Tratado de Extradición, celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 34476, de fecha 28 de mayo de 1990.

 

V

DECISIÓN

 

Por lo expuesto anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

 

PRIMERO: IMPROCEDENTE solicitud de extradición presentada por el Reino de España contra el ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA, identificado con el documento nacional de identidad español número 37687486P, conforme a lo previsto en la letra B del artículo 10 del Tratado de Extradición celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España.

 

SEGUNDO: ORDENA el cese de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA, identificado con el documento nacional de identidad español número 37687486P, el veintinueve (29) de octubre de 2016, por el Tribunal Decimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y en consecuencia, ORDENA su libertad sin restricciones.

 

TERCERO: ORDENA al Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ejecutar la libertad sin restricciones del ciudadano ROBERTO ALBERO NOGUERA, identificado con el documento nacional de identidad español número 37687486P.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de marzo  de 2017. Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

(Ponente)

 La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
       
 
La Magistrada,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

                     El Magistrado,

 

 

   JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA 
                      

 

La Magistrada,

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

Exp. número 2016-000386

MJMP