Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

            El 18 de marzo de 2013, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, estableció como hechos acreditados en el juicio oral y público, los siguientes:

“(…) El Ministerio Público representado por el Fiscal Tercero (…) expuso verbalmente los hechos que le imputaba a los acusados de la siguiente manera: ‘Siendo aproximadamente las seis de la mañana (06: AM) del día domingo 22/06/2008 en momentos que el ciudadano Arquímedes Betancourt Infante, se encontraba frente al Bar Restauran (sic) Tachito, cerca del Terminal de Pasajeros de la población de Biscucuy, cuando de pronto se bajaron de un vehículo marca Ford, modelo Fiesta, color plata, tres sujetos, dos de ellos portando armas de fuego, uno de ellos con un arma de fuego tipo escopeta quien fue identificado como Pérez Rangel Francisco Renato, apuntó en el cuello a Pérez Infante y cuando el ciudadano Bismaret Torres, observó esto se abalanzó para quitarle el arma de fuego a dicho sujeto, mientras que el otro sujeto quien portaba un arma de fuego tipo pistola, siendo identificado como Linares Jaramillo Gustavo le efectuó un disparo a Bismaret Torres, hiriéndole en la región abdominal, en esos instantes el sujeto que portaba la escopeta acciona dicha arma en contra de varias personas que se encontraban allí, logrando herir al ciudadano Arquímedes Betancourt, quien intentaba auxiliar al primer herido, resultando también herido en la acción el ciudadano Yoli Parra quien recibe un impacto de perdigón en la región izquierda del cuello de forma rasante. A consecuencia de la herida recibida el ciudadano Bismaret Torres fallece en horas del mediodía del día lunes 23/06/2008 en la sede del Hospital Dr. Miguel Oraá de la ciudad de Guanare estado Portuguesa’ (…)

En conclusión en el juicio oral y público quedó probado que el día 22 de junio de 2008, siendo aproximadamente las 6:00 am., se encontraban reunidos los ciudadanos Bismaret José Torres, Yoli Alirio Parra, Arquímedes Betancourt, Omar Antonio García, Alonso Ramos Zabaleta y otros frente al establecimiento Tachito en Biscucuy, quienes la noche anterior estaban ingiriendo licor, cuando llegó un vehículo Ford, Fiesta, gris, se estacionó al frente y descendió del mismo el acusado Francisco Renato Pérez llegó con una escopeta apuntando directamente al grupo de los cuales ninguno tenía armas y les preguntaba qué hacían ahí, que quién había golpeado a un amigo de ellos, a lo que le respondieron que no, que ellos no tenían problema (sic) con nadie, que seguidamente el acusado Gustavo Linares Jaramillo se bajó del vehículo y en el momento en que Bismaret Torres se levantó Gustavo Linares Jaramillo le disparó con un arma de fuego y Bismaret cayó, disparando con la escopeta en dos oportunidades Francisco Renato Pérez, resultando heridos Arquímedes Betancourt y Yoli Alirio Parra y que una vez que ya habían disparado se bajó del vehículo el ciudadano César Mariano Pérez apodado ‘El Chino’, ‘El Carpintero’ quien les gritó a los acusados (quienes andaban vestidos de civil) que ellos no eran y abordaron el vehículo y se fueron. Que Arquímedes Betancourt se trasladó en una moto hasta el puesto de la Policía y formuló la denuncia, en tal sentido fueron informados vía radio los funcionarios policiales Arcilio Hernández y David Montilla que habían realizado unos tiros en Tachito por lo que se trasladaron al lugar y al llegar allí ya no se encontraba nadie por lo que realizan un recorrido y observan un vehículo Ford, Fiesta, gris que el acusado Gustavo Linares Jaramillo había dejado al frente de la casa de la mamá de Edgar Montilla Jaramillo, llamaron a éste último y encontraron un revólver calibre 38, una funda para escopeta, un equipo para mantenimiento de armas y unos cartuchos, unidades que fueron objeto de experticia de reconocimiento por parte de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y que finalmente como consecuencia de estos hechos falleció Bismaret Torres y resultaron lesionados Arquímedes Betancourt y Yoly (sic) Alirio Parra que los acusados se presentaron en la Comisaría de Biscucuy en compañía de Alfredo Pacheco funcionario de la Guardia Nacional (…)”.

            Por esos hechos y en la fecha antes señalada, el referido Juzgado en Función de Juicio, a cargo de la ciudadana Jueza Lisbeth Karina Díaz, mediante sentencia dictó los pronunciamientos siguientes:

“(…) declara culpable al ciudadano Gustavo Linares Jaramillo, de nacionalidad venezolana (…) de profesión u oficio Militar activo adscrito a la Comandancia General del Ejército (…) titular de la cédula de identidad Nº V-13.484.015 (…) por la comisión del delito de homicidio intencional calificado cometido con alevosía previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal y se le condena a cumplir la pena de (17) años y seis (6) meses, más las accesorias previstas en el artículo 13 del Código sustantivo. Y lo ABSUELVE por la comisión de los delitos de porte ilícito de arma de guerra, lesiones personales menos graves y lesiones intencionales personales leves, previstos y sancionados en los artículos 413 y 416 del Código Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, en perjuicio del Estado Venezolano y de los ciudadanos Arquímedes José Betancourt Infante y Yoly (sic) Alirio Parra Ángel. Se ratifica la medida de privación de libertad dado el quantum de la pena. Y culpable al acusado Pérez Rangel Francisco, de nacionalidad venezolana (…) de profesión u oficio Militar activo adscrito a la Compañía Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) (…) titular de la cédula de identidad Nro. V-11.704.944 (…) por la comisión de los delitos de lesiones personales menos graves y lesiones intencionales personales leves, previstos y sancionados en los artículo 274, 413 y 416 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Arquímedes José Betancourt Infante y Yoly (sic) Alirio Parra Ángel lo condena a cumplir la pena de ocho (8) meses y dieciocho (18) días de prisión, mas las accesorias previstas en el artículo 13 del Código sustantivo en grado de autoría y lo absuelve por los delitos de homicidio intencional calificado cometido con alevosía previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en grado de cooperador inmediato de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Bismaret José Torres Hernández y de porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en grado de autoría y visto el quantum de la pena inferior a los cinco años y el tiempo en que el acusado ha permanecido privado de libertad, se acuerda la libertad inmediata desde la sala de juicio (…)”.

El 10 de abril de 2013, el ciudadano abogado José Ángel Añez Álvarez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 93.218, Defensor Privado del ciudadano acusado GUSTAVO LINARES JARAMILLO, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión anterior.

El 25 de septiembre de 2013, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, integrada por los ciudadanos Jueces Adonay Solís Mejías (ponente), Senaida González Sánchez y Nora Margot Agüero, dictó los pronunciamientos siguientes:

“(…) PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ ÁNGEL AÑEZ ÁLVAREZ, en su condición de Defensor Privado del acusado GUSTAVO LINARES JARAMILLO; y SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 05 de diciembre de 2012 y publicada en fecha 18 de marzo de 2013, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio N° 02, con sede en Guanare, mediante la cual CONDENÓ al ciudadano GUSTAVO LINARES JARAMILLO, a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de Ley, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR ALEVOSÍA, previsto y sancionado en artículo 406 numeral 1 del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano BISMARET JOSÉ TORRES HERNÁNDEZ (occiso) (…)”.

El 30 de octubre de 2013, el ciudadano abogado José Ángel Añez Álvarez, Defensor Privado del ciudadano acusado GUSTAVO LINARES JARAMILLO, interpuso recurso de casación en contra de la decisión anterior.

Vencido el lapso establecido en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que las otras partes dieran contestación al recurso de casación interpuesto, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, remitió las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.

El 10 de diciembre de 2013, ingresó el expediente y el 12 de diciembre de 2014, se dio cuenta en Sala de Casación Penal, correspondiendo la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

COMPETENCIA DE LA SALA

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación, y al efecto observa:

El artículo 266 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

“(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el artículo 29 numeral 2 de la referida ley especial, establece:

(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (…)”.

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que, corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación en materia penal. En el presente caso el ciudadano abogado José Ángel Añez Álvarez, interpuso recurso de casación en el proceso penal seguido en contra del ciudadano acusado GUSTAVO LINARES JARAMILLO, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR ALEVOSÍA, tipificado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Bismaret José Torres Hernández, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.

RECURSO DE CASACIÓN

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, y encontrándose la Sala en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del presente recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar sentencia, en los términos siguientes:

Las disposiciones legales que rigen la materia recursiva en nuestro proceso penal, se encuentran establecidas en los artículos 423 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal. Así, el artículo 423 dispone el principio de la impugnabilidad objetiva, el artículo 424 exige la legitimación para recurrir, y el artículo 426 establece las condiciones generales para la interposición del respectivo recurso.

De manera particular, el recurso de casación, está regulado en los artículos 451 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Específicamente, en cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el referido Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 451 dispone taxativamente cuáles son las decisiones recurribles en casación, el artículo 452 enumera cuáles son los motivos que lo hacen procedente y el artículo 454 establece el procedimiento a seguir para su interposición, así como, las exigencias indispensables para su presentación.

De las disposiciones legales precedentemente citadas, se observa que, de manera general, la admisión del recurso de casación requiere el cumplimiento de diversos requisitos, tales como: a) que la persona que lo ejerza esté debidamente legitimada por la ley; b) que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello; c) que la decisión que se recurre sea impugnable o recurrible en casación por expresa disposición de la ley; y, d) que el recurso esté debidamente fundamentado conforme a los requerimientos legales.

En el caso que nos ocupa, esta Sala observa que:

En primer lugar, respecto a la legitimidad, el presente recurso fue interpuesto por el ciudadano abogado José Ángel Añez Álvarez (fue designado por el acusado, aceptó el cargo y prestó el juramento de ley, el 25 de junio de 2008 -folio 151, de la pieza 1-) actuando como Defensor Privado del ciudadano acusado GUSTAVO LINARES JARAMILLO. El referido profesional del Derecho, fue nombrado conforme a lo dispuesto en el artículo 137 (hoy artículo 139) del Código Orgánico Procesal vigente para esa fecha, así como, aceptó el cargo y prestó el juramento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 139 (hoy artículo 141) eiusdem, por lo que está debidamente legitimado para ejercer los recursos por su defendido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 424 único aparte del Código Orgánico Procesal Penal.

En segundo lugar, respecto a la tempestividad, consta en el expediente cómputo suscrito por el ciudadano abogado Rafael Jesús Colmenares La Riva, Secretario adscrito a la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, quien dejó constancia de lo siguiente:

“(…) 1) En fecha 16 de septiembre de 2013, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción (sic) Judicial del estado Portuguesa, celebró audiencia oral, de conformidad con el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, y se acogió al lapso previsto en el artículo 448 eiusdem, para la publicación de la decisión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, publicando el texto íntegro de la sentencia en fecha 25 de septiembre de 2013, en el cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto (…)

2) Que desde el día 16 de septiembre de 2013, fecha de la celebración de la audiencia oral y pública, hasta el 25 de septiembre de 2013, fecha de la publicación de la decisión, transcurrieron siete (7) días de audiencias. Siendo estor (sic) los días 17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 de septiembre de 2013 (…).

4) Que desde el día 01 de octubre de 2013, fecha en que se dio por notificado el acusado hasta el día 31 de octubre de 2013, trascurrieron quince (15) días de audiencias, siendo estos los días: 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2013. Interponiendo recurso de casación en fecha 30 de octubre de 2013, el acusado Gustavo Linares Jaramillo, debidamente asistido por el profesional del derecho José Ángel Añez Álvarez, en su condición de Defensor Privado (…)

5) Que desde el día 31 de octubre de 2013, fecha del vencimiento para la interposición del recurso de casación, hasta el día 26 de noviembre de 2013, transcurrieron ocho (08) días de audiencias, siendo estos los días 01, 04, 05, 20, 21, 22, 25 y 26 de noviembre de 201 (sic). Sin que el representante del Ministerio Público diera contestación al recurso de apelación interpuesto (…)”.

Observando la Sala de Casación Penal que el recurso fue interpuesto el 30 de octubre de 2013, específicamente, el decimocuarto día hábil luego que el acusado se diera por notificado de la sentencia, por lo que fue ejercido dentro del lapso legal establecido para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

En tercer término, respecto al carácter recurrible de la decisión impugnada, se observa que, en el presente caso, se ejerció recurso de casación contra la decisión dictada el 25 de septiembre de 2013, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, que DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano abogado José Ángel Añez Álvarez, en contra de la decisión dictada el 5 de diciembre de 2012, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, mediante la cual condenó al ciudadano GUSTAVO LINARES JARAMILLO, a cumplir la pena de DIECISIETE (17) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR ALEVOSÍA, tipificado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso Bismaret José Torres Hernández; por lo que dicho pronunciamiento se encuentra expresamente establecido como recurrible en casación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

En último lugar, respecto a la fundamentación, se evidencia que en el presente caso, el recurrente planteó tres denuncias, en los términos siguientes:

PRIMERA DENUNCIA

            El recurrente comenzó por identificar su denuncia, de la manera siguiente:

“(…) Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal denuncio la VIOLACIÓN DE LA LEY, por infracción de los artículos 456 del Código Adjetivo Penal, que consagra la motivación de las sentencias emanadas de la corte de apelaciones (…)”.

Acto seguido expuso, “(…) la recurrida, en su decisión de fecha 25 de septiembre de 2013, en sus consideraciones para resolver el planteamiento de la primera denuncia formulada la cual se fundó en el siguiente motivo ‘(...) FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA DE CARÁCTER CONDENATORIO (...)’ Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 452, del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual infringió expresamente el artículo 22 y el numeral 3 del artículo 364 eiusdem, ambos del Código Adjetivo Penal, al considerar que la Juzgadora en funciones de Juicio en su decisión de fecha 18 de MARZO de 2013, en el capítulo denominado ‘HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS’ inobservó lo estipulado en el ordinal 3° del artículo 364 (…)” (Resaltado propio).

            El recurrente transcribió parte de la sentencia dictada por la Sala Accidental de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, y continuó señalando que:

“(…) Del argumento presentado por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, se observa, que la misma se aparta del criterio sostenido y ratificado, por ese máximo Tribunal Supremo de Justicia el cual señala que existe inmotivación cuando en un fallo no se expresan las razones de hecho y derecho para adoptar una determinada resolución judicial en un proceso que se celebró de acuerdo con las garantías y principios constitucionales y legales (Sala de Casación Penal, Sentencia Nro. 144 del 03/05/2005. Ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS); con relación al capítulo antes mencionado y a la jurisprudencia ya citada considero que la decisión de la cual se recurre en Casación, incurrió en el vicio de inmotivación al no expresar de manera clara y precisa porque (sic) consideró esa segunda instancia judicial que la decisión de carácter condenatorio se encontraba motivada en tanto y en cuanto a la acreditación del hecho, debido a que la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, lo que hizo fue transcribir parte del contenido de la decisión condenatoria de primera instancia, para luego afirmar que esta se encontraba motivada y que la juzgadora sí había analizado el acervo probatorio, ahora bien, se observa que esta decisión de la instancia superior parte de UNA FRANCA VIOLACIÓN A LA LEY, específicamente al artículo 26 Constitucional (tutela judicial efectiva), y al artículo 460 de la Ley adjetiva penal, siendo ratificado dicho vicio de inmotivación de la decisión de primera instancia mediante la decisión de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones.

Es importante, observar y delatar dicho vicio que infringe disposiciones constitucionales (TUTELA JUDICIAL EFECTIVA) y procesales (motivación); debido a las siguientes consideraciones: La Juez de Juicio N° 2 del Primer Circuito Judicial Penal, dentro del contenido de la motivación de la decisión de carácter condenatorio al momento de valorar las deposiciones realizadas por los testigos para demostrar el hecho acreditado, olvidó realizar tal valoración en unidad y luego en conjunto, desconociéndose así, cuál fue el criterio jurídico, lógico y crítico asumido por la Juez de Juicio, que nos permitiera conocer, el porqué (sic) de su convicción en cuanto a la determinación del hecho; a su vez, cuál era la razón por la cual, estima de poco o ninguna utilidad lo afirmado o negado por los testigos de la defensa y por qué la veracidad de otros, a los efectos de establecer la verdad del hecho objeto de debate; situación que ocurrió igualmente con la declaración del experto LUIS JOSÉ CARRILLO, en cuanto al análisis y valoración de este testimonio con referencia al resultado de la experticia química de determinación de iones de nitrato N° 9700-254-358 de fecha 30 de junio de 2008 (…)”.

El abogado del ciudadano acusado transcribió parte de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, y señaló que: “(…) considero que la decisión recurrida en casación incurre igualmente en una franca violación a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, por cuanto no aporta una resolución coherente sobre el contenido de la primera denuncia; pues del extracto realizado al solo análisis de la declaración del experto (…) sobre la experticia química (…) se observa, que la decisión de carácter condenatorio se encontraba afectada de nulidad por ser confusa y contradictoria, situación está (sic) que no fue observada, ni objeto de análisis en la decisión de la Sala Accidental; pues solo aludió en su resolución al resumen de lo indicado por la Juez de Juicio, para que luego sin motivación sostuviera que no le asistía la razón al recurrente todo lo cual infringió por parte de la sentencia de segunda instancia recurrida lo establecido en el artículo 456 de la Ley Adjetiva Penal (…)

En este orden de ideas, si bien es cierto que la Corte de Apelaciones no analiza directamente los órganos de pruebas, no es menos cierto, que la prueba lleva mediatizada, partiendo de lo establecido por la recurrida en Primera Instancia; en este sentido, es necesario verificar y comparar lo establecido por la Juez de Juicio en cuanto al análisis de los órganos de pruebas para verificar si existir (sic) una debida y adecuada motivación sobre el acervo probatorio.

Ciudadanos Magistrados de la lectura y análisis realizado a los razonamientos presentados por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, se observa, que la recurrida solo se limita a la repetición y transcripción literal de la sentencia definitiva de carácter condenatorio, estableciendo que el referido Juzgado de Juicio 2° sí analizó y comparó todos y cada uno de los elementos probatorios practicados en el debate oral y público, pero en su esencia dicha decisión de la Corte de Apelaciones, no contiene una motivación adecuada y suficiente en cuanto al derecho se requiere, a los fines de garantizar la expectativa de resolución que se espera de tan importante decisión judicial, por tal razón, considera quien recurre, que en cuanto a la primera denuncia se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 Constitucional (…)”.

Por último, el accionante solicitó, “(…) de conformidad con lo establecido en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, DECLARAR CON LUGAR la presente denuncia, en virtud de que el fallo recurrido, convalidó los vicios cometidos por el Juzgado de Juicio, los cuales no fueron resueltos por la recurrida (…)”.

La Sala de Casación Penal, para decidir observa:

El recurrente, con fundamento en el “(…) artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”, denunció la violación de los artículos 456, 452 ordinal 2° y 364 numeral 3, todos del Código Orgánico Procesal Penal hoy derogado y solicitó conforme a lo preceptuado en el artículo “(…) 467 del Código Orgánico Procesal Penal (…)” también derogado, sea declarada con lugar la presente denuncia.

Al respecto, esta Sala observa que, los artículos en los cuales se basó la presente denuncia, así como, los artículos denunciados por el accionante, se corresponden a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930, del 4 de septiembre de 2009, el cual fue expresamente derogado por el actual Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.078 del 15 de junio de 2012, en su Disposición Derogatoria Única, de lo cual se evidencia que para el momento de interposición del recurso de casación (30 de octubre de 2013) las disposiciones que se alegan como fundamento de la acción, estaban expresamente derogadas; siendo reguladas en los artículos 452, 448, 444 numeral 2, 364 numeral 3 y 459, respectivamente, del actual Código Orgánico Procesal Penal, tal como se determinó precedentemente.

No obstante lo expuesto, se evidencia que, el recurrente alegó la inmotivación de la sentencia dictada por la Sala Accidental de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, específicamente denunció: “(…) la recurrida solo se limita a la repetición y transcripción literal de la sentencia definitiva de carácter condenatorio, estableciendo que el referido Juzgado de Juicio 2° sí analizó y comparó todos y cada uno de los elementos probatorios practicados en el debate oral y público, pero en su esencia dicha decisión de la Corte de Apelaciones, no contiene una motivación adecuada y suficiente en cuanto al derecho se requiere (…)”.

Lo anterior denota que a pesar de las irregularidades constantes en la denuncia, de ella se desprende claramente que el vicio que pretende alegar es la inmotivación total del fallo recurrido, constituyendo tal infracción un vicio de orden público que amerita ser revisado por la Sala con el fin de garantizar los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITE la presente denuncia y CONVOCA a las partes a una audiencia oral y pública, la cual ha de celebrarse en un lapso no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30). Así se declara.

SEGUNDA DENUNCIA

El recurrente denunció la “(…) VIOLACIÓN DE LA LEY, por infracción de los artículos 26 y 49 (Constitucional) (…)”.

Para fundamentar su denuncia el accionante señaló lo siguiente:

“(…) la Sala Accidental de la Corte de Apelación (sic), obvió dar respuesta en cuanto al contenido de la segunda denuncio (sic) que fue objeto del recurso ordinario de apelación en contra de la sentencia definitiva de carácter condenatorio, el motivo de la segunda denuncia se estableció sobre la falta de motivación en la sentencia; lo cual infringió expresamente los artículos 22 y ordinal 4 del artículo 364 eiusdem del Código Orgánico Procesal Penal, en tanto y en cuanto a la falta de fundamentación en los FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO (…)”.

El recurrente transcribió extractos de la decisión dictada por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones y continuó señalando que, “(…) en cuanto a la resolución y/o planteamiento formulado en la segunda denuncia propuesta en contra de la sentencia de carácter condenatorio, se observa, que en nada explica, ni fundamenta las razones de derecho, al considerar declarar sin lugar la segunda denuncia contenida en el recurso ordinario de apelación (…)”.

Nuevamente el abogado defensor transcribió extractos de la sentencia recurrida y señaló que, “(…) la recurrida omitió dar una motivación fundada, con lo cual incurrió en inmotivación del fallo, vicio que se traduce en la violación del derecho que tiene toda persona de conocer las razones y/o argumentos por los que se toma dicha decisión judicial (…)”.

El Defensor Privado transcribió extractos de sentencias dictadas por la Sala Constitucional y por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, referidas a la tutela judicial efectiva y la falta de motivación de la sentencia, respectivamente, de igual forma citó y transcribió el contenido del artículo 364 (hoy 346) del Código Orgánico Procesal Penal derogado y solicitó sea declarada con lugar la presente denuncia conforme a lo dispuesto en el artículo 467 (hoy 459) del Código Orgánico Procesal Penal derogado.

La Sala de Casación Penal, para decidir observa:

            En la presente denuncia se evidenció que, el recurrente alegó la infracción de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 22 y 364 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal derogado, desatendiendo el contenido del artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal para su fundamentación, pues de la lectura que se realizó a su denuncia esta Sala no ha podido de forma alguna identificar cuáles son los motivos casacionales denunciados, conforme a lo previsto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, es decir, los preceptos legales no aplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados por la recurrida.

Por otra parte en el encabezado de la denuncia, se observa la frase “violación de la ley” pero en el desarrollo de los argumentos no hay una identificación clara y definida de una norma que haya sido presuntamente violada o indebidamente aplicada, además de la ausencia de cómo se impugna la decisión y cuáles son los motivos de su procedencia. Tales carencias transgreden las exigencias previstas en los artículos 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal vigente.

Aunado a ello, se observa de los vagos argumentos narrados por el recurrente que lo que expresa es su descontento con las sentencias dictadas el 18 de marzo de 2013, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio y el 25 de septiembre de 2013 por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, ambos del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa.

Al respecto, la Sala de Casación Penal en reiterada jurisprudencia ha establecido, que el recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia, solo podrá ser interpuesta la pretensión casacional contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, tal como lo establece el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

En razón de lo antes expuesto y visto que el Defensor Privado en la presente denuncia no cumple con las exigencias del artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, declara DESESTIMADA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la segunda denuncia del presente recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

TERCERA DENUNCIA

El recurrente denunció:

“(…) VIOLACIÓN DE LA LEY, por infracción de los artículos 456 22 (sic) lo cual infringe y convalida la Corte de Apelaciones el vicio de la Juez de Primera Instancia al vulnerar expresamente los ordinales 3 y 4 del artículo 364 eiusdem todos del Código Orgánico Procesal Penal (…)

Ahora bien (…) la Juez de Juicio vulneró el principio de valoración, es decir la sana crítica racional, al momento de realizar el proceso de valoración y de decantación de los testigos que fueron aportados por la defensa. En este sentido la recurrida, igualmente desatendió la tercera denuncia presentada y en consecuencia infringió lo establecido en los (sic) artículo 456 del Código Adjetivo Penal, el cual indica que las decisiones de la Corte de Apelaciones que resuelvan dichos recursos de apelación de sentencia de carácter definitivos deberán ser MOTIVADOS, es por ello, que considero que dicha decisión de la recurrida conlleva en una repetición y convalidación del vicio de la Juez de Primera Instancia; quien no expresó conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley Adjetiva Penal, cuál fue el método de valoración utilizado para arribar a dichas conclusiones sobre todo en cuanto al análisis del resultado del experto LUIS CARRILLO, sobre la declaración de la experticia de determinación de iones de nitrato, la cual arrojó negatividad en las muestras tomadas a mis manos, debido a que no realicé ninguna acción como era haber disparado el día del hecho ninguna (sic) arma de fuego, por el contrario el acusado FRANCISCO RENATO PÉREZ RANGEL, mediante su declaración calificada y aunado al resultado de positividad mediante la determinación de iones de nitrato indicó haber disparado el día (22 de junio de 2008); a las afuera (sic) del establecimiento Bar Restaurante (sic) Tachito, en donde falleció el ciudadano BISMARET JOSÉ TORRES HERNÁNDEZ, producto del paso de un proyectil único disparado por una (sic) arma de fuego, en este sentido y a pesar de haberse establecido con resultado y/o conclusiones de certeza (experticias para la determinación de iones de nitrato); que no tuve contacto con componentes de pólvora; a pesar de dicho resultado la Juzgadora de Juicio en Primera Instancia concluyó de manera irracional y poco coherente que mi persona había accionada (sic) un arma de fuego; y sobre esta denuncia que fue objeto del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva no existió una debida motivación por parte de la Corte de Apelaciones del estado Portuguesa (…)”.

El recurrente transcribió doctrina relacionada con la motivación del análisis del acervo probatorio, así como, jurisprudencia dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, referida al mismo fundamento.

Para concluir el Defensor Privado señaló lo siguiente:

“(…) De las citadas decisiones antes referidas, se evidencia que la decisión del (sic) cual se recurre en segunda instancia, se encuentra afectada por cuanto carece de uno de los requisitos formales para su validez, lo que debe entenderse por que (sic) existió violación de ley de los artículos 26 (Constitucional), y de los artículos 22 y 456 del Código Adjetivo Penal. Lo que conllevó a la falta de motivación en el fallo.

En suma, puede concluirse que en el presente caso se ha privado al condenado y a la sociedad de saber las razones de hecho y derecho por las cuales se dictó el fallo recurrido en Primera Instancia por el Juzgado de Juicio N° 2 del Primer Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa y en consecuencia fu (sic) objeto de convalidación de los vicios que la contenida por la decisión emanada de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones. El vicio observado transciende sobre el dispositivo del fallo al estar referido a uno de los pilares fundamentales de toda sentencia como es, el establecimiento de los hechos de manera clara, precisa y circunstanciada, razón por la cual el recurso interpuesto debe declararse con lugar trayendo como consecuencia la anulación de la sentencia de la segunda instancia de acuerdo a lo previsto en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”.

La Sala de Casación Penal, para decidir observa:

En la presente denuncia nuevamente el accionante desatendió los requisitos legales exigidos en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, para la fundamentación de su pretensión, pues refiere de manera genérica la “(…) VIOLACIÓN DE LA LEY, por infracción de los artículos 456 22 (sic) lo cual infringe y convalida la Corte de Apelaciones el vicio de la Juez de Primera Instancia al vulnerar expresamente los ordinales 3 y 4 del artículo 364 eiusdem todos del Código Orgánico Procesal Penal (…)”, sin fundamentar, los preceptos legales no aplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados por la recurrida, conforme lo dispone el artículo 452 eiusdem.

            Aunado a ello, nuevamente el recurrente denunció normas derogadas contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930, del 4 de septiembre de 2009, el cual fue expresamente derogado por el actual Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.078 del 15 de junio de 2012, en su Disposición Derogatoria Única, no pudiendo la Sala suplir la actuación propia de quien recurre en relación a la debida fundamentación de la denuncia y por ende no pudiendo esta Sala pronunciarse respecto a una norma inexistente por derogada.

No basta con enunciar la infracción de una norma de carácter legal o constitucional, es perentorio argumentar de manera clara y precisa cómo la recurrida violentó dicho dispositivo, bien sea por falta de aplicación, indebida aplicación o por errónea interpretación.

Por otra parte, de la lectura de la presente denuncia nuevamente lo que se evidencia es el descontento que tiene el accionante con el fallo dictado en contra de su defendido, pues ataca directamente la valoración de los medios probatorios debatidos en el desarrollo del juicio oral y público, específicamente, el referido a la experticia para la determinación de iones de nitrato, que a su criterio pudiese haber determinado la no culpabilidad de su defendido.

Al respecto, la Sala de Casación Penal en reiterada jurisprudencia ha establecido, que el recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia, pues sólo podrá ser interpuesta la pretensión casacional contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, tal como lo establece el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal vigente.

Visto lo anterior es necesario ratificar el criterio jurisprudencial, el cual sostiene que no es suficiente manifestar el desacuerdo con las sentencias de la Corte de Apelaciones, sino que además, por exigencia legal es obligatorio identificar, argumentar en razonamiento separado y ordenado, la falta de aplicación, la indebida aplicación, o la errónea interpretación de una norma jurídica que es considerada presuntamente transgredida, única y exclusivamente por una sentencia de Corte de Apelaciones.

En síntesis, tenemos que, el recurrente lo que atacó en su denuncia fue el análisis y valoración de las pruebas practicadas en juicio y el establecimiento de los hechos acreditados por dicha instancia, atribuyéndole a la Corte de Apelaciones solamente la convalidación de dichos vicios; luego, basó su denuncia y alegó la infracción de disposiciones legales del Código Orgánico Procesal Penal derogado; para ello inobservó indicar en qué términos presuntamente fueron violentadas dichas normas; a lo cual debe agregarse que los mismos (artículos 22, 364 ordinal 4° y 456 del Código Orgánico Procesal Penal derogado) no pueden ser denunciados en casación como fundamento del vicio de inmotivación de los fallos de las Cortes de Apelaciones, incluso, sus equivalentes en el vigente Código Orgánico Procesal Penal (artículos 22, 346 numeral 3 y 448), tampoco son denunciables en casación en esos términos; por último, alegó el vicio de inmotivación sin decir en qué consistió esa presunta inmotivación, asimismo omitió establecer la relevancia e influencia decisiva en el dispositivo del fallo cuestionado.

Estas insuficiencias observadas en la estructura de la pretensión casacional de la Defensa del acusado GUSTAVO LINARES JARAMILLO, no pueden ser suplidas por esta Sala, so pena de comprometer la imparcialidad para decidir el presente y futuros casos similares.

Por lo que esta Sala, visto lo antes expuesto y por cuanto el Defensor Privado en la presente denuncia no cumple con las exigencias del artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, declara DESESTIMADA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la tercera denuncia del recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes:

PRIMERO: ADMITE la primera denuncia del recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado José Ángel Añez Álvarez, Defensor Privado del ciudadano acusado GUSTAVO LINARES JARAMILLO, en consecuencia, CONVOCA a las partes a una AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS la segunda y tercera denuncia del referido recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese y convóquese a las partes.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los seis (6) días del mes de mayo de 2014. Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente

El Magistrado Vicepresidente

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

Los Magistrados

 

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

 

DNB/

Exp. Nro. RC13-455