Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

El 25 de enero de 2021, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO suscrita por el abogado ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 105.200, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 11.347.077, del proceso penal contenido en la causa “(…) del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas, con sede en el Fuerte Tiuna (…) seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA y DESERCIÓN”.

 

Solicitud a la cual se le dio entrada el 8 de febrero de 2021, fijándosele el alfanumérico AA30-P-2021-000001, y en esa misma fecha se dio cuenta de la referida solicitud a los Magistrados que integran la Sala de Casación Penal, siendo asignada la ponencia al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ.

 

En virtud de ello, habiendo sido designado para emitir pronunciamiento sobre la presente solicitud, con el referido carácter se resuelve en los términos siguientes:

I

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

La potestad para que el Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de las Salas que lo integran, requiera algún expediente y se avoque a conocerlo, se encuentra establecida en el artículo 31, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 106 eiusdem, los cuales prevén:

 

Artículo 31:

Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley”.

 

Artículo 106:

Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.

 

De lo anterior, se desprende la competencia que se le atribuye a las Salas del Tribunal Supremo de Justicia para conocer del avocamiento, sea de oficio o a instancia de parte, de una causa que curse ante cualquier tribunal, en las materias de su respectiva competencia, independientemente del estado o grado en que se encuentre la misma, para resolver si asume el conocimiento del asunto o en su defecto, lo asigna a otro tribunal; y siendo que se constató que la presente causa es de naturaleza penal, corresponde a la Sala de Casación Penal conocer del presente avocamiento. Así se declara.

II

DE LOS HECHOS

 

Los hechos que se desprenden de la misma solicitud de avocamiento, son los siguientes:

 

“… Mi representado, el Teniente Coronel del Ejército Nacional Bolivariano ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, ya identificado, se desempeñaba como Auxiliar en la Agregaduría Militar venezolana en la Misión Diplomática de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. En fecha 30 de noviembre de 2015, el teniente Coronel (ENB) Adrián José Graterol Clavier, recibió Oficio No.080 de 16 de noviembre de 2015, emanado de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en el que se le comunicaba el cese de su misión y que quedaba a disposición de dicha dependencia. En fecha 15 de diciembre de 2015, el ciudadano General de Brigada José Betancourt Márquez, Asesor Militar de la Misión ante la ONU y jefe inmediato de nuestro representado, le ratifica al Teniente Coronel Adrián José Graterol Clavier lo expresado en el antes referido Oficio 080 de 16 de noviembre de 2015. En fecha 23 de diciembre de 2015, el ciudadano General de Brigada José Luis Betancourt Márquez, Asesor Militar, le comunica por escrito al Teniente Coronel Adrián José Graterol Clavier que están listos los pasajes de regreso a Venezuela de este último oficial y de su grupo familiar, al tiempo que le solicita la entrega de todos los documentos que le fueron suministrados por el Departamento de Estado de los EEUU. al momento de inicio de su misión…”.

III

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

              El abogado ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, venezolano, titular de la cédula de identidad nro. 17.079.086, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 105.200, actuando en su condición de “apoderado judicial” del ciudadano ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nro.11.347.077, consignó ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO con relación al proceso penal que se le sigue al referido ciudadano ante el Circuito Judicial Penal Militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna, por la presunta comisión de los delitos “TRAICIÓN A LA PATRIA y DESERCIÓN,  interpuso solicitud de avocamiento, en los siguientes términos:

 

 “… Que con fundamento en el artículo 31, numeral 1, en relación con los artículos 106 al 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del numeral 1, artículo 64 del COPP (sic), en relación al artículo 29, numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vengo a solicitar, como efectivamente solicito de esta Sala, el AVOCAMIENTO de la Causa de la nomenclatura del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna, que se sigue a nuestro representado el ciudadano TENIENTE CORONEL (ENB) ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER (…). Este cese abrupto de la estancia de nuestro representado en la Misión Militar Venezolana adjunta a la Misión Diplomática ante la ONU, no se debe a que el teniente Adrián José Clavier haya incurrido en ninguna de las causales para ser removido, de conformidad con el artículo 57 del REGLAMENTO PARA AGREGADOS MILITARES EN EL EXTERIOR, sino que está directamente conectada a la animadversión que hacia nuestro representado ha desarrollado el señor General de Brigada José Luis Betancourt Márquez, Asesor Militar de la Misión ante la ONU y jefe inmediato de nuestro representado, quien durante todo el año 2015 estuvo generando y enviando al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y a la Comandancia general (sic) del Ejercito Nacional Bolivariano, una serie de informes falaces y ofensivos contra (sic) Adrián José Graterol Clavier, con el único objetivo de removerle del cargo para instalar a (sic) allí a una señora con la que mantiene una relación sentimental. Entre las afirmaciones falaces contenidas en esos informes, el mencionado General ha dicho que nuestro, representado ha extraviado, por negligencia, sus documentos que le identifican como oficial venezolano y que ha recibido dinero del gobierno (sic) de los Estados Unidos de América quien sabe para que propósitos (sic), sugiriendo, de paso, una posible traición a la Patria. Lo más grave de todo esto es que el señor General de Brigada José Luis Betancourt Márquez, Asesor Militar de la Misión ante la ONU y jefe inmediato de nuestro representado sabe perfectamente que la pérdida de los documentos de nuestro representado se debió al incendio masivo que consumió totalmente el complejo residencial ‘Avalon Edgewater’ en New Jersey, el 22 de enero de 2015, donde vivía nuestro patrocinado en unión de su esposa e hijos, y también sabe que el dinero recibido por nuestro representado y su familia no proviene del gobierno (sic) norteamericano, sino de la compañía privada de seguros cuya amparada (sic) aquellas viviendas. Aparte de aquellas falsedades producidas por el mencionado General, él, en su carácter de superior de nuestro patrocinado, le negó el permiso para que se trasladara al país a los efectos de la evaluación del Teniente Coronel Graterol Clavier para su ascenso al grado de Coronel. Pero lo más grave de toda esta situación es que, como consecuencia de todos esos infundios, la Comandancia General del Ejército ha calificado a nuestro representado, Teniente Coronel Adrián José Graterol Clavier, como PRESUNTO DESERTOR y a dado cuenta a la Fiscalía General Militar para que se le abriera una averiguación penal. Esta comunicación al ciudadano Fiscal Militar General, que es del mes de noviembre de 2016, es anterior incluso al oficio No. 080 de 16 de noviembre de 2016 y no se explica cómo la Comandancia General del Ejercito Bolivariano calificaba al Teniente Coronel Adrián José Graterol Clavier como PRESUNTO DESERTOR antes de que se le comunicara el cese de su misión, lo cual es altamente sospechoso de irregularidad. En nuestro carácter de Apoderado Judicial del Teniente Coronel Adrián José Graterol Clavier hemos dirigidos dos (2) comunicaciones a la Jefatura de la Fiscalía General Militar de la República Bolivariana Venezuela y en ninguna de esas oportunidades hemos recibido respuesta. La primera de esas comunicaciones fue dirigida a la ciudadana Capitana de Navío Silvia Venero de Guerrero, entonces Fiscal General Militar en fecha 5 de mayo de 2016 y la segunda fue dirigida al ciudadano General de Brigada Edgar José Rojas Borges, actual Fiscal General Militar, sin nomenclatura, los delitos imputados y demás particularidades …”.

 

En definitiva, solicita a esta Sala de Casación Penal:

 

“… En razón de todo lo expresado, es esta Sala de Casación Penal, cúspide de Jurisdicción penal, solicito:

 

1.- Que se admita la presente solicitud de avocamiento.

2.- Que se notifique al Presidente del Circuito Judicial Militar con sede en Fuerte Tiuna, Caracas.

3.- Que se tramite la presente solicitud conforme a la normativa legal y jurisprudencial vigente.

4.- Que se declare con lugar la presente solicitud y se realicen los siguientes pronunciamientos:

a.- Ordenar al Circuito Judicial Militar informar a la Sala, la situación de la causa que se sigue contra ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, con todas sus particularidades, tales como número, delitos que se imputan, denunciantes y situación actual.

b.- Dar acceso a las actuaciones de dicha causa al abogado que suscribe, así como al también abogado FRANKLIN GRATEROL, hermano de mi representado y que se nos juramente como juramente como defensores privados del imputado (…)”.

 

El solicitante, ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, consigna a la presente las documentaciones siguientes:

 

1.      Poder” notariado ante el Notario Público del Condado Gwinnett, Estado de Georgia, Gracce Carolina Masadeh y apostillado, a favor de los abogados ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO y FRANKLIN GRATEROL CLAVIER.

 

2.      Escrito dirigido al ciudadano G/B Edgar José Rojas Borges, Fiscal General Militar, suscrito por el abogado ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO.

 

3.      Carta suscrita por el ciudadano ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

 

4.      Copia fotostática simple de la cédula de identidad y del carnet del Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) del profesional del derecho ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de esta Sala de Casación Penal para conocer de la solicitud de avocamiento, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha solicitud y, al respecto, observa lo siguiente:

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

En tal sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 107, 108 y 109, regula la figura del avocamiento de la manera siguiente:

“Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

 

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

 

Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

 

En concordancia con las normas transcritas, el avocamiento será ejercido, bien de oficio a instancia de parte, en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, como en aquellos en los cuales sea evidente la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual manera, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

b) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

 c) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 d) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

Por tanto, es, oportuno precisar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, de allí que la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.

En tal sentido, con la finalidad de analizar que en el caso de autos sean cumplidas las exigencias de ley, previamente desarrolladas, en el presente caso, se observa que la solicitud de avocamiento fue presentada por el abogado ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, donde se evidencia copia simple de la cédula de identidad, copia de su carnet de inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado y poder notariado y apostillado, cuyo tenor es el siguiente:

“…Yo, ADRIÁN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, venezolano, mayor de edad, militar activo, titular de la Cédula de Identidad No. V- 11.347.077, actualmente residenciado en la ciudad de Nueva York, estados Unidos de América por razones de trabajo, por el presente documento declaro, que otorgo poder penal especial, pero bastante, cuanto en derecho se requiere, a los Abogados ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-17.079.086 e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 105.200, y FRANKLIN GRATEROL CLAVIER, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-16.579.829 e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 253.318, fin de que me representen y defiendan mis derechos e intereses ante cualesquiera .particulares, asociaciones u organismos públicos o tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, en cualesquiera de sus grados e instancias, incluido el Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de sus Salas, incluyendo su Sala (sic) Constitucional (sic). A esos efectos y en ejercicio del mandato que aquí confiero, podrán mis apoderados aquí instituidos, ocurrir por ante dicha Sala del Tribunal Supremo de Justicia para presentar solicitudes de amparo o de revisión constitucional; promover toda clase de pruebas; concurrir a su práctica o evacuación cuando fuere menester; concurrir a las audiencias que se convocaren y en fin, realizar todos los actos tendentes a la protección de mis intereses. Igualmente quedan expresamente facultados los apoderado aquí instituidos para sustituir poder en Abogados de su confianza dentro de los límites del presente mandato, siendo de su absoluta responsabilidad la actuación de dichos sustitutos…” (sic).

 

No obstante, se verifica que aun cuando el ciudadano ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, confiere en dicho poder facultades especiales al profesional del derecho antes identificado para la representación de sus derechos, las mismas no le otorgan, de forma expresa, la legitimidad requerida al solicitante para formular la presente petición avocatoria.

 

            En consecuencia, visto que la legitimación de las partes al solicitar la figura de avocamiento debe ser expresa, y en el caso de autos la misma no se cumple, es menester para la Sala de Casación Penal declarar INADMISIBLE la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO, suscrita por el abogado ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, quien aduce actuar como apoderado judicial”, del ciudadano ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER,  de conformidad con lo previsto en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE, la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO, propuesta por el abogado ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, quien alega actuar en su condición de “apoderado judicialdel ciudadano ADRIAN JOSÉ GRATEROL CLAVIER, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del dos mil veintiuno (2021). Años: 210° de la Independencia y 162° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

(Ponente)

 

 

   La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
                                                                                        
 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

 

              El Magistrado,

 

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA                                                      

 

 

La Magistrada,

 
 

                                                                                                                                             

                                                               YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

 

 

Exp nro. AA30-P-2021-000001.-

MJMP.-