VISTOS.
Ponencia del Magistrado
Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
El Juzgado Superior Decimonoveno en lo Penal de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 21 de
febrero de 1992, REVOCÓ el auto de
detención dictado a los ciudadanos SANTIAGO
JOSÉ VELOZ YÁNEZ, venezolano, natural de Caracas, portador de la cédula de
identidad V-3.189.381; y JUAN JOSÉ VELOZ YÁNEZ, venezolano,
natural de Caracas, portador de la cédula de identidad V-3.821.832; y en su
lugar declaró TERMINADA LA AVERIGUACIÓN
SUMARIA seguida por los delitos
de FRAUDE Y PREVARICACIÓN, de acuerdo a lo establecido en el ordinal 1° del
artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
Contra dicho fallo anunció recurso de casación la Fiscal Cuadragésimo
Tercero del Ministerio Público de la referida Circunscripción Judicial.
Recibido el expediente en este Tribunal Supremo de
Justicia, el Magistrado Ponente informó a la Sala haber sido admitido el
recurso por el Tribunal “a quo”, según el Código de Enjuiciamiento Criminal.
En virtud de la incorporación a esta Sala del Magistrado
Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, le correspondió la presente ponencia.
En la reapertura del lapso legal formalizó el recurso de
casación, por motivos de forma, el Fiscal Segundo del Ministerio Público ante
las Salas de Casación de este máximo Tribunal, abogado Iván Darío Badell
González. Cumplidos los trámites procedimentales, se pasa a dictar sentencia de
acuerdo a lo previsto en el ordinal 2° del artículo 510 del Código Orgánico
Procesal Penal.
RECURSO DE FORMA
ÚNICA DENUNCIA
El Fiscal, con
base en el ordinal 2° del artículo 330 del Código de Enjuiciamiento Criminal,
denunció la infracción del segundo aparte del artículo 42 “eiusdem”, por cuanto
el fallo recurrido no expresó con la debida claridad y precisión las razones de
hecho ni de Derecho en las que se fundó para declarar terminada la averiguación
sumaria instruida contra Santiago José Veloz Yánez y Juan José Veloz Yánez, por
la presunta comisión del delito de Fraude, cometido en perjuicio de la empresa
“Materiales de Construcción El Tumuso C.A”.
El recurrente aduce que el sentenciador de la recurrida
omitió aspectos contenidos en los siguientes documentos:
1) Documento
relativo al contrato de compra-venta suscrito por SANTIAGO VELOZ, en el cual se
identifica el terreno, cursante del folio 61 al 64 del expediente.
2) Documento
relativo al contrato de arrendamiento suscrito por SANTIAGO JOSÉ VELOZ YÁNEZ,
en su carácter de Director de la Compañía “Veloz Yánez Cía., C.A”., y JUAN JOSÉ
VELOZ YÁNEZ y JOAQUÍN ALBERTO HERNÁNDEZ MEDINA, en representación de la empresa
“Materiales de Construcción El Tumuso, C.A., cursante a los folios 67 al 68 del
expediente.
3) Documento
suscrito por JOSÉ RAFAEL VELÁSQUEZ B., Presidente del INAVI, dirigido al
comisario jefe de la División contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo
Técnico de Policía Judicial, identificado con el N° 000-131 y cursante al folio
167 del expediente.
Por otra parte
señala que el documento relativo al poder de administración otorgado por
Santiago Veloz Yánez a su empresa Veloz
Yánez & Compañía, cursante del folio 65 al 66 del expediente, fue la
prueba que se dejó de analizar en su totalidad.
Expresa el recurrente que
inexplicablemente el sentenciador de segunda instancia dejó de analizar esas
pruebas y por ende de valorarlas, circunstancia ésta que contribuyó a que el
juzgador no encontrara suficientes elementos probatorios para establecer
plenamente la materialidad del delito de fraude y la responsabilidad de los
imputados de autos en la comisión de dicho delito.
Asimismo señala que las sentencias
interlocutorias con fuerza de definitivas, contra las cuales concede la Ley
recurso de casación, como el caso que nos ocupa, deben llenar los requisitos exigidos
en el artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dado que son
susceptibles de ser anuladas por defecto de forma.
Concluye su exposición alegando que al
omitirse en el fallo recurrido el análisis y valoración de las pruebas
señaladas en este escrito, no se expresaron con la debida claridad y precisión
las razones de hecho ni de Derecho en que se fundó el sentenciador de segunda
instancia para declarar terminada la presente averiguación sumaria, de
conformidad con lo establecido en el artículo 206, ordinal 1° del Código de
Enjuiciamiento Criminal, quebrantándose así lo dispuesto en el segundo aparte
del artículo 42 “eiusdem”.
La Sala, para decidir, observa:
El Juzgador de Alzada luego de enumerar
los elementos de pruebas que cursan en autos, abre un capítulo denominado
“PUNTO ÚNICO”, en el cual se refiere a
que se encuentra plenamente demostrado que el 27 de abril de 1989 se celebró un
contrato de arrendamiento entre la empresa Veloz Yánez C.A y Material de
Construcción El Tumuso C. A, sobre un lote de terreno ubicado en la Carretera
Nacional La Raiza, Jurisdicción del Distrito Independencia del Estado Miranda,
así como también que el ciudadano Santiago José Yánez Veloz arrendó el referido
inmueble en el carácter de legítimo propietario del mismo, tal y como se
desprende del documento registrado en la Oficina Subalterna del Registro del
Distrito Paz Castillo del Estado Miranda, Santa Lucía.
Por otra parte señaló que se encontraba
demostrado que en el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), según el
documento cursante al folio 167 del expediente, se acreditaba la propiedad del
inmueble arrendado.
Posteriormente concluye expresando que
“en el campo jurídico penal encontramos que el hecho tipificado por la
instancia como FRAUDE, previsto en el artículo 465 Ordinal 3° del Código Penal,
escapa de esta jurisdicción, pues sólo subsiste un problema de carácter extra
penal como lo es la titularidad de un inmueble…ya que no logró probarse que los
hermanos VELOZ YÁNEZ hubieren utilizados artificios ni medio engañosos para
celebrar el contrato de arrendamiento, que éste se celebró en virtud de un
documento público y no existe pruebas de que para la fecha de la celebración de
alguna manera legítima se hubiese notificado al propietario Santiago José Veloz
Yánez de expropiación, es por ello que subsistiendo un problema de titularidad
de propiedad, corresponderá a la jurisdicción civil, en su más amplia acepción,
decidir sobre este problema y no la penal”.
Ahora bien: esta Sala observa que son
ciertas las imputaciones que el recurrente hace del fallo recurrido, pues el
sentenciador se ha limitado a indicar que sólo existe un problema de carácter
extra penal como lo es la titularidad de un inmueble y deja de analizar y
comparar el cúmulo de pruebas que cursan en el expediente en cuestión.
Además de ello es necesario destacar que
esta Sala, en reiterada jurisprudencia, ha venido estableciendo que los fallos
interlocutorios que ponían fin al juicio y que eran accionables en casación,
por cuanto tenían fuerza de definitivos, debían cumplir con los requisitos
exigidos por el artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal derogado. En
el presente caso, el juzgador de alzada no cumplió con las exigencias
contenidas en esta disposición pues omitió cumplir con la técnica exigida para
la estructura formal del fallo, y en consecuencia no expresó las razones de
hecho ni de Derecho que le sirvieron de fundamento a su decisión. Como quiera
que la decisión recurrida tiene los vicios a los cuales se ha hecho referencia,
cae bajo la censura de casación por quebrantamiento del primer y segundo a
parte del artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal derogado, en
relación con el ordinal 2° del artículo 330 “eiusdem”. En consecuencia, lo
procedente y ajustado a Derecho es declarar con lugar el recurso de casación de
forma. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal
Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación de forma, formalizado por el
Fiscal Segundo del Ministerio Público ante las Salas de Casación de este
Tribunal Supremo; anula el fallo impugnado y ordena remitir el expediente a la
Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que dicte nueva sentencia,
prescindiendo de los vicios que dieron lugar a la nulidad del fallo anterior.
Publíquese,
regístrese y remítase el expediente.
Dada, firmada y
sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Penal, en Caracas, a los 31
días del mes de MARZO del año dos
mil. Años: 189° de la Independencia y 141° de la Federación.
El Presidente
JORGE L. ROSELL SENHENN
El
Vicepresidente
El Magistrado,
RAFAEL PÉREZ
PERDOMO ALEJANDRO
ANGULO FONTIVEROS
Ponente
La
Secretaria,
LINDA
MONROY DE DÍAZ
EXP
N° 92/407
AAF/ljo.