Magistrado Ponente  Doctor  Eladio Ramón Aponte Aponte

 

La presente causa fue remitida a la Sala de Casación Penal en virtud del conflicto de competencia de no conocer planteado por el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar,  al Tribunal Primero en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, relacionado con las solicitudes de las medidas alternativas del cumplimiento de la pena que pudieran corresponderle  al  ciudadano Larry Salvador Tovar Acuña, venezolano, con cédula de identidad N° 5.277.931, quien fue condenado  por el Juzgado Cuarto de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar el 14 de agosto de 2003, a cumplir la pena de quince (15) años de prisión y las accesorias correspondientes por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en grado de cooperador inmediato, tipificado en el artículo 34 de la derogada Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Recibido el expediente el 2 de febrero de 2006, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal, correspondiendo  la ponencia al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

      

La Sala, de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir, en los términos siguientes:

 

El 1° de diciembre de 2005, el Tribunal Primero en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, libró exhorto al Juzgado Primero en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, acompañado de copia certificada de la sentencia condenatoria, copia de la revisión de la pena y del nuevo auto de ejecución, en la causa seguida al ciudadano condenado Larry Salvador Tovar Acuña quien se encuentra cumpliendo la pena en la Penitenciaría General de Venezuela de San Juan de Los Morros. En esa comunicación aparece lo siguiente:

“…SE HACE SABER, Que este Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, en virtud de que el penado LARRY SALVADOR TOVAR ACUÑA se encuentra recluido en la Penitenciaría General de Venezuela desde el día 22-08-03, a donde fue trasladado por órdenes de la Dirección de Custodia y Rehabilitación del recluso- Ministerio del Interior y de Justicia, por auto de esta misma fecha ACORDO librar EXHORTO al Juez de Primera Instancia Penal en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, sede en San Juan de Los Morros para conocer y tramitar los beneficios que puedan corresponder al penado LARRY SALVADOR TOVAR ACUÑA…”.

                                  

Visto el requerimiento anterior, el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico el 12 de diciembre de 2005, emitió el  pronunciamiento siguiente:

 

“…En este sentido, este Tribunal se permite señalar en primer orden … que la misma no forma parte de las sentencias, que por mandato constitucional contenido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son las consideradas vinculante a los demás Tribunales de la República … por lo que no obliga  su aplicación, en segundo lugar, ha sido criterio reiterado por este Tribunal, que en lo que respecta al análisis efectuado…, la problemática planteada radica sólo, cuando fijada la audiencia oral y pública a que refiere el artículo 483 del Código Orgánico Procesal Penal, por parte del Juez de causa (sic), haya sido imposible su celebración, por la dificultad de reunir, en un mismo día y en el lugar donde se encuentre asentado el tribunal de causa, (sic) a  todas las partes y/o funcionarios encargados de la vigilancia y control penitenciario de ese penado, resolviéndose, que por razones de celeridad procesal y no constituyendo una formalidad esencial, son competentes para celebrar dicha audiencia, los Tribunales de Ejecución del lugar donde el penado se encuentre cumpliendo la pena ... que el Tribunal … ni agotó, ni intentó la resolución de cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena a que pudiera tener derecho el mencionado penado, solamente pretende que de acuerdo a lo sostenido en la  indicada jurisprudencia, desplazar la competencia que posee, como juez natural del asunto, a otro tribunal … sin indicar cuales fueron las razones que motivaron el desprendimiento del asunto y/o las semejanzas que pudiera presentar frente a lo planteado en dicha Sentencia … lo que de admitirse sólo conduciría a relajar las normas que sobre competencia establece la Constitución y las leyes … De lo anteriormente expuesto se infiere, que este tribunal es competente en el presente asunto, únicamente para hacer cumplir adecuadamente el régimen penitenciario, a manera de inspección, vigilancia y control, sin descartar el auxilio y cooperación que debe existir entre los distintos tribunales de ejecución…”.

 

 

El 12 de diciembre de 2005, el ciudadano sentenciado Larry Salvador Tovar Acuña, consignó ante el Tribunal Primero de Ejecución del Estado Guárico, escrito contentivo de un folio útil en el que solicita “… la apertura del procedimiento, para optar por una de las medidas de pre-libertad como lo es el régimen abierto y la evaluación psico-social.”.

 

El 16 de enero de 2006, el Tribunal Primero en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar planteó conflicto de competencia en los términos siguientes:

 

 “… En base a las consideraciones ya planteadas y a la negativa del Tribunal de Ejecución del Estado Guárico de conocer sobre el otorgamiento de medidas alternativas de cumplimientos de la pena, en donde no se trata de un traslado de competencia al Tribunal de Ejecución del sitio donde el penado está cumpliendo su condena, sino que se debe interpretar como una cooperación entre ambos tribunales y los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicciones, oscuridad o ambigüedad en los términos de las Leyes ya que ello sería contrario al derecho de toda persona de acceder a los Órganos de la Administración de Justicia y a una tutela efectiva, es por lo que este Tribunal Primero de Ejecución Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar extensión Ciudad Bolívar, recibida la manifestación del tribunal que declinó conocer, plantea el conflicto de competencia ante la Instancia Superior, es decir la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia a fin de resolver el conflicto de conformidad del (sic) artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

 

 

Asimismo el 23 de febrero de 2006, el Juzgado Primero en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico remitió informe a este Alto Tribunal,  en el que señaló lo siguiente:  

 

 

“… Sorprende a este Despacho la decisión dictada por el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar de fecha 16-01-06 (sic) y manifestada a este despacho, mediante Oficio N° 107… sobre el planteamiento del Conflicto de Competencia de No Conocer, efectuado por el mismo, sobre la devolución del Cuaderno de Exhorto, que hiciera este Tribunal, en fecha 12 de diciembre de 2005, librado por dicho Juzgado a los Tribunales de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, en fecha 01-12-05, (sic) en razón de que, en ningún momento existió por parte del mismo, Declinatoria del Asunto principal llevado por dicho Juzgado en contra del penado LARRY SALVADOR TOVAR ACUÑA, … (como Juez de causa que es), y menos aún, existió ni NEGATIVA a dar cumplimiento al mencionado Exhorto, ni Declinatoria pronunciada por este Despacho, a dicho Tribunal, de acuerdo a lo expresado en su oficio, por el Tribunal en referencia, por lo que no se dieron los requisitos exigidos en los artículos 77 y 79 del Código Orgánico Procesal Penal, para que diera lugar a tal planteamiento de conflicto de competencia… Habiendo sólo existido pronunciamiento de este Tribunal previo auto razonado, que acordó DEVOLUCIÓN DEL EXHORTO mencionado, a fin de que se corrigieran las facultades conferidas por parte del Juez de Causa, (sic) en el entendido de no reunir las limitaciones a que se hace referencia en los artículos 481 y ordinal 3° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarnos en el deber de vigilar y hacer cumplir la buena marcha de los procesos y el óptimo ejercicio de la función…”.

 

 

De lo  expuesto se infiere, que el Juzgado Primero en Función de Ejecución del Estado Bolívar, planteó conflicto de competencia  al Juzgado Primero en Función de Ejecución del Estado Guárico, en relación a los trámites de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena, que puedan corresponderle al ciudadano sentenciado Larry Salvador Tovar Acuña.

 

La Sala pasa a decidir:

 

El artículo 481 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

 

“... Lugar diferente. Si el penado debe cumplir la sanción en un lugar diferente al del Juez de ejecución notificado, éste deberá informar al Juez de ejecución del sitio de cumplimiento y remitir copia del cómputo para que proceda conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 479”.

 

 

En relación con el precitado artículo la Sala ha señalado:

 

 

“...Del artículo transcrito se desprende que en caso de que el penado se encuentre en un centro penitenciario distinto al del Tribunal de Ejecución notificado, no debe entenderse que se traslada la competencia plena del Tribunal de Ejecución donde esté cumpliendo el penado su sanción, es decir, que ha de interpretarse como colaboración entre los Tribunales de Ejecución, en el entendido de cooperación para los fines de vigilar la ejecución de la pena, manteniendo el tribunal notificado las atribuciones establecidas en el artículo 472 del Código Orgánico Procesal Penal”. (Sentencia número 421 del 5 de junio de  2001, con ponencia de la Magistrada Doctora Blanca Rosa Mármol de León).

 

 

El artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal,  establece  lo siguiente:

 

“Competencia. Al tribunal de ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia, conoce de :1. Todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena; 2.  La acumulación de las penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona; 3.  El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines, entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que   sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control ...”.

 

 

Al respecto, es criterio de la Sala de Casación Penal, lo siguiente:

 

 “… A los Tribunales de Ejecución le corresponde el control y vigilancia del cumplimiento de las penas que le han sido impuestas al penado, o las medidas de seguridad. Sin embargo, si el penado se encontrare cumpliendo su condena privativa de libertad en otro lugar distinto al del juez de ejecución notificado de la sentencia, ha dicho esta Sala que, no debe entenderse que se traslada la competencia plena al Tribunal de Ejecución donde esté cumpliendo el penado su sanción, sino que por el contrario, ha de interpretarse tal situación como colaboración entre tribunales, a fin de cooperar para vigilar la ejecución de la pena, manteniendo el Tribunal de Ejecución donde se dictó la sentencia las atribuciones establecidas en el transcrito artículo 479”.  (Sentencia número 167 del 18 de mayo de 2004 con ponencia de la Magistrada Doctora Blanca Rosa Mármol de León).

 

 

El artículo 480 del señalado Código, indica lo siguiente:

 

 

“...Procedimiento. El tribunal de control o el de juicio, según sea el caso, definitivamente firme la   sentencia, enviará el expediente junto al auto respectivo al tribunal de ejecución, el cual remitirá el cómputo de la pena al establecimiento penitenciario donde se encuentra el penado privado de libertad...”.

 

 

Del análisis de los citados artículos se desprende, que el Juzgado Primero en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar es el competente para conocer y tramitar las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena, que puedan corresponderle al ciudadano sentenciado Larry Salvador Tovar Acuña, igualmente es competente para conocer y tramitar la solicitud de régimen abierto, realizada por el condenado el 12 de diciembre de 2005, ante el Tribunal Primero de Ejecución del Estado Guárico. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

 

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA COMPETENTE AL TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLÍVAR, para conocer y decidir las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena, que pudieran corresponderle al ciudadano LARRY SALVADOR TOVAR ACUÑA.

 

Remítase el expediente al Tribunal Primero en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar y copia certificada de esta decisión al Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los CATORCE (14) días del mes de MARZO de dos mil seis.  Año 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Ramón Aponte Aponte

(Ponente)

 

El Magistrado Vicepresidente,

 

  Héctor Coronado Flores

 

Las Magistradas,

 

Blanca Rosa Mármol de León                                            Deyanira Nieves Bastidas

 

Miríam Morandy Mijares

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

ERAA/aeec.

RC. Exp. N° 06-000029